La principal asociación de directores de la región acusa al Gobierno regional de tener un "profundo desconocimiento" de lo que sucede en los centros educativos Ayuso, tras la huelga: “Lo de vaga general en catalán me encanta, ustedes son muy vagos” “Los directores y directoras [de instituto] rechazamos de forma rotunda cualquier insinuación de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. Dicha afirmación no se corresponde con el funcionamiento real de nuestros centros ni con la profesionalidad del profesorado que desempeña diariamente su labor en ellos”. Adimad, la principal asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, dice basta. Basta de señalar su trabajo, de cuestionar su profesionalidad. En una nota, la organización manifiesta su “inquietud” ante las medidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que les exige que se dediquen a controlar un “supuesto adoctrinamiento” en las aulas, que niegan. La Consejería de Educación envío una nota el pasado miércoles en la que explicaba que “todos los centros docentes públicos” deberán “reforzar el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado en el sistema educativo madrileño” con el objetivo de “evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. No se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocar pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores, excepto en los tablones sindicales de los que disponen todos los centros. La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias, que serán valoradas por la Inspección Educativa”, decía el texto. Adimad cree que esa instrucción de la Consejería de Educación denota un “un preocupante desconocimiento de la labor cotidiana en las aulas y de la complejidad organizativa de los centros”. También lamenta la asociación que el Gobierno regional ignore la huelga educativa que tiene lugar en Madrid desde hace ya un mes y rechace reunirse con los sindicatos, pero a la vez se dediquen esfuerzos “a combatir un supuesto adoctrinamiento cuya existencia negamos categóricamente”. Y se niegan a cumplir esa labor: “Ante el anuncio de actuaciones vinculadas a la supervisión de mensajes políticos, los equipos directivos no aceptamos que se nos atribuyan funciones destinadas a vigilar o limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes o representantes sindicales dentro del marco legal vigente” expresa la nota. Una exigencia de negociación En esa misma comunicación, los directores de centros públicos exigen al Gobierno regional que se siente a negociar con el Comité de Huelga, tras negarse a hacerlo durante todo un mes de paro indefinido , y cargue sobre sus hombros la responsabilidad de solventar los problemas que está generando. “Consideramos inadmisible que no se hayan agotado todas las vías de negociación posibles para alcanzar acuerdos que superen un escenario que perjudica a alumnos, familias, docentes y centros”, sostiene Adimad. “La prioridad debe ser alcanzar una solución pactada y no trasladar a los equipos directivos la responsabilidad de compensar, por sí solos, el impacto de un conflicto que continúa abierto”. En este sentido, la organización rechaza también las últimas medidas paliativas ordenadas por la Comunidad de Madrid, “que parecen más orientadas a cronificar la gestión del conflicto que a resolverlo”, explican en relación al aumento de los servicios mínimos que pretende imponer la Consejería de Educación.
Aprecia indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en el inmueble comprado por 6,3 millones de euros en la calle General Martínez Campos. Más información: Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar
Pilar Sánchez Acera y Javier Rodríguez Palacios centran sus intervenciones en la vivienda, los procedimientos judiciales y la gestión municipal Lee la noticia completa: El PSOE arranca la campaña electoral en Alcalá con duras críticas a Ayuso, Piquet y el Gobierno municipal de PP y Vox .
Aprecia indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en el inmueble comprado por 6,3 millones de euros en la calle General Martínez Campos. Más información: Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar
El Tribunal de Cuentas nombrará un instructor para investigar si se ha producido alguna responsabilidad contable por parte de la Comunidad de Madrid al comprar un ático de lujo que iba a ser utilizado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras se realizaban obras en el edificio de la Puerta del Sol. En un auto de 28 páginas, la consejera encargada de estudiar las siete denuncias presentadas por, entre otros, la oposición madrileña, y las alegaciones de la empresa pública Planifica y de la propia comunidad, ha propuesto a la Sala de Enjuiciamiento designar a uno, al considerar que, "a priori y sin entrar a valorar el fondo", la adquisición puede "constituir una salida de fondos públicos por el importe de 6.300.000 euros, carente por completo de justificación legal", lo que obliga a abrir una investigación.
El órgano fiscalizador rechaza el archivo solicitado por la Comunidad de Madrid y aprecia indicios de irregularidades en una operación de 6,3 millones que carecía de encargo o motivación
Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después
Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después
La principal asociación de directores de la región acusa al Gobierno regional de tener un "profundo desconocimiento" de lo que sucede en los centros educativos Ayuso, tras la huelga: “Lo de vaga general en catalán me encanta, ustedes son muy vagos” “Los directores y directoras [de instituto] rechazamos de forma rotunda cualquier insinuación de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas de la Comunidad de Madrid. Dicha afirmación no se corresponde con el funcionamiento real de nuestros centros ni con la profesionalidad del profesorado que desempeña diariamente su labor en ellos”. Adimad, la principal asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de la Comunidad de Madrid, dice basta. Basta de señalar su trabajo, de cuestionar su profesionalidad. En una nota, la organización manifiesta su “inquietud” ante las medidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que les exige que se dediquen a controlar un “supuesto adoctrinamiento” en las aulas, que niegan. La Consejería de Educación envío una nota el pasado miércoles en la que explicaba que “todos los centros docentes públicos” deberán “reforzar el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado en el sistema educativo madrileño” con el objetivo de “evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. No se debe transmitir a los alumnos opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocar pancartas, carteles o símbolos con este tipo de contenido en fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores, excepto en los tablones sindicales de los que disponen todos los centros. La dirección del centro estará obligada a retirar estos elementos y comunicar las incidencias, que serán valoradas por la Inspección Educativa”, decía el texto. Adimad cree que esa instrucción de la Consejería de Educación denota un “un preocupante desconocimiento de la labor cotidiana en las aulas y de la complejidad organizativa de los centros”. También lamenta la asociación que el Gobierno regional ignore la huelga educativa que tiene lugar en Madrid desde hace ya un mes y rechace reunirse con los sindicatos, pero a la vez se dediquen esfuerzos “a combatir un supuesto adoctrinamiento cuya existencia negamos categóricamente”. Y se niegan a cumplir esa labor: “Ante el anuncio de actuaciones vinculadas a la supervisión de mensajes políticos, los equipos directivos no aceptamos que se nos atribuyan funciones destinadas a vigilar o limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes o representantes sindicales dentro del marco legal vigente” expresa la nota. Una exigencia de negociación En esa misma comunicación, los directores de centros públicos exigen al Gobierno regional que se siente a negociar con el Comité de Huelga, tras negarse a hacerlo durante todo un mes de paro indefinido , y cargue sobre sus hombros la responsabilidad de solventar los problemas que está generando. “Consideramos inadmisible que no se hayan agotado todas las vías de negociación posibles para alcanzar acuerdos que superen un escenario que perjudica a alumnos, familias, docentes y centros”, sostiene Adimad. “La prioridad debe ser alcanzar una solución pactada y no trasladar a los equipos directivos la responsabilidad de compensar, por sí solos, el impacto de un conflicto que continúa abierto”. En este sentido, la organización rechaza también las últimas medidas paliativas ordenadas por la Comunidad de Madrid, “que parecen más orientadas a cronificar la gestión del conflicto que a resolverlo”, explican en relación al aumento de los servicios mínimos que pretende imponer la Consejería de Educación.
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
El órgano fiscalizador rechaza el archivo solicitado por la Comunidad de Madrid y aprecia indicios de irregularidades en una operación de 6,3 millones que carecía de encargo o motivación
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra la esposa del presidente del Gobierno después de haber aparecido en el arranque de campaña del PSOE: "Sánchez compró la televisión pública para verme y ella se puso tan celosa que la han sacado esta noche" Begoña Gómez toma la palabra en el arranque de campaña del PSOE: “Gracias por darme aliento para continuar” Isabel Díaz Ayuso ha dado el pistoletazo de salida oficial para las próximas elecciones del 29 de noviembre. Y lo ha hecho en un acto en el que ha cargado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, que ha tomado la palabra durante el arranque de campaña del PSOE de este mismo jueves. “Sánchez, preso de sus obsesiones, había comprado la televisión pública para verme todo el tiempo. Yo creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que la han sacado esta noche en un mitin”, ha arrancado la presidenta de la Comunidad de Madrid después de las intervenciones de José Luis Martínez-Almeida, Cayetana Álvarez de Toledo y Pedro Rollán. “Ahora podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz”, ha dicho Ayuso sobre Begoña Gómez. Ha sido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien se ha encargado de dar las primeras palabras en el acto en la capital. Serrano ha querido bromear sobre un grupo de docentes que protestaban en la puerta y pedían sentarse a negociar con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Una imagen que se viene repitiendo en gran parte de los eventos del gobierno autonómico desde que comenzó la huelga educativa y ante la negativa de hablar con el comité que organiza los paros. Serrano ha tirado de ironía y ha propuesto que ya que ellos son “un partido abierto” si se ha “colado alguno y quiere decir algo”, ese era “el momento de manifestarlo”. Y que si “esperan a otro momento para hacer noticia y hacer su show, pues nada, tranquilidad, se les aplaude, se les agradece su presencia y el equipo de organización les invitará para que salgan y se vayan a un mitin de Más Madrid o PSOE, donde estén más cómodos”. Ayuso era la encargada de cerrar el acto, y ha sido durante su discurso cuando los docentes han decidido irrumpir con los comentarios de la líder madrileña y los aplausos de los asistentes de fondo: “Son siete años así, ya tengo experiencia”, decía Ayuso. La presidenta autonómica ha decidido responder con las mismas críticas que ha vertido sobre los docentes en huelga en las últimas semanas. “Dicen que aman la educación pública, lo único que aman es el sillón en el que han prometido que ascenderán”. La líder madrileña ha hecho referencia a las palabras de su compañero de partido, el presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha asegurado augurado el fin del “sanchismo”. “Ahora me van a quitar de RTVE”, ha asegurado Ayuso en tono irónico, que ha hecho su propio relato sobre la televisión pública. Según la baronesa del PP, Sánchez ha “comprado” la cadena para verla “todo el tiempo”, lo que ha llevado a que Begoña Gómez acabe en el mitin de este jueves del PSOE. “Le han puesto camiseta universitaria y le han puesto a hablar, a dar lecciones. Ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto”, ha añadido Ayuso. Cayetana Álvarez de Toledo defiende la actuación policial en la huelga También ha subido al escenario el alcalde de la capital, que ha pedido no confiarse y “contar hasta el último voto” en la urna porque “el árbitro no va a ser neutral”. En su discurso en Cibeles también ha pedido el voto para el PP, “el mejor instrumento frente a la polarización”. “O ganamos o se acabó”, ha asegurado Almeida. Después ha sido el turno de Cayetana Álvarez de Toledo, 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo en la listapor Madrid. La diputada ha defendido la actuación de la Policía Nacional tras las duras cargas durante la huelga general. “Defendieron los derechos de los trabajadores mejor que los sindicatos”, ha asegurado durante el acto de inicio de campaña del PP de la Comunidad de Madrid. Álvarez de Toledo ha asegurado que la Policía, que reprimió duramente a los manifestantes, “defendió a los trabajadores frente a los sindicatos”. Unas palabras que también Ayuso ha subrayado.
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