La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha convocado la acción concertada en el ámbito de protección a la infancia para la prestación de servicios en los procedimientos de acogimiento familiar y de estancias temporales de menores con expediente de protección. La orden, firmada por el consejero Carlos Pollán Fernández y publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León , establece el marco de actuación para las nueve provincias de la Comunidad durante las anualidades de 2027 y 2028. Esta convocatoria se produce tras la reestructuración departamental de junio de 2026, toda vez que las competencias en materia de familia e infancia han pasado a depender de este departamento, asumiendo la Dirección General de Familia la coordinación de las medidas relativas al acogimiento que anteriormente gestionaba la Gerencia de Servicios Sociales . De este modo, se busca permitir a los menores separados de su familia de origen vivir en otro entorno familiar reparador que responda de manera integral a sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales, o bien ofrecer una convivencia en periodos concretos para aquellos que se encuentran en recursos residenciales. El presupuesto se divide en dos lotes diferenciados para un periodo de ejecución de dos años, prorrogable hasta un máximo total de cuatro años. El primer lote, destinado a los servicios de acogimiento familiar y estancias temporales , cuenta con un precio máximo de 2.582.800,00 euros con IVA incluido (2.348.000,00 euros sin impuestos), a razón de 1.291.400,00 euros por cada anualidad. Por su parte, el segundo lote, enfocado en el servicio de formación , dispone de un presupuesto máximo de 339.240,00 euros con IVA (308.400,00 euros sin impuestos), repartidos en 169.620,00 euros anuales. Las entidades interesadas en concurrir a este procedimiento disponen de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en el boletín oficial. La tramitación electrónica resulta obligatoria en todas las fases, debiendo presentarse las solicitudes a través de la sede electrónica de la Administración autonómica , mientras que las comunicaciones se practicarán mediante el sistema de notificación por comparecencia . Distribución de profesionales y presencia en Soria Las condiciones técnicas del concierto exigen que la entidad adjudicataria del primer lote disponga de al menos una sede en cada capital de provincia de Castilla y León , dotada de espacios para despachos y entrevistas en condiciones óptimas. Asimismo, se establece una distribución territorial específica de personal técnico que suma un total autonómico de 10 jornadas de grado en Psicología y 11 jornadas de grado en Trabajo Social para la atención directa en las provincias. En el caso concreto de la provincia de Soria , el pliego técnico asigna media jornada de un profesional titulado en Psicología y otra media jornada para un titulado en Trabajo Social . Esta dotación provincial se complementa en el resto de la Comunidad con una jornada completa de cada especialidad en Ávila, León, la comarca del Bierzo en Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora, mientras que Burgos contará con una jornada de psicología y una y media de trabajo social, y Valladolid dispondrá de una jornada y media de psicología y dos completas de trabajo social. Al margen de estos efectivos territoriales, el servicio de acogimiento y estancias contará con una persona coordinadora técnica autonómica y un administrativo a jornada completa, además de dos equipos autonómicos para valoración y selección de familias y otro equipo específico para estancias temporales, integrados todos ellos por psicólogos y trabajadores sociales con al menos tres años de experiencia. Igualmente, se garantizará un servicio de atención telefónica de emergencia operativo las 24 horas durante los 365 días del año mediante un sistema de guardias. Para el desarrollo de estas funciones, y habida cuenta del contacto directo con menores, la normativa exige que ningún profesional haya sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales ni por trata de seres humanos, debiendo aportar y renovar cada seis meses el certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales . En cuanto al lote de formación, requerirá un equipo autonómico de al menos dos psicólogos a jornada completa y un administrativo a media jornada. Actuaciones de seguimiento, formación y valoración El contenido del concierto abarca desde la sensibilización y captación de familias en el ámbito local hasta el seguimiento mediante visitas periódicas a los domicilios y la elaboración de informes trimestrales de supervisión, siempre en coordinación con las Secciones de Protección a la Infancia de las Gerencias Territoriales. También incluye el acompañamiento a los hogares acogedores, la gestión de trámites de escolarización y asistencia sanitaria al inicio de la medida, la organización de grupos de apoyo y la orientación a las familias biológicas cuando sea preciso. Respecto a la capacitación, todas las personas que suscriban un ofrecimiento deberán completar un proceso de formación inicial obligatoria , gratuito para los participantes y eminentemente presencial, que deberá iniciarse en un plazo máximo de dos meses desde su derivación. Si en una provincia no se alcanza un grupo mínimo de seis personas en ese tiempo, los interesados podrán ser derivados a otra provincia si lo aceptan, corriendo los gastos de desplazamiento y manutención a cargo de la entidad concertada. Para la adjudicación de los dos lotes, una comisión de verificación evaluará las solicitudes sobre un máximo de 130 puntos . En el baremo se tendrá en cuenta la experiencia previa de la entidad, la calidad del proyecto de actuación, la propuesta económica y la implementación de prácticas innovadoras, valorándose además en el primer lote el compromiso de aportar más personal técnico del exigido, ofrecer recursos de respiro y ocio para las familias, o disponer de espacios físicos adecuados fuera de las capitales de provincia. Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Administración dispondrá de un máximo de tres meses para resolver y notificar la adjudicación, que será publicada en el Portal de Gobierno Abierto . En caso de empate en la puntuación entre varias entidades con análogas condiciones, se priorizará a aquellas constituidas sin ánimo de lucro y, en segunda instancia, a las que integren la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad en la Comunidad.
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