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España no suspenderá la actividad de TikTok en el país (se abre en una pestaña nueva)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España , por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos de los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores. En el trabajo, elaborado a lo largo de 35 días, la fundación localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. A pesar de que la fundación denunció una muestra del contenido a la red social, y esta solo tomó medidas para eliminar el 10% de total. En un comunicado, la AEPD expresa «su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas», pero reconoce que «debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye». A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país «velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma». La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita «corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales», que son los encargados de «acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio». La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores. «Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional», destacan desde la AEPD. «La agencia lo que ha intentado es evitar el fregado de la mejor forma posible», explica en conversación con ABC Samuel Parra, abogado especializado en asuntos tecnológicos. El jurista recuerda que en 2021 el garante italiano de protección de datos ya paralizó temporalmente las operaciones de la red social el país transalpino después de que una niña de 10 años se suicidase debido a uno de los retos virales que circulan por la 'app'. Y que la AEPD hizo lo mismo con la empresa de criptomonedas WorldCoin en 2024 por escanear el iris de sus usuarios. «Técnicamente, la AEPD tenía la facultad para haberlo hecho también con TikTok, el problema es que si hubiera dado ese paso, lo más probable es que la red social hubiera acudido a los tribunales y seguramente habría ganado argumentando falta de proporcionalidad y que con la medida se estaba atacando la libertad de expresión y de información de los españoles», dice el jurista. En su lugar, la agencia ha anunciado que trasladará toda la información recopilada sobre el caso a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas en esta materia. Asimismo, pondrá la situación en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y, por tanto, la que tiene capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma. «Es la Comisión Europea la que debe tomar una decisión sobre este asunto, porque se trata de la que tiene capacidad para ello», explica a este periódico el abogado Javier Prenafeta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores localizados en el interior de TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado este mismo miércoles un decreto con el que deja la investigación en manos de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Se da este paso después de que la propia Maldita denunciase los hechos y de que el Ministerio de Infancia y Juventud solicitasen el inicio de dicha investigación, cosa que hizo la propia Rego el pasado martes. En la denuncia, la fundación hacía constar que había «tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico». Los representantes de Maldita comparecieron este mismo miércoles ante la fiscal a cargo del caso «para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración».

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El Corte Inglés, Banco Santander y Moeve retiran su publicidad de TikTok por los contenidos de pederastia (se abre en una pestaña nueva)

La red social comienza a perder anunciantes tras la investigación publicada por Maldita.es que revela los miles de contenidos de abuso sexual infantil que se alojan en la plataforma Una investigación halla en TikTok miles de contenidos de abusos sexuales a niños: “Ofrecen vídeos de sus hijas y sobrinos” La red social TikTok empieza a perder anunciantes tras revelarse los miles de contenidos de abuso sexual infantil hallados por una investigación de Maldita.es. Tanto el El Corte Inglés como Banco Santander y la energética Moeve han decidido cesar su actividad publicitaria en la red social, según han confirmado las compañías a elDiario.es. La última entrega de la investigación publicada este viernes , aborda la localización de anuncios de distintas marcas reconocidas en TikTok junto a vídeos de pederastia que proceden de cuentas que venden este tipo de material. “Desde ayer se han cancelado las órdenes de publicidad” en la red social, ha apuntado Moeve a preguntas de este medio. Lo mismo han confirmado El Corte Inglés —una decisión que también afecta a Seguros El Corte Ingés— y el Banco Santander, cuyas fuentes aseguran que se han “retirado las campañas a nivel global” y condicionan la decisión a que “haya garantías de que este tipo de cosas no pueden volver a pasar”. El paso dado por las tres empresas se suma a una cascada de reacciones que ha tenido lugar esta semana. El miércoles, la fiscal general, Teresa Peramato, ordenó a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, investigar “los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que hubieran podido perpetrarse en la red social TikTok”. Dos días antes, el Ministerio de Juventud e Infancia había solicitado al Ministerio Público que iniciara una investigación y recientemente ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos la suspensión de la actividad de TikTok en España debido a “la cantidad ingente de violencia sexual de infancia que estaría produciéndose en esta red social”, argumentó la ministra Sira Rego. La agencia no ordenará el bloqueo de la red social, pero sí ha indicado que ha “iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias”. En concreto, ha solicitado a Maldita.es “la relación de enlaces en los que, según la verificación realizada en su labor periodística, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos” y a la plataforma, “información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados”. El trabajo publicado por Maldita en varias entregas ha documentado 231 perfiles que han publicado 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito en solo 35 días de recogida y análisis de información. Las grabaciones e imágenes halladas no forman parte de conversaciones privadas, sino que cualquiera puede acceder a ellas. Los perfiles funcionan como “auténticos catálogos de abuso sexual infantil”, concluye la investigación, que apunta a que son cuentas dedicadas “casi exclusivamente” a esta actividad ilegal y que acumulan miles de visualizaciones, seguidores y “me gusta”. Según el informe, de los 50 vídeos denunciados por Maldita.es a la plataforma en su momento, solo borró cinco y bloqueó 13 en España. En el 6% de los casos no dio respuesta y en el 58% restante consideró que no infringían la ley ni sus propias normas. “Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido”, ha indicado a elDiario.es una portavoz de TikTok, que indica que “dado que los actores malintencionados adaptan continuamente sus tácticas”, la empresa trabaja “incansablemente” para mejorar sus “medidas de protección”.

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Hace 4 h

Hace 5 h

eldiario.esGeneral

Albiol propone a Colau un cara a cara sobre políticas de vivienda (se abre en una pestaña nueva)

El cabeza de lista del PP en Barcelona muestra la plena disposición a pactar con el equipo de la candidata del Frente Amplio el lugar, el día y el formato que tendría que tener el debate focalizado exclusivamente en la vivienda Crónica - Los partidos catalanes inician la campaña con el PSC en cabeza y Rufián y Colau peleando por el mismo espacio El candidato del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha propuesto a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, hacer un cara a cara para debatir políticas de vivienda. García Albiol, que en todas sus intervenciones insiste en denunciar las ocupaciones más que en ofrecer propuestas, asegura que el debate permitirá contraponer dos maneras diferentes de combatir uno de los principales problemas que tienen los catalanes, que es acceder a una vivienda. Desde el PP plantean incrementar la oferta de pisos y garantizar la seguridad jurídica a los propietarios de pisos y casas. Según el alcalde de Badalona, los modelos opuestos de los dos candidatos permitiría “enriquecer el debate público y ver las diferencias entre los dos proyectos políticos”. La cabeza de lista del PP en el Congreso de los Diputados por Barcelona ha mostrado plena disposición a pactar con el equipo de Colau el lugar, el día y el formato que tendría que tener el debate focalizado exclusivamente en la vivienda. Según el PP, un cara a cara permitiría “situar la vivienda en el centro de la campaña electoral en Barcelona”. García Albiol asegura que el debate permitiría que Colau expusiera su modelo, marcado por su etapa como alcaldesa de Barcelona. Esto confrontaría con las políticas populares que radican en la preservación de la propiedad privada y la seguridad de los propietarios.

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

Las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de control sobre la violencia policial (se abre en una pestaña nueva)

Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .

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Ayer

eldiario.esGeneral

El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León obliga a firmar un compromiso 'antiideológico' a los cineastas que piden una subvención para cortometrajes (se abre en una pestaña nueva)

La Consejería de Cultura ha remitido a los solicitantes el documento que deben firmar si quieren acceder a las ayudas La compañía de 'Federico' denuncia a la Consejería de Cultura de Castilla y León por la cancelación de la obra por “motivos ideológicos” La cruzada ideológica de Vox con las iniciativas culturales en Castilla y León ha dado una vuelta de tuerca. En la convocatoria de ayudas para cortometrajes de 2026 que convoca la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico, se ha incluido una cláusula relativa al “adoctrinamiento ideológico” que se complementa ahora con un requerimiento 'antiideológico' que reciben los solicitantes de la subvención. En concreto, se les obliga a firmar una declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que se comprometen a “no realizar actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El plazo para firmarla es de cinco días hábiles desde el día siguiente a su recepción. La Orden de 7 de octubre de 2026 de la Consejería de Cultura , Turismo y Deporte contempla en su apartado 10 que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Este punto no queda en una mera declaración de intenciones, porque obligan a los solicitantes a firmar un compromiso, un detalle que no aparece en la orden. El compromiso dice literalmente que “en caso de resultar beneficiario de la subvención, de desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, sin llevar a cabo ninguna actuación que implique adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Requerimiento que se hace a los solicitantes de subvenciones para cortometrajes. Lo llamativo es que la Consejería no establece criterios para determinar qué es ideologizar y qué no o qué es neutral o no lo es en un cortometraje. Tampoco se precisa quiénes van a ejercer de 'censores' a la hora de decidir qué cortometrajes pasan el corte. La remisión de ese requerimiento ya ha provocado cierto temor en el sector, por entender que con dinero público se puede condicionar la libertad creativa y de expresión. La orden sobre los cortometrajes es igual que la que afecta a los largometrajes . La sombra de Vox es alargada, y hace unas semanas retiró de la programación una obra sobre Lorca de la compañía Proyecto 43-2. Ante la sospecha de motivos ideológicos, los integrantes de la compañía presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid , que no se ha pronunciado por el momento. Díaz Pico, que considera que la cultura en Castilla y León es “sectaria”, ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y ha trabajado como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026. Los últimos cuatro años estuvo Gonzalo Santonja al frente de Cultura, tras ser colocado por Vox en 2022. Santonja consiguió mantenerse en el cargo tras la marcha y expulsión de los consejeros de Vox en 2024.

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Ayer

La manifestación por la huelga general del 11N en Jaén, en imágenes (se abre en una pestaña nueva)

La capital jiennense fue escenario de una multitudinaria movilización con motivo de la huelga general del 11N. Miles de personas salieron a la calle para participar en una manifestación que, pese a la lluvia, recorrió algunas de las principales arterias de la ciudad para reclamar mejoras en las condiciones laborales y denunciar las dificultades económicas y sociales que afronta buena parte de la ciudadanía. Según las estimaciones de la Policía Nacional, alrededor de 2.000 personas participaron en la manifestación. La protesta, convocada por distintas organizaciones sindicales y colectivos sociales, arrancó a las cinco y media de la tarde desde la plaza Jaén por la Paz. Desde allí, los manifestantes avanzaron por el Paseo de la Estación y otras vías del centro urbano hasta alcanzar la explanada situada junto a El Corte Inglés, donde concluyó la movilización. La lluvia no impidió que los participantes mantuvieran sus reivindicaciones durante todo el recorrido, en una jornada marcada por las pancartas, las consignas y las llamadas a defender los derechos de los trabajadores. Bajo el lema “Por una vivienda digna, salarios justos y servicios públicos de calidad”, la convocatoria puso el foco en algunos de los principales problemas que afectan a la sociedad. Entre ellos, la dificultad para acceder a una vivienda asequible, el encarecimiento del coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la precariedad laboral. Los sindicatos y colectivos participantes reclamaron medidas que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias y garantizar que el crecimiento económico tenga también un reflejo en los hogares. La defensa de los servicios públicos fue otro de los ejes centrales de la protesta. Los manifestantes reclamaron una mayor inversión en sanidad, educación y dependencia, así como mejores condiciones para los profesionales de estos sectores. También exigieron medidas para combatir la temporalidad y la precariedad y avanzar hacia un reparto más equilibrado de la riqueza. Silvia de la Torre, secretaria general de CC OO Jaén, puso en valor “unos salarios que no pueden hacer frente a la subida de precios de la inflación desbocada que tenemos”. “Los trabajadores estamos padeciendo el deterioro de los servicios públicos, que es planificado y consciente. Tiene unos destinatarios muy claros y concisos, que es el Gobierno de la Junta de Andalucía, que es el que tiene las competencia en esta materia. No pueden seguir desmantelando los servicios públicos, que son una conquista de la gente trabajadora de nuestro país”, recalcó.

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Hace 2 días

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España no suspenderá la actividad de TikTok en el país (se abre en una pestaña nueva)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España , por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos de los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores. En el trabajo, elaborado a lo largo de 35 días, la fundación localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. A pesar de que la fundación denunció una muestra del contenido a la red social, y esta solo tomó medidas para eliminar el 10% de total. En un comunicado, la AEPD expresa «su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas», pero reconoce que «debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye». A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país «velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma». La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita «corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales», que son los encargados de «acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio». La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores. «Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional», destacan desde la AEPD. «La agencia lo que ha intentado es evitar el fregado de la mejor forma posible», explica en conversación con ABC Samuel Parra, abogado especializado en asuntos tecnológicos. El jurista recuerda que en 2021 el garante italiano de protección de datos ya paralizó temporalmente las operaciones de la red social el país transalpino después de que una niña de 10 años se suicidase debido a uno de los retos virales que circulan por la 'app'. Y que la AEPD hizo lo mismo con la empresa de criptomonedas WorldCoin en 2024 por escanear el iris de sus usuarios. «Técnicamente, la AEPD tenía la facultad para haberlo hecho también con TikTok, el problema es que si hubiera dado ese paso, lo más probable es que la red social hubiera acudido a los tribunales y seguramente habría ganado argumentando falta de proporcionalidad y que con la medida se estaba atacando la libertad de expresión y de información de los españoles», dice el jurista. En su lugar, la agencia ha anunciado que trasladará toda la información recopilada sobre el caso a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas en esta materia. Asimismo, pondrá la situación en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y, por tanto, la que tiene capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma. «Es la Comisión Europea la que debe tomar una decisión sobre este asunto, porque se trata de la que tiene capacidad para ello», explica a este periódico el abogado Javier Prenafeta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores localizados en el interior de TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado este mismo miércoles un decreto con el que deja la investigación en manos de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Se da este paso después de que la propia Maldita denunciase los hechos y de que el Ministerio de Infancia y Juventud solicitasen el inicio de dicha investigación, cosa que hizo la propia Rego el pasado martes. En la denuncia, la fundación hacía constar que había «tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico». Los representantes de Maldita comparecieron este mismo miércoles ante la fiscal a cargo del caso «para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración».

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Hace 3 días

Los derechos se defienden (se abre en una pestaña nueva)

¿Para qué sirve una huelga general? Conviene hacerse esta pregunta antes de juzgar a quienes la convocan. Una huelga es mucho más que dejar de trabajar durante una jornada. Es una herramienta democrática, un derecho constitucional y, sobre todo, una expresión de la fuerza colectiva de quienes saben que individualmente tienen menos capacidad para cambiar las cosas. Porque cuando las personas trabajadoras se organizan, lo que parecía imposible puede convertirse en un derecho. La historia de nuestro país no se entiende sin el movimiento obrero y sin los sindicatos de clase. La jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la negociación colectiva, la protección frente al despido o la seguridad en el trabajo no fueron regalos de ningún poder económico. Fueron conquistas sociales, fruto de décadas de organización, movilización y sacrificios. Desde la histórica huelga de La Canadiense de 1919 hasta las grandes huelgas generales de nuestra democracia, la clase trabajadora ha demostrado que el progreso social también se escribe desde las fábricas, los talleres, las oficinas y las calles. El presidente Pedro Sánchez lo tiene bien presente y así lo ha publicado. Los derechos que ahora consideramos normales fueron durante mucho tiempo inimaginables. Y ha lanzado una advertencia que deberíamos tener presente: "Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante". Una reflexión especialmente oportuna cuando algunos parecen olvidar cuánto debemos a quienes lucharon en el pasado no tan lejano. Porque los derechos no suelen caer del cielo. Se conquistan, se defienden y se amplían. Y ahí reside precisamente la importancia histórica de organizaciones como la Unión General de trabajadores y trabajadoras y las Comisiones Obreras, dos sindicatos de clase que han contribuido decisivamente a construir nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar. El próximo 11 de noviembre, UGT y CCOO, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, han convocado una huelga general con una reivindicación tan sencilla como poderosa: salarios dignos para poder acceder a una vivienda digna. No es una huelga contra nadie. Es una huelga a favor de millones de personas que trabajan, cumplen con sus obligaciones y, sin embargo, no pueden desarrollar un proyecto de vida con tranquilidad. Jóvenes que no consiguen emanciparse, familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y trabajadores que descubren que tener una nómina ya no garantiza llegar a fin de mes. Los sindicatos denuncian una contradicción cada vez más evidente: mientras la economía crece y aumentan los beneficios empresariales, demasiados salarios siguen sin permitir una vida digna. Reclaman desbloquear la negociación colectiva, mejorar las retribuciones, reducir la jornada laboral, combatir la precariedad y desarrollar políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y amplíen el parque de vivienda asequible. Y tienen razón al situar la vivienda en el centro de las reivindicaciones laborales. Porque ¿de qué sirve mejorar un salario si cada subida termina absorbida por el alquiler? ¿De qué sirve tener empleo si no permite construir un hogar? La vivienda no puede seguir tratándose exclusivamente como una mercancía cuando nuestra Constitución, en su artículo 47, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esta movilización interpela a todas las administraciones públicas y también a quienes concentran buena parte de la riqueza que genera nuestro país. Porque defender mejores salarios, vivienda accesible y servicios públicos de calidad significa defender la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la fortaleza del Estado del bienestar. Por eso resulta tan reveladora la reacción de Alberto Núñez Feijóo , que ha pedido a los sindicatos reconsiderar la convocatoria. Lo verdaderamente extraño habría sido escucharle defenderla. No sorprenden las declaraciones de quien, en plena precampaña electoral, promete un Gobierno que pedirá sacrificios a la ciudadanía. ¿Sacrificios? ¿Otra vez? ¿Y a quién le tocará hacerlos? Porque conocemos demasiado bien ese modelo económico. El que considera que los grandes patrimonios necesitan incentivos mientras las familias trabajadoras deben apretarse el cinturón. El que convierte los recortes en responsabilidad y las reivindicaciones sociales en molestias. El que pide paciencia a quienes menos tienen y ofrece comprensión a quienes más acumulan. Nos suena demasiado. Nos suena a los años de austeridad, a las políticas de Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro. ¿Se acuerdan? Aquellos años en los que los sacrificios parecían tener siempre los mismos destinatarios. Frente a ese modelo existe otro: el que entiende que la prosperidad económica debe traducirse en bienestar compartido. El que ha impulsado la reforma laboral, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Avances importantes que no eliminan los problemas pendientes ni hacen innecesaria la movilización sindical. Al contrario, demuestran que el diálogo social, la acción política y la organización colectiva pueden transformar la realidad. Una democracia madura no teme a sus sindicatos. Los escucha, respeta su independencia y reconoce que el conflicto social también puede ser un motor de progreso. UGT ha elegido para esta convocatoria un lema que resume perfectamente el problema: "Que la vivienda no se coma tu salario". Y CCOO recuerda que la riqueza generada debe llegar también a quienes la hacen posible. El 11 de noviembre no debería interpretarse como una batalla entre partidos, sino como una llamada colectiva a defender algo elemental: que trabajar permita vivir dignamente. Porque una sociedad verdaderamente próspera no es aquella en la que unos pocos acumulan cada vez más, sino aquella en la que nadie tiene que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o construir su futuro. Las generaciones anteriores lucharon para conquistar el derecho a descansar. La nuestra no debería tener que luchar para conseguir el derecho a vivir bajo un techo.

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Hace 4 días

eldiario.esCultura

El actor Russell Brand, condenado a 10 años y seis meses por violación y agresión sexual (se abre en una pestaña nueva)

Brand, en prisión preventiva desde el jueves cuando fue condenado por cuatro delitos sexuales, tendrá que cumplir varios años de condena penal a la que podrían sumarse nuevos posibles casos que ya investiga la justicia británica El actor Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales El actor y comediante británico Russell Brand , de 51 años, ha sido condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. La definición de la condena llega después de que el juez Joel Bennathan ordenase el jueves su ingreso en prisión preventiva tras ser declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera, al cierre de un juicio muy mediático que ha durado cuatro semanas. El magistrado, que ha calificado hoy al actor de “depredador sexual”, destacó la “determinación y el coraje” de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand. En prisión tendrá que cumplir como mínimo siete años de privación de libertad antes de acceder a la prisión condicional. El magistrado reconoció en su descargo las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades familiares que afronta por ser padre de tres hijos. Un jurado popular compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres declaró culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en el recinto Hammersmith Apolo de la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras tres mujeres entre 2004 y 2009. En cambio, fue eximido de otros de los delitos sexuales que se le imputaban al no ser considerados probados. El juez Joel Bennathan explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traduciría inevitablemente en “una pena de prisión significativa” antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel, lo que se ha confirmado este lunes. Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violar oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004; de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un “masaje forzado” en 2009. Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar “arrastrar” a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001. Posible apertura de nuevos casos contra Brand En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó el jueves que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen “en curso”. En audiencias preliminares se reveló que una de estas denuncias proviene de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16. El historial de acusaciones sexuales contra Brand se remonta a septiembre de 2023, cuando varios medios publicaron una investigación conjunta sobre sus comportamientos. En abril de 2025 fue imputado por los delitos cometidos contra las cuatro primeras denunciantes, de los cuales se declaró inocente, y en diciembre de ese año fue acusado de otros nuevos delitos. Defendió su inocencia de los cargos restantes en una vista el pasado mes de febrero y el 12 de octubre se inició el juicio actual, que se ha prolongado durante cuatro semanas. Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas derivados de 'Gran Hermano', así como galas de premios como los Brit Awards o los MTV Video Music Awards. En el ámbito personal, ganó mayor notoriedad tras casarse con la cantante Katy Perry en 2010, para divorciarse un año más tarde.

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Hace 6 días

Esperas de hasta un mes en Atención Primaria saturan las Urgencias en Soria (se abre en una pestaña nueva)

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Soria ha denunciado las crecientes dificultades que encuentran los ciudadanos para acceder al sistema público de salud, tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario. El colectivo afirma que conseguir una cita médica, realizar una prueba diagnóstica o ser atendido por un especialista se ha convertido en "una carrera de obstáculos". Según detalla la organización en un comunicado, en algunos centros de salud de la provincia se están ofreciendo citas con demoras de 15 días o incluso un mes , sin que exista una valoración previa con el paciente sobre la naturaleza de su problema. A esta circunstancia se añaden fallos en los sistemas telefónicos y telemáticos de asignación de consultas. Desde la plataforma advierten de que esta falta de capacidad de respuesta retrasa diagnósticos y tratamientos, al tiempo que empuja a muchos usuarios a acudir a las Urgencias hospitalarias . Esto incrementa la saturación del servicio y perjudica al conjunto del sistema sanitario soriano, por lo que reclaman reforzar las plantillas y los recursos materiales de unos centros de salud que, como el de San Esteban de Gormaz , se encuentran "bajo mínimos". Plantillas precarias y listas de espera en atención hospitalaria En el ámbito hospitalario, el colectivo señala que las esperas para consultas especializadas, pruebas e intervenciones quirúrgicas agravan las enfermedades y deterioran la calidad de vida de los pacientes. Como ejemplo de la situación en Soria, la plataforma expone que la plantilla efectiva actual cuenta únicamente con un especialista en Endocrinología y otro en Neumología . La agrupación considera inaceptable que servicios esenciales dependan de plantillas tan reducidas y que se intente resolver un problema estructural con refuerzos puntuales. Asimismo, recuerda que en Castilla y León hay 36.353 personas en lista de espera para una intervención quirúrgica, con una demora media de 119 días . Ante estas cifras, la plataforma rechaza que la solución pase por la derivación sistemática de pacientes a la sanidad privada . En su lugar, exige mejorar la planificación y optimizar la gestión para que el dinero público se destine a fortalecer la red asistencial propia con profesionales y medios suficientes, evitando que la falta de recursos sirva de justificación para desviar actividad y financiación a centros privados. Preocupación por el futuro del Hospital Virgen del Mirón Por otro lado, el comunicado alerta sobre el "progresivo vaciamiento asistencial" del Hospital Virgen del Mirón , un centro con décadas de trayectoria en la provincia en áreas destinadas a personas mayores, pacientes crónicos y salud mental. En concreto, destacan su papel en las especialidades de: Geriatría Psiquiatría Salud Mental Cuidados Paliativos Aunque la Administración sanitaria niega que exista un proceso de desmantelamiento, la plataforma asegura que el traslado de actividad hacia el Hospital Santa Bárbara , especialmente en los servicios de Psiquiatría y Salud Mental, está reduciendo el contenido de El Mirón y cuestionando su continuidad. Por todo ello, la organización ciudadana reclama un compromiso público, claro y verificable sobre el futuro del Hospital Virgen del Mirón que garantice la permanencia de sus servicios, el mantenimiento de los puestos de trabajo y el aprovechamiento de sus instalaciones específicas.

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