El mar Negro se ha convertido en la ruta más mortífera del mundo para la marina mercante, con cientos de ataques y más de 70 marineros muertos desde junio
La patronal de pymes denuncia que un seguimiento del 8,3% ha provocado un impacto en el 27,5% de las empresas
El Ministerio Público solicita con carácter urgente e inmediato la retirada de los miles de contenidos de abusos sexuales explícitos a niños que ha sacado a la luz una investigación de Maldita.es Una investigación halla en TikTok miles de contenidos de abusos sexuales a niños: “Ofrecen vídeos de sus hijas y sobrinos” La Fiscalía ha presentado este viernes una denuncia en los tribunales contra la filial de TikTok en España para que se investiguen posibles delitos relacionados con la difusión en la plataforma de material de abuso sexual infantil. Además, reclama con carácter urgente e inmediato la retirada de los contenidos de abuso denunciados. En su escrito, la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, solicita a la autoridad judicial que abra una causa judicial y practique diligencias para indagar en los hechos recogidos en una investigación de Maldita.es que ha sacado a la luz cómo la plataforma expone vídeos e imágenes de pederastia sin filtros e incluso sirve para derivar a otras vías de compraventa de este material. En 35 días de recogida y análisis de datos, los investigadores han documentado 231 perfiles que han publicado 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito. En total, suman 48 millones de visualizaciones. El exhaustivo trabajo de campo de Maldita.es, que comienzó a publicarse el pasado lunes , se realizó entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Y pese a la legislación y las políticas internas de la plataforma, el último día de investigación el 59% de los perfiles seguían activos. Este miércoles, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, designó a la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática la investigación de los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es . En la denuncia se hacía constar que habían tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok. También que desde la red social se recomiendan contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en esa plataforma o en otras, además de transmisiones en directo con menores a cambio de compensaciones económicas. Los denunciantes ratificaron su denuncia ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática y entregaron las pruebas que sustentan su investigación. La Fiscal de Sala, tras las oportunas diligencias y comprobaciones, ha presentado este viernes la denuncia ante la autoridad judicial.
La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) también alerta de que continúan incompatibilidades, y servicios que siguen sin existir, como la fisioterapia
CEOE y Cepyme califican las movilizaciones como una huelga de "mínimo históricos" a nivel sectorial y territorial. Critican que el Gobierno haya alentado el paro. La patronal de la industrial del metal, Confemetal, apunta a un "seguimiento limitado". ATA asegura que el 92% de los autónomos mantiene su actividad.
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El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
El Ministerio Público solicita con carácter urgente e inmediato la retirada de los miles de contenidos de abusos sexuales explícitos a niños que ha sacado a la luz una investigación de Maldita.es Una investigación halla en TikTok miles de contenidos de abusos sexuales a niños: “Ofrecen vídeos de sus hijas y sobrinos” La Fiscalía ha presentado este viernes una denuncia en los tribunales contra la filial de TikTok en España para que se investiguen posibles delitos relacionados con la difusión en la plataforma de material de abuso sexual infantil. Además, reclama con carácter urgente e inmediato la retirada de los contenidos de abuso denunciados. En su escrito, la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada de la Fuente, solicita a la autoridad judicial que abra una causa judicial y practique diligencias para indagar en los hechos recogidos en una investigación de Maldita.es que ha sacado a la luz cómo la plataforma expone vídeos e imágenes de pederastia sin filtros e incluso sirve para derivar a otras vías de compraventa de este material. En 35 días de recogida y análisis de datos, los investigadores han documentado 231 perfiles que han publicado 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito. En total, suman 48 millones de visualizaciones. El exhaustivo trabajo de campo de Maldita.es, que comienzó a publicarse el pasado lunes , se realizó entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Y pese a la legislación y las políticas internas de la plataforma, el último día de investigación el 59% de los perfiles seguían activos. Este miércoles, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, designó a la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática la investigación de los posibles delitos denunciados por el medio Maldita.es . En la denuncia se hacía constar que habían tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok. También que desde la red social se recomiendan contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en esa plataforma o en otras, además de transmisiones en directo con menores a cambio de compensaciones económicas. Los denunciantes ratificaron su denuncia ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática y entregaron las pruebas que sustentan su investigación. La Fiscal de Sala, tras las oportunas diligencias y comprobaciones, ha presentado este viernes la denuncia ante la autoridad judicial.
La asociación de empresarios del transporte de viajeros por carretera Galibus denuncia que la Xunta "asfixia" al sector "pagando el servicio con costes de 2024".
El pasado 17 de octubre entró en vigor en España el nuevo prefijo 400, una numeración que las empresas deben utilizar para realizar llamadas comerciales que ayudará a los usuarios a identificarlas. Sin embargo, solo hemos tardado tres días en toparnos con el primer intento de estafa. ¿Por qué? Bueno, como contó un vecino de Puente Genil (Córdoba), recibió una llamada de un supuesto trabajador de Iberdrola que consiguió hacerse con sus datos bancarios . Según explica Cordópolis , el afectado presentó una denuncia ante la Policía Local después de recibir una llamada desde un número que comenzaba por 400. Los agentes señalan que se trata de un intento de vishing , una técnica de fraude telefónico en la que los delincuentes suplantan la identidad de empresas conocidas para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener datos confidenciales o, en el peor de los casos, dinero. El prefijo 400 identifica una llamada comercial, pero no garantiza que sea segura Lo curioso es que el Gobierno había reservado esta numeración precisamente para que los ciudadanos pudieran reconocer más fácilmente las llamadas comerciales. Se trata de números de nueve cifras que empiezan por 400 y que solo permiten realizar llamadas, no recibirlas. Es decir, no puedes devolver una llamada a estos números. ¿Significa esto que todas las llamadas con el 400 son fiables? La propia Policía Local de Puente Genil advierte de que no. Los estafadores pueden aprovechar la confianza que genera una numeración aparentemente oficial para engañarte, e incluso existen técnicas que permiten falsificar el identificador que aparece en la pantalla de tu móvil. Por eso, si recibes una llamada inesperada en la que te solicitan información bancaria, contraseñas o códigos de verificación, lo mejor es no facilitar nada y contactar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales. Y si ya has compartido tus datos bancarios, la Policía recomienda avisar inmediatamente a tu banco para evitar posibles operaciones fraudulentas. Foto | Canva En Genbeta | Jordi Cruz, sobre la actitud de los trabajadores: “Hay un cambio generacional. Hemos pasado de ser espartanos y meterle catorce horas a hacer ocho y entenderlo de una forma distinta” - La noticia Denuncian un intento de estafa telefónica con el recién estrenado prefijo 400 de llamadas comerciales fue publicada originalmente en Genbeta por Redacción de Genbeta .
El SLG denuncia que el sector lleva más de una década sin percibir un aumento de precios pese al incremento de costes
Entidades como FACUA, UGT y grupos educativos denuncian que las plataformas están «colonizadas» por titulares de cebo y reclaman igualdad de condiciones frente a los medios sujetos a control legal
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No es la primera vez que el transitado parque recibe la visita de roedores
El mar Negro se ha convertido en la ruta más mortífera del mundo para la marina mercante, con cientos de ataques y más de 70 marineros muertos desde junio
Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .
La patronal de pymes denuncia que un seguimiento del 8,3% ha provocado un impacto en el 27,5% de las empresas
Varios teatros han desplazado las funciones de día o incluso cancelado su programación del 11 de noviembre, incluidos el Auditorio Nacional y el Teatro Real. "Son hechos muy graves que el público debe conocer", aseguran Paul Mescal, Susan Sarandon o Tilda Swinton apoyan a Sally Rooney tras su veto en Reino Unido por su apoyo a Palestina Los sindicatos CGT y CNT han denunciado que varios espectáculos de Madrid están vulnerando el derecho a huelga a sus trabajadores, tras haber cancelado o desplazado a fechas diferentes las funciones programadas para el 11 de noviembre. Tanto en El Rey León que se representa en el teatro Lope de Vega como El alma al aire que acoge el Coliseum, las funciones previstas para el miércoles 11 se han trasladado al lunes 9. Ambas están producidas por Stage Entertainment. En la página web de los dos musicales publicaron un aviso, que posteriormente borraron, en el que informaban: “Debido a la huelga general, la función del 11 de noviembre ha sido cancelada. Sentimos mucho las molestias”. En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, indicaban igualmente que quien tuviera entradas para ese día, podría cambiarlas sin coste adicional por otra función disponible. Este periódico ha intentado contactar con la productora, pero todavía no ha obtenido respuesta. Captura del calendario de noviembre de 'El rey león' con el que se accede a la venta de entradas También se han desplazado los conciertos programados para el 11 en el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música, este último dependiente del Ministerio de Cultura. El Teatro Real ha enviado un comunicado a los medios de comunicación informando de la reprogramación. En él alegan que se ha acordado “por razones de seguridad y para prevenir posibles incidencias en la movilidad del transporte público o eventuales cortes de circulación que podrían dificultar la entrada y salida del público, los artistas, los trabajadores y el resto de profesionales relacionados con el Teatro Real, derivadas de la convocatoria de huelga general para esa jornada”. Añaden que con esta medida quieren “garantizar y compaginar el derecho a la huelga de la plantilla con el compromiso con el público”. Lo mismo ha ocurrido en el musical Six en el teatro Gran Vía, que gestiona el grupo Smedia y otros del mismo grupo, como Victoria en el Fígaro. En el caso de del Alcázar, han cancelado la función, pero sin reprogramarla. En los teatros Luchana se ha cancelado toda la programación, dando día libre al personal. Los sindicatos denuncian que se han producido igualmente irregularidades en el musical Los Miserables , regentado por ATG Entertainment, que ha cambiado la función del día 11 al 8. La misma productora ha cancelado Querido Evan Hansen en el Rialto, Wicked en el Nuevo Teatro Alcalá y La función que sale mal en el Amaya. Para los sindicatos, estos son hechos “muy graves que el público asistente a esos espectáculos debe conocer”. Además, indican que en las próximas semanas harán piquetes informativos en diferentes teatros madrileños y hacen un llamamiento al público que hubiera adquirido entradas para el día de la huelga general, para que rechacen el cambio de fecha y soliciten la devolución de los importes abonados.
