DANA: La Audiencia Nacional corrige a Interior y reconoce a un guardia civil que rescató a 19 vecinos en Mira
La cruz con distintivo rojo conlleva una pensión vitalicia del 15% del sueldo correspondiente al empleo del agente, un derecho que no lleva aparejada la medalla blanca que le concedió inicialmente el Ministerio. La entrada DANA: La Audiencia Nacional corrige a Interior y reconoce a un guardia civil que rescató a 19 vecinos en Mira se publicó primero en Voces de Cuenca .
La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de un guardia civil que participó en los rescates durante la DANA en Mira a recibir la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, después de que el Ministerio del Interior le concediera inicialmente la misma con distintivo blanco. El agente había participado junto a otro compañero del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en el rescate de 19 personas en la localidad, en una intervención que se prolongó durante unas 14 horas y en la que tuvieron que acceder a viviendas inundadas, con fuertes corrientes de agua y riesgo de derrumbes y electrocución.
La sentencia, fechada el 6 de noviembre de 2026 y dictada por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia, estima el recurso presentado por el agente contra la decisión de Interior. El tribunal considera que su actuación reúne los requisitos para recibir la distinción roja y aprecia, además, un trato desigual respecto a otros guardias civiles que participaron en rescates durante la misma catástrofe y que sí fueron propuestos para recibir esa recompensa. El fallo anula la resolución del Ministerio del Interior y reconoce expresamente el derecho del agente a recibir la Cruz con distintivo rojo, con todos los efectos que lleva aparejados, entre ellos una pensión vitalicia equivalente al 15 % del sueldo correspondiente al empleo que tenga asignado el condecorado.
Catorce horas de rescates entre fuertes corrientes y viviendas destrozadas
Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de octubre de 2024, cuando el agente, destinado en la Unidad de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, recibió una alerta del Centro Operativo de Servicios (COS) de Cuenca sobre la grave inundación que sufría Mira como consecuencia de la DANA. El guardia civil y otro compañero del GEAS se encontraban libres de servicio, pero acudieron inmediatamente al municipio para colaborar en las labores de rescate. Según recoge la sentencia, llegaron a la localidad alrededor de las 6:30 horas, después de haber sido alertados a las 4:30. Una vez allí, comprobaron que el pueblo estaba completamente inundado y que la fuerza del agua hacía extremadamente peligroso acceder a las viviendas.
El vehículo de la unidad no podía circular por las calles, por lo que tuvieron que trasladarse en otro vehículo y transportar la embarcación neumática a mano, con ayuda de otros efectivos de la Guardia Civil. Finalmente, los dos integrantes del GEAS fueron los encargados de acceder directamente a las viviendas para evacuar a los vecinos, mientras otros agentes les prestaban apoyo desde el exterior. La intervención se prolongó aproximadamente desde las cuatro de la madrugada hasta las seis de la tarde. Durante ese tiempo, ambos guardias civiles rescataron a 19 personas, entre ellas menores de edad y vecinos especialmente vulnerables.
Las dificultades fueron especialmente importantes en el interior de los inmuebles. El agua había destrozado plantas bajas, garajes y accesos, arrastrando vehículos, troncos, muebles y electrodomésticos. En algunos casos, los agentes tuvieron que retirar esos obstáculos para poder llegar hasta las personas que permanecían atrapadas en las plantas superiores. El agua les llegaba aproximadamente hasta el pecho y que las corrientes podían arrastrarlos. También, siempre según el texto de la sentencia, existía riesgo de electrocución por el contacto del agua con las instalaciones eléctricas de las viviendas, además del peligro derivado de los daños estructurales y los posibles derrumbes.
En la resolución se menciona con especial atención uno de los rescates a una vecina que permanecía aislada en su vivienda. La entrada habitual era impracticable por la intensidad de la corriente, por lo que los agentes tuvieron que acceder hasta una ventana situada a casi cuatro metros de altura y utilizar una escalera para evacuarla. La mujer declaró ante el tribunal que llevaba horas atrapada en su casa, sin posibilidad de salir por sus propios medios y con el agua alcanzando niveles muy elevados. Explicó que la corriente había destrozado paredes, puertas y ventanas y había arrastrado numerosos objetos. Sin la intervención de los guardias civiles, habría permanecido aislada y sin acceso a comida ni agua. La testigo consideró que el agente había puesto en riesgo real su vida para poder rescatarla.
Interior le concedió la medalla blanca, pero el agente reclamó la roja
Pese a la intervención realizada en Mira, el Ministerio del Interior concedió al guardia civil la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco mediante una orden de 9 de mayo de 2025. Este distintivo reconoce servicios extraordinarios y méritos profesionales, mientras que la Cruz con distintivo rojo premia actuaciones en las que el guardia civil ha afrontado un riesgo cierto de perder la vida. Además, la roja lleva aparejada la citada pensión económica y la blanca no. El agente consideró que esa recompensa no reconocía suficientemente las circunstancias de su actuación y que le correspondía la distinción con distintivo rojo, reservada para intervenciones en las que existe un riesgo extraordinario para la vida.
Por ello, presentó un recurso administrativo el 3 de junio de 2025. Se trata del denominado recurso de reposición, un procedimiento mediante el que se pide a la propia Administración que revise una decisión que ha adoptado. Interior lo desestimó mediante una resolución de 30 de julio de 2026, por lo que el guardia civil acudió a los tribunales. La demanda se presentó el 8 de junio de 2026 y el juicio se celebró el 4 de noviembre. La letrada de la defensa argumentó que la actuación del agente cumplía las condiciones exigidas para recibir la cruz roja y puso también el foco en la diferencia de reconocimiento respecto a otros miembros de la Guardia Civil que habían participado en operaciones de rescate durante la DANA.
En concreto, la defensa aportó documentación sobre otros guardias civiles que habían intervenido en situaciones de peligro y cuyas actuaciones fueron propuestas para recibir la Cruz con distintivo rojo. Uno de los casos recogidos en la sentencia corresponde a agentes que participaron en el rescate de un matrimonio. Durante la intervención recibieron varias descargas eléctricas al atravesar una zona del cuartel afectada por el agua y tuvieron que salir por una ventana del garaje porque la presión del agua había bloqueado la puerta y los pasillos estaban inundados. Otro de los guardias civiles propuestos para la distinción roja se había ofrecido voluntariamente para avanzar en primer lugar por un cauce de agua, atado con una cuerda a la cintura, con el objetivo de llegar hasta una mujer que se encontraba incomunicada, con síntomas de hipotermia y grave riesgo de ahogamiento. La defensa consideró que estas actuaciones eran comparables con la del agente destinado en el GEAS de Cuenca, tanto por el peligro afrontado como por el esfuerzo realizado para salvar vidas.
La Audiencia Nacional aprecia un trato desigual respecto a otros compañeros
El Ministerio del Interior defendió durante el procedimiento que la concesión de las condecoraciones incluye un margen de valoración por parte de la Administración. Es decir, que corresponde a los responsables del departamento examinar las circunstancias de cada intervención y decidir qué recompensa resulta adecuada. La Abogacía del Estado sostuvo que no se había demostrado que la actuación del recurrente implicase un riesgo de perder la vida en los términos exigidos para conceder la cruz roja. Interior argumentó que la distinción blanca era la que mejor se ajustaba a su participación en los rescates, al considerar que había demostrado cualidades profesionales y cívicas relevantes en un servicio de especial dificultad e importancia.
Sin embargo, el magistrado considera que esa valoración no puede quedar al margen de los límites que impone la ley. Aunque la Administración dispone de capacidad para valorar las actuaciones, no puede tomar decisiones arbitrarias ni tratar de manera diferente situaciones que presentan características relevantes similares sin una justificación suficiente. En este caso, la sentencia considera que existe un término válido de comparación con otros guardias civiles que participaron en rescates durante la DANA y cuyas actuaciones fueron propuestas para recibir la misma distinción que reclamaba el agente. El tribunal precisa que los casos no son exactamente iguales, pero entiende que presentan elementos suficientemente parecidos en aspectos fundamentales como el valor personal demostrado, la iniciativa, la serenidad ante el peligro y la exposición a un riesgo cierto para la propia vida.
A esta comparación se suman las declaraciones prestadas durante el juicio por el compañero que participó en los rescates y por la vecina que fue evacuada de su vivienda. El magistrado considera acreditado que el agente afrontó un peligro evidente durante la operación de salvamento de 19 personas, especialmente en caso ya desglosado de la mujer a la que tuvieron que sacar por una ventana, utilizando una escalera y con el riesgo de ser arrastrados por la corriente. La resolución también subraya el peligro de electrocución existente por el contacto del agua con las instalaciones eléctricas de los inmuebles.
El fallo, por ende, estima el recurso presentado por el guardia civil, anula la resolución del Ministerio del Interior que había rechazado su reclamación y reconoce expresamente su derecho a recibir la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. La resolución añade que el reconocimiento debe llevar aparejados todos los efectos correspondientes a esa concesión como la citada pensión entre otras ventajas. La sentencia, dictada el 6 de noviembre de 2026, no impone las costas del procedimiento a ninguna de las partes, al entender que existían dudas jurídicas sobre la cuestión debatida y no es firme, por lo que contra ella cabe presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en un plazo de 15 días.
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