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«Es imposible revisar toda la porquería que se sube»: el fracaso de TikTok en su lucha contra los pedófilos (se abre en una pestaña nueva)

La clave del éxito de TikTok reside en su algoritmo; ese software dedicado a dirigir al usuario al contenido que le gusta para mantenerle con los ojos bien pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Si te interesan los videojuegos o los vídeos motivacionales de gimnasio, tranquilo, un par de búsquedas y algún que otro 'like' y será lo que te encuentres cada vez que entres en la 'app'. El problema está en que esta situación es exactamente la misma si el internauta es un depredador de menores y emplea la plataforma como tal. O, al menos, eso es lo que sostiene 'Maldita' en las primeras entregas de una extensa investigación en la que muestra cómo la red social se ha convertido en «el hogar del pederasta» sin que la tecnológica haya hecho suficiente por remediarlo. A lo largo de 35 días, el equipo detrás del estudio comprobó cómo el propio algoritmo de TikTok dirige sin problema al usuario hacia material explícito de abuso sexual infantil. En ese tiempo, encontró más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. El objetivo de los que lo suben: para muchos, llamar la atención de los pedófilos y hacer negocio con el material a través de otras 'apps', como Telegram. ABC se ha puesto en contacto con varias personas que pasaron años trabajando como moderadores para la red social, en la que se publican diariamente unos 269 millones de vídeos, de acuerdo con otro estudio publicado en 2025 por la Universidad de Cornell. Un volumen gigantesco de contenido que es muy difícil de controlar para los equipos humanos de la 'app'. «Es imposible revisar toda la porquería que se sube. Nosotros trabajábamos 8 horas diarias y el número de contenido a revisar no paraba de subir. Siempre había trabajo que hacer. Además, lo que nosotros revisábamos no se había publicado el mismo día, siempre llevaba más tiempo disponible», señala uno de ellos. Para detectar contenido ilegal, entre este el relativo al abuso infantil, TikTok, como tantas otras redes sociales, recurre principalmente en la inteligencia artificial. En concreto, en modelos con capacidad para revisar todos los detalles que aparecen en una publicación: desde la imagen, hasta el sonido o el texto que aparece en pantalla. De acuerdo con los datos de la propia 'app', durante el primer semestre de 2026 sus sistemas automatizados fueron los encargados de actuar contra el 94,1 % del contenido que infringía las normas sin que se recurriera a la revisión humana. De lo que no hay datos públicos es de la cantidad de contenido que a la tecnología se le escapa. Porque la IA no es perfecta. Además, los criminales pueden ser muy originales para evitar que el sistema los detecte. «Recurren mucho a filtros que hacen que resulte muy complicado ver lo que está ocurriendo en escena hasta que el vídeo ha avanzado lo suficiente. Otros recortan los vídeos para que solo se pueda ver una parte, aunque si lo ves te puede quedar claro lo que está sucediendo», apunta uno de los exmoderadores. «También los hay que tratan de tapar el vídeo original con otros normales para engañar a la máquina. El problema es que nosotros solíamos trabajar sobre todo con el contenido que estaba reportado por otros usuarios o por la IA». Esta misma fuente señala que los vídeos de abuso sexual infantil son «relativamente habituales» dentro del contenido que los equipos de moderación revisan: «Quizá no tanto como los asesinatos o las mutilaciones, pero hay mucha gente que lo sigue, lo comparte y lo sube de nuevo cuando se elimina, de eso no hay duda». Maldita denunció una muestra de 50 vídeos de abuso sexual infantil por el canal que ofrece TikTok para estas cuestiones. Sin embargo, para finales de octubre, la compañía solo había retirado cinco de ellos -es decir, un 10%-, y había bloqueado el acceso a otros 13, pero solo en España. «Es algo aterrador», explica a este diario Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. En la investigación, el equipo también registró 78 directos en TikTok realizados por menores de edad que recibieron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos o en los que se solicitó la venta de material de abuso sexual infantil. De nuevo, el equipo denunció la situación ante la red social. En concreto, informó de 40 cuentas de menores que estaban haciendo directos en la plataforma, algo que no está permitido de acuerdo con las normas internas. Sin embargo, la red social respondió que «sólo dos de ellos (el 5%) incumplían sus reglas». «TikTok es una aplicación muy utilizada por los niños. No me sorprende nada que esto pase, porque llevamos años viendo cómo en redes sociales hay cosas que no deberían estar», dice Checa. El experto, no obstante, remarca la «gravedad de la falta de filtros de la empresa para evitarlo» y que «una vez que son detectados, la red social no retire el contenido, sancione o lo ponga en conocimiento de las autoridades». «Tienen responsabilidad moral de mantener limpia la plataforma. Si no tienen el control sobre lo que se publica, desde luego deberían tenerlo. Cada vez vale menos eso de que la culpa no es de las redes sociales, sino de los usuarios que las utilizan mal», prosigue. La solución a estos casos: «Que las autoridades les digan que desde el día de mañana no pueden seguir operando en España. Y que la sanción que se les va a imponer va a ser tan escalofriante que todos sus beneficios van a ir destinados a pagarla. Estamos viendo que es la única manera con esta empresas, se llamen TikTok, Meta o X». Pero no es tan fácil. Tras la publicación de la investigación, el Gobierno, a través del ministerio de Juventud e Infancia, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue si la aplicación está permitiendo que los pederastas utilicen sin ningún tipo de problema su plataforma para publicar este tipo de contenido. También dejó la puerta abierta a una posible paralización del servicio de la red social en España. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico tienen serias dudas de que este movimiento se llegue a concretar. «Lo que se debe hacer es perseguir a las cuentas que infringen la ley. No eliminar una plataforma que utilizan legalmente millones de usuarios afincados en España», explica Borja Adsuara, abogado especializado en asuntos digitales. El jurista destaca, además, que, en todo caso, es la Comisión Europea la que debe actuar contra TikTok, no el Gobierno de España: «Es la que tiene competencias sobre las redes sociales de gran tamaño. La Comisión -que, además, ya ha abierto expediente a TikTok por no adoptar las medidas adecuadas para proteger a la infancia- deberá realizar su propia investigación y meterle una multa de hasta el 6% de su facturación anual global, que es lo que marca la Ley de Servicios Digitales».

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El PSOE denuncia al PP, Eduardo Inda y Okdiario por los pagos de la defensa de Koldo García (se abre en una pestaña nueva)

Los socialistas ven delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en el presunto soborno al exasesor de Ábalos para que lanzara sospechas sobre Sánchez y su entorno Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir “información sin contrastar” sobre un falso terrorista magrebí El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Los socialistas consideran que estas presuntas prácticas, en las que el propio García involucró al abogado del PP, Alberto Durán , podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la representación del PSOE denuncia a Durán, el Partido Popular, el director de Okdiario, Eduardo Inda, y la empresa editora de ese medio Dos Mil Palabras, S. L. que fue la que fue la que pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendió a Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas. El PSOE, en su texto, da credibilidad a las declaraciones efectuadas desde la cárcel por Koldo García. Y pide la declaración como querellados de Durán, Inda y los representantes legales tanto del PP como de la editora de Okdiario, que Koldo García sea llamado a declarar como testigo y el volcado de los móviles de todos ellos. Asimismo, solicita que “se acuerde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice las comunicaciones existentes entre los denunciados en el periodo comprendido entre abril de 2025 a septiembre de 2026 para la emisión de informe correspondiente”. Además, pide un requerimiento a la Agencia Tributaria para que “emita informe sobre la corrección y deducibilidad contable del desembolso de 242.000 euros soportado por la editora bajo el concepto de minuta defensiva letrada de un tercero por motivos ajenos a la actividad propia de la empresa que constituye su objeto social”. La denuncia recuerda que el 29 de octubre se conoció “a través de los medios de comunicación”, entre ellos elDiario.es , “que los honorarios de la letrada de Koldo García Izaguirre por los servicios a este, Leticia de la Hoz Calvo, fueron abonados por la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., editora de Okdiario”. Hasta su renuncia, el pasado martes, De la Hoz fue la abogada de Koldo García tanto en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas –por el que terminó condenado a prisión–, como en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Además, el PSOE recuerda que De la Hoz coincidió en esas causas “con la representación del Sr. Duran como letrado de la acusación popular unificada en el Partido Popular”. Un “ropaje de legalidad” en las facturas En las facturas publicadas, “quien aparece como pagador y realizaba las transferencias es la sociedad Dos Mil Palabras, S.L., editora del diario digital Okdiario, por las que se constata que dicha sociedad abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants, por honorarios correspondientes a los servicios de Leticia de la Hoz, correspondientes a los procedimientos donde representaba a Koldo García”. El PSOE considera que a pesar de que Okdiario sostiene que ese desembolso se hizo para la publicación de un libro y la realización de una docuserie, “del contraste con las facturas hechas públicas de los honorarios de Koldo cobrados por Leticia de la Hoz podría evidenciarse una maniobra de simulación negocial”. Así, el abogado de los socialistas apunta a que “el contrato mercantil aparece fechado el 26 de noviembre de 2025, esto es, justo el día antes de realizarse el primer pago que concretaba los términos del acuerdo de retribución e interferencia procesal acordado entre el abogado de la acusación popular del Partido Popular (D. Alberto Durán), el director de Okdiario (D. Eduardo Inda) y D. Koldo García, según este en los audios conocidos, y que vino acompañado de una entrevista el día siguiente”. “La confección del contrato en esa fecha exacta no respondería a una negociación editorial real, sino a la necesidad apremiante de fabricar un 'ropaje de legalidad' que sirviera de tapadera a la causa ilícita pactada previamente y al pago que se iba a realizar”, añade la denuncia. “Si la causa hubiera sido la real adquisición de derechos a Koldo García, el dinero de la contraprestación editorial debería haberse abonado a este en su condición de cedente. Sin embargo, la abogada defensora no le factura a su cliente Koldo García, sino que emite las facturas (de 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026) directamente a la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., bajo el concepto inequívoco de 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'”, apunta el PSOE en su escrito. “Es decir, la editorial no le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce la defensa letrada de Koldo García, asumiendo una minuta penal ajena”. “Esta quiebra entre los sujetos del contrato simulado (OKDIARIO-Koldo) y los sujetos del pago efectivo (OKDIARIO-Despacho letrada) probaría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un mero artificio o negocio simulado, ideado para encubrir una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal”, concluye. Los audios de Koldo desde prisión El 5 de noviembre de 2026, “apenas unos días después de desvelarse quien se había hecho cargo de abonar las citadas facturas de la letrada Dña. Leticia de la Hoz”, el PSOE recoge cómo la Cadena Ser [también elDiario.es] difundió unos audios que habría enviado Koldo García desde la cárcel. En uno de ellos afirmó lo siguiente: “En una reunión que mantuve con el Señor Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, claro está, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y a alguno más, aun mintiendo”. Además, según la información publicada, Koldo García “sitúa dos reuniones con el Sr. Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del Partido Popular en la calle Génova, afirmando que el pago se canalizaría a través del Sr. Inda y de su empresa Dos Mil Palabras, S. L., editora del periódico digital Okdiario, con quien también se habría reunido, y que parte del importe se justificaría como derechos de un libro, a lo que el Sr. Inda le habría dicho que recuperaría el dinero mediante la publicidad institucional contratada por administraciones gobernadas por el Partido Popular”. También recoge la denuncia las declaraciones de Koldo García asegurando que con posterioridad a la reunión o reuniones con Alberto Durán “mantuvo un almuerzo con el Sr. Inda, en su casa, 'para coordinar el acuerdo económico' y acordar el contenido de la entrevista que se le iba a hacer, y que lo previsto era que ese contenido se transformara después en una declaración ante la autoridad judicial”. “En el desarrollo del plan descrito, Koldo García sitúa también la recepción de advertencias sobre el eventual ingreso en prisión de su pareja y de su hermano, y las consecuencias que ello tendría para su hija. El ofrecimiento de beneficios económicos y procesales aparece así acompañado, en su relato, de presiones referidas a su entorno familiar”, añade. En los audios Koldo García señala que el Inda le manifestó, literalmente: “Inda me dijo que el dinero que iba a adelantar se lo devolverían en pagos de publicidad institucional procedente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. La denuncia prosigue: “Lo cierto es que el 27 de noviembre de 2025, en la misma fecha en que se factura y se abona el primer pago de los honorarios de la Abogada de Koldo García por Dos Mil Palabras, Okdiario, a través de su página de Facebook, publicó una entrevista a Koldo García, titulada Koldo García tira de la manta en EXCLUSIVA con Eduardo Inda . Y sobre la que se anunciaba: El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para Okdiario hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión”. En relación con esta entrevista, Koldo, en otros audios publicados el 5 de noviembre de 2026 por elDiario.es, ratificó esa versión y precisó que el pago de su defensa “se llevó a cabo gracias a la entrevista” concedida a Inda. Supuesta reunión con Tellado El PSOE también cita un informe de la UCO de 5 de febrero de 2024 en el que se señalaba que “sobre la base de intervenciones telefónicas y conversaciones de móvil entre Koldo García y un tercero”, el 2 de diciembre de 2023 el exasesor de Ábalos “habría quedado con 'Miguel' y 'Alberto'”, y que el 9 de enero de 2024 “afirmaría haber quedado 'a las 10:15h en Génova', referencia que la UCO considera que 'pudiera' aludir a la sede del Partido Popular. En el citado informe por parte de la UCO se identifica la persona denominada ”Miguel“ como ”Miguel Tellado“, actual secretario general del PP. Y los socialistas añaden: ”Después de conocidas las últimas informaciones es lógico inferir que el 'Alberto' mencionado podría ser D. Alberto Durán, letrado del Partido Popular, y que 'Miguel' es D. Miguel Tellado“. “El pasado 9 de noviembre de 2026 una máxima responsable del Partido Popular, Cuca Gamarra, a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni donde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cual fue su objeto”, apunta la denuncia, que concluye que Koldo ha sostenido desde la cárcel “que se habría reunido con el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, y este último le planteó una rebaja en la petición de pena en la causa abierta en el Tribunal Supremo, que plantearía la acusación popular unificada que lideraba el PP, a través de él mismo; dejar fuera de la causa a su expareja Patricia Úriz y a su hermano, Joseba García Izaguirre, y el pago de su defensa, más un millón de euros”. También cita “unos nuevos audios conocidos el 10 de noviembre a través de la Séptima, enviados al periodista Javier Ruiz desde la prisión”, en los que “Koldo García menciona en relación a sus conversaciones con el Sr. Inda al fiscal Jefe Anticorrupción, Sr. Luzón, y nuevos hechos”. “En estos nuevos audios Koldo García relata que tuvo que grabar una segunda entrevista con el director de Okdiario, Eduardo Inda, porque el contenido de la primera no convencía. Y que en esta segunda entrevista es cuando Inda le transmitió la siguiente advertencia vinculada al fiscal jefe Anticorrupción: ”Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión“. La denuncia recoge, asimismo, que la inversión publicitaria institucional de las comunidades y administraciones gobernadas por el PP a Okdiario en el periodo 2020-2025 “cubren sobradamente el abono y el ofrecimiento revelado” a Koldo García. Así, entre 2017 y 2026, administraciones públicas han pagado a la editora de Okdiario al menos 1.660.880,40 euros en contratos (con IVA) y 3.518.199,51 euros en publicidad institucional (sin IVA), todo ello según fuentes oficiales (Plataforma de Contratación del Sector Público, portales de transparencia autonómicos y municipales, datos abiertos, BDNS y BOCM). Feijóo niega la reunión entre Koldo y el abogado del PP Precisamente este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al youtuber Jordi Wild también sobre esa supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García. El dirigente popular la ha negado. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo .

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Hace 2 h

El Gobierno de España crea 19 nuevas plazas de jueces y 5 de fiscales en la Región de Murcia (se abre en una pestaña nueva)

MURCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. En la Región de Murcia, el Gobierno crea 19 plazas de jueces (+10,1% respecto a la plantilla actual) y 5 de fiscales (+6,33%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 40 plazas judiciales en esta comunidad (+23,8%), según informan fuentes de la Delegación del Gobierno. Las 700 plazas creadas hoy se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces. Un aumento sin precedentes, gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos (en los que se han creado 930 plazas judiciales en total). Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia. Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros. La planta judicial de la Regió aumenta un 10% De las 19 nuevas plazas judiciales para la Región de Murcia, 17 son para Tribunales de Instancia de Murcia, Cartagena, San Javier, Lorca, Cieza o Molina de Segura . Las dos restantes serán de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo). Porcentualmente, la Región de Murcia es la más beneficiada en el reparto de plazas judiciales. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104). La jurisdicción penal se refuerza con 96 uevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial. Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197. Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19. La plantilla del Ministerio Fiscal sube un 6,3% en Murcia La creación de 5 nuevas plazas de fiscales para la Región de Murcia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,3%, pasando de 79 a 84 miembros. En toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales (+6,6%) que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.

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El PSOE lleva a la Fiscalía la presunta cloaca de Koldo, el PP y OkDiario (se abre en una pestaña nueva)

El Partido Socialista ha presentado una denuncia en Fiscalía sobre los presuntos ofrecimientos del Partido Popular y OkDiario a Koldo García. La formación pide investigar si el letrado de Génova, Alberto Durán, y el director del medio digital, Eduardo Inda, orquestaron una cloaca que ofreció al exasesor de Ábalos dinero a cambio de informaciones para derrocar al Gobierno, como ha ido desvelando en la última semana. Según la Cadena SER, el PSOE pide a la Fiscalía que investigue posibles delitos de obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, prevaricación y malversación. Koldo ha acusado en varios audios al abogado del PP de haberle ofrecido un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de contar corruptelas de Pedro Sánchez, primero en una entrevista a OkDiario, y después ante la Justicia. El que fuera asesor de Ábalos asegura que se reunió con Durán e Inda, y que estos le ofrecieron un acuerdo que se quedó en los 242.000 euros que la editora de OkDiario le pagó a su abogada Leticia de la Hoz, por los "honorarios" de la defensa en el 'caso Mascarillas'. Según el digital de Inda, este dinero se pagó por los derechos de contenido audiovisual sobre Koldo. NOTICIA EN AMPLIACIÓN...

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Hace 4 h

eldiario.esGeneral

El Tribunal de Cuentas ve indicios de que el ático del Gobierno de Ayuso supuso un gasto de 6,3 millones sin “justificación legal” (se abre en una pestaña nueva)

El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.

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Hoy, hace 22 h

eldiario.esNacional

La Fiscalía implica a Corvillo, militante socialista cordobés, como "intermediario" entre Aldama y Ábalos para el pago de mordidas (se abre en una pestaña nueva)

El Ministerio Público encuadra el préstamo para el pago de un local y un aparcamiento a la pareja del exministro, Andrea de la Torre, en ese sistema de comisiones por amaños de adjudicaciones de obra pública Cristian Corvillo, el desconocido que se subió al escenario con Sánchez y acabó como mano derecha de Ábalos en Andalucía La Fiscalía Anticorrupción considera que Cristian Corvillo, persona vinculada al PSOE de Córdoba, pudo facilitar o intermediar en la entrega de dinero en efectivo que el comisionista Víctor de Aldama hacía llegar al exministro José Luis Ábalos. En el informe previo a las entradas y registros que se llevaron a cabo la semana pasada y que volvieron a afectar al domicilio de Ábalos, el Ministerio Público señala que en las conversaciones de la presunta trama investigada, “expresiones como 'fotocopias' y 'bolígrafos' tendrían un mismo significado: dinero en efectivo”. Tras el levantamiento del secreto de esta pieza separada, dedicada a analizar la figura de Corvillo, el fiscal explica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que, tras el análisis progresivo de lo incautado en febrero de 2024 (cuando estalló el caso Koldo) se ha podido profundizar en ese papel de Corvillo para la canalización de fondos al entorno de Ábalos “en un contexto marcado por el cobro de cantidades adeudadas por empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos”. En concreto, detalla que éste investigado “habría hecho llegar fondos al entorno de Ábalos a través de una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona” y todo en un contexto en el que el exministro “había manifestado tener falta de liquidez y buscaba financiación para que su entonces pareja, Andrea de la Torre adquiriera un inmueble”. Detalla el informe del fiscal que el 19 de abril de 2024, la pareja de Ábalos adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros (un local de uso industrial ubicado en la calle Cerro del Murmullo, de Madrid, y una plaza de aparcamiento en ese mismo edificio). Explica la UCO que esa compra se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose el pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria. Frente a esta tesis, fuentes de la defensa de De la Torre señalan que sí hubo una hipoteca pero que fue cancelada gracias a un préstamo en el que intervino Corvillo. Para la Fiscalía y para la UCO, la realidad es otra. Indican que el 12 de febrero de 2024, Andrea de la Torre recibió una trasferencia de 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander en concepto 'préstamo' y que el origen del dinero estaba en una cuenta de Portugal titulada por la mercantil Esperança Colossal, sociedad administrada por un tercero que además titulaba otra sociedad española denominada Deplan-Works SL. “Del análisis de los mensajes intercambiados entre Corvillo y Aldama se colige que ambas sociedades se encontrarían bajo el control de Corvillo”, indica el fiscal del caso. El papel de Corvillo habría ganado peso como “mediador” entre la dupla Ábalos-Koldo y el comisionista Aldama en el momento en el que la relación entre ellos empezó a deteriorarse. “Corvillo habría actuado como vía de acceso al ámbito de influencia de Ábalos”, destaca. Y el fiscal añade que constan mensajes entre Aldama y Corvillo en los que hablan de las gestiones encargadas a Ábalos, que era utilizado por su capacidad de influencia dentro del Gobierno. Como ejemplo destaca una gestión del exministro ante la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, a cuenta de una solicitud de nacionalidad de un cardiólogo norteamericano. Y constan los mensajes de Ábalos intercambiados con Reyes Maroto. Por otro lado, el informe apunta que hay indicios de que Corvillo se habría hecho con una vivienda como “contraprestación en especie” por su participación en las actividades de la organización criminal investigada. La vivienda en cuestión se denominaba 'Casa de Celia Cruz' y fue adquirida gracias a transferencias desde sociedades portuguesas vinculadas a Aldama (como Atmosfera Audaz Unipessoal LDA) . El precio de la compraventa fue de 399.900 euros. La UCO ha podido documentar pagos por valor de 245.498 euros. La Fiscalía señala, además, que Corvillo utilizó a terceras personas para ocultar su participación en determinadas operaciones. De hecho, cree que pudo utilizar de pantalla a su propio hermano para actividades vinculadas a Aldama. Además, explica que este militante y empresario cordobés se habría valido de Koldo García “para influir en licitaciones convocadas por organismos dependientes de ese Ministerio de Transportes, en particular,por ADIF y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre”. En este sentido, destaca que tenía relación con empresas del sector como la UTE conformada por Construcciones Sevilla Nevada y Azvi. Esa UTE fue adjudicataria de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, del acceso a Mérida, del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara. También tuvo relación con la UTE de Aquaterra Servicios Infraestrcuturas y Servicios Técnicos Napal, que se adjudicó el contrato de servicios para la conservación y explotación de la autopista AP7 (Cartagena – Vera). A esto, suma que Corvillo también pudo influir en la adjudicación a la empresa Limpiezas Castilla de Salamanca SL (del Grupo Limcasa) del contrato para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias del edificio de ADIF, situado en la calle Méndez Álvaro nº 1 de Madrid. Interlocución con Pedro Sánchez Si bien el informe del fiscal obvia alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los posibles vínculos con la trama del PSOE, los dos informes de la UCO a los que también ha accedido elDiario.es sí mencionan que se ha localizado una conversación entre Corvillo y Aldama en la que el primero refiere que mantiene una interlocución directa con el secretario general del partido. Siempre según mensajes del propio Corvillo, el 19 de abril de 2023 indicó a Aldama que al día siguiente el presidente iría a Córdoba y mantendría una reunión privada con él. “Me ha llamado Óscar López”, indicó. Al día siguiente, este militante explicaba a Aldama cómo se había desarrollado la reunión que se habría extendido por 35 minutos. La valoró como “muy positiva al señalar que había ido 'de lujo lujo'”. Y precisó que el motivo del encuentro había sido hablar del 'jefe', término utilizado para referirse a Ábalos por la trama investigada.

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Asesinada una mujer y detenida su expareja en Gijón en un crimen que se investiga como violencia de género (se abre en una pestaña nueva)

El Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y el Principado han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el asesinato machista y animan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a la concentración de repulsa convocada a las cinco de la tarde ante el consistorio gijonés.Todos los partidos, a excepción de Vox, han acordado suspender la pegada de carteles en lo que iba a ser el inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre y posponerla hasta mañana Crimen machista en Asturias: los restos humanos hallados en un piso de Gijón son de una mujer desaparecida en mayo Covadonga Patricia, de 30 años, ha sido asesinada a puñaladas este jueves en Gijón. La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 40 años, quien al parecer mantuvo una relación sentimental con la víctima como presunto autor del crimen. Un portavoz de la Delegación del Gobierno ha confirmado a elDiario.es Asturias que se están recabando datos sobre las circunstancias del asesinato que ya se investiga como un caso de violencia machista. El Ayuntamiento de Gijón, la Delegación del Gobierno y el Principado han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el asesinato machista y animan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a la concentración de repulsa convocada a las cinco de la tarde ante el consistorio gijonés. Todos los partidos, a excepción de Vox, han acordado suspender la pegada de carteles en lo que iba a ser el inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre y posponerla hasta mañana. El hallazgo del cadáver El crimen ocurrió en torno a las tres de la tarde de hoy, jueves, en la calle Francisco Eiriz, en el barrio gijonés de Jove, adonde se han trasladado agentes de la Policía Nacional. Policía Científica ha iniciado la recogida de muestras en unas instalaciones abandonadas de las antiguas escuelas, muy cerca del campo de fútbol del C.D. Puerto de Gijón, en la parroquia de Jove, donde fue hallado el cadáver de la mujer. El hombre detenido permanece custodiado en los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, según ha corroborado un portavoz policial. La víctima número 44 La Delegación del Gobierno está a la espera de la confirmación oficial por parte del Ministerio del Interior de que se trata de un crimen machista, como apuntan las primeras investigaciones policiales. En caso de que se ratifique, la cifra de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 asciende a 44. Quien sí se ha pronunciado ha sido el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha transmitido sus condolencias a la familia de la víctima a través de su perfil oficial en la red social X. En su mensaje, que reproducimos a continuación, ha calificado el crimen como un caso de violencia machista. “La lucha contra el machismo debe ser implacable” En este post, el presidente asturiano asegura textualmente que “este asesinato nos recuerda que la lucha contra el machismo debe ser implacable y constante. No descansaremos hasta conseguirlo”, concluye. Adrián Barbón tenía previsto participar esta misma tarde en un acto de campaña en Langreo junto a la exdelegada del Gobierno y cabeza de lista al Congreso por Asturias por el PSOE, Adriana Lastra y, tras ser informados del asesinato han acordado su cancelación. Declaración institucional El Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado y la Delegación del Gobierno han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el crimen machista y convocan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a una concentración de rechazo al asesinato, que tendrá lugar a las 17:00 horas ante el consistorio gijonés. A continuación, reproducimos íntegramente la declaración institucional suscrita por los máximos representantes de los tres organismos. “Ante el asesinato machista perpetrado en Gijón/Xixón contra Covadonga Patricia, de 30 años de edad, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera”. “Nadie puede ser indiferente” “En este sentido, desde el momento que se ha tenido noticia sobre el caso, las tres administraciones hemos trabajado de forma coordinada la respuesta institucional. La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos ante la que nadie puede ser indiferente. Desde la Delegación del Gobierno de España en el Principado de Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón/Xixón reiteramos nuestra más absoluta condena y profunda consternación, al tiempo que queremos transmitir a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia”, añaden. “Se recuerda que el teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género, está disponible todos los días del año las 24 horas del día, así como por vía WhatsApp en el 600 000 016 o escribir al correo [email protected]”, concluye la declaración institucional conjunta. El asesinato de Susana Sierra Gijón registró el año pasado otro asesinato machista. La víctima, Susana Sierra , había desaparecido en mayo de 2025 y sus restos fueron hallados, en avanzado estado de descomposición, en un contenedor de basura en un piso de la céntrica calle Contracay, a escasos metros de la Plaza Mayor, un mes después. El único detenido por su asesinato, Jesús “El Vasco” , será juzgado este mes de noviembre. La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha reservado las fechas del 23 al 27 de este mes para la celebración de la vista oral del juicio que se desarrollará con un jurado popular. El acusado, que se encuentra en prisión provisional desde su arresto, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel. Recursos contra la violencia machista El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email [email protected], el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. Las mujeres disponen de varios recursos para solicitar ayuda. En el 016 se puede pedir asesoramiento tanto para los casos de violencia contra la mujer como en materia jurídica de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. El 112, 091 y 062 Por otro lado, ante cualquier situación de emergencia se puede llamar al número de teléfono 112 o bien a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León obliga a firmar un compromiso 'antiideológico' a los cineastas que piden una subvención para cortometrajes (se abre en una pestaña nueva)

La Consejería de Cultura ha remitido a los solicitantes el documento que deben firmar si quieren acceder a las ayudas La compañía de 'Federico' denuncia a la Consejería de Cultura de Castilla y León por la cancelación de la obra por “motivos ideológicos” La cruzada ideológica de Vox con las iniciativas culturales en Castilla y León ha dado una vuelta de tuerca. En la convocatoria de ayudas para cortometrajes de 2026 que convoca la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico, se ha incluido una cláusula relativa al “adoctrinamiento ideológico” que se complementa ahora con un requerimiento 'antiideológico' que reciben los solicitantes de la subvención. En concreto, se les obliga a firmar una declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que se comprometen a “no realizar actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El plazo para firmarla es de cinco días hábiles desde el día siguiente a su recepción. La Orden de 7 de octubre de 2026 de la Consejería de Cultura , Turismo y Deporte contempla en su apartado 10 que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Este punto no queda en una mera declaración de intenciones, porque obligan a los solicitantes a firmar un compromiso, un detalle que no aparece en la orden. El compromiso dice literalmente que “en caso de resultar beneficiario de la subvención, de desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, sin llevar a cabo ninguna actuación que implique adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Requerimiento que se hace a los solicitantes de subvenciones para cortometrajes. Lo llamativo es que la Consejería no establece criterios para determinar qué es ideologizar y qué no o qué es neutral o no lo es en un cortometraje. Tampoco se precisa quiénes van a ejercer de 'censores' a la hora de decidir qué cortometrajes pasan el corte. La remisión de ese requerimiento ya ha provocado cierto temor en el sector, por entender que con dinero público se puede condicionar la libertad creativa y de expresión. La orden sobre los cortometrajes es igual que la que afecta a los largometrajes . La sombra de Vox es alargada, y hace unas semanas retiró de la programación una obra sobre Lorca de la compañía Proyecto 43-2. Ante la sospecha de motivos ideológicos, los integrantes de la compañía presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid , que no se ha pronunciado por el momento. Díaz Pico, que considera que la cultura en Castilla y León es “sectaria”, ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y ha trabajado como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026. Los últimos cuatro años estuvo Gonzalo Santonja al frente de Cultura, tras ser colocado por Vox en 2022. Santonja consiguió mantenerse en el cargo tras la marcha y expulsión de los consejeros de Vox en 2024.

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La Fiscalía investigará los presuntos abusos sexuales a menores en TikTok y la AEPD pide explicaciones a la red (se abre en una pestaña nueva)

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato , ha encargado a la fiscal de Sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente , que investigue los posibles delitos de elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y de corrupción de menores en TikTok. Así lo ha informado la Fiscalía General del Estado, que sitúa el origen de las pesquisas en la denuncia presentada por Maldita.es ante su Unidad de Criminalidad Informática. Los denunciantes comparecieron el 11 de noviembre ante la fiscal Tejada para ratificar la denuncia y entregar el material probatorio, que será objeto “de inmediato análisis y valoración ”, según el Ministerio Público. La denuncia describe la venta y difusión de este material en la red social, la recomendación de contenidos similares y la emisión en directo de imágenes de menores a cambio de dinero. Las investigaciones de Maldita.es han detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que suman más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este material, más de 7.000 de ellos en español. También han localizado 780 cuentas que usan la plataforma para captar compradores, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en las que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés. En paralelo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado actuaciones tras recibir una comunicación formal del Ministerio de Juventud e Infancia . El Gobierno había pedido a la Agencia que paralizara de forma excepcional los servicios de TikTok en España, pero el organismo ha aclarado que no tiene competencias para decretar el cierre de la plataforma. Lo que sí hará es pedir a Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su verificación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos, y requerir a TikTok información concreta sobre lo que está haciendo para retirar esos contenidos. Una vez analizada esa información, ordenará el bloqueo del acceso a esos enlaces , una medida que define como “concreta, proporcionada y adecuada”. La Agencia recuerda que investigar los hechos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a los jueces, que son también “la sede natural” para acordar la retirada de contenidos penalmente ilícitos o restringir el acceso a un servicio. Además, como TikTok tiene su establecimiento principal europeo en Irlanda, la autoridad que la supervisa es la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC), y la AEPD solo puede intervenir en supuestos “tasados y excepcionales” , como el procedimiento de urgencia. Por eso trasladará la información a la autoridad irlandesa, a las demás autoridades europeas y a la Comisión Europea, competente en el Reglamento de Servicios Digitales. TikTok ha eliminado parte de los vídeos denunciados y ha restringido dos de los términos de búsqueda que la investigación identificó como vía de acceso al material. Sin embargo, Maldita.es denunció el martes que el resto de términos siguen funcionando como antes, pese a haber sido reportados , y que en tres horas de búsqueda localizó otras 100 publicaciones de abuso sexual infantil, que también entregará a la Fiscalía. Según la fundación, no necesitó “ninguna herramienta secreta”: el buscador y el algoritmo de la plataforma la llevaron directamente a ese contenido. Una de las últimas entregas de la investigación de Maldita.es se centra en el ‘Team 94’, una comunidad de más de 2.000 usuarios que busca y ofrece material de abuso de bebés y niños muy pequeños . Toma su nombre de Matthew Estes, condenado en Estados Unidos en 2025 a 60 años de prisión por violar a un bebé de 16 meses, grabarlo y distribuirlo. Maldita.es localizó 39 vídeos e imágenes de menores que probablemente son víctimas de abusos, con más de un millón de visualizaciones, y más de 2.000 comentarios potencialmente pederastas, la mayoría en español. Al contactar con miembros del grupo, varios aseguraron tener material grabado con menores de su familia; uno, que se presentó como padre, se ofreció a abusar de su hijo en directo por videollamada. El 7 de octubre, el medio detectó además un directo en TikTok en el que se emitió una de las violaciones de Estes . Seis días después, la cuenta seguía activa.

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Las contradicciones de Génova, el papel de Durán y los pagos de Inda: el ‘caso Koldo’ apunta al PP (se abre en una pestaña nueva)

La reunión que el Partido Popular aseguró que nunca había existido entre su abogado, Alberto Durán, y el exasesor de José Luis Ábalos , Koldo García, sí se produjo. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra , se vio obligada a reconocerlo ante los medios este lunes, cuatro días después de que la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, negara expresamente que se hubiera celebrado ningún encuentro. La rectificación, sin embargo, no ha venido acompañada de explicaciones. Génova mantiene, eso sí, que es falso que su abogado ofreciera al exasesor un millón de euros, el pago de su defensa y ventajas judiciales a cambio de declaraciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Una revelación que se produce después de que se conociera que la empresa editora de OkDiario , Dos Mil Palabras SL, fue la que pagó la defensa de Koldo García. Fueron, en total, 242.000 euros. Los hechos constan en los documentos que la abogada Leticia de la Hoz —que este martes ha renunciado a la defensa de García— aportó al caso Leire . IDBO Consultants, la consultora para la que trabaja, facturó a la editora 181.500 euros el 27 de noviembre de 2025 en concepto de asesoramiento jurídico y procedimientos. El 23 de enero de 2026 llegó una segunda transferencia, esta vez de 60.500 euros. Ese mismo día, el digital publicó el vídeo en el que el exasesor preparaba la maleta con la que ingresó en Soto del Real y empezó a difundir la entrevista que le hizo Eduardo Inda, fundador y director de OkDiario. En ella, García lanzó acusaciones contra el entorno del presidente del Gobierno, entre ellas, sobre la financiación de las primarias de Pedro Sánchez y sobre un supuesto hallazgo de armas en la sede socialista de Ferraz. Muchas de ellas se han demostrado después falsas, engañosas o no acreditadas en las investigaciones judiciales . El Supremo lo condenó en junio de 2026 a 19 años y ocho meses de prisión. Inda sostiene, por el contrario, que el dinero responde a un acuerdo para explotar la historia de Koldo en diferentes formatos. De la Hoz presentó hace solo unos días los papeles que acreditan que no fue la formación socialista, sino Dos Mil Palabras SL, quien se hizo cargo de la defensa de García. En los meses previos, la abogada había intentado que el instructor, Santiago Pedraz, le pidiera formalmente las facturas sobre ese encargo para poder desvincularlo del PSOE . Una tesis que había abonado el PP de Feijóo en numerosas ocasiones durante el juicio. Ahora, no obstante, desde el PP señalan que se trata de una “transacción privada” entre la empresa de Inda y el exasesor de Ábalos. Este martes, García ha pedido a Inda que enseñe no solo extractos, sino también el contrato “íntegro” que esa cabecera sostiene que él mismo habría firmado con el digital a cambio de colaborar en podcasts, docuseries y otros contenidos. Y también ha interpelado directamente a Durán: “Escucho por ahí que ponen en duda si hubo reunión o no (...), propongo lo siguiente: le pueden preguntar al abogado del PP si las palabras fueron 'del tema económico, de cómo pagarte se encarga Inda, ya encontrará la fórmula para poderte pagar '”, afirma en el audio adelantado por Mañaneros 360 . El pasado 5 de noviembre, la Cadena SER publicó un audio en el que Koldo García aseguraba que Alberto Durán le había planteado un acuerdo para perjudicar al Gobierno. Según su versión, los dos mantuvieron dos reuniones en mayo de 2025 en un despacho de Madrid próximo a la sede nacional del PP. El primero de los encuentros habría servido para explorar un posible entendimiento y en el segundo se habrían abordado sus condiciones . El propio Koldo describió así el supuesto ofrecimiento: "En una reunión que mantuve con el señor Alberto Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros. A cambio de declaraciones en contra de personas relevantes del Gobierno : del presidente, de su mujer, del expresidente Zapatero y alguno más. Aún mintiendo ". Tanto el PP como Durán sostienen que es "absolutamente falso" lo que ahora cuenta el exasesor de Ábalos. La portavoz parlamentaria fue tajante el pasado viernes: "Está mintiendo, le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión ". También atribuyó la publicación de la información a una maniobra política relacionada con el registro que practicaba ese mismo día la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en un inmueble de Ábalos . Para la portavoz, la coincidencia no era casual. Sin embargo, García asegura tener pruebas. "Yo daré el remate final", lanzó desde la cárcel en plena precampaña electoral. García lleva tiempo trasladando a su entorno que tiene en su poder una grabación que demostraría que Génova puso el dinero sobre la mesa y que se habría realizado antes de que De la Hoz asumiera su defensa. Un audio del que todo el mundo habla pero que, de existir, por el momento todavía no ha trascendido. Cuatro días después, Gamarra admitió que la reunión sí existió, pero no dio más detalles. Se limitó a asegurar que el partido ya había ofrecido todas las explicaciones pertinentes. Tampoco aclaró por qué Muñoz había negado de forma tan categórica el encuentro. El propio Feijóo aseguró este lunes que " en nombre del PP" no se había ofrecido dinero a nadie y desde su entorno añadieron que, si hubiera sido así, el exasesor de Ábalos lo hubiera aceptado y que, además, un condenado por corrupción no tenía credibilidad alguna. La primera transferencia se realizó el mismo día en que Okdiario publicó una extensa entrevista de Eduardo Inda a Koldo García, entonces a las puertas de su ingreso en prisión provisional. En ella, el antiguo asesor aseguraba haber escuchado a Sánchez hablar de una aportación de 100.000 euros de su suegro a las primarias socialistas de 201 7 y también denunciaba un presunto fraccionamiento de donaciones mediante ingresos efectuados por inmigrantes. No probó documentalmente nada. Las declaraciones encontraron una rápida respuesta en el PP. Ester Muñoz, Alicia García y Miguel Tellado difundieron mensajes en sus redes sociales cuestionando la financiación de las primarias y dando relevancia política al testimonio. “A Koldo sí le consta que el suegro de Pedro Sánchez donó para sus primarias. Unas primarias amañadas. No les corrompió el poder, venían así de casa”, escribió Muñoz en X a las 8.57 horas, dando por ciertas las acusaciones del exasesor de Ábalos. Después fue el turno de García, portavoz en el Senado, a las 9.11. En otro post, aseguró que el presidente del Gobierno “llegó al poder haciendo trampa y con donaciones de su suegro”, adjuntando para refrendarlo la entrevista de García con Inda. También Tellado concedió una entrevista a La Mirada Crítica , de Telecinco, utilizando las acusaciones de Koldo García como la prueba definitiva de que Sánchez “era el uno” de la trama. En aquel momento, el PP daba credibilidad a sus afirmaciones. Ahora, cuando es el exasesor quien señala al abogado del PP, Génova desprecia su testimonio y sostiene que forma parte de una operación política contra la oposición . La posición de Alberto Durán dentro del PP añade otro elemento a la cronología. El 19 de septiembre trascendió que el partido le había apartado de la dirección de sus procedimientos judiciales más relevantes y mediáticos. Según avanzó Artículo14 , seguía vinculado al equipo jurídico , aunque los grandes pleitos iban a pasar a estar dirigidos por el penalista Henry Feltenstein. La dirección del PP atribuyó la decisión a una reorganización y a la necesidad de reforzar un equipo que había tenido que afrontar simultáneamente numerosos procedimientos, aunque el citado diario hablaba de desavenencias con Gamarra. El 21 de septiembre, elDiario.es reveló que el cambio venía gestándose desde julio, aunque no se comunicó al resto de las acusaciones populares hasta más tarde . Precisamente el 14 de julio, De la Hoz compareció como investigada ante el juez Santiago Pedraz en el denominado caso Leire . Durante su interrogatorio, la letrada negó tajantemente que el PSOE hubiese pagado la defensa de Koldo García, ni directa ni indirectamente. Pero fue más allá. Ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción para conocer quién abonaba sus honorarios, advirtió de que conocer la identidad del pagador supondría una "sorpresa muy grande ". La abogada alegó entonces que el secreto profesional le impedía revelar ese dato sin la correspondiente autorización. Dos meses después, el 18 de septiembre, De la Hoz volvió a abordar esta cuestión en un escrito de alegaciones presentado ante Pedraz. En él cuestionaba la interpretación que la Fiscalía había realizado de su declaración y reiteraba su disposición a aportar las facturas que acreditaban quién había pagado su trabajo. Según argumentaba, necesitaba que se le dispensara del secreto profesional para poder facilitar esa documentación y defenderse de las sospechas que apuntaban a una supuesta financiación de sus servicios por parte del PSOE . Finalmente, Pedraz le dio el visto bueno. Aunque el PP se desvincula de los pagos de la editora de Okdiario, en febrero de 2024 ya se vio salpicado, de forma inesperada, por un informe de la Guardia Civil que atribuyó a Koldo García haber asegurado en diciembre tener concertada una cita con Miguel Tellado y con “Alberto” para intentar que les ayudaran a conseguir que el Govern balear, ya en manos del PP, dejase de reclamar a la empresa que supuestamente le pagaba comisiones el dinero recibido de esta comunidad a cambio de unas mascarillas defectuosas. Un "Alberto" que podría referirse, precisamente, al abogado del PP.

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Hace 2 días

La Fiscalía lleva a los tribunales las presuntas irregularidades denunciadas por el Ayuntamiento de Pepino contra el anterior alcalde (se abre en una pestaña nueva)

El Ayuntamiento de Pepino, gobernado por Ignacio Díaz tras la moción de censura que acabó con el Gobierno del ‘popular’ Inocencio Gil en octubre de 2025, ha emitido un comunicado en el que asegura que la Fiscalía de Toledo ha abierto diligencias de investigación iniciadas a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo … La entrada La Fiscalía lleva a los tribunales las presuntas irregularidades denunciadas por el Ayuntamiento de Pepino contra el anterior alcalde se publicó primero en infoCLM .

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