El expresidente del Gobierno acumula más de dos décadas en la multinacional estadounidense tras ser reelegido una vez más este año como consejero pese a las recomendaciones en contra de los asesores de voto y el rechazo de uno de cada cinco accionistas
Lagarde y Draghi apoyan en la sombra al español mientras que Feijóo pide a todos los gobiernos del PPE que respalden al candidato oficial español que refrenda Sánchez Leer
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, viajará la próxima semana a Bruselas para intervenir en la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones, donde abordará la gestión de emergencias tras el accidente ferroviario de Urda. El jefe del Ejecutivo autonómico encabezará la delegación regional que participará en distintas reuniones y encuentros relacionados con las políticas europeas. Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, durante la inauguración del I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos, que se celebra en Toledo y reúne a representantes institucionales, expertos y responsables de estas oficinas de distintas comunidades autónomas. En la inauguración, Caballero ha estado acompañado por la directora general de Asuntos... Ver Más
El presidente del Gobierno conversó con el 'youtuber' alrededor de dos horas en su podcast 'The Wild Project'
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Ada Colau admite en The Wild Project que la primera respuesta del Gobierno a la crisis migratoria de Ceuta "no fue la mejor" y culpa a Marruecos y a la UE
Borja Carabante ha asegurado que en el consistorio "estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación" ante la futura reclamación de 20 millones de euros El Real Madrid pedirá al Ayuntamiento 20 millones por su gasto en el concurso ilegal de los aparcamientos del Bernabéu El Gobierno de Almeida cree que va a salir sin necesidad de indemnizar al Real Madrid en el caso de los aparcamientos que el club blanco empezó a construir y que la Justicia declaró ilegales por falta de interés público. El concejal de Movilidad, Borja Carabante, garantiza que el Ayuntamiento “no desembolsará ni un céntimo de euro” de la petición de 20 millones de euros que le hace el Real Madrid por los costes en los que había incurrido en el momento de la sentencia. Aunque el consistorio asegura que por el momento no ha recibido la reclamación de del Real Madrid, Carabante ha afirmado con rotundidad a los medios en un acto en Callao: “Lo que sí puedo decir y garantizar a los madrileños es que el Ayuntamiento no va a desembolsar ni solo un céntimo de euro en ese coste”. Carabante ha recordado que se ha renunciado al parking “más controvertido”, el situado bajo la calle Padre Damián, pero el de la Castellana “es importante”. El Ayuntamiento de Madrid insiste en la opción de aprovechar los trabajos ejecutados en esa zona para continuar con las obras: “Estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación, a petición de los vecinos, pero sí quiero recordar que después de esa sentencia hemos tenido reuniones con los vecinos y nos han pedido que se ejecute un aparcamiento con plazas para residentes en el la Paseo de la Castellana”, ha contestado a la prensa. La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu tumbó el concurso a medida que el área dirigida por Carabante adjudicó al Real Madrid en verano de 2023 después de que este le pidiera los dos aparcamientos como la guinda final para el recinto de eventos que había levantado en el Bernabéu. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público” , entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego por el Supremo . Ahora, el Ayuntamiento intenta negociar con la asociación demandante una solución que pase por terminar el aparcamiento de Castellana, pero aún no se ha anunciado ningún acuerdo. Carabante ha dicho hoy que “nos hemos comprometido con los vecinos en que, si el Ayuntamiento de Madrid efectivamente lleva a cabo ese parking, habrá plazas para residentes”.
Condicionan su regreso a eliminar ese material de abuso sexual infantil. Hay 21 anuncios vinculados a datos de explotación sexual de menores. Más información : El Gobierno plantea paralizar TikTok ante denuncias por posibles videos de abuso sexual infantil en la plataforma
El Ejecutivo acuerda tramitar por la vía de urgencia el decreto que recogerá el incremento, una vez se conozca el dato de inflación de noviembre. Elma Saiz sitúa la subida entre el 3 y el 4%.
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalida con el apoyo del PNV el decreto de vivienda que recoge la prórroga de dos años en los alquileres, la prohibición de compra a las empresas por debajo del valor de tasación, la suspensión de desahucios, el paquete fiscal o los préstamos a tipo cero para la compra de la primera vivienda.
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La Guardia Civil de Ávila investiga el hallazgo de los cadáveres de dos hombres con signos de violencia en el Valle del Tiétar. En concreto, según detalla la Subdelegación del Gobierno, descarta que los cadáveres aparecidos en Mombeltrán y Arenas de San Pedro, tengan relación, por lo que la Benemérita aborda las pesquisas de manera independiente. De este modo, salió al paso de posibles especulaciones después de que este jueves se tuviera conocimiento del hallazgo de un cadáver de un hombre de unos 40 años en una finca de su propiedad, ubicada en la zona de Arroyo Castaño. Fue un familiar el que lo encontró, al parecer con signos de violencia, al acudir al lugar de los hechos al ver... Ver Más
MURCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. En la Región de Murcia, el Gobierno crea 19 plazas de jueces (+10,1% respecto a la plantilla actual) y 5 de fiscales (+6,33%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 40 plazas judiciales en esta comunidad (+23,8%), según informan fuentes de la Delegación del Gobierno. Las 700 plazas creadas hoy se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces. Un aumento sin precedentes, gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos (en los que se han creado 930 plazas judiciales en total). Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia. Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros. La planta judicial de la Regió aumenta un 10% De las 19 nuevas plazas judiciales para la Región de Murcia, 17 son para Tribunales de Instancia de Murcia, Cartagena, San Javier, Lorca, Cieza o Molina de Segura . Las dos restantes serán de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo). Porcentualmente, la Región de Murcia es la más beneficiada en el reparto de plazas judiciales. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104). La jurisdicción penal se refuerza con 96 uevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial. Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197. Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19. La plantilla del Ministerio Fiscal sube un 6,3% en Murcia La creación de 5 nuevas plazas de fiscales para la Región de Murcia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,3%, pasando de 79 a 84 miembros. En toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales (+6,6%) que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.
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Cambios en la cúpula del transporte ferroviario español. El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado el nombramiento de Joaquim Hortalà i Vallvé como nuevo presidente de Adif y a Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva presidenta de Renfe. Sustituirán a Luis Pedro Marco de la Peña y a Álvaro Fernández Heredia, respectivamente. Suponen los primeros cambios de calado en la estructura de las dos empresas públicas después del accidente ferroviario de Urda, que ha provocado 69 muertos, y la dimisión de Óscar Puente como ministro.
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La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha llamado hoy a votar al PSOE el próximo 29 de noviembre para evitar un gobierno de PP y Vox, “dos partidos que no quieren ni el progreso ni mejorar la vida de las personas”, al contrario del empeño del Partido […]
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El Consejo de Ministros da luz verde a acelerar los trámites. Saiz presume de haber aumentado las pensiones un 28%.
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.
Captura de pantalla del manual de instrucciones para las personas que integran las Mesas electorales. Como cuenta Verificat , miembro del International Fact-Checking Network (IFCN) y European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) al igual que Maldita.es , la JEC había autorizado en septiembre de 2025 el uso de las aplicaciones del DNI y el carné de conducir digitales para poder votar, pero el acuerdo 94/2026 , de marzo, suspendió que se pudiera recurrir al DNI Digital para emitir el voto . El uso del carné de conducir para votar no se ha autorizado , a 10 de noviembre de 2026, y en la orden del 29 de octubre se da respuesta, con la implantación de estos lectores QR, a la petición de la Junta Electoral Central de que se garantizara una verificación de la identidad de los electores “suficientemente segura”. Como ya te hemos explicado en Maldita.es , desde septiembre de 2025, la Junta Electoral permite acreditar la identidad de los votantes en las mesas electorales con la aplicación de mi DNI . Su uso quedó suspendido en marzo de 2026 hasta que se dotase a las mesas electorales de este sistema de verificación seguro. No dejes que la desinformación vote por ti. Los desinformadores buscan que dejes de creer en todo: están coordinados y empujan una agenda propia. En Maldita.es te damos las herramientas para que los bulos no te roben la capacidad de decisión. Hacerles frente cuesta, y mucho. Crear bulos y destruir la confianza de la sociedad es barato, pero luchar contra ellos y reconstruir requiere conocimiento, tiempo y recursos. Maldita.es nació gracias a ti y sigue viva con tu apoyo. Aquí no mandan los intereses, manda la comunidad y el bien común. Únete a la comunidad que le planta cara a la desinformación. Cada euro suma: dona lo que puedas. Cada cuánto Una vez Pago puntual Cada mes Apoyo continuo Cada año 1 cobro anual Cuánto quieres aportar € Introduce un importe entre 5 € y 10.000 €. Pago seguro · desgrava en el IRPF
