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Caída global de Microsoft: los servicios empiezan a funcionar, aunque con problemas puntuales de acceso (se abre en una pestaña nueva)

Una caída global de los servicios de Microsoft ha afectado desde la tarde del jueves al correo electrónico Outlook, a la plataforma de trabajo Teams y al asistente de inteligencia artificial Copilot. Más de 18 horas después de los primeros fallos, la compañía ha informado este viernes de que sus servicios en Europa se están recuperando, como el acceso a los buzones y la entrega de correos atrasados, aunque todavía no ha dado por restablecidos sus servicios. «Estamos viendo un progreso continuo en la recuperación en las regiones afectadas, con mejoras más amplias en Norteamérica, mejoras sostenidas en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia Pacífico», ha compartido la compañía en la cuenta de Microsoft 365 Status. No obstante, la empresa todavía trabaja en estabilizar la infraestructura. En el Reino Unido, el día ha dejado hasta el momento una sucesión de avisos en los que hospitales, colegios y cuerpos policiales pidieron a los ciudadanos que recurrieran al teléfono en lugar de escribir un correo o rellenar un formulario. En Escocia, algunos tribunales han tenido que aplazar vistas pese a que sus sedes permanecieron abiertas. La compañía atribuyó los problemas de conectividad a una «carga elevada» en su infraestructura y reconoció que las primeras medidas para recuperar capacidad no han dado el resultado esperado. A mediodía comunicó avances en Europa y una mejora en Norteamérica, aunque advirtió de que algunos usuarios todavía podían sufrir fallos intermitentes. Charles Lamanna, directivo de Microsoft, dijo a la BBC que la interrupción no se debía a un incidente de ciberseguridad y que no había indicios de hackeo, pero la empresa no ha detallado qué desencadenó el problema ni cuándo quedará resuelto por completo. Downdetector, una plataforma que recopila avisos de usuarios sobre fallos en servicios en línea, recibió notificaciones desde más de 70 países. Outlook registró un pico cercano a los 140.000 reportes, una cifra que no constituye un recuento de personas ni de organizaciones afectadas. La BBC situó en unos 430 millones el número de usuarios de Microsoft 365, pero esa estimación corresponde al conjunto de la plataforma, no a quienes han perdido el acceso. También hubo incidencias fuera del catálogo de Microsoft, con OpenAI y Anthropic también con problemas vinculados a servicios del grupo. En la sanidad británica, Rachel Harrison, secretaria nacional del sindicato GMB, que representa a trabajadores de los servicios de ambulancias, explicó que quienes atienden las líneas de emergencias 999, y la de atención sanitaria urgente, 111 «no pueden remitir los datos de los pacientes de la forma habitual», lo que ha provocado una acumulación considerable de trabajo. NHS England, el servicio de sanidad de Inglaterra, señaló que la avería ha afectado «inevitablemente» al trabajo del personal y que los servicios locales han activado sus protocolos para fallos informáticos, que prevén el uso de otros sistemas o de documentación en papel cuando es posible. La instrucción para los pacientes de momento es acudir a las citas salvo aviso expreso y seguir llamando al 999 en caso de emergencia. Varios centros hospitalarios en todo el país advirtieron de que ciertas consultas y solicitudes no urgentes pueden tardar más de lo habitual por los problemas en el correo del personal y en algunos sistemas administrativos. En atención primaria, el problema no es necesariamente la consulta que ya figura en la agenda, sino lo que debe ocurrir antes o después de ella. «No tenemos acceso al correo del NHS, así que no podemos ver las solicitudes de recetas ni los mensajes de los pacientes», explicó un médico de familia. Otro explicó a la BBC que no puede enviar derivaciones porque su consulta utiliza para ello el correo cifrado del servicio de salud. Además, la National Pharmacy Association señaló que algunas farmacias tienen dificultades para ponerse en contacto con los médicos de cabecera y con los pacientes, y su portavoz advirtió de que «la dispensación de algunos medicamentos con receta puede sufrir retrasos». Fuera de la sanidad, la avería ha obligado a varias fuerzas policiales a distinguir entre los avisos que pueden esperar y los que necesitan una respuesta inmediata. La policía de Dorset, entre otros cuerpos, informó de que no puede recibir formularios de su página web y pidió a quienes tengan que comunicar un asunto urgente que llamen por teléfono. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda ha enviado un aviso indicando que su «capacidad para recibir correos electrónicos se ha visto afectada por la interrupción global de Microsoft», lo que repercutía en «todas las embajadas, consulados y oficinas de representación del país en todo el mundo». El ministro de Economía de Japón , Ryosei Akazawa, advirtió en la prensa local de que la avería tendría «un impacto significativo» debido al elevado número de personas que utilizan los programas de Microsoft.

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El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)

El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.

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DeiaGeneral

El Banco de Alimentos de Bizkaia busca reunir 1,5 millones de kilos de comida para atender a 15.000 personas (se abre en una pestaña nueva)

El Banco de Alimentos de Bizkaia ha puesto en marcha este viernes la Gran Recogida de 2026, una campaña que moviliza a 4.000 voluntarios en 220 supermercados del territorio con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos durante aproximadamente seis meses a las personas beneficiarias de la entidad. Entre los productos prioritarios que solicita este año el Banco de Alimentos figuran las conservas de pescado y carne, el tomate frito, la leche y el aceite.

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El PP se compromete a invertir 40.000 millones en un pacto del agua y a reducir burocracia en el campo (se abre en una pestaña nueva)

El Partido Popular se compromete a defender una Política Agraria Común (PAC) que garantice las ayudas que necesita el sector, impulsar un pacto nacional del agua con una inversión de 40.000 millones de euros, reducir la burocracia y los impuestos que soportan agricultores y ganaderos y favorecer el relevo generacional en el campo. Son los cuatro compromisos que la candidata del PP de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Carmen Fúnez , ha trasladado a Asaja en una reunión celebrada este viernes, en el primer día de la campaña electoral, y que ha presentado como parte del proyecto de Alberto Núñez Feijóo para llegar al Gobierno de España. Fúnez ha justificado que la candidatura popular haya elegido a Asaja como primera organización sectorial con la que reunirse por el peso de la a gricultura en la provincia , donde representa el 20% del producto interior bruto y sostiene más de 30.000 explotaciones agrarias y el empleo de más de 15.000 personas. “Era obligatorio. Es responsable que el primer sector con el que nos reuniésemos fuese con Asaja y con los agricultores y ganaderos de esta provincia porque para nosotros es nuestra prioridad”, ha afirmado. La candidata popular ha descrito una situación preocupante para el sector primario : “El campo está mal. El campo está preocupado. El campo está ahogado a impuestos”. A ello ha sumado el encarecimiento de los costes de producción, con subidas durante el último año del 39% en los carburantes y del 21,5% en los fertilizantes, mientras que los precios de los productos no evolucionan al mismo ritmo que los gastos y las inversiones que afrontan las explotaciones. También ha puesto el foco en los autónomos del sector agrario, a los que ha definido como “los grandes contribuyentes del sanchismo”, al considerar que no reciben servicios públicos acordes con los impuestos que pagan. Frente a esta situación, ha defendido un sector primario más fuerte, con menos obstáculos y mayor competitividad, como condición para garantizar el futuro económico de Ciudad Real. PAC El primero de los cuatro compromisos anunciados por Fúnez es la defensa de la PAC en las negociaciones europeas del próximo marco presupuestario, correspondiente al periodo 2027-2035. La candidata ha reclamado que España acuda a Bruselas con una posición firme y argumentos suficientes para garantizar unas ayudas de las que, según ha señalado, procede entre el 17% y el 20% de la renta de los agricultores. Para ello, ha asegurado que el PP contará con un ministro o ministra de Agricultura con experiencia y conocimiento del sector, siguiendo el ejemplo de anteriores responsables populares como Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina. Agua El segundo compromiso es un pacto nacional del agua que evite que este recurso siga siendo “un elemento de confrontación política y territorial”. Fúnez ha avanzado una inversión de 40.000 millones de euros para modernizar los regadíos, mejorar las infraestructuras y llevar agua a las zonas que la necesitan. La propuesta, ha explicado, se ha calculado con aportaciones de comunidades de regantes, agricultores, ganaderos e ingenieros vinculados a la obra pública. Sobre este asunto, ha precisado que un futuro Gobierno del PP realizaría primero una auditoría hídrica para conocer la situación de los recursos y de las instalaciones de regadío. Ha recordado que Feijóo ha anunciado auditorías en todos los ministerios durante los primeros cien días de Gobierno y ha defendido que, antes de concretar las actuaciones, es necesario conocer el estado de partida. Después, ha planteado un acuerdo en el que participen todas las comunidades autónomas y que esté coordinado por el Ejecutivo central, con el objetivo de aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles. Burocracia La reducción de la burocracia y de la presión fiscal constituye el tercer compromiso. Fúnez ha criticado que los agricultores y ganaderos tengan que dedicar demasiado tiempo a realizar trámites administrativos y presentar reiteradamente la misma documentación en las oficinas comarcales agrarias. “No se puede pasar más tiempo en la oficina comarcal agraria que en tu explotación agraria”, ha señalado. En paralelo, ha defendido una bajada de impuestos para que quienes generan empleo y oportunidades dispongan de más recursos para mejorar sus explotaciones y crear puestos de trabajo. Dentro de este tercer eje, también ha reclamado más seguridad en el medio rural, con un refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir los robos en sistemas de riego, naves, almacenes y otras instalaciones agrícolas y ganaderas. Relevo generacional El cuarto compromiso pasa por impulsar el relevo generacional. Fúnez ha considerado imprescindible conseguir que los jóvenes encuentren atractivo incorporarse a la actividad agraria y asumir el liderazgo de las explotaciones, como vía para mantener vivo el medio rural. “Sin agricultura tampoco seguirán vivos nuestros pueblos”, ha advertido. Asaja reclama soluciones Por su parte, el presidente provincial de Asaja, Emilio Cepeda , ha agradecido la presencia de la candidatura popular en las instalaciones de la organización y ha expresado su deseo de que este encuentro sea “el inicio de soluciones reales” para los problemas de la agricultura y la ganadería. Cepeda ha señalado la PAC y la burocracia como algunas de las cuestiones que preocupan al sector, aunque ha situado el agua como la principal necesidad. “Sin agua no hay futuro para la agricultura”, ha afirmado, antes de reclamar las infraestructuras necesarias para que agricultores y ganaderos puedan desarrollar su actividad. El sector más importante de la provincia El presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde , ha defendido también el peso estratégico de la agricultura y la ganadería en Ciudad Real, al considerar que constituyen la base de una industria agroalimentaria que es uno de los principales valores económicos del territorio. Ha recordado que el sector genera directamente el 20% del PIB provincial y tiene además un importante efecto sobre otras actividades económicas y comerciales de los municipios. Valverde ha reclamado estabilidad y un Gobierno que defienda los intereses de los agricultores en Europa para garantizar la continuidad de la PAC, además de acabar con la burocracia que, a su juicio, está asfixiando a las explotaciones. También ha advertido del impacto de los elevados precios de los fertilizantes y los combustibles, que en ocasiones hacen inviables las explotaciones agrarias. En materia hídrica, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber tenido en cuenta las necesidades de territorios como Ciudad Real y ha reclamado una auditoría para conocer los recursos disponibles y las posibilidades de obtenerlos. Entre las actuaciones que considera necesarias ha citado las inversiones para llevar agua desde las zonas donde existe disponibilidad hasta aquellas que la necesitan, la recarga de acuíferos, especialmente en el Alto Guadiana, y la reutilización de aguas residuales para el riego. Por último, ha defendido un gran pacto nacional del agua que permita movilizar nuevos recursos y negociar con Europa teniendo en cuenta las diferencias entre los modelos agrícolas del norte del continente y los del Mediterráneo. “Sin agua, este sector que da vida a la provincia va a desaparecer y, si desaparece este sector, la provincia va a tener también un mal futuro”, ha concluido .

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Hace 2 h

Cercle d'Economia: "A Baleares llegan 20.000 personas al año, equivalente a la población de sa Pobla" (se abre en una pestaña nueva)

El Cercle d'Economia de Mallorca ha presentado este viernes el estudio La calidad de vida en Islas Baleares: una visión multidimensional, que parte de la premisa de que la medición del progreso del bienestar no puede basarse únicamente en el PIB y muestra los desequilibrios en el archipiélago. Unas islas a las que "han llegado de media 20.000 personas al año", equivalente a la población de sa Pobla, como señalaba José María Vicens, expresidente del think tank, uno de los autores. En la comunidad balear, la vivienda vale hoy un 18 % más que en 2007, mientras que la renta de sus hogares ha subido un 6 %, se destaca entre las conclusiones.

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El Ayuntamiento de Puertollano invierte en inclusión más de 600.000 euros y suma 41 personas con discapacidad en diferentes servicios de la ciudad (se abre en una pestaña nueva)

El Ayuntamiento de Puertollano ha intensificado durante los últimos tres años su política de inversión en inclusión sociolaboral, con un incremento superior al 100% de la presencia de personas con discapacidad en puestos de trabajo vinculados a los servicios municipales, a los que destina más de 600.000 euros del presupuesto municipal, según ha informado en […]

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infoLibreGeneral

El Censo deja en 113.000 el "incremento excepcional" de votantes que vio el Supremo para suspender su voto (se abre en una pestaña nueva)

El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.

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Hoy, hace 17 h

eldiario.esGeneral

Interior gastó hace un mes 70.000 euros en el spray pimienta cuyo uso acaba de suspender Marlaska (se abre en una pestaña nueva)

La Dirección de la Policía compró 790 sprays como el que rociaron los policías sobre manifestantes pacíficos y lo justifica en que se trata de "un compuesto natural que se extrae de los chiles o los pimientos picantes" y cuyo efecto tiene "escasa peligrosidad" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales El Ministerio del Interior rubricó hace un mes la compra de 790 sprays de pimienta como los utilizados por los antidisturbios de la Policía para rociar a manifestantes de la huelga general incluso cuando no hubo provocaciones previas, según denuncian los afectados y organizaciones como Amnistía Internacional. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves suprimir el empleo del gas pimienta en las actuaciones de las Unidades de Intervención Policíal (UIP), pese a que el pasado 5 de octubre su departamento firmó la adjudicación del contrato, que asciende a 71.656,20 euros, según consta en el expediente de contratación al que ha tenido acceso elDiario.es. Las imágenes de la actuación policial rociando con un bote de spray a los manifestantes apuntan al uso del modelo MK9, destinado específicamente a los antidisturbios. Se trata de un spray que incorpora como agente activo el OC o capsaicina, un compuesto natural que se extrae de los chiles o pimientos picantes. En una de las memorias del expediente de compra, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Policía defiende que la “concentración” de este agente en el MK9 es “óptima para incapacitar temporalmente a una persona sin causar daños permanentes, minimizando riesgos legales y sanitarios”. La Policía considera que se trata de un elemento disuasorio de “escasa peligrosidad”. La periodista María Barrier fue una de las personas que fue reducida por la mañana con el uso del MK9. Ante los medios, Barrier denunció este miércoles : “Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la acera (...)”Nosotras [en referencia a ella y a la artista Samantha Hudson, entre otras] no nos podíamos echar más para atrás y la gente se ha empezado a caer en el suelo y han empezado a pegar a la gente del suelo“. ”Estábamos en primera línea y nos han echado a Laura, a Samantha y a mí directamente el spray en los ojos, el oído y las vías respiratorias“, añadió. Las mujeres explicaron que tenían que haber sido atendidas por los servicios sanitarios porque quedaron cegadas por un espacio de tiempo. Por la noche, otro vídeo muestra a los agentes rociando con gas pimienta en plena Gran Vía a un sin techo que no participaba en la protesta. La Policía, en su memoria, insiste en que el MK9 “permitirá resolver incidentes violentos reduciendo el riesgo de lesiones graves y sin necesidad de recurrir a otros medios más agresivos o armas letales”. “Un equipamiento adecuado transmite confianza a la población, incrementando la legitimidad de las intervenciones policiales”. “En resumen, la compra de sprays de defensa MK9 no solo responde a una solicitud de las unidades operativas, sino también a una fundada necesidad funcional y operativa; a la vez que se asegura la actualización y adecuación de los recursos del cuerpo policial, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el desempeño de sus labores”, remata el documento interno. El plazo de entrega de los 790 sprays acaba el próximo enero. Los sindicatos de clase denunciaron cargas “desproporcionadas” contra los piquetes a lo largo de la jornada de huelga general y Amnistía Internacional España criticó “actuaciones policiales preocupantes” en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada o Santiago. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante las cargas, y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos en Madrid. Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos da cuenta de golpes con las defensas policiales a personas que protestaban pacíficamente“, el lanzamiento de spray pimienta ”de forma indiscriminada contra la multitud“ y ”numerosas personas atendidas por los servicios sanitarios y algunos traslados al hospital“. Otros gases pimienta y lacrimógenos que seguirán en uso El spray MK9 de los antidisturbios tiene otra modalidad, la MK3, con la misma composición, pero un tamaño menor que se destina a policías nacionales en funciones de seguridad ciudadana y que, por tanto, portan los miembros de las patrullas. Estos últimos se compran por miles frente a la adquisición de los cientos que se destinan a las UIP. El spray pimienta del MK3 seguirá siendo utilizado en intervenciones en la calle de seguridad ciudadana. Se trata de modelos similares al que introdujo la portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez. En la jornada de huelga general se utilizó también una tercera modalidad, gases lacrimógenenos disparados con las denominadas bocachas, las mismas escopetas que se utilizan también para lanzar botes de humo. Estos gases lacrimógenos tienen la denominación técnica de ATL (Artificios Triple Lacrimógenos), de los que se adquirieron 24.000 unidades en 2025 a través de un contrato de 2.057.000 euros que también incluía 44.000 unidades de ATF (Artificios Triple Fumígenos), más conocidos como botes de humo. La utilización de gases lacrimógenos lanzados con escopetas no será sometida a revisión, precisan fuentes de Interior. Fuentes policiales explican que no es la primera vez que se utiliza el spray pimienta en funciones de orden público. En este sentido apuntan al uso del mismo durante los duros enfrentamientos entre manifestantes y policías con motivo de las movilizaciones de Rodea el Congreso de 2012 y años posteriores. A última hora de la tarde del jueves, Marlaska afirmó: “Ayer se produjo una cuestión compleja de orden público en toda España; dicho esto hubo alguna de las imágenes, algunas de las actuaciones, que en un principio no gustan y no coinciden con los principios de proporcionalidad”. Marlaska añadió que el uso del gas pimienta queda suspendido hasta que se revisen los protocolos de actuación de las UIP y anunció una “investigación interna específica” de lo ocurrido. Este viernes, Interior informó de que la Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el uso del espray de defensa personal para que no sea utilizado en operaciones de orden público. Una adjudicataria próxima al PP El procedimiento para la adquisición de las 790 unidades de spray MK9 se anunció en junio pasado. Se presentaron cuatro empresas, pero el contrato se lo llevó Falken SAU, como viene ocurriendo en la adjudicación de material antidisturbios con distintos gobiernos. La empresa es propiedad de la familia Bardisa Jordá, vinculada al Partido Popular a través de uno de los hermanos, que no pertenece a la misma y que fue diputado nacional en tres legislaturas. Falken SAU se impuso gracias a ofertar el producto más barato, 35 euros por gas pimienta, 14,95 euros más barata que la segunda oferta más ventajosa de las cuatro presentadas. Ante la “apreciación de oferta anormalmente baja”, la empresa argumento que es referente internacional en la fabricación de material antidisturbios, que es fabricante y distribuidor y que eso le permite reducir mucho los costes. Falken SAU también presentó las adjudicaciones de contratos a otros cuerpos de seguridad del Estado a quien hizo ventas en rangos de precios similares. Las alegaciones fueron aceptadas por el Ministerio del Interior.

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Ayer

La vivienda saca a Almería a la calle: más de 2.000 personas desafían la lluvia en una movilización histórica (se abre en una pestaña nueva)

Personas de todas las edades y llegadas de distintos puntos de la provincia recorren la capital en defensa de una vivienda digna y salarios justos

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Hace 2 días

Hace 6 días

La Junta renueva el programa 'Volver Castilla y León' con ayudas de 5.000 euros (se abre en una pestaña nueva)

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago , ha rubricado este viernes el nuevo convenio de colaboración junto al presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León), Santiago Aparicio , y al responsable del Consejo de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo . Dicho acuerdo tiene como finalidad poner en marcha una nueva edición del programa 'Volver Castilla y León' , articulando un respaldo económico tanto para las empresas que incorporen a ciudadanos residentes fuera de la autonomía como para aquellos que decidan retornar para iniciar su propio negocio. Con la suscripción de este documento, las instituciones implicadas dan continuidad a las labores de información, asesoramiento y acompañamiento dirigidas a los ciudadanos originarios de este territorio que habitan en el exterior y albergan el deseo de regresar para desarrollar su vida laboral en la Comunidad. La formalización del acuerdo en el momento actual obedece a la necesidad de que las entidades colaboradoras dispongan a la mayor brevedad de los recursos y del marco de actuación oportunos para ejecutar la iniciativa durante el resto de 2026 , garantizando así una atención ágil a las personas interesadas en el retorno. Para materializar este objetivo, la convocatoria contempla dos líneas de subvenciones individuales, dotadas cada una de ellas con 5.000 euros . La primera vertiente se orienta a las empresas asentadas en la Comunidad que contraten por cuenta ajena a trabajadores originarios de la región que residan fuera de ella, exigiéndose para ello que el vínculo laboral mantenga una duración mínima de un año . Por su parte, la segunda modalidad respalda a quienes regresen al territorio autonómico para establecerse como trabajadores autónomos e impulsar una actividad empresarial o profesional. En lo que respecta a la dotación presupuestaria, el Ejecutivo autonómico aporta una partida global de 400.000 euros , cuantía que se distribuirá a partes iguales entre las dos organizaciones encargadas de gestionar los fondos, correspondiendo 200.000 euros a cada una de ellas. De este modo, tanto la patronal como la institución cameral asumirán tareas de difusión de la convocatoria, además de prestar atención y asesoramiento directo a los potenciales beneficiarios. Asimismo, ambas entidades desplegarán actuaciones de apoyo al emprendimiento, al tiempo que llevarán a cabo encuestas y labores de seguimiento orientadas a conocer con precisión el perfil profesional de las personas interesadas en retornar, así como las necesidades reales de contratación que presentan las empresas. Toda esta línea de trabajo se encuadra dentro del IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028 , un documento que fija entre sus propósitos esenciales el fomento del regreso y la plena integración social, económica y laboral de quienes viven fuera de las fronteras autonómicas. Complementariedad de las ayudas y previsiones para 2027 Cabe señalar que esta iniciativa se complementa con otras medidas de estímulo al retorno promovidas desde la Consejería de la Presidencia, entre las que figura el denominado Pasaporte de Vuelta . Esta línea específica de subvenciones directas para quienes regresan a la Comunidad ofrece importes que pueden alcanzar los 6.600 euros , variando en función de parámetros como la edad del solicitante, la existencia de hijos a cargo o el lugar fijado para la residencia, prestando una atención especial al asentamiento en el medio rural . Así las cosas, toda vez que ambas líneas de apoyo resultan compatibles entre sí, la suma de las dos convocatorias permitiría que las cuantías individuales percibidas por las personas retornadas lleguen a alcanzar hasta los 11.600 euros . Mirando ya hacia el próximo ejercicio de 2027 , y tal como avanzó el propio González Gago durante su comparecencia de presupuestos en las Cortes, la previsión que maneja la administración autonómica pasa por incrementar la dotación de este programa hasta los 500.000 euros , lo que se traducirá en un reparto de 250.000 euros para cada una de las entidades colaboradoras.

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Hace 7 días

Diario JaénGeneral

¿Su municipio tiene menos de 20.000 habitantes? Consulte las subvenciones de la Diputación de Jaén (se abre en una pestaña nueva)

La Diputación de Jaén ha convocado las subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Jaén de municipios menores de 20.000 habitantes para la ejecución de programas de políticas sociales, así como para implementar los planes provinciales de juventud y de igualdad durante el año 2027. La Administración provincial ha dotado con más de 1,88 millones de euros estas ayudas, que también permitirán a los municipios el desarrollo de programas de intervención social con infancia y familia, de desarrollo comunitario, de atención a inmigrantes, el mantenimiento de centros de día para personas mayores o la realización de proyectos destinados al colectivo Lgtbiq+. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 13 de noviembre. “Con estas ayudas facilitamos que los ayuntamientos puedan llevar a cabo actuaciones muy importantes con diversos colectivos como la infancia y las familias, los migrantes, las personas mayores o los trabajadores temporeros. Por eso, los consistorios nos solicitan y participan en todas estas líneas que les permiten atender las necesidades de muchas personas en sus municipios”, señala la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina. Así, esta convocatoria destina más de 180.000 euros para apoyar la implementación por los ayuntamientos de las actuaciones contempladas en sus planes municipales de juventud, la elaboración de estos planes o la puesta en marcha de algunas iniciativas con carácter local contempladas en el Plan Provincial de Juventud. Además, se reserva una partida similar para la ejecución de los planes municipales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o la elaboración de los mismos. La línea más cuantiosa de esta convocatoria de ayudas es para el programa de intervención social comunitaria con infancia y familia, dotada con 891.000 euros. En este apartado se encuentran los programas de prevención sociosanitaria en familias con menores de 0 a 4 años; los de apoyo para el buen funcionamiento familiar; los dirigidos al fomento de la participación de la infancia; el programa aulas abiertas; las acciones de promoción e inclusión social de las personas con diversidad funcional y su familia en el entorno comunitario; y los programas de atención a hijos e hijas de trabajadores temporeros. Esta convocatoria de ayudas también cuenta con un presupuesto de 185.000 euros para impulsar programas sociales orientados al desarrollo comunitario. En esta línea se pueden incluir acciones, proyectos e iniciativas dirigidas a mejorar la vida de la comunidad mediante la participación activa de sus habitantes. Entre ellos, los ayuntamientos podrán solicitar financiación para programas de intervención comunitaria en situaciones de soledad no deseada, para actividades de mentoría social o para proyectos intergeneracionales. Otra de las líneas de actuación de estas subvenciones son los programas de intervención social con inmigrantes, que cuenta con una partida económica de más de 244.000 euros. Los ayuntamientos pueden solicitar estas ayudas para ofrecer una atención integral en los albergues municipales, así como para iniciativas que promuevan la inclusión sociolaboral y la convivencia intercultural de las personas inmigrantes. Por último, para el mantenimiento de los centros de día municipales para personas mayores se contempla una partida de 103.500 euros, mientras que para la realización de proyectos destinados al colectivo Lgtbiq+ se reservan otros 100.000 euros.

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