La clave del éxito de TikTok reside en su algoritmo; ese software dedicado a dirigir al usuario al contenido que le gusta para mantenerle con los ojos bien pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Si te interesan los videojuegos o los vídeos motivacionales de gimnasio, tranquilo, un par de búsquedas y algún que otro 'like' y será lo que te encuentres cada vez que entres en la 'app'. El problema está en que esta situación es exactamente la misma si el internauta es un depredador de menores y emplea la plataforma como tal. O, al menos, eso es lo que sostiene 'Maldita' en las primeras entregas de una extensa investigación en la que muestra cómo la red social se ha convertido en «el hogar del pederasta» sin que la tecnológica haya hecho suficiente por remediarlo. A lo largo de 35 días, el equipo detrás del estudio comprobó cómo el propio algoritmo de TikTok dirige sin problema al usuario hacia material explícito de abuso sexual infantil. En ese tiempo, encontró más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. El objetivo de los que lo suben: para muchos, llamar la atención de los pedófilos y hacer negocio con el material a través de otras 'apps', como Telegram. ABC se ha puesto en contacto con varias personas que pasaron años trabajando como moderadores para la red social, en la que se publican diariamente unos 269 millones de vídeos, de acuerdo con otro estudio publicado en 2025 por la Universidad de Cornell. Un volumen gigantesco de contenido que es muy difícil de controlar para los equipos humanos de la 'app'. «Es imposible revisar toda la porquería que se sube. Nosotros trabajábamos 8 horas diarias y el número de contenido a revisar no paraba de subir. Siempre había trabajo que hacer. Además, lo que nosotros revisábamos no se había publicado el mismo día, siempre llevaba más tiempo disponible», señala uno de ellos. Para detectar contenido ilegal, entre este el relativo al abuso infantil, TikTok, como tantas otras redes sociales, recurre principalmente en la inteligencia artificial. En concreto, en modelos con capacidad para revisar todos los detalles que aparecen en una publicación: desde la imagen, hasta el sonido o el texto que aparece en pantalla. De acuerdo con los datos de la propia 'app', durante el primer semestre de 2026 sus sistemas automatizados fueron los encargados de actuar contra el 94,1 % del contenido que infringía las normas sin que se recurriera a la revisión humana. De lo que no hay datos públicos es de la cantidad de contenido que a la tecnología se le escapa. Porque la IA no es perfecta. Además, los criminales pueden ser muy originales para evitar que el sistema los detecte. «Recurren mucho a filtros que hacen que resulte muy complicado ver lo que está ocurriendo en escena hasta que el vídeo ha avanzado lo suficiente. Otros recortan los vídeos para que solo se pueda ver una parte, aunque si lo ves te puede quedar claro lo que está sucediendo», apunta uno de los exmoderadores. «También los hay que tratan de tapar el vídeo original con otros normales para engañar a la máquina. El problema es que nosotros solíamos trabajar sobre todo con el contenido que estaba reportado por otros usuarios o por la IA». Esta misma fuente señala que los vídeos de abuso sexual infantil son «relativamente habituales» dentro del contenido que los equipos de moderación revisan: «Quizá no tanto como los asesinatos o las mutilaciones, pero hay mucha gente que lo sigue, lo comparte y lo sube de nuevo cuando se elimina, de eso no hay duda». Maldita denunció una muestra de 50 vídeos de abuso sexual infantil por el canal que ofrece TikTok para estas cuestiones. Sin embargo, para finales de octubre, la compañía solo había retirado cinco de ellos -es decir, un 10%-, y había bloqueado el acceso a otros 13, pero solo en España. «Es algo aterrador», explica a este diario Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. En la investigación, el equipo también registró 78 directos en TikTok realizados por menores de edad que recibieron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos o en los que se solicitó la venta de material de abuso sexual infantil. De nuevo, el equipo denunció la situación ante la red social. En concreto, informó de 40 cuentas de menores que estaban haciendo directos en la plataforma, algo que no está permitido de acuerdo con las normas internas. Sin embargo, la red social respondió que «sólo dos de ellos (el 5%) incumplían sus reglas». «TikTok es una aplicación muy utilizada por los niños. No me sorprende nada que esto pase, porque llevamos años viendo cómo en redes sociales hay cosas que no deberían estar», dice Checa. El experto, no obstante, remarca la «gravedad de la falta de filtros de la empresa para evitarlo» y que «una vez que son detectados, la red social no retire el contenido, sancione o lo ponga en conocimiento de las autoridades». «Tienen responsabilidad moral de mantener limpia la plataforma. Si no tienen el control sobre lo que se publica, desde luego deberían tenerlo. Cada vez vale menos eso de que la culpa no es de las redes sociales, sino de los usuarios que las utilizan mal», prosigue. La solución a estos casos: «Que las autoridades les digan que desde el día de mañana no pueden seguir operando en España. Y que la sanción que se les va a imponer va a ser tan escalofriante que todos sus beneficios van a ir destinados a pagarla. Estamos viendo que es la única manera con esta empresas, se llamen TikTok, Meta o X». Pero no es tan fácil. Tras la publicación de la investigación, el Gobierno, a través del ministerio de Juventud e Infancia, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue si la aplicación está permitiendo que los pederastas utilicen sin ningún tipo de problema su plataforma para publicar este tipo de contenido. También dejó la puerta abierta a una posible paralización del servicio de la red social en España. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico tienen serias dudas de que este movimiento se llegue a concretar. «Lo que se debe hacer es perseguir a las cuentas que infringen la ley. No eliminar una plataforma que utilizan legalmente millones de usuarios afincados en España», explica Borja Adsuara, abogado especializado en asuntos digitales. El jurista destaca, además, que, en todo caso, es la Comisión Europea la que debe actuar contra TikTok, no el Gobierno de España: «Es la que tiene competencias sobre las redes sociales de gran tamaño. La Comisión -que, además, ya ha abierto expediente a TikTok por no adoptar las medidas adecuadas para proteger a la infancia- deberá realizar su propia investigación y meterle una multa de hasta el 6% de su facturación anual global, que es lo que marca la Ley de Servicios Digitales».
Los socialistas ven delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en el presunto soborno al exasesor de Ábalos para que lanzara sospechas sobre Sánchez y su entorno Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir “información sin contrastar” sobre un falso terrorista magrebí El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Los socialistas consideran que estas presuntas prácticas, en las que el propio García involucró al abogado del PP, Alberto Durán , podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la representación del PSOE denuncia a Durán, el Partido Popular, el director de Okdiario, Eduardo Inda, y la empresa editora de ese medio Dos Mil Palabras, S. L. que fue la que fue la que pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendió a Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas. El PSOE, en su texto, da credibilidad a las declaraciones efectuadas desde la cárcel por Koldo García. Y pide la declaración como querellados de Durán, Inda y los representantes legales tanto del PP como de la editora de Okdiario, que Koldo García sea llamado a declarar como testigo y el volcado de los móviles de todos ellos. Asimismo, solicita que “se acuerde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice las comunicaciones existentes entre los denunciados en el periodo comprendido entre abril de 2025 a septiembre de 2026 para la emisión de informe correspondiente”. Además, pide un requerimiento a la Agencia Tributaria para que “emita informe sobre la corrección y deducibilidad contable del desembolso de 242.000 euros soportado por la editora bajo el concepto de minuta defensiva letrada de un tercero por motivos ajenos a la actividad propia de la empresa que constituye su objeto social”. La denuncia recuerda que el 29 de octubre se conoció “a través de los medios de comunicación”, entre ellos elDiario.es , “que los honorarios de la letrada de Koldo García Izaguirre por los servicios a este, Leticia de la Hoz Calvo, fueron abonados por la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., editora de Okdiario”. Hasta su renuncia, el pasado martes, De la Hoz fue la abogada de Koldo García tanto en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas –por el que terminó condenado a prisión–, como en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Además, el PSOE recuerda que De la Hoz coincidió en esas causas “con la representación del Sr. Duran como letrado de la acusación popular unificada en el Partido Popular”. Un “ropaje de legalidad” en las facturas En las facturas publicadas, “quien aparece como pagador y realizaba las transferencias es la sociedad Dos Mil Palabras, S.L., editora del diario digital Okdiario, por las que se constata que dicha sociedad abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants, por honorarios correspondientes a los servicios de Leticia de la Hoz, correspondientes a los procedimientos donde representaba a Koldo García”. El PSOE considera que a pesar de que Okdiario sostiene que ese desembolso se hizo para la publicación de un libro y la realización de una docuserie, “del contraste con las facturas hechas públicas de los honorarios de Koldo cobrados por Leticia de la Hoz podría evidenciarse una maniobra de simulación negocial”. Así, el abogado de los socialistas apunta a que “el contrato mercantil aparece fechado el 26 de noviembre de 2025, esto es, justo el día antes de realizarse el primer pago que concretaba los términos del acuerdo de retribución e interferencia procesal acordado entre el abogado de la acusación popular del Partido Popular (D. Alberto Durán), el director de Okdiario (D. Eduardo Inda) y D. Koldo García, según este en los audios conocidos, y que vino acompañado de una entrevista el día siguiente”. “La confección del contrato en esa fecha exacta no respondería a una negociación editorial real, sino a la necesidad apremiante de fabricar un 'ropaje de legalidad' que sirviera de tapadera a la causa ilícita pactada previamente y al pago que se iba a realizar”, añade la denuncia. “Si la causa hubiera sido la real adquisición de derechos a Koldo García, el dinero de la contraprestación editorial debería haberse abonado a este en su condición de cedente. Sin embargo, la abogada defensora no le factura a su cliente Koldo García, sino que emite las facturas (de 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026) directamente a la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., bajo el concepto inequívoco de 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'”, apunta el PSOE en su escrito. “Es decir, la editorial no le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce la defensa letrada de Koldo García, asumiendo una minuta penal ajena”. “Esta quiebra entre los sujetos del contrato simulado (OKDIARIO-Koldo) y los sujetos del pago efectivo (OKDIARIO-Despacho letrada) probaría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un mero artificio o negocio simulado, ideado para encubrir una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal”, concluye. Los audios de Koldo desde prisión El 5 de noviembre de 2026, “apenas unos días después de desvelarse quien se había hecho cargo de abonar las citadas facturas de la letrada Dña. Leticia de la Hoz”, el PSOE recoge cómo la Cadena Ser [también elDiario.es] difundió unos audios que habría enviado Koldo García desde la cárcel. En uno de ellos afirmó lo siguiente: “En una reunión que mantuve con el Señor Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, claro está, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y a alguno más, aun mintiendo”. Además, según la información publicada, Koldo García “sitúa dos reuniones con el Sr. Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del Partido Popular en la calle Génova, afirmando que el pago se canalizaría a través del Sr. Inda y de su empresa Dos Mil Palabras, S. L., editora del periódico digital Okdiario, con quien también se habría reunido, y que parte del importe se justificaría como derechos de un libro, a lo que el Sr. Inda le habría dicho que recuperaría el dinero mediante la publicidad institucional contratada por administraciones gobernadas por el Partido Popular”. También recoge la denuncia las declaraciones de Koldo García asegurando que con posterioridad a la reunión o reuniones con Alberto Durán “mantuvo un almuerzo con el Sr. Inda, en su casa, 'para coordinar el acuerdo económico' y acordar el contenido de la entrevista que se le iba a hacer, y que lo previsto era que ese contenido se transformara después en una declaración ante la autoridad judicial”. “En el desarrollo del plan descrito, Koldo García sitúa también la recepción de advertencias sobre el eventual ingreso en prisión de su pareja y de su hermano, y las consecuencias que ello tendría para su hija. El ofrecimiento de beneficios económicos y procesales aparece así acompañado, en su relato, de presiones referidas a su entorno familiar”, añade. En los audios Koldo García señala que el Inda le manifestó, literalmente: “Inda me dijo que el dinero que iba a adelantar se lo devolverían en pagos de publicidad institucional procedente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. La denuncia prosigue: “Lo cierto es que el 27 de noviembre de 2025, en la misma fecha en que se factura y se abona el primer pago de los honorarios de la Abogada de Koldo García por Dos Mil Palabras, Okdiario, a través de su página de Facebook, publicó una entrevista a Koldo García, titulada Koldo García tira de la manta en EXCLUSIVA con Eduardo Inda . Y sobre la que se anunciaba: El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para Okdiario hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión”. En relación con esta entrevista, Koldo, en otros audios publicados el 5 de noviembre de 2026 por elDiario.es, ratificó esa versión y precisó que el pago de su defensa “se llevó a cabo gracias a la entrevista” concedida a Inda. Supuesta reunión con Tellado El PSOE también cita un informe de la UCO de 5 de febrero de 2024 en el que se señalaba que “sobre la base de intervenciones telefónicas y conversaciones de móvil entre Koldo García y un tercero”, el 2 de diciembre de 2023 el exasesor de Ábalos “habría quedado con 'Miguel' y 'Alberto'”, y que el 9 de enero de 2024 “afirmaría haber quedado 'a las 10:15h en Génova', referencia que la UCO considera que 'pudiera' aludir a la sede del Partido Popular. En el citado informe por parte de la UCO se identifica la persona denominada ”Miguel“ como ”Miguel Tellado“, actual secretario general del PP. Y los socialistas añaden: ”Después de conocidas las últimas informaciones es lógico inferir que el 'Alberto' mencionado podría ser D. Alberto Durán, letrado del Partido Popular, y que 'Miguel' es D. Miguel Tellado“. “El pasado 9 de noviembre de 2026 una máxima responsable del Partido Popular, Cuca Gamarra, a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni donde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cual fue su objeto”, apunta la denuncia, que concluye que Koldo ha sostenido desde la cárcel “que se habría reunido con el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, y este último le planteó una rebaja en la petición de pena en la causa abierta en el Tribunal Supremo, que plantearía la acusación popular unificada que lideraba el PP, a través de él mismo; dejar fuera de la causa a su expareja Patricia Úriz y a su hermano, Joseba García Izaguirre, y el pago de su defensa, más un millón de euros”. También cita “unos nuevos audios conocidos el 10 de noviembre a través de la Séptima, enviados al periodista Javier Ruiz desde la prisión”, en los que “Koldo García menciona en relación a sus conversaciones con el Sr. Inda al fiscal Jefe Anticorrupción, Sr. Luzón, y nuevos hechos”. “En estos nuevos audios Koldo García relata que tuvo que grabar una segunda entrevista con el director de Okdiario, Eduardo Inda, porque el contenido de la primera no convencía. Y que en esta segunda entrevista es cuando Inda le transmitió la siguiente advertencia vinculada al fiscal jefe Anticorrupción: ”Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión“. La denuncia recoge, asimismo, que la inversión publicitaria institucional de las comunidades y administraciones gobernadas por el PP a Okdiario en el periodo 2020-2025 “cubren sobradamente el abono y el ofrecimiento revelado” a Koldo García. Así, entre 2017 y 2026, administraciones públicas han pagado a la editora de Okdiario al menos 1.660.880,40 euros en contratos (con IVA) y 3.518.199,51 euros en publicidad institucional (sin IVA), todo ello según fuentes oficiales (Plataforma de Contratación del Sector Público, portales de transparencia autonómicos y municipales, datos abiertos, BDNS y BOCM). Feijóo niega la reunión entre Koldo y el abogado del PP Precisamente este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al youtuber Jordi Wild también sobre esa supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García. El dirigente popular la ha negado. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo .
El Partido Socialista ha presentado una denuncia en Fiscalía sobre los presuntos ofrecimientos del Partido Popular y OkDiario a Koldo García. La formación pide investigar si el letrado de Génova, Alberto Durán, y el director del medio digital, Eduardo Inda, orquestaron una cloaca que ofreció al exasesor de Ábalos dinero a cambio de informaciones para derrocar al Gobierno, como ha ido desvelando en la última semana. El PSOE pide a la Fiscalía que investigue posibles delitos de obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, prevaricación y malversación, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com. La denuncia va dirigida a su vez contra uno de los abogados del PP, Alberto Durán, así como a la empresa editora y los socialistas dicen que se habría hecho "con una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio podría ser el Partido Popular". "Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", abunda el PSOE. Además, hace hincapié en que, el pasado 9 de noviembre, una de las dirigentes 'populares', Cuca Gamarra, "a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni dónde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cuál fue su objeto". En su turno de última palabra en el juicio del Supremo, Koldo aseguró: "A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir". En concreto, Koldo ha acusado en varios audios al abogado del PP de haberle ofrecido un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de contar corruptelas de Pedro Sánchez, primero en una entrevista a OkDiario, y después ante la Justicia. El que fuera asesor de Ábalos asegura que se reunió con Durán e Inda, y que estos le ofrecieron un acuerdo que se quedó en los 242.000 euros que la editora de OkDiario le pagó a su abogada Leticia de la Hoz, por los "honorarios" de la defensa en el 'caso Mascarillas'. Según el digital de Inda, este dinero se pagó por los derechos de contenido audiovisual sobre Koldo.
Los socialistas ven delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias en el presunto soborno al exasesor de Ábalos para que lanzara sospechas sobre Sánchez y su entorno Un tribunal condena a Alvise y a Okdiario por difundir “información sin contrastar” sobre un falso terrorista magrebí El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el pago de la defensa de Koldo García por parte de Okdiario pudiera tratarse en realidad de un intento de soborno para que el exasesor de José Luis Ábalos declarara falsedades ante los tribunales que pudieran implicar en delitos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. Los socialistas consideran que estas presuntas prácticas, en las que el propio García involucró al abogado del PP, Alberto Durán , podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la representación del PSOE denuncia a Durán, el Partido Popular, el director de Okdiario, Eduardo Inda, y la empresa editora de ese medio Dos Mil Palabras, S. L. que fue la que fue la que pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendió a Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo por el conocido como caso Mascarillas. El PSOE, en su texto, da credibilidad a las declaraciones efectuadas desde la cárcel por Koldo García. Y pide la declaración como querellados de Durán, Inda y los representantes legales tanto del PP como de la editora de Okdiario, que Koldo García sea llamado a declarar como testigo y el volcado de los móviles de todos ellos. Asimismo, solicita que “se acuerde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analice las comunicaciones existentes entre los denunciados en el periodo comprendido entre abril de 2025 a septiembre de 2026 para la emisión de informe correspondiente”. Además, pide un requerimiento a la Agencia Tributaria para que “emita informe sobre la corrección y deducibilidad contable del desembolso de 242.000 euros soportado por la editora bajo el concepto de minuta defensiva letrada de un tercero por motivos ajenos a la actividad propia de la empresa que constituye su objeto social”. La denuncia recuerda que el 29 de octubre se conoció “a través de los medios de comunicación”, entre ellos elDiario.es , “que los honorarios de la letrada de Koldo García Izaguirre por los servicios a este, Leticia de la Hoz Calvo, fueron abonados por la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., editora de Okdiario”. Hasta su renuncia, el pasado martes, De la Hoz fue la abogada de Koldo García tanto en el juicio del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas –por el que terminó condenado a prisión–, como en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Además, el PSOE recuerda que De la Hoz coincidió en esas causas “con la representación del Sr. Duran como letrado de la acusación popular unificada en el Partido Popular”. Un “ropaje de legalidad” en las facturas En las facturas publicadas, “quien aparece como pagador y realizaba las transferencias es la sociedad Dos Mil Palabras, S.L., editora del diario digital Okdiario, por las que se constata que dicha sociedad abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants, por honorarios correspondientes a los servicios de Leticia de la Hoz, correspondientes a los procedimientos donde representaba a Koldo García”. El PSOE considera que a pesar de que Okdiario sostiene que ese desembolso se hizo para la publicación de un libro y la realización de una docuserie, “del contraste con las facturas hechas públicas de los honorarios de Koldo cobrados por Leticia de la Hoz podría evidenciarse una maniobra de simulación negocial”. Así, el abogado de los socialistas apunta a que “el contrato mercantil aparece fechado el 26 de noviembre de 2025, esto es, justo el día antes de realizarse el primer pago que concretaba los términos del acuerdo de retribución e interferencia procesal acordado entre el abogado de la acusación popular del Partido Popular (D. Alberto Durán), el director de Okdiario (D. Eduardo Inda) y D. Koldo García, según este en los audios conocidos, y que vino acompañado de una entrevista el día siguiente”. “La confección del contrato en esa fecha exacta no respondería a una negociación editorial real, sino a la necesidad apremiante de fabricar un 'ropaje de legalidad' que sirviera de tapadera a la causa ilícita pactada previamente y al pago que se iba a realizar”, añade la denuncia. “Si la causa hubiera sido la real adquisición de derechos a Koldo García, el dinero de la contraprestación editorial debería haberse abonado a este en su condición de cedente. Sin embargo, la abogada defensora no le factura a su cliente Koldo García, sino que emite las facturas (de 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026) directamente a la mercantil Dos Mil Palabras, S.L., bajo el concepto inequívoco de 'Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García'”, apunta el PSOE en su escrito. “Es decir, la editorial no le paga a Koldo García por unos derechos de autor inexistentes, sino que paga directamente la factura del despacho de abogados que ejerce la defensa letrada de Koldo García, asumiendo una minuta penal ajena”. “Esta quiebra entre los sujetos del contrato simulado (OKDIARIO-Koldo) y los sujetos del pago efectivo (OKDIARIO-Despacho letrada) probaría de manera incontrovertible que el contrato del 26 de noviembre de 2025 es un mero artificio o negocio simulado, ideado para encubrir una posible entrega de dádivas e inmunidad procesal”, concluye. Los audios de Koldo desde prisión El 5 de noviembre de 2026, “apenas unos días después de desvelarse quien se había hecho cargo de abonar las citadas facturas de la letrada Dña. Leticia de la Hoz”, el PSOE recoge cómo la Cadena Ser [también elDiario.es] difundió unos audios que habría enviado Koldo García desde la cárcel. En uno de ellos afirmó lo siguiente: “En una reunión que mantuve con el Señor Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros a cambio de declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno, claro está, al presidente, muy especialmente a su mujer, al expresidente Zapatero y a alguno más, aun mintiendo”. Además, según la información publicada, Koldo García “sitúa dos reuniones con el Sr. Durán en mayo de 2025, en un despacho de Madrid próximo a la sede del Partido Popular en la calle Génova, afirmando que el pago se canalizaría a través del Sr. Inda y de su empresa Dos Mil Palabras, S. L., editora del periódico digital Okdiario, con quien también se habría reunido, y que parte del importe se justificaría como derechos de un libro, a lo que el Sr. Inda le habría dicho que recuperaría el dinero mediante la publicidad institucional contratada por administraciones gobernadas por el Partido Popular”. También recoge la denuncia las declaraciones de Koldo García asegurando que con posterioridad a la reunión o reuniones con Alberto Durán “mantuvo un almuerzo con el Sr. Inda, en su casa, 'para coordinar el acuerdo económico' y acordar el contenido de la entrevista que se le iba a hacer, y que lo previsto era que ese contenido se transformara después en una declaración ante la autoridad judicial”. “En el desarrollo del plan descrito, Koldo García sitúa también la recepción de advertencias sobre el eventual ingreso en prisión de su pareja y de su hermano, y las consecuencias que ello tendría para su hija. El ofrecimiento de beneficios económicos y procesales aparece así acompañado, en su relato, de presiones referidas a su entorno familiar”, añade. En los audios Koldo García señala que el Inda le manifestó, literalmente: “Inda me dijo que el dinero que iba a adelantar se lo devolverían en pagos de publicidad institucional procedente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP”. La denuncia prosigue: “Lo cierto es que el 27 de noviembre de 2025, en la misma fecha en que se factura y se abona el primer pago de los honorarios de la Abogada de Koldo García por Dos Mil Palabras, Okdiario, a través de su página de Facebook, publicó una entrevista a Koldo García, titulada Koldo García tira de la manta en EXCLUSIVA con Eduardo Inda . Y sobre la que se anunciaba: El ex asesor de José Luis Ábalos ha decidido por primera vez y en exclusiva para Okdiario hablar sin tapujos de las miserias, la corrupción y los escándalos que asolan al sanchismo. Con nombres y apellidos y a punto de que un juez decida su ingreso o no en prisión”. En relación con esta entrevista, Koldo, en otros audios publicados el 5 de noviembre de 2026 por elDiario.es, ratificó esa versión y precisó que el pago de su defensa “se llevó a cabo gracias a la entrevista” concedida a Inda. Supuesta reunión con Tellado El PSOE también cita un informe de la UCO de 5 de febrero de 2024 en el que se señalaba que “sobre la base de intervenciones telefónicas y conversaciones de móvil entre Koldo García y un tercero”, el 2 de diciembre de 2023 el exasesor de Ábalos “habría quedado con 'Miguel' y 'Alberto'”, y que el 9 de enero de 2024 “afirmaría haber quedado 'a las 10:15h en Génova', referencia que la UCO considera que 'pudiera' aludir a la sede del Partido Popular. En el citado informe por parte de la UCO se identifica la persona denominada ”Miguel“ como ”Miguel Tellado“, actual secretario general del PP. Y los socialistas añaden: ”Después de conocidas las últimas informaciones es lógico inferir que el 'Alberto' mencionado podría ser D. Alberto Durán, letrado del Partido Popular, y que 'Miguel' es D. Miguel Tellado“. “El pasado 9 de noviembre de 2026 una máxima responsable del Partido Popular, Cuca Gamarra, a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni donde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cual fue su objeto”, apunta la denuncia, que concluye que Koldo ha sostenido desde la cárcel “que se habría reunido con el letrado del Partido Popular, Alberto Durán, y este último le planteó una rebaja en la petición de pena en la causa abierta en el Tribunal Supremo, que plantearía la acusación popular unificada que lideraba el PP, a través de él mismo; dejar fuera de la causa a su expareja Patricia Úriz y a su hermano, Joseba García Izaguirre, y el pago de su defensa, más un millón de euros”. También cita “unos nuevos audios conocidos el 10 de noviembre a través de la Séptima, enviados al periodista Javier Ruiz desde la prisión”, en los que “Koldo García menciona en relación a sus conversaciones con el Sr. Inda al fiscal Jefe Anticorrupción, Sr. Luzón, y nuevos hechos”. “En estos nuevos audios Koldo García relata que tuvo que grabar una segunda entrevista con el director de Okdiario, Eduardo Inda, porque el contenido de la primera no convencía. Y que en esta segunda entrevista es cuando Inda le transmitió la siguiente advertencia vinculada al fiscal jefe Anticorrupción: ”Esto a Luzón no le vale. Si no sois más explícitos, vais a prisión“. La denuncia recoge, asimismo, que la inversión publicitaria institucional de las comunidades y administraciones gobernadas por el PP a Okdiario en el periodo 2020-2025 “cubren sobradamente el abono y el ofrecimiento revelado” a Koldo García. Así, entre 2017 y 2026, administraciones públicas han pagado a la editora de Okdiario al menos 1.660.880,40 euros en contratos (con IVA) y 3.518.199,51 euros en publicidad institucional (sin IVA), todo ello según fuentes oficiales (Plataforma de Contratación del Sector Público, portales de transparencia autonómicos y municipales, datos abiertos, BDNS y BOCM). Feijóo niega la reunión entre Koldo y el abogado del PP Precisamente este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondía al youtuber Jordi Wild también sobre esa supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García. El dirigente popular la ha negado. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo .
Abre esta vía tras sorprender la Guardia Civil por tercera vez estos bombeos en uso y sin permiso "haciendo caso omiso" a la resolución del propio juez, que ha rechazado los recursos de la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa que investigaba un delito contra el medio ambiente La Casa de Alba volvió a poner en marcha por su cuenta sus pozos dos meses antes de que el juez le diese permiso para ello La decisión de la Casa de Alba de poner en funcionamiento por su cuenta sus pozos clausurados sin tener todavía el correspondiente permiso del juez ha derivado en una nueva actuación judicial. El magistrado que ha instruido la causa penal por un posible delito contra el medio ambiente por estas captaciones sin licencia, que archivó hace dos meses al apreciar sólo irregularidades administrativas, ha decidido abrir una causa al margen –que será otro juez el que decida si cristaliza o no– por unos bombeos que es la tercera vez que son sorprendidos funcionando sin permiso. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor, que ha investigado el caso de estos nueve pozos sin licencia , ha decidido deducir testimonio de las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, que cuando en septiembre fue a desprecintarlos se encontró con que la propiedad los había puesto en marcha dos meses antes tras romper los sellos judiciales. Por ello, el juez considera que podemos estar ante un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de medida cautelar. El magistrado apunta que, “visto que se informa y se documenta gráficamente” por la Guardia Civil que estos bombeos se encontraban en funcionamiento “haciendo caso omiso” a la resolución judicial, da este paso ante el que la parte acusada puede presentar recurso. Lo siguiente será remitir esta causa al Decanato para su reparto al juzgado que corresponda, cuyo titular será el encargado de investigar el caso y concluir si considera que hay delito. El 'teórico' desprecinto El instituto armado acudió el pasado 22 de septiembre a la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana. El agente al mando apuntó en su informe, no sin sorna, que ese día “se procedió al teórico desprecinto de todos y cada uno de los pozos”. “Y digo teórico porque todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses”, tal y como reconoció el encargado. La hacienda está gestionada por Eurotécnica Agraria, una empresa de la propia Casa de Alba cuyo consejo de administración integran los hermanos Martínez de Irujo a excepción del actual duque de Alba. El apoderado de la compañía alegó que habían decidido reabrir las captaciones al entender que ya estaban autorizadas , después de que el pasado mes de mayo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizó el cambio del sistema de regadío de la finca. Esto, en la práctica, implica la regularización de unos pozos que han funcionado sin licencia y “despilfarrando” agua, según la propia Confederación, que tiene abierto un procedimiento sancionador por vía administrativa por estos hechos. Además, la propiedad es reincidente en el marco de una causa judicial que se abrió en 2023 tras denunciarse que estas captaciones llevaban una década extrayendo sin permiso. El juez levantó después el precinto pero con la advertencia expresa de que no podían usarse, lo que cayó en saco roto porque pocos meses después (a finales de 2024) fueron otra vez descubiertos a pleno rendimiento. Es decir, que estaríamos ante la tercera ocasión en la que la Casa de Alba ha estado sacando agua sin permiso. Desestima los recursos por el archivo del caso Mientras se sustancia o no esta nueva vía judicial, el propio magistrado firmó días antes un auto por el que desestimaba los recursos presentados por la Fiscalía de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción en contra del archivo de la causa principal. En él, admite que estamos ante “extracciones no autorizadas”, pero se reafirma en su conclusión de que estamos ante “una infracción de tipo administrativo”, en línea con lo argumentado por la defensa de la Casa de Alba . El juez recuerda que alrededor de Aljóbar hay otras fincas con derechos de riego mucho más elevados, por lo que los propios informes de la Confederación del Guadalquivir reconocen que no se puede culpar en solitario a la propiedad de los Alba del descenso que ha sufrido el acuífero del que extraen, el Aljarafe Sur. “La conclusión no puede ser otra”, apostilla. Ante esta decisión cabe todavía recurso de apelación ante la Audiencia, que fuentes del caso calculan que puede tardar hasta un año en pronunciarse. Durante la investigación, la Fiscalía ha mantenido que en Aljóbar se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural”. La Guardia Civil calculó que Eurotécnica Agraria extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante más de una década, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.
El Ministerio Público encuadra el préstamo para el pago de un local y un aparcamiento a la pareja del exministro, Andrea de la Torre, en ese sistema de comisiones por amaños de adjudicaciones de obra pública Cristian Corvillo, el desconocido que se subió al escenario con Sánchez y acabó como mano derecha de Ábalos en Andalucía La Fiscalía Anticorrupción considera que Cristian Corvillo, persona vinculada al PSOE de Córdoba, pudo facilitar o intermediar en la entrega de dinero en efectivo que el comisionista Víctor de Aldama hacía llegar al exministro José Luis Ábalos. En el informe previo a las entradas y registros que se llevaron a cabo la semana pasada y que volvieron a afectar al domicilio de Ábalos, el Ministerio Público señala que en las conversaciones de la presunta trama investigada, “expresiones como 'fotocopias' y 'bolígrafos' tendrían un mismo significado: dinero en efectivo”. Tras el levantamiento del secreto de esta pieza separada, dedicada a analizar la figura de Corvillo, el fiscal explica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que, tras el análisis progresivo de lo incautado en febrero de 2024 (cuando estalló el caso Koldo) se ha podido profundizar en ese papel de Corvillo para la canalización de fondos al entorno de Ábalos “en un contexto marcado por el cobro de cantidades adeudadas por empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos”. En concreto, detalla que éste investigado “habría hecho llegar fondos al entorno de Ábalos a través de una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona” y todo en un contexto en el que el exministro “había manifestado tener falta de liquidez y buscaba financiación para que su entonces pareja, Andrea de la Torre adquiriera un inmueble”. Detalla el informe del fiscal que el 19 de abril de 2024, la pareja de Ábalos adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros (un local de uso industrial ubicado en la calle Cerro del Murmullo, de Madrid, y una plaza de aparcamiento en ese mismo edificio). Explica la UCO que esa compra se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose el pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria. Frente a esta tesis, fuentes de la defensa de De la Torre señalan que sí hubo una hipoteca pero que fue cancelada gracias a un préstamo en el que intervino Corvillo. Para la Fiscalía y para la UCO, la realidad es otra. Indican que el 12 de febrero de 2024, Andrea de la Torre recibió una trasferencia de 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander en concepto 'préstamo' y que el origen del dinero estaba en una cuenta de Portugal titulada por la mercantil Esperança Colossal, sociedad administrada por un tercero que además titulaba otra sociedad española denominada Deplan-Works SL. “Del análisis de los mensajes intercambiados entre Corvillo y Aldama se colige que ambas sociedades se encontrarían bajo el control de Corvillo”, indica el fiscal del caso. El papel de Corvillo habría ganado peso como “mediador” entre la dupla Ábalos-Koldo y el comisionista Aldama en el momento en el que la relación entre ellos empezó a deteriorarse. “Corvillo habría actuado como vía de acceso al ámbito de influencia de Ábalos”, destaca. Y el fiscal añade que constan mensajes entre Aldama y Corvillo en los que hablan de las gestiones encargadas a Ábalos, que era utilizado por su capacidad de influencia dentro del Gobierno. Como ejemplo destaca una gestión del exministro ante la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, a cuenta de una solicitud de nacionalidad de un cardiólogo norteamericano. Y constan los mensajes de Ábalos intercambiados con Reyes Maroto. Por otro lado, el informe apunta que hay indicios de que Corvillo se habría hecho con una vivienda como “contraprestación en especie” por su participación en las actividades de la organización criminal investigada. La vivienda en cuestión se denominaba 'Casa de Celia Cruz' y fue adquirida gracias a transferencias desde sociedades portuguesas vinculadas a Aldama (como Atmosfera Audaz Unipessoal LDA) . El precio de la compraventa fue de 399.900 euros. La UCO ha podido documentar pagos por valor de 245.498 euros. La Fiscalía señala, además, que Corvillo utilizó a terceras personas para ocultar su participación en determinadas operaciones. De hecho, cree que pudo utilizar de pantalla a su propio hermano para actividades vinculadas a Aldama. Además, explica que este militante y empresario cordobés se habría valido de Koldo García “para influir en licitaciones convocadas por organismos dependientes de ese Ministerio de Transportes, en particular,por ADIF y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre”. En este sentido, destaca que tenía relación con empresas del sector como la UTE conformada por Construcciones Sevilla Nevada y Azvi. Esa UTE fue adjudicataria de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, del acceso a Mérida, del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara. También tuvo relación con la UTE de Aquaterra Servicios Infraestrcuturas y Servicios Técnicos Napal, que se adjudicó el contrato de servicios para la conservación y explotación de la autopista AP7 (Cartagena – Vera). A esto, suma que Corvillo también pudo influir en la adjudicación a la empresa Limpiezas Castilla de Salamanca SL (del Grupo Limcasa) del contrato para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias del edificio de ADIF, situado en la calle Méndez Álvaro nº 1 de Madrid. Interlocución con Pedro Sánchez Si bien el informe del fiscal obvia alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los posibles vínculos con la trama del PSOE, los dos informes de la UCO a los que también ha accedido elDiario.es sí mencionan que se ha localizado una conversación entre Corvillo y Aldama en la que el primero refiere que mantiene una interlocución directa con el secretario general del partido. Siempre según mensajes del propio Corvillo, el 19 de abril de 2023 indicó a Aldama que al día siguiente el presidente iría a Córdoba y mantendría una reunión privada con él. “Me ha llamado Óscar López”, indicó. Al día siguiente, este militante explicaba a Aldama cómo se había desarrollado la reunión que se habría extendido por 35 minutos. La valoró como “muy positiva al señalar que había ido 'de lujo lujo'”. Y precisó que el motivo del encuentro había sido hablar del 'jefe', término utilizado para referirse a Ábalos por la trama investigada.
Esta es la segunda vez que se acusa a Irán como posible culpable de los ataques informáticos contra las cámaras frigoríficas de supermercados en varios países europeos tras el anuncio de la Fiscalía francesa de la apertura de una investigación La justicia francesa investiga a un grupo iraní como presunto responsable de los hackeos contra supermercados europeos El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, ha asegurado este jueves que los servicios de seguridad de su país disponen de indicios que relacionan los ciberataques contra instalaciones frigoríficas de supermercados con un grupo de piratas informáticos vinculados a Irán, según informa el diario belga Le Soir. Esta es la segunda vez que se señala a Irán como posible culpable de los ataques informáticos contra las cámaras frigoríficas de supermercados en varios países europeos. La Fiscalía de París anunció esta semana que abría una investigación para averiguar si los hackeos contra las cámaras frigoríficas del pasado 11 de octubre son obra del grupo iraní Shahid Kaveh, unidad digital de las fuerzas revolucionarias de Teherán. En el punto de mira de la investigación están los dirigentes de ese grupo, pero también “cualquier otra persona que pueda ser identificada”, señaló la Fiscalía en un comunicado. “En Bélgica también, los servicios de seguridad señalan la existencia de indicios que apuntan a posibles vínculos con actores iraníes conocidos. La Fiscalía Federal está examinando estos indicios más detenidamente. Nos tomamos estos ciberataques muy en serio y estamos movilizando todos los medios necesarios para evaluar la amenaza”, ha explicado el ministro belga de Interior. Quintin ha explicado que su Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores va a respaldar la solicitud de Francia de imponer nuevas sanciones europeas a Teherán. “Irán ha atacado a Francia, quizá también a Bélgica. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Nuestro país debe respaldar sin ambigüedades la petición de imponer sanciones europeas contra los países que llevan a cabo ciberataques en nuestro territorio”, ha comentado el ministro belga. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció que el próximo lunes la UE podría adoptar una respuesta “contundente” contra Irán si se confirma su responsabilidad en los ciberataques. “Los ciberataques que se están produciendo en Europa, si también se atribuyen a determinados responsables, deben recibir una respuesta contundente”, afirmó Kallas. La alta responsable de Exteriores advirtió de que los ataques informáticos forman parte de un conjunto más amplio de tácticas utilizadas por los adversarios de Europa y defendió una mayor cooperación para responder a estas amenazas. La UE designó a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista a principios de este año, debido a la represión de las protestas políticas que se produjeron en el país, aunque ya había sancionado a varios miembros de su dirección .
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato , ha encargado a la fiscal de Sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente , que investigue los posibles delitos de elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y de corrupción de menores en TikTok. Así lo ha informado la Fiscalía General del Estado, que sitúa el origen de las pesquisas en la denuncia presentada por Maldita.es ante su Unidad de Criminalidad Informática. Los denunciantes comparecieron el 11 de noviembre ante la fiscal Tejada para ratificar la denuncia y entregar el material probatorio, que será objeto “de inmediato análisis y valoración ”, según el Ministerio Público. La denuncia describe la venta y difusión de este material en la red social, la recomendación de contenidos similares y la emisión en directo de imágenes de menores a cambio de dinero. Las investigaciones de Maldita.es han detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que suman más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este material, más de 7.000 de ellos en español. También han localizado 780 cuentas que usan la plataforma para captar compradores, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en las que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés. En paralelo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado actuaciones tras recibir una comunicación formal del Ministerio de Juventud e Infancia . El Gobierno había pedido a la Agencia que paralizara de forma excepcional los servicios de TikTok en España, pero el organismo ha aclarado que no tiene competencias para decretar el cierre de la plataforma. Lo que sí hará es pedir a Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su verificación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos, y requerir a TikTok información concreta sobre lo que está haciendo para retirar esos contenidos. Una vez analizada esa información, ordenará el bloqueo del acceso a esos enlaces , una medida que define como “concreta, proporcionada y adecuada”. La Agencia recuerda que investigar los hechos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a los jueces, que son también “la sede natural” para acordar la retirada de contenidos penalmente ilícitos o restringir el acceso a un servicio. Además, como TikTok tiene su establecimiento principal europeo en Irlanda, la autoridad que la supervisa es la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC), y la AEPD solo puede intervenir en supuestos “tasados y excepcionales” , como el procedimiento de urgencia. Por eso trasladará la información a la autoridad irlandesa, a las demás autoridades europeas y a la Comisión Europea, competente en el Reglamento de Servicios Digitales. TikTok ha eliminado parte de los vídeos denunciados y ha restringido dos de los términos de búsqueda que la investigación identificó como vía de acceso al material. Sin embargo, Maldita.es denunció el martes que el resto de términos siguen funcionando como antes, pese a haber sido reportados , y que en tres horas de búsqueda localizó otras 100 publicaciones de abuso sexual infantil, que también entregará a la Fiscalía. Según la fundación, no necesitó “ninguna herramienta secreta”: el buscador y el algoritmo de la plataforma la llevaron directamente a ese contenido. Una de las últimas entregas de la investigación de Maldita.es se centra en el ‘Team 94’, una comunidad de más de 2.000 usuarios que busca y ofrece material de abuso de bebés y niños muy pequeños . Toma su nombre de Matthew Estes, condenado en Estados Unidos en 2025 a 60 años de prisión por violar a un bebé de 16 meses, grabarlo y distribuirlo. Maldita.es localizó 39 vídeos e imágenes de menores que probablemente son víctimas de abusos, con más de un millón de visualizaciones, y más de 2.000 comentarios potencialmente pederastas, la mayoría en español. Al contactar con miembros del grupo, varios aseguraron tener material grabado con menores de su familia; uno, que se presentó como padre, se ofreció a abusar de su hijo en directo por videollamada. El 7 de octubre, el medio detectó además un directo en TikTok en el que se emitió una de las violaciones de Estes . Seis días después, la cuenta seguía activa.
La reunión que el Partido Popular aseguró que nunca había existido entre su abogado, Alberto Durán, y el exasesor de José Luis Ábalos , Koldo García, sí se produjo. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra , se vio obligada a reconocerlo ante los medios este lunes, cuatro días después de que la portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, negara expresamente que se hubiera celebrado ningún encuentro. La rectificación, sin embargo, no ha venido acompañada de explicaciones. Génova mantiene, eso sí, que es falso que su abogado ofreciera al exasesor un millón de euros, el pago de su defensa y ventajas judiciales a cambio de declaraciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. Una revelación que se produce después de que se conociera que la empresa editora de OkDiario , Dos Mil Palabras SL, fue la que pagó la defensa de Koldo García. Fueron, en total, 242.000 euros. Los hechos constan en los documentos que la abogada Leticia de la Hoz —que este martes ha renunciado a la defensa de García— aportó al caso Leire . IDBO Consultants, la consultora para la que trabaja, facturó a la editora 181.500 euros el 27 de noviembre de 2025 en concepto de asesoramiento jurídico y procedimientos. El 23 de enero de 2026 llegó una segunda transferencia, esta vez de 60.500 euros. Ese mismo día, el digital publicó el vídeo en el que el exasesor preparaba la maleta con la que ingresó en Soto del Real y empezó a difundir la entrevista que le hizo Eduardo Inda, fundador y director de OkDiario. En ella, García lanzó acusaciones contra el entorno del presidente del Gobierno, entre ellas, sobre la financiación de las primarias de Pedro Sánchez y sobre un supuesto hallazgo de armas en la sede socialista de Ferraz. Muchas de ellas se han demostrado después falsas, engañosas o no acreditadas en las investigaciones judiciales . El Supremo lo condenó en junio de 2026 a 19 años y ocho meses de prisión. Inda sostiene, por el contrario, que el dinero responde a un acuerdo para explotar la historia de Koldo en diferentes formatos. De la Hoz presentó hace solo unos días los papeles que acreditan que no fue la formación socialista, sino Dos Mil Palabras SL, quien se hizo cargo de la defensa de García. En los meses previos, la abogada había intentado que el instructor, Santiago Pedraz, le pidiera formalmente las facturas sobre ese encargo para poder desvincularlo del PSOE . Una tesis que había abonado el PP de Feijóo en numerosas ocasiones durante el juicio. Ahora, no obstante, desde el PP señalan que se trata de una “transacción privada” entre la empresa de Inda y el exasesor de Ábalos. Este martes, García ha pedido a Inda que enseñe no solo extractos, sino también el contrato “íntegro” que esa cabecera sostiene que él mismo habría firmado con el digital a cambio de colaborar en podcasts, docuseries y otros contenidos. Y también ha interpelado directamente a Durán: “Escucho por ahí que ponen en duda si hubo reunión o no (...), propongo lo siguiente: le pueden preguntar al abogado del PP si las palabras fueron 'del tema económico, de cómo pagarte se encarga Inda, ya encontrará la fórmula para poderte pagar '”, afirma en el audio adelantado por Mañaneros 360 . El pasado 5 de noviembre, la Cadena SER publicó un audio en el que Koldo García aseguraba que Alberto Durán le había planteado un acuerdo para perjudicar al Gobierno. Según su versión, los dos mantuvieron dos reuniones en mayo de 2025 en un despacho de Madrid próximo a la sede nacional del PP. El primero de los encuentros habría servido para explorar un posible entendimiento y en el segundo se habrían abordado sus condiciones . El propio Koldo describió así el supuesto ofrecimiento: "En una reunión que mantuve con el señor Alberto Durán, este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros. A cambio de declaraciones en contra de personas relevantes del Gobierno : del presidente, de su mujer, del expresidente Zapatero y alguno más. Aún mintiendo ". Tanto el PP como Durán sostienen que es "absolutamente falso" lo que ahora cuenta el exasesor de Ábalos. La portavoz parlamentaria fue tajante el pasado viernes: "Está mintiendo, le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión ". También atribuyó la publicación de la información a una maniobra política relacionada con el registro que practicaba ese mismo día la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en un inmueble de Ábalos . Para la portavoz, la coincidencia no era casual. Sin embargo, García asegura tener pruebas. "Yo daré el remate final", lanzó desde la cárcel en plena precampaña electoral. García lleva tiempo trasladando a su entorno que tiene en su poder una grabación que demostraría que Génova puso el dinero sobre la mesa y que se habría realizado antes de que De la Hoz asumiera su defensa. Un audio del que todo el mundo habla pero que, de existir, por el momento todavía no ha trascendido. Cuatro días después, Gamarra admitió que la reunión sí existió, pero no dio más detalles. Se limitó a asegurar que el partido ya había ofrecido todas las explicaciones pertinentes. Tampoco aclaró por qué Muñoz había negado de forma tan categórica el encuentro. El propio Feijóo aseguró este lunes que " en nombre del PP" no se había ofrecido dinero a nadie y desde su entorno añadieron que, si hubiera sido así, el exasesor de Ábalos lo hubiera aceptado y que, además, un condenado por corrupción no tenía credibilidad alguna. La primera transferencia se realizó el mismo día en que Okdiario publicó una extensa entrevista de Eduardo Inda a Koldo García, entonces a las puertas de su ingreso en prisión provisional. En ella, el antiguo asesor aseguraba haber escuchado a Sánchez hablar de una aportación de 100.000 euros de su suegro a las primarias socialistas de 201 7 y también denunciaba un presunto fraccionamiento de donaciones mediante ingresos efectuados por inmigrantes. No probó documentalmente nada. Las declaraciones encontraron una rápida respuesta en el PP. Ester Muñoz, Alicia García y Miguel Tellado difundieron mensajes en sus redes sociales cuestionando la financiación de las primarias y dando relevancia política al testimonio. “A Koldo sí le consta que el suegro de Pedro Sánchez donó para sus primarias. Unas primarias amañadas. No les corrompió el poder, venían así de casa”, escribió Muñoz en X a las 8.57 horas, dando por ciertas las acusaciones del exasesor de Ábalos. Después fue el turno de García, portavoz en el Senado, a las 9.11. En otro post, aseguró que el presidente del Gobierno “llegó al poder haciendo trampa y con donaciones de su suegro”, adjuntando para refrendarlo la entrevista de García con Inda. También Tellado concedió una entrevista a La Mirada Crítica , de Telecinco, utilizando las acusaciones de Koldo García como la prueba definitiva de que Sánchez “era el uno” de la trama. En aquel momento, el PP daba credibilidad a sus afirmaciones. Ahora, cuando es el exasesor quien señala al abogado del PP, Génova desprecia su testimonio y sostiene que forma parte de una operación política contra la oposición . La posición de Alberto Durán dentro del PP añade otro elemento a la cronología. El 19 de septiembre trascendió que el partido le había apartado de la dirección de sus procedimientos judiciales más relevantes y mediáticos. Según avanzó Artículo14 , seguía vinculado al equipo jurídico , aunque los grandes pleitos iban a pasar a estar dirigidos por el penalista Henry Feltenstein. La dirección del PP atribuyó la decisión a una reorganización y a la necesidad de reforzar un equipo que había tenido que afrontar simultáneamente numerosos procedimientos, aunque el citado diario hablaba de desavenencias con Gamarra. El 21 de septiembre, elDiario.es reveló que el cambio venía gestándose desde julio, aunque no se comunicó al resto de las acusaciones populares hasta más tarde . Precisamente el 14 de julio, De la Hoz compareció como investigada ante el juez Santiago Pedraz en el denominado caso Leire . Durante su interrogatorio, la letrada negó tajantemente que el PSOE hubiese pagado la defensa de Koldo García, ni directa ni indirectamente. Pero fue más allá. Ante la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción para conocer quién abonaba sus honorarios, advirtió de que conocer la identidad del pagador supondría una "sorpresa muy grande ". La abogada alegó entonces que el secreto profesional le impedía revelar ese dato sin la correspondiente autorización. Dos meses después, el 18 de septiembre, De la Hoz volvió a abordar esta cuestión en un escrito de alegaciones presentado ante Pedraz. En él cuestionaba la interpretación que la Fiscalía había realizado de su declaración y reiteraba su disposición a aportar las facturas que acreditaban quién había pagado su trabajo. Según argumentaba, necesitaba que se le dispensara del secreto profesional para poder facilitar esa documentación y defenderse de las sospechas que apuntaban a una supuesta financiación de sus servicios por parte del PSOE . Finalmente, Pedraz le dio el visto bueno. Aunque el PP se desvincula de los pagos de la editora de Okdiario, en febrero de 2024 ya se vio salpicado, de forma inesperada, por un informe de la Guardia Civil que atribuyó a Koldo García haber asegurado en diciembre tener concertada una cita con Miguel Tellado y con “Alberto” para intentar que les ayudaran a conseguir que el Govern balear, ya en manos del PP, dejase de reclamar a la empresa que supuestamente le pagaba comisiones el dinero recibido de esta comunidad a cambio de unas mascarillas defectuosas. Un "Alberto" que podría referirse, precisamente, al abogado del PP.
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La fiscal general, Teresa Peramato, ha firmado el miércoles 11 de noviembre un decreto por el que encarga el caso a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada. Horas antes, el equipo de Maldita.es se había reunido con la fiscalía para ratificar la denuncia y entregar las pruebas recopiladas durante la investigación “TikTok, el hogar del pederasta” . The Attorney General’s Office has announced an investigation into the spread of child sexual abuse and the corruption of minors on TikTok, based on the complaint and evidence submitted by Fundación Maldita.es. The Attorney General, Teresa Peramato, signed a decree on Wednesday 11 November assigning the case to the Coordinating Chief Prosecutor for Cybercrime, Elvira Tejada. Hours earlier, the Maldita.es team had met with the Prosecutor’s Office to ratify the complaint and hand over the evidence gathered during the investigation “TikTok, home to predators” . La propia Fiscalía lo explica en su comunicado : “La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es”. El material aportado por Maldita.es “será objeto de inmediato análisis y valoración”, añade. The Attorney General’s Office explains it in its statement : “The investigation originates from the complaint filed with the Cybercrime Unit of the Attorney General’s Office by Maldita.es.” The material provided by Maldita.es “will be immediately analysed and assessed”, it adds. “Es una buena noticia que se investigue porque es inadmisible lo que está pasando. Nosotros hemos declarado hoy ante Fiscalía y entregado 1 terabyte con toda la evidencia recogida durante esta investigación, incluida la inacción de TikTok ante nuestras denuncias: no se trata de poner un parche, sino de arreglar un problema sistémico. Si TikTok no es capaz de cumplir sus propias normas, al menos que tenga que cumplir la ley”, declaró Clara Jiménez Cruz, CEO de la Fundación Maldita.es. “It is good news that this is being investigated, because what is happening is unacceptable. Today we gave evidence before the Prosecutor’s Office and handed over 1 terabyte with all the evidence gathered during this investigation, including TikTok’s inaction in response to our reports: this is not about applying a patch, but about fixing a systemic problem. If TikTok is unable to comply with its own rules, at least it should have to comply with the law,” said Clara Jiménez Cruz, CEO of Fundación Maldita.es. La fiscal Tejada investigará los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que se hayan podido cometer en TikTok. Prosecutor Tejada will investigate possible offences relating to the production and distribution of child sexual abuse content and the corruption of minors that may have been committed on TikTok. La denuncia de Maldita.es describe la publicación, difusión y venta de material de abuso sexual infantil en TikTok. También señala que la plataforma recomienda contenidos de esa misma naturaleza y que en ella se emiten en directo imágenes de menores a cambio de compensaciones económicas. The Maldita.es complaint describes the publication, distribution and sale of child sexual abuse material on TikTok. It also states that the platform recommends content of the same nature and that images of minors are livestreamed on it in exchange for financial rewards. Es lo que documentó la investigación , publicada el lunes 9 de noviembre: durante 35 días, Maldita.es localizó 1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito con 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que comentan y comparten ese material. De los 50 vídeos que denunció a través de los canales de TikTok, la plataforma solo retiró cinco. This is what the investigation , published on Monday 9 November, documented: over 35 days, Maldita.es found 1,183 videos of explicit child sexual abuse with 48 million views, and more than 26,000 profiles of potential predators who comment on and share that material. Of the 50 videos it reported through TikTok’s channels, the platform removed only five. La AEPD pide a Maldita.es los enlaces para ordenar su bloqueo The AEPD asks Maldita.es for the links in order to block them La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha reaccionado a la investigación después de que el Ministerio de Juventud e Infancia le reclamara la suspensión cautelar de la plataforma en España . En un comunicado , la AEPD “reconoce el valor del periodismo de investigación” para “sacar a la luz hechos de esta gravedad” y anuncia que ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. La primera es solicitar a la Fundación Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su trabajo de investigación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos de menores. The Spanish Data Protection Agency (AEPD) has also reacted to the investigation, after the Ministry of Youth and Childhood called on it to suspend the platform in Spain as an interim measure . In a statement , the AEPD “recognises the value of investigative journalism” in “bringing to light events of this seriousness” and announces that it has taken action within its remit. The first step is to ask Fundación Maldita.es for the list of links where, according to its investigative work, minors’ data is being unlawfully processed. Con esa información, la AEPD requerirá a TikTok que explique qué ha hecho para retirar los contenidos denunciados. Después ordenará el bloqueo del acceso a los enlaces y contenidos concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores. Además, trasladará toda la información a la autoridad de protección de datos de Irlanda, donde TikTok tiene su sede europea, al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales, según su propia publicación. With that information, the AEPD will require TikTok to explain what it has done to remove the reported content. It will then order access to be blocked to the specific links and content that involve the unlawful processing of minors’ data. It will also pass on all the information to the data protection authority in Ireland, where TikTok has its European headquarters, to the European Data Protection Board and to the European Commission, given its powers under the Digital Services Act, according to its own statement. TikTok no cumple sus propias normas de protección a los menores. ¿Cuánto más vamos a esperar? Ayúdanos a exigirle responsabilidades. TikTok doesn’t follow its own child protection rules. How much longer are we going to wait? Help us hold it to account. {{t.cadaCuanto}} {{t.unaVez}} {{t.pagoPuntual}} {{t.cadaMes}} {{t.apoyoContinuo}} {{t.cadaAnio}} {{t.cobroAnual}} {{t.cuanto}} {{a.tag}} {{a.txt}} {{a.unidad}} {{t.otraCantidad}} {{t.otraCantidadEuros}} € {{don.error}} {{don.texto}} {{don.texto}} {{t.pagoSeguro}} {{x.sep}} {{x.txt}} {{t.leer}} {{g.tit}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{imp.nuevaPestana}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{g.desc}} 1 {{imp.de}} {{g.nPag}} [EN PENDIENTE] {{t.avisoLargo}} {{imgText}}
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La fiscal general, Teresa Peramato, ha firmado el miércoles 11 de noviembre un decreto por el que encarga el caso a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada. Horas antes, el equipo de Maldita.es se había reunido con la fiscalía para ratificar la denuncia y entregar las pruebas recopiladas durante la investigación “TikTok, el hogar del pederasta” . The Attorney General’s Office has announced an investigation into the spread of child sexual abuse and the corruption of minors on TikTok, based on the complaint and evidence submitted by Fundación Maldita.es. The Attorney General, Teresa Peramato, signed a decree on Wednesday 11 November assigning the case to the Coordinating Chief Prosecutor for Cybercrime, Elvira Tejada. Hours earlier, the Maldita.es team had met with the Prosecutor’s Office to ratify the complaint and hand over the evidence gathered during the investigation “TikTok, home to predators” . La propia Fiscalía lo explica en su comunicado : “La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es”. El material aportado por Maldita.es “será objeto de inmediato análisis y valoración”, añade. The Attorney General’s Office explains it in its statement : “The investigation originates from the complaint filed with the Cybercrime Unit of the Attorney General’s Office by Maldita.es.” The material provided by Maldita.es “will be immediately analysed and assessed”, it adds. “Es una buena noticia que se investigue porque es inadmisible lo que está pasando. Nosotros hemos declarado hoy ante Fiscalía y entregado 1 terabyte con toda la evidencia recogida durante esta investigación, incluida la inacción de TikTok ante nuestras denuncias: no se trata de poner un parche, sino de arreglar un problema sistémico. Si TikTok no es capaz de cumplir sus propias normas, al menos que tenga que cumplir la ley”, declaró Clara Jiménez Cruz, CEO de la Fundación Maldita.es. “It is good news that this is being investigated, because what is happening is unacceptable. Today we gave evidence before the Prosecutor’s Office and handed over 1 terabyte with all the evidence gathered during this investigation, including TikTok’s inaction in response to our reports: this is not about applying a patch, but about fixing a systemic problem. If TikTok is unable to comply with its own rules, at least it should have to comply with the law,” said Clara Jiménez Cruz, CEO of Fundación Maldita.es. La fiscal Tejada investigará los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que se hayan podido cometer en TikTok. Prosecutor Tejada will investigate possible offences relating to the production and distribution of child sexual abuse content and the corruption of minors that may have been committed on TikTok. La denuncia de Maldita.es describe la publicación, difusión y venta de material de abuso sexual infantil en TikTok. También señala que la plataforma recomienda contenidos de esa misma naturaleza y que en ella se emiten en directo imágenes de menores a cambio de compensaciones económicas. The Maldita.es complaint describes the publication, distribution and sale of child sexual abuse material on TikTok. It also states that the platform recommends content of the same nature and that images of minors are livestreamed on it in exchange for financial rewards. Es lo que documentó la investigación , publicada el lunes 9 de noviembre: durante 35 días, Maldita.es localizó 1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito con 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que comentan y comparten ese material. De los 50 vídeos que denunció a través de los canales de TikTok, la plataforma solo retiró cinco. This is what the investigation , published on Monday 9 November, documented: over 35 days, Maldita.es found 1,183 videos of explicit child sexual abuse with 48 million views, and more than 26,000 profiles of potential predators who comment on and share that material. Of the 50 videos it reported through TikTok’s channels, the platform removed only five. La AEPD pide a Maldita.es los enlaces para ordenar su bloqueo The AEPD asks Maldita.es for the links in order to block them La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha reaccionado a la investigación después de que el Ministerio de Juventud e Infancia le reclamara la suspensión cautelar de la plataforma en España . En un comunicado , la AEPD “reconoce el valor del periodismo de investigación” para “sacar a la luz hechos de esta gravedad” y anuncia que ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. La primera es solicitar a la Fundación Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su trabajo de investigación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos de menores. The Spanish Data Protection Agency (AEPD) has also reacted to the investigation, after the Ministry of Youth and Childhood called on it to suspend the platform in Spain as an interim measure . In a statement , the AEPD “recognises the value of investigative journalism” in “bringing to light events of this seriousness” and announces that it has taken action within its remit. The first step is to ask Fundación Maldita.es for the list of links where, according to its investigative work, minors’ data is being unlawfully processed. Con esa información, la AEPD requerirá a TikTok que explique qué ha hecho para retirar los contenidos denunciados. Después ordenará el bloqueo del acceso a los enlaces y contenidos concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores. Además, trasladará toda la información a la autoridad de protección de datos de Irlanda, donde TikTok tiene su sede europea, al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales, según su propia publicación. With that information, the AEPD will require TikTok to explain what it has done to remove the reported content. 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El Ayuntamiento de Pepino, gobernado por Ignacio Díaz tras la moción de censura que acabó con el Gobierno del ‘popular’ Inocencio Gil en octubre de 2025, ha emitido un comunicado en el que asegura que la Fiscalía de Toledo ha abierto diligencias de investigación iniciadas a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo … La entrada La Fiscalía lleva a los tribunales las presuntas irregularidades denunciadas por el Ayuntamiento de Pepino contra el anterior alcalde se publicó primero en infoCLM .
La clave del éxito de TikTok reside en su algoritmo; ese software dedicado a dirigir al usuario al contenido que le gusta para mantenerle con los ojos bien pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Si te interesan los videojuegos o los vídeos motivacionales de gimnasio, tranquilo, un par de búsquedas y algún que otro 'like' y será lo que te encuentres cada vez que entres en la 'app'. El problema está en que esta situación es exactamente la misma si el internauta es un depredador de menores y emplea la plataforma como tal. O, al menos, eso es lo que sostiene 'Maldita' en las primeras entregas de una extensa investigación en la que muestra cómo la red social se ha convertido en «el hogar del pederasta» sin que la tecnológica haya hecho suficiente por remediarlo. A lo largo de 35 días, el equipo detrás del estudio comprobó cómo el propio algoritmo de TikTok dirige sin problema al usuario hacia material explícito de abuso sexual infantil. En ese tiempo, encontró más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. El objetivo de los que lo suben: para muchos, llamar la atención de los pedófilos y hacer negocio con el material a través de otras 'apps', como Telegram. ABC se ha puesto en contacto con varias personas que pasaron años trabajando como moderadores para la red social, en la que se publican diariamente unos 269 millones de vídeos, de acuerdo con otro estudio publicado en 2025 por la Universidad de Cornell. Un volumen gigantesco de contenido que es muy difícil de controlar para los equipos humanos de la 'app'. «Es imposible revisar toda la porquería que se sube. Nosotros trabajábamos 8 horas diarias y el número de contenido a revisar no paraba de subir. Siempre había trabajo que hacer. Además, lo que nosotros revisábamos no se había publicado el mismo día, siempre llevaba más tiempo disponible», señala uno de ellos. Para detectar contenido ilegal, entre este el relativo al abuso infantil, TikTok, como tantas otras redes sociales, recurre principalmente en la inteligencia artificial. En concreto, en modelos con capacidad para revisar todos los detalles que aparecen en una publicación: desde la imagen, hasta el sonido o el texto que aparece en pantalla. De acuerdo con los datos de la propia 'app', durante el primer semestre de 2026 sus sistemas automatizados fueron los encargados de actuar contra el 94,1 % del contenido que infringía las normas sin que se recurriera a la revisión humana. De lo que no hay datos públicos es de la cantidad de contenido que a la tecnología se le escapa. Porque la IA no es perfecta. Además, los criminales pueden ser muy originales para evitar que el sistema los detecte. «Recurren mucho a filtros que hacen que resulte muy complicado ver lo que está ocurriendo en escena hasta que el vídeo ha avanzado lo suficiente. Otros recortan los vídeos para que solo se pueda ver una parte, aunque si lo ves te puede quedar claro lo que está sucediendo», apunta uno de los exmoderadores. «También los hay que tratan de tapar el vídeo original con otros normales para engañar a la máquina. El problema es que nosotros solíamos trabajar sobre todo con el contenido que estaba reportado por otros usuarios o por la IA». Esta misma fuente señala que los vídeos de abuso sexual infantil son «relativamente habituales» dentro del contenido que los equipos de moderación revisan: «Quizá no tanto como los asesinatos o las mutilaciones, pero hay mucha gente que lo sigue, lo comparte y lo sube de nuevo cuando se elimina, de eso no hay duda». Maldita denunció una muestra de 50 vídeos de abuso sexual infantil por el canal que ofrece TikTok para estas cuestiones. Sin embargo, para finales de octubre, la compañía solo había retirado cinco de ellos -es decir, un 10%-, y había bloqueado el acceso a otros 13, pero solo en España. «Es algo aterrador», explica a este diario Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. En la investigación, el equipo también registró 78 directos en TikTok realizados por menores de edad que recibieron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos o en los que se solicitó la venta de material de abuso sexual infantil. De nuevo, el equipo denunció la situación ante la red social. En concreto, informó de 40 cuentas de menores que estaban haciendo directos en la plataforma, algo que no está permitido de acuerdo con las normas internas. Sin embargo, la red social respondió que «sólo dos de ellos (el 5%) incumplían sus reglas». «TikTok es una aplicación muy utilizada por los niños. No me sorprende nada que esto pase, porque llevamos años viendo cómo en redes sociales hay cosas que no deberían estar», dice Checa. El experto, no obstante, remarca la «gravedad de la falta de filtros de la empresa para evitarlo» y que «una vez que son detectados, la red social no retire el contenido, sancione o lo ponga en conocimiento de las autoridades». «Tienen responsabilidad moral de mantener limpia la plataforma. Si no tienen el control sobre lo que se publica, desde luego deberían tenerlo. Cada vez vale menos eso de que la culpa no es de las redes sociales, sino de los usuarios que las utilizan mal», prosigue. La solución a estos casos: «Que las autoridades les digan que desde el día de mañana no pueden seguir operando en España. Y que la sanción que se les va a imponer va a ser tan escalofriante que todos sus beneficios van a ir destinados a pagarla. Estamos viendo que es la única manera con esta empresas, se llamen TikTok, Meta o X». Pero no es tan fácil. Tras la publicación de la investigación, el Gobierno, a través del ministerio de Juventud e Infancia, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue si la aplicación está permitiendo que los pederastas utilicen sin ningún tipo de problema su plataforma para publicar este tipo de contenido. También dejó la puerta abierta a una posible paralización del servicio de la red social en España. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico tienen serias dudas de que este movimiento se llegue a concretar. «Lo que se debe hacer es perseguir a las cuentas que infringen la ley. No eliminar una plataforma que utilizan legalmente millones de usuarios afincados en España», explica Borja Adsuara, abogado especializado en asuntos digitales. El jurista destaca, además, que, en todo caso, es la Comisión Europea la que debe actuar contra TikTok, no el Gobierno de España: «Es la que tiene competencias sobre las redes sociales de gran tamaño. La Comisión -que, además, ya ha abierto expediente a TikTok por no adoptar las medidas adecuadas para proteger a la infancia- deberá realizar su propia investigación y meterle una multa de hasta el 6% de su facturación anual global, que es lo que marca la Ley de Servicios Digitales».
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
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