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Hace 2 h

Montero denuncia la "colonización" de las instituciones por parte del PP: "Han metido por la puerta de atrás la reforma de la Cámara" (se abre en una pestaña nueva)

La renovación de los órganos instrumentales de la Junta de Andalucía durante las últimas semanas ha situado en el centro de la polémica los nombramientos impulsados por PP-A y Vox. Entre ellos figuran la continuidad por tercera vez consecutiva del director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, así como de Rafael Porras al frente del Consejo de Administración de la RTVA y la incorporación de María Jesús Botella, cuñada de José María Aznar y hermana de Ana Botella, al mismo órgano como consejera, tras ocupar el puesto de coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de Córdoba; y la elección de Ana María Vielba, exviceconsejera de Agricultura, quien tuvo que abandonar el Partido Popular tres días antes de su nombramiento como directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, cargo incompatible con afiliaciones políticas. A estos nombramientos se suma el de la expresidenta del Parlamento andaluz y exdiputada autonómica, Marta Bosquet, como Defensora del Pueblo; y la reciente reforma de la Cámara de Cuentas, donde se excluye a Adelante Andalucía de su consejo. Con todo esto, el pasado jueves en la sesión de control en el Parlamento andaluz, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, apuntó al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, como "artífice" de todas estas reformas de calado, acusándole de una "colonización" en las instituciones públicas andaluzas por parte del Partido Popular: "Cada día este Parlamento es más chico, y las instituciones siguen una deriva peligrosa", aserveró. Reforma de la Cámara La Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano de control externo del sector público andaluz. Su función principal es fiscalizar cómo utiliza el dinero público la Junta de Andalucía, así como los ayuntamientos, las diputaciones y otros organismos públicos. La mencionada Ley de Cámara de Cuentas en disputa, que data de 1988, permite que todos los grupos parlamentarios tengan derecho, como mínimo, a disponer de un consejero en la Cámara. Sin embargo, la reforma que han aprobado PP-A y Vox en el pleno del Parlamento el pasado miércoles, el día de la Huelga General, donde no estuvieron presentes las izquierdas, excluye del mismo a Adelante Andalucía, y otorga una mayoría total a las formaciones conservadoras. PP-A y Vox introdujeron el pasado 16 de octubre un escrito en el Parlamento, que terminó por conseguir la aprobación de trámite el 11-N, para suprimir de urgencia el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 24 de dicha Ley de Cámara de Cuentas, que dicta, textualmente, que "todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del grupo mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta". Asimismo, la norma establece que, si el reparto proporcional no permite garantizar esa representación, deberá ceder un puesto el grupo que, teniendo ya asegurado un consejero, haya obtenido el menor resto en el cálculo del reparto. La reforma impulsada por la derecha elimina la proporcionalidad de los grupos parlamentarios en la elección de sus representantes en el...

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Hace 10 h

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Choque entre el Constitucional y el Supremo (se abre en una pestaña nueva)

El choque institucional al que estamos asistiendo entre el Tribunal Constitucional y la Sala II del Tribunal Supremo con motivo de la declaración de constitucionalidad de la ley de Amnistía y su aplicación al delito de malversación de caudales públicos viene de lejos, y es frecuente en los países que contemplan la existencia de un Tribunal Constitucional con la potestad de anular las sentencias judiciales, si observan que se ha vulnerado alguno de los derechos que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático, en el que se salvaguarde el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, encomendado a jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos al imperio de la ley. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo no puede ser una excepción. Confrontaciones de esta naturaleza las hemos visto en varios países en los que conviven ambas instituciones. Ni el Tribunal Supremo puede envolverse en el manto de ser la cúspide del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional puede ir más allá de ser el intérprete supremo de la Constitución, ni convertirse en el censor de todas las actividades del resto de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional español se constituyó y comenzó a funcionar el 12 de julio de 1980. De sus doce integrantes, diez eran catedráticos de un alto prestigio nacional e internacional y dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de indudable prestigio profesional. Desde sus comienzos tuvo que sentar las bases de lo que debería constituir el debido proceso, a la luz de la interpretación del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con especial hincapié en el derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de otras garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece claramente que la sentencia debe construirse sobre las pruebas practicadas en el juicio oral sin acudir a los atestados policiales. En estos momentos los informes de la UCO y la UDEF se han convertido en una especie de Evangelios. También se les recuerda que no pueden valerse de pruebas ilegítimamente obtenidas y algo tan elemental como que la duda favorece al acusado. El primer impacto sobre la mala práctica judicial en el proceso penal se produce con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, (Sala Primera), de 28 de julio, ponente Gloria Begué Cantón, que señaló que para destruir la presunción de inocencia era necesario contar con una mínima actividad probatoria, obtenida y practicada en el juicio oral con todas las garantías procesales constitucionales y legales. Denuncia que la única prueba que ha servido para condenar al demandante de amparo es su confesión ante la policía, realizada sin la garantía constitucional que supone la asistencia de Letrado. Se le ha colocado en una situación discriminatoria de práctica indefensión, vulnerándose el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En la sentencia ya se vislumbraba la resistencia tradicional de los órganos jurisdiccionales, plasmada en el voto particular de Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se aferra al valor probatorio de las diligencias practicadas durante la fase de investigación. Son innumerables las sentencias en este sentido. La tendencia a nombrar catedráticos y expertos ajenos a las funciones jurisdiccionales se ha ido perdiendo y ha sido sustituida por la colonización del Tribunal Constitucional por el mecanismo de los tres quintos, salvo en el caso de los designados por el Gobierno en un reparto de cuotas entre el Partido Popular y el PSOE, que inexorablemente provoca su politización ante la opinión pública. Que quede claro que esta objeción no supone demérito alguno para los designados, ya que siempre he considerado que lo importante es el contenido y los razonamientos de las sentencias. En estos momentos el choque de trenes entre ambos Tribunales adquiere su máxima gravedad al abordar la aplicación de la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes en lo relativo al delito de malversación. Ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla se recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional confirma la amnistía. El Constitucional reprocha al Supremo que su resolución representa: " una interpretación extensiva que (desconoce) el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla" . El criterio de esta Sala asume una interpretación que "… conduce a una drástica contradicción (…) manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta". Añade que la interpretación del Supremo es contraria "… a las reglas de la lógica y del sentido común», además de incluir "… razonamientos que (presentan) de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido". La contestación del Supremo se acomoda a los reproches: “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia. Según la redacción de Marchena, t ales manifestaciones tratan de “enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto". Tras destacar que asume en su integridad la decisión del TC, el Supremo resalta que “la fundamentación jurídica de la mayoría que ha inspirado el otorgamiento de amparo incluye consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria. Atribuir a la interpretación de esta Sala una "drástica contradicción", una "reducción teleológica" , una "interpretación extensiva", una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables", un distanciamiento del "sentido común", de "la lógica", de la finalidad de la ley y, en fin, la ausencia de un elemental "nexo de coherencia", representa enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”. El tono y los comentarios de la prensa alineada con la derecha extrema auguran un futuro choque todavía más trascendente con motivo de la suspensión, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del derecho de sufragio de los descendientes de españoles que optaron a la nacionalidad según la ley de Memoria Democrática y que voluntariamente se inscribieron en el Censo de Residentes ausentes (CERA). Están abonando el terreno para denunciar un fraude electoral si el Tribunal Constitucional restaura el sufragio suspendido. Queda poco tiempo para comprobarlo. _____________ José Antonio Martín Pallín es abogado, y ha sido el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

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No se pudieron leer los feeds de Melilla Hoy, Granada Digital, Gasteiz Hoy, La Marina Plaza, El Bierzo Digital, OKDiario. El resto de medios se actualiza con normalidad.
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