En las grandes ciudades la caída de las compras con tarjeta se reducen entre el 40% de Barcelona y el 16% de Valencia. El sector inmobiliario es el más afectado por actos vandálicos, aunque a última hora de la tarde se están produciendo algunos saqueos en los comercios. La CEOE apunta a un seguimiento reducido Leer
¿El principio de una crisis publicitaria en TikTok? Los problemas de imagen de la plataforma de videos, derivado de la denuncia sobre los contenidos de abusos infantiles que alberga , puede haber empezado a correr como la pólvora. Por ahora, dos gigantes españoles, Banco Santander y Moeve, han retirado sus acciones comerciales, según ha podido confirmar este periódico. TikTok se enfrenta a una crisis que amenaza con trascender el ámbito digital y convertirse en un problema empresarial, judicial e institucional. Una de las principales entidades financieras de España, así como la segunda principal petrolera y destacada compañía energética han decidido suspender sus campañas publicitarias en la red social. Esta situación se produce después de conocerse que anuncios de grandes compañías... Ver Más
Huelga de tres grados en la escala de Marcelino Camacho , con grandes manifestaciones en Barcelona y en Madrid, ciudad en la que el cortejo discurrió bajo lla lluvia. Un mar de paraguas también en València. Miles de manifestantes en diversas ciudades. Protesta notable, con muchos jóvenes en la calle. Seguir leyendo...
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Eurostat confirma un avance del 0,4% entre julio y septiembre, mientras España lidera entre las grandes economías europeas y Estados Unidos acelera al 0,8%
El presidente del Gobierno asegura que Zapatero "lo último que querría" es tener las joyas El PSOE denuncia al PP, Eduardo Inda y Okdiario por los pagos de la defensa de Koldo García “Yo pongo la mano en el fuego por José Luis. Sí la pongo, creo en su inocencia”. Así de rotundo se ha expresado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación procesal que atraviesa José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista concedida al youtuber Jordi Wild, Sánchez ha asegurado que jamás el expresidente interfirió en ninguna gestión con Plus Ultra y que las joyas que tiene en su poder le suponen un problema del que desea liberarse. “Conociendo a José Luis, aunque no lo he hablado con él, pero conociendo a José Luis, yo estoy convencido de que lo último que quiere es tener esas joyas, pero ahora están bajo autoridad judicial”, ha asegurado a preguntas de Jordi Wild. “Yo creo en su inocencia, como creo también en el legado de un presidente que ha hecho grandes cosas por este país”, ha defendido antes de insistir en que, en todas las conversaciones que ha mantenido con Zapatero, “nunca” le ha preguntado por Plus Ultra “ni por ninguna empresa”, sino que han hablado de “políticas”. “No lo hubiera permitido”, ha apostillado. Sánchez ha recordado que durante la pandemia el Gobierno articuló un fondo de préstamos a través de la SEPI para “rescatar a empresas que, siendo competitivas y productivas” corrían “el riesgo de cerrar” en pandemia, como fue el caso de Plus Ultra, con el que se llegaron a salvar “casi 8.500 puestos de trabajo”. A preguntas sobre la crisis de Ceuta, el presidente del Gobierno ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes, y ha vuelto a defender que no se marchó de vacaciones, sino que estuvo trabajando en otra “residencia oficial”. Sánchez ha repetido que el Gobierno no tenía información de antemano de que se produciría una avalancha de esas características y ha defendido la labor tanto del CNI como de los cuerpos y fuerzas de seguridad. “Yo no tengo información para acusar a todo un gobierno de esto”, ha defendido, al ser preguntado si sigue sin responsabilizar a Marruecos, subrayando que la frontera de Ceuta es “difícil de gestionar” y que en aquel momento se planteó un “dilema”. “Nos liamos a tiros”, ha dicho, subrayando que había muchos menores entre quienes intentaban entrar, muchos de ellos “chavales desarmados”, “o tratamos de absorber a todos esos chavales para que posteriormente se puedan ir”. “Es evidente que el régimen marroquí, también viéndose superado y sobrepasado por esta realidad, lo que hizo fue facilitar en frontera el que se pudiera gestionar de esa manera esta crisis migratoria”, ha añadido.
El estado de Nueva York ha puesto en marcha el New York Center for AI Responsibility and Research, que reunirá a más de 80 investigadores para evaluar de manera independiente la seguridad y el funcionamiento de modelos avanzados.
IHG Hotels & Resorts, una de las grandes cadenas hoteleras del mundo, pone el foco en España, donde suma ya 87 hoteles entre operativos y firmados y aspira a llegar a los 100 en un plazo de uno o dos años, siempre que las condiciones de mercado lo permitan.
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El evento se celebrará los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre y los días 12 y 13, con más de 400 figurantes, nuevas mejoras en sus escenarios y un gran pasacalles inaugural.
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Villarrobledo acoge desde este jueves y hasta el domingo, 15 de noviembre, un encuentro de la Joven Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha que reúne a 70 jóvenes músicos procedentes de diferentes puntos de España para participar en cuatro jornadas de formación, ensayos y convivencia musical. La actividad, organizada por la Fundación Orquesta Camerata de Castilla-La … La entrada 70 jóvenes músicos toman Villarrobledo: la Joven Orquesta Camerata de Castilla-La Mancha prepara dos grandes conciertos con talento albaceteño aparece primero en El Digital de Albacete .
Grandes noticias en las artes marciales, donde la provincia de Zamora sigue haciéndose hueco. En este caso la protagonista es Alba Esteban González, que tomó parte en el Costa da Morte FIJJD Spain BJJ Tour, su segunda experiencia compitiendo, y donde se hizo con dos meritorios oros y un bronce.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 exigió este jueves a dos grandes plataformas de alquiler turístico la retirada de más de 8.000 anuncios de pisos turísticos identificados como ilegales al no contar con la identificación reglamentaria. Se trata de un total de 8.352 anuncios, de los cuáles, 7.199 estaban publicados en una de las plataformas y los 1.153 restantes en la segunda. En todos ellos se han identificado dos tipos de infracción: la mayoría, más de 7.200, no tenían número de registro que les identificara como alojamiento turístico y alrededor de 1.000 aportaban un número falso. En estos casos, los datos aportados pertenecían a una identificación ya caducada y que corresponden a la modalidad de alquiler vacacional... Ver Más
La farmacéutica porriñesa distinguió con sus galardones un tratamiento para enfermedades priónicas y una herramienta contra las resistencias bacterianas
Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
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Uno es Hijo Predilecto de Andalucía y el otro conquistó un Grammy Latino, dos reconocimientos que reflejan el éxito de dos de los más grandes artistas de Huelva que comparten provincia, pero siguieron caminos musicales muy diferentes
Lo que empieza como un atraco perfecto salta por los aires tras un brutal accidente de tráfico. Leer
LA ENTREVISTA Daniel Moreno Rodríguez, nacido en Linares, es ingeniero técnico industrial y cuenta con un máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL), de la Universidad de Jaén (UJA) y otro en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid. En su empresa se dedica a investigar el origen y las causas grandes siniestros: incendios, explosiones, averías... Tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, este último el pasado enero, aporta sus conocimientos como profesional y habla de las diferencias y las posibles líneas de investigación de cada uno de ellos. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un ingeniero forense? ¿Qué ocurre desde que se produce un accidente hasta que su empresa recibe el encargo de investigarlo? Soy ingeniero técnico industrial y máster en Ingeniería del Transporte por la Escuela Politécnica Superior de Linares, y máster en Inteligencia para la Seguridad por la Universidad Autónoma de Madrid; con ello, uno la ingeniería forense y el análisis de información. Desde mi empresa, en Madrid, investigamos el origen y las causas de grandes siniestros, como incendios, explosiones, averías o accidentes, y las clasificamos. No es lo mismo una causa contribuyente que la causa eficiente de un daño, y con esa base las empresas reclaman o discuten derechos, como una indemnización. En un accidente grave entra primero la policía judicial, para saber si puede haber delito. Cuando el juez levanta el precinto, en lo civil hay que llegar hasta el último elemento técnico, más allá de lo penal. Ahí entramos nosotros, a veces al día siguiente y a veces un año después. Trabajamos en toda España, y este verano yo he investigado siniestros también en Estados Unidos. Dice que muchas veces llegan cuando los periodistas ya se han marchado e incluso cuando los restos del siniestro han sido retirados. ¿Cómo se reconstruye un accidente en esas circunstancias? ¿Qué pruebas y documentación permiten llegar a conclusiones fiables? Los analistas llegamos cuando el foco mediático ya se ha ido. Normalmente, los restos siguen ahí, pero a veces no. Tras una explosión de gas, se demuele un edificio inestable, y con él desaparecen las pruebas. Entonces, se trabaja con lo que queda y con lo que se puede: fotografías de Policía y Bomberos, testigos, proyectos y documentación previa, registros electrónicos... Lo que hace fiable una conclusión es calibrar su incertidumbre, decir cuánto está demostrado y cuánto no, sin sobreafirmar. No es lo mismo “la causa fue X, sin duda” que “la evidencia es compatible con X y con Y”. Esa calibración es responsabilidad del perito, y exige honestidad. Nuestro trabajo consiste en aminorar la incertidumbre de un caso, no en hacer imposibles. ¿Qué diferencia su trabajo del que realizan los investigadores oficiales y las fuerzas de seguridad? ¿Quién contrata sus servicios y qué independencia tiene un perito cuando trabaja para una de las partes implicadas? El encargo es otro. La Policía Judicial responde a una pregunta penal: si hay delito y quiénes son sus responsables. Nosotros respondemos a preguntas civiles concretas: si un incendio empezó en la nave A o en la B, y por qué. La Policía puede verificar que no hay acelerantes ni en la nave A ni en la nave B, y marcharse sin dilucidar cómo comenzó el incendio. Nos contratan empresas, aseguradoras o directamente las víctimas. El perito declara bajo juramento que ha actuado con la mayor objetividad posible. La independencia no la da quien paga, sino el método forense y no depender de un solo cliente, porque trabajamos para partes distintas en cada caso, pero igualmente nos llaman peritos “de parte” por trabajar para ellas. Con la misma vara de medir, también sería de parte el técnico de un ministerio o el policía cuando pertenecen a la misma administración que se investiga. En su libro “Análisis forense policial y pericial” aborda la denominada inteligencia pericial. ¿En qué consiste este método y cómo ayuda a evitar errores de interpretación, prejuicios o conclusiones precipitadas durante una investigación? Con ese término llevo a la ingeniería forense las técnicas con las que la comunidad de inteligencia combate los fallos de la mente del analista. Los dictámenes rara vez fracasan por falta de conocimiento técnico, sino por fallos en el modo de pensar: sesgos, creencias, la presión del contexto. El cirujano se pone guantes porque su piel acumula gérmenes; la mente acumula sesgos y necesita métodos estructurados y entrenamiento para protegerse de ellos. La diferencia entre un dictamen y un simple relato de los hechos es el método mediante el cual se esclarecen. España ha sufrido dos grandes tragedias ferroviarias en pocos meses, Adamuz y Urda. Desde su formación en Ingeniería del Transporte, ¿qué cuestiones técnicas considera fundamentales para esclarecer accidentes de esta naturaleza? ¿Qué particularidades presenta la investigación ferroviaria? Un accidente ferroviario se investiga como un sistema: la vía, el tren y la circulación, a la vez. El AVE no es uniforme, cambian los sistemas de señalización según la línea y conviven trenes de generaciones distintas. Cuando el accidente deja traza mecánica, como un carril roto, esa traza suele ser elocuente. Cuando la causa está en la circulación, como parece el caso de Urda, la prueba está en los datos y en las órdenes, y la traza mecánica pasa a un segundo plano. Aunque todavía no hayas intervenido directamente en ninguno de estos dos accidentes, ¿qué diferencias técnicas observa entre las líneas de investigación que han trascendido de Adamuz, centrada en una posible rotura de la infraestructura, y Urda, donde se investiga el funcionamiento de los sistemas de señalización y control? Por lo que ha trascendido, Adamuz es un caso de infraestructura y Urda, de circulación. En Adamuz, la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) concluyó en abril que el descarrilamiento lo causó una rotura de carril; el laboratorio debe decir por qué se rompió. En Urda, el LZB, un sistema veterano y seguro mientras funciona, cayó; la circulación pasó a gestionarse a mano y algo falló. La prueba son las grabaciones entre maquinistas y control, los datos de a bordo y la razón por la que cayó el LZB, que puede ser algo tan sencillo como un magnetotérmico que salta si coincide con un sistema de respaldo averiado. Dar una orden de marcha, en este caso al Iryo que iba delante, no significa que la marcha se materialice; por lo que ha trascendido, no ocurrió, pero desde Atocha dieron por hecho que sí. Mi primera impresión, que la investigación tendrá que confirmar o descartar, es que se había normalizado la marcha a la vista. Y digo impresión porque me baso en lo que se ha publicado, que no dejan de ser fragmentos de audios e información parcial. Cuando el controlador dijo “marcha normal” al AVE que iba detrás, pudo querer decir lo normal en esa situación, que con la señalización caída era la marcha a la vista, a 40 km/h como máximo. El maquinista pudo entender “marcha normal” en los términos exactos del protocolo y ejecutar la orden sin cuestionarla. En lo civil se comprueba qué decía el protocolo y si se cumplió. Pero puede que estemos ante una contingencia en la que nadie había pensado al tomar decisiones organizativas y dar órdenes improvisadas fuera del protocolo, y esa posibilidad, en mi opinión, debe guiar la investigación oficial, pues es la más trascendental. En accidentes de esta magnitud, ¿qué importancia tiene preservar las pruebas materiales antes de retirar los trenes o reparar las infraestructuras? ¿Puede perderse información determinante si esas intervenciones se realizan demasiado pronto? Sí, y más cuando los vehículos no solo se retiran, sino que se destruyen al hacerlo o después. Lo que se achatarra sin documentar no vuelve: antes de mover nada, se documenta y se custodia. La prueba depende del accidente. En una rotura de infraestructura, el fragmento de carril; en un accidente de circulación, como parece Urda, la traza electrónica y las comunicaciones, más que el choque. Por ejemplo, el Iryo, que estaba detenido, recibió el golpe por la cola, así que su cabeza se puede ensayar para estudiar si tenía una avería o si, como debe, no podía arrancar sin autorización expresa. ¿Hasta qué punto puede una investigación pericial independiente encontrar elementos que no haya detectado la investigación oficial? ¿Qué sucede cuando dos informes técnicos llegan a conclusiones diferentes? Es más habitual de lo que parece. No es un reproche a la Policía Judicial, pero un accidente en una fábrica con tecnología compleja pide conocimientos que no siempre tienen los agentes. Con dos informes enfrentados decide el juez, y le ayuda mucho una auditoría del método de cada uno, que es precisamente mi especialidad como analista. No gana quien firma con más galones; gana el razonamiento que resiste mejor el intento de refutarlo. En inteligencia existe el “equipo rojo”, un grupo independiente cuyo trabajo es atacar la hipótesis oficial, y hay una máxima: quien investiga no puede depender de quien es investigado. Tras Angrois, la Agencia Ferroviaria Europea concluyó en 2016 que la investigación oficial no había sido independiente, y eso duele. Después de Adamuz y Urda, ¿qué cree que debería revisar el sistema ferroviario español para evitar que se repitan tragedias de estas dimensiones? ¿Qué lecciones pueden extraerse desde el punto de vista de la ingeniería y la seguridad? Adamuz se vivió como un cisne negro, un suceso improbable de enorme impacto. Una desgracia puntual puede serlo, o no; pero la segunda ya puede ser síntoma del sistema. La seguridad tiene tres planos que deben ir alineados: la real, la percibida y la seguridad como valor. En el AVE, la percibida iba por delante de la real a base de imagen de marca, pero nadie medía la distancia entre las dos, como en Urda no se guardó la distancia de seguridad entre los dos trenes. Como valor, toca decidir ahora cuánto estamos dispuestos a rebajar la velocidad, convertida en fetiche político, mientras la seguridad y la calidad del servicio no sean una realidad palpable para la sociedad. Los dos accidentes han ocurrido en la Madrid-Sevilla, nuestra primera línea de alta velocidad y la más antigua, con más de treinta años y, tras la liberalización, con más trenes que nunca. Quienes viajamos en AVE a menudo notábamos más vibraciones, más anomalías y peor puntualidad. El mantenimiento hay que estudiarlo; hoy no hay datos para afirmar que fallara. Yo haría una revisión garantista: mientras no se conozca el estado real del sistema, bajaría la velocidad, como se hace en una carretera en mal estado. La caída de un sistema de protección no puede ser una incidencia más, y la seguridad de dos trenes en la misma vía no puede depender de una orden de palabra, sujeta a interpretación humana. Hemos abusado de la suerte del no pasa nada, y estamos descubriendo que sí pasa.
El Ayuntamiento de Alcalá la Real ha formalizado en escritura pública la venta de dos parcelas de suelo industrial en el Polígono Industrial El Chaparral, a las empresas Caiba SA y Bandesur Alcalá SA. Esta operación permitirá movilizar una inversión empresarial prevista de dos millones de euros y lleva aparejado el compromiso de consolidar hasta 200 puestos de trabajo en el municipio. El procedimiento de licitación pública se inició el pasado 24 de junio de 2026 con la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La convocatoria contemplaba la enajenación de dos parcelas resultantes de la segregación de una finca de titularidad municipal situada en el paraje Viña. Al proceso concurrieron dos empresas, que finalmente han resultado adjudicatarias de los dos lotes ofertados. Tal y como ha detallado el Ayuntamiento, el primer lote, que cuenta con una superficie de 11.868,22 metros cuadrados, ha sido adjudicado a la firma Caiba SA por un importe de 110.576,20 euros (IVA incluido). La propuesta de esta compañía contempla una inversión de un millón de euros y la consolidación de 100 empleos. Por su parte, Bandesur Alcalá SA se ha hecho con el segundo lote, de 6.110,39 metros cuadrados, por una cuantía de 56.991 euros (IVA incluido). Su proyecto prevé igualmente una inversión de un millón de euros y la generación de otros 100 puestos de trabajo. En total, ambas parcelas suman una superficie de 17.978,61 metros cuadrados de nuevo suelo industrial puesto a disposición de estas empresas para el desarrollo y ampliación de sus proyectos productivos. Esta adjudicación se enmarca dentro de la estrategia del Consistorio jiennense para impulsar el sector industrial y aprovechar el suelo disponible en el polígono El Chaparral. La división de la finca municipal en dos lotes responde a la necesidad de adaptar la oferta a la demanda existente, facilitando el acceso a parcelas de diferentes dimensiones y evitando la infrautilización de grandes superficies por parte de un único operador. Con esta medida, la administración local busca incrementar la disponibilidad de suelo para atender el interés de empresas locales y externas en desarrollar sus proyectos en Alcalá la Real, favorecer la diversificación del tejido empresarial y facilitar la expansión de actividades industriales que ya se encuentran implantadas en la zona. Asimismo, el Ayuntamiento persigue reforzar el desarrollo económico del municipio y consolidar el polígono industrial El Chaparral como un espacio de atracción empresarial en la comarca y un referente de desarrollo, favoreciendo la inversión y la generación de empleo tanto directo como indirecto.
La operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil por la presunta venta de menores de edad, con registros en Linares (Jaén), Montijo y Badajoz, y en la que se ha detenido a seis personas, ha permitido la localización de seis menores de edad, de entre 1 y 11 años de edad, hijos de la principal investigada. En concreto, dos de las menores, de uno y tres años de edad, respectivamente, se encuentran bajo la tutela de las autoridades administrativas portuguesas. Otros dos, bajo la tutela de la Junta de Extremadura y los dos últimos se encentran con familiares y con personas de su entorno. La denominada Operación Luna se ha saldado por el momento con la detención de tres hombres y tres mujeres, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de menores, grupo criminal organizado, abandono de menores, simulación de delito, delito contra la seguridad vial y tenencia ilícita de armas, localizados todos ellos en las citadas localidades jiennense y pacenses. Del hecho se tuvo conocimiento en el mes de abril, a través de una información recibida de la Policía Judiciaria de Portugal, en la unidad UFAM de la brigada provincial de policía judicial de la Comisaría Provincial de Badajoz, donde solicitaban datos de la madre y padre de una menor de 1 año de edad que podría haber sido vendida en Portugal. Los investigadores llevaron a cabo numerosas gestiones para tratar de localizar a los progenitores de esta menor, hallando a la madre de la misma. Además supieron que tenía otros cuatro hijos, también menores de edad, que vivirían en las localidades de Linares y Badajoz con otros familiares, conocidos y en centros de menores de Badajoz, tutelada por la Junta de Extremadura, igualmente una sexta hija tutelada por las autoridades administrativas portuguesas, presuntamente habría sido vendida. Durante el desarrollo de las investigaciones, los agentes pudieron localizar indicios suficientes para suponer la presunta venta de los menores localizados en Portugal, en Badajoz y en Linares, motivo por el que solicitaron la entrada y registro en las dos localidades pacenses con la intención de recuperar toda la documentación posible, detener a las personas presuntamente implicadas y localizar a los menores para poder comprobar su situación. Una vez autorizados los registros por la Autoridad Judicial competente, se establecieron dos dispositivos simultáneos en las dos localidades pacenses, donde se llevó a cabo, en primer lugar la detención de los presuntamente implicados, para posteriormente realizar las inspecciones donde se intervino numerosa documentación, española y portuguesa, teléfonos móviles, una escopeta de caza sustraída en Almendralejo, otra escopeta con la numeración borrada, un machete de grandes dimensiones y numerosa munición de diferentes calibres. En Badajoz se detuvo a tres de los implicados, dos mujeres y un hombre; en Montijo a la principal investigada con su actual pareja; y en linares a un hombre, con quien reside uno de los menores, detalla la Policía en una nota de prensa. El operativo ha sido dirigido por la Unidad especializada de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Badajoz, con la colaboración de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial Sección de delitos contra las personas y la Usecic de la Guardia Civil de Badajoz, Brigada Provincial de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de Badajoz, UPR y Guías Caninos y unidades de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Mérida. Los detenidos, tres hombres y tres mujeres, de entre 31 y 59 años de edad, contando todos con antecedentes policiales anteriores, serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. La principal investigada ya fue detenida por la Guardia Civil de Badajoz por hechos relacionados y judicializados en la localidad de Montijo (Badajoz).
