La Fiscalía Europea manda a la UCO al Ministerio de Igualdad por un posible fraude

La Fiscalía Europea ha abierto diligencias al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas en España por un "posible fraude" en la compra de las pulseras antimaltrato con fondos de la Unión Europea (UE). Según ha informado este jueves el organismo en un comunicado, la investigación se inició el año pasado y cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se habría personado esta mañana en ambas sedes, aunque no se conocen más detalles sobre las pesquisas en torno a la adquisición de estos dispositivos que sirven para controlar telemáticamente las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento de agresores machistas.

La investigación busca esclarecer si se produjo alguna irregularidad en la gestión de los fondos europeos destinados a estos dispositivos, aunque por el momento la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones.

Las pulseras antimaltrato del Gobierno vuelven, así, al foco de la polémica tras las incidencias detectadas por los tribunales españoles durante la transición de datos de Telefónica, la empresa que había gestionado el servicio durante años, a Vodafone, la nueva adjudicataria. Un proceso de migración de información en el que, según alertó la memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE), se perdieron datos de geolocalizaciones, lo que provocó sobreseimientos e incluso absoluciones de muchos maltratadores por falta de información que demostrara que se habían saltado una orden de alejamiento.

La noticia se ha conocido justo en el momento en el que el Ministerio de Igualdad presentaba su campaña para el 25-N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Preguntada sobre el asunto, la ministra Ana Redondo ha asegurado que esto "no es nada nuevo" y que, en cualquier caso, por parte de su departamento habrá una "colaboración" y "transparencia absoluta". "Toda la información que se requiera se va a ofrecer y, por supuesto, a nosotras nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los euros de los fondos que hayan invertido correctamente, porque me consta que se han invertido correctamente", ha subrayado Redondo, antes de denunciar que, "lamentablemente", este asunto ha estado "trufado de bulos y de mentiras".

Redondo ha señalado también que el contrato actual, renovado hace apenas dos meses, "mejora todos los aspectos que podían tener algunas disfuncionalidades del contrato anterior". "Está en riesgo la vida de más de 4.000 mujeres que hoy viven gracias a este dispositivo", ha añadido.

Un contrato de 42,6 millones de euros

En principio, el contrato que está siendo investigado es el que se llevó a cabo en 2023 (cuando estaba en el cargo Irene Montero), año en el que se decidió cambiar de empresa proveedora después de casi 15 años con Telefónica y firmar una nueva licitación con la UTE Vodafone-Securitas, con un contrato de 42,6 millones de euros, financiado en parte con cargo al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que gestiona los fondos europeos NextGenerationEU.

El cambio entonces fue importante, pues el servicio no solo pasó a estar en manos de otra empresa adjudicataria, sino que además se cambió el mecanismo: se decidió empezar a comprar las pulseras antimaltrato en lugar de pagar por su uso, como se había hecho hasta ese momento. Igualdad calculó en su memoria económica, consultada por 20minutos, que necesitaría 11 millones para la compra inicial de 7.600 dispositivos (a 1.200 euros por set, que luego se redujeron a 696,34 euros), en un gasto que abonó con cargo a los fondos europeos, y previó 3.771 sets de reposición entre 2024 y 2026 (año en el que caducaba el contrato) por averías, roturas, pérdidas, sustracciones u otras causas.