El Tribunal de Cuentas ve indicios de uso indebido de fondos públicos en la compra del ático de Ayuso

El Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de que los 6,3 millones destinados a la compra de un ático en Chamberí por la Comunidad de Madrid pudieron implicar un menoscabo de fondos públicos sin justificación legal y ha nombrado un instructor que proceda con la investigación. En una resolución publicada este viernes, la consejera, Rosario María Álvarez, encargada de hacer el primer filtro de las denuncias, concluye que hay motivos suficientes para elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que se investiguen las presuntas irregularidades denunciadas. Considera que no se puede descartar la existencia de un posible alcance contable y rechaza el archivo de las actuaciones solicitado por la Comunidad de Madrid y la empresa pública Planifica Madrid, dependiente del gobierno regional y a través de la que se adquirió el inmueble. En concreto, el auto expone que "las denuncias, globalmente consideradas, aportan datos referidos lo suficientemente precisos sobre unos hechos que han podido dar lugar a un daño o perjuicio individualizado a los fondos públicos". La decisión cuenta con el respaldo de la Fiscalía y supone que un instructor se encargará de llevar a cabo una investigación "a fondo": podrá tomar declaraciones, pedir documentación y encargar informes técnicos sobre el valor de mercado del ático. Una de las incongruencias que han determinado la decisión del Tribunal es el hecho de que la memoria justificativa de necesidad de compra del ático se realizó en julio, tres meses después de la escritura, y al tratarse Planifica Madrid de una empresa pública, cualquier actuación requiere una justificación previa suficiente. También cuestiona que el inmueble se adquiriese por un precio mayor al de mercado y que reuniese las condiciones necesarias para uso administrativo.

El Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de que los 6,3 millones destinados a la compra de un ático en Chamberí por la Comunidad de Madrid pudieron implicar un menoscabo de fondos públicos sin justificación legal y ha nombrado un instructor que proceda con la investigación.
En una resolución publicada este viernes, la consejera, Rosario María Álvarez, encargada de hacer el primer filtro de las denuncias, concluye que hay motivos suficientes para elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento para que se investiguen las presuntas irregularidades denunciadas.
Considera que no se puede descartar la existencia de un posible alcance contable y rechaza el archivo de las actuaciones solicitado por la Comunidad de Madrid y la empresa pública Planifica Madrid, dependiente del gobierno regional y a través de la que se adquirió el inmueble. En concreto, el auto expone que "las denuncias, globalmente consideradas, aportan datos referidos lo suficientemente precisos sobre unos hechos que han podido dar lugar a un daño o perjuicio individualizado a los fondos públicos".
La decisión cuenta con el respaldo de la Fiscalía y supone que un instructor se encargará de llevar a cabo una investigación "a fondo": podrá tomar declaraciones, pedir documentación y encargar informes técnicos sobre el valor de mercado del ático.
Una de las incongruencias que han determinado la decisión del Tribunal es el hecho de que la memoria justificativa de necesidad de compra del ático se realizó en julio, tres meses después de la escritura, y al tratarse Planifica Madrid de una empresa pública, cualquier actuación requiere una justificación previa suficiente.
También cuestiona que el inmueble se adquiriese por un precio mayor al de mercado y que reuniese las condiciones necesarias para uso administrativo.
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