El pódcast que han visitado tres candidatos a la presidencia del Gobierno, excepto Abascal, es cosa de hombres. Las mujeres apenas protagonizan el 7% de sus entrevistas
La clave del éxito de TikTok reside en su algoritmo; ese software dedicado a dirigir al usuario al contenido que le gusta para mantenerle con los ojos bien pegados a la pantalla el mayor tiempo posible. Si te interesan los videojuegos o los vídeos motivacionales de gimnasio, tranquilo, un par de búsquedas y algún que otro 'like' y será lo que te encuentres cada vez que entres en la 'app'. El problema está en que esta situación es exactamente la misma si el internauta es un depredador de menores y emplea la plataforma como tal. O, al menos, eso es lo que sostiene 'Maldita' en las primeras entregas de una extensa investigación en la que muestra cómo la red social se ha convertido en «el hogar del pederasta» sin que la tecnológica haya hecho suficiente por remediarlo. A lo largo de 35 días, el equipo detrás del estudio comprobó cómo el propio algoritmo de TikTok dirige sin problema al usuario hacia material explícito de abuso sexual infantil. En ese tiempo, encontró más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. El objetivo de los que lo suben: para muchos, llamar la atención de los pedófilos y hacer negocio con el material a través de otras 'apps', como Telegram. ABC se ha puesto en contacto con varias personas que pasaron años trabajando como moderadores para la red social, en la que se publican diariamente unos 269 millones de vídeos, de acuerdo con otro estudio publicado en 2025 por la Universidad de Cornell. Un volumen gigantesco de contenido que es muy difícil de controlar para los equipos humanos de la 'app'. «Es imposible revisar toda la porquería que se sube. Nosotros trabajábamos 8 horas diarias y el número de contenido a revisar no paraba de subir. Siempre había trabajo que hacer. Además, lo que nosotros revisábamos no se había publicado el mismo día, siempre llevaba más tiempo disponible», señala uno de ellos. Para detectar contenido ilegal, entre este el relativo al abuso infantil, TikTok, como tantas otras redes sociales, recurre principalmente en la inteligencia artificial. En concreto, en modelos con capacidad para revisar todos los detalles que aparecen en una publicación: desde la imagen, hasta el sonido o el texto que aparece en pantalla. De acuerdo con los datos de la propia 'app', durante el primer semestre de 2026 sus sistemas automatizados fueron los encargados de actuar contra el 94,1 % del contenido que infringía las normas sin que se recurriera a la revisión humana. De lo que no hay datos públicos es de la cantidad de contenido que a la tecnología se le escapa. Porque la IA no es perfecta. Además, los criminales pueden ser muy originales para evitar que el sistema los detecte. «Recurren mucho a filtros que hacen que resulte muy complicado ver lo que está ocurriendo en escena hasta que el vídeo ha avanzado lo suficiente. Otros recortan los vídeos para que solo se pueda ver una parte, aunque si lo ves te puede quedar claro lo que está sucediendo», apunta uno de los exmoderadores. «También los hay que tratan de tapar el vídeo original con otros normales para engañar a la máquina. El problema es que nosotros solíamos trabajar sobre todo con el contenido que estaba reportado por otros usuarios o por la IA». Esta misma fuente señala que los vídeos de abuso sexual infantil son «relativamente habituales» dentro del contenido que los equipos de moderación revisan: «Quizá no tanto como los asesinatos o las mutilaciones, pero hay mucha gente que lo sigue, lo comparte y lo sube de nuevo cuando se elimina, de eso no hay duda». Maldita denunció una muestra de 50 vídeos de abuso sexual infantil por el canal que ofrece TikTok para estas cuestiones. Sin embargo, para finales de octubre, la compañía solo había retirado cinco de ellos -es decir, un 10%-, y había bloqueado el acceso a otros 13, pero solo en España. «Es algo aterrador», explica a este diario Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja. En la investigación, el equipo también registró 78 directos en TikTok realizados por menores de edad que recibieron más de 1.900 comentarios sexualmente explícitos o en los que se solicitó la venta de material de abuso sexual infantil. De nuevo, el equipo denunció la situación ante la red social. En concreto, informó de 40 cuentas de menores que estaban haciendo directos en la plataforma, algo que no está permitido de acuerdo con las normas internas. Sin embargo, la red social respondió que «sólo dos de ellos (el 5%) incumplían sus reglas». «TikTok es una aplicación muy utilizada por los niños. No me sorprende nada que esto pase, porque llevamos años viendo cómo en redes sociales hay cosas que no deberían estar», dice Checa. El experto, no obstante, remarca la «gravedad de la falta de filtros de la empresa para evitarlo» y que «una vez que son detectados, la red social no retire el contenido, sancione o lo ponga en conocimiento de las autoridades». «Tienen responsabilidad moral de mantener limpia la plataforma. Si no tienen el control sobre lo que se publica, desde luego deberían tenerlo. Cada vez vale menos eso de que la culpa no es de las redes sociales, sino de los usuarios que las utilizan mal», prosigue. La solución a estos casos: «Que las autoridades les digan que desde el día de mañana no pueden seguir operando en España. Y que la sanción que se les va a imponer va a ser tan escalofriante que todos sus beneficios van a ir destinados a pagarla. Estamos viendo que es la única manera con esta empresas, se llamen TikTok, Meta o X». Pero no es tan fácil. Tras la publicación de la investigación, el Gobierno, a través del ministerio de Juventud e Infancia, solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue si la aplicación está permitiendo que los pederastas utilicen sin ningún tipo de problema su plataforma para publicar este tipo de contenido. También dejó la puerta abierta a una posible paralización del servicio de la red social en España. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico tienen serias dudas de que este movimiento se llegue a concretar. «Lo que se debe hacer es perseguir a las cuentas que infringen la ley. No eliminar una plataforma que utilizan legalmente millones de usuarios afincados en España», explica Borja Adsuara, abogado especializado en asuntos digitales. El jurista destaca, además, que, en todo caso, es la Comisión Europea la que debe actuar contra TikTok, no el Gobierno de España: «Es la que tiene competencias sobre las redes sociales de gran tamaño. La Comisión -que, además, ya ha abierto expediente a TikTok por no adoptar las medidas adecuadas para proteger a la infancia- deberá realizar su propia investigación y meterle una multa de hasta el 6% de su facturación anual global, que es lo que marca la Ley de Servicios Digitales».
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El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
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El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Carolina España ensalza al tejido empresarial malagueño y dice: «Vuestro esfuerzo merece una administración que esté a la altura»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho este viernes que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, estuvo «espectacular» en […]
El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente del reglamento que garantizará el poder adquisitivo de las jubilaciones, a la espera de conocerse la cifra definitiva el próximo día 27 de noviembre Por qué el sistema público de pensiones ni “está quebrado” ni “va a petar” como dicen PP y Vox El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para actualizar las pensiones desde el 1 de enero de 2027, en el primer día de la campaña electoral oficial de cara a los comicios del 29 de noviembre, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la tramitación urgente del real decreto que garantizará su poder adquisitivo. La ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de ese acuerdo que permitirá que el real decreto de mantenimiento de las pensiones sea tramitado de forma urgente (lo que reduce los plazos de cara a los trámites de participación pública y los informes preceptivos), antes de conocerse la cifra oficial con la que se actualizarán. Esta se sabrá el próximo día 27, cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación de noviembre, lo que permitirá hacer la media con los 11 meses anteriores, tal y como establece la ley. “Para este gobierno es una prioridad que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y sigan evolucionando con el coste de la vida las pensiones”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta subida, ha subrayado la portavoz, será de “una horquilla entre el 3 y el 4%”. Una vez conocida la cifra oficial, el Gobierno tendrá que aprobar un Real Decreto-Ley que autorice el incremento del gasto para la Seguridad Social con la cifra que arroje esa media del IPC de los últimos 12 meses. El Gobierno ha deslizado que podría hacerlo en funciones y llevarlo a la Diputación Permanente antes de que se constituyan las Cortes Generales que deriven de las elecciones del 29 de noviembre, algo que sucederá el próximo 23 de diciembre. Las pensiones se han convertido en uno de los principales temas de campaña, después de que tanto Vox como el PP hayan asegurado en la precampaña que el sistema era un “zombi” (según José María Figaredo, de Vox) o que iba a “petar” (de acuerdo con la portavoz popular Ester Muñoz). Así, Saiz ha aprovechado para sacar pecho de las reformas en materia de pensiones que ha aprobado el Gobierno desde el aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2018. Desde entonces, ha dicho la titular de Seguridad Social, las pensiones se han revalorizado un 28,1%, frente al 2% de incremento que habrían experimentado en caso de haber seguido en vigor la ley de pensiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La pensión media ha avanzado un 44,5% en el mismo periodo, entre otras razones por las pensiones más cuantiosas de los nuevos jubilados del sistema, que se incorporan con salarios más elevados y carreras profesionales más largas. “Esta es la importancia de garantizar por ley el poder adquisitivo en lugar de dejar que los pensionistas sufran el impacto del incremento del coste de la vida”, ha dicho la portavoz. Saiz ha defendido la sostenibilidad del sistema pese a los augurios de los partidos de la derecha, gracias a la subida de los ingresos por cotizaciones, al dinamismo del empleo y a los flujos migratorios. Una sostenibilidad, ha dicho, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constató que el gasto medio neto en pensiones hasta 2050 no superará el umbral del 13,3% del producto interior bruto (PIB), lo que habría activado una subida adicional de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
El Gobierno de coalición activa la revalorización de las pensiones conforme a la inflación de cara a 2027. El proceso de actualización indexado al Índice de Precios de Consumo (IPC) de estas prestaciones está garantizado por la Ley 21/2021; sin embargo, el Ejecutivo debe aprobar anualmente un Real Decreto con el porcentaje determinado del incremento, paso que ha dado este viernes. "Arranca la maquinaria", ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la tramitación urgente de esta norma. "Las pensiones subirán en una horquilla entre el 3% y el 4%", ha aseverado la también ministra portavoz. No obstante, se deberá esperar a conocer el dato de la inflación del mes de noviembre, cuyo adelanto se conocerá el viernes 27, dos días antes de las elecciones, y su confirmación se producirá el 15 de diciembre, con los resultado ya conocidos, para realizar la habitual media anual, que excluye diciembre. "Es una prioridad", ha defendido Saiz el "trámite ordinario", desmintiendo que responda a un carácter excepcional. En esta línea, la ministra portavoz ha insistido en que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida. Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso, al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas y no contributivas. Más de un 28% de incremento desde 2018 La titular de la cartera de Seguridad Social también ha presentado un informe relativo a la evolución de las pensiones desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y al efecto de las diferentes reformas acometidas en el sistema, que ahora se está poniendo en duda. Al respecto, Saiz ha asegurado que el Gobierno se ha centrado en mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema. Sobre la revalorización, la ministra ha defendido que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013 y que defendía Mariano Rajoy, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha alcanzado un 28,1%. En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%. Sobre los tipos de jubilación, la portavoz ha puesto en valor la ampliación de las modalidades de jubilación voluntaria, destacando la jubilación activa y la flexible y los incentivos a la demora. Con todo, la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026, lo que ha celebrado Saiz. Por último...
La diputada del PP reclama blindar la frontera, devolver a todas las personas que entraron irregularmente y poner en marcha un proyecto de inversión para la ciudad. Vivas acusa al Gobierno de Sánchez de abandonar a Ceuta durante la entrada masiva y defiende la convivencia frente a las acusaciones de xenofobia y racismo
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
La presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra la esposa del presidente del Gobierno después de haber aparecido en el arranque de campaña del PSOE: "Sánchez compró la televisión pública para verme y ella se puso tan celosa que la han sacado esta noche" Begoña Gómez toma la palabra en el arranque de campaña del PSOE: “Gracias por darme aliento para continuar” Isabel Díaz Ayuso ha dado el pistoletazo de salida oficial para las próximas elecciones del 29 de noviembre. Y lo ha hecho en un acto en el que ha cargado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, que ha tomado la palabra durante el arranque de campaña del PSOE de este mismo jueves. “Sánchez, preso de sus obsesiones, había comprado la televisión pública para verme todo el tiempo. Yo creo que Begoña se había llegado a poner tan celosa que la han sacado esta noche en un mitin”, ha arrancado la presidenta de la Comunidad de Madrid después de las intervenciones de José Luis Martínez-Almeida, Cayetana Álvarez de Toledo y Pedro Rollán. “Ahora podrá dar clases de gestión de saunas con final feliz”, ha dicho Ayuso sobre Begoña Gómez. Ha sido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien se ha encargado de dar las primeras palabras en el acto en la capital. Serrano ha querido bromear sobre un grupo de docentes que protestaban en la puerta y pedían sentarse a negociar con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Una imagen que se viene repitiendo en gran parte de los eventos del gobierno autonómico desde que comenzó la huelga educativa y ante la negativa de hablar con el comité que organiza los paros. Serrano ha tirado de ironía y ha propuesto que ya que ellos son “un partido abierto” si se ha “colado alguno y quiere decir algo”, ese era “el momento de manifestarlo”. Y que si “esperan a otro momento para hacer noticia y hacer su show, pues nada, tranquilidad, se les aplaude, se les agradece su presencia y el equipo de organización les invitará para que salgan y se vayan a un mitin de Más Madrid o PSOE, donde estén más cómodos”. Ayuso era la encargada de cerrar el acto, y ha sido durante su discurso cuando los docentes han decidido irrumpir con los comentarios de la líder madrileña y los aplausos de los asistentes de fondo: “Son siete años así, ya tengo experiencia”, decía Ayuso. La presidenta autonómica ha decidido responder con las mismas críticas que ha vertido sobre los docentes en huelga en las últimas semanas. “Dicen que aman la educación pública, lo único que aman es el sillón en el que han prometido que ascenderán”. La líder madrileña ha hecho referencia a las palabras de su compañero de partido, el presidente del Senado, Pedro Rollán, que ha asegurado augurado el fin del “sanchismo”. “Ahora me van a quitar de RTVE”, ha asegurado Ayuso en tono irónico, que ha hecho su propio relato sobre la televisión pública. Según la baronesa del PP, Sánchez ha “comprado” la cadena para verla “todo el tiempo”, lo que ha llevado a que Begoña Gómez acabe en el mitin de este jueves del PSOE. “Le han puesto camiseta universitaria y le han puesto a hablar, a dar lecciones. Ahora será candidata a rectora o a cualquier cosa, teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto”, ha añadido Ayuso. Cayetana Álvarez de Toledo defiende la actuación policial en la huelga También ha subido al escenario el alcalde de la capital, que ha pedido no confiarse y “contar hasta el último voto” en la urna porque “el árbitro no va a ser neutral”. En su discurso en Cibeles también ha pedido el voto para el PP, “el mejor instrumento frente a la polarización”. “O ganamos o se acabó”, ha asegurado Almeida. Después ha sido el turno de Cayetana Álvarez de Toledo, 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo en la listapor Madrid. La diputada ha defendido la actuación de la Policía Nacional tras las duras cargas durante la huelga general. “Defendieron los derechos de los trabajadores mejor que los sindicatos”, ha asegurado durante el acto de inicio de campaña del PP de la Comunidad de Madrid. Álvarez de Toledo ha asegurado que la Policía, que reprimió duramente a los manifestantes, “defendió a los trabajadores frente a los sindicatos”. Unas palabras que también Ayuso ha subrayado.
El candidato republicano pone a Junts en el centro de su diana y les responsabiliza de "no posicionarse" ante el avance de la derecha: "Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas" Los partidos catalanes inician la campaña con el PSC en cabeza y Rufián y Colau peleando por el mismo espacio Gabriel Rufián ha decidido arrancar la campaña electoral desde Tarragona, donde ha subido al escenario a ritmo de rumba. La elección musical no ha sido casualidad y ha cobrado sentido cuando el candidato republicano ha citado a Los Chunguitos. La elección musical no ha sido baladí y ha tomado sentido en el momento en que ha recordado que los hermanos Salazar actuaron en un mitin electoral de Jordi Pujol en 1999. “Ese día, desde Nou Barris, Pujol dijo en castellano que Catalunya era diversa y que así tenía que ser. Y no pasó nada porque hablara de la migración en castellano. Yo quiero que vuelva esa derecha, la del seny y la que no presume de estar en el medio”, ha insistido Rufián, que ha dedidado buena parte de sus discursos a atacar a Junts. Durante este primer mitin de la campaña electoral, los republicanos han sacado a relucir diversas veces las declaraciones de Míriam Nogueras, que presume de estar “en el medio”, mientras el resto de partidos “han sido arrastrados por los extremos”. Ante estas afirmaciones, Rufián ha espetado a los juntaires que “estar en medio es ser colaboracionista de Abascal. La vida es tomar partido”. En este momento, Rufián ha adoptado su tono irónico para cantar la alineación de un posible gobierno conformado por el PP y Vox. “Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias. Para el resto de carteras ha situado a Herman Tersch de ministro de Consumo, a Isabel Díaz Ayuso en la de vivienda; en Defensa, a Ana Vázquez, ”la del spray “. ”Sabemos lo que harán, irán a por las pensiones, a por la educación y en contra nuestra“, ha expresado Rufián, que en seguida ha vuelto a cargar tintas contra Junts con una frase que ya había pronunciado antes: ”Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas“. En esta línea, y siguiendo la estela de otras intervenciones durante la precampaña, ha sacado la bandera catalanista -que no independentista- para justificar por qué comparece a unas elecciones españolas de la mano de un partido no secesionista como es Podemos. ERC envió militantes a todos los frentes a combatir al fascismo. ¿Por qué no ahora?“, se ha preguntado el republicano, después de recordar cuando Companys animó a los madrileños ante el avance de las tropas nacionales. También ha echado mano del president Macià para reivindicar esa Catalunya diversa e insistir en que “no hay una sola manera de ser catalán”. Po eso, dice, ERC apela a quienes tengan sus prioridades en los ideales de “justicia, democracia y libertad”. “Si esos son vuestros principios, sois bienvenidos. Y ojalá algún día vengan también los Comuns”. De hecho, tan a un lado ha dejado el discurso independentista, que ha vuelto a resucitar la idea del “mientras tanto”. Así, en lo que Catalunya consigue la independencia, asegura que su papel será “obligar al PSOE a que ponga más pasta” porque “por mucho que le pongas a un tren una estación de Rodalies y un maquinista indepe , no llegará antes. Hay que poner pasta donde toca porque queremos competir con China mientras se olvidan de la clase trabajadora”. La cuestión de clase ha estado muy presente en el discurso de Rufián, que no puede obviar que no sólo compite con el electorado independentista que interpela Junts, sino que seguramente su principal rival está en los Comuns. Por eso han hecho suya la bandera de la lucha contra la especulación inmobiliaria y la idea de subir los impuestos a las grandes fortunas. “Vamos a freir a impuestos a quien quiera hacerse rico con la vivienda. Y os puedo asegurar que el concepto es nuestro”, ha apuntado Rufián, en referencia a unas declaraciones de Ada Colau, que se dirigió en estos términos a Cayetana Álvarez de Toledo. Si bien ha evitado enfrentarse abiertamente al Frente Amplio, Rufián sí ha insistido en la idea de que los ministros de Sumar no han sabido “presionar” al PSOE como lo hicieron los de Podemos, aunque ha querido reconocer que ninguno de ellos, “ni siquiera ERC, ha sido capaz de convencer al PSOE para que frenara la especulación y mejorara las condiciones de vida”. Rufián ha optado en este inicio de campaña por un tono beligerante que ha ido acorde con el lema escogido: Defensa't (Defiéndete); una propuesta que busca eludir al conflicto, a las consecuencias de un ascenso de la derecha y la ultraderecha. Ha apelado al voto con una metáfora muy ilustrativa: “Vienen momentos complicados. Y os lo plantearé con una pregunta: ¿Dejaríais las llaves de vuestras casas a Jordi Hereu para que las defendiera?”, ha cuestionado, en referencia al candidato por Barcelona del PSOE. “¿Y a mí?”. La ovación del público, encandilado por el tono épico de la última parte del discurso de Rufián, ha bastado como respuesta. Catalanismo y bandera de clase ERC, que antaño centraba sus discursos en la cuestión nacional ha rebajado mucho el tono. Prueba de ello ha sido un Junqueras algo incómodo cuando, al acabar su intervención, los asistentes han empezado a corear “independència”. El presidente de la formación ha seguido a sus acólitos de manera tímida, igual que lo ha hecho Rufián desde el público. En cambio, la secretaria general, Elisenda Alamany, no ha movido los labios. Ella ha hecho gala de un discurso muy enfocado en las condiciones materiales y ha hablado de “generaciones que no conocen otra cosa que las crisis”. Ha puesto el foco en la vivienda y en los “beneficios de las grandes empresas”. Con la vista puesta en disputar votantes al Frente Amplio, ha disparado contra las élites y ha afeado que las decisiones las tomen “los que pisan moqueta, los que tienen apellidos compuestos y no han trabajado en su puñetera vida. Tenemos que defendernos de esa gentuza”, ha dicho Alamany que, de hecho, empezó su carrera en las listas de los Comuns. Junqueras, por su parte, ha puesto el apunte global, mirando a las recientes victorias de la izquierda en Estados Unidos, Israel, Brasil, Polonia o Serbia. “Es que se parece a nosotros está ganando a la amenaza internacional reaccionaria”, ha afirmado, sumándose al carro de las formaciones de izquierdas que se quieren reflejar en figuras como las de Lula o Abdul El-Sayed. “El PSOE arrastra los pies y los Comuns no sirven porque son de una dejadez infinita. Nuestra apuesta no es de sopa de letras ni de repartición de sillas. Nuestra mayoría amplia es con la gente y es a ellos a quienes pedimos colaboración”, ha dicho Junqueras, intentando espantar al fantasma del fracaso en la negociación de una candidatura unitaria que tanto ha perjudicado a las formaciones de izquierdas en las encuestas.
El actor es favorito al Oscar por encarnar en 'Wild horse nine' a un agente de la CIA enfermo que ayuda a orquestar el golpe de Estado en Chile en 1973
