El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente del reglamento que garantizará el poder adquisitivo de las jubilaciones, a la espera de conocerse la cifra definitiva el próximo día 27 de noviembre Por qué el sistema público de pensiones ni “está quebrado” ni “va a petar” como dicen PP y Vox El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para actualizar las pensiones desde el 1 de enero de 2027, en el primer día de la campaña electoral oficial de cara a los comicios del 29 de noviembre, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la tramitación urgente del real decreto que garantizará su poder adquisitivo. La ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de ese acuerdo que permitirá que el real decreto de mantenimiento de las pensiones sea tramitado de forma urgente (lo que reduce los plazos de cara a los trámites de participación pública y los informes preceptivos), antes de conocerse la cifra oficial con la que se actualizarán. Esta se sabrá el próximo día 27, cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación de noviembre, lo que permitirá hacer la media con los 11 meses anteriores, tal y como establece la ley. “Para este gobierno es una prioridad que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y sigan evolucionando con el coste de la vida las pensiones”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta subida, ha subrayado la portavoz, será de “una horquilla entre el 3 y el 4%”. Una vez conocida la cifra oficial, el Gobierno tendrá que aprobar un Real Decreto-Ley que autorice el incremento del gasto para la Seguridad Social con la cifra que arroje esa media del IPC de los últimos 12 meses. El Gobierno ha deslizado que podría hacerlo en funciones y llevarlo a la Diputación Permanente antes de que se constituyan las Cortes Generales que deriven de las elecciones del 29 de noviembre, algo que sucederá el próximo 23 de diciembre. Las pensiones se han convertido en uno de los principales temas de campaña, después de que tanto Vox como el PP hayan asegurado en la precampaña que el sistema era un “zombi” (según José María Figaredo, de Vox) o que iba a “petar” (de acuerdo con la portavoz popular Ester Muñoz). Así, Saiz ha aprovechado para sacar pecho de las reformas en materia de pensiones que ha aprobado el Gobierno desde el aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2018. Desde entonces, ha dicho la titular de Seguridad Social, las pensiones se han revalorizado un 28,1%, frente al 2% de incremento que habrían experimentado en caso de haber seguido en vigor la ley de pensiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La pensión media ha avanzado un 44,5% en el mismo periodo, entre otras razones por las pensiones más cuantiosas de los nuevos jubilados del sistema, que se incorporan con salarios más elevados y carreras profesionales más largas. “Esta es la importancia de garantizar por ley el poder adquisitivo en lugar de dejar que los pensionistas sufran el impacto del incremento del coste de la vida”, ha dicho la portavoz. Saiz ha defendido la sostenibilidad del sistema pese a los augurios de los partidos de la derecha, gracias a la subida de los ingresos por cotizaciones, al dinamismo del empleo y a los flujos migratorios. Una sostenibilidad, ha dicho, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constató que el gasto medio neto en pensiones hasta 2050 no superará el umbral del 13,3% del producto interior bruto (PIB), lo que habría activado una subida adicional de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
El Gobierno celebra la primera de las dos reuniones extraordinarias antes del 29-N para aprobar medidas sociales pendientes. La rueda de prensa se espera entre las 12.30 y las 13.00 horas.
Las camareras de piso, conocidas como 'kellys', están más cerca de conseguir una de sus reivindicaciones históricas. La Seguridad Social estudia reconocer determinadas enfermedades profesionales asociadas a esta actividad y reforzar la protección de un colectivo sometido durante años a una elevada carga física.
Las camareras de piso, conocidas como 'kellys', están más cerca de conseguir una de sus reivindicaciones históricas. La Seguridad Social estudia reconocer determinadas enfermedades profesionales asociadas a esta actividad y reforzar la protección de un colectivo sometido durante años a una elevada carga física.
Bruno García, alcalde de Cádiz, ha reafirmado en la Junta de Gobierno Local celebrada este viernes 13 de noviembre que el actual equipo municipal presentará presupuestos para 2027 . Pese a ser un año de elecciones, el primer edil considera necesario que «para dar estabilidad, sea el que sea el alcalde o alcaldesa, debe tener un presupuesto y contar con una serie de inversiones garantizadas en la ciudad».El objetivo del Ayuntamiento es que estén cerrados para el próximo 31 de diciembre , aunque no descarta que puedan estar definidos antes. Bruno García ha asegurado que en las últimas semanas han aprovechado para darles forma.El alcalde también ha comunicado que el pleno ordinario de diciembre está previsto que se celebre el día 17, jueves. Tendrá lugar en mitad del mes para evitar los días de nochebuena y nochevieja. Por otra parte, el pleno extraordinario se realizará «el último lunes del año, es decir, el día 28». Será esa semana cuando el equipo de gobierno calcula que presentarán los próximos presupuestos.No obstante, Bruno García ha avisado que si no están aprobados el día 1 de enero debido al proceso que conlleva, «lo estarán lo antes posible». El presidente provincial del Partido Popular ha remarcado que no debería suponer inconveniente alguno, pues recuerda que «la oposición, a nivel nacional, no ha logrado llevar presupuestos en cuatro años, y, en Cádiz, solo los hacían en años impares».Diputación también presenta los presupuestos del próximo ejercicioEste anuncio se produce en la misma jornada que la Diputación de Cádiz ha presentado sus presupuestos provinciales . La institución, que preside Almudena Martínez del Junco, ha incrementado la partida un 9,5% con respecto a 2026. Las cifras del próximo ejercicio ascienden a 448,6 millones de euros consolidados.Serán aprobados en pleno ordinario el próximo miércoles 18 de noviembre y batirán un récord en inversiones al alcanzar los 103,7 millones de euros.
El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente del reglamento que garantizará el poder adquisitivo de las jubilaciones, a la espera de conocerse la cifra definitiva el próximo día 27 de noviembre Por qué el sistema público de pensiones ni “está quebrado” ni “va a petar” como dicen PP y Vox El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para actualizar las pensiones desde el 1 de enero de 2027, en el primer día de la campaña electoral oficial de cara a los comicios del 29 de noviembre, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la tramitación urgente del real decreto que garantizará su poder adquisitivo. La ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de ese acuerdo que permitirá que el real decreto de mantenimiento de las pensiones sea tramitado de forma urgente (lo que reduce los plazos de cara a los trámites de participación pública y los informes preceptivos), antes de conocerse la cifra oficial con la que se actualizarán. Esta se sabrá el próximo día 27, cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación de noviembre, lo que permitirá hacer la media con los 11 meses anteriores, tal y como establece la ley. “Para este gobierno es una prioridad que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y sigan evolucionando con el coste de la vida las pensiones”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta subida, ha subrayado la portavoz, será de “una horquilla entre el 3 y el 4%”. Una vez conocida la cifra oficial, el Gobierno tendrá que aprobar un Real Decreto-Ley que autorice el incremento del gasto para la Seguridad Social con la cifra que arroje esa media del IPC de los últimos 12 meses. El Gobierno ha deslizado que podría hacerlo en funciones y llevarlo a la Diputación Permanente antes de que se constituyan las Cortes Generales que deriven de las elecciones del 29 de noviembre, algo que sucederá el próximo 23 de diciembre. Las pensiones se han convertido en uno de los principales temas de campaña, después de que tanto Vox como el PP hayan asegurado en la precampaña que el sistema era un “zombi” (según José María Figaredo, de Vox) o que iba a “petar” (de acuerdo con la portavoz popular Ester Muñoz). Así, Saiz ha aprovechado para sacar pecho de las reformas en materia de pensiones que ha aprobado el Gobierno desde el aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2018. Desde entonces, ha dicho la titular de Seguridad Social, las pensiones se han revalorizado un 28,1%, frente al 2% de incremento que habrían experimentado en caso de haber seguido en vigor la ley de pensiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La pensión media ha avanzado un 44,5% en el mismo periodo, entre otras razones por las pensiones más cuantiosas de los nuevos jubilados del sistema, que se incorporan con salarios más elevados y carreras profesionales más largas. “Esta es la importancia de garantizar por ley el poder adquisitivo en lugar de dejar que los pensionistas sufran el impacto del incremento del coste de la vida”, ha dicho la portavoz. Saiz ha defendido la sostenibilidad del sistema pese a los augurios de los partidos de la derecha, gracias a la subida de los ingresos por cotizaciones, al dinamismo del empleo y a los flujos migratorios. Una sostenibilidad, ha dicho, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constató que el gasto medio neto en pensiones hasta 2050 no superará el umbral del 13,3% del producto interior bruto (PIB), lo que habría activado una subida adicional de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
El Gobierno de coalición activa la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de cara a 2027. El proceso de actualización indexado al Índice de Precios de Consumo (IPC) de estas prestaciones está garantizado por la Ley 21/2021; sin embargo, el Ejecutivo debe aprobar anualmente un Real Decreto con el porcentaje determinado del incremento, paso que ha dado este viernes. "Arranca la maquinaria", ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la tramitación urgente de esta norma. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha aseverado la también ministra portavoz. No obstante, se deberá esperar a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre, cuyo adelanto se conocerá el viernes 27, dos días antes de las elecciones, y su confirmación se producirá el 15 de diciembre, con los resultado ya conocidos, para realizar la habitual media anual, que excluye diciembre. "Es una prioridad", ha defendido Saiz el "trámite ordinario", desmintiendo que responda a un carácter excepcional. En esta línea, la ministra portavoz ha insistido en que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso, al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas y no contributivas. Más de un 28% de incremento desde 2018 La titular de la cartera de Seguridad Social también ha presentado un informe relativo a la evolución de las pensiones desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y al efecto de las diferentes reformas acometidas en el sistema, que ahora se está poniendo en duda. Al respecto, Saiz ha asegurado que el Gobierno se ha centrado en mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Sobre la revalorización, la ministra ha defendido que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013 y que defendía Mariano Rajoy, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha alcanzado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Sobre los tipos de jubilación, la portavoz ha puesto en valor la ampliación de las modalidades de jubilación voluntaria, destacando la jubilación activa y la flexible y los incentivos a la demora. Con todo, la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026, lo que ha celebrado Saiz. Por último...
El Acuerdo del Consejo de Ministros como anexo de la Orden PJC/1461/2025 sobre las obligaciones del servicio postal en las elecciones incluye un párrafo que menciona la información que debe recibir el Ministerio del Interior [ Apartado segundo ]: Captura de la Orden PJC/1461/2025 en la que se indica qué información recibe el Ministerio del Interior. Según El Confidencial , al cruzarse la información por circunscripciones territoriales con la obligación de dar cuenta de la «evolución de las solicitudes», el Ministerio del Interior puede recibir reportes con cifras agregadas por provincia o municipio. En Maldita.es hemos preguntado al Ministerio del Interior por ello, pero a fecha de publicación de este artículo no hemos obtenido respuesta. Además, en lo referente al voto de residentes en el extranjero (CERA), la norma aprobada menciona que Correos informará con detalle sobre las entregas en las juntas electorales en las que se reciben [ Apartado tercero, letra c ]: Captura de la Orden PJC/1461/2025. En cuanto a la identidad del votante o al sentido del voto, la Orden no modifica el procedimiento del voto por correo, recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG, Artículos 73 y 88 ) que asegura el secreto del contenido del sobre . Como contamos en Maldita.es , el voto por correo se cuenta junto al voto presencial en urna y son los miembros de la mesa electoral los encargados de dicho procedimiento : el presidente de la mesa abre cada uno de los sobres de envío a la mesa electoral, extrae los sobres con las papeletas y el certificado de inscripción en el censo electoral. Comprueba que el certificado de inscripción en el censo electoral es correcto e introduce los sobres cerrados con las papeletas en la urna . La norma mencionada explica el procedimiento para el trámite de la solicitud (letra b ) y el trámite del envío del voto ya emitido ( letra d ). En ella se establece que Correos será el intermediario encargado de verificar la identidad, ya sea en una de sus oficinas o a través de su web usando un certificado digital o DNIe. La información será remitida a la Oficina del Censo Electoral para aprobar la solicitud . El Gobierno no recibe esta información.
El Gobierno celebra la primera de las dos reuniones extraordinarias antes del 29-N para aprobar medidas sociales pendientes. La rueda de prensa se espera entre las 12.30 y las 13.00 horas.
Gobierno, Junta y Ayuntamiento apuestan por el consenso y la coordinación entre administraciones para dar respuesta al reto de la vivienda y aprobar inicialmente el Plan de Ordenación Municipal el próximo año La entrada Las I Jornadas de Urbanismo de Toledo ponen el foco en el POM con vistas a conseguir el mayor consenso posible se publicó primero en Noticias Toledo y Provincia | Toledodiario .
Basta con abrir TikTok, Instagram o X para cruzarse con vídeos de montajes vertiginosos y música de suspense que lanzan una advertencia : supuestamente, hasta 17 países estarían preparando a su población para afrontar 72 horas sin electricidad, sin internet y sin bancos. Con el recuerdo del apagón del año pasado en España, este tipo de publicaciones alarmistas encuentran el terreno abonado para viralizarse en horas. Ahora bien, detrás de esa urgencia no hay ninguna alerta oficial ni indicio de que la red eléctrica o las telecomunicaciones vayan a caer. Eso que quede claro. Lo que estamos viendo es un bulo construido a base de mezclar tres sucesos que no guardan relación entre sí y presentarlos como una conspiración señalada en el calendario para el próximo martes 17 de noviembre. El origen del rumor La fecha exacta que repiten los vídeos no es casual, pero tampoco responde a ningún fallo eléctrico. Ese día está programada en EEUU una prueba de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) . Tan solo será para comprobar que los avisos se difunden correctamente por radio y televisión y no implica cortar la corriente ni desconectar las redes móviles . A este anuncio se sumó un segundo ingrediente viral en X y TikTok: Los Simpson. En el episodio 'It's a Blunderful Life' (temporada 35, para los curiosos), Lisa relata un apagón ocurrido un 17 de noviembre, eso sí, sin mencionar año alguno. Los algoritmos hicieron el resto al cruzar ambos datos con ciberataques recientes y averías. Y el tercer pilar de la desinformación procede de tergiversar recomendaciones de organismos públicos . La Unión Europea y diversos organismos nacionales de protección civil están difundiendo consejos para que los hogares cuenten con recursos básicos durante las primeras 72 horas de una emergencia, sin que exista un solo aviso de colapso. En Xataka Móvil España acaba de aprobar el salto definitivo a la radio DAB+. La mala noticia es para tu móvil y los coches antiguos Qué recomiendan las autoridades El ruido en redes ya ha tenido efectos tangibles en el consumo, llegando a agotar radios a manivela en países como Reino Unido por pura compra impulsiva. Así que conviene separar el sensacionalismo de la prevención sensata. ¿Qué dice la guía de Europa sobre su kit de 72 horas? Pues bien, responde al sentido común de cualquier imprevisto: agua potable, alimentos no perecederos, medicación, algo de dinero en efectivo, una linterna y baterías externas cargadas. Sin olvidar una radio FM/AM a pilas, el único aparato que recibiría información si la telefonía deja de funcionar. Pero que quede claro: ni hay un apagón mundial programado para el 17 de noviembre ni hace falta entrar en pánico ante el próximo vídeo que encuentres en redes sociales. Imagen destacada | Andrey Metelev en Unsplash En Xataka Móvil | “Un nuevo derecho digital”: el Gobierno por fin hace oficial la obligación de asegurar la cobertura en caso de apagón - La noticia Están circulando vídeos sobre un apagón de tres días sin luz ni internet. La realidad detrás del bulo tiene una explicación sencilla fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Pepu Ricca .
La Diputación Permanente convalida el decreto que incluye esa medida, junto a otras como la prórroga de alquileres, con los votos a favor de PSOE, Frente Amplio, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. El rechazo del PNV tumba el segundo decreto, que convertía los alquileres en indefinidos Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, escudo antidesahucios y alquiler de temporada La campaña electoral comenzará este viernes a las 00.00 horas, pero los partidos que componen el Gobierno —el PSOE y el Frente Amplio— se apuntaron el primer tanto unas horas antes, en torno al mediodía de este jueves. El Congreso de los Diputados aprobó la convalidación del decreto aprobado a principios de octubre que contiene el grueso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables hasta 2031 o el establecimiento de un IVA del 10% para los pisos turísticos. Lo hizo con los votos a favor de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG, además de los partidos que forman parte del Ejecutivo, y pese al rechazo de PP, Vox y Junts. El texto convalidado este jueves es prácticamente idéntico al que tumbaron en septiembre las tres formaciones de la derecha, un rechazo que condujo precisamente a la convocatoria de los comicios. No obstante, entonces PP, Vox y Junts pudieron derribar el decreto en el Congreso porque se votó en la sesión plenaria, a diferencia de lo que ocurrió este jueves, cuando fue la Diputación Permanente —el órgano reducido que mantiene el funcionamiento de la Cámara cuando esta está disuelta— la que lo debatió y lo votó. Allí, el Gobierno y sus socios tienen mayoría por un solo voto, y la hicieron valer pese a que los tres partidos de la derecha volvieron a oponerse a la convaldiación del texto. Por el contrario, el segundo de los decretos que se aprobaron el mes pasado y que se votaron este jueves, el que establecía la duración indefinida de los contratos de alquiler salvo que el propietario necesitara el piso para sí o para un familiar, volvió a ser tumbado. Aunque PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG apoyaron también la convalidación de este segundo texto, el PNV votó en contra junto a PP, Vox y Junts, con lo que la mayoría de la Diputación Permanente se inclinó por derogarlo. El decreto más amplio, el que sí fue convalidado este jueves, incluye como una de las medidas estrella la protección antidesahucios, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Asimismo, se mantiene en vigor la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del contrato de alquiler de hasta dos años adicionales para los acuerdos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, si el inquilino está al corriente de pago. Y, para las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027, se prohíbe actualizar la cuota si esta supera el precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. El decreto también incluye la prohibición, hasta el 31 de diciembre de 2030, de que grandes tenedores y fondos buitre adquieran viviendas por un valor inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Y se mantendrá, igualmente, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, uno de los grandes agujeros de la ley de vivienda aprobada en 2023 por el que algunos caseros sorteaban las limitaciones que esta norma establece. Básicamente, esta nueva regulación iguala los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los caseros que firmen un contrato de una habitación o de un piso por un plazo determinado a los de un alquiler tradicional. En el caso del alquiler de temporada, deberá demostrarse con pruebas de que el inquilino tiene necesidad temporal, y si eso no ocurre el contrato se considerará como de vivienda habitual. Además, si se encadenan contratos de temporada a una misma persona, el arrendamiento también se entenderá como estable. La vista puesta en las elecciones Aunque el debate parlamentario sobre los dos decretos se produjo unas horas antes de que dé comienzo la campaña electoral, lo cierto es que los comicios del 29 de noviembre estuvieron muy presentes, explícita o implícitamente, en las intervenciones de todos los portavoces. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró durante su intervención para presentar el paquete de medidas que finalmente fue convalidado su confianza en que “las urnas se llenen las papeletas de los partidos políticos que luchan y trabajan cada día para que este derecho quede consagrado como manda la Constitución”. Rodríguez, asimismo, reivindicó las movilizaciones que tuvieron lugar este miércoles en toda España a raíz de la huelga general. “El derecho a la vivienda caminó con dignidad por nuestras calles y plazas en el día de ayer”, celebró la ministra, que afirmó que la reclamación principal de esas marchas era “algo tan de sentido común como que el alquiler no se coma el salario”. A diferencia de lo que ha defendido el PSOE hasta hace un tiempo, Rodríguez afirmó que la vivienda “no es una mercancía” y, por ende, “no puede ser tratada como un activo financiero”. “Quienes ayer ejercieron su derecho a la huelga saben que defender el derecho a la vivienda pasa también por ejercer su derecho al voto. Derechos, esto es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre en las próximas elecciones”, planteó en la misma línea de campaña Rodríguez, que advirtió de que PP y Vox “no plantean una alternativa de gobierno”, sino “una profunda involución democrática que, en el caso de las políticas públicas de vivienda implican volver al año 1996, al pelotazo y a la desprotección ciudadana”. Por el contrario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue menos explícito a la hora de referirse a la cita electoral de dentro de dos semanas, aunque su intervención para defender el decreto de alquileres indefinidos —el que fue derogado— también tuvo un inconfundible aroma a campaña. “La fuerza unitaria organizada del pueblo trabajador es imparable y se va a abrir paso, y el derecho a la vivienda se va a abrir paso independientemente de los aspavientos que hagan ustedes para disimular lo que están haciendo”, espetó Bustinduy a PP, Vox y Junts, a quienes calificó de “bloque rentista”. El ministro, al igual que Rodríguez, también saludó las manifestaciones que tuvieron lugar este miércoles con motivo de la huelga. “Toda la de este país debe estar supeditada al interés general, y el interés general es el interés de las clases trabajadoras”, espetó Bustinduy, que cargó contra “la intimidación” y “la violencia intolerable que sufrieron en las calles” los manifestantes por parte de la policía, pero celebró que “lograron una vez más parar el país”. “Si hoy esta Diputación Permanente va a posicionarse sobre los decretos de vivienda es gracias a esa lucha, como lo ha sido siempre, como se han logrado todas las conquistas que han mejorado la vida de las clases trabajadoras”, aseveró.
La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Soria , Sara López, ha anunciado el voto en contra de su formación al expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (REC) y a la modificación presupuestaria número 11/2026 que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno. Denuncia el uso reiterado de esta fórmula para abonar gastos sin licitación previa, recordando que en junio ya se aprobó otro expediente similar por valor de 185.687,24 euros . "Una vez más, el Ayuntamiento acumula 680.425,39 euros en obligaciones de pago irregulares porque el PSOE omite de forma sistemática el procedimiento legal de contratación", ha señalado la representante municipal. Asimismo, ha criticado los sobrecostes en adjudicaciones ya finalizadas: "No vamos a tapar sus trampas en los contratos , ni los 600.000 euros que nos han costado a los sorianos. Después del caso Fuentona , lo que los sorianos piden al Ayuntamiento es transparencia". Junto a este expediente, el grupo socialista prevé aprobar una modificación presupuestaria de 549.561,11 euros . Según ha explicado López, esta cuantía se detrae de inversiones reales previstas para la ciudad, tales como la urbanización del polígono industrial de Las Casas, la adecuación de la plaza de Las Balsas o la creación de infraestructuras turísticas. Advertencias del interventor municipal En Vox aseguran no cuestionar el derecho de las empresas a cobrar por los servicios prestados, pero rechazan que se traslade el problema a los funcionarios. Según ha expuesto la concejal, el propio informe del interventor reprueba esta gestión: "El interventor ha dicho basta y ha tenido que parar los pies de forma contundente al equipo de gobierno ". El documento técnico alerta de "obligaciones indebidamente adquiridas y de incumplimientos normativos que determinan la nulidad de pleno derecho de las actuaciones municipales". Además, recuerda por escrito que la contratación verbal está prohibida y que un procedimiento extraordinario no puede convertirse en ordinario ni subsana por sí mismo los defectos administrativos. "Los propios técnicos les están diciendo que este Ayuntamiento gestiona al margen de la ley ", ha destacado López. Desglose de contratos caducados y facturas sin expediente El expediente afecta a la práctica totalidad de los departamentos del consistorio a través de servicios con contratos vencidos o prestaciones sin cobertura legal. Los principales importes y actuaciones señalados por Sara López se dividen en las siguientes áreas: Parques y Jardines: Acumula 292.635,83 euros en sobrecostes del servicio prestado por la empresa Talher, cuyo contrato finalizó en octubre de 2018 y se mantiene desde hace ocho años mediante órdenes de continuidad. Centros educativos: Suma 145.921,55 euros por la limpieza de colegios municipales (con el contrato vencido desde noviembre de 2021) y otros 111.003,73 euros de costes energéticos (cuya adjudicación expiró en noviembre de 2025). Deportes y transporte: Incluye facturas sin contrato previo para transportes escolares , torneos de pelota y servicios vinculados a la organización de la Superliga de voleibol , actividades que para la edil son previsibles y deberían haberse licitado. Cultura y Festejos: Abarca citas como Verano en Danza, la actuación del Mago Invisible, gastos adicionales de las fiestas de San Juan y la exposición sobre Gaya Nuño. En estos casos, se celebraron los eventos sin finalizar la adjudicación o, en lo referente al catálogo de la citada muestra, sin iniciar siquiera el expediente de contratación. Para concluir, la concejal ha cuestionado la falta de planificación municipal tras tres años de advertencias por parte de su grupo. "¿De qué sirve pregonar presupuestos récord si luego esconden el coste de los servicios básicos para acabar recurriendo a trampas contables?", ha planteado la edil, rechazando que se normalice la continuidad de servicios caducados a costa de reducir el dinero destinado a nuevas inversiones.
España concentra una veintena de los 75 actos convocados este fin de semana en Europa para exigir una moratoria en la construcción de estas infraestructuras, así como reglas claras sobre el consumo de energía y agua Los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la inteligencia artificial Zaragoza, Madrid, Barcelona, Huelva, Helsinki, Viena, París, Dublín, Bruselas, Milán, Marsella, Londres, Ámsterdam. La lista de la primera movilización de protesta contra los centros de datos a nivel europeo se extiende hasta las 75 ciudades. Manifestaciones, actos de protesta y puntos de información tendrán lugar este viernes y sábado bajo el lema Stop Dirty Data Centres (Paremos los centros de datos contaminantes), convocados por unas 102 organizaciones y colectivos adheridos. España, con hasta 20 eventos coordinados en grandes y pequeñas localidades, lidera la protesta. La chispa contra estas infraestructuras, fundamentales en el entrenamiento y despliegue de inteligencia artificial, saltó hace un año a nivel local. Especialmente, contra aquellas de mayor tamaño cuyo consumo eléctrico puede rivalizar con ciudades enteras, conocidas como hiperescalares . Desde entonces, cada vez más colectivos de distintos ámbitos, desde plataformas vecinales a ecologistas, pasando por organizaciones de derechos digitales, sindicatos, académicos y observadores de transparencia, se han organizado para impugnar la construcción “descontrolada” de centros de datos y los efectos sociales no deseados de la IA. Están convencidas de que el movimiento debe tener carácter continental, ya que de nada sirve frenar en un solo territorio. “Había que hacerlo a nivel europeo y apoyándonos entre todos para evitar que, al expulsar un centro de datos de un país, aparezca en el de al lado”, explica Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, una de las más activas a nivel nacional e internacional. Ese respaldo mutuo resulta determinante porque las regiones más afectadas suelen ser las menos pobladas. “Los que están avanzando en las zonas rurales son los más grandes, porque es donde hay más territorio y más posibilidad de extraer recursos, pero sobre todo porque hay más diferencia de poder”, denuncia la activista en conversación con elDiario.es: “Un agricultor, como nos pasa en Trigueros (Huelva) o en un pueblo de Huesca, tiene mucha menos capacidad de luchar o incluso contratar abogados en su zona”. Moratoria a la construcción Toda la movilización gira alrededor de una única petición: una moratoria en la construcción de centros de datos que permita aprobar leyes sobre su transparencia, así como su consumo de energía y agua . “Están jugando al salvaje Oeste: meterlo todo deprisa y corriendo antes de que dé tiempo a regular nada”, avisa Gómez. “La moratoria sería un debate con los políticos y la ciudadanía para decidir qué centros de datos queremos y qué es lo que consideramos hiperescala. Y no construir ninguno más para que nos dé tiempo a regular”. Los estudios muestran que tanto el número como la potencia de los centros de datos se han disparado desde 2020, con crecimientos acelerados desde 2024. Sin embargo, la disparidad de empresas operadoras y de servicios que prestan impide que existan siquiera registros oficiales para cuantificar el fenómeno. La consultora EY calcula que en Europa hay unas 3.000 de estas infraestructuras en Europa, aproximadamente un 30% más que hace siete años, con otros 565 proyectos ya en marcha en 21 países. Manifestación contra los centros de datos en Zaragoza. Las cifras más fiables son las que miden la potencia instalada en mercados concretos. En el gran polo europeo de los centros de datos (denominado el FLAP-D, siglas de Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) la capacidad operativa pasó de 1,8 gigavatios (GW) en 2019 a 3,8 GW en el primer semestre de 2026, más del doble en siete años, según la consultora inmobiliaria y de gestión de inversiones JLL. En España, uno de los mercados de mayor crecimiento, al cierre de 2025 se contabilizaban cerca de 100 centros de datos comerciales y 439 megavatios (MW) de potencia instalada, un 24% más que un año antes. Según los cálculos de la patronal, SpainDC, la capacidad puede dispararse hasta los 2.537 MW en 2030, lo que implicaría multiplicarla por seis . Incluso el Gobierno ha alertado de que ese aumento tan “abrupto” de la demanda tendría “consecuencias indeseadas” sobre los precios de la electricidad y las emisiones contaminantes. En un informe preparado por los ministerios para la Transición Ecológica, de Economía y de Transformación Digital presentado este jueves, el Ejecutivo defiende la necesidad de regular el sector a través del real decreto presentado el pasado agosto. Una norma con medidas sobre el uso de energía que el sector ha tachado de “inasumibles” , negando también “la urgencia” que argumenta el Gobierno para aprobarlas. Rechazo global El Gobierno ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad del real decreto que ayude a frenar un descontento social creciente contra los centros de datos y la inteligencia artificial en general. A través de ministros como Óscar López, el Ejecutivo ha tratado de transmitir la idea de que la regulación es lo único que puede evitar que las incipientes movilizaciones en España y Europa se conviertan en las masivas protestas que estas instalaciones han desencadenado en EEUU. Este movimiento ha sido, de hecho, uno de los más transversales y unánimes de las elecciones de medio mandato celebradas esta semana. De los 34 referéndums sobre la expansión de los centros de datos que se han celebrado junto a las votaciones regionales, las empresas tecnológicas han perdido 33. Las consultas, que incluían desde moratorias en la construcción hasta la imposición de más medidas de transparencia, han tenido apoyos superiores al 80% en la mayoría de casos. Manifestación frente a la sede de OpenAI en San Francisco (EEUU), el pasado 21 de septiembre. En EEUU, donde el boom de centros de datos es anterior y aún más explosivo que en Europa, está dejando conflictos sociales, medioambientales y económicos. El principal es la subida de la factura de la luz para los vecinos por el aumento de la demanda. Un fenómeno que también está directamente relacionado con el aumento de la contaminación del aire, con centrales de carbón extendiendo su vida útil y la instalación de nuevas turbinas de gas adyacentes a los centros de datos. Pero que también se deja notar en la inquietud de las comunidades con escasez de agua por el consumo de estas instalaciones, así como el deterioro de la calidad de vida por la pérdida de espacios naturales, la multiplicación de subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión y el ruido constante de los sistemas de ventilación. “Aquí el sistema eléctrico es diferente al de Estados Unidos. La manera en la que la gente va a empezar a notar esto quizás sea algo distinta en España, pero creemos que también se va a empezar a sentir fuerte y es uno de los motivos de preocupación ciudadana de cara a la movilización”, dice Enol Nieto, miembro de la organización Litigio Estratégico, que plantea interponer recursos ante los tribunales para cuestionar las facilidades que las autonomías han dado a las empresas para instalar grandes centros de datos en su territorio. Este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón Enol Nieto — Litigio Estratégico La primera de esas acciones se fragua en Aragón , donde Amazon y Microsoft han concentrado despliegues de decenas de miles de millones de euros. “Lo que queremos es sentar un precedente jurídico que sirva a otros territorios, y que esa acción sirva para que la gente entienda cuál es la materialidad de esta nube digital, cuáles son los posibles impactos que puede traer a muchos niveles”, describe Nieto. “Lo decimos siempre: este movimiento no es contra los propios centros de datos, que han existido desde hace años y tiene sentido que existan; es contra este modelo masivo que se está llevando a cabo, por ejemplo, en Aragón y en otras zonas del Estado”, concluye el activista en conversación con este medio. elDiario.es se ha puesto en contacto con SpainDC para incluir su posicionamiento en esta información, pero la patronal de los centros de datos ha preferido no participar. Todo por la IA A la inquietud por el impacto de los propios centros de datos se suman las incertidumbres sobre la tecnología que los motiva. En el centro de las críticas de los convocantes está también el propio modelo de negocio de la IA, al que acusan de concentrar aún más poder y capital en manos de las grandes tecnológicas. “No tiene el impacto positivo que decían”, desmiente Aurora Gómez. “La IA es un bluf . Ya demostramos la falsa promesa del empleo. Todas las cifras que dicen no son nada; todas las promesas de la IA son falsas, por tanto, los centros de datos tampoco son necesarios”, sentencia. “Pero es que, además, nos han demostrado que algunas de esas falsas promesas son peligrosas, porque conectar todo con inteligencia artificial es un problema de ciberseguridad”, recuerda, en referencia a los últimos incidentes en los que sistemas de OpenAI o Anthropic han hackeado incluso páginas gubernamentales . En España, las movilizaciones se repartirán por una veintena de localidades, con especial protagonismo de Zaragoza (manifestación el sábado a las 12.00 horas desde la plaza Paraíso), Madrid (encuentro el sábado a las 14.00 horas en calle Iglesia, paseo reivindicativo por Madrid Río y concentración ante el Ministerio para la Transición Ecológica) y Barcelona (concentración ante el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès el sábado a las 11.30 horas). También hay convocatorias en Huelva y en municipios de Aragón y otras zonas rurales afectadas. Todas las acciones pueden seguirse desde la página oficial de protesta Stopdirtydatacentres.eu .
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