¿El principio de una crisis publicitaria en TikTok? Los problemas de imagen de la plataforma de videos, derivado de la denuncia sobre los contenidos de abusos infantiles que alberga , puede haber empezado a correr como la pólvora. Por ahora, dos gigantes españoles, Banco Santander y Moeve, han retirado sus acciones comerciales, según ha podido confirmar este periódico. TikTok se enfrenta a una crisis que amenaza con trascender el ámbito digital y convertirse en un problema empresarial, judicial e institucional. Una de las principales entidades financieras de España, así como la segunda principal petrolera y destacada compañía energética han decidido suspender sus campañas publicitarias en la red social. Esta situación se produce después de conocerse que anuncios de grandes compañías... Ver Más
El presidente del Gobierno asegura que Zapatero "lo último que querría" es tener las joyas El PSOE denuncia al PP, Eduardo Inda y Okdiario por los pagos de la defensa de Koldo García “Yo pongo la mano en el fuego por José Luis. Sí la pongo, creo en su inocencia”. Así de rotundo se ha expresado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación procesal que atraviesa José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida al youtuber Jordi Wild, Sánchez ha asegurado que jamás el expresidente interfirió en ninguna gestión con Plus Ultra y que las joyas que tiene en su poder le suponen un problema del que desea liberarse. “Conociendo a José Luis, aunque no lo he hablado con él, pero conociendo a José Luis, yo estoy convencido de que lo último que quiere es tener esas joyas, pero ahora están bajo autoridad judicial”, ha asegurado a preguntas de Jordi Wild. “Yo creo en su inocencia, como creo también en el legado de un presidente que ha hecho grandes cosas por este país”, ha defendido antes de insistir en que, en todas las conversaciones que ha mantenido con Zapatero, “nunca” le ha preguntado por Plus Ultra “ni por ninguna empresa”, sino que han hablado de “políticas”. “No lo hubiera permitido”, ha apostillado. Sánchez ha recordado que durante la pandemia el Gobierno articuló un fondo de préstamos a través de la SEPI para “rescatar a empresas que, siendo competitivas y productivas” corrían “el riesgo de cerrar” en pandemia, como fue el caso de Plus Ultra, con el que se llegaron a salvar “casi 8.500 puestos de trabajo”. A preguntas sobre la crisis de Ceuta, el presidente del Gobierno ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes, y ha vuelto a defender que no se marchó de vacaciones, sino que estuvo trabajando en otra “residencia oficial”. Sánchez ha repetido que el Gobierno no tenía información de antemano de que se produciría una avalancha de esas características y ha defendido la labor tanto del CNI como de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Yo no tengo información para acusar a todo un gobierno de esto”, ha defendido, al ser preguntado si sigue sin responsabilizar a Marruecos, subrayando que la frontera de Ceuta es “difícil de gestionar” y que en aquel momento se planteó un “dilema”. “Nos liamos a tiros”, ha dicho, subrayando que había muchos menores entre quienes intentaban entrar, muchos de ellos “chavales desarmados”, “o tratamos de absorber a todos esos chavales para que posteriormente se puedan ir”. “Es evidente que el régimen marroquí, también viéndose superado y sobrepasado por esta realidad, lo que hizo fue facilitar en frontera el que se pudiera gestionar de esa manera esta crisis migratoria”, ha añadido.
Las empresas y autónomos llevan a cabo su actividad con normalidad, y el consumo eléctrico apenas se resiente en el conjunto de la jornada. La patronal denuncia actos vandálicos que obligan a cerrar negocios.
El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
La representación de los trabajadores traslada su reconocimiento a la plantilla por un seguimiento superior al 90% y exige a Epremasa y a la Diputación de Córdoba que dejen de vender la planta como un «ejemplo medioambiental» mientras la infraestructura se cae a pedazos y el material reciclado no se puede vender.
La asociación de empresarios del transporte de viajeros por carretera Galibus denuncia que la Xunta "asfixia" al sector "pagando el servicio con costes de 2024".
Los socialistas ven delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en el presunto soborno al exasesor de Ábalos para que lanzara sospechas sobre Sánchez y su entorno Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir “información sin contrastar” sobre un falso terrorista magrebí El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Los socialistas consideran que estas presuntas prácticas, en las que el propio García involucró al abogado del PP, Alberto Durán , podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la representación del PSOE denuncia a Durán, el Partido Popular, el director de Okdiario, Eduardo Inda, y la empresa editora de ese medio Dos Mil Palabras, S. L. que fue la que fue la que pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendió a Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas. El PSOE, en su texto, da credibilidad a las declaraciones efectuadas desde la cárcel por Koldo García. Y pide la declaración como querellados de Durán, Inda y los representantes legales tanto del PP como de la editora de Okdiario, que Koldo García sea llamado a declarar como testigo y el volcado de los móviles de todos ellos. Asimismo, solicita que “se acuerde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice las comunicaciones existentes entre los denunciados en el periodo comprendido entre abril de 2025 a septiembre de 2026 para la emisión de informe correspondiente”. Además, pide un requerimiento a la Agencia Tributaria para que “emita informe sobre la corrección y deducibilidad contable del desembolso de 242.000 euros soportado por la editora bajo el concepto de minuta defensiva letrada de un tercero por motivos ajenos a la actividad propia de la empresa que constituye su objeto social”. La denuncia recuerda que el 29 de octubre se conoció “a través de los medios de comunicación”, entre ellos elDiario.es , “que los honorarios de la letrada de Koldo García Izaguirre por los servicios a este, Leticia de la Hoz Calvo, fueron abonados por la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., editora de Okdiario”. Hasta su renuncia, el pasado martes, De la Hoz fue la abogada de Koldo García tanto en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas –por el que terminó condenado a prisión–, como en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Además, el PSOE recuerda que De la Hoz coincidió en esas causas “con la representación del Sr. Duran como letrado de la acusación popular unificada en el Partido Popular”. Un “ropaje de legalidad” en las facturas En las facturas publicadas, “quien aparece como pagador y realizaba las transferencias es la sociedad Dos Mil Palabras, S.L., editora del diario digital Okdiario, por las que se constata que dicha sociedad abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants, por honorarios correspondientes a los servicios de Leticia de la Hoz, correspondientes a los procedimientos donde representaba a Koldo García”. El PSOE considera que a pesar de que Okdiario sostiene que ese desembolso se hizo para la publicación de un libro y la realización de una docuserie, “del contraste con las facturas hechas públicas de los honorarios de Koldo cobrados por Leticia de la Hoz podría evidenciarse una maniobra de simulación negocial”. Así, el abogado de los socialistas apunta a que “el contrato mercantil aparece fechado el 26 de noviembre de 2025, esto es, justo el día antes de realizarse el primer pago que concretaba los términos del acuerdo de retribución e interferencia procesal acordado entre el abogado de la acusación popular del Partido Popular (D. Alberto Durán), el director de Okdiario (D. Eduardo Inda) y D. Koldo García, según este en los audios conocidos, y que vino acompañado de una entrevista el día siguiente”. “La confección del contrato en esa fecha exacta no respondería a una negociación editorial real, sino a la necesidad apremiante de fabricar un 'ropaje de legalidad' que sirviera de tapadera a la causa ilícita pactada previamente y al pago que se iba a realizar”, añade la denuncia. “Si la causa hubiera sido la real adquisición de derechos a Koldo García, el dinero de la contraprestación editorial debería haberse abonado a este en su condición de cedente. Sin embargo, la abogada defensora no le factura a su cliente Koldo García, sino que emite las facturas (de 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026) directamente a la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., bajo el concepto inequívoco de 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'”, apunta el PSOE en su escrito. “Es decir, la editorial no le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce la defensa letrada de Koldo García, asumiendo una minuta penal ajena”. “Esta quiebra entre los sujetos del contrato simulado (OKDIARIO-Koldo) y los sujetos del pago efectivo (OKDIARIO-Despacho letrada) probaría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un mero artificio o negocio simulado, ideado para encubrir una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal”, concluye. Los audios de Koldo desde prisión El 5 de noviembre de 2026, “apenas unos días después de desvelarse quien se había hecho cargo de abonar las citadas facturas de la letrada Dña. Leticia de la Hoz”, el PSOE recoge cómo la Cadena Ser [también elDiario.es] difundió unos audios que habría enviado Koldo García desde la cárcel. En uno de ellos afirmó lo siguiente: “En una reunión que mantuve con el Señor Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, claro está, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y a alguno más, aun mintiendo”. Además, según la información publicada, Koldo García “sitúa dos reuniones con el Sr. Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del Partido Popular en la calle Génova, afirmando que el pago se canalizaría a través del Sr. Inda y de su empresa Dos Mil Palabras, S. L., editora del periódico digital Okdiario, con quien también se habría reunido, y que parte del importe se justificaría como derechos de un libro, a lo que el Sr. Inda le habría dicho que recuperaría el dinero mediante la publicidad institucional contratada por administraciones gobernadas por el Partido Popular”. También recoge la denuncia las declaraciones de Koldo García asegurando que con posterioridad a la reunión o reuniones con Alberto Durán “mantuvo un almuerzo con el Sr. Inda, en su casa, 'para coordinar el acuerdo económico' y acordar el contenido de la entrevista que se le iba a hacer, y que lo previsto era que ese contenido se transformara después en una declaración ante la autoridad judicial”. “En el desarrollo del plan descrito, Koldo García sitúa también la recepción de advertencias sobre el eventual ingreso en prisión de su pareja y de su hermano, y las consecuencias que ello tendría para su hija. El ofrecimiento de beneficios económicos y procesales aparece así acompañado, en su relato, de presiones referidas a su entorno familiar”, añade. En los audios Koldo García señala que el Inda le manifestó, literalmente: “Inda me dijo que el dinero que iba a adelantar se lo devolverían en pagos de publicidad institucional procedente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. La denuncia prosigue: “Lo cierto es que el 27 de noviembre de 2025, en la misma fecha en que se factura y se abona el primer pago de los honorarios de la Abogada de Koldo García por Dos Mil Palabras, Okdiario, a través de su página de Facebook, publicó una entrevista a Koldo García, titulada Koldo García tira de la manta en EXCLUSIVA con Eduardo Inda . Y sobre la que se anunciaba: El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para Okdiario hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión”. En relación con esta entrevista, Koldo, en otros audios publicados el 5 de noviembre de 2026 por elDiario.es, ratificó esa versión y precisó que el pago de su defensa “se llevó a cabo gracias a la entrevista” concedida a Inda. Supuesta reunión con Tellado El PSOE también cita un informe de la UCO de 5 de febrero de 2024 en el que se señalaba que “sobre la base de intervenciones telefónicas y conversaciones de móvil entre Koldo García y un tercero”, el 2 de diciembre de 2023 el exasesor de Ábalos “habría quedado con 'Miguel' y 'Alberto'”, y que el 9 de enero de 2024 “afirmaría haber quedado 'a las 10:15h en Génova', referencia que la UCO considera que 'pudiera' aludir a la sede del Partido Popular. En el citado informe por parte de la UCO se identifica la persona denominada ”Miguel“ como ”Miguel Tellado“, actual secretario general del PP. Y los socialistas añaden: ”Después de conocidas las últimas informaciones es lógico inferir que el 'Alberto' mencionado podría ser D. Alberto Durán, letrado del Partido Popular, y que 'Miguel' es D. Miguel Tellado“. “El pasado 9 de noviembre de 2026 una máxima responsable del Partido Popular, Cuca Gamarra, a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni donde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cual fue su objeto”, apunta la denuncia, que concluye que Koldo ha sostenido desde la cárcel “que se habría reunido con el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, y este último le planteó una rebaja en la petición de pena en la causa abierta en el Tribunal Supremo, que plantearía la acusación popular unificada que lideraba el PP, a través de él mismo; dejar fuera de la causa a su expareja Patricia Úriz y a su hermano, Joseba García Izaguirre, y el pago de su defensa, más un millón de euros”. También cita “unos nuevos audios conocidos el 10 de noviembre a través de la Séptima, enviados al periodista Javier Ruiz desde la prisión”, en los que “Koldo García menciona en relación a sus conversaciones con el Sr. Inda al fiscal Jefe Anticorrupción, Sr. Luzón, y nuevos hechos”. “En estos nuevos audios Koldo García relata que tuvo que grabar una segunda entrevista con el director de Okdiario, Eduardo Inda, porque el contenido de la primera no convencía. Y que en esta segunda entrevista es cuando Inda le transmitió la siguiente advertencia vinculada al fiscal jefe Anticorrupción: ”Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión“. La denuncia recoge, asimismo, que la inversión publicitaria institucional de las comunidades y administraciones gobernadas por el PP a Okdiario en el periodo 2020-2025 “cubren sobradamente el abono y el ofrecimiento revelado” a Koldo García. Así, entre 2017 y 2026, administraciones públicas han pagado a la editora de Okdiario al menos 1.660.880,40 euros en contratos (con IVA) y 3.518.199,51 euros en publicidad institucional (sin IVA), todo ello según fuentes oficiales (Plataforma de Contratación del Sector Público, portales de transparencia autonómicos y municipales, datos abiertos, BDNS y BOCM). Feijóo niega la reunión entre Koldo y el abogado del PP Precisamente este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al youtuber Jordi Wild también sobre esa supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García. El dirigente popular la ha negado. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo .
El PSOE ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Partido Popular (PP), su abogado Alberto Durán, la empresa Dos […]
La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
El pasado 17 de octubre entró en vigor en España el nuevo prefijo 400, una numeración que las empresas deben utilizar para realizar llamadas comerciales que ayudará a los usuarios a identificarlas. Sin embargo, solo hemos tardado tres días en toparnos con el primer intento de estafa. ¿Por qué? Bueno, como contó un vecino de Puente Genil (Córdoba), recibió una llamada de un supuesto trabajador de Iberdrola que consiguió hacerse con sus datos bancarios . Según explica Cordópolis , el afectado presentó una denuncia ante la Policía Local después de recibir una llamada desde un número que comenzaba por 400. Los agentes señalan que se trata de un intento de vishing , una técnica de fraude telefónico en la que los delincuentes suplantan la identidad de empresas conocidas para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener datos confidenciales o, en el peor de los casos, dinero. El prefijo 400 identifica una llamada comercial, pero no garantiza que sea segura Lo curioso es que el Gobierno había reservado esta numeración precisamente para que los ciudadanos pudieran reconocer más fácilmente las llamadas comerciales. Se trata de números de nueve cifras que empiezan por 400 y que solo permiten realizar llamadas, no recibirlas. Es decir, no puedes devolver una llamada a estos números. ¿Significa esto que todas las llamadas con el 400 son fiables? La propia Policía Local de Puente Genil advierte de que no. Los estafadores pueden aprovechar la confianza que genera una numeración aparentemente oficial para engañarte, e incluso existen técnicas que permiten falsificar el identificador que aparece en la pantalla de tu móvil. Por eso, si recibes una llamada inesperada en la que te solicitan información bancaria, contraseñas o códigos de verificación, lo mejor es no facilitar nada y contactar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales. Y si ya has compartido tus datos bancarios, la Policía recomienda avisar inmediatamente a tu banco para evitar posibles operaciones fraudulentas. Foto | Canva En Genbeta | Jordi Cruz, sobre la actitud de los trabajadores: “Hay un cambio generacional. Hemos pasado de ser espartanos y meterle catorce horas a hacer ocho y entenderlo de una forma distinta” - La noticia Denuncian un intento de estafa telefónica con el recién estrenado prefijo 400 de llamadas comerciales fue publicada originalmente en Genbeta por Redacción de Genbeta .
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
El consejo de administración de la empresa de chips de IA se dispone a destituir al director ejecutivo, Jensen Huang, tras conocerse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una presunta espía china y otra con una empleada, según publican medios estadounidenses La junta directiva de Nvidia se ha reunido este miércoles para debatir el futuro de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, según publican medios estadounidenses como The Wall Street Journal y The New York Times. De acuerdo con estos medios, la dirección de Nvidia se plantea el despido de Huang tras revelarse que mantuvo una relación extramatrimonial con una ejecutiva a su cargo, así como con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses han identificado como espía china. La posible salida de Huang abriría un capítulo de incertidumbre para Nvidia, el principal fabricante de chips de inteligencia artificial, y tendría grandes repercusiones. La empresa es un pilar del auge de la IA y una de las compañías cotizadas más valiosas del mundo: controla aproximadamente el 90% del mercado de los chips utilizados en los grandes proyectos de IA que impulsan la economía estadounidense. Ese dominio ha convertido a Huang en una de las personas más ricas del mundo, así como en un aliado del presidente de EEUU, Donald Trump. Trump ya había sido informado sobre la relación de Huang con la mujer que se cree que es una agente de inteligencia china, y lo que hizo fue defender a su amigo, calificándolo de “hombre honorable” que no sabía que la mujer era una agente china. Huang, de 63 años, dirige todos los aspectos del negocio de Nvidia como consejero delegado, y los miembros de su familia han ido ascendiendo de forma constante en la empresa. También es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación del 3,56%. El escrutinio público sobre Huang comenzó después de que The New York Times adelantara que las agencias de inteligencia estadounidenses habían descubierto que había entablado una estrecha relación con una ciudadana china y compradora de chips, de quien las autoridades estadounidenses concluyeron que estaba recabando información para Pekín. La compradora de chips era Alice Huang o Huang Le, cuya biografía indicaba que había trabajado en China como reportera de televisión antes de convertirse en alta directiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur que se había convertido en uno de los mayores clientes de Nvidia en el sudeste asiático, informa el NYT. Esta empresa había comprado chips por valor de más de 4.800 millones de dólares desde junio de 2024. China ha negado las acusaciones de espionaje y Huang no se ha manifestado. Este miércoles, el NYT informó de que Huang también mantenía una relación extramatrimonial con una ejecutiva que estaba a su cargo. El código de conducta de Nvidia insta a los empleados a “evitar situaciones que generen conflictos”, incluidas las “relaciones personales”. La empresa afirma que “investiga de inmediato las denuncias de conducta indebida”. Muchas empresas cuentan con políticas que prohíben a los directivos mantener relaciones con sus subordinados.
La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Soria , Sara López, ha anunciado el voto en contra de su formación al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (REC) y a la modificación presupuestaria número 11/2026 que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno. Denuncia el uso reiterado de esta fórmula para abonar gastos sin licitación previa, recordando que en junio ya se aprobó otro expediente similar por valor de 185.687,24 euros . "Una vez más, el Ayuntamiento acumula 680.425,39 euros en obligaciones de pago irregulares porque el PSOE omite de forma sistemática el procedimiento legal de contratación", ha señalado la representante municipal. Asimismo, ha criticado los sobrecostes en adjudicaciones ya finalizadas: "No vamos a tapar sus trampas en los contratos , ni los 600.000 euros que nos han costado a los sorianos. Después del caso Fuentona , lo que los sorianos piden al Ayuntamiento es transparencia". Junto a este expediente, el grupo socialista prevé aprobar una modificación presupuestaria de 549.561,11 euros . Según ha explicado López, esta cuantía se detrae de inversiones reales previstas para la ciudad, tales como la urbanización del polígono industrial de Las Casas, la adecuación de la plaza de Las Balsas o la creación de infraestructuras turísticas. Advertencias del interventor municipal En Vox aseguran no cuestionar el derecho de las empresas a cobrar por los servicios prestados, pero rechazan que se traslade el problema a los funcionarios. Según ha expuesto la concejal, el propio informe del interventor reprueba esta gestión: "El interventor ha dicho basta y ha tenido que parar los pies de forma contundente al equipo de gobierno ". El documento técnico alerta de "obligaciones indebidamente adquiridas y de incumplimientos normativos que determinan la nulidad de pleno derecho de las actuaciones municipales". Además, recuerda por escrito que la contratación verbal está prohibida y que un procedimiento extraordinario no puede convertirse en ordinario ni subsana por sí mismo los defectos administrativos. "Los propios técnicos les están diciendo que este Ayuntamiento gestiona al margen de la ley ", ha destacado López. Desglose de contratos caducados y facturas sin expediente El expediente afecta a la práctica totalidad de los departamentos del consistorio a través de servicios con contratos vencidos o prestaciones sin cobertura legal. Los principales importes y actuaciones señalados por Sara López se dividen en las siguientes áreas: Parques y Jardines: Acumula 292.635,83 euros en sobrecostes del servicio prestado por la empresa Talher, cuyo contrato finalizó en octubre de 2018 y se mantiene desde hace ocho años mediante órdenes de continuidad. Centros educativos: Suma 145.921,55 euros por la limpieza de colegios municipales (con el contrato vencido desde noviembre de 2021) y otros 111.003,73 euros de costes energéticos (cuya adjudicación expiró en noviembre de 2025). Deportes y transporte: Incluye facturas sin contrato previo para transportes escolares , torneos de pelota y servicios vinculados a la organización de la Superliga de voleibol , actividades que para la edil son previsibles y deberían haberse licitado. Cultura y Festejos: Abarca citas como Verano en Danza, la actuación del Mago Invisible, gastos adicionales de las fiestas de San Juan y la exposición sobre Gaya Nuño. En estos casos, se celebraron los eventos sin finalizar la adjudicación o, en lo referente al catálogo de la citada muestra, sin iniciar siquiera el expediente de contratación. Para concluir, la concejal ha cuestionado la falta de planificación municipal tras tres años de advertencias por parte de su grupo. "¿De qué sirve pregonar presupuestos récord si luego esconden el coste de los servicios básicos para acabar recurriendo a trampas contables?", ha planteado la edil, rechazando que se normalice la continuidad de servicios caducados a costa de reducir el dinero destinado a nuevas inversiones.
La institución ha trasladado la función prevista para el miércoles 11 de noviembre, día en el que está convocado el paro, al lunes 9. El comité de empresa lo ha denunciado antes Inspección de Trabajo La productora de 'El rey león' rectifica y permitirá a los trabajadores de sus musicales ejercer el derecho a huelga El sindicato CGT ha convocado una concentración el próximo lunes 9 de noviembre a las 18:30h frente al Teatro Real , para protestar contra la vulneración del derecho a huelga de sus trabajadores , después de que la institución trasladara la función prevista para el miércoles 11, día en el que está convocado el paro de la vivienda, al lunes 9. El comité de empresa ha presentado una denuncia ante Inspección de Trabajo. “Convocamos a todo el gremio escénico a mostrar nuestro frontal rechazo a esta grave agresión al conjunto del colectivo de nuestro teatro”, reclama el sindicato en su comunicado. La representación afectada es el estreno de Las bodas de Fígaro , previsto inicialmente para el martes 10 de noviembre. “Demostremos que el mundo de la cultura no acepta abusos en sus escenarios”, concluyen su texto. Este periódico se ha intentado poner en contacto con el Teatro Real, desde donde no han querido hacer ninguna declaración. En la nota de prensa que el Teatro Real envió a los medios la semana pasada informando sobre el traslado de la ópera, alegaron que la reprogramación se había acordado por “razones de seguridad” y para “prevenir posibles incidencias en la movilidad del transporte público o eventuales cortes de circulación que podrían dificultar la entrada y salida del público, los artistas, los trabajadores y el resto de profesionales” vinculados a la institución. También defendían que con este cambio querían “garantizar y compatibilizar el derecho a la huelga de la plantilla con el compromiso con el público”. La productora de 'El rey león' rectificó La reivindicación del Teatro Real no es un caso aislado. CGT y CNT denunciaron la semana pasada que varios espectáculos de Madrid estaban vulnerando el derecho a huelga a sus trabajadores, tras haber cancelado o desplazado a fechas diferentes las funciones programadas para el 11 de noviembre. Tanto en El Rey León que se representa en el teatro Lope de Vega como El alma al aire que acoge el Coliseum, las obras previstas para el miércoles 11 se trasladaron al día 9. Su productora, Stage Ententainment, rectificó este miércoles, tras la demanda judicial que CGT interpuso a la empresa. Finalmente, no habrá función ni el 9 ni el 11 de noviembre. Según pudo saber este periódico, el 11 de noviembre sí que figura como laborable para los trabajadores, respetando así su derecho a huelga. Este medio intentó contactar con la productora, pero sigue sin obtener respuesta.
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