La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
El PSOE ha denunciado al Partido Popular después de que el exasesor ministerial Koldo García, condenado por el 'caso mascarillas' a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo, asegurase que le ofrecieron costear su defensa y un millón de euros si mentía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido sobre un hombre de 69 años , al que asaltaron después de que retirase dinero en efectivo de un cajero automático, robándole 550 euros y el teléfono móvil.Los detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales, han ingresado en prisión provisional tras ser puestos a disposición judicial, como ha detallado la Policía en una nota.Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 24 de septiembre de 2026 , cuando los tres individuos siguieron a la víctima después de que esta realizara una extracción de dinero en un cajero situado en una de las principales avenidas de la ciudad.Aprovechando la ausencia de transeúntes en la zona, uno de los asaltantes lo abordó por detrás y lo inmovilizó mediante la técnica conocida como «mataleón», ejerciendo «una fuerte presión» sobre el cuello hasta conseguir que perdiera el conocimiento. Una vez reducido, los autores le sustrajeron 550 euros en efectivo y el teléfono móvil que llevaba consigo, huyendo posteriormente del lugar a la carrera.Tras la denuncia presentada por la víctima en la Comisaría Provincial de Cádiz, el Grupo de Delincuencia Urbana se hizo cargo de la investigación y consiguió identificar a los tres presuntos responsables, los cuales son conocidos delincuentes de la ciudad con edades comprendidas entre los 41 y los 46 años y más de 15 detenciones policiales cada uno .Las detenciones se produjeron de manera escalonada. El primero de los implicados fue arrestado el 8 de octubre, y tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. El segundo fue localizado y detenido el 14 de octubre por agentes del Grupo de Delincuencia Urbana después de ofrecer una fuerte resistencia a la actuación policial. Al igual que en el caso anterior, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.Finalmente, el tercer implicado, considerado el más «escurridizo» de los tres y señalado como el autor material de la agresión mediante la técnica del «mataleón» , fue detenido el pasado 8 de noviembre.Su localización se produjo en las inmediaciones de la plaza de la Catedral, cuando circulaba a gran velocidad en un patinete eléctrico. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, con la colaboración de un policía franco de servicio, consiguieron interceptarlo y proceder a su detención.Tras su puesta a disposición judicial, también se decretó su ingreso en prisión provisional, por lo que los tres presuntos autores del robo se encuentran actualmente en prisión.
Los socialistas ven delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en el presunto soborno al exasesor de Ábalos para que lanzara sospechas sobre Sánchez y su entorno Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir “información sin contrastar” sobre un falso terrorista magrebí El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Los socialistas consideran que estas presuntas prácticas, en las que el propio García involucró al abogado del PP, Alberto Durán , podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la representación del PSOE denuncia a Durán, el Partido Popular, el director de Okdiario, Eduardo Inda, y la empresa editora de ese medio Dos Mil Palabras, S. L. que fue la que fue la que pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendió a Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas. El PSOE, en su texto, da credibilidad a las declaraciones efectuadas desde la cárcel por Koldo García. Y pide la declaración como querellados de Durán, Inda y los representantes legales tanto del PP como de la editora de Okdiario, que Koldo García sea llamado a declarar como testigo y el volcado de los móviles de todos ellos. Asimismo, solicita que “se acuerde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice las comunicaciones existentes entre los denunciados en el periodo comprendido entre abril de 2025 a septiembre de 2026 para la emisión de informe correspondiente”. Además, pide un requerimiento a la Agencia Tributaria para que “emita informe sobre la corrección y deducibilidad contable del desembolso de 242.000 euros soportado por la editora bajo el concepto de minuta defensiva letrada de un tercero por motivos ajenos a la actividad propia de la empresa que constituye su objeto social”. La denuncia recuerda que el 29 de octubre se conoció “a través de los medios de comunicación”, entre ellos elDiario.es , “que los honorarios de la letrada de Koldo García Izaguirre por los servicios a este, Leticia de la Hoz Calvo, fueron abonados por la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., editora de Okdiario”. Hasta su renuncia, el pasado martes, De la Hoz fue la abogada de Koldo García tanto en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas –por el que terminó condenado a prisión–, como en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Además, el PSOE recuerda que De la Hoz coincidió en esas causas “con la representación del Sr. Duran como letrado de la acusación popular unificada en el Partido Popular”. Un “ropaje de legalidad” en las facturas En las facturas publicadas, “quien aparece como pagador y realizaba las transferencias es la sociedad Dos Mil Palabras, S.L., editora del diario digital Okdiario, por las que se constata que dicha sociedad abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants, por honorarios correspondientes a los servicios de Leticia de la Hoz, correspondientes a los procedimientos donde representaba a Koldo García”. El PSOE considera que a pesar de que Okdiario sostiene que ese desembolso se hizo para la publicación de un libro y la realización de una docuserie, “del contraste con las facturas hechas públicas de los honorarios de Koldo cobrados por Leticia de la Hoz podría evidenciarse una maniobra de simulación negocial”. Así, el abogado de los socialistas apunta a que “el contrato mercantil aparece fechado el 26 de noviembre de 2025, esto es, justo el día antes de realizarse el primer pago que concretaba los términos del acuerdo de retribución e interferencia procesal acordado entre el abogado de la acusación popular del Partido Popular (D. Alberto Durán), el director de Okdiario (D. Eduardo Inda) y D. Koldo García, según este en los audios conocidos, y que vino acompañado de una entrevista el día siguiente”. “La confección del contrato en esa fecha exacta no respondería a una negociación editorial real, sino a la necesidad apremiante de fabricar un 'ropaje de legalidad' que sirviera de tapadera a la causa ilícita pactada previamente y al pago que se iba a realizar”, añade la denuncia. “Si la causa hubiera sido la real adquisición de derechos a Koldo García, el dinero de la contraprestación editorial debería haberse abonado a este en su condición de cedente. Sin embargo, la abogada defensora no le factura a su cliente Koldo García, sino que emite las facturas (de 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026) directamente a la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., bajo el concepto inequívoco de 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'”, apunta el PSOE en su escrito. “Es decir, la editorial no le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce la defensa letrada de Koldo García, asumiendo una minuta penal ajena”. “Esta quiebra entre los sujetos del contrato simulado (OKDIARIO-Koldo) y los sujetos del pago efectivo (OKDIARIO-Despacho letrada) probaría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un mero artificio o negocio simulado, ideado para encubrir una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal”, concluye. Los audios de Koldo desde prisión El 5 de noviembre de 2026, “apenas unos días después de desvelarse quien se había hecho cargo de abonar las citadas facturas de la letrada Dña. Leticia de la Hoz”, el PSOE recoge cómo la Cadena Ser [también elDiario.es] difundió unos audios que habría enviado Koldo García desde la cárcel. En uno de ellos afirmó lo siguiente: “En una reunión que mantuve con el Señor Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, claro está, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y a alguno más, aun mintiendo”. Además, según la información publicada, Koldo García “sitúa dos reuniones con el Sr. Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del Partido Popular en la calle Génova, afirmando que el pago se canalizaría a través del Sr. Inda y de su empresa Dos Mil Palabras, S. L., editora del periódico digital Okdiario, con quien también se habría reunido, y que parte del importe se justificaría como derechos de un libro, a lo que el Sr. Inda le habría dicho que recuperaría el dinero mediante la publicidad institucional contratada por administraciones gobernadas por el Partido Popular”. También recoge la denuncia las declaraciones de Koldo García asegurando que con posterioridad a la reunión o reuniones con Alberto Durán “mantuvo un almuerzo con el Sr. Inda, en su casa, 'para coordinar el acuerdo económico' y acordar el contenido de la entrevista que se le iba a hacer, y que lo previsto era que ese contenido se transformara después en una declaración ante la autoridad judicial”. “En el desarrollo del plan descrito, Koldo García sitúa también la recepción de advertencias sobre el eventual ingreso en prisión de su pareja y de su hermano, y las consecuencias que ello tendría para su hija. El ofrecimiento de beneficios económicos y procesales aparece así acompañado, en su relato, de presiones referidas a su entorno familiar”, añade. En los audios Koldo García señala que el Inda le manifestó, literalmente: “Inda me dijo que el dinero que iba a adelantar se lo devolverían en pagos de publicidad institucional procedente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. La denuncia prosigue: “Lo cierto es que el 27 de noviembre de 2025, en la misma fecha en que se factura y se abona el primer pago de los honorarios de la Abogada de Koldo García por Dos Mil Palabras, Okdiario, a través de su página de Facebook, publicó una entrevista a Koldo García, titulada Koldo García tira de la manta en EXCLUSIVA con Eduardo Inda . Y sobre la que se anunciaba: El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para Okdiario hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión”. En relación con esta entrevista, Koldo, en otros audios publicados el 5 de noviembre de 2026 por elDiario.es, ratificó esa versión y precisó que el pago de su defensa “se llevó a cabo gracias a la entrevista” concedida a Inda. Supuesta reunión con Tellado El PSOE también cita un informe de la UCO de 5 de febrero de 2024 en el que se señalaba que “sobre la base de intervenciones telefónicas y conversaciones de móvil entre Koldo García y un tercero”, el 2 de diciembre de 2023 el exasesor de Ábalos “habría quedado con 'Miguel' y 'Alberto'”, y que el 9 de enero de 2024 “afirmaría haber quedado 'a las 10:15h en Génova', referencia que la UCO considera que 'pudiera' aludir a la sede del Partido Popular. En el citado informe por parte de la UCO se identifica la persona denominada ”Miguel“ como ”Miguel Tellado“, actual secretario general del PP. Y los socialistas añaden: ”Después de conocidas las últimas informaciones es lógico inferir que el 'Alberto' mencionado podría ser D. Alberto Durán, letrado del Partido Popular, y que 'Miguel' es D. Miguel Tellado“. “El pasado 9 de noviembre de 2026 una máxima responsable del Partido Popular, Cuca Gamarra, a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni donde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cual fue su objeto”, apunta la denuncia, que concluye que Koldo ha sostenido desde la cárcel “que se habría reunido con el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, y este último le planteó una rebaja en la petición de pena en la causa abierta en el Tribunal Supremo, que plantearía la acusación popular unificada que lideraba el PP, a través de él mismo; dejar fuera de la causa a su expareja Patricia Úriz y a su hermano, Joseba García Izaguirre, y el pago de su defensa, más un millón de euros”. También cita “unos nuevos audios conocidos el 10 de noviembre a través de la Séptima, enviados al periodista Javier Ruiz desde la prisión”, en los que “Koldo García menciona en relación a sus conversaciones con el Sr. Inda al fiscal Jefe Anticorrupción, Sr. Luzón, y nuevos hechos”. “En estos nuevos audios Koldo García relata que tuvo que grabar una segunda entrevista con el director de Okdiario, Eduardo Inda, porque el contenido de la primera no convencía. Y que en esta segunda entrevista es cuando Inda le transmitió la siguiente advertencia vinculada al fiscal jefe Anticorrupción: ”Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión“. La denuncia recoge, asimismo, que la inversión publicitaria institucional de las comunidades y administraciones gobernadas por el PP a Okdiario en el periodo 2020-2025 “cubren sobradamente el abono y el ofrecimiento revelado” a Koldo García. Así, entre 2017 y 2026, administraciones públicas han pagado a la editora de Okdiario al menos 1.660.880,40 euros en contratos (con IVA) y 3.518.199,51 euros en publicidad institucional (sin IVA), todo ello según fuentes oficiales (Plataforma de Contratación del Sector Público, portales de transparencia autonómicos y municipales, datos abiertos, BDNS y BOCM). Feijóo niega la reunión entre Koldo y el abogado del PP Precisamente este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al youtuber Jordi Wild también sobre esa supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García. El dirigente popular la ha negado. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo .
La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
La renovación de los órganos instrumentales de la Junta de Andalucía durante las últimas semanas ha situado en el centro de la polémica los nombramientos impulsados por PP-A y Vox. Entre ellos figuran la continuidad por tercera vez consecutiva del director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, así como de Rafael Porras al frente del Consejo de Administración de la RTVA y la incorporación de María Jesús Botella, cuñada de José María Aznar y hermana de Ana Botella, al mismo órgano como consejera, tras ocupar el puesto de coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de Córdoba; y la elección de Ana María Vielba, exviceconsejera de Agricultura, quien tuvo que abandonar el Partido Popular tres días antes de su nombramiento como directora del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, cargo incompatible con afiliaciones políticas. A estos nombramientos se suma el de la expresidenta del Parlamento andaluz y exdiputada autonómica, Marta Bosquet, como Defensora del Pueblo; y la reciente reforma de la Cámara de Cuentas, donde se excluye a Adelante Andalucía de su consejo. Con todo esto, el pasado jueves en la sesión de control en el Parlamento andaluz, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, apuntó al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, como "artífice" de todas estas reformas de calado, acusándole de una "colonización" en las instituciones públicas andaluzas por parte del Partido Popular: "Cada día este Parlamento es más chico, y las instituciones siguen una deriva peligrosa", aserveró. Reforma de la Cámara La Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano de control externo del sector público andaluz. Su función principal es fiscalizar cómo utiliza el dinero público la Junta de Andalucía, así como los ayuntamientos, las diputaciones y otros organismos públicos. La mencionada Ley de Cámara de Cuentas en disputa, que data de 1988, permite que todos los grupos parlamentarios tengan derecho, como mínimo, a disponer de un consejero en la Cámara. Sin embargo, la reforma que han aprobado PP-A y Vox en el pleno del Parlamento el pasado miércoles, el día de la Huelga General, donde no estuvieron presentes las izquierdas, excluye del mismo a Adelante Andalucía, y otorga una mayoría total a las formaciones conservadoras. PP-A y Vox introdujeron el pasado 16 de octubre un escrito en el Parlamento, que terminó por conseguir la aprobación de trámite el 11-N, para suprimir de urgencia el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 24 de dicha Ley de Cámara de Cuentas, que dicta, textualmente, que "todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del grupo mixto, tienen derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta". Asimismo, la norma establece que, si el reparto proporcional no permite garantizar esa representación, deberá ceder un puesto el grupo que, teniendo ya asegurado un consejero, haya obtenido el menor resto en el cálculo del reparto. La reforma impulsada por la derecha elimina la proporcionalidad de los grupos parlamentarios en la elección de sus representantes en el...
El pasado 17 de octubre entró en vigor en España el nuevo prefijo 400, una numeración que las empresas deben utilizar para realizar llamadas comerciales que ayudará a los usuarios a identificarlas. Sin embargo, solo hemos tardado tres días en toparnos con el primer intento de estafa. ¿Por qué? Bueno, como contó un vecino de Puente Genil (Córdoba), recibió una llamada de un supuesto trabajador de Iberdrola que consiguió hacerse con sus datos bancarios . Según explica Cordópolis , el afectado presentó una denuncia ante la Policía Local después de recibir una llamada desde un número que comenzaba por 400. Los agentes señalan que se trata de un intento de vishing , una técnica de fraude telefónico en la que los delincuentes suplantan la identidad de empresas conocidas para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener datos confidenciales o, en el peor de los casos, dinero. El prefijo 400 identifica una llamada comercial, pero no garantiza que sea segura Lo curioso es que el Gobierno había reservado esta numeración precisamente para que los ciudadanos pudieran reconocer más fácilmente las llamadas comerciales. Se trata de números de nueve cifras que empiezan por 400 y que solo permiten realizar llamadas, no recibirlas. Es decir, no puedes devolver una llamada a estos números. ¿Significa esto que todas las llamadas con el 400 son fiables? La propia Policía Local de Puente Genil advierte de que no. Los estafadores pueden aprovechar la confianza que genera una numeración aparentemente oficial para engañarte, e incluso existen técnicas que permiten falsificar el identificador que aparece en la pantalla de tu móvil. Por eso, si recibes una llamada inesperada en la que te solicitan información bancaria, contraseñas o códigos de verificación, lo mejor es no facilitar nada y contactar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales. Y si ya has compartido tus datos bancarios, la Policía recomienda avisar inmediatamente a tu banco para evitar posibles operaciones fraudulentas. Foto | Canva En Genbeta | Jordi Cruz, sobre la actitud de los trabajadores: “Hay un cambio generacional. Hemos pasado de ser espartanos y meterle catorce horas a hacer ocho y entenderlo de una forma distinta” - La noticia Denuncian un intento de estafa telefónica con el recién estrenado prefijo 400 de llamadas comerciales fue publicada originalmente en Genbeta por Redacción de Genbeta .
El Partido Socialista ha presentado una denuncia en Fiscalía sobre los presuntos ofrecimientos del Partido Popular y OkDiario a Koldo García. La formación pide investigar si el letrado de Génova, Alberto Durán, y el director del medio digital, Eduardo Inda, orquestaron una cloaca que ofreció al exasesor de Ábalos dinero a cambio de informaciones para derrocar al Gobierno, como ha ido desvelando en la última semana. El PSOE pide a la Fiscalía que investigue posibles delitos de obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, prevaricación y malversación, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com. La denuncia va dirigida a su vez contra uno de los abogados del PP, Alberto Durán, así como a la empresa editora y los socialistas dicen que se habría hecho "con una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio podría ser el Partido Popular". "Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", abunda el PSOE. Además, hace hincapié en que, el pasado 9 de noviembre, una de las dirigentes 'populares', Cuca Gamarra, "a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni dónde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cuál fue su objeto". En su turno de última palabra en el juicio del Supremo, Koldo aseguró: "A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir". En concreto, Koldo ha acusado en varios audios al abogado del PP de haberle ofrecido un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de contar corruptelas de Pedro Sánchez, primero en una entrevista a OkDiario, y después ante la Justicia. El que fuera asesor de Ábalos asegura que se reunió con Durán e Inda, y que estos le ofrecieron un acuerdo que se quedó en los 242.000 euros que la editora de OkDiario le pagó a su abogada Leticia de la Hoz, por los "honorarios" de la defensa en el 'caso Mascarillas'. Según el digital de Inda, este dinero se pagó por los derechos de contenido audiovisual sobre Koldo.
La Policía Nacional ha alertado de este timo , conocido como shock call , en el que los ciberdelincuentes llaman por teléfono a una persona y se hacen pasar por agentes de la autoridad . Durante la conversación, le dicen que un familiar suyo ha provocado un accidente en el que ha muerto un bebé y que debe pagar una cantidad de dinero para evitar que vaya a prisión. Para conseguir que la víctima pague, los timadores buscan provocarle un estado de shock y presionarla para que no cuelgue. También pueden citarla en un lugar cercano y con muy poco margen de tiempo, con el objetivo de impedir que contacte con otros familiares o compruebe si lo que le están contando es cierto. La Policía Nacional recuerda que las autoridades no solicitan pagos por teléfono y que las fianzas judiciales en España nunca se abonan en una cuenta particular . También recomienda desconfiar de las llamadas que intenten retenerte y denunciar estos hechos ante las autoridades.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato , ha encargado a la fiscal de Sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente , que investigue los posibles delitos de elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y de corrupción de menores en TikTok. Así lo ha informado la Fiscalía General del Estado, que sitúa el origen de las pesquisas en la denuncia presentada por Maldita.es ante su Unidad de Criminalidad Informática. Los denunciantes comparecieron el 11 de noviembre ante la fiscal Tejada para ratificar la denuncia y entregar el material probatorio, que será objeto “de inmediato análisis y valoración ”, según el Ministerio Público. La denuncia describe la venta y difusión de este material en la red social, la recomendación de contenidos similares y la emisión en directo de imágenes de menores a cambio de dinero. Las investigaciones de Maldita.es han detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que suman más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este material, más de 7.000 de ellos en español. También han localizado 780 cuentas que usan la plataforma para captar compradores, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en las que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés. En paralelo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado actuaciones tras recibir una comunicación formal del Ministerio de Juventud e Infancia . El Gobierno había pedido a la Agencia que paralizara de forma excepcional los servicios de TikTok en España, pero el organismo ha aclarado que no tiene competencias para decretar el cierre de la plataforma. Lo que sí hará es pedir a Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su verificación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos, y requerir a TikTok información concreta sobre lo que está haciendo para retirar esos contenidos. Una vez analizada esa información, ordenará el bloqueo del acceso a esos enlaces , una medida que define como “concreta, proporcionada y adecuada”. La Agencia recuerda que investigar los hechos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a los jueces, que son también “la sede natural” para acordar la retirada de contenidos penalmente ilícitos o restringir el acceso a un servicio. Además, como TikTok tiene su establecimiento principal europeo en Irlanda, la autoridad que la supervisa es la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC), y la AEPD solo puede intervenir en supuestos “tasados y excepcionales” , como el procedimiento de urgencia. Por eso trasladará la información a la autoridad irlandesa, a las demás autoridades europeas y a la Comisión Europea, competente en el Reglamento de Servicios Digitales. TikTok ha eliminado parte de los vídeos denunciados y ha restringido dos de los términos de búsqueda que la investigación identificó como vía de acceso al material. Sin embargo, Maldita.es denunció el martes que el resto de términos siguen funcionando como antes, pese a haber sido reportados , y que en tres horas de búsqueda localizó otras 100 publicaciones de abuso sexual infantil, que también entregará a la Fiscalía. Según la fundación, no necesitó “ninguna herramienta secreta”: el buscador y el algoritmo de la plataforma la llevaron directamente a ese contenido. Una de las últimas entregas de la investigación de Maldita.es se centra en el ‘Team 94’, una comunidad de más de 2.000 usuarios que busca y ofrece material de abuso de bebés y niños muy pequeños . Toma su nombre de Matthew Estes, condenado en Estados Unidos en 2025 a 60 años de prisión por violar a un bebé de 16 meses, grabarlo y distribuirlo. Maldita.es localizó 39 vídeos e imágenes de menores que probablemente son víctimas de abusos, con más de un millón de visualizaciones, y más de 2.000 comentarios potencialmente pederastas, la mayoría en español. Al contactar con miembros del grupo, varios aseguraron tener material grabado con menores de su familia; uno, que se presentó como padre, se ofreció a abusar de su hijo en directo por videollamada. El 7 de octubre, el medio detectó además un directo en TikTok en el que se emitió una de las violaciones de Estes . Seis días después, la cuenta seguía activa.
La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Soria , Sara López, ha anunciado el voto en contra de su formación al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (REC) y a la modificación presupuestaria número 11/2026 que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno. Denuncia el uso reiterado de esta fórmula para abonar gastos sin licitación previa, recordando que en junio ya se aprobó otro expediente similar por valor de 185.687,24 euros . "Una vez más, el Ayuntamiento acumula 680.425,39 euros en obligaciones de pago irregulares porque el PSOE omite de forma sistemática el procedimiento legal de contratación", ha señalado la representante municipal. Asimismo, ha criticado los sobrecostes en adjudicaciones ya finalizadas: "No vamos a tapar sus trampas en los contratos , ni los 600.000 euros que nos han costado a los sorianos. Después del caso Fuentona , lo que los sorianos piden al Ayuntamiento es transparencia". Junto a este expediente, el grupo socialista prevé aprobar una modificación presupuestaria de 549.561,11 euros . Según ha explicado López, esta cuantía se detrae de inversiones reales previstas para la ciudad, tales como la urbanización del polígono industrial de Las Casas, la adecuación de la plaza de Las Balsas o la creación de infraestructuras turísticas. Advertencias del interventor municipal En Vox aseguran no cuestionar el derecho de las empresas a cobrar por los servicios prestados, pero rechazan que se traslade el problema a los funcionarios. Según ha expuesto la concejal, el propio informe del interventor reprueba esta gestión: "El interventor ha dicho basta y ha tenido que parar los pies de forma contundente al equipo de gobierno ". El documento técnico alerta de "obligaciones indebidamente adquiridas y de incumplimientos normativos que determinan la nulidad de pleno derecho de las actuaciones municipales". Además, recuerda por escrito que la contratación verbal está prohibida y que un procedimiento extraordinario no puede convertirse en ordinario ni subsana por sí mismo los defectos administrativos. "Los propios técnicos les están diciendo que este Ayuntamiento gestiona al margen de la ley ", ha destacado López. Desglose de contratos caducados y facturas sin expediente El expediente afecta a la práctica totalidad de los departamentos del consistorio a través de servicios con contratos vencidos o prestaciones sin cobertura legal. Los principales importes y actuaciones señalados por Sara López se dividen en las siguientes áreas: Parques y Jardines: Acumula 292.635,83 euros en sobrecostes del servicio prestado por la empresa Talher, cuyo contrato finalizó en octubre de 2018 y se mantiene desde hace ocho años mediante órdenes de continuidad. Centros educativos: Suma 145.921,55 euros por la limpieza de colegios municipales (con el contrato vencido desde noviembre de 2021) y otros 111.003,73 euros de costes energéticos (cuya adjudicación expiró en noviembre de 2025). Deportes y transporte: Incluye facturas sin contrato previo para transportes escolares , torneos de pelota y servicios vinculados a la organización de la Superliga de voleibol , actividades que para la edil son previsibles y deberían haberse licitado. Cultura y Festejos: Abarca citas como Verano en Danza, la actuación del Mago Invisible, gastos adicionales de las fiestas de San Juan y la exposición sobre Gaya Nuño. En estos casos, se celebraron los eventos sin finalizar la adjudicación o, en lo referente al catálogo de la citada muestra, sin iniciar siquiera el expediente de contratación. Para concluir, la concejal ha cuestionado la falta de planificación municipal tras tres años de advertencias por parte de su grupo. "¿De qué sirve pregonar presupuestos récord si luego esconden el coste de los servicios básicos para acabar recurriendo a trampas contables?", ha planteado la edil, rechazando que se normalice la continuidad de servicios caducados a costa de reducir el dinero destinado a nuevas inversiones.
La Policía Nacional ha emitido una advertencia ante el incremento constante de robos y suplantaciones de cuentas de la aplicación WhatsApp que se vienen detectando en toda la comunidad autónoma. Según los datos facilitados por la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en lo que va de año se han registrado cerca de 600 denuncias vinculadas a este delito , observándose un repunte significativo desde el pasado mes de julio en todas las provincias castellano-leonesas. El objetivo principal de los atacantes es tomar el control de la cuenta de la víctima para enviar peticiones de dinero urgente a sus contactos habituales mediante Bizum bajo falsos pretextos. Para lograr apoderarse de los perfiles, los delincuentes emplean diversas tácticas de ingeniería social: Falsos concursos y enlaces trampa : Se ha detectado el envío de mensajes de WhatsApp donde un contacto conocido (cuya cuenta ya ha sido robada previamente) solicita pinchar un enlace para apoyar a un familiar en un concurso de tipo talent show. Al pulsar sobre el enlace, la víctima facilita el control de su cuenta a los criminales, permitiendo que el mensaje fraudulento se reenvíe de forma exponencial a toda su agenda. Ataques 'zero-click' en móviles desactualizados : Explotan vulnerabilidades en sistemas operativos antiguos que han dejado de recibir soporte oficial (como versiones de iOS anteriores a 16.7.12 o sistemas Android obsoletos). Mediante esta técnica, suplantan la cuenta sin que la víctima interactúe ni perciba un funcionamiento anómalo en su teléfono, enviando los mensajes fraudulentos dentro de chats ya existentes. Grupos multitudinarios y SMS : Aprovechan también grupos de WhatsApp masivos formados por desconocidos o la recepción de llamadas y SMS suplantados. Una vez obtenido el control, solicitan dinero alegando urgencia y excusas como problemas técnicos que les impiden atender llamadas telefónicas. Si el contacto cede al engaño, la transferencia por Bizum acaba en manos de una "mula bancaria", quien se queda con una comisión y transfiere el resto a cuentas internacionales de difícil seguimiento. Recomendaciones de la Policía Nacional para evitar ser víctima Desde la Policía Nacional se insiste en que la aplicación de pautas sencillas de ciberseguridad puede prevenir la mayoría de estos fraudes: Desconfiar y verificar por otra vía : Ante cualquier petición urgente e inesperada de dinero, se debe llamar directamente al contacto por teléfono utilizando una vía externa y nunca a través del propio chat de WhatsApp donde se recibió el mensaje. Activar la verificación en dos pasos : Entrar en la app en Ajustes > Cuenta > Verificación en dos pasos y configurar un PIN de seis dígitos. Este código evita que la cuenta se registre o duplique en otro dispositivo aunque el teléfono sea vulnerado. Desactivar las descargas automáticas : En Ajustes > Almacenamiento y datos, establecer las opciones de descarga automática en "Ningún archivo", tanto para datos móviles como para Wi-Fi. Mantener actualizado el dispositivo : Forzar la actualización del sistema operativo (Android o iOS) a la última versión disponible, así como la propia aplicación de WhatsApp, para contar con los parches de seguridad más recientes. Reiniciar el teléfono semanalmente : Apagar y reiniciar el móvil al menos una vez a la semana para limpiar la memoria RAM y cerrar conexiones maliciosas en segundo plano. Evitar grupos con desconocidos : Desconfiar de grupos multitudinarios integrados por personas desconocidas en los que se compartan enlaces o archivos sospechosos. En caso de sospechar o haber sufrido la suplantación de la cuenta, se aconseja cerrar las sesiones en dispositivos vinculados, avisar de inmediato a los contactos mediante SMS o llamada, guardar capturas de pantalla como prueba y presentar denuncia formal en cualquier dependencia de la Policía Nacional.
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