La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido sobre un hombre de 69 años , al que asaltaron después de que retirase dinero en efectivo de un cajero automático, robándole 550 euros y el teléfono móvil.Los detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales, han ingresado en prisión provisional tras ser puestos a disposición judicial, como ha detallado la Policía en una nota.Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 24 de septiembre de 2026 , cuando los tres individuos siguieron a la víctima después de que esta realizara una extracción de dinero en un cajero situado en una de las principales avenidas de la ciudad.Aprovechando la ausencia de transeúntes en la zona, uno de los asaltantes lo abordó por detrás y lo inmovilizó mediante la técnica conocida como «mataleón», ejerciendo «una fuerte presión» sobre el cuello hasta conseguir que perdiera el conocimiento. Una vez reducido, los autores le sustrajeron 550 euros en efectivo y el teléfono móvil que llevaba consigo, huyendo posteriormente del lugar a la carrera.Tras la denuncia presentada por la víctima en la Comisaría Provincial de Cádiz, el Grupo de Delincuencia Urbana se hizo cargo de la investigación y consiguió identificar a los tres presuntos responsables, los cuales son conocidos delincuentes de la ciudad con edades comprendidas entre los 41 y los 46 años y más de 15 detenciones policiales cada uno .Las detenciones se produjeron de manera escalonada. El primero de los implicados fue arrestado el 8 de octubre, y tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. El segundo fue localizado y detenido el 14 de octubre por agentes del Grupo de Delincuencia Urbana después de ofrecer una fuerte resistencia a la actuación policial. Al igual que en el caso anterior, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.Finalmente, el tercer implicado, considerado el más «escurridizo» de los tres y señalado como el autor material de la agresión mediante la técnica del «mataleón» , fue detenido el pasado 8 de noviembre.Su localización se produjo en las inmediaciones de la plaza de la Catedral, cuando circulaba a gran velocidad en un patinete eléctrico. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, con la colaboración de un policía franco de servicio, consiguieron interceptarlo y proceder a su detención.Tras su puesta a disposición judicial, también se decretó su ingreso en prisión provisional, por lo que los tres presuntos autores del robo se encuentran actualmente en prisión.
Los delincuentes aprovecharon una solicitud de portabilidad telefónica para obtener los datos bancarios de la víctima y realizar cargos internacionales, además de tres transferencias a una cuenta del arrestado. La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre por su presunta participación en una estafa bancaria de 8.700 euros cometida contra una mujer de […]
Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a un hombre como supuesto autor del hurto de un teléfono de alta gama, valorado en unos 1.200 euros, durante un encuentro concertando mediante una aplicación de citas.
VÍDEO Agentes de la Policía Nacional han detenido a 43 personas en España que, presuntamente, habían estafado a más de 130 víctimas simulando ser el departamento antifraude de sus entidades bancarias, ocasionando un perjuicio superior a 1.140.000 euros. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales y, además, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados. La investigación se inició hace un año cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una aplicación de mensajería privada donde, a través de diferentes canales, grupos criminales se organizaban para realizar estafas con identidades ficticias, cada uno desempeñando un rol concreto, permaneciendo en el anonimato para dificultar ser identificados. La persona que creaba el grupo solía ser el que iba a liderar la campaña de fraude e iba añadiendo a gente de su confianza para cubrir todas las funciones que se requerían. El modus operandi de estos individuos comenzaba con el envío masivo de SMS a clientes de entidades bancarias, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco, tras un previo estudio del perfil de las víctimas que, por lo general, eran personas mayores de 65 años. En estos alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web al que debían contactar para solventar la incidencia. El mensaje aparentemente parecía ser remitido por los bancos mediante la sustitución de los datos de cabecera del remitente. De esta forma accedían al hilo de los emitidos anteriormente por la entidad bancaria en cuestión, lo que provocaba que la víctima no dudara de la legitimidad de la información recibida. Los métodos más habituales que utilizaban era transferir el dinero a otras posiciones, bien directamente o a través de ingresos en cajeros, haciéndoles creer que son operaciones necesarias para asegurar sus fondos. Entre las técnicas más novedosas empleadas por el grupo investigado se encuentra el relay attack. El ataque de relay NFC funciona aprovechando la tecnología NFC para interceptar y reenviar la comunicación entre una tarjeta bancaria y un lector de pago. Este ataque sigue un proceso muy definido, contactan por teléfono haciéndose pasar por el banco o un servicio oficial y le convencen a la víctima para instalar una aplicación falsa, a veces piden eliminar la aplicación real, la cual compromete el móvil y lo convierte en un puente NFC. El cliente acerca su tarjeta al móvil pensando que es una validación legítima, y se envían los datos en tiempo real a los atacantes, quienes utilizan esos datos en otro cajero u otro dispositivo como si tuvieran físicamente la tarjeta, produciéndose el fraude. En algunas ocasiones, solicitaban las claves de acceso o que compartieran pantalla del terminal, de forma que así accedían al control de la aplicación y sus productos. Estas cuentas bancarias a las que transferían el dinero se abrían a nombre de mulas, jóvenes que captaban a través de redes sociales y personas sin hogar, estando en todo momento controladas por los autores o al menos por un captador de mulas para supervisar que el dinero termina en manos de los estafadores. Incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasión más 45.000 euros a una sola víctima, consiguiendo esclarecer 134 hechos con un total defraudado de más de 1.140.000 euros. Cuando la víctima se percataba de que estaban siendo estafados, los presuntos autores les llegaban a intimidar y amenazar con mensajes que contenían datos personales de cada víctima y sus domicilios, consiguiendo atemorizarles y en muchas ocasiones consiguiendo que no denunciaran. El grupo criminal tenía una estructura muy profesional con diferentes roles y altos conocimientos de informática, estructurándose en: - Conseguidor de bases de datos: proporcionaban las bases de datos bancarios de cientos de miles de clientes obtenidas fraudulentamente. - Sender: personas que tienen conocimientos de informática que realizaban un tratamiento de las bases de datos originales que obtenían ilícitamente cruzando sus datos y seleccionando los perfiles de víctimas considerados vulnerables para integrarlo las llamadas de clientes. - Spoofer: se hacía pasar por un empleado del banco para realizar las llamadas directamente a las víctimas de la estafa y convencerlas para que realizaran la transferencia. - Muleros de primer nivel: contrataban y manejaban cuentas bancarias abiertas a nombre de diferentes personas, mulas. - Muleros de segundo nivel: eran los encargados de reintegrar los fondos a través de cajeros automáticos o transferencias a diferentes cuentas. - Exchange: realizaban los cambios de dinero por criptomonedas. Las campañas de ataques estaban perfectamente coordinadas y podían durar unas horas, un día o meses, cerrándose dicho chat una vez habían realizado varias estafas o consideran agotada la posibilidad de lucro con los datos que manejan de las víctimas. La persona que dirigía la actividad solía ser un spoofer que hablaba directamente con las víctimas, el cual se proveía de las personas que cubrían sus necesidades técnicas en la configuración de equipos y cuentas, o participaban en desviar y camuflar el dinero estafado. La operación se realizó en tres fases, terminando la última explotación el pasado mes de octubre donde se realizaron tres registros —dos en Madrid y uno en Cádiz— consiguiendo la detención de 43 personas, 13 investigados no detenidos, y un total de 95 imputados, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Han sido esclarecidos 134 hechos, con un fraude de más de 1.140.000 euros estafados, y se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería privada consiguiendo recopilar 300 identidades de las cuales se han identificado plenamente a 100 personas. La investigación continúa abierta y no se descarta que se detengan a más miembros del entramado.
Una organización criminal dedicada a estafas bancarias telefónicas ha sido desarticulada por la Guardia Civil en una operación con dos detenidos y nueve investigados por defraudar más de 140.000 euros en distintos puntos de España, también en la provincia de Ciudad Real. Los agentes del puesto de Torrox-Algarrobo (Málaga) han esclarecido nueve delitos y los … La entrada Una red de estafas bancarias telefónicas defrauda más de 140.000 euros y salpica a Ciudad Real: hay dos detenidos se publicó primero en infoCLM .
La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras nueve por nueve delitos cometidos en distintos puntos de España Desarticulados dos laboratorios en Coín que adulteraban cocaína para distribuirla por Europa
La Guardia Civil ha localizado a los dos sospechosos en Sant Vicenç dels Horts tras una investigación iniciada en febrero. El vehículo había aparecido en Molins de Rei y fue incendiado cuando se encontraba en un depósito municipal. La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Barcelona a dos personas como presuntas responsables del […]
La Policía Nacional ha destapado una red criminal que actuaba en diversas localidades de la provincia de Ciudad Real, logrando la detención de 10 personas, entre las que se encuentran los dos cabecillas de la organización. Este grupo estaba especializado en el favorecimiento de la inmigración ilegal regularizando extranjeros fuera de los cauces legales establecidos … La entrada Desarticulan en Ciudad Real una red que cobraba hasta 4.500 euros a inmigrantes por conseguirles papeles de forma fraudulenta: hay 10 detenidos se publicó primero en infoCLM .
Los incendios se produjeron durante las noches de varios fines de semana, entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, y provocaron daños valorados en 3.000 euros. Al detenido se le acusa como presunto responsable de un delito agravado de daños por la quema intencionada de hasta 12 cont ...
La Guardia Civil ha detenido a seis personas en tres actuaciones distintas contra el tráfico de drogas desarrolladas en la provincia de Jaén. Las intervenciones han permitido desactivar dos puntos de venta de sustancias estupefacientes e intervenir distintas cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina, 18.500 euros en efectivo y numerosos efectos relacionados con esta actividad ilícita. En Martos, agentes del Puesto Principal de la localidad detuvieron a una mujer y a un hombre, de 24 y 33 años, respectivamente, durante un dispositivo de identificación de personas y vehículos establecido en las inmediaciones de zonas de ocio. Al dar el alto a un turismo, los agentes observaron una maniobra sospechosa del conductor. Tras inspeccionar el vehículo, localizaron en el interior de un bolso varios paquetes que contenían 105 gramos de cocaína y 5,5 gramos de metanfetamina. La intervención se saldó con la detención de ambos ocupantes, para los que la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional. Por otra parte, en Torreperogil y La Carolina, la Guardia Civil practicó entradas y registros, con autorización judicial, en dos domicilios utilizados como puntos de venta de droga. Estas actuaciones se saldaron con la detención de dos hombres y dos mujeres como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. En Torreperogil, los agentes intervinieron 17 gramos de cocaína y heroína, distribuidos en papelinas preparadas para su venta, además de básculas de precisión, utensilios empleados para la preparación y dosificación de las sustancias y agendas con anotaciones relacionadas con las ventas. En La Carolina se intervinieron 10 gramos de heroína y cocaína, básculas de precisión, efectos utilizados para la dosificación de las sustancias, una libreta con anotaciones contables y 18.500 euros en efectivo. Asimismo, fueron recuperados numerosos efectos de procedencia ilícita, entre ellos teléfonos móviles, ordenadores portátiles, joyas y patinetes eléctricos, que los compradores entregaban como pago por las sustancias estupefacientes. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y las sustancias y efectos intervenidos, fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
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