El partido o la coalición que logre formar un Gobierno tras las elecciones se encontrará un país que crece, con menos paro y deuda, pero que ofrece también grietas estructurales que hay que afrontar cuanto antes
Apenas han transcurrido unas horas del inicio de la campaña electoral y en el Gobierno ya miran con suspicacias a los tribunales. En las últimas horas se ha sucedido una cadena de decisiones que han generado un profundo malestar en Moncloa. La imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) sobre el caso Koldo y la personación de este grupo de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para requerir información sobre la financiación del PSOE, que se investiga en la Audiencia Nacional. En el Ejecutivo se quejan de una «rutina judicial» que opera en momentos clave. «Llaman... Ver Más
“No es una huelga general contra nadie, sino a favor de derechos de todos”, alegan en la Moncloa, ya en la antesala de la campaña electoral del 29-N
Borja Carabante ha asegurado que en el consistorio "estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación" ante la futura reclamación de 20 millones de euros El Real Madrid pedirá al Ayuntamiento 20 millones por su gasto en el concurso ilegal de los aparcamientos del Bernabéu El Gobierno de Almeida cree que va a salir sin necesidad de indemnizar al Real Madrid en el caso de los aparcamientos que el club blanco empezó a construir y que la Justicia declaró ilegales por falta de interés público. El concejal de Movilidad, Borja Carabante, garantiza que el Ayuntamiento “no desembolsará ni un céntimo de euro” de la petición de 20 millones de euros que le hace el Real Madrid por los costes en los que había incurrido en el momento de la sentencia. Aunque el consistorio asegura que por el momento no ha recibido la reclamación de del Real Madrid, Carabante ha afirmado con rotundidad a los medios en un acto en Callao: “Lo que sí puedo decir y garantizar a los madrileños es que el Ayuntamiento no va a desembolsar ni solo un céntimo de euro en ese coste”. Carabante ha recordado que se ha renunciado al parking “más controvertido”, el situado bajo la calle Padre Damián, pero el de la Castellana “es importante”. El Ayuntamiento de Madrid insiste en la opción de aprovechar los trabajos ejecutados en esa zona para continuar con las obras: “Estamos analizando cuáles son las alternativas para poder ejecutar un parking en esa instalación, a petición de los vecinos, pero sí quiero recordar que después de esa sentencia hemos tenido reuniones con los vecinos y nos han pedido que se ejecute un aparcamiento con plazas para residentes en el la Paseo de la Castellana”, ha contestado a la prensa. La Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu tumbó el concurso a medida que el área dirigida por Carabante adjudicó al Real Madrid en verano de 2023 después de que este le pidiera los dos aparcamientos como la guinda final para el recinto de eventos que había levantado en el Bernabéu. La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público” , entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego por el Supremo . Ahora, el Ayuntamiento intenta negociar con la asociación demandante una solución que pase por terminar el aparcamiento de Castellana, pero aún no se ha anunciado ningún acuerdo. Carabante ha dicho hoy que “nos hemos comprometido con los vecinos en que, si el Ayuntamiento de Madrid efectivamente lleva a cabo ese parking, habrá plazas para residentes”. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. Si tú también quieres y puedes hacerlo, hazte socia, hazte socio y contribuye a sostener nuestro trabajo diario y a publicar exclusivas que cambien las cosas. Si ya tienes una suscripción, puedes hacer una aportación extra a la sección local de Madrid para apoyar las informaciones de proximidad, sobre lo que importa en el día a día de los habitantes de esta ciudad: para hacerlo, entra en el apartado de 'tu cuota' en tu perfil privado . Tu ayuda al periodismo local es importante.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que a día de hoy sigue sin tener información que certifique que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta el 30 y 31 de julio, al tiempo que ha reivindicado que no se marchó de vacaciones sino que estuvo trabajando en otra "residencia oficial".
El Gobierno celebra la primera de las dos reuniones extraordinarias antes del 29-N para aprobar medidas sociales pendientes. La rueda de prensa se espera entre las 12.30 y las 13.00 horas.
El PSOE llama a la movilización de la izquierda y de votantes indecisos para ser la opción más votada en las elecciones del 29 de noviembre y frenar al bloque de derechas, que podría formar gobierno según la mayoría de las encuestas. Ni Zapatero ni Puente participarán en la campaña que arranca esta madrugada.
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Bruno García, alcalde de Cádiz, ha reafirmado en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes 13 de noviembre que el actual equipo municipal presentará presupuestos para 2027 . Pese a ser un año de elecciones, el primer edil considera necesario que «para dar estabilidad, sea el que sea el alcalde o alcaldesa, debe tener un presupuesto y contar con una serie de inversiones garantizadas en la ciudad».El objetivo del Ayuntamiento es que estén cerrados para el próximo 31 de diciembre , aunque no descarta que puedan estar definidos antes. Bruno García ha asegurado que en las últimas semanas han aprovechado para darles forma.El alcalde también ha comunicado que el pleno ordinario de diciembre está previsto que se celebre el día 17, jueves. Tendrá lugar en mitad del mes para evitar los días de nochebuena y nochevieja. Por otra parte, el pleno extraordinario se realizará «el último lunes del año, es decir, el día 28». Será esa semana cuando el equipo de gobierno calcula que presentarán los próximos presupuestos.No obstante, Bruno García ha avisado que si no están aprobados el día 1 de enero debido al proceso que conlleva, «lo estarán lo antes posible». El presidente provincial del Partido Popular ha remarcado que no debería suponer inconveniente alguno, pues recuerda que «la oposición, a nivel nacional, no ha logrado llevar presupuestos en cuatro años, y, en Cádiz, solo los hacían en años impares».Diputación también presenta los presupuestos del próximo ejercicioEste anuncio se produce en la misma jornada que la Diputación de Cádiz ha presentado sus presupuestos provinciales . La institución, que preside Almudena Martínez del Junco, ha incrementado la partida un 9,5% con respecto a 2026. Las cifras del próximo ejercicio ascienden a 448,6 millones de euros consolidados.Serán aprobados en pleno ordinario el próximo miércoles 18 de noviembre y batirán un récord en inversiones al alcanzar los 103,7 millones de euros.
MURCIA. La prórroga de los alquileres convalidada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados en un Real Decreto-ley con medidas de vivienda permitirá un ahorro mediano de 2.945 euros por hogar en la Región de Murcia , según los cálculos de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Así, un total de 46.819 contratos de alquiler podrán beneficiarse en la Comunidad de la prórroga extraordinaria de dos años impulsada por el Gobierno de España para aquellos arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Instituto Nacional de Estadística señala que, de media, en cada hogar en alquiler hay 2,59 personas por hogar en alquiler a precio de mercado. Con este número de contratos prorrogables, son 117.500 personas las que podrían beneficiarse de esta medida en la Región de Murcia y casi cinco millones de personas en toda España que van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones. Los contratos y el ahorro se calculan con una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, que sube como los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no hay salto, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. Las personas, unos 4,9 millones, se estiman con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Esta prórroga de los contratos de alquiler, además de ofrecer estabilidad y certidumbre, va a suponer un importante ahorro para las familias que viven de alquiler. En el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano por hogar asciende a 4.341 euros en toda España.
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El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente del reglamento que garantizará el poder adquisitivo de las jubilaciones, a la espera de conocerse la cifra definitiva el próximo día 27 de noviembre Por qué el sistema público de pensiones ni “está quebrado” ni “va a petar” como dicen PP y Vox El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para actualizar las pensiones desde el 1 de enero de 2027, en el primer día de la campaña electoral oficial de cara a los comicios del 29 de noviembre, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la tramitación urgente del real decreto que garantizará su poder adquisitivo. La ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de ese acuerdo que permitirá que el real decreto de mantenimiento de las pensiones sea tramitado de forma urgente (lo que reduce los plazos de cara a los trámites de participación pública y los informes preceptivos), antes de conocerse la cifra oficial con la que se actualizarán. Esta se sabrá el próximo día 27, cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación de noviembre, lo que permitirá hacer la media con los 11 meses anteriores, tal y como establece la ley. “Para este gobierno es una prioridad que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y sigan evolucionando con el coste de la vida las pensiones”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta subida, ha subrayado la portavoz, será de “una horquilla entre el 3 y el 4%”. Una vez conocida la cifra oficial, el Gobierno tendrá que aprobar un Real Decreto-Ley que autorice el incremento del gasto para la Seguridad Social con la cifra que arroje esa media del IPC de los últimos 12 meses. El Gobierno ha deslizado que podría hacerlo en funciones y llevarlo a la Diputación Permanente antes de que se constituyan las Cortes Generales que deriven de las elecciones del 29 de noviembre, algo que sucederá el próximo 23 de diciembre. Las pensiones se han convertido en uno de los principales temas de campaña, después de que tanto Vox como el PP hayan asegurado en la precampaña que el sistema era un “zombi” (según José María Figaredo, de Vox) o que iba a “petar” (de acuerdo con la portavoz popular Ester Muñoz). Así, Saiz ha aprovechado para sacar pecho de las reformas en materia de pensiones que ha aprobado el Gobierno desde el aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2018. Desde entonces, ha dicho la titular de Seguridad Social, las pensiones se han revalorizado un 28,1%, frente al 2% de incremento que habrían experimentado en caso de haber seguido en vigor la ley de pensiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La pensión media ha avanzado un 44,5% en el mismo periodo, entre otras razones por las pensiones más cuantiosas de los nuevos jubilados del sistema, que se incorporan con salarios más elevados y carreras profesionales más largas. “Esta es la importancia de garantizar por ley el poder adquisitivo en lugar de dejar que los pensionistas sufran el impacto del incremento del coste de la vida”, ha dicho la portavoz. Saiz ha defendido la sostenibilidad del sistema pese a los augurios de los partidos de la derecha, gracias a la subida de los ingresos por cotizaciones, al dinamismo del empleo y a los flujos migratorios. Una sostenibilidad, ha dicho, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constató que el gasto medio neto en pensiones hasta 2050 no superará el umbral del 13,3% del producto interior bruto (PIB), lo que habría activado una subida adicional de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
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El Gobierno de coalición activa la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de cara a 2027. El proceso de actualización indexado al Índice de Precios de Consumo (IPC) de estas prestaciones está garantizado por la Ley 21/2021; sin embargo, el Ejecutivo debe aprobar anualmente un Real Decreto con el porcentaje determinado del incremento, paso que ha dado este viernes. "Arranca la maquinaria", ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la tramitación urgente de esta norma. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha aseverado la también ministra portavoz. No obstante, se deberá esperar a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre, cuyo adelanto se conocerá el viernes 27, dos días antes de las elecciones, y su confirmación se producirá el 15 de diciembre, con los resultado ya conocidos, para realizar la habitual media anual, que excluye diciembre. "Es una prioridad", ha defendido Saiz el "trámite ordinario", desmintiendo que responda a un carácter excepcional. En esta línea, la ministra portavoz ha insistido en que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso, al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas y no contributivas. Más de un 28% de incremento desde 2018 La titular de la cartera de Seguridad Social también ha presentado un informe relativo a la evolución de las pensiones desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y al efecto de las diferentes reformas acometidas en el sistema, que ahora se está poniendo en duda. Al respecto, Saiz ha asegurado que el Gobierno se ha centrado en mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Sobre la revalorización, la ministra ha defendido que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013 y que defendía Mariano Rajoy, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha alcanzado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Sobre los tipos de jubilación, la portavoz ha puesto en valor la ampliación de las modalidades de jubilación voluntaria, destacando la jubilación activa y la flexible y los incentivos a la demora. Con todo, la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026, lo que ha celebrado Saiz. Por último...
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
El Parlamento asturiano alerta de que los «sucesivos retrasos» ponen en riesgo los 730 empleos de la Fábrica de Armas ante el fin de otros contratos, todo ello en pleno pulso industrial por el papel de El Tallerón
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
La candidata número uno del PP al Congreso por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha apelado a «un voto de ilusión y no solo de castigo a los corruptos y a los ineptos» de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, para lo que ha señalado que «hay que reflexionar y poner en una balanza qué significa votar a un lado o al otro», antes de manifestar que «el PSOE pone en evidencia el desastre de gestión» y que Cádiz «necesita un gobierno que le duela y sepa de la provincia», recordando así que el PSOE vuelve a presentar a unas elecciones a un ministro que no es de la provincia.En un acto con militantes celebrado en Jerez de la Frontera, García-Pelayo ha asegurado que el objetivo del PP es «que mejore la vida de la gente , crear un proyecto común del que todos seamos partícipes y limpiar España», argumentando en este sentido que el PSOE «se ha instalado en la corrupción sistémica de estado, cada día escandalizan por algo que es incluso más grave, que debe preocupar incluso a los propios socialistas, porque va en contra de su ideario».«Necesitamos que la sociedad despierte, que los votantes socialistas de verdad digan que basta ya de pisotear las instituciones que nuestro Estado sea un Estado de derecho», ha añadido.«Las elecciones más importantes»Por su parte, el candidato número uno al Senado por la provincia de Cádiz, Jacinto Muñoz , ha hecho hincapié en que esta campaña electoral es «la más importante de las últimas elecciones, porque es el momento de cambiar el Gobierno de España y pensar en el futuro de la provincia de Cádiz». Así, ha pedido a la gente del PP que transmita que empieza «la campaña de la esperanza, de la ilusión, que es la única opción posible, conseguir eso para poder trabajar por la provincia».El presidente provincial del PP, Bruno García, ha contrapuesto que actualmente «hay dos noticias, una muy mala y otra buena», señalando que la mala es que la provincia «lleva ocho años sufriendo al PSOE, con la corrupción, la desconexión y el abandono de la provincia», mientras que «la buena es que afortunadamente hay unas elecciones el 29 de noviembre para cambiar eso y el PP tiene el equipo de personas adecuadas para que se produzca».«Necesitamos buenas noticias del Gobierno de España para la provincia de Cádiz y tenemos todas las ganas , las propuestas y a una persona eficaz y eficiente en las cosas que importan a la gente, se llama Alberto Núñez Feijóo», ha concluido.
El candidato republicano pone a Junts en el centro de su diana y les responsabiliza de "no posicionarse" ante el avance de la derecha: "Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas" Los partidos catalanes inician la campaña con el PSC en cabeza y Rufián y Colau peleando por el mismo espacio Gabriel Rufián ha decidido arrancar la campaña electoral desde Tarragona, donde ha subido al escenario a ritmo de rumba. La elección musical no ha sido casualidad y ha cobrado sentido cuando el candidato republicano ha citado a Los Chunguitos. La elección musical no ha sido baladí y ha tomado sentido en el momento en que ha recordado que los hermanos Salazar actuaron en un mitin electoral de Jordi Pujol en 1999. “Ese día, desde Nou Barris, Pujol dijo en castellano que Catalunya era diversa y que así tenía que ser. Y no pasó nada porque hablara de la migración en castellano. Yo quiero que vuelva esa derecha, la del seny y la que no presume de estar en el medio”, ha insistido Rufián, que ha dedidado buena parte de sus discursos a atacar a Junts. Durante este primer mitin de la campaña electoral, los republicanos han sacado a relucir diversas veces las declaraciones de Míriam Nogueras, que presume de estar “en el medio”, mientras el resto de partidos “han sido arrastrados por los extremos”. Ante estas afirmaciones, Rufián ha espetado a los juntaires que “estar en medio es ser colaboracionista de Abascal. La vida es tomar partido”. En este momento, Rufián ha adoptado su tono irónico para cantar la alineación de un posible gobierno conformado por el PP y Vox. “Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias. Para el resto de carteras ha situado a Herman Tersch de ministro de Consumo, a Isabel Díaz Ayuso en la de vivienda; en Defensa, a Ana Vázquez, ”la del spray “. ”Sabemos lo que harán, irán a por las pensiones, a por la educación y en contra nuestra“, ha expresado Rufián, que en seguida ha vuelto a cargar tintas contra Junts con una frase que ya había pronunciado antes: ”Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas“. En esta línea, y siguiendo la estela de otras intervenciones durante la precampaña, ha sacado la bandera catalanista -que no independentista- para justificar por qué comparece a unas elecciones españolas de la mano de un partido no secesionista como es Podemos. ERC envió militantes a todos los frentes a combatir al fascismo. ¿Por qué no ahora?“, se ha preguntado el republicano, después de recordar cuando Companys animó a los madrileños ante el avance de las tropas nacionales. También ha echado mano del president Macià para reivindicar esa Catalunya diversa e insistir en que “no hay una sola manera de ser catalán”. Po eso, dice, ERC apela a quienes tengan sus prioridades en los ideales de “justicia, democracia y libertad”. “Si esos son vuestros principios, sois bienvenidos. Y ojalá algún día vengan también los Comuns”. De hecho, tan a un lado ha dejado el discurso independentista, que ha vuelto a resucitar la idea del “mientras tanto”. Así, en lo que Catalunya consigue la independencia, asegura que su papel será “obligar al PSOE a que ponga más pasta” porque “por mucho que le pongas a un tren una estación de Rodalies y un maquinista indepe , no llegará antes. Hay que poner pasta donde toca porque queremos competir con China mientras se olvidan de la clase trabajadora”. La cuestión de clase ha estado muy presente en el discurso de Rufián, que no puede obviar que no sólo compite con el electorado independentista que interpela Junts, sino que seguramente su principal rival está en los Comuns. Por eso han hecho suya la bandera de la lucha contra la especulación inmobiliaria y la idea de subir los impuestos a las grandes fortunas. “Vamos a freir a impuestos a quien quiera hacerse rico con la vivienda. Y os puedo asegurar que el concepto es nuestro”, ha apuntado Rufián, en referencia a unas declaraciones de Ada Colau, que se dirigió en estos términos a Cayetana Álvarez de Toledo. Si bien ha evitado enfrentarse abiertamente al Frente Amplio, Rufián sí ha insistido en la idea de que los ministros de Sumar no han sabido “presionar” al PSOE como lo hicieron los de Podemos, aunque ha querido reconocer que ninguno de ellos, “ni siquiera ERC, ha sido capaz de convencer al PSOE para que frenara la especulación y mejorara las condiciones de vida”. Rufián ha optado en este inicio de campaña por un tono beligerante que ha ido acorde con el lema escogido: Defensa't (Defiéndete); una propuesta que busca eludir al conflicto, a las consecuencias de un ascenso de la derecha y la ultraderecha. Ha apelado al voto con una metáfora muy ilustrativa: “Vienen momentos complicados. Y os lo plantearé con una pregunta: ¿Dejaríais las llaves de vuestras casas a Jordi Hereu para que las defendiera?”, ha cuestionado, en referencia al candidato por Barcelona del PSOE. “¿Y a mí?”. La ovación del público, encandilado por el tono épico de la última parte del discurso de Rufián, ha bastado como respuesta. Catalanismo y bandera de clase ERC, que antaño centraba sus discursos en la cuestión nacional ha rebajado mucho el tono. Prueba de ello ha sido un Junqueras algo incómodo cuando, al acabar su intervención, los asistentes han empezado a corear “independència”. El presidente de la formación ha seguido a sus acólitos de manera tímida, igual que lo ha hecho Rufián desde el público. En cambio, la secretaria general, Elisenda Alamany, no ha movido los labios. Ella ha hecho gala de un discurso muy enfocado en las condiciones materiales y ha hablado de “generaciones que no conocen otra cosa que las crisis”. Ha puesto el foco en la vivienda y en los “beneficios de las grandes empresas”. Con la vista puesta en disputar votantes al Frente Amplio, ha disparado contra las élites y ha afeado que las decisiones las tomen “los que pisan moqueta, los que tienen apellidos compuestos y no han trabajado en su puñetera vida. Tenemos que defendernos de esa gentuza”, ha dicho Alamany que, de hecho, empezó su carrera en las listas de los Comuns. Junqueras, por su parte, ha puesto el apunte global, mirando a las recientes victorias de la izquierda en Estados Unidos, Israel, Brasil, Polonia o Serbia. “Es que se parece a nosotros está ganando a la amenaza internacional reaccionaria”, ha afirmado, sumándose al carro de las formaciones de izquierdas que se quieren reflejar en figuras como las de Lula o Abdul El-Sayed. “El PSOE arrastra los pies y los Comuns no sirven porque son de una dejadez infinita. Nuestra apuesta no es de sopa de letras ni de repartición de sillas. Nuestra mayoría amplia es con la gente y es a ellos a quienes pedimos colaboración”, ha dicho Junqueras, intentando espantar al fantasma del fracaso en la negociación de una candidatura unitaria que tanto ha perjudicado a las formaciones de izquierdas en las encuestas.
La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.
Captura de pantalla del manual de instrucciones para las personas que integran las Mesas electorales. Como cuenta Verificat , miembro del International Fact-Checking Network (IFCN) y European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) al igual que Maldita.es , la JEC había autorizado en septiembre de 2025 el uso de las aplicaciones del DNI y el carné de conducir digitales para poder votar, pero el acuerdo 94/2026 , de marzo, suspendió que se pudiera recurrir al DNI Digital para emitir el voto . El uso del carné de conducir para votar no se ha autorizado , a 10 de noviembre de 2026, y en la orden del 29 de octubre se da respuesta, con la implantación de estos lectores QR, a la petición de la Junta Electoral Central de que se garantizara una verificación de la identidad de los electores “suficientemente segura”. Como ya te hemos explicado en Maldita.es , desde septiembre de 2025, la Junta Electoral permite acreditar la identidad de los votantes en las mesas electorales con la aplicación de mi DNI . Su uso quedó suspendido en marzo de 2026 hasta que se dotase a las mesas electorales de este sistema de verificación seguro. No dejes que la desinformación vote por ti. Los desinformadores buscan que dejes de creer en todo: están coordinados y empujan una agenda propia. En Maldita.es te damos las herramientas para que los bulos no te roben la capacidad de decisión. Hacerles frente cuesta, y mucho. Crear bulos y destruir la confianza de la sociedad es barato, pero luchar contra ellos y reconstruir requiere conocimiento, tiempo y recursos. Maldita.es nació gracias a ti y sigue viva con tu apoyo. Aquí no mandan los intereses, manda la comunidad y el bien común. Únete a la comunidad que le planta cara a la desinformación. Cada euro suma: dona lo que puedas. Cada cuánto Una vez Pago puntual Cada mes Apoyo continuo Cada año 1 cobro anual Cuánto quieres aportar € Introduce un importe entre 5 € y 10.000 €. Pago seguro · desgrava en el IRPF
