Los enviados estadounidenses viajarán a Moscú para tratar con Putin los detalles del encuentro, mientras el gran asunto de la cita, la seguridad de la Europa de posguerra, apenas avanza Leer
La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
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Los socialistas ven delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en el presunto soborno al exasesor de Ábalos para que lanzara sospechas sobre Sánchez y su entorno Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir “información sin contrastar” sobre un falso terrorista magrebí El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Los socialistas consideran que estas presuntas prácticas, en las que el propio García involucró al abogado del PP, Alberto Durán , podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la representación del PSOE denuncia a Durán, el Partido Popular, el director de Okdiario, Eduardo Inda, y la empresa editora de ese medio Dos Mil Palabras, S. L. que fue la que fue la que pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendió a Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas. El PSOE, en su texto, da credibilidad a las declaraciones efectuadas desde la cárcel por Koldo García. Y pide la declaración como querellados de Durán, Inda y los representantes legales tanto del PP como de la editora de Okdiario, que Koldo García sea llamado a declarar como testigo y el volcado de los móviles de todos ellos. Asimismo, solicita que “se acuerde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice las comunicaciones existentes entre los denunciados en el periodo comprendido entre abril de 2025 a septiembre de 2026 para la emisión de informe correspondiente”. Además, pide un requerimiento a la Agencia Tributaria para que “emita informe sobre la corrección y deducibilidad contable del desembolso de 242.000 euros soportado por la editora bajo el concepto de minuta defensiva letrada de un tercero por motivos ajenos a la actividad propia de la empresa que constituye su objeto social”. La denuncia recuerda que el 29 de octubre se conoció “a través de los medios de comunicación”, entre ellos elDiario.es , “que los honorarios de la letrada de Koldo García Izaguirre por los servicios a este, Leticia de la Hoz Calvo, fueron abonados por la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., editora de Okdiario”. Hasta su renuncia, el pasado martes, De la Hoz fue la abogada de Koldo García tanto en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas –por el que terminó condenado a prisión–, como en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Además, el PSOE recuerda que De la Hoz coincidió en esas causas “con la representación del Sr. Duran como letrado de la acusación popular unificada en el Partido Popular”. Un “ropaje de legalidad” en las facturas En las facturas publicadas, “quien aparece como pagador y realizaba las transferencias es la sociedad Dos Mil Palabras, S.L., editora del diario digital Okdiario, por las que se constata que dicha sociedad abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants, por honorarios correspondientes a los servicios de Leticia de la Hoz, correspondientes a los procedimientos donde representaba a Koldo García”. El PSOE considera que a pesar de que Okdiario sostiene que ese desembolso se hizo para la publicación de un libro y la realización de una docuserie, “del contraste con las facturas hechas públicas de los honorarios de Koldo cobrados por Leticia de la Hoz podría evidenciarse una maniobra de simulación negocial”. Así, el abogado de los socialistas apunta a que “el contrato mercantil aparece fechado el 26 de noviembre de 2025, esto es, justo el día antes de realizarse el primer pago que concretaba los términos del acuerdo de retribución e interferencia procesal acordado entre el abogado de la acusación popular del Partido Popular (D. Alberto Durán), el director de Okdiario (D. Eduardo Inda) y D. Koldo García, según este en los audios conocidos, y que vino acompañado de una entrevista el día siguiente”. “La confección del contrato en esa fecha exacta no respondería a una negociación editorial real, sino a la necesidad apremiante de fabricar un 'ropaje de legalidad' que sirviera de tapadera a la causa ilícita pactada previamente y al pago que se iba a realizar”, añade la denuncia. “Si la causa hubiera sido la real adquisición de derechos a Koldo García, el dinero de la contraprestación editorial debería haberse abonado a este en su condición de cedente. Sin embargo, la abogada defensora no le factura a su cliente Koldo García, sino que emite las facturas (de 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026) directamente a la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., bajo el concepto inequívoco de 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'”, apunta el PSOE en su escrito. “Es decir, la editorial no le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce la defensa letrada de Koldo García, asumiendo una minuta penal ajena”. “Esta quiebra entre los sujetos del contrato simulado (OKDIARIO-Koldo) y los sujetos del pago efectivo (OKDIARIO-Despacho letrada) probaría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un mero artificio o negocio simulado, ideado para encubrir una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal”, concluye. Los audios de Koldo desde prisión El 5 de noviembre de 2026, “apenas unos días después de desvelarse quien se había hecho cargo de abonar las citadas facturas de la letrada Dña. Leticia de la Hoz”, el PSOE recoge cómo la Cadena Ser [también elDiario.es] difundió unos audios que habría enviado Koldo García desde la cárcel. En uno de ellos afirmó lo siguiente: “En una reunión que mantuve con el Señor Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, claro está, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y a alguno más, aun mintiendo”. Además, según la información publicada, Koldo García “sitúa dos reuniones con el Sr. Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del Partido Popular en la calle Génova, afirmando que el pago se canalizaría a través del Sr. Inda y de su empresa Dos Mil Palabras, S. L., editora del periódico digital Okdiario, con quien también se habría reunido, y que parte del importe se justificaría como derechos de un libro, a lo que el Sr. Inda le habría dicho que recuperaría el dinero mediante la publicidad institucional contratada por administraciones gobernadas por el Partido Popular”. También recoge la denuncia las declaraciones de Koldo García asegurando que con posterioridad a la reunión o reuniones con Alberto Durán “mantuvo un almuerzo con el Sr. Inda, en su casa, 'para coordinar el acuerdo económico' y acordar el contenido de la entrevista que se le iba a hacer, y que lo previsto era que ese contenido se transformara después en una declaración ante la autoridad judicial”. “En el desarrollo del plan descrito, Koldo García sitúa también la recepción de advertencias sobre el eventual ingreso en prisión de su pareja y de su hermano, y las consecuencias que ello tendría para su hija. El ofrecimiento de beneficios económicos y procesales aparece así acompañado, en su relato, de presiones referidas a su entorno familiar”, añade. En los audios Koldo García señala que el Inda le manifestó, literalmente: “Inda me dijo que el dinero que iba a adelantar se lo devolverían en pagos de publicidad institucional procedente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. La denuncia prosigue: “Lo cierto es que el 27 de noviembre de 2025, en la misma fecha en que se factura y se abona el primer pago de los honorarios de la Abogada de Koldo García por Dos Mil Palabras, Okdiario, a través de su página de Facebook, publicó una entrevista a Koldo García, titulada Koldo García tira de la manta en EXCLUSIVA con Eduardo Inda . Y sobre la que se anunciaba: El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para Okdiario hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión”. En relación con esta entrevista, Koldo, en otros audios publicados el 5 de noviembre de 2026 por elDiario.es, ratificó esa versión y precisó que el pago de su defensa “se llevó a cabo gracias a la entrevista” concedida a Inda. Supuesta reunión con Tellado El PSOE también cita un informe de la UCO de 5 de febrero de 2024 en el que se señalaba que “sobre la base de intervenciones telefónicas y conversaciones de móvil entre Koldo García y un tercero”, el 2 de diciembre de 2023 el exasesor de Ábalos “habría quedado con 'Miguel' y 'Alberto'”, y que el 9 de enero de 2024 “afirmaría haber quedado 'a las 10:15h en Génova', referencia que la UCO considera que 'pudiera' aludir a la sede del Partido Popular. En el citado informe por parte de la UCO se identifica la persona denominada ”Miguel“ como ”Miguel Tellado“, actual secretario general del PP. Y los socialistas añaden: ”Después de conocidas las últimas informaciones es lógico inferir que el 'Alberto' mencionado podría ser D. Alberto Durán, letrado del Partido Popular, y que 'Miguel' es D. Miguel Tellado“. “El pasado 9 de noviembre de 2026 una máxima responsable del Partido Popular, Cuca Gamarra, a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni donde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cual fue su objeto”, apunta la denuncia, que concluye que Koldo ha sostenido desde la cárcel “que se habría reunido con el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, y este último le planteó una rebaja en la petición de pena en la causa abierta en el Tribunal Supremo, que plantearía la acusación popular unificada que lideraba el PP, a través de él mismo; dejar fuera de la causa a su expareja Patricia Úriz y a su hermano, Joseba García Izaguirre, y el pago de su defensa, más un millón de euros”. También cita “unos nuevos audios conocidos el 10 de noviembre a través de la Séptima, enviados al periodista Javier Ruiz desde la prisión”, en los que “Koldo García menciona en relación a sus conversaciones con el Sr. Inda al fiscal Jefe Anticorrupción, Sr. Luzón, y nuevos hechos”. “En estos nuevos audios Koldo García relata que tuvo que grabar una segunda entrevista con el director de Okdiario, Eduardo Inda, porque el contenido de la primera no convencía. Y que en esta segunda entrevista es cuando Inda le transmitió la siguiente advertencia vinculada al fiscal jefe Anticorrupción: ”Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión“. La denuncia recoge, asimismo, que la inversión publicitaria institucional de las comunidades y administraciones gobernadas por el PP a Okdiario en el periodo 2020-2025 “cubren sobradamente el abono y el ofrecimiento revelado” a Koldo García. Así, entre 2017 y 2026, administraciones públicas han pagado a la editora de Okdiario al menos 1.660.880,40 euros en contratos (con IVA) y 3.518.199,51 euros en publicidad institucional (sin IVA), todo ello según fuentes oficiales (Plataforma de Contratación del Sector Público, portales de transparencia autonómicos y municipales, datos abiertos, BDNS y BOCM). Feijóo niega la reunión entre Koldo y el abogado del PP Precisamente este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al youtuber Jordi Wild también sobre esa supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García. El dirigente popular la ha negado. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo .
Un hombre acepta dos años de prisión, pena que queda suspendida, y una multa de 1.200 euros por intentar atracar una sucursal bancaria en Ourense con una pistola de gas comprimido, tras ser reducido por los propios empleados
Los cuatro integrantes sustrajeron un remolque para trasladar el botín en cada una de las viviendas, que incluyó también cinco depósitos de vino, dos estrujadoras de uvas y también 40 kilos de cebollas
La Guardia Civil atribuye al grupo criminal asaltos en Astudillo y Melgar de Yuso, entre otras localidades, y apunta a que sus integrantes utilizaban vehículos con matrícula extranjera para abandonar España La entrada Dos detenidos a prisión por una oleada de robos en viviendas de Palencia, Valladolid y Madrid se publicó primero en Palencia en la Red .
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El acusado, migrante en situación irregular, ha aceptado una condena de tres años y medio de prisión como autor de un robo con violencia, si bien la pena se conmuta por la prohibición de volver a territorio nacional durante los próximos cinco años
La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a cuatro personas a penas de prisión de entre 12 y 22 meses por una serie de robos en viviendas y ermitas de pueblos de Teruel, Zaragoza y Soria a finales del invierno de 2022. Dos de los lugares afectados están en la provincia soriana: Miñana, en Deza, y Bliecos. Los cuatro acusados aceptaron los hechos y las penas que pedía el Ministerio Fiscal. Lo hicieron en el juicio, y el tribunal los declaró probados en "estricta conformidad" con esa calificación. El tribunal condena a los cuatro como autores de un "delito continuado de robo con fuerza en casa habitada". La resolución sitúa los hechos en varias noches entre febrero y marzo de 2022 y señala que los acusados actuaron "previamente de acuerdo" y con "ánimo de ilícito enriquecimiento". Uno de los acusados, con antecedentes penales, ha sido condenado a dos años de prisión . La sentencia aprecia en su caso la agravante de reincidencia, por una condena anterior de 2019 del Juzgado de lo Penal de Soria por robo con fuerza en las cosas. Al segundo acusado, el juez le impone 12 meses de prisión. El tribunal reconoce una eximente incompleta, porque los hechos probados indican que padecía una patología que afectaba a sus facultades intelectivas y volitivas cuando ocurrieron los hechos. Los otros dos acusados reciben penas de 22 meses de prisión cada uno. A los cuatro se les aplica también la atenuante analógica de confesión y la de dilaciones indebidas . Además, tendrán inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena y pagarán las costas del proceso, repartidas entre ellos. Según los hechos probados, en la noche del 2 al 3 de marzo de 2022 los acusados accedieron a dos viviendas de Miñana, Deza. En una se llevaron un televisor LG. En la otra causaron daños en el bombín de la puerta. La sentencia señala que no consta que los perjudicados reclamaran. Entraron también el 3 de marzo en la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, en Bliecos, donde causaron "numerosos daños", sin que conste reclamación de los perjudicados. El primer robo La sentencia sitúa el primer robo de la serie el 17 de febrero de 2022, en una casa de Castejón de Armas (Zaragoza), de donde se echaron en falta cuatro monedas antiguas. El perjudicado no reclamó. En la noche del 7 al 8 de marzo, tras violentar el bombín de la puerta, entraron en una vivienda de Peracense (Teruel) y se llevaron objetos, joyas, un reloj y monedas antiguas. La propietaria renunció a indemnización. En esa casa apareció un móvil, cuya titularidad y uso la sentencia atribuye a dos de los acusados. Entre el 19 y el 20 de marzo, según la resolución, repitieron el mismo modo de actuar en Almohaja (Teruel). En una de las casas lo revolvieron todo, pero no se echó nada en falta. En otra se llevaron placas antiguas, una báscula romana y una estufa valorada en 500 euros, y causaron daños por 366,33 euros. Esa misma noche intentaron acceder a otra vivienda de Peracense y provocaron daños que no se reclamaron. El 17 de marzo entraron en la ermita de Nuestra Señora Virgen de San Daniel, en Ibdes (Zaragoza). Durante ese mes, dos de los acusados intentaron además entrar en varias casas de Terrer (Zaragoza). Las defensas han manifestado que no recurrirían, por lo que el tribunal declaró la sentencia firme en el propio juicio y ordenó su ejecución. Las defensas pidieron la suspensión de las penas de prisión. El tribunal responderá mediante auto, cuando se incorporen los documentos necesarios para decidir si concede el beneficio.
No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición El pasado 30 de mayo de 2026, en la Córdoba de la República Argentina, fue encontrado el cuerpo desmembrado de la adolescente Agostina Vega en un descampado de las afueras de la ciudad. Se trataba de un nuevo caso de feminicidio, una de las cerca de 150 niñas y mujeres asesinadas hasta agosto, según el Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, que, precisamente, había denunciado el “escenario de desprotección” que había supuesto el vaciamiento de programas contra la violencia de género promovido por el gobierno del presidente Javier Milei . El asesinato de la joven Agostina impactó de manera especial en el país. En las principales ciudades se convocaron marchas, empezando por Córdoba. La del 3 de junio en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, fue multitudinaria. Una de las pancartas llamó mi atención por el nombre de la asociación que la portaba: “Trece Rosas”. Cuando me acerqué a preguntar por el mismo a las jóvenes que la sostenían, me respondieron sin dudar: “Obvio que sabemos quiénes fueron las Trece Rosas. Eran comunistas. Lucharon contra Franco”. En seguida me vino a la cabeza una de las primeras veces que oí hablar de ellas. Fue a la altura de 2001, un cuarto de siglo atrás, cuando escuché de los labios de Josefina Amalia Villa, antigua presa de la superpoblada cárcel de Ventas de la posguerra, el relato de la saca de tres de las Trece Rosas en la madrugada del 5 de agosto de 1939: Martina Barroso, Anita López Gallego y Victoria Muñoz. Jose Amalia había estado con ellas en la misma sala de menores de la cárcel, y de aquella noche, entre otros muchos recuerdos, había atesorado este recuerdo concreto: “Se vistieron ayudadas por las demás, nuestras manos temblaban mucho más que las suyas. Anita, al terminar, nos preguntó con voz serena, un poco baja: '¿Llevo las medias derechas?'. Le dijimos que sí, pero, ¿quién las miró? Las abrazamos una y otra vez. Qué horrible mezcla de gritos y de silencio” . Imaginar el largo viaje que había trazado en el tiempo aquel recuerdo, de Madrid a Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia, es algo que me produjo una sensación de vértigo. Cuando Josefina Amalia me concedió aquella entrevista, los recuerdos que sobre las Trece Rosas habían conservado sus antiguas compañeras de prisión, como ella, las testigos directos de la saca, todavía no se habían convertido en “memoria cultural”, pero estaban a punto de recorrer esa nueva etapa de su largo camino. Justo al año siguiente, Dulce Chacón publicó una novela -'La voz dormida'- sobre la primera generación de presas del franquismo que conocería múltiples ediciones, y cuya aparición coincidió con la publicación de 'Las trece rosas', de Jesús Ferrero. Y es que, comenzando el siglo, el interés de la “generación de los nietos” por conocer el pasado traumático de la dictadura, lo ocurrido con los vencidos y vencidas de la Guerra Civil, tuvo su expresión en la producción y circulación de productos culturales diversos sobre aquel episodio en concreto, desde documentales como 'Que mi nombre no se borre de la historia' (Vigil y Almela, 2006) hasta películas como 'Las Trece Rosas', de Martínez-Lázaro, de 2007, basada por cierto en otro libro -reportaje histórico bien documentado- publicado el año anterior por el periodista Carlos Fonseca. Todavía seguirían más libros y películas -como 'La voz dormida', de Zambrano, en 2011- y obras de teatro, con lo que andando el tiempo y traspasando fronteras, el propio tratamiento del episodio histórico se convirtió en una suerte de topos de los estudios culturales, en el marco del desarrollo de un feminismo de tercera o incluso cuarta ola. El último eslabón de esta larga cadena es precisamente una ópera, la primera sobre el tema histórico: 'Las Trece Rosas Rojas', como producción del Teatro de la Zarzuela en Madrid, que se estrenará este 25 de noviembre. Dos memorias Lo sucedido hasta la fecha, con esa producción de “memoria cultural” acelerada a lo largo de estas dos últimas dos décadas, podría hacer creer que el episodio histórico de aquel asesinato estuvo destinado a popularizarse desde un principio, como una suerte de justicia poética. No fue así en absoluto. En realidad dio pie a dos tipos de memorias que, en las difíciles condiciones de la dictadura, siguieron caminos más bien distintos. Con algo de retraso, a partir de 1946, las publicaciones del exilio comunista elaboraron una memoria de carácter escrito fuertemente estereotipada, parca en detalles y politizada, según la fórmula del “mártir político” de lejanas resonancias religiosas. Publicaciones como 'Mujeres Antifascistas' (1946-1950), primero en Francia y luego en México, repitieron la fórmula de las rosas como mártires de la fe (política) a partir de las exiguas noticias de mujeres fugadas de la cárcel franquista como Mercedes Núñez o Adelaida Abarca, al objeto de denunciar la dictadura y provocar la movilización política. La segunda memoria, en cambio, fue esencialmente oral y se elaboró en el interior del país y desde el minuto uno: la tejida -como si se tratara de un tapiz de voces- por las propias compañeras de las Trece Rosas en la prisión madrileña de Ventas y sus familiares. Fue una memoria oral, colectiva y esencialmente subterránea, elaborada y conservada en el mismo centro del ecosistema represivo del franquismo, que, frente a la memoria del exilio, se caracterizó por la precisión y “visualidad” de sus recuerdos -como el de Josefina Amalia sobre Anita López Gallego- así como por su voluntad de credibilidad. Testigos supervivientes como Josefina Amalia Villa, Antonia García Alonso o Mari Carmen Cuesta se empeñaron en la consignación escrupulosa del dato concreto, del detalle vivido, y lo repitieron, se lo recontaron a sí mismas y a quienes quisieran escucharlas con el afán de ser creídas, de combatir la incredulidad de los demás; “creedme porque yo viví esto, yo estuve aquí, esto ocurrió realmente”. De alguna manera quisieron cumplir con aquel mandato moral de Julia Conesa, una de las Trece Rosas, en la carta de despedida a su familia, milagrosamente conservada: “que mi nombre no se borre en la historia”. Eso y no otra cosa es el tan debatido término de “memoria histórica”, como relato de sucesos que nunca o con muchas dificultades -durante el franquismo y la Transición- llegaron a ser públicamente reconocidos, validados como “verdad histórica” al modo de las expuestos en los estudios académicos o los libros de texto. No es difícil imaginar las dificultades a las que hubo de enfrentarse esa primera memoria subterránea colectiva y oral, estigmatizadas sus protagonistas supervivientes -tras largos años de encarcelamiento- como “rojas” y “expresas”-, no solo a lo largo del franquismo sino también después, en los años de la Transición. Quizá la imagen más gráfica de ello sea la que aportó a la altura de los años ochenta una de las compañeras de las Trece Rosas, Mari Carmen Cuesta, citando el filme 'Fahrenheit 451', de Truffaut. Mari Carmen se vio entonces a sí misma y a sus compañeras supervivientes como aquellos “hombres-libro” que, refugiados en los bosques, memorizaban fielmente las obras de la literatura universal que estaban siendo quemadas por el régimen opresor, con la esperanza de que algún día pudieran editarse de nuevo: “(…) Yo cuando vi esta película me causó un impacto tremendo porque pensé que éramos cientos, más que cientos, miles de mujeres que, como en esa película, guardábamos también en nuestras mentes unos profundos testimonios; unos testimonios que también esperábamos que pudieran salir en un momento determinado y poder llenar todas las páginas de la historia, de esa historia que fue la época más larga, más negra y más brutal de nuestro país: la historia del fascismo” . Justamente por entonces, ese momento que tanto esperaba Mari Carmen ya estaba empezando a llegar gracias a la feliz coincidencia de dos factores. El primero fue la emergencia de una conciencia femenina entre las propias militantes antifranquistas -las supervivientes de la primera generación de presas políticas- sobre la importancia de su propia historia, todo ello en el contexto del feminismo de segunda ola de los años sesenta y setenta, que dio como resultado los primeros “textos memorialísticos” de Juana Doña (1978), Ángeles García-Madrid y Tomasa Cuevas (1982). El segundo factor no fue otro que el concurso de investigadoras de esta misma ola feminista -Giuliana di Febo, Fernanda Romeu, Shirley Mangini- que hicieron de “solicitadoras de testimonios” -al decir del sociólogo Michel Pollak-, con trabajos que en buena medida coincidieron con los de las militantes políticas de la generación siguiente -Carmen Alcalde, Lidia Falcón- tanto en libros como en revistas ( Vindicación Feminista , Poder y Libertad ). No podemos dejar de citar también aquí el importante reportaje del periodista Jacobo García Blanco-Cicerón de 1986, en la revista Historia 16, que hizo de solicitador de testimonios, cartas y fotografías no solamente de compañeras de las Trece Rosas, sino también de familiares suyos. El otro largo viaje de la documentación oficial El camino, pues, fue difícil: nada estuvo garantizado, y la construcción del relato propiamente histórico, a partir no solo de las voces, sino de los documentos, tampoco lo tuvo fácil. Cuesta creerlo, pero solo en los años noventa se abrió el acceso a la documentación oficial de la represión franquista: los sumarios judiciales de los archivos militares y la documentación penitenciaria. A principios de esa década fueron abiertos al público los sumarios del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, depositados por aquel entonces en el gobierno militar de la capital. En condiciones muy difíciles, los historiadores Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend pudieron, tras la consulta del sumario 30.426, publicar por primera vez la lista de los nombres y apellidos exactos de las Trece Rosas en 1993, como parte de una investigación patrocinada por la Fraternidad de Militares por la República sobre el número de personas ejecutadas en el Madrid de la posguerra (1939-1944), que vería la luz en 1997. Los autores averiguaron asimismo por la documentación consultada que las trece rosas habrían debido ser catorce. Antonia Torre Yela se libró aquella noche del fusilamiento porque equivocadamente fue consignada como “Antonio Torres Llera”: la posteriormente denominada “rosa número catorce” sería ejecutada el 19 de febrero de 1940 . Algo después, el examen de otra documentación también muy tardíamente abierta al público, los expedientes de cárcel depositados por entonces en el archivo del centro de inserción “Victoria Kent”, dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, permitió precisar asimismo nombres, fechas y demás detalles . Solo entonces se supo, por ejemplo, la edad exacta que tenían en el momento de su detención. De las trece, las menores de 23 años -el umbral de la edad legal, que no penal, que se cifraba en los 16- fueron nueve: Martina Barroso García, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olalla, Virtudes González García, Anita López Gallego, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. Por lo demás, solo en 2018 pudo aquilatarse con mayor precisión el número exacto del total de personas ejecutadas en la capital durante el periodo 1939-1944, gracias al estudio encargado por el Ayuntamiento de Madrid que permitió el acceso a los libros de enterramiento y órdenes de inhumación de la Necrópolis del Este. Habían pasado casi ochenta años de los asesinatos masivos cometidos durante el periodo 1939-1944 en las cercanías del cementerio del Este, y ni siquiera entonces -en 2019- el nuevo ayuntamiento del Partido Popular de la capital permitió la colocación de los 2.936 nombres en el monumento previsto. Como dato curioso, aproximadamente en 2004 todos aquellos expedientes penitenciarios -los de las cárceles de Madrid- fueron catalogados y pasaron a depender directamente de un archivo de carácter “no público” -el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI)-, donde merced a una instrucción especial de 12 de julio de 2006, tanto su consulta como su reproducción se vieron a partir de entonces seriamente limitados, con nombres anonimizados, como tuvimos ocasión de explicar hace algún tiempo en otro lugar . Como resultado, la propia investigación histórica, pero también el acceso de los familiares a unos datos fundamentales sobre las personas ejecutadas por la dictadura en Madrid, se vio y continúa viéndose gravemente frenada. Este mismo diario publicó en abril de este año un artículo de denuncia de la situación del AGMI firmado por el catedrático emérito Ángel Viñas y suscrito por prestigiosos profesionales nacionales e internacionales como Paul Preston y Carme Molinero. Poco después se hizo pública una carta abierta al ministro Fernando Grande-Marlaska firmada por la Asociación de Historia Contemporánea y 501 investigadores y docentes, reclamando la retirada de dicha instrucción especial y la transferencia de la documentación histórica del AGMI a los archivos pertinentes en condiciones de consulta equiparables al resto de los archivos estatales. Hasta la fecha, y contraviniendo disposiciones nacionales como la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, relativa al “derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados” sobre la Guerra Civil y la represión franquista, el ministro Grande-Marlaska ha venido negando públicamente, contra viento y marea, que existan este tipo de restricciones. Visto lo visto, ¿ha servido tanta denuncia para algo? Parece ser que sí. Casualmente, y sin ninguna alharaca, el AGMI lleva ya unos meses ejecutando la transferencia de numerosas cajas de documentación al Archivo General de la Administración: entre otras, cerca de un millar de cajas procedentes del antiguo centro de inserción de Victoria Kent, las mismas que contenían los expedientes de todas las prisiones madrileñas, incluidos los de las Trece Rosas, y que hace más de un cuarto de siglo pudieron ser consultadas -por quien esto escribe- sin tachaduras ni censuras. Largo y complicado viaje también este, el de la documentación oficial… casi tanto como el de aquel lejano recuerdo que, nacido en la cárcel madrileña de Ventas del año 1939, continúa resonando hoy día. A través de fronteras y de océanos, en puentes invisibles que vinculan a Madrid con Buenos Aires, a cuatro generaciones de distancia. En libros, ensayos, novelas, documentales, dramaturgias, largometrajes.. y esta vez, en este año de 2026, también con música de ópera.
La Fiscalía pide para el hombre dos penas de prisión revisable por el asesinato de los dos niños y 27 años de cárcel por matar a la madre, mientras que la acusación particular pide tres penas de prisión permanente.
📲 ¡Pincha aquí y sigue el canal de WhatsApp de Maldita.es para que no te la cuelen! ¿De qué hablamos en este tema? ¿Qué cambios se han introducido? ¿Quién había aprobado que se pudiera votar utilizando el DNI digital? ¿Quién compone la Junta Electoral Central? ¿Se trata de una reforma introducida por el Gobierno? ¿Se puede utilizar la app MiDGT para acreditar la identidad en una votación? ¿El voto con DNI digital se ha usado ya en algunas elecciones? La falta del QR: la gran crítica a este cambio. ¿Cómo funciona y qué implicaciones tiene en el voto? ¿Posibilita esto un fraude electoral? ¿Se pueden generar identidades falsas de personas para votar? ¿Qué habría que hacer y saber para votar suplantando a otra persona? ¿A qué penas se exponen quienes votan con una identidad falsa? ¿Qué cambios se han introducido? Desde el 5 de noviembre de 2026 , tras la autorización de la Junta Electoral Central (JEC), se puede votar con un DNI físico y digital . Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se pudo votar así en las elecciones autonómicas de Extremadura (diciembre de 2025), Aragón (8 de febrero de 2026) y Castilla y León (15 de marzo de 2026). La JEC suspendió el 26 de marzo esta posibilidad hasta que se garantizase un método seguro de identificación electrónica del votante. El 27 de octubre de 2026, en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre , el Consejo de Ministros acordó preparar las mesas electorales para que los votantes puedan identificarse con la aplicación MiDNI al dotarlas de un dispositivo de lectura de código QR . La orden , publicada el 29 de octubre de 2026 en el BOE, encarga a Correos que entregue y recoja “los dispositivos necesarios para que la Mesa pueda garantizar el uso de la aplicación MiDNI por parte del electorado en el momento de la identificación de cada votante” . El 18 de septiembre de 2025 , la Junta Electoral Central (JEC) señaló que el DNI digital era “un medio de acreditación de la identidad del votante válido por ser un documento oficial que incluye la fotografía del votante”. Pero el 26 de marzo , tras un escrito del Partido Popular y la Junta de Andalucía, la JEC suspendió los acuerdos relativos a este asunto de 2023 , 2025 y 2026 hasta que “se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura”. ¿Quién había aprobado que se pudiera votar utilizando el DNI digital? La Junta Electoral Central aprobó el uso del DNI digital el 5 de noviembre de 2026 para identificarse al votar . Según explican en el acta 334/2026 , lo han aprobado tras revisar el acuerdo de marzo de 2026, en el que se suspendía el uso de MiDNI y MiDGT como medio de identificación ante la Mesa electoral. Hasta entonces ha estado suspendido hasta que se garantizase “un dispositivo en cada Mesa Electoral con acceso a la aplicación MiDNI”. La formación Iustitia Europa interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando “la adopción urgente de medidas cautelarísimas, inaudita parte ( sin escuchar a la parte afectada ), ante la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre ”. Según la Agencia EFE , el 10 de noviembre de 2026 el Supremo rechazó suspender de manera urgente esta decisión de la Junta Electoral Central. El gabinete de prensa del Tribunal Supremo aseguró a Maldita.es a través de una conversación telefónica que se ha dado de plazo hasta el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 15:00 horas a la Junta Electoral Central para personarse y presentar alegaciones. El Ministerio del Interior admitió en un informe que votar sin QR no da “plena seguridad". Interior envió a la JEC un informe de la Policía Nacional que “acredita la plena seguridad de la aplicación MiDNI para la verificación de la identidad mediante la lectura de un código QR” . Se trata de un cambio de criterio respecto a su posición anterior, cuando destacó en un informe que la solicitud de un código QR implicaba "un mayor requisito de control para la versión digital del DNI, que la que existe en relación con el documento físico, sin que exista una justificación para ello". ¿Quién compone la Junta Electoral Central? La ley electoral (LOREG) establece en su artículo 9 que este organismo, que se conforma al inicio de cada legislatura, lo componen ocho vocales magistrados del Tribunal Supremo que se eligen en un sorteo realizado por el Consejo General del Poder Judicial y cinco vocales , catedráticos de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología en activo, designados a propuesta de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El presidente y vicepresidente de la JEC se eligen entre los magistrados en la sesión constitutiva del órgano. También estarán sentados en la JEC el secretario general del Congreso de los Diputados y el director de la Oficina del Censo Electoral. Este último, con voz pero sin voto . En este enlace puedes consultar a los miembros de la Junta Electoral Central desde el 6 de febrero de 2025 en la XV legislatura. ¿Se trata de una reforma introducida por el Gobierno? La reforma la planteó el Gobierno de España en 2025, pero fue aprobada por la Junta Electoral Central . En abril de 2025, cuando se presentó el DNI digital, ya se recogía el “ ejercer su derecho al voto ” como uno de los posibles usos de la versión electrónica del DNI para acreditar la identidad del titular. ¿Se puede utilizar la app MiDGT para acreditar la identidad en una votación? Desde 2023 y hasta las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo de 2026 . La Junta Electoral Central acordó el 16 de febrero de 2023 como “un medio de acreditación de la identidad válido” del votante la presentación del carnet de conducir a través de la aplicación MiDGT. Según explica este órgano, se trata de un “documento oficial que incluye la fotografía del votante”, como establece el artículo 85.1 de la LOREG. Pero el 26 de marzo suspendió su uso hasta que se pueda “garantizar” que el uso de estas apps sea “seguro”. ¿El voto con DNI digital se ha usado ya en algunas elecciones? Sí, con el DNI digital se pudo votar en las últimas autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León . Por ejemplo, la Junta Electoral de Aragón publicó una resolución el 24 de enero de 2026 en la que confirma la validez del votante “mediante el acceso por su titular” a la app MiDNI “delante de los miembros de la mesa”. Maldita.es preguntó en marzo de 2026 a las juntas electorales provinciales y autonómicas de Castilla y León, Aragón y Extremadura si tienen constancia de que se haya usado el DNI digital para identificarse en las mesas electorales, pero a fecha de publicación de este artículo no hemos obtenido respuesta de todas ellas. La Junta Electoral de Extremadura indicó a Maldita.es por email que “ no constan incidencias ” y la Junta Electoral Provincial de Cáceres aseguró por teléfono a Maldita.es que no han tenido notificaciones de incidencias por esta materia. La Junta Electoral de la provincia de Soria indicó a Maldita.es que tuvo constancia de al menos un uso del DNI digital en los comicios del 15 de marzo de 2026, pero no se registraron incidencias . Por su parte, en la provincia de Valladolid tampoco han tenido conocimiento de problemas con la app. En Zamora aseguran a Maldita.es no haber recibido llamadas con incidencias por el uso de MiDNI , y sí tienen constancia de que se utilizó tanto esta aplicación como la de la DGT para votar. El 17 de marzo, las juntas provinciales de Teruel y Huesca respondieron que “ La falta del QR: la gran crítica a este cambio. ¿Cómo funciona y qué implicaciones tiene en el voto? La app MiDNI genera códigos QR temporales, que duran unos segundos y están validados por la Policía Nacional , para acreditar la identidad de los votantes, del mismo modo que los genera para habilitar otros trámites administrativos. La Policía Nacional explica en la web del DNI electrónico que el QR “ha sido generado por Policía Nacional y te da la seguridad de que tus datos son auténticos en ese mismo momento” . Es decir, sin el QR no es posible garantizar que los datos que se muestran en la pantalla de la aplicación son reales y que no hayan sido manipulados. Este QR conecta con un registro centralizado con la Policía Nacional a través de un QR . Un DNI digital sin QR no permitiría saber si el DNI mostrado es efectivamente el real, igual que una fotocopia del DNI no permite probar que el DNI físico es como la fotocopia muestra. Cuando enseñas tu DNI físico, la propia existencia del DNI es ya una barrera a la falsificación. No todo el mundo puede falsificar un DNI, porque generar esa tarjeta de plástico ya necesita unos materiales y una maquinaria especializada. Por eso el QR, según la propia web del Ministerio del Interior , “garantiza que los datos son auténticos en ese mismo momento”. La persona que lo escanea ve los datos reales asociados a ese QR en una pantalla distinta a la de la persona que se quiere identificar. Esos datos, y ese QR, no se pueden falsear. La JEC aprobó su uso el 5 de noviembre de 2026 después de que el Ministerio del Interior confirmase que las mesas electorales de los comicios del 29 de noviembre dispondrán de un dispositivo con cámara y navegador que tiene incorporado el verificador QR de la web oficial de MiDNI . Según el acta 334/2026 , “permite comprobar con todas las garantías necesarias el código QR temporal generado por la aplicación, el cual deberá abrirse delante de la Mesa” . Esto supone un cambio de criterio respecto a lo que la JEC aseguró el 5 de marzo de 2026, argumentando que no es necesario generar el código QR , al indicar que “ es suficiente con acceder por su titular a la aplicación denominada "MiDNI" delante de los miembros de la mesa electoral y a la vista del documento de identidad con fotografía que se genera en el dispositivo”. En las resoluciones publicadas en 2026 por la Junta Electoral de Castilla y León y la Junta Electoral de Aragón se recogía lo mismo que establece la JEC: solo era necesario abrir la app MiDNI o MiDGT delante de los miembros de la mesa electoral y dejarlo a la vista “sin necesidad de generar un código QR”. ¿Posibilita esto un fraude electoral? La identificación sin validar el QR podría permitir que alguien, conociendo los datos de identidad y censales de otra persona (DNI, fecha de nacimiento, en qué mesa vota…) pudiera generar una versión manipulada con el objetivo de emitir este voto. El sistema puede ser más o menos sofisticado: desde generar sólo una captura de la aplicación a generar un clon de la aplicación que se pueda abrir como el original, mostrando la identidad manipulada. La escala aumentaría si un gran número de personas se organizara y tuvieran el acceso a los datos necesarios. Individualmente el riesgo se limita a las personas que conoces o a cuyos datos tengas acceso , pero en el caso de un conjunto de personas organizadas con acceso al censo e información potencialmente recogida de elecciones anteriores, como abstencionistas habituales, el riesgo y la escala aumentan. ¿Se pueden generar identidades falsas de personas para votar? No puedes votar con una identidad inventada, hay que estar en el censo . Para ejercer el derecho a voto hay que estar inscrito en el censo, como recoge el artículo 2.2 del Régimen Electoral General. Y, además, hay que estar empadronado para constar en el censo, un trámite que realizan los ayuntamientos (artículo 32.2). Por tanto, no puedes crear una identidad con inteligencia artificial e ir a votar: en la mesa tienen un listado con el nombre y DNI de las personas censadas que pueden ejercer el derecho a voto. ¿Qué habría que hacer y saber para votar suplantando a otra persona? Como ya te explicamos en Maldita.es para poder suplantar la identidad de un votante habría que tener acceso a la siguiente información: Conocer sus datos censales : saber que la persona a la que vamos a suplantar está inscrita en el censo, en qué mesa vota, nombre y apellidos y DNI. Estar seguro de que no ha votado anteriormente dado que los miembros de la mesa anotan cuando alguien que está en el censo ya ha votado. Que nadie lo impugne (interventores, apoderados, miembros de la mesa, etc). ¿A qué penas se exponen quienes votan con una identidad falsa? Votar con un DNI falsificado, ya sea con inteligencia artificial o con otro método, es un delito . Pero no solo al ir a votar, porque la falsedad documental también se castiga en otros contextos. La ley electoral (LOREG), en su artículo 142, indica que votar “dos o más veces en las mismas elecciones o votar sin capacidad para hacerlo supone una pena de prisión de seis meses a dos años, multa de seis meses a dos años e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años”. Además, votar empleando un DNI falsificado implica un delito de falsedad documental . El artículo 392 del Código Penal castiga con penas de cárcel de seis meses a tres años, más multas de seis a doce meses, a los particulares que alteren o simulen un DNI. La suplantación de identidad , llamada "usurpación del estado civil" según el Código Penal, también supone penas de prisión de seis meses a tres años. ¿Crees que te ha llegado un bulo? Verifica en nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) *En una versión anterior de este artículo ponía que para poder suplantar la identidad de un votante había que conocer, entre otra información, su fecha y lugar de nacimiento y su grado de escolaridad. El 16/03/2026 hemos retirado la mención a estos datos. *Artículo actualizado el 17/03/2026 para incluir las respuestas de las juntas provinciales de Teruel y Huesca. *Artículo actualizado el 26/03/2026 para incluir la suspensión por parte de la JEC del uso del DNI digital. *Artículo actualizado el 27/03/2026 para añadir que el Ministerio del Interior afirma que ha enviado a la JEC un informe de la Policía Nacional que “acredita la plena seguridad de la aplicación MiDNI para la verificación de la identidad mediante la lectura de un código QR”. *Artículo actualizado el 11/11/2026 para incluir la autorización por parte de la JEC del uso del DNI digital en los próximos comicios.
Un hombre de 45 años ha aceptado penas que suman ocho años y nueve meses de cárcel por haber incendiado en 2024 una casa con su expareja y el hijo menor de ésta dentro. Ha sido en el juicio celebrado en la Audiencia de Jaén donde el acusado se ha declarado culpable y se ha conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal. Además, de la pena de prisión, el acusado se ha conformado también con otras medidas accesorias que incluyen alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima y su hijo, así como llevar pulsera telemática de control durante unos 15 años después de su salida de prisión. En concreto, se le condena por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género; un delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas; dos delitos de lesiones y un delito contra los animales. La conformidad, que ha permitido no proseguir con el juicio, ha llegado después de que el procesado haya desembolsado los 9.547 euros que se le exigían en concepto de responsabilidad civil y reparación del daño. De esta forma, el Ministerio Fiscal ha reconocido el atenuante de reparación del daño, al tiempo que ha rebajado la entidad de los dos delitos de lesiones, lo que ha permitido rebajar las penas iniciales que se le pedían y que sumaban 21 años de cárcel a los ocho años y nueve meses que finalmente se le han impuesto. El letrado de la defensa, Jesús Trujillo, ha explicado que si bien se partía de una petición de 21 años de prisión, la pena se ha rebajado finalmente a ocho años al apreciarse diversas circunstancias atenuantes. Entre ellas, se han valorado la reparación del daño y la calificación del delito como de menor gravedad, así como las circunstancias personales y médicas de su representado. A este respecto, Trujillo ha detallado que el procesado tiene diagnosticada una enfermedad mental por la que tiene reconocida una discapacidad y una incapacidad permanente absoluta. Asimismo, ha señalado que en el momento de los hechos, ocurridos en septiembre de 2024, el acusado presentaba un consumo excesivo de alcohol y sustancias estupefacientes, una situación que “ya ha resuelto durante su estancia en prisión” El abogado ha valorado el acuerdo al entender que “el riesgo era muy importante” y que, al ser la pena principal de cinco años, “pronto se podrán pedir permisos” ya que el acusado lleva desde septiembre de 2024 en prisión provisional. Por su parte, el letrado de la acusación particular, Juan Manuel Jiménez, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo, destacando que el procesado ya ha consignado más de 9.500 euros, cantidad que cubre la indemnización solicitada para la víctima y su hijo —que ascendía a unos 7.780 euros—, además de otros gastos derivados de la asistencia sanitaria, el desplazamiento y la intervención de los bomberos. Jiménez ha puesto el acento en que el abono de esta cantidad supone “un hecho real” y no una mera garantía de pago, lo que ha facilitado la aplicación de la atenuante de reparación del daño. Además, ha apuntado que la conformidad evita que la víctima tenga que “revivir una mala experiencia” en la que “podría haber fallecido junto con su hijo”. Los hechos juzgados y admitidos por el acusado se desencadenaron la madrugada del 14 de septiembre de 2024, en Jódar, apenas unas horas después de que la mujer comunicara al acusado su decisión de finalizar la relación sentimental de once meses que mantenían. El procesado, que cuenta con múltiples antecedentes penales --entre ellos una condena por lesiones en el ámbito de la violencia doméstica--, acudió en estado ebrio al domicilio familiar. Ante la negativa de la mujer a dejarle entrar debido a su estado y por encontrarse dentro el hijo de esta, de 15 años, el acusado presuntamente manipuló los suministros de agua y luz con unos hierros extraídos de su vehículo. Acto seguido, con el fin de amedrentarla, le dijo: “Yo sé que voy a ir a los calabozos de la Guardia Civil y que me voy dos años a prisión, pero de aquí no me voy hasta acabar contigo”. Seguidamente, el acusado hizo palanca con los hierros en la persiana del salón y lanzó un objeto no identificado tras prenderle fuego, lo que originó un incendio que se propagó rápidamente por el inmueble. Madre e hijo se vieron obligados a refugiarse en el patio al quedar las salidas bloqueadas por las llamas y el humo. Agentes de la Policía Local de Jódar intentaron acceder al interior del inmueble derribando dos puertas, aunque no pudieron acceder al patio debido a la densidad del humo. Finalmente, los bomberos de Úbeda lograron rescatar a las víctimas, que fueron trasladadas a un centro hospitalario para ser atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad. El perro de la familia falleció en el lugar por asfixia.
Brand, en prisión preventiva desde el jueves cuando fue condenado por cuatro delitos sexuales, tendrá que cumplir varios años de condena penal a la que podrían sumarse nuevos posibles casos que ya investiga la justicia británica El actor Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales El actor y comediante británico Russell Brand , de 51 años, ha sido condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. La definición de la condena llega después de que el juez Joel Bennathan ordenase el jueves su ingreso en prisión preventiva tras ser declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera, al cierre de un juicio muy mediático que ha durado cuatro semanas. El magistrado, que ha calificado hoy al actor de “depredador sexual”, destacó la “determinación y el coraje” de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand. En prisión tendrá que cumplir como mínimo siete años de privación de libertad antes de acceder a la prisión condicional. El magistrado reconoció en su descargo las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades familiares que afronta por ser padre de tres hijos. Un jurado popular compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres declaró culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en el recinto Hammersmith Apolo de la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras tres mujeres entre 2004 y 2009. En cambio, fue eximido de otros de los delitos sexuales que se le imputaban al no ser considerados probados. El juez Joel Bennathan explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traduciría inevitablemente en “una pena de prisión significativa” antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel, lo que se ha confirmado este lunes. Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violar oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004; de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un “masaje forzado” en 2009. Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar “arrastrar” a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001. Posible apertura de nuevos casos contra Brand En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó el jueves que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen “en curso”. En audiencias preliminares se reveló que una de estas denuncias proviene de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16. El historial de acusaciones sexuales contra Brand se remonta a septiembre de 2023, cuando varios medios publicaron una investigación conjunta sobre sus comportamientos. En abril de 2025 fue imputado por los delitos cometidos contra las cuatro primeras denunciantes, de los cuales se declaró inocente, y en diciembre de ese año fue acusado de otros nuevos delitos. Defendió su inocencia de los cargos restantes en una vista el pasado mes de febrero y el 12 de octubre se inició el juicio actual, que se ha prolongado durante cuatro semanas. Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas derivados de 'Gran Hermano', así como galas de premios como los Brit Awards o los MTV Video Music Awards. En el ámbito personal, ganó mayor notoriedad tras casarse con la cantante Katy Perry en 2010, para divorciarse un año más tarde.
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
