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7 noticias

El Partido Popular se compromete a defender una Política Agraria Común (PAC) que garantice las ayudas que necesita el sector, impulsar un pacto nacional del agua con una inversión de 40.000 millones de euros, reducir la burocracia y los impuestos que soportan agricultores y ganaderos y favorecer el relevo generacional en el campo. Son los cuatro compromisos que la candidata del PP de Ciudad Real al Congreso de los Diputados, Carmen Fúnez , ha trasladado a Asaja en una reunión celebrada este viernes, en el primer día de la campaña electoral, y que ha presentado como parte del proyecto de Alberto Núñez Feijóo para llegar al Gobierno de España. Fúnez ha justificado que la candidatura popular haya elegido a Asaja como primera organización sectorial con la que reunirse por el peso de la a gricultura en la provincia , donde representa el 20% del producto interior bruto y sostiene más de 30.000 explotaciones agrarias y el empleo de más de 15.000 personas. “Era obligatorio. Es responsable que el primer sector con el que nos reuniésemos fuese con Asaja y con los agricultores y ganaderos de esta provincia porque para nosotros es nuestra prioridad”, ha afirmado. La candidata popular ha descrito una situación preocupante para el sector primario : “El campo está mal. El campo está preocupado. El campo está ahogado a impuestos”. A ello ha sumado el encarecimiento de los costes de producción, con subidas durante el último año del 39% en los carburantes y del 21,5% en los fertilizantes, mientras que los precios de los productos no evolucionan al mismo ritmo que los gastos y las inversiones que afrontan las explotaciones. También ha puesto el foco en los autónomos del sector agrario, a los que ha definido como “los grandes contribuyentes del sanchismo”, al considerar que no reciben servicios públicos acordes con los impuestos que pagan. Frente a esta situación, ha defendido un sector primario más fuerte, con menos obstáculos y mayor competitividad, como condición para garantizar el futuro económico de Ciudad Real. PAC El primero de los cuatro compromisos anunciados por Fúnez es la defensa de la PAC en las negociaciones europeas del próximo marco presupuestario, correspondiente al periodo 2027-2035. La candidata ha reclamado que España acuda a Bruselas con una posición firme y argumentos suficientes para garantizar unas ayudas de las que, según ha señalado, procede entre el 17% y el 20% de la renta de los agricultores. Para ello, ha asegurado que el PP contará con un ministro o ministra de Agricultura con experiencia y conocimiento del sector, siguiendo el ejemplo de anteriores responsables populares como Loyola de Palacio, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina. Agua El segundo compromiso es un pacto nacional del agua que evite que este recurso siga siendo “un elemento de confrontación política y territorial”. Fúnez ha avanzado una inversión de 40.000 millones de euros para modernizar los regadíos, mejorar las infraestructuras y llevar agua a las zonas que la necesitan. La propuesta, ha explicado, se ha calculado con aportaciones de comunidades de regantes, agricultores, ganaderos e ingenieros vinculados a la obra pública. Sobre este asunto, ha precisado que un futuro Gobierno del PP realizaría primero una auditoría hídrica para conocer la situación de los recursos y de las instalaciones de regadío. Ha recordado que Feijóo ha anunciado auditorías en todos los ministerios durante los primeros cien días de Gobierno y ha defendido que, antes de concretar las actuaciones, es necesario conocer el estado de partida. Después, ha planteado un acuerdo en el que participen todas las comunidades autónomas y que esté coordinado por el Ejecutivo central, con el objetivo de aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles. Burocracia La reducción de la burocracia y de la presión fiscal constituye el tercer compromiso. Fúnez ha criticado que los agricultores y ganaderos tengan que dedicar demasiado tiempo a realizar trámites administrativos y presentar reiteradamente la misma documentación en las oficinas comarcales agrarias. “No se puede pasar más tiempo en la oficina comarcal agraria que en tu explotación agraria”, ha señalado. En paralelo, ha defendido una bajada de impuestos para que quienes generan empleo y oportunidades dispongan de más recursos para mejorar sus explotaciones y crear puestos de trabajo. Dentro de este tercer eje, también ha reclamado más seguridad en el medio rural, con un refuerzo de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir los robos en sistemas de riego, naves, almacenes y otras instalaciones agrícolas y ganaderas. Relevo generacional El cuarto compromiso pasa por impulsar el relevo generacional. Fúnez ha considerado imprescindible conseguir que los jóvenes encuentren atractivo incorporarse a la actividad agraria y asumir el liderazgo de las explotaciones, como vía para mantener vivo el medio rural. “Sin agricultura tampoco seguirán vivos nuestros pueblos”, ha advertido. Asaja reclama soluciones Por su parte, el presidente provincial de Asaja, Emilio Cepeda , ha agradecido la presencia de la candidatura popular en las instalaciones de la organización y ha expresado su deseo de que este encuentro sea “el inicio de soluciones reales” para los problemas de la agricultura y la ganadería. Cepeda ha señalado la PAC y la burocracia como algunas de las cuestiones que preocupan al sector, aunque ha situado el agua como la principal necesidad. “Sin agua no hay futuro para la agricultura”, ha afirmado, antes de reclamar las infraestructuras necesarias para que agricultores y ganaderos puedan desarrollar su actividad. El sector más importante de la provincia El presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde , ha defendido también el peso estratégico de la agricultura y la ganadería en Ciudad Real, al considerar que constituyen la base de una industria agroalimentaria que es uno de los principales valores económicos del territorio. Ha recordado que el sector genera directamente el 20% del PIB provincial y tiene además un importante efecto sobre otras actividades económicas y comerciales de los municipios. Valverde ha reclamado estabilidad y un Gobierno que defienda los intereses de los agricultores en Europa para garantizar la continuidad de la PAC, además de acabar con la burocracia que, a su juicio, está asfixiando a las explotaciones. También ha advertido del impacto de los elevados precios de los fertilizantes y los combustibles, que en ocasiones hacen inviables las explotaciones agrarias. En materia hídrica, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber tenido en cuenta las necesidades de territorios como Ciudad Real y ha reclamado una auditoría para conocer los recursos disponibles y las posibilidades de obtenerlos. Entre las actuaciones que considera necesarias ha citado las inversiones para llevar agua desde las zonas donde existe disponibilidad hasta aquellas que la necesitan, la recarga de acuíferos, especialmente en el Alto Guadiana, y la reutilización de aguas residuales para el riego. Por último, ha defendido un gran pacto nacional del agua que permita movilizar nuevos recursos y negociar con Europa teniendo en cuenta las diferencias entre los modelos agrícolas del norte del continente y los del Mediterráneo. “Sin agua, este sector que da vida a la provincia va a desaparecer y, si desaparece este sector, la provincia va a tener también un mal futuro”, ha concluido .
El 30 de octubre de 2026, la ONU no renovó el mandato a la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), por lo que la organización y los medios sobre el terreno deberán ser completamente desmantelados antes de fin de año . Los vetos cruzados de Estados Unidos y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, impidieron, primero, que la misión se transformara en apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos y, después, que continuara como hasta ahora con la reclamación del referéndum. El multilateralismo internacional cede una vez más ante el nuevo orden mundial de alianzas de las grandes potencias. Es cierto que el mandato del referéndum de autodeterminación era cada vez más irreal, por el simple transcurso del tiempo unido a la consiguiente reducción del censo de votantes de la antigua colonia española. Cinco décadas no pasan en balde y la realidad social saharaui se ha ido transformando con la llegada masiva de población originaria del norte. Marruecos, que ocupó el territorio inmediatamente después de la salida precipitada de las tropas españolas en 1976, expulsó a fuego a los residentes saharauis a la frontera argelina (campos de refugiados de Tinduf) y construyó un sistema de muros de protección en el desierto de 2700 kilómetros, domina en la actualidad las principales ciudades y recursos con una superioridad militar aplastante en la zona. La resistencia saharaui frente a la ocupación marroquí se organizó en el exilio en torno al Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Sanguía el Hamra y Río de Oro), que venía actuando desde 1973 contra la administración colonial como rama militar de un movimiento nacionalista por la independencia, con el apoyo de los nuevos países surgidos de la descolonización, significativamente Argelia y Libia. Tras el abandono forzado del ejército español y la firma del claudicante Tratado de Madrid, siguiendo los modelos de movimientos de liberación nacional de la época, se constituye la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), apoyada por la mayoría de los países de la Unión Africana, aunque con un reconocimiento internacional siempre limitado. El conflicto durante estos cincuenta años ha pasado por diversas fases. En los primeros años se empleó la táctica de lucha armada hasta entrados los años ochenta en que, al tiempo que se debilitaba el apoyo externo, se estabilizaba la zona con los muros y defensas marroquíes. Comienza una nueva etapa esperanzadora con el alto el fuego de 1991, auspiciado por Naciones Unidas; en este tiempo, y en el marco del despliegue de la MINURSO, se suceden diversos planes fallidos de resolución y pronunciamientos de la jurisdicción internacional , coincidentes en negar título alguno a la soberanía marroquí y en demandar la conformidad de la población residente. En 2007, Marruecos presenta un plan de autonomía para legalizar su dominio de facto , inicia la construcción de infraestructuras estratégicas y despliega una acción diplomática global de obtención de apoyos, mientras que mantiene el control policial sistemático de los activistas, la presión sobre España como referente saharaui y la represión de los disturbios y protestas ocasionales, que encarnan un sentimiento nacionalista nunca extinguido. En noviembre de 2020, fuerzas marroquíes penetran en Mauritania por el puesto fronterizo de Guerguerat para desbloquear el paso tomado por activistas civiles saharauis, lo que supone la reactivación formal del conflicto , aunque ya degradado por la situación de pandemia y el desgaste de décadas de resistencia. Se suceden los incidentes armados en los años siguientes hasta la actualidad, marcados por una gran asimetría de medios: ataques convencionales de cohetes de artillería anticuados frente a drones israelíes de última generación. Precisamente en una operación de inteligencia, ejecutada con estos artefactos aéreos, Rabat ha eliminado a Mohammed Abdelaziz, hijo del histórico líder saharaui y considerado el delfín del régimen de Tifariti. Afianzado el dominio del territorio, combinando tanto la inversión como la represión, Marruecos ha esperado pacientemente a madurar el flanco diplomático hasta obtener una coyuntura internacional favorable a sus propósitos expansionistas. En 2022 Estados Unidos, bajo la administración Trump, ratifica los planes de su aliado histórico, movimiento al que se aproximan sucesivamente el núcleo de la Unión Europa con Alemania, Francia y, en un viraje inesperado, España. El Ministerio de Asuntos Exteriores pasa así de defender el principio de autodeterminación en 2020 a suscribir en una declaración conjunta de 2025 como la solución más factible "una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí", posición que ya estaba anticipada en la carta del 7 de abril de 2022 del presidente Sánchez al rey de Marruecos, en la que se calificaba el plan marroquí como "la base más seria, realista y creíble" para resolver el diferendo. El gobierno español no ha explicitado el giro imprimido a su política respecto al Sahara Occidental, que vulnera el compromiso moral adquirido con el pueblo saharaui, pero es evidente que está directamente conectado con la superación de la crisis provocada en mayo de 2021 con la entrada descontrolada en Ceuta de miles de migrantes, que mostró la vulnerabilidad de la frontera sin el control de flujos del país vecino. La relación bilateral se congeló en todos sus rubros durante un año hasta la reactivación mediante una carta del presidente Sánchez al rey Mohamed VI en la que se consuma el cambio drástico en la posición española tradicional sobre la cuestión saharaui. Sin embargo, la repetición del fenómeno, multiplicado por diez, en agosto de este año, naturalmente ha añadido perplejidad sobre los pactos alcanzados y los pretendidos beneficios de la cooperación en materia migratoria y de seguridad de la concesión española. La cancelación de la MINURSO , aunque su misión fuera disfuncional desde hacía años, tiene importantes implicaciones para las partes y la estabilidad general de la zona . Respecto a la evolución del conflicto armado, la tentación de una escalada militar al desaparecer la vigilancia que ejercía la observación internacional, unida a un mayor aislamiento político del conflicto, reduce la presión internacional por una solución acordada. En cuanto a la población saharaui, con la pérdida de presencia institucional y supervisión de la situación sobre el terreno, es mayor la indefensión de la resistencia interna de la zona ocupada y se dibuja un incierto futuro para los campos de refugiados. En términos geoestratégicos, la seguridad y estabilidad regional queda controlada por Rabat como actor principal , que avanza en la obtención de una primera pieza del puzle del llamado Gran Marruecos.

En el Paseo del Prado de Madrid, frente al museo, hay una torre de ladrillo de dieciséis plantas que Franco inauguró en 1955. Era la Casa Sindical, sede del Sindicato Vertical. Aquel invento reunía a patronos y obreros en la misma organización , como el zorro y las gallinas. Hoy alberga los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales; y en julio de 2025, el Consejo de Ministros lo declaró Bien de Interés Cultural. Setenta años después, cabría preguntarse: ¿se comieron las gallinas al zorro? ¿Y si el zorro se transformó en sabandija? No cabe duda de que el movimiento obrero puso en jaque al régimen en sus últimos años. El Ministerio de la Gobernación registró 37.990 huelgas desde mediados de 1975 hasta finales de 1976. No podríamos, por tanto, entender el final de la dictadura sin esta premisa. Historiadores como Carme Molinero, Pere Ysàs ( Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975 , 2004) y Xavier Domènech ( Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979) , 2022) han arrojado luz sobre la relevancia de la movilización obrera para el antifranquismo . En numerosas ocasiones, la dictadura, incapaz de gestionar el conflicto mediante cauces de negociación legítimos, se vio contra las cuerdas y convirtió cualquier paro laboral en una crisis de orden público. Las grandes huelgas de la minería asturiana, de las factorías de SEAT en Barcelona, de la construcción en Granada o de los astilleros de Bazán y la Naval fueron lecciones fundamentales que se tradujeron en enfrentamientos abiertos con las fuerzas policiales. Con el fin de la dictadura y el comienzo de la construcción de la democracia se empezaron a dar cambios paulatinos. En abril de 1977 se legalizaron los sindicatos de clase y se desmontó la burocracia del Sindicato Vertica l. Esta victoria dio paso, paradójicamente, a una compleja operación de reconducción de la “radicalidad” obrera, pues mientras los sindicatos conquistaban la homologación constitucional experimentaban un paulatino e innegable proceso de desmovilización de sus bases y una pérdida de afiliación directa. Lo deseable para las élites políticas era acabar con la práctica asamblearia y combativa de los centros de trabajo y traducirlo en un “sindicalismo de gestión y servicios”. Ejemplo de ello fueron los Pactos de la Moncloa de 1977 y el posterior Estatuto de los Trabajadores de 1980, que consagraba la legalización sindical y la negociación colectiva a cambio de asumir topes salariales, la contención del conflicto y la desmovilización de los centros laborales. El pensador André Gorz ( Adiós al proletariado , 1980 y Metamorfosis del trabajo , 1988) vaticinaba en los años 80 el declive y la transformación del papel tradicional que hasta estos momentos había cumplido el proletariado industrial. La llegada del siglo XXI parece haber completado su profecía . El capitalismo tardío no ha destruido el trabajo asalariado; pero sí lo ha desfigurado, atomizado e invisibilizado. A lo largo de las últimas tres décadas, la clase trabajadora ha sufrido una profunda mutación en su composición y, sobre todo, en su autopercepción. En los medios de comunicación y en el discurso político dominante , el concepto de “clase obrera” se sustituyó por la más amplia categoría de “clase media”. La subcontratación en cadena, los “falsos autónomos”, el teletrabajo y la deslocalización hicieron el resto. Desclasada, aislada y perseguida es difícil hacer frente a unas injusticias estructurales que nos venden como fracasos individuales. Según Funcas , desde el año 2000, la afiliación sindical ha caído gradualmente del 15% al 12-13% de los asalariados, y el 66% de los asalariados no se ha afiliado nunca. Entre los asalariados de 25 a 44 años, el 18% de los empleados a tiempo completo está afiliado a un sindicato, frente al 26% del grupo de 45 a 64 años. La precariedad, además de empobrecer, desafilia. Las recientes reformas legislativas, la subida del SMI o los mecanismos de protección desplegados tras la pandemia han demostrado que la intervención pública puede mitigar los aspectos más lesivos del mercado. Sin embargo, el balance de estos cincuenta años evidencia que las inercias precarizadoras permanecen intactas en su núcleo. La tasa de desempleo juvenil en España sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea, el 48% de las personas asalariadas son precarias (un porcentaje que sube al 54% en el caso de las mujeres) y seguimos sometidas a jornadas laborales extenuantes y ritmos de trabajo insostenibles (que colectivos como las Kellys llevan denunciando años). Continúa existiendo un desfase salarial que afecta especialmente a jóvenes y que nos aboca a una salud mental deteriorada ante la incertidumbre y la precariedad. Mientras exista la explotación del trabajo ajeno, la lucha de clases seguirá siendo, a pesar de los cantos de sirena, el motor insustituible de la historia. Conciencia de clase, organización y movilización. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee (1935). Babiano, José y Tébar, Javier (2016): “El sindicalismo de clase de la transición a la democracia. Una perspectiva histórica de los cambios en el movimiento sindical en España”, Gaceta Sindical , 163-181. Saz, Ismael (2010): “La lucha por la libertad en España desde una perspectiva comparada (1962-1977)”, Novísima. II Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, 71-80. Vega García, Rubén y González Pérez, Héctor (2022): “¡A la huelga! Conflictos laborales y marcos políticos en España. Del Tardofranquismo a la Democracia”, Sociología del Trabajo , 100, 69-87.

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A Celestino le quedan dos años para jubilarse , pero los lobos han conseguido adelantar su despedida del campo. El primer ataque ocurrió hace tres semanas . Las ovejas pasaban la noche en un recinto cercado , con una valla de 1,80 metros de altura y equipado con una pila eléctrica. Los hermanos tenían previsto trasladarlas al pueblo, pero los lobos se adelantaron. "Mi rebaño lleva GPS y nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Así que nos fuimos a ver qué había ocurrido", recuerda Celestino para Soria Noticias . Al acudir al lugar, encontraron los rastros del ataque. Los agentes medioambientales se desplazaron hasta la explotación y elaboraron el correspondiente informe. Los animales presentaban mordeduras en el cuello, heridas de gravedad y, algunos de ellos, incluso "les habían arrancado la carne". Cerca de una decena de ovejas habían desaparecido, "que ya las damos por perdidas. Incluso ha aparecido algún cuerpo por el monte que estaba ya devorados por los buitres". El balance fue de "unos 20 animales muertos contando a las desaparecidas, otro que probablemente no sobrevivirá a las heridas y heridos ". Los lobos siguen al acecho Tras el primer ataque, los hermanos Crespo Colás trasladaron el rebaño a una nave para protegerlo. Sin embargo, los cánidos continuaron apareciendo en los alrededores. Bernardo llegó a ver a tres ejemplares, "dos adultos y uno pequeño" cuando atacaban a una oveja que estaba con el pastor. Poco después, volvieron a encontrárselos cuando regresaban con el ganado a la nave al atardecer, esta vez a unos 200 metros de las instalaciones. Uno de los encuentros que más le ha impresionado a Bernardo ocurrió cuando estaba con las ovejas. "Vi cómo uno de los perros levantaba el hocico en una de las paredes. Pensé que estaría el lobo allí y, al asomarme, lo tenía justo delante , a unos 20 metros". Había dos ejemplares. El ganadero gritó para ahuyentarlos, pero los depredadores se alejaron unos metros y permanecieron quietos, mirándolos fijamente, hasta que finalmente se marcharon hacia el monte. La presencia de los lobos ha obligado a los hermanos a cambiar los recorridos habituales de pastoreo para evitar nuevos encuentros, aunque no siempre ha servido de mucho. "Los lobos campan a sus anchas por el pueblo y los alrededores", asegura Bernardo. También cuenta, que una joven se los encontró hace unos días en uno de los caminos por los que habitualmente pasa el ganado. "Iba de paseo con el perro y los vio de lejos, quiso grabarlo en vídeo pero se puso tan nerviosa...". Una situación que " ya da miedo salir a pasear" entre los habitantes de Rebollar y alrededores. Y, aunque llevan dos días sin verlos, el temor a nuevos ataques continúa. "Esta no es zona de lobos" Bernardo y Celestino aseguran que nunca habían tenido problemas con el lobo en esta zona. De hecho, llevan más de 10 años sin utilizar mastines, en parte por los problemas de convivencia que estos perros pueden ocasionar con otras personas. "Ahora, la respuesta que nos dan desde la administración es que usemos mastines para evitar ataques pero, ni da tiempo ni sirven de mucho porque, un chico que conocemos, teniendo mastines, también sufrió el ataque de los lobos", explica Bernardo. Los hermanos Crespo Colás consideran que "a pesar de la cantidad de comida que hay en el monte entre corzos y ciervos, por ejemplo, " los lobos encuentran más sencillo atacar al ganado que perseguir animales salvajes" . También creen que "reconocen el sonido de los cencerros y pueden identificar con facilidad la proximidad de un rebaño". El problema, aseguran, no afecta únicamente a su explotación. Bernardo menciona otros ataques en localidades del entorno , como Carcaña, Arévalo o Valdeavellano, donde "un rebaño de unas 30 ovejas habría sufrido ya tres episodios". También relata el caso de un galgo de unos amigos que, tras escaparse durante una visita al monte, regresó con dos heridas en la parte baja del cuello, que atribuyen a los colmillos de un lobo. A estos casos se suma el ocurrido este verano en la dehesa de San Andrés , donde un potro fue atacado por un lobo y sufrió heridas de tal gravedad que tuvo que ser sacrificado. Ante esta situación, Celestino ha tomado una decisión que no ha sido fácil. "Me quedan dos años de jubilación y estos ataques han terminado por quitarme las ganas de continuar. Así que he decidido quitarme las ovejas ", explica. Para ambos hermanos, la cuestión no es que haya lobos, sino "las dificultades para compatibilizar su presencia con la actividad ganadera". Bernardo también plantea que los incendios registrados en los últimos años en la Sierra de la Culebra y en zonas de Ávila y Guadalajara podrían haber favorecido el desplazamiento de ejemplares hacia otros territorios. Una hipótesis con la que intenta explicar una presencia que, según asegura, " cada vez condiciona más la vida en el campo".

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha expuesto ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León las principales cifras y líneas de gasto de su Proyecto de Presupuestos para 2027 . El estado de gastos del departamento asciende a 739,72 millones de euros , unas cantidades que quedan ahora sujetas a su correspondiente tramitación parlamentaria. Para establecer una base homogénea de comparación que incorpore los créditos de los centros directivos que actualmente integran la consejería, la documentación presupuestaria fija el importe equivalente del ejercicio 2024 en 634,80 millones de euros . De este modo, las cuentas reflejan la evolución de la estructura actual del área autonómica. La composición del proyecto concentra el grueso de los recursos en el apoyo directo al territorio, toda vez que el capítulo 6, de inversiones reales, alcanza los 195,28 millones de euros , mientras que el capítulo 7, relativo a transferencias de capital, suma 357,51 millones . Ambos apartados representan conjuntamente 552,79 millones de euros , lo que supone el 74,73 % del presupuesto total de la sección. Estos fondos se dirigen fundamentalmente a financiar infraestructuras y ayudas para las explotaciones agrarias y ganaderas, la industria agroalimentaria, el desarrollo rural y la gestión del medio natural. Por su parte, el capítulo 1, destinado a sufragar los gastos del personal adscrito a los órganos y servicios de la consejería ?incluidas las unidades de las competencias incorporadas a su estructura?, asciende a 157,24 millones de euros . De forma separada y sin integrarse en el montante global de la consejería, se añade la sección correspondiente a la Política Agraria Común (PAC) . Este crédito dispone de 924,42 millones de euros y será administrado por el propio departamento autonómico en su condición de Organismo Pagador . Apoyo a las explotaciones, regadíos e infraestructuras En el desglose por áreas de actuación, el proyecto recoge 79,81 millones de euros para acciones estructurales en explotaciones agrarias, donde se enmarcan las líneas vinculadas a la incorporación de jóvenes y a la modernización de las instalaciones. Asimismo, se dota con 5,5 millones de euros el instrumento financiero pensado para facilitar el acceso a financiación en estas actuaciones. Las infraestructuras agrarias orientadas a la mejora de la competitividad disponen de 32,70 millones de euros , una partida que abarca procesos de concentración parcelaria y el acondicionamiento de caminos rurales. Dentro de este ámbito, las cuentas prevén dar continuidad al Plan de Balsas mediante la construcción de 12 nuevas infraestructuras en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora para facilitar el abastecimiento de agua a la ganadería extensiva. En lo que respecta a la formación y la fijación de población, la enseñanza agraria cuenta con 18,13 millones de euros para el funcionamiento e inversión en sus centros, mientras que las medidas ligadas a la Estrategia de la Mujer Rural reciben 1,5 millones de euros . Por otro lado, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) gestionará 62,58 millones de euros destinados a infraestructuras de regadío, permitiendo continuar con la modernización de zonas regables y la mejora de la eficiencia energética de las comunidades de regantes. A su vez, la investigación aplicada, la digitalización y la transferencia de conocimiento suman 17,73 millones de euros para desarrollar proyectos sobre mejora genética, sanidad animal, agricultura de precisión, uso de sensores y riego inteligente. Impulso agroalimentario y protección de la cabaña ganadera El respaldo al tejido industrial del medio rural se articula a través de la línea de transformación y comercialización de productos agrarios, dotada con 58,55 millones de euros para modernizar y ampliar las empresas del sector. De igual modo, la promoción de la calidad alimentaria y el apoyo a las figuras de calidad diferenciada y su presencia en ferias cuentan con 8,80 millones de euros , a lo que se unen los 29,54 millones de euros del programa LEADER , canalizados a través de los grupos de acción local para respaldar iniciativas económicas y de servicios en los pueblos. Para garantizar la estabilidad de los productores frente a las contingencias del campo, la partida de seguros agrarios alcanza los 21 millones de euros . En paralelo, la sanidad ganadera recibe 12 millones de euros para la ejecución de programas sanitarios y el pago de indemnizaciones. El capítulo ganadero se completa con 4,33 millones de euros dirigidos a actuaciones colectivas en pastos comunales y tres millones de euros específicos para el sector apícola. Además, las ayudas destinadas a las asociaciones de criadores y a la conservación de razas ganaderas autóctonas e integradas disponen de 1,15 millones de euros . Gestión del medio natural y de la fauna silvestre La incorporación de las competencias medioambientales se traduce en partidas específicas para la coexistencia con la fauna salvaje, destacando los 13,13 millones de euros asignados a la gestión del lobo . De esta cuantía, 7,58 millones se reservan para sufragar indemnizaciones por daños al ganado y los 5,55 millones restantes se orientan a medidas de prevención y otras actuaciones asociadas, mientras que los daños ocasionados por otra fauna silvestre cuentan con una dotación de 2,87 millones de euros . Las actuaciones de conservación relativas a especies protegidas de flora y fauna disponen de 6,10 millones de euros , y la gestión cinegética y piscícola suma 2,28 millones de euros para inversiones en las reservas regionales de caza, la restauración de hábitats fluviales y la promoción de la caza y la pesca. Finalmente, los programas de educación ambiental, formación técnica y divulgación reciben 1,252 millones de euros , quedando bajo la tutela de la Dirección General de Política Ambiental las partidas orientadas a la prevención, inspección, mantenimiento de la Red de Control de la Calidad del Aire y renovación de equipos de laboratorio.

“¿Cuánto nos queda de campaña? Estoy hasta las narices”. La pregunta de Nacho Abad , el conductor de ese programa de infoagitación llamado En boca de todos, que en las mañanas de Cuatro, la segunda cadena española propiedad de la familia Berlusconi, solivianta a los espectadores adictos a las emociones fuertes, aunque sean falsas, resume bastante bien lo largo que se le está haciendo todo esto a la brigada del apocalipsis. Todavía estamos en octubre y las elecciones son el 29N . ¿Qué puede salir mal? Pues la mayoría absolutista de PP y Vox, tantas veces proclamada, sondeo tras sondeo, con tanta vehemencia que, de hacerles caso, pareciera que ni siquiera hacía falta votar. El caso es que la recta final hacia las urnas se les está haciendo bola. La anunciada mayoría aplastante ha empezado a encoger, y con ella la paciencia de unos predicadores que contaban con llegar a la noche electoral sin sobresaltos. Manuel Roig lo plantea en El Confidencial con la prudencia de quien empieza a redactar la autopsia antes de que se certifique la defunción. Hasta la noche del 29N, escribe, no sabremos si poner el foco de la campaña en los sacrificios que vienen pasará a la historia como un ejercicio de responsabilidad de Núñez Feijóo o como “el primero de los errores que habrán llevado al Partido Popular y a Vox a dilapidar una mayoría absoluta amplísima en apenas dos meses”. No es todavía pánico, pero sí preocupación. Otros han optado por curarse en salud. David Jiménez da en El Mundo por cada vez más probables las impugnaciones , a raíz del “monumental lío” organizado en torno a la ley de nietos , la suspensión cautelar de sus efectos en el censo dictada por el Supremo y los plazos de la convocatoria. Su conclusión es que nuestra democracia se adentra, esta vez sí, en “territorio inexplorado”. Entre guiones le queda espacio para reprochar a Sánchez que no esperara a la primavera para convocar, lo que equivale a culparle de no haber prolongado una legislatura cuyo final la derecha llevaba meses reclamando. Carlos Herrera va más lejos, esta vez en las páginas de Abc , el diario del grupo Vocento. Siempre suspicaz, asegura que el Constitucional se ha negado a validar la ley de nietos para dejar abierto un “resorte oculto”, que no es otro que la posibilidad de impugnar las elecciones “una vez derrotado el sanchismo”. Herrera admite que esa impugnación probablemente no prosperaría, pero sostiene que serviría para embarrar la victoria de la derecha y movilizar “hasta la náusea a toda la chusma callejera que está ensayando el asalto”. Su consejo final, “vayámonos preparando para lo peor”, tiene la ventaja de dejar escrita la explicación antes de que se conozca el resultado. Federico Jiménez Losantos no necesita resortes ocultos, porque desde los micrófonos de esRadio lo ve todo con una claridad que ya quisieran para sí los institutos demoscópicos. La izquierda, explica, “no ha cambiado”, simplemente “se ha destapado”, y “90 años después ha vuelto al 36”. Apoyándose en un editorial de El Mundo , da por evidente que ETA se está reorganizando, porque “cómo no se va a estar reorganizando si han ganado”. El calendario de la catástrofe también está fijado, asegura. Si la izquierda pierde, dirá que le han robado las elecciones e irá “al golpe del 34”, que según Losantos llegará “en el verano del año que viene, después de las municipales”, con “una rebelión terrorista en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña y lo que puedan en Galicia y en Valencia”. Cuando él mismo se pregunta por qué, la respuesta no admite réplica: “Porque es así”. La mano de obra para esa rebelión no será un problema, aclara, porque Sánchez “entra en las redacciones de los periódicos, de las radios y de las televisiones y tiene voluntarios a porrillo”, un retrato de la profesión que probablemente solo sorprenda a quien no le conozca. Lo llamativo, sin embargo, es que el blanco de su furia no son los terroristas de redacción, sino Feijóo y Abascal, a los que reprocha entretenerse con “el detallito” de las listas provincia a provincia, en vez de cerrar de una vez por todas listas conjuntas, mientras España se despeña. “Es para daros de bofetadas, pero hasta mataros”, les espeta a los “señoritos de Bambú y de Génova”, antes de recordarles que el poder autonómico no sirve de nada porque “no tenéis policía, no tenéis Guardia Civil, no tenéis Ejército”. Hay quien prefiere ir haciendo digerible lo que viene con argumentos de más largo alcance. Salvador Sostres sostiene en Abc que solo se reclaman herederos de la República quienes lo hacen “por ignorancia, por resentimiento social o por instinto asesino”, y a partir de ahí se adentra en una reivindicación del régimen que no se molesta en disimular. “El franquismo , o por lo menos una parte de lo que fue el franquismo, tuvo elementos muy interesantes para España”, escribe, y el primero de ellos habría sido “sofocar la brutalidad criminal y analfabeta de la República”. El matiz llega después, cuando aclara que nadie desea volver a una dictadura y que el franquismo tuvo “momentos oscuros e incompatibles con nuestro modo de vida libre”, una fórmula que despacha casi cuatro décadas de dictadura con la delicadeza de quien describe una mala racha. Ignacio Camacho conserva la calma en el mismo diario y sigue dando por segura la victoria, aunque con una rebaja apreciable que también es muy significativa. El pronóstico de 200 diputados entre PP y Vox que todos en la derecha proclamaban felices hasta hace solo unos días le parece ahora “bastante sobredimensionado”, porque la “contrastada habilidad sanchista para agitar las campañas” hace verosímil que las diferencias se aprieten. Una remontada del Gobierno, añade, solo sería posible si las formaciones de la oposición decidieran “arrojarse juntas por un barranco”, quizá a modo de advertencia a la vista de los muchos errores que Feijóo lleva cometidos desde que Sánchez disolvió las Cortes. Camacho espera ahora apenas 180 escaños, cuatro más de los 176 que marcan la mayoría absoluta . No parece una renta muy grande cuando quedan, todavía, 36 días hasta que votemos. Y muchas oportunidades para seguir cometiendo errores.