Apenas han transcurrido unas horas del inicio de la campaña electoral y en el Gobierno ya miran con suspicacias a los tribunales. En las últimas horas se ha sucedido una cadena de decisiones que han generado un profundo malestar en Moncloa. La imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) sobre el caso Koldo y la personación de este grupo de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para requerir información sobre la financiación del PSOE, que se investiga en la Audiencia Nacional. En el Ejecutivo se quejan de una «rutina judicial» que opera en momentos clave. «Llaman... Ver Más
La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.
Aprecia indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en el inmueble comprado por 6,3 millones de euros en la calle General Martínez Campos. Más información: Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar
Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después.
Apenas han transcurrido unas horas del inicio de la campaña electoral y en el Gobierno ya miran con suspicacias a los tribunales. En las últimas horas se ha sucedido una cadena de decisiones que han generado un profundo malestar en Moncloa. La imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el informe de la UCO (Unidad Central Operativa) sobre el caso Koldo y la personación de este grupo de la Guardia Civil en el Tribunal de Cuentas para requerir información sobre la financiación del PSOE, que se investiga en la Audiencia Nacional. En el Ejecutivo se quejan de una «rutina judicial» que opera en momentos clave. «Llaman... Ver Más
La Diputación de Cádiz ha presentado este viernes sus presupuestos para 2027, que serán aprobados el próximo miércoles 18 de noviembre en pleno ordinario. Las cuentas de la institución provincial para el próximo ejercicio ascienden a 448,6 millones de euros consolidados , lo que supone un incremento del 9,5% respecto a la partida de 2026. En comparación con las últimas cuentas aprobadas por el anterior ejecutivo del PSOE, la cuantía total ha experimentado un crecimiento del 38,7%, aumentando en 125 millones de euros, cuando ascendió a 323,8 millones de euros.La presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco ha precisado los principales hitos del presupuesto de 2027, así como su desglose por áreas de gobierno. Junto a la presidenta han intervenido los vicepresidentes segundo y quinto, Javier Vidal y Sebastián Hidalgo, que han valorado el alcance de las nuevas cuentas al tiempo que han confirmado la estabilidad del gobierno provincial y la sintonía de las dos formaciones políticas que sustentan el ejecutivo (PP y La Línea 100x100). En la presentación de las cuentas de 2027 también han comparecido el vicepresidente primero y responsable del Área de Hacienda, Juancho Ortiz, y los diputados y diputadas Paula Conesa, José Manuel Cossi y Ana Moreno.“Estamos, por tanto, ante el presupuesto más expansivo de la historia de la Diputación de Cádiz. El presupuesto es una herramienta para fortalecer los servicios públicos, apoyar a los ayuntamientos, invertir en infraestructuras y ayudar a hacer realidad proyectos estratégicos para la provincia”, ha defendido la presidenta de Diputación.Dos capítulos del presupuesto miden su capacidad inversora: el 6, de inversiones reales, y el 7 de transferencias de capital; ambos, agrupados, alcanza la cifra de 103.711.184 euros para el próximo año, casi un 6 por ciento por encima del presupuesto de 2026 y 41 millones de euros adicionales si se compara con las cifras de 2023. “Hablamos de inversiones para atender obras, actuaciones municipales y proyectos estratégicos que se traducen en más empleo, más dinamismo económico y más oportunidades en el territorio”, ha referido la presidenta de Diputación.Casi 20 millones para las carreterasAlmudena Martínez ha destacado la sensible subida que experimentan las partidas dedicadas a la renovación y mantenimiento de la red de carreteras de Diputación. Las vías provinciales recibirán 18,3 millones de euros que suponen un incremento del 850 por ciento sobre el ejercicio de 2023. “Garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la red de carreteras es nuestra prioridad”, ha insistido la presidenta, quien ha recordado que este impulso a la conservación de las infraestructuras es una de las principales premisas emanadas del reciente informe encomendado al Colegio de Economistas. Los créditos iniciales del presupuesto de 2026 contemplaban 10,6 millones de euros para las carreteras provinciales. Los daños ocasionados por el tren de borrascas de febrero motivaron una movilización de recursos inédita por parte de la Diputación; un esfuerzo que al final se tradujo en 26,5 millones de euros, la mayoría incorporados como obras de emergencia. Este contexto justifica el alza inversora para 2027 y la inclusión de actuaciones largamente esperadas como el acondicionamiento de la carretera de Lora , de acceso a Alcalá del Valle, o la mejora de la vía que enlaza el barrio de San José Obrero, en Jerez, con Guadalcacín.Política de viviendaLa Empresa Provincial de Vivienda y Suelo dispondrá de 6.092.981 euros que, en términos relativos, marca un alza del 40 por ciento sobre 2026. Almudena Martínez ha explicado que al iniciar el actual mandato encontraron una sociedad pública que requería su estabilidad económica y operativa. “Una vez reflotada –y tras valorar la implicación al respecto del diputado José Manuel Cossi- comenzamos el impulso a la promoción de vivienda pública o asequible en los municipios, en cooperación con los ayuntamientos”. Más allá de esta circunstancia interna, “la escasez de suelo finalista, la saturación de la red eléctrica o la incapacidad financiera de los consistorios para construir vivienda” son factores que dificultan cada proceso.Servicios socialesMás de 80 millones de euros, exactamente 83.107.731, son los créditos iniciales que se consignarán en el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Esta previsión supone un incremento del 23,5 por ciento sobre el presupuesto de 2026 y del 45,4 por ciento sobre el de 2023. “Era incuestionable que por cuarto año consecutivo íbamos a presentar un presupuesto que amplía el escudo social del anterior y fortalece las políticas que protegen a las personas y colectivos más vulnerables”, ha significado Almudena Martínez. El desglose de este “hito social” ofrece las siguientes referencias significativas: la cobertura económica destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio se eleva hasta los 54,2 millones de euros (casi 15 millones de euros de incremento sobre las cifras de 2026 y 36 millones por encima de las de 2023). Casi tres millones de euros se dedican al mantenimiento de las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto de Santa María, además de destinar 2,5 millones para equipar y activar la nueva residencia de La Línea. Otro programa estable, el de Mayores Activos, recibirá 980.200 euros que, en términos relativos, supone un alza del 10 por ciento en relación a 2026.Presupuesto de cara áreaTras presentar los grandes pilares del presupuesto, Almudena Martínez precisó los datos desglosados por Áreas de gobierno.El Área de Presidencia dispondrá de 53,6 millones de euros para asegurar “el funcionamiento de la institución, atender proyectos y necesidades de municipios, asociaciones o situaciones extraordinarias”. Entre otros proyectos se dará cobertura a la segunda fase de las obras para la ampliación y construcción del nuevo Centro de Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’ en Sanlúcar; a obras de mejora en acuartelamientos de la Guardia Civil; a la restauración de iglesias y capillas en mal estado; al Plan de Empleo de Cruz Roja o al programa Erasmus con la UCA. También se incrementa un 23% la aportación al Consorcio de Bomberos con 11,8 millones “para ampliar plantilla y mejorar un servicio público esencial”. A Epicsa “transferimos 7,2 millones para los retos tecnológicos de la administración electrónica, la implantación de la Inteligencia Artificial en Diputación y el Plan Aida para los ayuntamientos”, indicó Almudena Martínez.El Área de Hacienda , que coordina Juancho Ortiz y “clave en la elaboración del presupuesto”, se dota con 8 millones de euros “para hacer frente a la amortización de los préstamos contraídos ante las emergencias por las lluvias, garantizando la solidez inversora de la institución”.El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía gestionará sus políticas y servicios con una dotación cercana a los 33 millones de euros (más de 11 millones en relación a 2026). El vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha destacado la pervivencia de todos los programas en vigor a la vez que ha confirmado que se potenciarán las ayudas mediante convocatorias por concurrencia competitiva. El PAMIED, Plan dedicado a la mejora de instalaciones y espacios deportivos, experimentará un sensible incremento hasta alcanzar la cifra de 1,9 millones de euros. En el ámbito de la Memoria Democrática se insistirá en los programas educativos diseñados para los centros educativos, además de mantener la asistencia técnica y económica para entidades locales y asociaciones. Los programas de Educación Ambiental, el Proindes, las campañas para el control del mosquito transmisor del virus del Nilo, o la asistencia a los ayuntamientos para la retirada del alga invasora fueron otras líneas destacadas por Vidal antes de anunciar una novedad de calado: la consignación de 1,9 millones de euros para emprender las obras que harán del Centro Experimental Agrícola y Ganadera, sito en Jerez, un espacio de referencia en Andalucía para el sector primario.El Área de Función Pública y Recursos Humanos dispondrá de 122 millones de euros (casi un 11% más que en 2026). Con este aumento, según refirió Almudena Martínez, “se dará cobertura a la contratación o nombramiento de personal para la nueva residencia de La Línea; a los gastos de la estructura general del personal general de Diputación; y a la incorporación de nuevo personal por la Oferta de Empleo Público de 2027”.El presupuesto del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se cifra en 40,7 millones de euros, dedicados a fomentar nuevas actividades económicas y fortalecer sectores productivos. El principal instrumento de dicha área, el plan Dipuinnova Plus, alcanzará una partida de 10,7 millones de euros tras experimentar una subida del 19 por ciento. Además, se reeditará el Plan de Cooperación Local (Plan de Empleo) con 5,7 millones de euros; a Proyectos Singulares se dedicarán 5,7 millones; 476.327 euros para el Plan AIRER y más de 480.000 euros para la Escuela de Hostelería y Turismo ‘Fernando Quiñones’.En relación al Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación , fue el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo, quien detalló las cifras más significativas. El Área, en conjunto, tendrá una dotación presupuestaria cercana a los 45 millones de euros. En el ámbito de Desarrollo Local, el Plan Más Inversión contendrá 9,5 millones de euros y se destinará a los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. Recaudación dispondrá de 21 millones de euros, “confirmando que se trata de un servicio eficaz y eficiente que tiene la plena confianza de los ayuntamientos”. En la parcela de Asistencia a Municipios –con 2,8 millones- destacó las acciones formativas que mejoran las competencias de los empleados públicos del conjunto de la provincia. El Área de Cooperación , que gestiona los recursos asignados a la red provincial de carreteras, dispondrá de un presupuesto de 50,4 millones de euros, que suponen casi un 17 por ciento de incremento sobre las cuentas de 2026. En el seno de esta Área, el Servicio de Vías y Obras recibirá 19,4 millones de euros, mientras que los fondos transferidos al Programa de Fomento del Empleo Agrario superarán los 4,4 millones.La exposición de la presidenta concluyó con los datos referidos al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La cifra récord asignada –de 83,1 millones de euros- comprende una reserva de 78 millones para Bienestar Social, casi 1,8 millones para Igualdad y casi 1,2 para Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo.Organismos autónomosEn cuanto a los organismos autónomos, el Patronato Provincial de Turismo afrontará 2027 con un presupuesto de 5,3 millones de euros ; la Fundación Provincial de Cultura dispondrá de 1,7 millones y el IEDT 10,2. A la red de hoteles y casas rurales, Tugasa, se destinan casi 10 millones de euros (registrando un alza del 7,4 por ciento en relación a 2026), por lo que se incide en la estrategia de ampliar los índices de pernoctaciones y estancias, además de perseverar en la modernización de los establecimientos. EPICSA gestionará un presupuesto de 13,6 millones de euros; la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo 6 millones y la Agencia Provincial de la Energía algo más de un millón de euros.
El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
La presidenta destaca el "máximo histórico" de la cuentas para 2027, de 448 millones de euros, con hitos como "los tres dígitos para inversiones" La Diputación quiere renovar el uso de la 'Junta de los Ríos’ en Arcos para mantener la Granja Escuela
El Tribunal de Cuentas nombrará un instructor para investigar si se ha producido alguna responsabilidad contable por parte de la Comunidad de Madrid al comprar un ático de lujo que iba a ser utilizado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras se realizaban obras en el edificio de la Puerta del Sol. En un auto de 28 páginas, la consejera encargada de estudiar las siete denuncias presentadas por, entre otros, la oposición madrileña, y las alegaciones de la empresa pública Planifica y de la propia comunidad, ha propuesto a la Sala de Enjuiciamiento designar a uno, al considerar que, "a priori y sin entrar a valorar el fondo", la adquisición puede "constituir una salida de fondos públicos por el importe de 6.300.000 euros, carente por completo de justificación legal", lo que obliga a abrir una investigación.
Aprecia indicios de un posible menoscabo de fondos públicos en el inmueble comprado por 6,3 millones de euros en la calle General Martínez Campos. Más información: Ayuso dará ayudas de 4.000 euros a todas las familias con hijos que contraten a empleadas del hogar para poder conciliar
El órgano fiscalizador rechaza el archivo solicitado por la Comunidad de Madrid y aprecia indicios de irregularidades en una operación de 6,3 millones que carecía de encargo o motivación
Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después
Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad de Madrid ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
La pregunta sobre los impuestos le llegó a Alberto Núñez Feijóo cuando hablaba de cómo financiar las pensiones. Jordi Wild le recordó que había defendido una rebaja fiscal y le pidió que concretara si pensaba llevarla a cabo. El presidente del Partido Popular (PP) insistió en que quería reducir los impuestos y añadió que necesitaba explicar a los españoles en qué estado estaban las cuentas públicas . Cuando Wild le preguntó si sabía cómo estaban las cuentas, Feijóo contestó en la entrevista de The Wild Project : "Tengo muchas dudas". La repregunta de Wild. Feijóo había defendido que más inversión y más empleo permitirían sumar cotizantes y aumentar los ingresos del sistema de pensiones. Wild le puso delante las decisiones que se suelen discutir cuando esas aportaciones no bastan, entre ellas retrasar la jubilación o recaudar más. Ahí llegó el intercambio sobre si bajar los impuestos era una intención o un compromiso que el candidato podía concretar en ese momento. Feijóo dijo que desconfiaba de los datos y que creía que se ocultaban gastos y había compromisos para varios años que desconocía. El ejemplo que dio a continuación fue el gasto en defensa. Más adelante, cuando Wild volvió a preguntarle cuánto gastaría en ese ámbito, Feijóo dijo que haría una auditoría antes de fijar la cifra. Las cuentas que seguían en vigor. Feijóo vinculó sus dudas con la falta de nuevos presupuestos durante la legislatura. En 2026, Hacienda seguía publicando las cuentas prorrogadas , con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 como base. El artículo 134 de la Constitución establece que, si la nueva ley de presupuestos no está aprobada al comenzar el ejercicio, se prorroga automáticamente la anterior hasta que se aprueben las nuevas cuentas. En Xataka El problema de los hogares no es que la inflación arrastre la cesta de la compra, es que los salarios no han seguido su ritmo La rebaja que ya tenía año. Antes de sentarse con Wild, Feijóo sí había puesto fecha a una medida. En octubre, anunció una rebaja para 2027 del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). El programa electoral del PP propone elevar los mínimos personales y familiares y ajustar la tarifa a la inflación. Ajustar la tarifa, o deflactarla, implica actualizar los umbrales de los tramos para que una subida de ingresos que solo compensa el encarecimiento de la vida no aumente la carga fiscal por esa vía. En otro tramo del pódcast, Feijóo criticó que la tarifa no se hubiera ajustado a la inflación. Con la escala general del IRPF , si la base liquidable cruza un tramo, el tipo superior se aplica a la parte que supera el umbral. Cambiar esos umbrales afecta a cuánto tributa cada parte. El programa también prevé una auditoría en los primeros cien días de un eventual Gobierno del PP, cuyas conclusiones servirían para preparar sus primeros presupuestos. En la respuesta a Wild, Feijóo mantuvo su intención de reducir los impuestos. En ese tramo de la entrevista dejó sin concretar qué rebajas aplicaría y en qué plazo. Foto | Jordi Wild En Xataka | Calculadora de retenciones IRPF 2026: cómo usarla online para saber tu retención mínima recomendada por Hacienda En Xataka | Renta 2025: las casillas más importantes que conviene revisar siempre en tu declaración de este 2026 En Xataka | Novedades de la Renta 2025: las cuatro cosas que cambian en la declaración de 2026 - La noticia Jordi Wild pregunta por la bajada de impuestos. Feijóo, sobre las cuentas públicas: "Tengo muchas dudas" fue publicada originalmente en Genbeta por Redacción de Genbeta .
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