El ministerio pide además al Ayuntamiento de Madrid que actúe contra casi 4.500 pisos turísticos que, pese a estar bloqueados en España, siguen anunciándose en el extranjero Leer
El decreto de vivienda que incluía la prórrogas automáticas de los alquileres por cinco años y abría la puerta a los contratos indefindos cayó este jueves en al votación de la Diputación Permanente. El resultado beneficia a los propietarios, que evitarán pagar más de 15.000 euros a los inquilinos por recuperar su vivienda fuera de las causas justificadas que estableció el texto si no querían una extensión de un lustro en el acuerdo entre las partes. El decreto fracasó por la mínima -34 votos frente a 35- por el 'no' del PNV a esos alquileres indefinidos. A diferencia con el decreto que sí salióadelante, el inquilino no tenía que pedir las prórrogas contempladas en este texto sino que se aplicaban... Ver Más
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El Consell Executiu aprueba un nuevo paquete para reforzar la compra y promoción de vivienda pública y otorgar ayudas a jóvenes para el pago del alquiler.
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MURCIA. La prórroga de los alquileres convalidada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados en un Real Decreto-ley con medidas de vivienda permitirá un ahorro mediano de 2.945 euros por hogar en la Región de Murcia , según los cálculos de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Así, un total de 46.819 contratos de alquiler podrán beneficiarse en la Comunidad de la prórroga extraordinaria de dos años impulsada por el Gobierno de España para aquellos arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Instituto Nacional de Estadística señala que, de media, en cada hogar en alquiler hay 2,59 personas por hogar en alquiler a precio de mercado. Con este número de contratos prorrogables, son 117.500 personas las que podrían beneficiarse de esta medida en la Región de Murcia y casi cinco millones de personas en toda España que van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones. Los contratos y el ahorro se calculan con una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, que sube como los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no hay salto, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. Las personas, unos 4,9 millones, se estiman con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Esta prórroga de los contratos de alquiler, además de ofrecer estabilidad y certidumbre, va a suponer un importante ahorro para las familias que viven de alquiler. En el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano por hogar asciende a 4.341 euros en toda España.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de garantía habitacional y función social de la vivienda en Andalucía ha superado este viernes un paso clave al publicarse su admisión a trámite en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). La decisión, adoptada por la Mesa de la Cámara el pasado 4 de noviembre, desbloquea una propuesta registrada el 20 de abril de 2026 y abre ahora la fase decisiva de recogida de apoyos: será necesario reunir 40.000 firmas ciudadanas para que el texto pueda continuar su recorrido parlamentario y ser debatido en el Pleno. La medida nace impulsada por una amplia alianza de entidades sindicales, vecinales y de consumidores integrada por UGT Andalucía, CCOO Andalucía, FACUA Andalucía, Red Vecinal Andaluza, Plataforma de Barrios Vulnerables y 15M Stop Desahucios, como respuesta colectiva a la emergencia habitacional que atraviesa la comunidad autónoma. El texto legislativo parte de un diagnóstico compartido por las organizaciones promotoras: el encarecimiento de los alquileres y de la compraventa, la insuficiencia del parque público, la proliferación de viviendas de uso turístico y la expulsión de los vecinos de sus barrios están deteriorando gravemente las condiciones de vida y bloqueando la emancipación juvenil. Para revertir esta situación y situar la función social de la vivienda por encima de los intereses especulativos, la ILP plantea una batería de medidas centradas en garantizar una asequibilidad real. En concreto, el texto propone limitar el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar al pago de su hogar, evitando así que el alquiler o la hipoteca absorban los salarios y comprometan la cobertura de otras necesidades básicas. Junto a este tope al esfuerzo económico, la iniciativa apuesta por ampliar y reforzar el parque público de vivienda protegida y en alquiler social en toda Andalucía, al tiempo que establece mecanismos legales para combatir la especulación inmobiliaria y frenar la expansión descontrolada de los pisos turísticos en los barrios. Asimismo, la propuesta endurece las garantías y medidas de amparo frente a los desahucios para proteger de manera efectiva a las familias en situación de vulnerabilidad. Se necesitan 40.000 firmas La publicación oficial de la admisión a trámite llega apenas dos días después de la jornada de huelga general del 11 de noviembre, en la que el acceso a una vivienda digna y el freno al encarecimiento residencial ocuparon un lugar central en las reivindicaciones sociales. Con el trámite parlamentario activado, la continuidad de la ley depende ahora directamente de la participación ciudadana. Las entidades promotoras hacen un llamamiento conjunto a la ciudadanía, al tejido asociativo y a las organizaciones sociales de toda Andalucía para sumarse a la campaña de recogida de firmas. Superar el umbral de los 40.000 avales es el requisito indispensable para trasladar estas demandas de forma vinculante al debate institucional y convertir la iniciativa en una herramienta legal efectiva.
Si alguien hubiera sobrevolado el sur de Polonia hace varios siglos, probablemente habría encontrado una pequeña aldea cuyas viviendas se alineaban junto a un camino y sus campos se extendían detrás de ellas. Lo extraordinario es que, en pleno siglo XXI, aquel lugar sigue conservando prácticamente la misma distribución. Se llama Sułoszowa , tiene una carretera de nueve kilómetros y sus habitantes viven en uno de los experimentos urbanísticos más fascinantes que nos ha dejado la Edad Media. Una calle de nueve kilómetros. Situado a unos 35 kilómetros al noroeste de Cracovia, Sułoszowa es uno de los pueblos más singulares de Europa . A diferencia de otras localidades que han crecido alrededor de una plaza central, desarrollando una red de calles y barrios, aquí prácticamente todo gira alrededor de una única vía: la c arretera regional 773 . Las viviendas, los comercios y los edificios públicos se suceden a ambos lados de un trazado sinuoso de casi nueve kilómetros . Detrás de las casas, las parcelas agrícolas se extienden en largas y estrechas franjas que, vistas desde el aire, forman un gigantesco mosaico de colores verdes y dorados. En Xataka Europa está llena de ciudades que sufren una crisis de vivienda. En Praga tienen algo más: un plan para solucionarla Una idea medieval. La peculiar distribución de Sułoszowa responde a un modelo de asentamiento rural conocido en Polonia como ulicówka , o pueblo-calle. Este tipo de organización, extendido durante la Edad Media, permitía resolver dos problemas de una sola vez : garantizar a las familias un acceso directo al camino principal y proporcionarles terrenos agrícolas junto a sus viviendas. En lugar de concentrar las casas en torno a un núcleo y repartir las tierras por los alrededores, cada familia disponía de una parcela que se prolongaba hacia el campo. El resultado era una sucesión de propiedades estrechas y alargadas que facilitaba tanto las comunicaciones como el trabajo agrícola. El origen de todo. Según la tradición local, un duque de Cracovia entregó estas tierras a un caballero llamado Sułosz como recompensa por sus servicios, sentando las bases de la localidad. Aunque algunos relatos sitúan su fundación formal en el siglo XVI, su organización territorial hunde sus raíces en los sistemas medievales de reparto de tierras. Lo más sorprendente es que el paso de los siglos, las guerras y la modernización de las infraestructuras no hayan alterado sustancialmente aquella estructura. Incluso después de que 120 explotaciones agrícolas fueran destruidas durante la guerra en el siglo XX, Sułoszowa conservó su característica forma alargada. Un código de barras agrícola. La explicación de las espectaculares fotografías aéreas del pueblo está en lo que sucede detrás de cada vivienda . Los propietarios utilizan sus terrenos para actividades diferentes: unos cultivan cereales, otros colza, otros crían animales y algunos dejan descansar la tierra. Los distintos cultivos y sus ciclos de crecimiento generan una sucesión de franjas multicolores que cambia con las estaciones. Katarzyna Bieda, miembro del consejo municipal, compara el paisaje con una gigantesca hoja , donde la carretera funciona como nervio central y los campos como las nervaduras que se extienden hacia los lados. Su apariencia le ha valido el sobrenombre de “la pequeña Toscana”. Miles de vecinos en una calle. Una aclaración: aunque muchos de los reportajes internacionales hablan de 6.000 personas viviendo en la misma calle, esa cifra corresponde al conjunto del municipio. Según los datos municipales , Sułoszowa tiene 3.347 habitantes , mientras que el municipio completo suma 5.575 . En cualquier caso, la concentración de miles de personas alrededor de una sola vía sigue siendo extraordinaria. Edyta, propietaria de un comercio local, asegura que existe un fuerte sentimiento de comunidad y que prácticamente todos se conocen. Los vecinos celebran incluso fiestas dedicadas a la fresa y la patata, durante las cuales se reúnen para probar las nuevas cosechas y escuchar música. Mucho más que una carretera. La localidad se encuentra en el valle del río Prądnik, en el entorno del Parque Nacional de Ojców, una región de bosques, barrancos, acantilados y alrededor de 400 cuevas. Entre sus principales atractivos destaca el castillo de Pieskowa Skała , una fortificación levantada en el siglo XIV durante el reinado de Casimiro III el Grande que posteriormente se transformó en un palacio renacentista. Junto a él, se alza la Maza de Hércules , una espectacular columna natural de piedra caliza de 30 metros de altura. En cualquier caso, han sido las fotografías tomadas con drones las que han convertido la antigua distribución agrícola de Sułoszowa en una atracción turística internacional. En Xataka Los incentivos de pueblos de Europa para que teletrabajes en ellos: alquileres a 150 euros, internet de alta velocidad y hasta pagos al contado Un pueblo demasiado perfecto para ser real. La popularidad de Sułoszowa ha llegado hasta un extremo insólito. En febrero de 2025, miles de usuarios compartieron una supuesta fotografía del pueblo en la que aparecía una carretera perfectamente recta rodeada de casas y campos. Una investigación de AFP demostró que había sido generada mediante inteligencia artificial de Google, mientras que expertos de la Universidad de Buffalo detectaron inconsistencias en las sombras de los edificios. El propio alcalde lamentó que los turistas pudieran llegar esperando encontrar un paisaje diferente al auténtico. Resultaba cuanto menos curioso que hicieran falta herramientas del siglo XXI para intentar mejorar el diseño de un pueblo que lleva siglos demostrando que, en realidad, una solución medieval puede resultar extraordinariamente moderna. Imagen | Copernicus , Jerzy Opioła , YouTube En Xataka | Europa es un continente de extremos: el impactante mapa que revela la brutal polarización de donde vivimos En Xataka | Este ranking de mejores ciudades europeas en calidad de vida y coste lo confirma: Málaga y Valencia son un caramelito para nómadas - La noticia En la Edad Media, Polonia tuvo una idea brillante para construir un pueblo. 700 años después, sus 6.000 habitantes siguen viviendo en una sola calle fue publicada originalmente en Xataka por Miguel Jorge .
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 exigió este jueves a dos grandes plataformas de alquiler turístico la retirada de más de 8.000 anuncios de pisos turísticos identificados como ilegales al no contar con la identificación reglamentaria. Se trata de un total de 8.352 anuncios, de los cuáles, 7.199 estaban publicados en una de las plataformas y los 1.153 restantes en la segunda. En todos ellos se han identificado dos tipos de infracción: la mayoría, más de 7.200, no tenían número de registro que les identificara como alojamiento turístico y alrededor de 1.000 aportaban un número falso. En estos casos, los datos aportados pertenecían a una identificación ya caducada y que corresponden a la modalidad de alquiler vacacional... Ver Más
Sevilla celebró este jueves el primero de los encuentros enmarcados en el proyecto Impulso Andalucía 2027 , con una mesa de expertos en la que se realizó una radiografía de los problemas que lastran el actual mercado de la vivienda y se lanzaron propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar y evitar la fuga del talento. Un encuentro en el que participaron representantes de las administraciones, de la universidad y del sector privado y que tendrá una segunda cita para fijar las prioridades. Se trata del punto de partida de esta iniciativa de Vocento, impulsada con la consultora Oliver Wyman, que pretende ser un laboratorio de ideas que se incluirán en un Libro Blanco que verá la luz a final del primer trimestre de 2027.Fue Leticia Rubira, representante de Oliver Wyman , quien abrió el debate al poner sobre la mesa varias conclusiones del proyecto CREA, realizado entre finales de 2024 y principios de 2025. Entre ellas, el hecho de que «Andalucía tiene un potencial único, pero hace falta saber cómo se puede materializar». Eso sí, desde la perspectiva del problema de la vivienda como «un límite al crecimiento y no tanto como un aspecto social». A partir de ahí, un coloquio moderado por el jefe de sección de Sevilla de ABC, Jesús Díaz, permitió que cada uno de los expertos hiciera su radiografía sobre la situación actual del mercado. El primero fue José María López, secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía que se centró en la falta de oferta. «Ese déficit es uno de los elementos que dispara el precio, además de la exclusividad: todo el mundo quiere vivir en el Centro, pero el sitio que hay es finito», advirtió. En ese mismo argumento de la falta de oferta coincidió Manuel Morillo, el gerente de Emvisesa . «Tenemos unos 30.000 demandantes de vivienda en Sevilla y la mitad son jóvenes. De ellos, quitando la duplicidad de parejas se puede decir que reales son unos 15.000, pero el principal portal inmobiliario sólo tiene unos 1.400 pisos en alquiler y 4.000 para la venta. Por tanto, hay una necesidad de más de 7.000 inmuebles y con la oferta actual no se cubre un tercio de la demanda». También en clave local, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez , ahondó en «la inacción» para prever un problema que «se ha convertido en el primero para los ciudadanos». Descartó el suelo como un problema, porque «tenemos el que queramos», pero se detuvo en los costes de producción. «Calculamos que en 2027 daremos licencia para unas 4.000 viviendas en Sevilla, aunque no está claro que haya mano de obra para todas». Y concluyó apostando por «la cultura del esfuerzo» entre los jóvenes y las ayudas de las administraciones a las viviendas protegidas.Desde el punto de vista del sector privado, el director general de Caralca y presidente de Sevilla City One, Rafael Miranda , aseguró que «es un problema estructural que no se arregla con una varita mágica». Así, consideró que hay «muchos debates banales» frente «al problema grave de que los jóvenes y adultos no pueden acceder a una vivienda». También se centró en la calidad de las VPO, que «en muchos casos es mayor que la que tenían las de renta libre en los 2000». Por ello, reflexionó que «habría que preguntarse si en este momento de emergencia nacional se puede bajar el listón». Quien sí entró en lo económico fue Rafael Peral, responsable de Instituciones de Caja Rural . «Notamos que la capacidad de pago de las familias está cada vez más lejos de la letra de la hipoteca» y, por ello, «puede que no exista demanda por incapacidad económica, pero sí necesidad de vivienda».Peral pidió también distinguir el problema social de la vivienda, que debe atenderse con pisos públicos, frente al resto de familias que necesitan de un inmueble. «Hay que trabajar en aumentar esa oferta para que el precio vaya a donde tiene que ir», aseveró. Precisamente, la perspectiva social fue la que aportó Esteban de Manuel, doctor en Arquitectura y profesor del Máster en Ciudad y Arquitectura de la Universidad de Sevilla. «Hace falta un pacto en el que se implique la ciudadanía, los políticos y los promotores». Entre otras cosas, porque «tres de cada cuatro demandantes necesitan que la vivienda sea asequible» y «la mayoría opta por el alquiler porque tiene la barrera de la financiación». Luego está el hecho de que «las que se venden necesitan de una rehabilitación. Hay varios ejemplos en Torreblanca, San Jerónimo o la Macarena», advirtió en su primera intervención.Las alternativasCon el diagnóstico dibujado, los expertos plantearon algunas propuestas de mejora centradas en un aumento de los presupuestos públicos para dotar de ayudas al acceso a la vivienda. Morillo, gerente de Emvisesa, apostó por una ayuda directa de las administraciones a la compra del 15% y un IVA del 1%. López Cerezo, en nombre de la Consejería de Vivienda, replicó que ese tributo reducido debía ser sólo para protegidas y apeló a la construcción de todas las VPO que se pueda, «porque tienen precio limitado, van dirigida a personas con recursos limitados, fija población y debe ser hogar habitual y permanente». El gerente de Urbanismo, por su parte, también coincidió en «las ayudas y medidas fiscales a las viviendas protegidas» , además de pedir que esa calificación como VPO «debe ser para siempre».Miranda abrió las opciones al asegurar que «se necesita una conjunción de estrategias a corto y largo plazo», pero que «si tuviera que elegir una sola medida sería dotar de presupuesto a las administraciones para dar ayudas al mercado. Eso sí, con límites». No ocultó que existe también un problema con los constructores, que «están al límite» por «la falta de mano de obra». Por su parte, el catedrático De Manuel puso como ejemplo «un modelo de éxito» como el de Viena, donde «un tercio de vivienda es libre, un tercio es municipal y un tercio es cooperativa». No obstante, reclamó «un pacto por el suelo», ya que «si el precio de los materiales ha subido, más lo han hecho los terrenos». Sea como fuere, en lo que si insistió Peral (Caja Rural), es en que «la política de vivienda no puede solucionar los problemas sociales». Planteamientos que quedaron para la reflexión antes de esa próxima sesión de febrero que debe afinar el resultado de un debate que marcará la hoja de ruta de este impulso con el que Vocento quiere apostar socialmente por el futuro de Andalucía.
Ya es definitivo. Los propietarios que suban la renta a sus inquilinos sufrirán una penalización fiscal que puede llegar a ser muy severa cuando hagan su declaración de la Renta. La maniobra del Gobierno para convalidar este jueves a través de la Diputación Permanente uno de los decretos de vivienda -el otro, impuesto por el ala de Sumar y que aspiraba a implantar alquileres indefinidos en España, decayó como se esperaba- que fue rechazado en su día por la mayoría del Congreso de los Diputados ha consolidado en la normativa española la nueva configuración de la reducción en el Impuesto sobre la Renta de los rendimientos procedentes del arrendamiento de viviendas. La modificación pone este dispositivo fiscal al servicio del... Ver Más
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La sociedad de José Antonio Rovira que administra su mujer, histórica del PP de Alicante y asesora en la Diputación, ganó 60.800 euros en 2024 y está varios años sin repartir dividendos, por lo que dispone de un capital líquido de ejercicios anteriores de 235.000 euros que no hace falta declarar en su renta como miembro del Gobierno La inmobiliaria del polémico conseller de Educación de Mazón mejora sus beneficios y anota un patrimonio de 2,3 millones El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, es lo que se llamaría en el actual debate sobre la vivienda un rentista. Tiene tres viviendas en propiedad al cien por cien, otra al 50%, dos garajes y un local comercial. Además, es propietario al 100 % de la empresa Rojo Inver SL, una sociedad de alquiler de inmuebles por cuenta propia que tiene un patrimonio que alcanza los 2,4 millones de euros. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la pasada semana, las de 2024, la empresa del político ingresó 146.040 euros por esos alquileres: 1.000 euros menos que en 2023. Estos números le permitieron ganar a la compañía 60.800 euros, después de computar los gastos de gestión de esos inmuebles y pagar impuestos. La empresa, que está administrada por su esposa, Consuelo Maluenda Quiles, gana todos los años unas cantidades similares y hace prácticamente un lustro que no reparte dividendos entre sus socios, ni tampoco destina esos beneficios a reservas. Eso le permite disponer de 235.000 euros de líquido en la empresa, según las propias cuentas de la compañía, cantidad que tampoco tiene por qué incluir en su declaración como conseller de Hacienda ante Transparencia. En su última renta presentada ante la Generalitat, el político alicantino declaró haber ganado en 2022 poco más de 78.000 euros, de los que 523 euros fueron rendimientos de capital inmobiliario. José Antonio Rovira fue en la primera parte de la legislatura de Carlos Mazón conseller de Educación, muy criticado por los sindicatos por su reforma educativa y su impacto negativo en la enseñanza del valenciano. Tras la llegada de Pérez Llorca en diciembre de 2025, Rovira se convirtió en conseller de Hacienda y en el ariete de la reforma fiscal de PP y Vox. El actual conseller ha aplicado y defendido rebajas fiscales, entre ellas la exención del impuesto sobre el Patrimonio a las rentas superiores a los dos millones de euros —sin contar la primera vivienda ni las empresas—, cuando con el anterior gobierno de izquierdas el límite se situaba en los 500.000 euros. La compañía del conseller se está beneficiando de los buenos tiempos que corren y de la alta demanda de alquiler de vivienda. Además, no tiene gastos de personal y se gasta en explotar el negocio poco más de 37.000 euros. Las deudas también son bajas en comparación con los activos, de casi 2,5 millones de euros, ya que suponen 75.000 euros, 50.000 de los cuales son con entidades de crédito. La administradora de la sociedad, Consuelo Maluenda, también está vinculada al mundo de la política y del Partido Popular. Es asesora en el gabinete del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y ha sido trabajadora del partido durante años. Cobra un sueldo público de más de 65.000 euros al año. Rovira gana 83.000 euros al año.
La asociación Inca-Mallorca Solidària, impulsada por Antònia Triguero, mantiene un centro educativo gratuito que ha pasado de 135 alumnos a 843 en poco más de un año. La caída de las donaciones amenaza su continuidad Fotogalería - El horror en Palestina a través de 25 dibujos de adolescentes anónimos en el campo de refugio de Dheisheh En un local de Inca, varias mujeres trabajan concentradas frente a sus máquinas de coser. Unas preparan un pedido de tarjeteros; otras confeccionan pequeños monederos y bolsas con telas de colores llegadas de Senegal, Marruecos o Venezuela. Hay conversaciones, encargos que se acumulan y proyectos que se entrecruzan. La escena tiene algo de taller, de tienda y de punto de encuentro. Pero también es una pequeña infraestructura de solidaridad que conecta Mallorca con lugares muy alejados, desde Senegal y Ucrania hasta Gaza, donde la asociación sostiene una escuela levantada entre los campamentos de desplazados para ofrecer educación y un espacio de protección a niños y niñas palestinos. Al frente de esta red está Antònia Triguero, presidenta de Inca-Mallorca Solidària , una asociación que lleva años impulsando iniciativas de cooperación y ayuda humanitaria. De todas ellas, hay una que ahora concentra buena parte de sus esfuerzos y también sus preocupaciones: la escuela impulsada en la Franja de Gaza, que ha pasado de acoger a 135 niños y niñas cuando abrió sus puertas, en septiembre de 2025, a tener 843 alumnos. Mantenerla abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño, apunta Triguero-. Y las donaciones, que durante los primeros meses permitieron incluso enviar entre 10.000 y 12.000 euros al mes, han caído. “Todas las emergencias tienen un pico y después la gente se va olvidando un poco”, lamenta la responsable de la entidad. La asociación ha lanzado una llamada de auxilio para evitar que el proyecto se quede sin recursos. En octubre envió 6.000 euros a Gaza y terminó con un descubierto de 2.000. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto. La situación ya ha obligado a retirar uno de los servicios que ofrecían a los menores: la merienda diaria. Mantener la escuela abierta cuesta unos 6.000 euros mensuales -unos 7,50 euros mensuales por cada niño- y las donaciones han caído. Las últimas aportaciones han permitido cubrir noviembre y diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto “Le dijimos a Marcel: dinos, para no cerrar la escuela, cuáles son los gastos mínimos que tienes. Sin el alimento”, explica Triguero. Marcel es el responsable de la organización gazatí con la que trabaja la entidad mallorquina y quien coordina la actividad sobre el terreno. Fue él quien propuso transformar la ayuda alimentaria inicial en un proyecto educativo. El objetivo de la ONG es conseguir una base de colaboradores que permita financiarla de manera estable, sin tener que recurrir cada pocos meses a campañas de urgencia. “Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría”, afirma. elDiario.es acompaña a Triguero y a varias voluntarias en una tarde de trabajo en la sede de Inca, donde, entre máquinas de coser, telas y conversaciones, preparan los productos artesanales con cuya venta contribuyen a mantener viva una red de solidaridad que llega hasta Gaza, Senegal, Ucrania y tantos otros lugares. Somos tantos en Mallorca y en España que estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, ayudaría Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La carpa que se convirtió en escuela y refugio La historia había comenzado unos meses antes, en mayo de 2025, cuando la población de Gaza atravesaba una situación de extrema escasez de alimentos. La asociación encontró una vía para hacer llegar ayuda a través de contactos locales. “Empezamos a cocinar para 300 familias”, recuerda Triguero. La situación era tan desesperada que, según relata, algunas personas bebían agua con sal para intentar mitigar el hambre. La dificultad para introducir dinero y material en la Franja obligó a buscar alternativas sobre el terreno. Varias voluntarias confeccionan productos artesanales destinados a financiar los distintos proyectos de cooperación y ayuda humanitaria de la asociación Una de las voluntarias de Inca-Mallorca Solidària elabora a mano pequeñas sandías de ganchillo con los colores de la bandera palestina en el taller de costura de la asociación Cuando la llegada de alimentos comenzó a mejorar, Marcel le planteó otra posibilidad: aprovechar una carpa de su organización para poner en marcha una escuela. En septiembre de 2025 empezaron las clases con 135 menores. La respuesta desbordó las previsiones. Durante el curso llegaron a 600 y, en la actualidad, el centro cuenta con 843 alumnos. El Ministerio de Educación de Gaza ha respaldado el proyecto y, según explica Triguero, ha autorizado que los estudios puedan llegar hasta décimo curso, equivalente a la etapa previa al bachillerato. La escuela no es, sin embargo, únicamente un lugar donde impartir clases. En un entorno rodeado de tiendas de campaña, se ha convertido en un espacio de encuentro y protección para los menores y sus familias. “La escuela es su momento de ser niños”, resume Triguero. Por las mañanas acuden a clase y por las tardes participan en actividades extraescolares en las que aprenden bailes tradicionales, tocan instrumentos o practican voleibol. La escuela es su momento de ser niños Antònia Triguero — Presidenta de Inca-Mallorca Solidària La asociación ha intentado que el recinto tenga otros usos que respondan a las necesidades de la comunidad desplazada. Uno de ellos es un horno móvil de hierro fundido, financiado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de España. Su carácter transportable permite trasladarlo si las circunstancias obligan a abandonar la ubicación actual. En los alrededores, donde escasea la leña y cocinar resulta costoso, las mujeres pueden utilizarlo para preparar pan y dulces. También se organizan talleres de salud y prevención del cáncer dirigidos a ellas. Alumnos de la escuela realizan ejercicios en la carpa El espacio ha llegado incluso a funcionar como refugio. Triguero recuerda que, durante las fuertes lluvias y rachas de viento del invierno pasado, muchas tiendas de campaña de los alrededores quedaron destruidas y varias familias buscaron cobijo en la escuela. “No es solo una escuela”, insiste. De ahí su preocupación ante la posibilidad de tener que cerrar un lugar que ha ido adquiriendo funciones que van mucho más allá de la enseñanza. Siete euros y medio al mes por alumno Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar. No incluye la alimentación que recibían anteriormente los menores. “Para nosotros, que somos una asociación pequeñita, que no tenemos económicamente y dependemos de la gente porque no tenemos ayuda de nadie, es importante”, explica Triguero. La entidad cuenta actualmente con unos 200 socios y considera que alcanzar los 500 ó600, con aportaciones de unos diez euros mensuales, permitiría dar mayor estabilidad al proyecto. “Estoy segura de que, si la gente conociera nuestra escuela, pondría los 7,50 euros al mes”, sostiene. Quienes deseen contribuir a mantener las aulas en pie pueden hacerlo mediante Bizum, a través del apartado 'Hacer donativo' de la aplicación bancaria, introduciendo el código 12706. Los 6.000 euros que necesita el proyecto cubren los gastos mínimos de funcionamiento: una pequeña remuneración para las profesoras, el alquiler del espacio, el agua y el material escolar Varios niños participan en una actividad educativa y lúdica en la escuela impulsada por Inca-Mallorca Solidària en Gaza Entre las aportaciones que han permitido sostener la iniciativa figura la de la periodista Almudena Ariza, que donó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria. Ese dinero sirvió para financiar durante bastante tiempo las meriendas de los niños y adquirir pupitres y sillas. También han llegado contribuciones de empresas, particulares y entidades que han organizado conciertos, celebraciones y otras actividades para recaudar fondos. La asociación recuerda especialmente cómo pequeñas iniciativas, incluso una boda o una fiesta, terminaron convirtiéndose en recursos para los alumnos. La periodista Almudena Arizadonó 20.000 euros procedentes de una campaña solidaria La caída de las aportaciones durante el verano, especialmente desde julio y agosto, dejó al proyecto en una situación delicada. La difusión de la campaña en los medios permitió recuperar parte de las donaciones y garantizar los gastos de los últimos meses del año, pero la presidenta sabe que no basta con responder a una emergencia puntual: la escuela necesita ingresos regulares. Una red de mujeres que cose solidaridad La actividad que se desarrolla en la sede de Inca ayuda a entender cómo funciona esta organización. El taller de costura, nacido hace ocho o nueve años para dar respuesta a las necesidades de socialización de mujeres, reúne a una veintena de participantes. Mari Carmen, Cati, Mari Ángeles, María y otras tantas mujeres confeccionan productos con telas que Triguero trae de sus viajes y que después se venden para financiar diferentes iniciativas. La actividad, además, fomenta la convivencia y crea vínculos entre las participantes. No todo lo recaudado se destina a Gaza: cada colección tiene su propio destino. Los artículos elaborados con telas de Senegal, por ejemplo, contribuyen a financiar los proyectos que la asociación desarrolla en ese país. Mari Carmen y Cati, junto al resto de voluntarias, comparten risas, conversaciones y labores de costura y ganchillo. La iniciativa, además de fomentar la convivencia y crear vínculos entre las participantes, permite elaborar productos artesanales para financiar proyectos solidarios Mari Ángeles, concentrada en una labor de costura en el taller María, delante de una de las máquinas de coser, explica que participar en el taller le aporta, sobre todo, bienestar y satisfacción personal. Acude una vez por semana, por las mañanas, para abrir la tienda y atender a las personas que se acercan. Además de colaborar en la elaboración y venta de productos, aprovecha para explicar a los visitantes los proyectos solidarios que desarrolla la asociación y dar a conocer el trabajo que realizan. También destaca el ambiente de compañerismo que se ha creado entre las mujeres, con quienes comparte conversaciones, momentos de descanso y pequeñas rutinas que hacen del taller un espacio de encuentro. Allí ha encontrado vínculos y una energía positiva que le ayudan a desconectar de las preocupaciones cotidianas. María, al frente de una de las máquinas de coser “Esto es como una gran familia”, explica la presidenta mientras muestra las prendas y los accesorios. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino, que comercializan a 14 euros. Una manera de convertir un objeto cotidiano en una aportación para la escuela. Las mujeres preparan pedidos, confeccionan vestidos tradicionales mallorquines y elaboran productos que se venden durante todo el año. También han creado bolsas de tela con el mapa de Palestina y elementos del pañuelo tradicional palestino La actividad se sostiene también gracias a las donaciones de material y equipamiento. Algunas máquinas de coser fueron cedidas por la Fundación La Caixa y otras proceden de particulares o empresas que han cerrado. La asociación recoge asimismo material de hoteles y hospitales que retiran equipamientos todavía aprovechables y les busca una segunda vida en otros proyectos. La red de cooperación va mucho más allá de Gaza. En Senegal, la entidad trabaja en la creación de maternidades, escuelas y cooperativas de mujeres, y ha iniciado un proyecto agrícola con la colaboración de ingenieros agrónomos y agricultores mallorquines. Entre los estantes también hay material informativo sobre los distintos proyectos de la asociación, como la pulsera solidaria que se vende para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los llamados 'niños de la lata' de Senegal. En Ucrania, la ONG prepara el envío de un tráiler y dos ambulancias, mientras que a Senegal prevé trasladar un contenedor y otra ambulancia. En Mallorca mantiene ayudas a familias vulnerables y colabora con otras entidades y con menores afectados por enfermedades raras. Una pulsera solidaria para recaudar fondos destinados a las terapias y ayudas técnicas de Lucas, uno de los 'niños de la lata' de Senegal Una mesa llena de telas, retales y utensilios de costura sirve de punto de encuentro para las voluntarias de la asociación En el taller, esa solidaridad también tiene nombres propios. Triguero cuenta la historia de Álvaro, un apicultor de León al que conocieron durante una campaña de ayuda a los pueblos afectados por los incendios del pasado verano. Después de comprar miel a varios productores que habían perdido parte de sus colmenas, el apicultor decidió reservar parte de su producción para la escuela de Gaza. La asociación ha vendido cientos de kilos y prepara nuevas partidas. El padre de Álvaro, un hombre de casi 90 años, también quiso contribuir: “Hemos recibido una herencia y quiero darle esa herencia: 500 euros para la escuela”, le comunicó. A estas aportaciones se suman un concierto de violín que se está organizando y una carrera solidaria prevista para diciembre por parte del colegio San Francisco, cuyos fondos se destinarán a los niños de Gaza. Son iniciativas pequeñas y grandes que, juntas, han permitido mantener en funcionamiento el centro. Tarros de miel procedente de León que Inca-Mallorca Solidària vende en su sede a beneficio de la escuela para niños y niñas de Gaza Que la escuela no dependa de una emergencia Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades. La presidenta insiste en la importancia que tiene la educación para las familias palestinas y en la necesidad de que los niños puedan conservar una rutina en medio de unas circunstancias extraordinariamente difíciles. Triguero recibe cada día noticias de Marcel, que le envía vídeos y mensajes sobre la actividad del centro. A través de esas imágenes puede seguir la evolución de los niños, las clases y las actividades Desde Inca, entre máquinas de coser, telas de colores, pedidos de miel y cajas de material recogido, la entidad intenta sostener un proyecto que ya forma parte de la vida de 843 menores. La distancia entre el taller mallorquín y las carpas de Gaza es enorme, pero el vínculo se mantiene con cada aportación, cada producto vendido y cada persona que decide colaborar. La continuidad de la escuela depende ahora de que esa red crezca. Porque, como recuerda Triguero, los 7,50 euros mensuales por niño pueden parecer una cantidad pequeña, pero para una asociación que depende casi exclusivamente de la solidaridad ciudadana marcan la diferencia entre mantener abiertas las aulas o apagar las luces de un espacio que, para cientos de niños, es también una oportunidad de seguir siendo niños.
La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre
El Consell Executiu aprueba un nuevo paquete para reforzar la compra y promoción de vivienda pública y otorgar ayudas a jóvenes para el pago del alquiler.
El Ayuntamiento impulsa estos tres inmuebles de promoción pública con el objetivo de dar una solución de alquiler habitacional a la demanda existente en la localidad
