El alcalde Luis Yeray Gutiérrez asegura que el Ayuntamiento tomará todas las medidas que permite la nueva norma, convalidada ayer en el Congreso, para ayudar a familias en extrema vulnerabilidad
El Ayuntamiento de La Laguna ya ha recurrido a las posibilidades que permite el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, de medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, conocido popularmente como decreto Maricarmen (refrendado ayer mismo por la Diputación Permanente del Congreso), para detener un proceso de lanzamiento previsto para el pasado mes de octubre en el municipio y sufragar su deuda.
Según detallaron fuentes municipales, en este caso se remitió un nuevo informe de vulnerabilidad de conformidad con lo señalado en el nuevo Real Decreto, se ofrecieron recursos alojativos municipales y se solicitó la suspensión del desahucio, consiguiéndose su suspensión cautelar y a la espera ahora de la sentencia definitiva. Además, en este caso el Ayuntamiento ha sufragado la deuda.
Según informaron desde el Consistorio local, a raíz de la aprobación de este Real Decreto-ley 29/2026, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, dispuso que se tomaran “todas las medidas que nos permite la nueva legislación para frenar los posibles casos de desahucio de personas en situación de extrema vulnerabilidad en nuestro municipio”.
En este sentido, el regidor local valoró que este nuevo Real Decreto-ley brinda a la administración “una serie de posibilidades para que, insisto, en los casos de vulnerabilidad acreditada, se pueda paralizar un desahucio, incluso el abono de la deuda si la causa del lanzamiento es el impago”. “Vamos a estudiar caso a caso y aplicar todas las herramientas que estén en nuestra mano, para que, en la medida de nuestras posibilidades, no se produzcan más desahucios de personas vulnerables en La Laguna”, enfatizó.
Reunión de la concejala de Bienestar Social con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, ayer. DA
Tras esta indicación, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Bienestar Social y de la empresa pública Muvisa y coordinado por el área de Alcaldía, viene realizando un seguimiento pormenorizado de los casos que podrían verse afectados por una próxima orden de desahucio.
“Se analizan semanalmente las situaciones de personas o familias en riesgo de desahucio, se estudian las circunstancias específicas de cada caso y se valoran las posibilidades de intervención, ya sea ofreciendo un recurso alojativo de emergencia u otro tipo de alternativa habitacional”, indicó el alcalde.
La concejala del área, María Cruz, y la directora del área de Bienestar Social y Calidad de Vida, Rosa Ana García Gaviño, presentaron ayer a la presidenta de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, Inma Évora, el protocolo que actualmente se está aplicando en los casos con los que está trabajando el personal de Servicios Sociales.
Ante estas situaciones, el Ayuntamiento indicó que está avanzando a los juzgados los informes de vulnerabilidad de las personas afectadas, sin necesidad de esperar a que sea el propio juzgado quien lo solicite. De esta manera se agilizan los trámites, se cuenta con toda la información de cada particular y se pueden aplicar de forma más precisa las medidas de protección de las personas afectadas.
Asimismo, en la reunión de ayer también se analizaron los recursos de emergencia habitacional y se ha establecido una hoja de ruta para tratar de lograr una participación más activa de los distintos agentes involucrados en esta realidad social.
Paralelamente, el Ayuntamiento indicó que ha remitido un oficio al Icavi para advertir a este órgano del Gobierno de Canarias sobre la situación de vulnerabilidad de determinados casos en La Laguna, y mejorar la coordinación con el Ejecutivo regional, que es la administración con las competencias.
