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Cuerpo nombra a Inmaculada Gutiérrez nueva presidenta de Renfe y sitúa a Joaquim Hortalà al frente de Adif (se abre en una pestaña nueva)

El Consejo de Ministros aprueba los cambios al frente de las dos empresas públicas que suponen el cese de Álvaro Fernández Heredia como presidente del operador ferroviario Sánchez encarga al vicepresidente Carlos Cuerpo la gestión de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente El Consejo de Ministros ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo nueva presidenta de Renfe, en sustitución de Álvaro Fernández Heredia. También ha aprobado el nombramiento de Joaquim Hortalà como nuevo presidente de Adif. El anterior presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias, Luis Pedro Marco de la Peña, presentó su renuncia el pasado 4 de noviembre . Hay que recordar que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asumió la cartera de Transportes ese mismo día , tras la renuncia de Óscar Puente en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados sobre el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). El relevo al frente de las dos empresas públicas es, por tanto, una de las primeras grandes decisiones de Cuerpo como responsable de Transportes y se produce unos días antes de la huelga en el sector ferroviario convocada para este miércoles 17 de noviembre. Se lleva a cabo, también, después de la aprobación de un paquete de medidas para reforzar la seguridad ferroviaria, lo que supuso posponer la convocatoria del paro de maquinistas previsto para el pasado jueves 12 de noviembre. Los cambios apuntan, por tanto, a un giro de de estrategia y a la apertura de una nueva etapa en la empresa ferroviaria y en el gestor de infraestructuras. Trayectorias en Competencia y en Renfe En cuanto a los nombramientos, se trata de dos perfiles técnicos, con experiencia en Competencia y en el sector ferroviario. Inmaculada Gutiérrez Carrizo, sustituirá a Álvaro Fernández Heredia desde este mismo viernes. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Gutiérrez Carrizo ejercía, hasta ahora, como directora general de Renfe Proyectos Internacional, con responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados. Según fuentes de la vicepresidencia, “cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado, en empresas privadas y públicas”. “Con anterioridad, en la Administración Pública ha desempeñado, entre otros, el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) y ha sido además consejera Económica y Comercial de España en Estados Unidos”, añaden. Por su parte, Joaquim Hortalà i Vallvé ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004. Posteriormente, entre 2010 y 2011, ocupó un puesto como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento. En enero de 2013, Hortalà fue nombrado secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Con la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en octubre de ese mismo año, pasó a desempeñar el puesto de director de la Asesoría Jurídica de la institución y, en 2017, fue nombrado secretario del Consejo de la CNMC, responsabilidad que ejerció hasta 2021. Entre 2022 y 2024 fue director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Posteriormente, en abril de 2024, fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026.

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El PluralGeneralEspaña

El Gobierno cesa al presidente de Renfe y consuma el relevo en Adif tras el accidente de Urda (se abre en una pestaña nueva)

El Gobierno ha cesado al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, después del accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas a finales de octubre. El Consejo de Ministros ha aprobado su cese este viernes, y ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva dirigente del operador ferroviario. A su vez, el Ministerio de Transportes -ahora en manos del vicepresidente Carlos Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente- ha nombrado a Joaquim Hortalà i Vallvé como nuevo presidente de Adif, después de la dimisión, tras la tragedia, del anterior titular, Luis Pedro Marco. De esta manera, se consuma un nuevo movimiento tras el segundo siniestro del año en la alta velocidad española, que suma 115 fallecidos en nueve meses. El Gobierno agradece a Fernández Heredia "su labor estos años", y nombra como su remplazo a Gutierrez, hasta ahora directora general de Renfe Proyectos Internacional, "donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados". En el caso de Adif, el Consejo de Ministros encumbra a Hortalà, que fue secretario general de Renfe Operadora hasta julio de 2026, "y, a lo largo de casi una década en la autoridad de competencia, participó en la supervisión de los mercados regulados, entre ellos el ferroviario", según el comunicado del Ministerio de Economía. En el caso del administrador de las infraestructuras, Marco presentó su dimisión a Cuerpo el pasado 4 de noviembre, el mimo día en que este asumió la cartera de Transportes que dejó Puente una semana después de la tragedia. Cuerpo la calificó de decisión "acertada" y señaló la necesidad de recuperar la confianza en el sistema ferroviario. Los nuevos presidentes de Renfe y Adif Para ese proceso, el vicepresidente confía ahora en Joaquim Hortalà i Vallvé como responsable de las infraestructuras. Abogado del Estado desde 2004 y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Hortalà cuenta con una amplia trayectoria en la Administración pública y en organismos reguladores. Entre 2013 y 2021 desempeñó distintas responsabilidades en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde llegó a ser secretario de su Consejo. Posteriormente, ejerció como director jurídico en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, en mayo de 2024, se incorporó a Renfe como secretario general y del Consejo de Administración, además de asumir la responsabilidad de su Asesoría Jurídica. Su nombramiento al frente de Adif supone la llegada de un perfil eminentemente jurídico y regulatorio a la gestión de las infraestructuras ferroviarias. El Gobierno destaca su trayectoria, que "combina la experiencia en el operador público con una visión del sistema ferroviario desde el regulador, la Administración y la gestión de entidades públicas". En el caso de Inmaculada Gutiérrez Carrizo, el Ministerio la señala como formada "en la defensa de la competencia, un ámbito clave ahora que Renfe compite con otros operadores en el mercado de viajeros". licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos...

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Cuerpo nombra a Inmaculada Gutiérrez nueva presidenta de Renfe y sitúa a Joaquim Hortalà al frente de Adif (se abre en una pestaña nueva)

El Consejo de Ministros aprueba los cambios al frente de las dos empresas públicas que suponen el cese de Álvaro Fernández Heredia como presidente del operador ferroviario Sánchez encarga al vicepresidente Carlos Cuerpo la gestión de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente El Consejo de Ministros ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo nueva presidenta de Renfe, en sustitución de Álvaro Fernández Heredia. También ha aprobado el nombramiento de Joaquim Hortalà como nuevo presidente de Adif. El anterior presidente del gestor de infraestructuras ferroviarias, Luis Pedro Marco de la Peña, presentó su renuncia el pasado 4 de noviembre . Hay que recordar que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asumió la cartera de Transportes ese mismo día , tras la renuncia de Óscar Puente en su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados sobre el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). El relevo al frente de las dos empresas públicas es, por tanto, una de las primeras grandes decisiones de Cuerpo como responsable de Transportes y se produce unos días antes de la huelga en el sector ferroviario convocada para este miércoles 17 de noviembre. Se lleva a cabo, también, después de la aprobación de un paquete de medidas para reforzar la seguridad ferroviaria, lo que supuso posponer la convocatoria del paro de maquinistas previsto para el pasado jueves 12 de noviembre. Los cambios apuntan, por tanto, a un giro de de estrategia y a la apertura de una nueva etapa en la empresa ferroviaria y en el gestor de infraestructuras. Trayectorias en Competencia y en Renfe En cuanto a los nombramientos, se trata de dos perfiles técnicos, con experiencia en Competencia y en el sector ferroviario. Inmaculada Gutiérrez Carrizo, sustituirá a Álvaro Fernández Heredia desde este mismo viernes. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Gutiérrez Carrizo ejercía, hasta ahora, como directora general de Renfe Proyectos Internacional, con responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados. Según fuentes de la vicepresidencia, “cuenta con una extensa trayectoria en puestos de responsabilidad y de gestión en la Administración General del Estado, en empresas privadas y públicas”. “Con anterioridad, en la Administración Pública ha desempeñado, entre otros, el cargo de vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y de consejera de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) y ha sido además consejera Económica y Comercial de España en Estados Unidos”, añaden. Por su parte, Joaquim Hortalà i Vallvé ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 2004. Posteriormente, entre 2010 y 2011, ocupó un puesto como abogado del Estado en el Ministerio de Fomento. En enero de 2013, Hortalà fue nombrado secretario del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Con la constitución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en octubre de ese mismo año, pasó a desempeñar el puesto de director de la Asesoría Jurídica de la institución y, en 2017, fue nombrado secretario del Consejo de la CNMC, responsabilidad que ejerció hasta 2021. Entre 2022 y 2024 fue director jurídico del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Posteriormente, en abril de 2024, fue designado secretario general de Renfe Operadora y de los consejos de sus sociedades participadas, cargo que desempeñó hasta julio de 2026.

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

Las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de control sobre la violencia policial (se abre en una pestaña nueva)

Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .

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Hace 7 días

eldiario.esCultura

¿Tiene la cultura derecho a huelga? (se abre en una pestaña nueva)

Algunas empresas promotoras de espectáculos teatrales han movido la función prevista para el miércoles 11 de noviembre al día libre de esa semana, para evitar coincidir con el paro de ese día Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, David Uclés y más de 750 firmas apoyan la huelga del 11N: “La cultura también para” Suscríbete - Este texto forma parte del boletín de Cultura, suscríbete para recibirlo antes junto a la agenda cultural todos los viernes ¿Que hay huelga general el día 11? No pasa nada, pasamos la función al 9 y arreglado. Y habrá a quien esta táctica en el sector escénico le parezca lógico. Pero no es así: los sindicatos CGT y CNT han denunciado que es una vulneración del derecho a huelga . El Teatro Real mandó un comunicado hace más de una semana anunciado que la función de Las bodas de Fígaro coincidente con la convocatoria del 11N se adelantaba al lunes “por razones de seguridad y para prevenir posibles incidencias en la movilidad del transporte público o eventuales cortes de circulación” que afectarían al público, artistas y trabajadores. “Con esta medida, el Teatro Real quiere garantizar y compaginar el derecho a la huelga de la plantilla con el compromiso con el público”, añade el comunicado. Pero es radicalmente lo contrario: si la empresa te da el día libre porque hay una huelga, te está impidiendo ejercer tu derecho a huelga, razonan los sindicatos. Y luego, esto ya es otro tema sobre el que también podemos pensar, habría que evaluar qué significa el compromiso con el público y desde qué punto de vista se entiende. Se me ocurren dos maneras de mirarlo. Desde un punto de vista ético, el compromiso con el público significa tratarle como un igual, ser honesto, transparente con las estructuras, devolverle, a cambio del precio pagado por su entrada, el mejor acto artístico que pueda tener lugar en esas condiciones. Desde un punto de vista comercial, el compromiso con el público significa vender entradas, siempre, a cualquier precio, a cualquier coste. Igual esto se queda corto para la gran complejidad del verbo comprometer. El Teatro Real, acaban de anunciar los sindicatos, va a recibir una protesta a sus puertas el lunes , justo a la hora de la representación movida de fecha. El lunes ya no es el día de descanso Esto ocurre en muchos otros sitios. En el Auditorio Nacional, el gran templo madrileño de la música clásica que depende del Ministerio de Cultura, ese día acoge programación externa, realizada por promotores privados. Estaba previsto así desde antes. Cultura ha dicho que no cancelará o aplazará ninguna función programada ese día, pero al haber alquilado el espacio se ve aquí sujeto a contratos con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid y la Filarmónica Checa. (Hemos preguntado por las consecuencias de esto: si los promotores cancelan, el INAEM les penalizará, entre otras cosas, con no poder alquilar el Auditorio en tres años. Si finalmente no se realizan estas funciones por huelga de trabajadores del INAEM o de los promotores, el Ministerio les guardará la tasa de alquiler para otro día). Que sepamos, la única empresa que ha rectificado tras las denuncias de los representantes de los trabajadores es la compañía de producción de musicales Stage Entertainment, que tiene un importante peso en la capital. La promotora de El rey león y El alma al aire , que también había movido funciones para despejar el 11N, finalmente decidió que no habría función ni un día ni otro, pero además haciendo constar el 11 de noviembre como día laborable . Es decir, se pueden hacer las cosas bien si se quiere. Los sindicatos señalaron la misma mala práctica en las funciones de Six, Un Dios salvaje o Victoria (Grupo Smedia) o en Los miserables (ATG Entertainment), que ha cambiado la función del día 11 al 8. Aquí Laura García Higueras cuenta qué otros espectáculos de Madrid han reubicado los pases previstos en el día de huelga. Y en Barcelona, se ha denunciado a la Inspección de Trabajo al Liceu, por el traslado al 12 de noviembre de la representación de la ópera I Capuleti e i Montecchi, inicialmente prevista para el día de la huelga, y ha anunciado también la reprogramación de la función escolar de Trencanous-jazz que debía celebrarse aquella mañana. El compromiso entre público y artistas del que hablábamos antes es bidireccional, así que los espectadores también tienen alguna responsabilidad. Como señala medio centenar de organizaciones, entre ellas Facua, Justicia Alimentaria o Ecologistas en Acción, esta es también una huelga de consumo . Por ello, además de parar la producción como trabajadores, los consumidores pueden no demandar, ya que toda acción de consumo conlleva una necesidad de producción al otro lado. La ciudadanía se va a movilizar por el derecho a la vivienda y la vida digna quedándose quieta durante 24 horas la semana que viene, una estrategia de la clase trabajadora que por supuesto apela también al sector cultural. Con el lema “La cultura también para”, el sector ha presentado este viernes un manifiesto en el que aporta razones para la huelga que no son solo el derecho a la vivienda estable, sino también el respeto al derecho de huelga y a los derechos sindicales en las instituciones culturales. Además, señalan otras reivindicaciones más concretas como un régimen de autónomos y una fiscalidad adaptados a ingresos intermitentes y retomar las reformas legislativas paradas, con la Ley del Cine, bloqueada en 2023 y otra vez en 2026 con el abrupto fin de la legislatura.

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