Ahora que se sabe la identidad de Alice Huang, también conocida como Huang Le, el Gobierno isleño aplicará la normativa para los casos en los que "pueda existir riesgo de perjuicio para los intereses nacionales, la seguridad pública o el interés público" Leer
Borja Carabante ha asegurado que en el consistorio "estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación" ante la futura reclamación de 20 millones de euros El Real Madrid pedirá al Ayuntamiento 20 millones por su gasto en el concurso ilegal de los aparcamientos del Bernabéu El Gobierno de Almeida cree que va a salir sin necesidad de indemnizar al Real Madrid en el caso de los aparcamientos que el club blanco empezó a construir y que la Justicia declaró ilegales por falta de interés público. El concejal de Movilidad, Borja Carabante, garantiza que el Ayuntamiento “no desembolsará ni un céntimo de euro” de la petición de 20 millones de euros que le hace el Real Madrid por los costes en los que había incurrido en el momento de la sentencia. Aunque el consistorio asegura que por el momento no ha recibido la reclamación de del Real Madrid, Carabante ha afirmado con rotundidad a los medios en un acto en Callao: “Lo que sí puedo decir y garantizar a los madrileños es que el Ayuntamiento no va a desembolsar ni solo un céntimo de euro en ese coste”. Carabante ha recordado que se ha renunciado al parking “más controvertido”, el situado bajo la calle Padre Damián, pero el de la Castellana “es importante”. El Ayuntamiento de Madrid insiste en la opción de aprovechar los trabajos ejecutados en esa zona para continuar con las obras: “Estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación, a petición de los vecinos, pero sí quiero recordar que después de esa sentencia hemos tenido reuniones con los vecinos y nos han pedido que se ejecute un aparcamiento con plazas para residentes en el la Paseo de la Castellana”, ha contestado a la prensa. La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu tumbó el concurso a medida que el área dirigida por Carabante adjudicó al Real Madrid en verano de 2023 después de que este le pidiera los dos aparcamientos como la guinda final para el recinto de eventos que había levantado en el Bernabéu. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público” , entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego por el Supremo . Ahora, el Ayuntamiento intenta negociar con la asociación demandante una solución que pase por terminar el aparcamiento de Castellana, pero aún no se ha anunciado ningún acuerdo. Carabante ha dicho hoy que “nos hemos comprometido con los vecinos en que, si el Ayuntamiento de Madrid efectivamente lleva a cabo ese parking, habrá plazas para residentes”. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. Si tú también quieres y puedes hacerlo, hazte socia, hazte socio y contribuye a sostener nuestro trabajo diario y a publicar exclusivas que cambien las cosas. Si ya tienes una suscripción, puedes hacer una aportación extra a la sección local de Madrid para apoyar las informaciones de proximidad, sobre lo que importa en el día a día de los habitantes de esta ciudad: para hacerlo, entra en el apartado de 'tu cuota' en tu perfil privado . Tu ayuda al periodismo local es importante.
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
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Durante su presentación como número 1 del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz, el ministro de Asuntos Exteriores , José Manuel Albares afirmó que había que «aprovechar el aeropuerto de Gibraltar para dinamizar la conectividad, el turismo y el desplazamiento de los ciudadanos» de la provincia de Cádiz . Estas declaraciones fueron duramente criticadas por el Partido Popular. La alcaldesa de Jerez y también cabeza de lista de los populares a la Cámara Baja, María José García-Pelayo declaró al respecto que «Ha llegado a la provincia y en su presentación dice, muy ancho y con muchísima pachorra: 'Voy a respaldar el aeropuerto de Gibraltar. Son el Gobierno que nos tiene a la provincia sin aviones, sin trenes, sin carreteras».En pleno inicio de campaña, parece que el PSOE de la provincia de Cádiz ha tirado de las orejas al ministro que, bien asesorado por su gabinete, ha realzado y ha destacado la importancia del aeropuerto de Jerez. José Manuel Albares, ha afirmado este viernes que una provincia como Cádiz «merece dos aeropuertos» , en referencia a los de Jerez de la Frontera y Gibraltar, resaltando además que el aeropuerto jerezano es «absolutamente fundamental para Cádiz y para España».A su juicio, ambas infraestructuras «suman», por lo que ha afeado que desde el PP «enfrenten a los gaditanos» de las comarcas de Jerez y del Campo de Gibraltar por apoyar el candidato del PSOE el impulso del aeropuerto de la colonia británica.En declaraciones a los medios durante un acto de inicio de campaña en Jerez, Albares ha apostado por «incrementar y potenciar» la conectividad del aeropuerto de Jerez «dentro y fuera de España», aunque sin perder de vista que «haya una oportunidad» con el de Peñón, que es «una reivindicación histórica del Campo de Gibraltar».Según ha dicho, para que Cádiz, «que es una provincia que mira hacia el exterior y proyecta a España, esté no solamente en el centro de España sino también en el centro de Europa, es necesario esos dos aeropuertos». «Uno no quita al otro», ha aseverado, añadiendo que lo quiere es «unir y potenciar» a la provincia, algo que «se consigue con dos aeropuertos».Siguiendo con esto, ha insistido en que el aeropuerto de Jerez es «indiscutible y fundamental, no solo para Cádiz, sino para toda España» , y que «hay que potenciar sus conexiones», aunque eso «no quita que tengamos que aprovechar esta oportunidad histórica, no solamente por el aeropuerto, sino para la inversión en el Campo de Gibraltar, para esos trabajadores transfronterizos y sus familias».«Entiendo que estamos en campaña electoral y que para ellos --PP-- todo vale, pero lo que sí les pediría es responsabilidad con Cádiz, responsabilidad con los gaditanos y las gaditanas», ha dicho Albares, solicitando a los 'populares' que «no enfrenten» a la ciudadanía de Cádiz.La Verja de GibraltarPor otro lado, Albares ha puesto sobre la mesa que el PP tiene «el deseo» de que «vuelva la Verja» que hace frontera entre La Línea de la Concepción y Gibraltar, y que fue retirada el pasado 15 de julio de 2026 con la entrada provisional del tratado firmado entre la Unión Europea y Reino Unido, afirmando que «su deseo es desbaratar ese acuerdo histórico».«Lo han dicho en estos últimos días, lo han dicho sus eurodiputados en el debate del Parlamento Europeo, que es donde se tiene que ratificar», ha advertido el candidato socialista, quien ha calificado esto de «auténtico disparate» , mostrando su preocupación por los habitantes del Campo de Gibraltar.Frente a las posiciones del PP en Europa y de Vox «que han dicho que van a votar en contra», Albares ha garantizado que «defenderá» los intereses de esta comarca gaditana y que los eurodiputados del Partido Socialista «y la inmensa mayoría de los eurodiputados españoles» van a votar a favor del tratado que debe ratificarse.Dos modelos para CádizEl candidato socialista ha afirmado que «ha llegado el momento de que Cádiz aproveche todo aquello que se ha puesto en marcha en estos años de gobierno» y que «los gaditanos tienen que saber que lo que está en juego no son solo cuatro años de gobierno, está en juego que Cádiz y España sigan avanzando, que Cádiz se sitúe en el centro de España y en el centro de Europa o que haya una involución hacia tiempos muy oscuros, donde se recortan derechos».En este sentido, ha insistido en que «no está en juego simplemente una alternancia de gobierno sino dos modelos completamente distintos», que, según ha argumentado, son el que representa el PSOE o «el que representa esa coalición reaccionaria e involucionista de PP y Vox» .Según Albares, esto de los modelos es para toda España, «pero mucho más en Cádiz, donde en los últimos años se ha abierto una nueva etapa que mira hacia el futuro y que ofrece oportunidades para todos los gaditanos, muy especialmente para los más jóvenes aquí en Cádiz», poniendo como ejemplo «ese acuerdo para el Campo de Gibraltar que hace que donde dos realidades se daban la espalda ahora caminan de la mano» .Así, el dirigente socialista ha apelado también a la «creación de empleo industrial de calidad que se generan con una voz fuerte de España que pasea por el mundo entero la carpeta de productos de Navantia o Airbus y que atrae cada vez más pedidos e inversión». «Esa apuesta que ha hecho este gobierno tiene que continuar», como la de la Base de Rota, «tan importante para esta provincia y para la seguridad euroatlántica».
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El Gobierno ha cesado al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, después del accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas a finales de octubre. El Consejo de Ministros ha aprobado su cese este viernes, y ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva dirigente del operador ferroviario. A su vez, el Ministerio de Transportes -ahora en manos del vicepresidente Carlos Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente- ha nombrado a Joaquim Hortalà i Vallvé como nuevo presidente de Adif, después de la dimisión, tras la tragedia, del anterior titular, Luis Pedro Marco. De esta manera, se consuma un nuevo movimiento tras el segundo siniestro del año en la alta velocidad española, que suma 115 fallecidos en nueve meses. El Gobierno agradece a Fernández Heredia "su labor estos años", y nombra como su remplazo a Gutierrez, hasta ahora directora general de Renfe Proyectos Internacional, "donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados". En el caso de Adif, el Consejo de Ministros encumbra a Hortalà, que fue secretario general de Renfe Operadora hasta julio de 2026, "y, a lo largo de casi una década en la autoridad de competencia, participó en la supervisión de los mercados regulados, entre ellos el ferroviario", según el comunicado del Ministerio de Economía. En el caso del administrador de las infraestructuras, Marco presentó su dimisión a Cuerpo el pasado 4 de noviembre, el mimo día en que este asumió la cartera de Transportes que dejó Puente una semana después de la tragedia. Cuerpo la calificó de decisión "acertada" y señaló la necesidad de recuperar la confianza en el sistema ferroviario. Los nuevos presidentes de Renfe y Adif Para ese proceso, el vicepresidente confía ahora en Joaquim Hortalà i Vallvé como responsable de las infraestructuras. Abogado del Estado desde 2004 y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Hortalà cuenta con una amplia trayectoria en la Administración pública y en organismos reguladores. Entre 2013 y 2021 desempeñó distintas responsabilidades en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde llegó a ser secretario de su Consejo. Posteriormente, ejerció como director jurídico en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, en mayo de 2024, se incorporó a Renfe como secretario general y del Consejo de Administración, además de asumir la responsabilidad de su Asesoría Jurídica. Su nombramiento al frente de Adif supone la llegada de un perfil eminentemente jurídico y regulatorio a la gestión de las infraestructuras ferroviarias. El Gobierno destaca su trayectoria, que "combina la experiencia en el operador público con una visión del sistema ferroviario desde el regulador, la Administración y la gestión de entidades públicas". En el caso de Inmaculada Gutiérrez Carrizo, el Ministerio la señala como formada "en la defensa de la competencia, un ámbito clave ahora que Renfe compite con otros operadores en el mercado de viajeros". licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos...
El Gobierno de coalición activa la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de cara a 2027. El proceso de actualización indexado al Índice de Precios de Consumo (IPC) de estas prestaciones está garantizado por la Ley 21/2021; sin embargo, el Ejecutivo debe aprobar anualmente un Real Decreto con el porcentaje determinado del incremento, paso que ha dado este viernes. "Arranca la maquinaria", ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la tramitación urgente de esta norma. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha aseverado la también ministra portavoz. No obstante, se deberá esperar a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre, cuyo adelanto se conocerá el viernes 27, dos días antes de las elecciones, y su confirmación se producirá el 15 de diciembre, con los resultado ya conocidos, para realizar la habitual media anual, que excluye diciembre. "Es una prioridad", ha defendido Saiz el "trámite ordinario", desmintiendo que responda a un carácter excepcional. En esta línea, la ministra portavoz ha insistido en que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso, al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas y no contributivas. Más de un 28% de incremento desde 2018 La titular de la cartera de Seguridad Social también ha presentado un informe relativo a la evolución de las pensiones desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y al efecto de las diferentes reformas acometidas en el sistema, que ahora se está poniendo en duda. Al respecto, Saiz ha asegurado que el Gobierno se ha centrado en mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Sobre la revalorización, la ministra ha defendido que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013 y que defendía Mariano Rajoy, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha alcanzado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Sobre los tipos de jubilación, la portavoz ha puesto en valor la ampliación de las modalidades de jubilación voluntaria, destacando la jubilación activa y la flexible y los incentivos a la demora. Con todo, la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026, lo que ha celebrado Saiz. Por último...
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
El candidato republicano pone a Junts en el centro de su diana y les responsabiliza de "no posicionarse" ante el avance de la derecha: "Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas" Los partidos catalanes inician la campaña con el PSC en cabeza y Rufián y Colau peleando por el mismo espacio Gabriel Rufián ha decidido arrancar la campaña electoral desde Tarragona, donde ha subido al escenario a ritmo de rumba. La elección musical no ha sido casualidad y ha cobrado sentido cuando el candidato republicano ha citado a Los Chunguitos. La elección musical no ha sido baladí y ha tomado sentido en el momento en que ha recordado que los hermanos Salazar actuaron en un mitin electoral de Jordi Pujol en 1999. “Ese día, desde Nou Barris, Pujol dijo en castellano que Catalunya era diversa y que así tenía que ser. Y no pasó nada porque hablara de la migración en castellano. Yo quiero que vuelva esa derecha, la del seny y la que no presume de estar en el medio”, ha insistido Rufián, que ha dedidado buena parte de sus discursos a atacar a Junts. Durante este primer mitin de la campaña electoral, los republicanos han sacado a relucir diversas veces las declaraciones de Míriam Nogueras, que presume de estar “en el medio”, mientras el resto de partidos “han sido arrastrados por los extremos”. Ante estas afirmaciones, Rufián ha espetado a los juntaires que “estar en medio es ser colaboracionista de Abascal. La vida es tomar partido”. En este momento, Rufián ha adoptado su tono irónico para cantar la alineación de un posible gobierno conformado por el PP y Vox. “Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias. Para el resto de carteras ha situado a Herman Tersch de ministro de Consumo, a Isabel Díaz Ayuso en la de vivienda; en Defensa, a Ana Vázquez, ”la del spray “. ”Sabemos lo que harán, irán a por las pensiones, a por la educación y en contra nuestra“, ha expresado Rufián, que en seguida ha vuelto a cargar tintas contra Junts con una frase que ya había pronunciado antes: ”Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas“. En esta línea, y siguiendo la estela de otras intervenciones durante la precampaña, ha sacado la bandera catalanista -que no independentista- para justificar por qué comparece a unas elecciones españolas de la mano de un partido no secesionista como es Podemos. ERC envió militantes a todos los frentes a combatir al fascismo. ¿Por qué no ahora?“, se ha preguntado el republicano, después de recordar cuando Companys animó a los madrileños ante el avance de las tropas nacionales. También ha echado mano del president Macià para reivindicar esa Catalunya diversa e insistir en que “no hay una sola manera de ser catalán”. Po eso, dice, ERC apela a quienes tengan sus prioridades en los ideales de “justicia, democracia y libertad”. “Si esos son vuestros principios, sois bienvenidos. Y ojalá algún día vengan también los Comuns”. De hecho, tan a un lado ha dejado el discurso independentista, que ha vuelto a resucitar la idea del “mientras tanto”. Así, en lo que Catalunya consigue la independencia, asegura que su papel será “obligar al PSOE a que ponga más pasta” porque “por mucho que le pongas a un tren una estación de Rodalies y un maquinista indepe , no llegará antes. Hay que poner pasta donde toca porque queremos competir con China mientras se olvidan de la clase trabajadora”. La cuestión de clase ha estado muy presente en el discurso de Rufián, que no puede obviar que no sólo compite con el electorado independentista que interpela Junts, sino que seguramente su principal rival está en los Comuns. Por eso han hecho suya la bandera de la lucha contra la especulación inmobiliaria y la idea de subir los impuestos a las grandes fortunas. “Vamos a freir a impuestos a quien quiera hacerse rico con la vivienda. Y os puedo asegurar que el concepto es nuestro”, ha apuntado Rufián, en referencia a unas declaraciones de Ada Colau, que se dirigió en estos términos a Cayetana Álvarez de Toledo. Si bien ha evitado enfrentarse abiertamente al Frente Amplio, Rufián sí ha insistido en la idea de que los ministros de Sumar no han sabido “presionar” al PSOE como lo hicieron los de Podemos, aunque ha querido reconocer que ninguno de ellos, “ni siquiera ERC, ha sido capaz de convencer al PSOE para que frenara la especulación y mejorara las condiciones de vida”. Rufián ha optado en este inicio de campaña por un tono beligerante que ha ido acorde con el lema escogido: Defensa't (Defiéndete); una propuesta que busca eludir al conflicto, a las consecuencias de un ascenso de la derecha y la ultraderecha. Ha apelado al voto con una metáfora muy ilustrativa: “Vienen momentos complicados. Y os lo plantearé con una pregunta: ¿Dejaríais las llaves de vuestras casas a Jordi Hereu para que las defendiera?”, ha cuestionado, en referencia al candidato por Barcelona del PSOE. “¿Y a mí?”. La ovación del público, encandilado por el tono épico de la última parte del discurso de Rufián, ha bastado como respuesta. Catalanismo y bandera de clase ERC, que antaño centraba sus discursos en la cuestión nacional ha rebajado mucho el tono. Prueba de ello ha sido un Junqueras algo incómodo cuando, al acabar su intervención, los asistentes han empezado a corear “independència”. El presidente de la formación ha seguido a sus acólitos de manera tímida, igual que lo ha hecho Rufián desde el público. En cambio, la secretaria general, Elisenda Alamany, no ha movido los labios. Ella ha hecho gala de un discurso muy enfocado en las condiciones materiales y ha hablado de “generaciones que no conocen otra cosa que las crisis”. Ha puesto el foco en la vivienda y en los “beneficios de las grandes empresas”. Con la vista puesta en disputar votantes al Frente Amplio, ha disparado contra las élites y ha afeado que las decisiones las tomen “los que pisan moqueta, los que tienen apellidos compuestos y no han trabajado en su puñetera vida. Tenemos que defendernos de esa gentuza”, ha dicho Alamany que, de hecho, empezó su carrera en las listas de los Comuns. Junqueras, por su parte, ha puesto el apunte global, mirando a las recientes victorias de la izquierda en Estados Unidos, Israel, Brasil, Polonia o Serbia. “Es que se parece a nosotros está ganando a la amenaza internacional reaccionaria”, ha afirmado, sumándose al carro de las formaciones de izquierdas que se quieren reflejar en figuras como las de Lula o Abdul El-Sayed. “El PSOE arrastra los pies y los Comuns no sirven porque son de una dejadez infinita. Nuestra apuesta no es de sopa de letras ni de repartición de sillas. Nuestra mayoría amplia es con la gente y es a ellos a quienes pedimos colaboración”, ha dicho Junqueras, intentando espantar al fantasma del fracaso en la negociación de una candidatura unitaria que tanto ha perjudicado a las formaciones de izquierdas en las encuestas.
El director de 'Tres anuncios en las afueras' estrena su última película, 'Wild Horse Nine', una sátira sobre dos agentes de la CIA que acuden a Chile para preparar el golpe de Estado contra Allende John Malkovich, un asesino de la CIA que apunta al Oscar: “Dudo de que vivamos en una democracia” Un agente de la CIA que pierde la memoria y quiere escribir su propia biografía para que quede constancia de sus hazañas —que en ojos de cualquier otra persona serían golpes de Estado o magnicidios— es una idea que solo puede salir de una mente brillante como la de Martin McDonagh. El dramaturgo, guionista y cineasta siempre se ha caracterizado por ese tipo de genialidades que luego reviste con su estilo ácido y su humor sardónico con un punto cínico. Un cinismo que, a veces, le hacía parecer incluso despolitizado, como si se resignara a lo que pasa alrededor y solo se dedicara a escribir brillantes líneas de diálogo con lo que observaba a su alrededor. Sin embargo, la propia actualidad ha acabado entrando como un bulldozer en su escritura gracias a Wild Horse Nine . Él mismo reconocía en el pasado Festival de Venecia que, una vez que tuvo claro que sus dos protagonistas serían dos agentes de la CIA en los preámbulos del golpe de Estado en Chile y el asesinato de Allende, todo cambió. El resultado es su película más frontalmente política, una metáfora sobre la memoria colectiva gracias a esa idea del espía que pierde la suya. McDonagh no apunta solo a Chile, sino a todos los golpes de Estado cometidos por EEUU e incluso se abre a meter el asesinato de Kennedy en su coctelera. Todo sin perder sus afiladas réplicas. De la mano de un brillante John Malkovich que apunta a su primer Oscar, McDonagh mira al pasado y al presente. Él mismo explicaba posteriormente en una entrevista con elDiario.es que originalmente la historia hablaba de un padre y un hijo. “No tenían nada que ver con la CIA ni nada por el estilo. La historia estaba ambientada en la época actual, pero no terminaba de funcionar hasta que empecé a pensar en el golpe de Estado y en la implicación de la CIA en él. Una vez que introduje ese elemento todo encajó. Pude abordar la dimensión política de los hechos, un tema que me ha interesado desde mi adolescencia, y centrarme en cuestiones como la culpa, el remordimiento y todos esos sentimientos que experimenta el personaje de John Malkovich”, desarrollaba. La pérdida de memoria de su personaje le sirvió para abordar “los hechos que le provocan un sentimiento de culpa”, y eso entronca con ese golpe de Estado, porque McDonagh tiene claro que “recordar lo que ocurrió en Chile es algo esencial”. En ese rescate de la memoria, el cineasta utiliza canciones de Violeta Parra y Víctor Jara, que incluso aparece como personaje en un momento. El director dice que primero “quería ser veraz con ese año, 1973”, pero no esconde que le gustaría que “el público de EEUU, que desconoce la historia de Víctor Jara y su música, o la de Violeta Parra, empiece a indagar al respecto”. “Si los jóvenes empiezan a buscar sobre ellos y descubren algo que no sabían, como cineasta sería maravilloso”, añade. A la reflexión de John Malkovich desde Venecia, que aseguraba que no estaba “del todo convencido de que vivamos en una democracia”, el director añade otra duda: “No sé si la situación actual es mejor que la de entonces”. “Da la impresión de que el Gobierno de EEUU ya no intenta ocultar las cosas que hace mal, y no sé si eso es algo positivo. Parece que se estuvieran volviendo más torpes; y tal vez eso sea algo bueno, pero tal vez no. No lo sé. Sin duda son temas interesantes para plantear en una película: en el pasado mantenían sus crímenes ocultos frente a la situación actual, en la que ya no lo hacen. Sin embargo, al escribirla, mi intención era simplemente ser fiel a lo que ocurrió en 1973. No pretendía que la historia fuera un reflejo de la actualidad, pero sé que es inevitable verla a través de una mirada moderna”, opina. He tenido suerte con todas mis películas; no he sufrido ningún tipo de injerencia por parte del estudio. Espero que no cambie con todas estas fusiones. Supongo que habrá que luchar contra ello Martin McDonagh — Cineasta La película juega con material de super-8 y una estética que remite directamente a los thrillers y películas de los años 70, pero sin querer glamourizarla o ser nostálgico con los acontecimientos reales, sino como reivindicación de la que es la época favorita de la historia del cine de Martin McDonagh. Buscaron “colores y las paletas cromáticas vibrantes y capturar ese tono algo sombrío característico de las películas estadounidenses de aquel momento”. Como siempre desde hace unas cuantas películas, desde su presentación en la Mostra comenzaron los rumores sobre las posibles nominaciones a los Oscar, donde aparece como una de las favoritas. Aunque desde fuera pueda parecer que no es un cineasta al que le guste todo ese espectáculo, confiesa que no le desagrada. “No ruedo películas con mucha frecuencia; digamos que hago una cada cuatro años. Así que cuando pasa esto, pienso que al menos sirve para que más gente se entere de la existencia del filme y, espero, se animen a ir a verlo. Sobre todo tratándose de una película cuya temática no es precisamente la más sencilla para los estándares de Hollywood. Está bien que el público sepa que va a encontrar dos, o más, interpretaciones extraordinarias. Que el revuelo que generan esas conversaciones les lleve a interesarse por el trabajo de John Malkovich y Sam Rockwell. Para mí, todo eso contribuye a que más gente vea la película. Así que... me parece bien”, señala. De momento, en un contexto cambiante de la industria, de fusiones entre productoras, él sigue manteniendo su independencia gracias a Searchlight, la filial indie de la Fox que adquirió Disney y que le sigue dando carta blanca para proyectos alejados del algoritmo de Hollywood. Cruza los dedos y confía en que “eso no cambie”: “He tenido suerte con todas mis películas; no he sufrido ningún tipo de injerencia por parte del estudio en lo que respecta al aspecto artístico o a la libertad con la que quiero realizar mis filmes. Hasta ahora, he estado en una posición afortunada. Espero que esto no cambie con todas estas fusiones, pero supongo que tendremos que luchar contra ello y ver qué sucede”.
