Aragón pedirá a los municipios que fijen su posición antes de tramitar futuros PIGA tras la polémica con Pedrola

El consejero de Fomento, Octavio López, ha anunciado que el Gobierno de Aragón quiere establecer un nuevo procedimiento para consultar a los ayuntamientos, antes de iniciar la tramitación de futuros Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), si están dispuestos a aceptar las inversiones empresariales, se oponen a ellas o están abiertos a negociar alternativas.

El objetivo, como ha apuntado el consejero en una rueda de prensa, es evitar conflictos como el surgido con el Ayuntamiento de Pedrola (Zaragoza) a raíz del recurso contencioso-administrativo presentado por su alcaldesa, Manuela Berges, contra el PIGA de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL, que plantea una inversión de 4.100 millones de euros y más de 4.000 empleos.

López ha acusado a Berges, secretaria de organización del PSOE aragonés, de incurrir en una "flagrante contradicción" entre las alegaciones que presentó el consistorio durante la exposición pública del proyecto, en agosto de 2025, cuando según el consejero mostró su "total conformidad" pese a que ya conocía las implicaciones urbanísticas y fiscales que ahora cuestiona , y los argumentos que ahora recoge el recurso judicial.

El consejero ha puesto también en duda la cifra de 800.000 euros que la alcaldesa sostiene que tendría que asumir el municipio por determinadas infraestructuras. Ha señalado que la vía perimetral tiene 7,4 kilómetros, de los que únicamente uno discurre por Pedrola, y ha precisado que los principales accesos a la futura fábrica se realizan a través de la A-68, de titularidad estatal, y la A-122, autonómica.

Asimismo, ha defendido que el PIGA no impone al Ayuntamiento ningún coste ni modifica sus competencias municipales.

A su juicio, las discrepancias podrían haberse abordado directamente con la empresa, con la que el municipio mantiene una relación de colaboración desde hace cuatro décadas, en lugar de acudir a los tribunales.

López ha asegurado que el Gobierno autonómico está "absolutamente tranquilo" sobre la evolución del recurso y ha considerado que la iniciativa judicial puede perjudicar la imagen de estabilidad que Aragón necesita para atraer inversiones.

Por ello, ha pedido a Berges que retire el recurso "en pro del interés general de Aragón" y, si no lo hace, que dimita como secretaria de organización del PSOE, y por eso también ha emplazado a la secretaria general de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, a proceder a su "cese inmediato".

Un nuevo sistema para negociar los PIGAs

Para evitar conflictos como el de Pedrola, López ha anunciado un plan para consultar a los alcaldes, con carácter confidencial, cuando una empresa manifieste su intención de instalarse en un municipio, antes de que se comprometan inversiones en la adquisición de terrenos o se inicien los trámites urbanísticos.

El consejero ha explicado que los consistorios podrán manifestar desde el principio si están de acuerdo con la implantación, si se oponen o si están dispuestos a negociar alternativas. Así, las empresas podrán valorar otras ubicaciones si encuentran rechazo municipal antes de comprometer recursos.

López ha defendido esta fórmula, que ha denominado "teoría del semáforo", y ha avanzado que el Gobierno quiere trabajar con los grupos parlamentarios para convertirla en una práctica habitual. El objetivo es evitar que un Ayuntamiento muestre inicialmente su conformidad y cambie después de posición cuando el proyecto ya esté avanzado. "No se pueden cambiar las reglas a mitad del partido", ha advertido.

El consejero ha vinculado esta reforma a las discrepancias surgidas en distintos municipios sobre las posibles pérdidas de ingresos por el Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) cuando las inversiones se tramitan mediante un PIGA.

Acuerdo para alojar a los trabajadores

Preguntado por las necesidades de vivienda y servicios que plantea la llegada de trabajadores chinos vinculados a la puesta en marcha de la gigafactoría en municipios de la comarca como Grisén, López ha confirmado que el Ejecutivo y la empresa han cerrado un acuerdo para dar respuesta a esta situación, si bien no se hará público hasta después de las elecciones autonómicas, previsiblemente en diciembre o los primeros quince días de enero.

El consejero ha calificado el acuerdo de "muy positivo para la empresa y para Aragón" y ha asegurado que se ha diseñado teniendo en cuenta el número de trabajadores que llegarán y los plazos de su incorporación, al tiempo que ha garantizado que las soluciones habitacionales cumplirán los requisitos normativos de habitabilidad, uso y disposición de las viviendas.