El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
El matrimonio se dio el 'sí, quiero' en plena precampaña pero aseguran que su enlace "no es una coalición de Gobierno". "Debatimos constantemente, cada uno tiene sus ideas muy claras, pero entendemos que una discusión política no puede convertirse en personal". Otras historias : El mensaje oculto tras el botón que Felipe VI se colocó en la solapa al entrar en el funeral de las víctimas de Urda
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
El Instituto del Patrimonio Cultural, dependiente del Gobierno, afirma que se está elaborando la licitación.«Nos sentimos engañados, nos aseguraban que estaban trabajando en ello», declara el alcalde Marcos Iglesias
El matrimonio se dio el 'sí, quiero' en plena precampaña pero aseguran que su enlace "no es una coalición de Gobierno". "Debatimos constantemente, cada uno tiene sus ideas muy claras, pero entendemos que una discusión política no puede convertirse en personal". Otras historias : El mensaje oculto tras el botón que Felipe VI se colocó en la solapa al entrar en el funeral de las víctimas de Urda
ALICANTE.- La campaña electoral del 29N, que debe elegir un nuevo Congreso de los Diputados y un Senado, ya ha arrancado. En Alicante, lo ha hecho con la tradicional pegada de carteles y diferentes actos. Los principales líderes de las grandes cuatro partidos, PP, PSPV-PSOE, Vox y Compromís-Front Valencià, han coincidido en que la cita electoral será crucial no solo para España, sino para el devenir de la provincia y de la Comunitat Valenciana. Algunos, como el PSPV-PSOE, que se trata de una primera vuelta, que tendrá en las elecciones locales y autonómicas otra oportunidad para consolidar cambios. El diagnóstico va por bloques: PP y Vox auguran un bueno resultado para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa; PSPV y Compromís-Front Valencià consideran que la llegada de las fuerzas conservadoras y la extrema derecha al Gobierno central supone una "involución en derechos y libertades". Por el momento, el PP parte con ventaja y podría gobernar con la suma de Vox, pero los socialistas buscan, de nuevo, la remontada, y mantener el gobierno con el respaldo de fuerzas como Compromís-Front Valencià. El PPCV ve el 29N como una oportunidad para echar a Sánchez El Partido Popular ha elegido su sede de Benito Pérez Galdós, en la capital, para presentar su lema de campaña. Allí, tanto Toni Pérez, presidente del PP, como Juan Francisco Pérez Llorca , presidente de la Generalitat, han augurado un cambio la noche del 29N. Ambos dirigentes han coincidido en reclamar la movilización de los alicantinos en las urnas y en señalar la necesidad de poner fin a lo que han calificado como ocho años de «centralismo» y «ninguneo» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pérez ha defendido que la provincia tiene «más motivos que ninguno para acudir a las urnas y decir que ya está bien», mientras que Pérez Llorca ha asegurado que existe una mayoría que quiere que el presidente del Gobierno «se vaya ya» y que se acabe con el «sanchismo». Los candidatos del PP, con el alcalde de Alicante, Luis Barcala y el president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Foto RAFA MOLINA El presidente provincial del PP ha presentado la cita electoral como una oportunidad para lograr «un cambio necesario» tanto para España como para Alicante. En este sentido, ha asegurado que el partido afronta la campaña «preparadísimo» y con un proyecto ilusionante para el país y para que este esté «a la altura de lo que esta provincia pone a su servicio». Por su parte, Pérez Llorca ha incidido en que la ciudadanía no reclama únicamente un cambio en el Gobierno central, sino también que sus municipios y provincias reciban los recursos y actuaciones que consideran necesarios. En el caso de Alicante, ha denunciado la falta de inversiones, financiación y obras para mejorar la seguridad hídrica, así como la ausencia de compromisos para reforzar la seguridad en las calles de los municipios. Ambos dirigentes han reivindicado, además, la candidatura del PP como alternativa de Gobierno. Toni Pérez ha defendido la capacidad del partido para repetir un resultado ganador como el de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando los populares fueron la fuerza más votada, aunque no consiguieron gobernar. Pérez Llorca, por su parte, ha destacado las candidaturas al Congreso y al Senado por Alicante, encabezadas por Macarena Montesinos y Eva Ortiz , respectivamente, y ha presentado a Alberto Núñez Feijóo como un candidato centrado en la gestión. El presidente del PPCV ha dirigido también un mensaje a los votantes que no comparten las siglas populares, pero que, según ha señalado, están preocupados por la situación del país. Ha defendido que el PP gestiona las administraciones pensando en mejorar la vida de los ciudadanos, independientemente de su ideología, y ha invitado a quienes desean que España «vuelva a recuperar esa libertad» a sumarse al proyecto de Feijóo. El PSPV advierte que hay que elegir entre involucionar o seguir conquistando derechos y libertades Los candidatos del PSPV-PSOE. Foto RAFA MOLINA El PSPV-PSOE de la provincia de Alicante ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral con una pegada simbólica de carteles, celebrada en la plaza Manila de Alicante, en la que han participado el secretario general provincial y alcalde de Elda, Rubén Alfaro; la vicesecretaria provincial y candidata a la Alcaldía de Alicante, Trini Amorós ; y el candidato al Congreso de los Diputados y alcalde de Alcoy, Toni Francés. El acto ha contado también con la presencia de otros cargos orgánicos e institucionales del partido, así como de los candidatos y candidatas socialistas al Congreso de los Diputados: Toni Francés, Pilar Gay, Fulgencio Cerdán, Araceli Poblador y Antonio Rodes, además del candidato al Senado, Quico Fenollar , entre otros representantes socialistas. El candidato al Congreso, Toni Francés, ha afirmado que «el Partido Socialista es la única vía para seguir conquistando derechos», y ha defendido la importancia de continuar impulsando políticas que mejoren la vida de la ciudadanía y protejan los avances sociales alcanzados. En este sentido, ha subrayado que estas elecciones son una oportunidad para seguir construyendo una España más justa, con más derechos y mejores servicios públicos. Por su parte, Rubén Alfaro ha asegurado que «el Partido Socialista va a ganar las elecciones porque el PP y Vox solo representan una cosa: la involución y el recorte de derechos». El secretario general provincial ha apelado a la movilización de la ciudadanía para evitar retrocesos y garantizar que España siga avanzando, frente a quienes, plantean un modelo basado en la amenaza y los recortes. En la misma línea, Trini Amorós ha destacado que «en estas elecciones nos jugamos algo importante, nos jugamos la esperanza», poniendo el acento en la necesidad de afrontar la campaña desde la ilusión, la participación y la defensa de un proyecto de futuro para el conjunto de la ciudadanía. Los candidatos de Vox, en la Plaza del Mercado de Alicante. Foto RAFA MOLINA Vox aspira a resultados históricos en Alicante David García, cabeza de lista de Vox al Congreso por Alicante, ha expresado su «máxima responsabilidad» e «ilusión» ante el inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, una cita que ha calificado de «momento histórico para España». El candidato ha centrado su discurso en la necesidad de un cambio político y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar una situación que, en sus palabras, exige una transformación urgente. García ha llamado a la movilización electoral y ha advertido de que «no está nada hecho», pese a las expectativas que puedan reflejar las encuestas. En este sentido, ha defendido que lo determinante será la participación ciudadana en las urnas y ha pedido a los electores que valoren si su situación ha mejorado respecto a hace siete años, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El candidato ha resumido el mensaje electoral de Vox en el «sentido común» y ha señalado que la formación plantea trece medidas articuladas en torno a cuatro ejes: prioridad nacional, remigración, desregulación y cambios en las políticas públicas. Según ha defendido, estas propuestas pretenden trasladar a los ciudadanos la necesidad de un cambio político en España. En el ámbito provincial, García ha mostrado su confianza en obtener «unos magníficos resultados» e incluso «unos resultados históricos» en Alicante. El candidato ha destacado el trabajo del equipo de Vox en la provincia y ha asegurado que la formación ha experimentado una implantación que considera extraordinaria. En la actualidad, Vox tiene diputados en el Congreso. Compromís-Front Valencià afirma ser el "voto útil" de los intereses de la Comunitat Los candidatos de la coalición Compromís-Front Valencià. La coalición Compromís-Front Valencià ha afirmado que representa el "voto útil" de la unida de la izquierda que defiende los intereses de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, frente "una derecha y una ultraderecha envalentonadas" que quieren acabar con las pensiones públicas y privatizar aún más la sanidad. Así se ha expuesto en las intervenciones de los candidatos de esta coalición, integrada por Compromís, Podem, Esquerra Unida País Valencià y Esquerra Republicana País Valencià, en un acto en el que ha dado inicio oficial a los quince días de campaña electoral, celebrado en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Marq), tras lo cual se ha llevado a cambio la pegada simbólica de carteles. En el acto, la coalición ha demandado la dimisión del ministro del Interior por la actuación policial durante la jornada de huelga general de ayer. La número 1 de Compromís-Front Valencià por Alicante, la dirigente de Podem María Teresa Pérez, ha afirmado que el 29-N "nos jugamos muchos" porque hay "una derecha y una ultraderecha envalentonadas". Ha subrayado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "sabe perfectamente lo que tiene hacer: acabar con las pensiones públicas, privatizar más sanidad (...), destruir el territorio para especular". Pérez ha reprochado que existan aún los desahucios cuando la presidenta de la comunidad de Madrid "se compra" un "pedazo de ático" y ha censurado que el partido socialista no ha sido capaz de defender los intereses de "los que más lo necesitan". Ha reiterado que Compromís-Front Valencià representa "la única papeleta para defender" a los ciudadanos de la Comunitat", ha remarcado que "la política sirve, es útil para mejorar la vida" de las personas, y ha abogado por redistribuir el dinero entre las familias trabajadoras. COMUNITAT VALENCIANA Compromís-Front Valencià arranca en Alicante una campaña para conquistar derechos y defender el futuro de la ciudadanía Miquel González
El alcalde de Grisén advierte de la falta de información y coordinación ante la llegada de nuevos residentes, mientras crece la demanda de viviendas y servicios públicos. Las empresas proveedoras de CATL buscan alojamientos para sus empleados sin que se hayan concretado los proyectos anunciados por el Gobierno de Aragón CATL pretende alojar a 1.700 trabajadores chinos dentro de la planta de Figueruelas durante las obras de la gigafactoría La llegada de trabajadores chinos vinculados a la construcción de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas está comenzando a transformar la vida de los pequeños municipios de su entorno, cuyos alcaldes afrontan con incertidumbre el aumento de población, la creciente demanda de viviendas y la presión sobre unos servicios públicos que ya arrastraban importantes carencias. La falta de información y coordinación por parte del Gobierno de Aragón y de las empresas implicadas está agravando una situación para la que los ayuntamientos reclaman planificación y respuestas. Uno de los ejemplos más significativos es Grisén, una pequeña localidad de la Ribera Alta del Ebro donde, según las estimaciones que maneja su alcalde, Marcos Lahoz, podrían haber llegado entre 60 y 80 ciudadanos chinos –más de un 10% de su población censada– relacionados con la actividad de la gigafactoría. La cifra no ha podido confirmarse oficialmente, pero el movimiento inmobiliario de las últimas semanas da una idea de la rapidez con la que está cambiando la situación. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. El alcalde reconoce las dificultades para conocer cuántas personas están llegando realmente al municipio y durante cuánto tiempo permanecerán, una información imprescindible para prever las necesidades de servicios e infraestructuras. La preocupación no responde a la procedencia de los trabajadores, sino a la velocidad con la que se está produciendo su llegada y a la falta de previsión de las administraciones responsables. Los nuevos residentes tienen derecho a acceder a los servicios públicos que les correspondan, pero los ayuntamientos temen que el crecimiento de la población no vaya acompañado de un refuerzo de los recursos disponibles. La asistencia sanitaria es uno de los principales motivos de inquietud. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que, según los datos trasladados por el alcalde, cuenta actualmente con diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Esta falta de profesionales se produce antes de que pueda evaluarse el impacto de la llegada de nuevos trabajadores y sus posibles familias. El aumento de población puede incrementar la demanda asistencial en una zona donde los servicios sanitarios ya se encuentran tensionados. La situación plantea además interrogantes sobre otros recursos municipales y comarcales, desde la vivienda hasta la atención social, cuya planificación depende en buena medida de conocer las previsiones de llegada y permanencia de los trabajadores. Según ha podido saber este periódico, distintas empresas proveedoras de CATL están buscando soluciones de alojamiento para sus empleados mediante el alquiler o la adquisición de viviendas y otros establecimientos. Entre las operaciones conocidas figura el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales que permitan responder a una demanda de alojamiento que previsiblemente continuará creciendo conforme avance la construcción de la gigafactoría. Sin noticias de las 104 viviendas prefabricadas Los alcaldes recuerdan que el Gobierno de Aragón abordó esta cuestión el pasado año en una reunión informativa en la que participaron el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque. En aquel encuentro se plantearon distintas alternativas para atender las necesidades residenciales vinculadas a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y la posibilidad de alcanzar acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de terrenos destinados a nuevos alojamientos. Sin embargo, desde entonces los responsables municipales no han recibido información concreta sobre el desarrollo de aquellas propuestas, su ubicación, los plazos previstos o las condiciones en las que podrían materializarse. Mientras tanto, la llegada de trabajadores ha comenzado a producirse y las empresas buscan soluciones por su cuenta en el mercado inmobiliario de los municipios próximos a Figueruelas. Esa búsqueda contrasta con la solución que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, cuando el Gobierno autonómico dio el visto bueno definitivo al proyecto. Azcón explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Ejecutivo autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico, precisamente para no saturar los servicios públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía entonces pendiente y su montaje requeriría varios meses. El anuncio no aclaró si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras, que son las que, según los alcaldes, están ahora buscando alojamiento en los pueblos del entorno. Alquileres disparados La creciente demanda de alojamiento está teniendo también consecuencias sobre el mercado inmobiliario de la zona. Algunas viviendas se están alquilando por cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales, unos precios muy elevados para pequeños municipios como Grisén, donde la oferta de alquiler es limitada. La llegada de empresas que buscan alojar a sus trabajadores está introduciendo una nueva presión sobre el mercado residencial, con el riesgo de encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Ante esta situación, el alcalde de Grisén ha mantenido recientemente una reunión con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales. El objetivo del encuentro fue trasladar las dudas y dificultades que está afrontando el Ayuntamiento y analizar los desafíos que puede representar la llegada de nuevos residentes para los servicios municipales y comarcales. La construcción de la gigafactoría, con una inversión de 4.100 millones de euros y unos 4.000 empleos directos previstos cuando entre en funcionamiento, constituye una de las mayores inversiones industriales previstas en Aragón y representa una oportunidad de desarrollo económico para toda la Ribera Alta del Ebro, al tiempo que supone un desafío de planificación territorial que los municipios consideran que no pueden afrontar en solitario. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, por lo que la obra se encuentra ahora en su etapa de mayor actividad.
Sánchez confirma a su pareja como activo electoral del PSOE y Begoña Gómez participa en el mitin de arranque de acampaña mientras Feijóo y Abascal prometen cambiar España El CIS preelectoral se aleja del resto de encuestas y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta Cuenta atrás para la cita con las urnas del 29N. La campaña electoral que desembocará en las elecciones generales arranca oficialmente en la medianoche de este jueves con los principales partidos volcados en la hora decisiva, la que marcará el futuro de la gobernabilidad del país para los próximos años. En juego esta vez hay algo más que la permanencia de un Gobierno o la alternancia en la Moncloa, y lo que se planteará durante los próximos 15 días es una batalla política sin cuartel entre dos modelos enfrentados y antagónicos: el del bloque de las izquierdas que ha mantenido los últimos ocho años a Pedro Sánchez en la jefatura del Ejecutivo al frente de una coalición progresista, o una alianza de la derecha y la extrema derecha que no ocultan que aspiran a cambiarlo todo, incluidos consensos básicos hasta la fecha como el sistema público de pensiones, las bajas laborales o incluso la actividad sindical. Y las encuestas, que en su práctica totalidad todavía trasladan una mayoría suficiente de PP y Vox, sí empiezan a dibujar una partida más ajustada de lo vaticinado hasta ahora por la demoscopia. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero abrieron formalmente la campaña este jueves con grandes actos en plazas muy escogidas, con mensajes muy concisos y hasta con puestas en escena que son en sí mismas toda una declaración de intenciones. Fue el caso del Partido Socialista en Sevilla, donde 4.000 personas llenaron el auditorio de Fibes para lo que supuso en la práctica el verdadero reinicio de la campaña del PSOE tras el accidente de Urda. Cualquier contención o recogimiento posterior a la tragedia ferroviaria quedó definitivamente aparcado este jueves, cuando el mitin de arranque de campaña se convirtió en un acto festivo al que volvieron la música, los bailes, la 'kiss cam ' y Begoña Gómez. Y esta vez, no como mera asistente. Por sorpresa, la pareja del presidente del Gobierno tomó por primera vez la palabra en un mitin electoral del partido bajo el eslogan 'la fuerza de las mujeres'. “Gracias por haberme dado el aliento para continuar”, arrancó su intervención entre cánticos de “no estás sola” por parte de los militantes. Aunque no hizo ninguna referencia ni expresa ni velada a su situación procesal ni al juez Peinado (convertido ya en símbolo de la ofensiva judicial al Gobierno), Begoña Gómez sí quiso mandar un mensaje claro sobre el papel de las mujeres y su independencia respecto a las carreras de sus parejas. “Demasiado tiempo hemos sido señoras de. Y yo creo que ese tiempo ha terminado. Porque nosotras somos las autoras de nuestra propia vida. Yo soy Begoña Gómez”, clamó. “Lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y defender mi trabajo. Estamos un poco cansadas de los que están todo el día juzgándonos, que intentan decirnos cómo tenemos que ser o actuar. Y no lo vamos a permitir. Nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese”, añadió la mujer a la que el juez Peinado, en una polémica instrucción judicial, mandó a juicio por una supuesta incompatibilidad y un choque de intereses entre su actividad profesional en la Complutense y el cargo de su marido, el presidente del Gobierno. Señalada ya por Ferraz como activo electoral de la campaña de los socialistas, Gómez intervino antes que Pedro Sánchez, que hizo a su militancia y a su electorado una llamada a la “épica” y a la “movilización histórica” para remontar las encuestas. Y también apuntó con dureza contra las derechas. “A los sindicatos no hay que llamarles basura ni tampoco mafia, como hacen PP y Vox. ¡Qué vergüenza! A los sindicatos hay que darles las gracias por la reforma laboral, por la subida del salario mínimo interprofesional, por la revalorización de las pensiones, por la ley Riders, por la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres”, dijo tras los ataques por la huelga general. La idea que intentan los socialistas que arraigue entre la ciudadanía progresista es que la partida electoral está muy lejos de estar ni finiquitada, ni perdida. Y que, por tanto, las opciones de revalidar un gobierno de izquierdas en las urnas permanecen intactas a pesar de lo que indican la mayoría de las encuestas. Tanto en Ferraz como en Moncloa, de hecho, manejan 'trackings' a los que otorgan máxima fiabilidad que ya abren de par en par la hipótesis no solo de que el PSOE gane las elecciones, sino de que la suma de PP y Vox no alcance los 176 escaños de la mayoría absoluta, algo que sí recogen, en cambio, la inmensa mayoría de sondeos publicados. El mensaje de Sánchez y su equipo es que lo que pase el 29N se decidirá ahora, en las dos semanas de campaña, y no antes. Y por eso se volcarán en que se repita algo parecido al 23J de 2023 con la convicción de que la remontada no es una utopía. Tras la movilización de la huelga general, que en el PSOE consideran un éxito, y el debate sobre el decreto de vivienda en el Congreso este jueves al que las derechas se opusieron a pesar del clamor social por la crisis habitacional, la cuenta atrás para las elecciones llevará a Pedro Sánchez a reunirse el lunes con el recién reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los referentes internacionales de la izquierda que también fue capaz de voltear las encuestas y ganarle la partida a la ultraderecha de los Bolsonaro. Feijóo: “España va a cambiar” El PP inicia su campaña en Catalunya, donde pelea cada voto con Vox, después de que la espantada de Aliança Catalana haya aumentado las opciones del partido ultra. La estrategia de Alberto Núñez Feijóo es clara, y en su equipo la ratifican: un mensaje muy duro para llegar al votante de derechas catalán. Por eso Feijóo eligió a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, como cabeza de cartel por la provincia de Barcelona para las elecciones del 29 de noviembre. Albiol se hizo famoso en tras primer triunfo electoral municipal por el lema “Limpiando Badalona” y una campaña expresa y xenófoba contra personas migrantes. Una década después, Albiol sigue exprimiendo el odio al extranjero, pero ahora ha añadido el miedo al “okupa” al menú que ofrece a los electores. El alcalde de Badalona suele grabarse hostigando a los habitantes de supuestos pisos ocupados, e incluso ha intentado ser el autor de desalojos a personas acusadas de no pagar la renta (lo que la derecha llama “inquiokupas”). Luego sube esos vídeos a redes sociales, donde gana adeptos. Feijóo lo ha llamado a primera fila y, si gobierna, ya le ha encargado redactar una “ley antiocupas” que sustituirá a la actual ley de vivienda, que el candidato del PP ha prometido derogar. El candidato es consciente de que su primer gran fiasco, su investidura fallida de 2023, se produjo por apenas cuatro diputados, y dos de ellos los perdió en Catalunya por un puñado de votos. Así lo recordó el propio Feijóo cuando, el pasado mes de octubre, reveló que Albiol sería el candidato. “Por eso Xavi ha dado este paso al frente, porque tenemos que ir con todo”, afirmó entonces. Este jueves ha insistido en la idea en el arranque de la campaña , precisamente en Badalona junto a Albiol. “Estáis esperando seguridad en las calles”, aseguró. “Aquí no hay nadie que no cumpla la ley, y mucho menos la gente que viene de forma irregular a un país a incumplir la ley y por supuesto, a respetar a las mujeres y a las personas LGTBI”, concluyó. Fue sus únicas referencias a las mujeres y al colectivo LGTBI. Abascal: “Sánchez debería sentarse en el banquillo” El plácido camino de un Vox en auge en las encuestas se ha visto truncado justo en el arranque de la campaña, a la que llega envuelto en la polémica por la cancelación por sorpresa de su entrevista en Jordi Wild. Abascal ha utilizado el pretexto de que en La Revuelta con David Broncano se cortó su entrevista —como hacen con todas y como dijo el propio presentador a Abascal en el programa— para ausentarse del diálogo con el creador de contenido, responsable de uno de los podcast más escuchados de España. El líder de Vox argumenta que quiere tener la integridad de la grabación, pero precisamente una de las primeras condiciones de Wild para los partidos era ya la emisión completa sin cortes. Uno de los primeros candidatos en decir que sí a Jordi Wild será el único que al final no vaya. Abascal volverá a apostar en la campaña por la prioridad nacional —que el PP ya asume en su programa electoral—, la “desregulación” y la “remigración”, ejes de su proyecto político difundidos también por los demás dirigentes del partido en numerosos actos por todos el país, así como por los candidatos provinciales. Los sondeos pronostican que podría romper el techo electoral de 52 escaños que logró en 2019 y que se encamina a sumar la mayoría absoluta con el PP. Abascal cargó este jueves contra Pedro Sánchez y de paso lanzó ataques machistas a su esposa, Begoña Gómez, en un mitin en el Palacio de Congresos de Huesca celebrado en la víspera del arranque oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Sánchez, dijo, “tenía que estar sentado en un banquillo asumiendo responsabilidades y no tan chulito en las tribunas, encima paseando a la señora”. El líder de la extrema derecha arremetió también contra la huelga general del miércoles, que calificó de “sonoro fracaso” y cuyo seguimiento atribuyó a la violencia de los piquetes: “Los únicos sitios donde la huelga general tuvo un mínimo seguimiento fue donde se ejerció la violencia”. Frente Amplio: “Si llegamos al 10%, se les acaba la fiesta” Por su parte, el Frente Amplio afronta el inicio de su campaña con un objetivo declarado: crecer hasta el 10% de los votos para poder convertirse en la llave de un nuevo Gobierno progresista. “Estamos en torno al 8% de los votos, eso son unos 13 escaños: si llegamos al 10% tenemos 22, y con un 11% tenemos 27, y entonces se les acaba la fiesta a quienes creen que este país es suyo”, planteó este jueves en el mitin de inicio de campaña el número uno de la alianza por Madrid, Emilio Delgado. La coalición lleva varias semanas promoviendo este discurso , aunque por ahora sin demasiado éxito, puesto que ninguna encuesta les sitúa con una estimación de voto de dobles dígitos. Habida cuenta de ello, uno de los principales retos del Frente Amplio es combatir la resignación y el desánimo del electorado progresista. “Las encuestas, mayoritariamente, auguran un gobierno de derecha y de extrema derecha, no hay que huir de la realidad”, planteó este jueves la candidata, Ada Colau, que sin embargo insistió durante su intervención en el acto de lanzamiento de la campaña en que “la última palabra la tiene la gente”. “Y por muchas encuestas que digan que va a gobernar la extrema derecha en este país, la gente muchas veces ya ha hecho historia y ha demostrado que cosas que parecían imposibles han sido posibles”, aseguró Colau, que aseguró que la izquierda está en disposición de “dar la vuelta” a los sondeos. Para ello, el Frente Amplio tiene intención de centrar su campaña en 16 provincias en las que, asegura, puede disputar el último escaño, en muchas de ellas a la derecha: A Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza. El reto de la alianza, además, es evitar quedar engullida por el llamamiento del PSOE al voto útil. Y, aunque el Frente Amplio no tiene intención de hacer una campaña al ataque contra los socialistas, este jueves Colau sí endureció el tono y afeó al presidente Pedro Sánchez sus “declaraciones triunfalistas” sobre el rumbo de la economía habida cuenta de los niveles de desigualdad “inaceptables” por el incremento del precio de la vivienda. “Quiero pedirle a Sánchez, para revalidar el Gobierno, más humildad con la gente trabajadora y más valentía frente a los rentistas y especuladores”, planteó. En la misma línea, pero con mucha mayor dureza en sus críticas contra el PSOE, arranca su campaña Podemos, que tiene por delante el reto de mantener la representación en el Congreso. Para ello, los morados apuestan por escenificar que son la única izquierda verdadera que se presenta a las elecciones. Este jueves, su candidata, Irene Montero, cargó contra el llamamiento al “voto útil” de los socialistas, y sostuvo que, “para conseguir cosas útiles para frenar a la extrema derecha hace falta votar a la izquierda, hace falta votar a Podemos”. “Para saber cuál es la izquierda no basta mirar los programas electorales. Uno en política es lo que consigue, es lo que hace. Si tú llevas un programa electoral muy bonito, pero después no te atreves para no pagar el coste político, entonces no estás consiguiendo las cosas”, planteó Montero a este respecto. Y, de manera más expresa, sostuvo que “el PP y el PSOE no son lo mismo, pero cuando hay que democratizar la justicia, votan igual a favor de que el Consejo General del Poder Judicial siga controlado por los mismos de siempre. Si hay que defender la paz, el PP y el PSOE no son lo mismo, pero votan igual para que sigamos en la OTAN y para que gastemos el dinero de las escuelas y los hospitales en armas. Si se trata de bajar el precio de los alimentos, el PSOE y el PP no son lo mismo, pero votan igual en contra de los supermercados públicos y a favor de los 1.700 millones de beneficios de Juan Roig”.
La alcaldesa denuncia que el centro ha pasado de 471 a 953 residentes y reclama información sobre los nuevos traslados y su identificación Lee la noticia completa: Piquet exige explicaciones al Gobierno tras duplicarse la ocupación del CAED de Alcalá en trece días .
Acción-reacción. Lo mismo que el Partido Popular anunció su ruptura con Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de Santiago-Pontones a través de las redes sociales, el alcalde recurrió a idéntico soporte para mostrar su sorpresa ante el “divorcio”. Antonio Rodríguez García, en un comunicado, subraya que siente la “responsabilidad” de explicar cómo se desencadenaron realmente los acontecimientos. “Entiendo el juego de la política, aunque no siempre lo comparta, pero me parece triste y feo que se utilicen motivos que no se ajustan a lo que verdaderamente ha pasado para justificar esta decisión”, expone. Garantiza que la única conversación que surgió sobre la situación del pacto de Gobierno fue a raíz de la última dimisión en el Grupo Municipal Popular, la segunda en lo que va de legislatura en la que, aclara, él nada tuvo que ver. “Ante la llegada de la nueva concejala que sustituiría al anterior teniente de alcalde, el concejal del PP me planteó si ella iba a contar con una liberación y sueldo de dedicación exclusiva. Mi respuesta fue: A estas alturas de la legislatura, a solo unos meses de las elecciones y tras dos dimisiones consecutivas de sus concejales, no me parecía factible ni viable volver a empezar de cero con una tercera Tenencia de Alcaldía liberada. Ante esto, se me recordó el pacto de Gobierno, a lo que respondí que, si querían, nos sentábamos a revisar el documento para ver quién había cumplido y quién no”, expone textualmente Antonio Rodríguez. Según su relato, le contestaron que lo iban a consultar internamente: “Lo siguiente fue una llamada telefónica comunicándome la ruptura. Respeto su decisión y comprendo que ante la cercanía de la campaña electoral busquen distanciarse, pero las razones que han dado públicamente no reflejan la realidad”. El alcalde de Santiago-Pontones, que se presentó a las elecciones municipales de 2023 bajo el paraguas de Jaén Merece Más, asegura que durante estos tres años y medio jamás hubo distinción alguna en el trato ni en el funcionamiento entre concejales de un partido y de otro. “Hemos sido un único equipo donde cada uno se ha implicado hasta donde ha querido o ha podido. Es más, en todo este tiempo no es que no hayamos tenido una bronca gorda, es que no ha habido ni un solo desencuentro, ni una reunión tensa en la que se haya propuesto algo que yo no haya aceptado”, dice. Añade: “Por eso este movimiento a estas alturas nos resulta a todos tan sorprendente”. Y dice más: “Yo solo puedo deciros que, como alcalde, me dedico a Santiago-Pontones todas y cada una de las horas que estoy despierto. A pesar de todo, miro al futuro con optimismo. Estoy completamente seguro de que los concejales del PP, ahora desde la oposición, estarán a la altura de lo que merece nuestro municipio y actuarán con responsabilidad para que el Ayuntamiento pueda seguir funcionando con normalidad lo que queda de legislatura. Mi compromiso con el municipio sigue intacto y seguiré trabajando por nuestro pueblo hasta el último día”.
El Ayuntamiento de Pepino, gobernado por Ignacio Díaz tras la moción de censura que acabó con el Gobierno del ‘popular’ Inocencio Gil en octubre de 2025, ha emitido un comunicado en el que asegura que la Fiscalía de Toledo ha abierto diligencias de investigación iniciadas a raíz de la denuncia presentada por el actual equipo … La entrada La Fiscalía lleva a los tribunales las presuntas irregularidades denunciadas por el Ayuntamiento de Pepino contra el anterior alcalde se publicó primero en infoCLM .
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, aún no tiene claro "a quién votar ?, pero lo que sí afirma es que ? Pedro Sánchez, no es el mejor candidato para mi partido ?. Para el socialista, ?el presidente del Gobierno antepone sus propios beneficios a los intereses del país? y cree que, " solo busca mantenerse en el poder ?. En palabras para Soria Noticias , el alcalde de la villa de las Tres Culturas deja claro que ?no estoy en contra de mi partido, pero sí del sistema establecido en él ? y apunta que es ?esta es mi opinión como persona , no como representante de nadie?. No es la primera vez que Jesús Manuel Alonso hace declaraciones distintas a su partido , como por ejemplo, la amnistía de políticos catalanes entre otros. Es un histórico dirigente del PSOE soriano, inició su trayectoria como alcalde de Ágreda en 2007 , cargo que ha mantenido durante cinco legislaturas consecutivas. También ha sido diputado provincial desde 1999 y senador por Soria entre 2016 y 2023. En las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2023, volvió a conseguir la mayoría absoluta para el PSOE con 892 votos (53,47%) y seis concejales. Alonso considera que la política de España se aleja de la visión que él tiene . ?Los políticos estamos para gestionar y buscar lo mejor para los nuestros, no para hacer política y mantenernos en el poder pase lo que pase?. En este sentido, compara la situación política con el fútbol. ?Los aficionados al fútbol, en su mayoría, se aferran a su equipo, y quieren que gane aunque no lo merezcan . Son personas que por amor a sus colores, pierden objetividad. Pues en el mundo de la política, y hablando del PSOE, pasa lo mismo ?. Tiene claro que ?no debería existir ni izquierdas o ni derechas tan marcadas ?. Para él, lo que se necesita es ?ser más demócratas y querer lo mejor para el país?. Entiende que la mejor forma de gobernar es ? escuchando, llegando a acuerdos y buscando lo mejor para todos, no solo para unos cuantos. Porque si la oposición tiene una buena idea y es buena para todos ¿por qué no lo vamos a hacer?", a lo que apunta como "algo impensable en un país tan polarizado como estamos". Óscar Puente no estaba para gestionar El ministro Óscar Puente es un caso señalado para explicar esa idea que critica de hacer política. ? Puente no estaba para gestionar , como sí lo está su sucesor Cuerpo; su misión era la de polarizar y polemizar ?. Y así, ?si miras el organigrama de la cúpula del partido, ves como la gran mayoría tiene un papel pensado para mantener el poder?. Pero Jesús Manuel Alonso aún no ha decidido su voto. A pesar de su opinión sobre Pedro Sánchez, él es del PSOE y sabe que antes del presidente, están sus compañeros de Soria. ?Lo siento por mis compañeros de Soria, porque ni se lo merecen ni quiero perjudicarles , pero es mi opinión personal y lo que estoy viendo?. Lo único que espera pasadas las próximas elecciones generales es ?lo mejor para este país y que se hagan los grandes acuerdos, reformas e inversiones que España necesita ?.
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