El Gobierno revaloriza las pensiones en su primer Consejo de Ministros extra por el 29-N
El Gobierno arranca la campaña con un Consejo de Ministros extraordinario que hace un guiño a los pensionistas. El primero de los dos que anunció Félix […]
El Gobierno arranca la campaña con un Consejo de Ministros extraordinario que hace un guiño a los pensionistas. El primero de los dos que anunció Félix Bolaños para exprimir la legislatura aprobando medidas sociales con el objetivo de movilizar al electorado progresista de cara al 29-N. Este viernes ha acordado revalorizar las pensiones desde el próximo 1 de enero, una medida que afecta a 9,4 millones de españoles. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha estimado la subida en un 3 y un 4%, pero ha reconocido que aún habrá que esperar el incremento del IPC. El año pasado la revalorización se acometió en diciembre. El Ejecutivo también ha aprobado un real decreto para crear 500 plazas de jueces y 200 de fiscales el próximo año.
Saiz ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha acordado revalorizar las pensiones en 2027 para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Se trata de un real decreto urgente para el «mantenimiento de las pensiones como se ha hecho en los últimos años». La titular de Seguridad Social también ha presentado un informe sobre situación actual y futura de las pensiones que cifra en un 44,5% el incremento de las cuantías desde 2018.
El documento destaca que la revalorización de las pensiones no contributivas han aumentado un 65% y que las mínimas han crecido entre un 43 y un 69%. Saiz ha señalado que el Gobierno ha ampliado en los últimos años las modalidades de jubilación gracias a incentivos para quienes quieran retrasarla de forma. De esta forma, la edad de jubilación efectiva ha aumentado hasta los 65,4 años. El informe, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también incluye un apartado sobre el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera porque «los jóvenes de hoy serán los pensionistas del mañana».
Bolaños ha detallado los dos reales decretos que ha aprobado el Consejo de Ministros para aprobar 700 nuevas plazas para la carrera judicial: 500 de jueces y 200 de fiscales. Esas cifras suponen una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. Dichas plazas se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado julio. «La justicia debe ser sobre todo un servicio público para que los ciiudadanos sientan que sus derechos se vean protegidos», ha destacado el ministro.
El Consejo de Ministros también ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo nueva presidenta de Renfe y a Joaquim Hortalà i Vallvé nuevo presidente de ADIF. El ministro de Transportes Carlos Cuerpo ha relevado apenas diez días después de hacerse cargo de la cartera la cúpula ferroviaria del dimitido Óscar Puente. La decisión tiene lugar tras el accidente de Urda (Toledo), que causó 69 muertes el pasado 28 de octubre.
«Celebraremos 4 Consejos de Ministros, más el de hoy, antes del #29N. Además de los ordinarios, haremos dos más extraordinarios: 13 y 20 de noviembre. Más derechos, más mejoras y más refuerzo del Estado del bienestar, ahora y en los próximos 4 años de Gobierno progresista», escribió Bolaños el pasado martes en su cuenta de X. Uno de los temas más polémicos, el posible indulto del ex fiscal general del Estado, se abordará tras las elecciones, con el Gobierno ya en funciones. Álvaro García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de datos reservados.
La sombra del uso electoralista planea sobre el Gobierno, ya que la Junta Electoral puede sancionarle si considera que esos Consejos de Ministros pretenden ganarse el favor del electorado el 29-N. Fuentes gubernamentales defienden a THE OBJECTIVE que no existe ninguna ley que prohíba celebrar estas reuniones.
Bolaños ha asegurado que celebrar Consejos de Ministros extraordinarios «no es electoralismo, hacemos lo mismo que ha hecho cualquier otro Gobierno anterior». Ha justificado la medida porque las elecciones generales fueron sobrevenidas, no estaban previsto un adelanto electoral, y quedaban muchas medidas en el tintero. Sin embargo, la Junta Electoral Central ya expedientó el pasado octubre al presidente, Pedro Sánchez, al considerar que vulneró la neutralidad institucional al ofrecer una rueda de prensa en La Moncloa para pedir «una mayoría más rotunda» tras el adelanto electoral.
Sánchez ya adelantó que habría Consejos de Ministros extraordinarios para sacar adelante medidas sociales de temas que «habían quedado pendientes». En la del pasado martes se aprobó un real decreto para ampliar la protección de familias monomarentales, las numerosas con pocos recursos y las de personas con un progenitor con discapacidad y más de un hijo. La nueva normativa supone crear un título para las familias monomarentales, de forma que se reconoce su «especial vulnerabilidad» y garantiza una «protección específica».
El plan tendrá una dotación de 824 millones de euros y pretende beneficiar a 760.000 familias, lo que supone un impacto real en tres millones de personas, aunque tiene que ser convalidado en la Diputación Permanente del Congreso antes del 29-N. El Consejo de Ministros también aprobó un real decreto para garantizar 7.240 millones de euros para el sistema de dependencia en 2027.
Esta inversión representa un 423% más que en 2020 antes de la puesta en marcha el Plan de Choque y un 124% más en que 2023, ha precisado Bustinduy. La cifra supone que la Administración General del Estado financie el 50% del total del dinero que se dedica a la dependencia. El Gobierno también reduce de seis a tres meses el tiempo de respuesta legal a las solicitudes.
El Gobierno ha creado el Defensor de las Víctimas de los Accidentes Colectivos, que ejercerá como interlocutor con las víctimas, coordinará un marco común y les asesorará cómo ejercer derechos y facilitar apoyo emocional. El Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto con medidas urgentes para proteger la seguridad ferroviaria y a los maquinistas, entre otras cosas computando el tiempo de conducción. Además, el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional una veintena de modificaciones legislativas pactadas por PP y Vox en la Comunidad Valenciana.
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