La Fiscalía de Roma reabre el caso 51 años después tras la aparición de un testigo que podría aportar nueva información sobre la muerte violenta del intelectual comunista y católico en la playa de Ostia Leer
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España , por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos de los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores. En el trabajo, elaborado a lo largo de 35 días, la fundación localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. A pesar de que la fundación denunció una muestra del contenido a la red social, y esta solo tomó medidas para eliminar el 10% de total. En un comunicado, la AEPD expresa «su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas», pero reconoce que «debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye». A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país «velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma». La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita «corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales», que son los encargados de «acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio». La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores. «Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional», destacan desde la AEPD. «La agencia lo que ha intentado es evitar el fregado de la mejor forma posible», explica en conversación con ABC Samuel Parra, abogado especializado en asuntos tecnológicos. El jurista recuerda que en 2021 el garante italiano de protección de datos ya paralizó temporalmente las operaciones de la red social el país transalpino después de que una niña de 10 años se suicidase debido a uno de los retos virales que circulan por la 'app'. Y que la AEPD hizo lo mismo con la empresa de criptomonedas WorldCoin en 2024 por escanear el iris de sus usuarios. «Técnicamente, la AEPD tenía la facultad para haberlo hecho también con TikTok, el problema es que si hubiera dado ese paso, lo más probable es que la red social hubiera acudido a los tribunales y seguramente habría ganado argumentando falta de proporcionalidad y que con la medida se estaba atacando la libertad de expresión y de información de los españoles», dice el jurista. En su lugar, la agencia ha anunciado que trasladará toda la información recopilada sobre el caso a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas en esta materia. Asimismo, pondrá la situación en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y, por tanto, la que tiene capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma. «Es la Comisión Europea la que debe tomar una decisión sobre este asunto, porque se trata de la que tiene capacidad para ello», explica a este periódico el abogado Javier Prenafeta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores localizados en el interior de TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado este mismo miércoles un decreto con el que deja la investigación en manos de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Se da este paso después de que la propia Maldita denunciase los hechos y de que el Ministerio de Infancia y Juventud solicitasen el inicio de dicha investigación, cosa que hizo la propia Rego el pasado martes. En la denuncia, la fundación hacía constar que había «tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico». Los representantes de Maldita comparecieron este mismo miércoles ante la fiscal a cargo del caso «para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración».
Los agentes reconocen que no pueden determinar la antigüedad de la pisada atribuida al fundador de Mango con la que la Fiscalía incrimina a su hijo porque llovió y el sendero no se acordonó La élite empresarial catalana empieza a desfilar ante la jueza como testigo de las turbulencias familiares de los Andic Dos agentes de la unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra que investigaron la muerte de Isak Andic han admitido ante la jueza que no pueden concluir que el fallecimiento del fundador de Mango al caer por un barranco fuera un homicidio. Los agentes han declarado este viernes como testigos ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga a Jonathan Andic, hijo del empresario, en relación con la muerte de su padre durante una excursión que ambos hicieron a solas por un sendero de Montserrat en diciembre de 2024. El informe de la unidad de Montaña de la policía catalana, en el que tras varias simulaciones zanjaba que no se podían “determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en los hechos”, es uno de los puntales de la defensa de Jonathan Andic. Frente a las conclusiones exculpatorias tras la investigación sobre el terreno, otra unidad de investigación de los Mossos ha construido una tesis incriminatoria contra Jonathan Andic en base a un móvil económico del presunto homicidio que, por ahora, sí han avalado la jueza y la fiscal. La defensa de Andic, de hecho, acusó a la instructora de “ignorar” la “relevante” conclusión de los especialistas en Montaña de la policía catalana. Este viernes, los agentes se han ratificado en el informe que realizaron sobre el suceso, en el que concluyeron que no se podía determinar la participación de “otras personas” en la caída ni cómo se produjo, ya que el resultado de las simulaciones no fue concluyente. En concreto, según han detallado los agentes, ninguno de los diez simulacros de caída con los que trataron de averiguar de qué forma se había despeñado Isak Andic arrojó resultados concluyentes sobre si fue provocada por un tropiezo, como sostiene la defensa, o un empujón de su hijo Jonathan, como sospecha la Fiscalía. Los agentes han depuesto ante la jueza sobre otro de los indicios que, a día de hoy, sustenta la imputación de Andic, pero resultan más complicados de explicar a un jurado, tribunal ante el que se juzgará el caso si llega a juicio: la huella hallada en el lugar de la caída del fundador de Mango. La jueza cree que la huella no fue fortuita, sino provocada artificialmente por Jonathan Andic para simular que era una pisada dejada por su padre antes de despeñarse. Los agentes han restado valor a este indicio al reconocer que, días antes de que examinaran la pisada, había llovido en la zona, por lo que no pueden determinar la antigüedad de la huella. Además, el terreno estaba contaminado, pues no había sido acordonado desde el día de la caída. La ronda de testificales del caso Andic, que empezó este jueves, se alargará hasta diciembre. El lunes será el turno del notario de Isak Andic y del jefe de servicios y de personal de la familia, entre otros, que abordarán la relación y las discrepancias económicas entre padre e hijo.
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El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
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El Partido Socialista ha presentado una denuncia en Fiscalía sobre los presuntos ofrecimientos del Partido Popular y OkDiario a Koldo García. La formación pide investigar si el letrado de Génova, Alberto Durán, y el director del medio digital, Eduardo Inda, orquestaron una cloaca que ofreció al exasesor de Ábalos dinero a cambio de informaciones para derrocar al Gobierno, como ha ido desvelando en la última semana. El PSOE pide a la Fiscalía que investigue posibles delitos de obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, prevaricación y malversación, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com. La denuncia va dirigida a su vez contra uno de los abogados del PP, Alberto Durán, así como a la empresa editora y los socialistas dicen que se habría hecho "con una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio podría ser el Partido Popular". "Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", abunda el PSOE. Además, hace hincapié en que, el pasado 9 de noviembre, una de las dirigentes 'populares', Cuca Gamarra, "a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni dónde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cuál fue su objeto". En su turno de última palabra en el juicio del Supremo, Koldo aseguró: "A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir". En concreto, Koldo ha acusado en varios audios al abogado del PP de haberle ofrecido un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de contar corruptelas de Pedro Sánchez, primero en una entrevista a OkDiario, y después ante la Justicia. El que fuera asesor de Ábalos asegura que se reunió con Durán e Inda, y que estos le ofrecieron un acuerdo que se quedó en los 242.000 euros que la editora de OkDiario le pagó a su abogada Leticia de la Hoz, por los "honorarios" de la defensa en el 'caso Mascarillas'. Según el digital de Inda, este dinero se pagó por los derechos de contenido audiovisual sobre Koldo.
Se investiga la adjudicación del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara a Azvi por más de 28 millones de euros por posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias
Abre esta vía tras sorprender la Guardia Civil por tercera vez estos bombeos en uso y sin permiso "haciendo caso omiso" a la resolución del propio juez, que ha rechazado los recursos de la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa que investigaba un delito contra el medio ambiente La Casa de Alba volvió a poner en marcha por su cuenta sus pozos dos meses antes de que el juez le diese permiso para ello La decisión de la Casa de Alba de poner en funcionamiento por su cuenta sus pozos clausurados sin tener todavía el correspondiente permiso del juez ha derivado en una nueva actuación judicial. El magistrado que ha instruido la causa penal por un posible delito contra el medio ambiente por estas captaciones sin licencia, que archivó hace dos meses al apreciar sólo irregularidades administrativas, ha decidido abrir una causa al margen –que será otro juez el que decida si cristaliza o no– por unos bombeos que es la tercera vez que son sorprendidos funcionando sin permiso. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que ha investigado el caso de estos nueve pozos sin licencia , ha decidido deducir testimonio de las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que cuando en septiembre fue a desprecintarlos se encontró con que la propiedad los había puesto en marcha dos meses antes tras romper los sellos judiciales. Por ello, el juez considera que podemos estar ante un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de medida cautelar. El magistrado apunta que, “visto que se informa y se documenta gráficamente” por la Guardia Civil que estos bombeos se encontraban en funcionamiento “haciendo caso omiso” a la resolución judicial, da este paso ante el que la parte acusada puede presentar recurso. Lo siguiente será remitir esta causa al Decanato para su reparto al juzgado que corresponda, cuyo titular será el encargado de investigar el caso y concluir si considera que hay delito. El 'teórico' desprecinto El instituto armado acudió el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana. El agente al mando apuntó en su informe, no sin sorna, que ese día “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado. La hacienda está gestionada por Eurotécnica Agraria, una empresa de la propia Casa de Alba cuyo consejo de administración integran los hermanos Martínez de Irujo a excepción del actual duque de Alba. El apoderado de la compañía alegó que habían decidido reabrir las captaciones al entender que ya estaban autorizadas , después de que el pasado mes de mayo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizó el cambio del sistema de regadío de la finca. Esto, en la práctica, implica la regularización de unos pozos que han funcionado sin licencia y “despilfarrando” agua, según la propia Confederación, que tiene abierto un procedimiento sancionador por vía administrativa por estos hechos. Además, la propiedad es reincidente en el marco de una causa judicial que se abrió en 2023 tras denunciarse que estas captaciones llevaban una década extrayendo sin permiso. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían usarse, lo que cayó en saco roto porque pocos meses después (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento. Es decir, que estaríamos ante la tercera ocasión en la que la Casa de Alba ha estado sacando agua sin permiso. Desestima los recursos por el archivo del caso Mientras se sustancia o no esta nueva vía judicial, el propio magistrado firmó días antes un auto por el que desestimaba los recursos presentados por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción en contra del archivo de la causa principal. En él, admite que estamos ante “extracciones no autorizadas”, pero se reafirma en su conclusión de que estamos ante “una infracción de tipo administrativo”, en línea con lo argumentado por la defensa de la Casa de Alba . El juez recuerda que alrededor de Aljóbar hay otras fincas con derechos de riego mucho más elevados, por lo que los propios informes de la Confederación del Guadalquivir reconocen que no se puede culpar en solitario a la propiedad de los Alba del descenso que ha sufrido el acuífero del que extraen, el Aljarafe Sur. “La conclusión no puede ser otra”, apostilla. Ante esta decisión cabe todavía recurso de apelación ante la Audiencia, que fuentes del caso calculan que puede tardar hasta un año en pronunciarse. Durante la investigación, la Fiscalía ha mantenido que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La Guardia Civil calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante más de una década, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.
El Ministerio Público encuadra el préstamo para el pago de un local y un aparcamiento a la pareja del exministro, Andrea de la Torre, en ese sistema de comisiones por amaños de adjudicaciones de obra pública Cristian Corvillo, el desconocido que se subió al escenario con Sánchez y acabó como mano derecha de Ábalos en Andalucía La Fiscalía Anticorrupción considera que Cristian Corvillo, persona vinculada al PSOE de Córdoba, pudo facilitar o intermediar en la entrega de dinero en efectivo que el comisionista Víctor de Aldama hacía llegar al exministro José Luis Ábalos. En el informe previo a las entradas y registros que se llevaron a cabo la semana pasada y que volvieron a afectar al domicilio de Ábalos, el Ministerio Público señala que en las conversaciones de la presunta trama investigada, “expresiones como 'fotocopias' y 'bolígrafos' tendrían un mismo significado: dinero en efectivo”. Tras el levantamiento del secreto de esta pieza separada, dedicada a analizar la figura de Corvillo, el fiscal explica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que, tras el análisis progresivo de lo incautado en febrero de 2024 (cuando estalló el caso Koldo) se ha podido profundizar en ese papel de Corvillo para la canalización de fondos al entorno de Ábalos “en un contexto marcado por el cobro de cantidades adeudadas por empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos”. En concreto, detalla que éste investigado “habría hecho llegar fondos al entorno de Ábalos a través de una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona” y todo en un contexto en el que el exministro “había manifestado tener falta de liquidez y buscaba financiación para que su entonces pareja, Andrea de la Torre adquiriera un inmueble”. Detalla el informe del fiscal que el 19 de abril de 2024, la pareja de Ábalos adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros (un local de uso industrial ubicado en la calle Cerro del Murmullo, de Madrid, y una plaza de aparcamiento en ese mismo edificio). Explica la UCO que esa compra se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose el pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria. Frente a esta tesis, fuentes de la defensa de De la Torre señalan que sí hubo una hipoteca pero que fue cancelada gracias a un préstamo en el que intervino Corvillo. Para la Fiscalía y para la UCO, la realidad es otra. Indican que el 12 de febrero de 2024, Andrea de la Torre recibió una trasferencia de 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander en concepto 'préstamo' y que el origen del dinero estaba en una cuenta de Portugal titulada por la mercantil Esperança Colossal, sociedad administrada por un tercero que además titulaba otra sociedad española denominada Deplan-Works SL. “Del análisis de los mensajes intercambiados entre Corvillo y Aldama se colige que ambas sociedades se encontrarían bajo el control de Corvillo”, indica el fiscal del caso. El papel de Corvillo habría ganado peso como “mediador” entre la dupla Ábalos-Koldo y el comisionista Aldama en el momento en el que la relación entre ellos empezó a deteriorarse. “Corvillo habría actuado como vía de acceso al ámbito de influencia de Ábalos”, destaca. Y el fiscal añade que constan mensajes entre Aldama y Corvillo en los que hablan de las gestiones encargadas a Ábalos, que era utilizado por su capacidad de influencia dentro del Gobierno. Como ejemplo destaca una gestión del exministro ante la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, a cuenta de una solicitud de nacionalidad de un cardiólogo norteamericano. Y constan los mensajes de Ábalos intercambiados con Reyes Maroto. Por otro lado, el informe apunta que hay indicios de que Corvillo se habría hecho con una vivienda como “contraprestación en especie” por su participación en las actividades de la organización criminal investigada. La vivienda en cuestión se denominaba 'Casa de Celia Cruz' y fue adquirida gracias a transferencias desde sociedades portuguesas vinculadas a Aldama (como Atmosfera Audaz Unipessoal LDA) . El precio de la compraventa fue de 399.900 euros. La UCO ha podido documentar pagos por valor de 245.498 euros. La Fiscalía señala, además, que Corvillo utilizó a terceras personas para ocultar su participación en determinadas operaciones. De hecho, cree que pudo utilizar de pantalla a su propio hermano para actividades vinculadas a Aldama. Además, explica que este militante y empresario cordobés se habría valido de Koldo García “para influir en licitaciones convocadas por organismos dependientes de ese Ministerio de Transportes, en particular,por ADIF y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre”. En este sentido, destaca que tenía relación con empresas del sector como la UTE conformada por Construcciones Sevilla Nevada y Azvi. Esa UTE fue adjudicataria de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, del acceso a Mérida, del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara. También tuvo relación con la UTE de Aquaterra Servicios Infraestrcuturas y Servicios Técnicos Napal, que se adjudicó el contrato de servicios para la conservación y explotación de la autopista AP7 (Cartagena – Vera). A esto, suma que Corvillo también pudo influir en la adjudicación a la empresa Limpiezas Castilla de Salamanca SL (del Grupo Limcasa) del contrato para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias del edificio de ADIF, situado en la calle Méndez Álvaro nº 1 de Madrid. Interlocución con Pedro Sánchez Si bien el informe del fiscal obvia alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los posibles vínculos con la trama del PSOE, los dos informes de la UCO a los que también ha accedido elDiario.es sí mencionan que se ha localizado una conversación entre Corvillo y Aldama en la que el primero refiere que mantiene una interlocución directa con el secretario general del partido. Siempre según mensajes del propio Corvillo, el 19 de abril de 2023 indicó a Aldama que al día siguiente el presidente iría a Córdoba y mantendría una reunión privada con él. “Me ha llamado Óscar López”, indicó. Al día siguiente, este militante explicaba a Aldama cómo se había desarrollado la reunión que se habría extendido por 35 minutos. La valoró como “muy positiva al señalar que había ido 'de lujo lujo'”. Y precisó que el motivo del encuentro había sido hablar del 'jefe', término utilizado para referirse a Ábalos por la trama investigada.
El Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y el Principado han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el asesinato machista y animan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a la concentración de repulsa convocada a las cinco de la tarde ante el consistorio gijonés.Todos los partidos, a excepción de Vox, han acordado suspender la pegada de carteles en lo que iba a ser el inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre y posponerla hasta mañana Crimen machista en Asturias: los restos humanos hallados en un piso de Gijón son de una mujer desaparecida en mayo Covadonga Patricia, de 30 años, ha sido asesinada a puñaladas este jueves en Gijón. La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 40 años, quien al parecer mantuvo una relación sentimental con la víctima como presunto autor del crimen. Un portavoz de la Delegación del Gobierno ha confirmado a elDiario.es Asturias que se están recabando datos sobre las circunstancias del asesinato que ya se investiga como un caso de violencia machista. El Ayuntamiento de Gijón, la Delegación del Gobierno y el Principado han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el asesinato machista y animan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a la concentración de repulsa convocada a las cinco de la tarde ante el consistorio gijonés. Todos los partidos, a excepción de Vox, han acordado suspender la pegada de carteles en lo que iba a ser el inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre y posponerla hasta mañana. El hallazgo del cadáver El crimen ocurrió en torno a las tres de la tarde de hoy, jueves, en la calle Francisco Eiriz, en el barrio gijonés de Jove, adonde se han trasladado agentes de la Policía Nacional. Policía Científica ha iniciado la recogida de muestras en unas instalaciones abandonadas de las antiguas escuelas, muy cerca del campo de fútbol del C.D. Puerto de Gijón, en la parroquia de Jove, donde fue hallado el cadáver de la mujer. El hombre detenido permanece custodiado en los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, según ha corroborado un portavoz policial. La víctima número 44 La Delegación del Gobierno está a la espera de la confirmación oficial por parte del Ministerio del Interior de que se trata de un crimen machista, como apuntan las primeras investigaciones policiales. En caso de que se ratifique, la cifra de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 asciende a 44. Quien sí se ha pronunciado ha sido el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha transmitido sus condolencias a la familia de la víctima a través de su perfil oficial en la red social X. En su mensaje, que reproducimos a continuación, ha calificado el crimen como un caso de violencia machista. “La lucha contra el machismo debe ser implacable” En este post, el presidente asturiano asegura textualmente que “este asesinato nos recuerda que la lucha contra el machismo debe ser implacable y constante. No descansaremos hasta conseguirlo”, concluye. Adrián Barbón tenía previsto participar esta misma tarde en un acto de campaña en Langreo junto a la exdelegada del Gobierno y cabeza de lista al Congreso por Asturias por el PSOE, Adriana Lastra y, tras ser informados del asesinato han acordado su cancelación. Declaración institucional El Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado y la Delegación del Gobierno han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el crimen machista y convocan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a una concentración de rechazo al asesinato, que tendrá lugar a las 17:00 horas ante el consistorio gijonés. A continuación, reproducimos íntegramente la declaración institucional suscrita por los máximos representantes de los tres organismos. “Ante el asesinato machista perpetrado en Gijón/Xixón contra Covadonga Patricia, de 30 años de edad, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera”. “Nadie puede ser indiferente” “En este sentido, desde el momento que se ha tenido noticia sobre el caso, las tres administraciones hemos trabajado de forma coordinada la respuesta institucional. La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos ante la que nadie puede ser indiferente. Desde la Delegación del Gobierno de España en el Principado de Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón/Xixón reiteramos nuestra más absoluta condena y profunda consternación, al tiempo que queremos transmitir a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia”, añaden. “Se recuerda que el teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género, está disponible todos los días del año las 24 horas del día, así como por vía WhatsApp en el 600 000 016 o escribir al correo [email protected]”, concluye la declaración institucional conjunta. El asesinato de Susana Sierra Gijón registró el año pasado otro asesinato machista. La víctima, Susana Sierra , había desaparecido en mayo de 2025 y sus restos fueron hallados, en avanzado estado de descomposición, en un contenedor de basura en un piso de la céntrica calle Contracay, a escasos metros de la Plaza Mayor, un mes después. El único detenido por su asesinato, Jesús “El Vasco” , será juzgado este mes de noviembre. La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha reservado las fechas del 23 al 27 de este mes para la celebración de la vista oral del juicio que se desarrollará con un jurado popular. El acusado, que se encuentra en prisión provisional desde su arresto, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel. Recursos contra la violencia machista El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email [email protected], el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. Las mujeres disponen de varios recursos para solicitar ayuda. En el 016 se puede pedir asesoramiento tanto para los casos de violencia contra la mujer como en materia jurídica de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. El 112, 091 y 062 Por otro lado, ante cualquier situación de emergencia se puede llamar al número de teléfono 112 o bien a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.
La reunión que el Partido Popular aseguró que nunca había existido entre su abogado, Alberto Durán, y el exasesor de José Luis Ábalos , Koldo García, sí se produjo. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra , se vio obligada a reconocerlo ante los medios este lunes, cuatro días después de que la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, negara expresamente que se hubiera celebrado ningún encuentro. La rectificación, sin embargo, no ha venido acompañada de explicaciones. Génova mantiene, eso sí, que es falso que su abogado ofreciera al exasesor un millón de euros, el pago de su defensa y ventajas judiciales a cambio de declaraciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Una revelación que se produce después de que se conociera que la empresa editora de OkDiario , Dos Mil Palabras SL, fue la que pagó la defensa de Koldo García. Fueron, en total, 242.000 euros. Los hechos constan en los documentos que la abogada Leticia de la Hoz —que este martes ha renunciado a la defensa de García— aportó al caso Leire . IDBO Consultants, la consultora para la que trabaja, facturó a la editora 181.500 euros el 27 de noviembre de 2025 en concepto de asesoramiento jurídico y procedimientos. El 23 de enero de 2026 llegó una segunda transferencia, esta vez de 60.500 euros. Ese mismo día, el digital publicó el vídeo en el que el exasesor preparaba la maleta con la que ingresó en Soto del Real y empezó a difundir la entrevista que le hizo Eduardo Inda, fundador y director de OkDiario. En ella, García lanzó acusaciones contra el entorno del presidente del Gobierno, entre ellas, sobre la financiación de las primarias de Pedro Sánchez y sobre un supuesto hallazgo de armas en la sede socialista de Ferraz. Muchas de ellas se han demostrado después falsas, engañosas o no acreditadas en las investigaciones judiciales . El Supremo lo condenó en junio de 2026 a 19 años y ocho meses de prisión. Inda sostiene, por el contrario, que el dinero responde a un acuerdo para explotar la historia de Koldo en diferentes formatos. De la Hoz presentó hace solo unos días los papeles que acreditan que no fue la formación socialista, sino Dos Mil Palabras SL, quien se hizo cargo de la defensa de García. En los meses previos, la abogada había intentado que el instructor, Santiago Pedraz, le pidiera formalmente las facturas sobre ese encargo para poder desvincularlo del PSOE . Una tesis que había abonado el PP de Feijóo en numerosas ocasiones durante el juicio. Ahora, no obstante, desde el PP señalan que se trata de una “transacción privada” entre la empresa de Inda y el exasesor de Ábalos. Este martes, García ha pedido a Inda que enseñe no solo extractos, sino también el contrato “íntegro” que esa cabecera sostiene que él mismo habría firmado con el digital a cambio de colaborar en podcasts, docuseries y otros contenidos. Y también ha interpelado directamente a Durán: “Escucho por ahí que ponen en duda si hubo reunión o no (...), propongo lo siguiente: le pueden preguntar al abogado del PP si las palabras fueron 'del tema económico, de cómo pagarte se encarga Inda, ya encontrará la fórmula para poderte pagar '”, afirma en el audio adelantado por Mañaneros 360 . El pasado 5 de noviembre, la Cadena SER publicó un audio en el que Koldo García aseguraba que Alberto Durán le había planteado un acuerdo para perjudicar al Gobierno. Según su versión, los dos mantuvieron dos reuniones en mayo de 2025 en un despacho de Madrid próximo a la sede nacional del PP. El primero de los encuentros habría servido para explorar un posible entendimiento y en el segundo se habrían abordado sus condiciones . El propio Koldo describió así el supuesto ofrecimiento: "En una reunión que mantuve con el señor Alberto Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros. A cambio de declaraciones en contra de personas relevantes del Gobierno : del presidente, de su mujer, del expresidente Zapatero y alguno más. Aún mintiendo ". Tanto el PP como Durán sostienen que es "absolutamente falso" lo que ahora cuenta el exasesor de Ábalos. La portavoz parlamentaria fue tajante el pasado viernes: "Está mintiendo, le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión ". También atribuyó la publicación de la información a una maniobra política relacionada con el registro que practicaba ese mismo día la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en un inmueble de Ábalos . Para la portavoz, la coincidencia no era casual. Sin embargo, García asegura tener pruebas. "Yo daré el remate final", lanzó desde la cárcel en plena precampaña electoral. García lleva tiempo trasladando a su entorno que tiene en su poder una grabación que demostraría que Génova puso el dinero sobre la mesa y que se habría realizado antes de que De la Hoz asumiera su defensa. Un audio del que todo el mundo habla pero que, de existir, por el momento todavía no ha trascendido. Cuatro días después, Gamarra admitió que la reunión sí existió, pero no dio más detalles. Se limitó a asegurar que el partido ya había ofrecido todas las explicaciones pertinentes. Tampoco aclaró por qué Muñoz había negado de forma tan categórica el encuentro. El propio Feijóo aseguró este lunes que " en nombre del PP" no se había ofrecido dinero a nadie y desde su entorno añadieron que, si hubiera sido así, el exasesor de Ábalos lo hubiera aceptado y que, además, un condenado por corrupción no tenía credibilidad alguna. La primera transferencia se realizó el mismo día en que Okdiario publicó una extensa entrevista de Eduardo Inda a Koldo García, entonces a las puertas de su ingreso en prisión provisional. En ella, el antiguo asesor aseguraba haber escuchado a Sánchez hablar de una aportación de 100.000 euros de su suegro a las primarias socialistas de 201 7 y también denunciaba un presunto fraccionamiento de donaciones mediante ingresos efectuados por inmigrantes. No probó documentalmente nada. Las declaraciones encontraron una rápida respuesta en el PP. Ester Muñoz, Alicia García y Miguel Tellado difundieron mensajes en sus redes sociales cuestionando la financiación de las primarias y dando relevancia política al testimonio. “A Koldo sí le consta que el suegro de Pedro Sánchez donó para sus primarias. Unas primarias amañadas. No les corrompió el poder, venían así de casa”, escribió Muñoz en X a las 8.57 horas, dando por ciertas las acusaciones del exasesor de Ábalos. Después fue el turno de García, portavoz en el Senado, a las 9.11. En otro post, aseguró que el presidente del Gobierno “llegó al poder haciendo trampa y con donaciones de su suegro”, adjuntando para refrendarlo la entrevista de García con Inda. También Tellado concedió una entrevista a La Mirada Crítica , de Telecinco, utilizando las acusaciones de Koldo García como la prueba definitiva de que Sánchez “era el uno” de la trama. En aquel momento, el PP daba credibilidad a sus afirmaciones. Ahora, cuando es el exasesor quien señala al abogado del PP, Génova desprecia su testimonio y sostiene que forma parte de una operación política contra la oposición . La posición de Alberto Durán dentro del PP añade otro elemento a la cronología. El 19 de septiembre trascendió que el partido le había apartado de la dirección de sus procedimientos judiciales más relevantes y mediáticos. Según avanzó Artículo14 , seguía vinculado al equipo jurídico , aunque los grandes pleitos iban a pasar a estar dirigidos por el penalista Henry Feltenstein. La dirección del PP atribuyó la decisión a una reorganización y a la necesidad de reforzar un equipo que había tenido que afrontar simultáneamente numerosos procedimientos, aunque el citado diario hablaba de desavenencias con Gamarra. El 21 de septiembre, elDiario.es reveló que el cambio venía gestándose desde julio, aunque no se comunicó al resto de las acusaciones populares hasta más tarde . Precisamente el 14 de julio, De la Hoz compareció como investigada ante el juez Santiago Pedraz en el denominado caso Leire . Durante su interrogatorio, la letrada negó tajantemente que el PSOE hubiese pagado la defensa de Koldo García, ni directa ni indirectamente. Pero fue más allá. Ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción para conocer quién abonaba sus honorarios, advirtió de que conocer la identidad del pagador supondría una "sorpresa muy grande ". La abogada alegó entonces que el secreto profesional le impedía revelar ese dato sin la correspondiente autorización. Dos meses después, el 18 de septiembre, De la Hoz volvió a abordar esta cuestión en un escrito de alegaciones presentado ante Pedraz. En él cuestionaba la interpretación que la Fiscalía había realizado de su declaración y reiteraba su disposición a aportar las facturas que acreditaban quién había pagado su trabajo. Según argumentaba, necesitaba que se le dispensara del secreto profesional para poder facilitar esa documentación y defenderse de las sospechas que apuntaban a una supuesta financiación de sus servicios por parte del PSOE . Finalmente, Pedraz le dio el visto bueno. Aunque el PP se desvincula de los pagos de la editora de Okdiario, en febrero de 2024 ya se vio salpicado, de forma inesperada, por un informe de la Guardia Civil que atribuyó a Koldo García haber asegurado en diciembre tener concertada una cita con Miguel Tellado y con “Alberto” para intentar que les ayudaran a conseguir que el Govern balear, ya en manos del PP, dejase de reclamar a la empresa que supuestamente le pagaba comisiones el dinero recibido de esta comunidad a cambio de unas mascarillas defectuosas. Un "Alberto" que podría referirse, precisamente, al abogado del PP.
El caso de Inocencio Gil Resino llega a los juzgados de Talavera de la Reina tras la revisión de los archivos municipales de Pepino, algo más de un año después de que una moción de censura lo apartara de la Alcaldía.
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La fiscal general, Teresa Peramato, ha firmado el miércoles 11 de noviembre un decreto por el que encarga el caso a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada. Horas antes, el equipo de Maldita.es se había reunido con la fiscalía para ratificar la denuncia y entregar las pruebas recopiladas durante la investigación “TikTok, el hogar del pederasta” . The Attorney General’s Office has announced an investigation into the spread of child sexual abuse and the corruption of minors on TikTok, based on the complaint and evidence submitted by Fundación Maldita.es. The Attorney General, Teresa Peramato, signed a decree on Wednesday 11 November assigning the case to the Coordinating Chief Prosecutor for Cybercrime, Elvira Tejada. Hours earlier, the Maldita.es team had met with the Prosecutor’s Office to ratify the complaint and hand over the evidence gathered during the investigation “TikTok, home to predators” . La propia Fiscalía lo explica en su comunicado : “La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es”. El material aportado por Maldita.es “será objeto de inmediato análisis y valoración”, añade. The Attorney General’s Office explains it in its statement : “The investigation originates from the complaint filed with the Cybercrime Unit of the Attorney General’s Office by Maldita.es.” The material provided by Maldita.es “will be immediately analysed and assessed”, it adds. “Es una buena noticia que se investigue porque es inadmisible lo que está pasando. Nosotros hemos declarado hoy ante Fiscalía y entregado 1 terabyte con toda la evidencia recogida durante esta investigación, incluida la inacción de TikTok ante nuestras denuncias: no se trata de poner un parche, sino de arreglar un problema sistémico. Si TikTok no es capaz de cumplir sus propias normas, al menos que tenga que cumplir la ley”, declaró Clara Jiménez Cruz, CEO de la Fundación Maldita.es. “It is good news that this is being investigated, because what is happening is unacceptable. Today we gave evidence before the Prosecutor’s Office and handed over 1 terabyte with all the evidence gathered during this investigation, including TikTok’s inaction in response to our reports: this is not about applying a patch, but about fixing a systemic problem. If TikTok is unable to comply with its own rules, at least it should have to comply with the law,” said Clara Jiménez Cruz, CEO of Fundación Maldita.es. La fiscal Tejada investigará los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que se hayan podido cometer en TikTok. Prosecutor Tejada will investigate possible offences relating to the production and distribution of child sexual abuse content and the corruption of minors that may have been committed on TikTok. La denuncia de Maldita.es describe la publicación, difusión y venta de material de abuso sexual infantil en TikTok. También señala que la plataforma recomienda contenidos de esa misma naturaleza y que en ella se emiten en directo imágenes de menores a cambio de compensaciones económicas. The Maldita.es complaint describes the publication, distribution and sale of child sexual abuse material on TikTok. It also states that the platform recommends content of the same nature and that images of minors are livestreamed on it in exchange for financial rewards. Es lo que documentó la investigación , publicada el lunes 9 de noviembre: durante 35 días, Maldita.es localizó 1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito con 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que comentan y comparten ese material. De los 50 vídeos que denunció a través de los canales de TikTok, la plataforma solo retiró cinco. This is what the investigation , published on Monday 9 November, documented: over 35 days, Maldita.es found 1,183 videos of explicit child sexual abuse with 48 million views, and more than 26,000 profiles of potential predators who comment on and share that material. Of the 50 videos it reported through TikTok’s channels, the platform removed only five. La AEPD pide a Maldita.es los enlaces para ordenar su bloqueo The AEPD asks Maldita.es for the links in order to block them La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha reaccionado a la investigación después de que el Ministerio de Juventud e Infancia le reclamara la suspensión cautelar de la plataforma en España . En un comunicado , la AEPD “reconoce el valor del periodismo de investigación” para “sacar a la luz hechos de esta gravedad” y anuncia que ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. La primera es solicitar a la Fundación Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su trabajo de investigación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos de menores. The Spanish Data Protection Agency (AEPD) has also reacted to the investigation, after the Ministry of Youth and Childhood called on it to suspend the platform in Spain as an interim measure . In a statement , the AEPD “recognises the value of investigative journalism” in “bringing to light events of this seriousness” and announces that it has taken action within its remit. The first step is to ask Fundación Maldita.es for the list of links where, according to its investigative work, minors’ data is being unlawfully processed. Con esa información, la AEPD requerirá a TikTok que explique qué ha hecho para retirar los contenidos denunciados. Después ordenará el bloqueo del acceso a los enlaces y contenidos concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores. Además, trasladará toda la información a la autoridad de protección de datos de Irlanda, donde TikTok tiene su sede europea, al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales, según su propia publicación. With that information, the AEPD will require TikTok to explain what it has done to remove the reported content. It will then order access to be blocked to the specific links and content that involve the unlawful processing of minors’ data. It will also pass on all the information to the data protection authority in Ireland, where TikTok has its European headquarters, to the European Data Protection Board and to the European Commission, given its powers under the Digital Services Act, according to its own statement. TikTok no cumple sus propias normas de protección a los menores. ¿Cuánto más vamos a esperar? Ayúdanos a exigirle responsabilidades. TikTok doesn’t follow its own child protection rules. How much longer are we going to wait? Help us hold it to account. {{t.cadaCuanto}} {{t.unaVez}} {{t.pagoPuntual}} {{t.cadaMes}} {{t.apoyoContinuo}} {{t.cadaAnio}} {{t.cobroAnual}} {{t.cuanto}} {{a.tag}} {{a.txt}} {{a.unidad}} {{t.otraCantidad}} {{t.otraCantidadEuros}} € {{don.error}} {{don.texto}} {{don.texto}} {{t.pagoSeguro}} {{x.sep}} {{x.txt}} {{t.leer}} {{g.tit}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{imp.nuevaPestana}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{g.desc}} 1 {{imp.de}} {{g.nPag}} [EN PENDIENTE] {{t.avisoLargo}} {{imgText}}
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La clave del éxito de TikTok reside en su algoritmo; ese software dedicado a dirigir al usuario al contenido que le gusta para mantenerle con los ojos bien pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Si te interesan los videojuegos o los vídeos motivacionales de gimnasio, tranquilo, un par de búsquedas y algún que otro 'like' y será lo que te encuentres cada vez que entres en la 'app'. El problema está en que esta situación es exactamente la misma si el internauta es un depredador de menores y emplea la plataforma como tal. O, al menos, eso es lo que sostiene 'Maldita' en las primeras entregas de una extensa investigación en la que muestra cómo la red social se ha convertido en «el hogar del pederasta» sin que la tecnológica haya hecho suficiente por remediarlo. A lo largo de 35 días, el equipo detrás del estudio comprobó cómo el propio algoritmo de TikTok dirige sin problema al usuario hacia material explícito de abuso sexual infantil. En ese tiempo, encontró más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. El objetivo de los que lo suben: para muchos, llamar la atención de los pedófilos y hacer negocio con el material a través de otras 'apps', como Telegram. ABC se ha puesto en contacto con varias personas que pasaron años trabajando como moderadores para la red social, en la que se publican diariamente unos 269 millones de vídeos, de acuerdo con otro estudio publicado en 2025 por la Universidad de Cornell. Un volumen gigantesco de contenido que es muy difícil de controlar para los equipos humanos de la 'app'. «Es imposible revisar toda la porquería que se sube. Nosotros trabajábamos 8 horas diarias y el número de contenido a revisar no paraba de subir. Siempre había trabajo que hacer. Además, lo que nosotros revisábamos no se había publicado el mismo día, siempre llevaba más tiempo disponible», señala uno de ellos. Para detectar contenido ilegal, entre este el relativo al abuso infantil, TikTok, como tantas otras redes sociales, recurre principalmente en la inteligencia artificial. En concreto, en modelos con capacidad para revisar todos los detalles que aparecen en una publicación: desde la imagen, hasta el sonido o el texto que aparece en pantalla. De acuerdo con los datos de la propia 'app', durante el primer semestre de 2026 sus sistemas automatizados fueron los encargados de actuar contra el 94,1 % del contenido que infringía las normas sin que se recurriera a la revisión humana. De lo que no hay datos públicos es de la cantidad de contenido que a la tecnología se le escapa. Porque la IA no es perfecta. Además, los criminales pueden ser muy originales para evitar que el sistema los detecte. «Recurren mucho a filtros que hacen que resulte muy complicado ver lo que está ocurriendo en escena hasta que el vídeo ha avanzado lo suficiente. Otros recortan los vídeos para que solo se pueda ver una parte, aunque si lo ves te puede quedar claro lo que está sucediendo», apunta uno de los exmoderadores. «También los hay que tratan de tapar el vídeo original con otros normales para engañar a la máquina. El problema es que nosotros solíamos trabajar sobre todo con el contenido que estaba reportado por otros usuarios o por la IA». Esta misma fuente señala que los vídeos de abuso sexual infantil son «relativamente habituales» dentro del contenido que los equipos de moderación revisan: «Quizá no tanto como los asesinatos o las mutilaciones, pero hay mucha gente que lo sigue, lo comparte y lo sube de nuevo cuando se elimina, de eso no hay duda». Maldita denunció una muestra de 50 vídeos de abuso sexual infantil por el canal que ofrece TikTok para estas cuestiones. Sin embargo, para finales de octubre, la compañía solo había retirado cinco de ellos -es decir, un 10%-, y había bloqueado el acceso a otros 13, pero solo en España. «Es algo aterrador», explica a este diario Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. En la investigación, el equipo también registró 78 directos en TikTok realizados por menores de edad que recibieron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos o en los que se solicitó la venta de material de abuso sexual infantil. De nuevo, el equipo denunció la situación ante la red social. En concreto, informó de 40 cuentas de menores que estaban haciendo directos en la plataforma, algo que no está permitido de acuerdo con las normas internas. Sin embargo, la red social respondió que «sólo dos de ellos (el 5%) incumplían sus reglas». «TikTok es una aplicación muy utilizada por los niños. No me sorprende nada que esto pase, porque llevamos años viendo cómo en redes sociales hay cosas que no deberían estar», dice Checa. El experto, no obstante, remarca la «gravedad de la falta de filtros de la empresa para evitarlo» y que «una vez que son detectados, la red social no retire el contenido, sancione o lo ponga en conocimiento de las autoridades». «Tienen responsabilidad moral de mantener limpia la plataforma. Si no tienen el control sobre lo que se publica, desde luego deberían tenerlo. Cada vez vale menos eso de que la culpa no es de las redes sociales, sino de los usuarios que las utilizan mal», prosigue. La solución a estos casos: «Que las autoridades les digan que desde el día de mañana no pueden seguir operando en España. Y que la sanción que se les va a imponer va a ser tan escalofriante que todos sus beneficios van a ir destinados a pagarla. Estamos viendo que es la única manera con esta empresas, se llamen TikTok, Meta o X». Pero no es tan fácil. Tras la publicación de la investigación, el Gobierno, a través del ministerio de Juventud e Infancia, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue si la aplicación está permitiendo que los pederastas utilicen sin ningún tipo de problema su plataforma para publicar este tipo de contenido. También dejó la puerta abierta a una posible paralización del servicio de la red social en España. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico tienen serias dudas de que este movimiento se llegue a concretar. «Lo que se debe hacer es perseguir a las cuentas que infringen la ley. No eliminar una plataforma que utilizan legalmente millones de usuarios afincados en España», explica Borja Adsuara, abogado especializado en asuntos digitales. El jurista destaca, además, que, en todo caso, es la Comisión Europea la que debe actuar contra TikTok, no el Gobierno de España: «Es la que tiene competencias sobre las redes sociales de gran tamaño. La Comisión -que, además, ya ha abierto expediente a TikTok por no adoptar las medidas adecuadas para proteger a la infancia- deberá realizar su propia investigación y meterle una multa de hasta el 6% de su facturación anual global, que es lo que marca la Ley de Servicios Digitales».
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
