El Gobierno da carpetazo definitivo a la megaplanta Rojalinda de 70,8 MW entre la Vega Baja y Murcia
El Ministerio para la Transición Ecológica deniega la autorización administrativa y archiva el expediente tras la declaración ambiental desfavorable y la caducidad de los permisos de conexión a la red eléctrica
ORIHUELA. El Gobierno central ha dado un nuevo paso para cerrar el proyecto de la megaplanta solar Rojalinda, de 70,8 megavatios (MW) de potencia instalada, que estaba previsto desarrollar entre la Región de Murcia y la Vega Baja. La Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa presentada por Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico S.A. y ha acordado el archivo del expediente, según recoge la resolución publicada este jueves, 12 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP).
La decisión supone la culminación administrativa del rechazo al proyecto, después de que el propio ministerio emitiera el pasado mes de abril una declaración de impacto ambiental desfavorable al considerar que la instalación provocaría efectos negativos significativos sobre el medio ambiente que no podrían evitarse ni corregirse mediante las medidas propuestas por la promotora. A este obstáculo se suma la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, comunicada por Red Eléctrica de España en febrero de 2024.
La instalación, cuya tramitación se inició en septiembre de 2021, contemplaba la construcción de un parque fotovoltaico y una extensa infraestructura de evacuación eléctrica que afectaba a ocho municipios de dos comunidades autónomas. En concreto, el proyecto se extendía por el término municipal de Murcia y por siete localidades de la Vega Baja: Orihuela, Jacarilla, Benejúzar, Algorfa, Almoradí, Los Montesinos y Rojales.
La infraestructura incluía la subestación eléctrica Rojalinda de 20/220 kilovoltios, una línea aérea de alta tensión hasta la subestación colectora Rojales de 220 kilovoltios y una segunda conexión con la subestación de Red Eléctrica de España situada en Rojales. Esta última instalación constituía el punto previsto para incorporar la energía generada a la red de transporte.
El principal motivo de la denegación es la incompatibilidad ambiental del proyecto, establecida en la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 24 de abril de 2026. El órgano ambiental concluyó que la planta y sus infraestructuras asociadas causarían previsiblemente impactos negativos y significativos, sin que las medidas planteadas por la empresa, ni otras que pudieran proponerse, ofrecieran garantías suficientes para prevenirlos, corregirlos o compensarlos.
La resolución ahora publicada recuerda que la declaración de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante en los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas. Por tanto, sus conclusiones deben ser tenidas en cuenta por el órgano encargado de resolver la solicitud, que fundamenta precisamente en ese pronunciamiento desfavorable la denegación de la autorización administrativa previa.
La iniciativa había sufrido diversas modificaciones durante su tramitación. Según publicó Alicante Plaza el pasado mes de mayo, el proyecto inicial contemplaba una superficie de 97,58 hectáreas y una inversión de 26,3 millones de euros, con una potencia de 81,9 MWp. Posteriormente, la promotora redujo la potencia prevista a 77,46 MWp y el número de módulos fotovoltaicos de 126.000 a 119.168, al tiempo que modificó el trazado de la línea de evacuación, cuya longitud pasó a alcanzar los 27,7 kilómetros.
La evaluación ambiental también puso de manifiesto las reticencias de distintas administraciones. Los ayuntamientos de Orihuela, Algorfa, Almoradí y Benejúzar advirtieron del elevado impacto paisajístico de la infraestructura, mientras que los servicios urbanísticos de Murcia señalaron su incidencia sobre el suelo y el paisaje. La Generalitat Valenciana también emitió un informe desfavorable al cuestionar la elección de la subestación de Rojales como punto de conexión, pese a la existencia de otra instalación eléctrica en Torremendo, situada a 5,5 kilómetros.
Permisos caducados y ausencia de alegaciones
Al rechazo ambiental se añade otro impedimento administrativo. Aunque la promotora había obtenido inicialmente los permisos de acceso y conexión a la red de transporte en la subestación Rojales 220 kV, Red Eléctrica de España comunicó al ministerio el 5 de febrero de 2024 la caducidad de estas autorizaciones.
La normativa eléctrica exige que los promotores cumplan determinados hitos administrativos para conservar sus derechos de acceso a la red, entre ellos la obtención de una declaración ambiental favorable y de la autorización administrativa previa dentro de los plazos establecidos. El incumplimiento de estos requisitos supone la caducidad de los permisos, lo que impide autorizar la instalación.
Además, la resolución revela que la empresa no presentó alegaciones durante el último trámite de audiencia. El ministerio notificó el 18 de mayo de 2026 la propuesta de denegación de la autorización administrativa previa y, una vez transcurrido el plazo concedido, no recibió respuesta de la promotora.
Con estos antecedentes, la Dirección General de Política Energética y Minas ha acordado desestimar formalmente la solicitud y archivar el expediente PFot-795. La resolución, firmada por el director general Manuel García Hernández, no agota la vía administrativa, por lo que la empresa dispone de un mes desde el día siguiente a su notificación para presentar un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía. Si no recurre dentro del plazo establecido, la decisión adquirirá firmeza.
El rechazo de Rojalinda contrasta con la autorización concedida por la Generalitat Valenciana el pasado marzo a otro proyecto fotovoltaico de menor dimensión en Rojales. Se trata de FV Casteles, una planta de 4,4 MW promovida por Solar Project Levante, con una inversión de alrededor de un millón de euros. A diferencia de Rojalinda, esta instalación obtuvo tanto la autorización administrativa previa como la de construcción, además de la declaración de utilidad pública de su infraestructura de evacuación, pese a las alegaciones formuladas durante su tramitación y al informe desfavorable del Ayuntamiento de Algorfa sobre parte de su trazado.
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