Magistrados del Supremo alertan sobre el alza de condenas a sanitarios por cotillear historiales

La ProvinciaGeneral13 de noviembre de 2026 a las 15:59menos de un minuto de lectura

La revelación de secretos y el acceso no autorizado a historias clínicas electrónicas se han convertido en la principal causa de condenas penales para profesionales sanitarios, desplazando a la imprudencia médica. Así lo advirtió el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García, durante las V Jornadas de Derecho e Investigación Sanitaria. El encuentro, que reunió en Gran Canaria a más de 200 profesionales sanitarios y jurídicos, sirvió para que el jurista explicara que la curiosidad, el cotilleo o los conflictos personales conducen con frecuencia a consultas indebidas en los ficheros de pacientes, una conducta castigada de forma severa por el Código Penal.

En la cola:

La ProvinciaEl texto completo está en el medio de origen.

Leer en La Provincia

Más de La Provincia

La Provincia Generalhace 20 minutos

Los dos ataques más goleadores de España se citan en Canarias: el Molina Sport defiende el liderato ante el Guanches (se abre en una pestaña nueva)

El Molina Sport y el Arona Tenerife Guanches vuelven a encontrarse después de disputarse el título de Liga la pasada temporada. Esta vez, el escenario será el Pabellón de Las Galletas, donde los tinerfeños recibirán este sábado 14 de noviembre, a las 19.00 horas, a un conjunto grancanario que llega como líder e invicto.

Silenciar…

Descansar…

La Provincia Generalhace 24 minutos

Un gigantesco caballo de Troya irrumpe a las puertas de la cumbre del clima para denunciar la presencia del lobby de los combustibles fósiles (se abre en una pestaña nueva)

Cuenta la leyenda que, hace más de 3.000 años, Ulises logró conquistar Troya escondiendo a sus soldados en el interior de un gigantesco caballo de madera que parecía un regalo pero que, en realidad, era una trampa ideada para irrumpir en territorio enemigo. Tres milenios más tarde, otro gigantesco caballo de Troya de seis metros de altura ha aparecido a las puertas de la cumbre del clima de Antalya (COP31) para denunciar a quienes intentan influir en las negociaciones desde dentro. La escultura, creada por el artista danés Thomas Dambo en colaboración con Greenpeace, se ha presentado el mismo día en que una coalición de organizaciones ecologistas ha publicado un informe alertando de la presencia de más de un centenar de grandes empresas contaminantes, incluidas compañías vinculadas al petróleo, el gas y el carbón, en los mismos pasillos en los que en teoría se debería discutir su final.

Silenciar…

Descansar…

La Provincia Generalhace 35 minutos

Once perros esperan una familia en Yaiza: cómo adoptar y avisar si encuentras un animal abandonado (se abre en una pestaña nueva)

Once perros esperan encontrar una familia en el Centro de Acogida de Animales de Yaiza, mientras otros once están en régimen de acogida temporal. El municipio ha puesto en marcha una nueva etapa en la gestión de este servicio, que atiende a animales abandonados o extraviados y mantiene capacidad de respuesta las 24 horas del día, los 365 días del año.

Silenciar…

Descansar…

La Provincia Generalhace 36 minutos

Aznar abre la campaña electoral en Cartagena: "Hay que echar a Sánchez antes de que venda el país" (se abre en una pestaña nueva)

Nadie podrá decir nunca de José María Aznar que no se expresa con claridad. El expresidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004 fue el primer dirigente nacional en pisar la Región de Murcia durante la campaña electoral que acaba de comenzar. "Hay que echar a Sánchez; si no, va a vender el país", sentenció ante una audiencia que no cabía en el salón principal del restaurante El Paraíso de Cartagena.

Silenciar…

Descansar…

Relacionadas

infoLibre Generalhace 8 horas

El Censo deja en 113.000 el "incremento excepcional" de votantes que vio el Supremo para suspender su voto (se abre en una pestaña nueva)

El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.

Silenciar…

Descansar…

infoLibre Generalhace 11 horas

Choque entre el Constitucional y el Supremo (se abre en una pestaña nueva)

El choque institucional al que estamos asistiendo entre el Tribunal Constitucional y la Sala II del Tribunal Supremo con motivo de la declaración de constitucionalidad de la ley de Amnistía y su aplicación al delito de malversación de caudales públicos viene de lejos, y es frecuente en los países que contemplan la existencia de un Tribunal Constitucional con la potestad de anular las sentencias judiciales, si observan que se ha vulnerado alguno de los derechos que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático, en el que se salvaguarde el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, encomendado a jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos al imperio de la ley. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo no puede ser una excepción. Confrontaciones de esta naturaleza las hemos visto en varios países en los que conviven ambas instituciones. Ni el Tribunal Supremo puede envolverse en el manto de ser la cúspide del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional puede ir más allá de ser el intérprete supremo de la Constitución, ni convertirse en el censor de todas las actividades del resto de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional español se constituyó y comenzó a funcionar el 12 de julio de 1980. De sus doce integrantes, diez eran catedráticos de un alto prestigio nacional e internacional y dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de indudable prestigio profesional. Desde sus comienzos tuvo que sentar las bases de lo que debería constituir el debido proceso, a la luz de la interpretación del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con especial hincapié en el derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de otras garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece claramente que la sentencia debe construirse sobre las pruebas practicadas en el juicio oral sin acudir a los atestados policiales. En estos momentos los informes de la UCO y la UDEF se han convertido en una especie de Evangelios. También se les recuerda que no pueden valerse de pruebas ilegítimamente obtenidas y algo tan elemental como que la duda favorece al acusado. El primer impacto sobre la mala práctica judicial en el proceso penal se produce con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, (Sala Primera), de 28 de julio, ponente Gloria Begué Cantón, que señaló que para destruir la presunción de inocencia era necesario contar con una mínima actividad probatoria, obtenida y practicada en el juicio oral con todas las garantías procesales constitucionales y legales. Denuncia que la única prueba que ha servido para condenar al demandante de amparo es su confesión ante la policía, realizada sin la garantía constitucional que supone la asistencia de Letrado. Se le ha colocado en una situación discriminatoria de práctica indefensión, vulnerándose el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En la sentencia ya se vislumbraba la resistencia tradicional de los órganos jurisdiccionales, plasmada en el voto particular de Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se aferra al valor probatorio de las diligencias practicadas durante la fase de investigación. Son innumerables las sentencias en este sentido. La tendencia a nombrar catedráticos y expertos ajenos a las funciones jurisdiccionales se ha ido perdiendo y ha sido sustituida por la colonización del Tribunal Constitucional por el mecanismo de los tres quintos, salvo en el caso de los designados por el Gobierno en un reparto de cuotas entre el Partido Popular y el PSOE, que inexorablemente provoca su politización ante la opinión pública. Que quede claro que esta objeción no supone demérito alguno para los designados, ya que siempre he considerado que lo importante es el contenido y los razonamientos de las sentencias. En estos momentos el choque de trenes entre ambos Tribunales adquiere su máxima gravedad al abordar la aplicación de la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes en lo relativo al delito de malversación. Ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla se recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional confirma la amnistía. El Constitucional reprocha al Supremo que su resolución representa: " una interpretación extensiva que (desconoce) el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla" . El criterio de esta Sala asume una interpretación que "… conduce a una drástica contradicción (…) manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta". Añade que la interpretación del Supremo es contraria "… a las reglas de la lógica y del sentido común», además de incluir "… razonamientos que (presentan) de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido". La contestación del Supremo se acomoda a los reproches: “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia. Según la redacción de Marchena, t ales manifestaciones tratan de “enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto". Tras destacar que asume en su integridad la decisión del TC, el Supremo resalta que “la fundamentación jurídica de la mayoría que ha inspirado el otorgamiento de amparo incluye consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria. Atribuir a la interpretación de esta Sala una "drástica contradicción", una "reducción teleológica" , una "interpretación extensiva", una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables", un distanciamiento del "sentido común", de "la lógica", de la finalidad de la ley y, en fin, la ausencia de un elemental "nexo de coherencia", representa enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”. El tono y los comentarios de la prensa alineada con la derecha extrema auguran un futuro choque todavía más trascendente con motivo de la suspensión, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del derecho de sufragio de los descendientes de españoles que optaron a la nacionalidad según la ley de Memoria Democrática y que voluntariamente se inscribieron en el Censo de Residentes ausentes (CERA). Están abonando el terreno para denunciar un fraude electoral si el Tribunal Constitucional restaura el sufragio suspendido. Queda poco tiempo para comprobarlo. _____________ José Antonio Martín Pallín es abogado, y ha sido el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

Silenciar…

Descansar…

InfoCLM General Noticias Ciudad Realanteayer

Alertan de los daños en agricultura por la sobrepoblación de fauna silvestre en Ciudad Real (se abre en una pestaña nueva)

Asaja Ciudad Real ha alertado de los daños económicos y sanitarios que está provocando la sobrepoblación de fauna silvestre en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia. En concreto, en un comunicado de prensa ha denunciado destrozos de cultivos por manadas de jabalíes y ciervos en el Campo de Montiel, ataques de buitres a … La entrada Alertan de los daños en agricultura por la sobrepoblación de fauna silvestre en Ciudad Real se publicó primero en infoCLM .

Silenciar…

Descansar…

eldiario.es Nacionalhace 24 minutos

El Supremo eleva a Europa la estafa del 'fraude del CEO' y pregunta hasta dónde deben responder los bancos (se abre en una pestaña nueva)

La Sala de lo Civil ha examinado el caso de la empresa Unísono, que en los primeros meses de 2018 transfirió más de dos millones de euros a bancos chinos después de que los estafadores suplantaran la identidad y la firma de la CEO de la compañía Archivo - “Soy tu director general y te necesito para una operación muy importante”: el timo digital que se extiende entre ejecutivos El fraude del CEO es siempre muy similar. Un empleado recibe un correo electrónico del máximo responsable de su empresa con una orden concreta y urgente: transferir dinero, realizar una compra o, en definitiva, mover dinero de forma poco habitual. La realidad es que detrás de esos mensajes no está el verdadero CEO de la empresa sino un estafador, aunque muchas veces las víctimas se dan cuenta demasiado tarde y para entonces el dinero ya está muy lejos de sus cuentas bancarias. El Tribunal Supremo, según ha podido comprobar elDiario.es, ha decidido elevar este tipo de fraudes hasta el Tribuna de Justicia de la Unión Europea con una batería de preguntas clave para sentenciar si los bancos de las empresas estafadas deben o no devolver el dinero. El caso que ha estudiado la Sala de lo Civil es el del grupo Unísono, adquirido por Intelcia en 2021 y especializado en los 'contact centers' y la asesoría. Fue en enero de 2018 cuando una de sus empleadas empezó a recibir correos electrónicos de la CEO de la empresa ordenando transferencias bancarias urgentes a diferentes bancos chinos para, supuestamente, completar operaciones como comprar una empresa en ese país. Los correos exigían confidencialidad e incluían la firma de la dueña de la empresa. Las órdenes llegaron a los bancos y las transferencias se hicieron después de que los empleados de las sucursales hablaran por teléfono con esta trabajadora de Unísono. Algo más de 1,6 millones de euros salieron de la cuenta de Bankia en dirección a China. En paralelo, más de 300.000 euros salieron de la cuenta del BBVA hacia una empresa radicada en Hong Kong. Las alarmas saltaron primero en Bankia, cuando el director de la sucursal decidió llamar a la CEO de la empresa para preguntar por estas operaciones y la CEO contestó que ella no había autorizado nada parecido. Unísono llevó a ambos bancos a los tribunales reclamando que se hicieran cargo del dinero estafado y recibió respuestas diferentes de dos secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de Bankia, los jueces rechazaron que el banco tuviera que hacerse cargo de ese dinero al responder a una “negligencia” de la empresa. En el caso del BBVA , sin embargo, los jueces sí condenaron al banco a reponer los más de 300.000 euros que salieron en una transferencia. La firma de la CEO era “manifiestamente falsa”, dijo la Audiencia de Madrid en este segundo caso, y no más que un “corta y pega” que el banco “ni cotejó ni examinó”. El proceso para hacer esta transferencia a un banco chino, añadió, no era el habitual. El Tribunal Supremo, según ha podido comprobar este periódico, ha comprobado el caso de Bankia, en el que los tribunales se han puesto del lado de los bancos, y ha decidido elevar sus dudas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una cuestión prejudicial. Los jueces de la Sala de lo Civil plantean hasta siete preguntas relacionadas con la normativa comunitaria y con un objetivo principal: decidir cuándo un banco es responsable en la estafa del CEO y si se le debe obligar a reponer el dinero, y cuándo se considera que actuó correctamente a pesar de autorizar las transferencias fraudulentas. “No puede afirmarse que constituya un hecho probado que las operaciones de pago fueron autorizadas y autenticadas y que la ordenante incurrió en negligencia grave”. El fraude del CEO y la doctrina de Luxemburgo El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el conocido como 'fraude del CEO'. Fue el pasado mes de mayo , cuando la empresa Privalia de venta online de ropa denunció que el Banco Santander debía responder por los 1,5 millones de euros que había perdido en este tipo de transferencias fraudulentas. Los jueces se limitaron a avalar lo establecido previamente por la Audiencia de Barcelona: que ni el banco ni el cliente habían cumplido con sus obligaciones y que debían responder a medias: “El responsable del perjuicio era el autor del fraude y que el delito había sido favorecido por la propia perjudicada al no comprobar la autenticidad de la orden”. En el caso de Unísono, el Supremo entiende que debe ser el TJUE el que resuelva dudas clave que ayuden a analizar otros casos de empresas afectadas por este fraude del CEO. Pregunta, por ejemplo, si la normativa comunitaria de servicios de pago considera que una transferencia ha sido correctamente autorizada y “autenticada” por los cauces habituales aunque la firma del CEO haya sido falsificada como en este caso. También si un tribunal puede ordenar al banco que reintegre el dinero de forma “inmediata” si la empresa afectada presenta una demanda y que ya sea el banco el que litigue. El Supremo reconoce que el mismo TJUE se pronunció hace menos de un mes sobre cómo debe actuar un banco en casos de phishing, obligando al banco a hacerse cargo del dinero de forma inmediata si la operación no ha sido autorizada por el cliente. Las alegaciones de “negligencia grave”, añadió ya entonces el TJUE, no eximen automáticamente a un banco de responder en este tipo de estafas.

Silenciar…

Descansar…

Genbeta Tecnologíahace 4 horas

Feijóo, en Jordi Wild, sobre ampliar la edad de jubilación: "Hay jueces, hay magistrados que quieren seguir. Yo se lo voy a facilitar" (se abre en una pestaña nueva)

Jordi Wild quería saber si financiar las pensiones acabaría por obligar a los trabajadores a jubilarse más tarde. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), le respondió que consideraba razonable el umbral de 67 años . "No tenemos previsto ampliar obligatoriamente la edad de jubilación después de los 67", dijo en la entrevista de The Wild Project . "Pero tampoco lo puedes descartar", le replicó Wild. Feijóo dijo que intentaba responder con honestidad y volvió a la opción que había planteado antes: facilitar que quienes quieran seguir trabajando después de los 67 puedan cobrar parte de la pensión junto con el sueldo. "Hay jueces, hay magistrados que quieren seguir. Yo se lo voy a facilitar" , añadió. Los 67 años ya tienen fecha. Durante el intercambio, Feijóo habló de esa edad como si el calendario ya hubiera llegado a ella. La Ley General de la Seguridad Social sitúa ese paso en 2027 para quienes tengan menos de 38 años y seis meses cotizados. Con ese periodo o más, la edad ordinaria seguirá siendo de 65 años. En 2026 el listón es distinto. Quien acredite al menos 38 años y tres meses de cotización puede acceder a la jubilación ordinaria a los 65. Para quien queda por debajo, la edad es de 66 años y diez meses. El cambio de 2027 mueve tanto la edad del segundo grupo como el periodo de cotización que permite jubilarse a los 65. Feijóo puso el ejemplo de una persona de 67 años que quiera seguir en activo y propuso facilitarle que cobre parte de la pensión mientras trabaja. Mencionó a médicos, jueces y magistrados entre los profesionales que podrían querer prolongar su actividad. En el pódcast dejó sin concretar cómo adaptaría los requisitos o el régimen de compatibilidad para esos casos. En Xataka Descargar vida laboral: qué necesitas para pedirla y cómo hacerlo paso a paso Para quienes reúnen los requisitos ya existe la jubilación activa de la Seguridad Social . Permite compatibilizar la pensión contributiva con trabajo por cuenta propia o ajena. Como regla general, exige esperar al menos un año desde la edad ordinaria o desde que se complete el mínimo de cotización, si eso ocurre más tarde. El porcentaje inicial de la escala general va del 45% de la pensión con un año de demora al 100% con cinco o más. Puede subir cinco puntos porcentuales por cada año ininterrumpido en jubilación activa, hasta el 100%. Cuando termina la actividad, se recupera el cobro íntegro de la pensión. El caso de los profesionales que citó Feijóo tiene una dificultad adicional. El artículo de la jubilación activa excluye los puestos y altos cargos del sector público sujetos al régimen de incompatibilidades. Hay supuestos con regulación propia. Hasta el 31 de diciembre de 2026, una excepción para atención primaria permite a determinados médicos de familia y pediatras del sistema público seguir trabajando y cobrar el 75% de la pensión en las condiciones que marca la ley. El alcance de lo que propuso dependería de qué puestos quisiera incluir y cómo lo regulara. Feijóo también se comprometió a mantener su actualización con el índice de precios de consumo (IPC). La norma de revalorización anual ya vincula las pensiones contributivas al promedio de la inflación interanual de los doce meses previos a diciembre del año anterior. En 2026, esa fórmula dio lugar a una subida general del 2,7% para las pensiones contributivas, recogida en el mismo decreto que prorrogó la excepción para atención primaria. Foto | Jordi Wild En Xataka | Cuándo me puedo jubilar y cuánto voy a cobrar: cómo consultarlo y dos calculadoras online En Xataka | La norma que calculaba las pensiones de las jubilaciones anticipadas ha cambiado: "hasta 400 euros menos al mes" En Xataka | España necesita más trabajadores y ha puesto sus ojos en los jubilados: les incrementará su pensión hasta un 25% si regresan - La noticia Feijóo, en Jordi Wild, sobre ampliar la edad de jubilación: "Hay jueces, hay magistrados que quieren seguir. Yo se lo voy a facilitar" fue publicada originalmente en Genbeta por Redacción de Genbeta .

Silenciar…

Descansar…

OKDiario General OkBaleareshace 3 horas

Baleares llevará al Supremo el real decreto de vivienda que da dinero sólo a las autonomías que declaren zonas tensionadas (se abre en una pestaña nueva)

El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de Baleares a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que regula subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, lo ha explicado en la rueda de prensa … Continuar leyendo "Baleares llevará al Supremo el real decreto de vivienda que da dinero sólo a las autonomías que declaren zonas tensionadas"

Silenciar…

Descansar…

Ajustes

Magistrados del Supremo alertan sobre el alza de condenas a sanitarios por cotillear historiales

Compartir