El Gobierno da luz verde a la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales (se abre en una pestaña nueva)
Los nuevos puestos derivarán en una macroconvocatoria de oposiciones que el Ejecutivo prevé anunciar en las próximas semanas
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Feijóo promete a los jóvenes rebajas fiscales en el primer sueldo, incentivos como autónomos y guarderías gratis (se abre en una pestaña nueva)
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo , ha prometido este viernes a los jóvenes que si el PP llega a Moncloa impulsará rebajas fiscales en el primer suelo, incentivos si quieren montar un negocio como autónomo, ayudas fiscales por hijo y guarderías gratis de 0 a 3 años cofinanciadas entre el Estado y las comunidades autónomas. «No os voy a fallar, votad con ganas al PP», ha proclamado Feijóo en un acto en el madrileño barrio de Tetuán con jóvenes del PP, en el que también han participado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones y candidato al Congreso en la lista... Ver Más
La empresa del conseller de Hacienda valenciano ingresa 146.000 euros al año alquilando inmuebles (se abre en una pestaña nueva)
La sociedad de José Antonio Rovira que administra su mujer, histórica del PP de Alicante y asesora en la Diputación, ganó 60.800 euros en 2024 y está varios años sin repartir dividendos, por lo que dispone de un capital líquido de ejercicios anteriores de 235.000 euros que no hace falta declarar en su renta como miembro del Gobierno La inmobiliaria del polémico conseller de Educación de Mazón mejora sus beneficios y anota un patrimonio de 2,3 millones El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, es lo que se llamaría en el actual debate sobre la vivienda un rentista. Tiene tres viviendas en propiedad al cien por cien, otra al 50%, dos garajes y un local comercial. Además, es propietario al 100 % de la empresa Rojo Inver SL, una sociedad de alquiler de inmuebles por cuenta propia que tiene un patrimonio que alcanza los 2,4 millones de euros. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la pasada semana, las de 2024, la empresa del político ingresó 146.040 euros por esos alquileres: 1.000 euros menos que en 2023. Estos números le permitieron ganar a la compañía 60.800 euros, después de computar los gastos de gestión de esos inmuebles y pagar impuestos. La empresa, que está administrada por su esposa, Consuelo Maluenda Quiles, gana todos los años unas cantidades similares y hace prácticamente un lustro que no reparte dividendos entre sus socios, ni tampoco destina esos beneficios a reservas. Eso le permite disponer de 235.000 euros de líquido en la empresa, según las propias cuentas de la compañía, cantidad que tampoco tiene por qué incluir en su declaración como conseller de Hacienda ante Transparencia. En su última renta presentada ante la Generalitat, el político alicantino declaró haber ganado en 2022 poco más de 78.000 euros, de los que 523 euros fueron rendimientos de capital inmobiliario. José Antonio Rovira fue en la primera parte de la legislatura de Carlos Mazón conseller de Educación, muy criticado por los sindicatos por su reforma educativa y su impacto negativo en la enseñanza del valenciano. Tras la llegada de Pérez Llorca en diciembre de 2025, Rovira se convirtió en conseller de Hacienda y en el ariete de la reforma fiscal de PP y Vox. El actual conseller ha aplicado y defendido rebajas fiscales, entre ellas la exención del impuesto sobre el Patrimonio a las rentas superiores a los dos millones de euros —sin contar la primera vivienda ni las empresas—, cuando con el anterior gobierno de izquierdas el límite se situaba en los 500.000 euros. La compañía del conseller se está beneficiando de los buenos tiempos que corren y de la alta demanda de alquiler de vivienda. Además, no tiene gastos de personal y se gasta en explotar el negocio poco más de 37.000 euros. Las deudas también son bajas en comparación con los activos, de casi 2,5 millones de euros, ya que suponen 75.000 euros, 50.000 de los cuales son con entidades de crédito. La administradora de la sociedad, Consuelo Maluenda, también está vinculada al mundo de la política y del Partido Popular. Es asesora en el gabinete del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y ha sido trabajadora del partido durante años. Cobra un sueldo público de más de 65.000 euros al año. Rovira gana 83.000 euros al año.
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Feijóo promete a los jóvenes rebajas fiscales en el primer sueldo, incentivos como autónomos y guarderías gratis (se abre en una pestaña nueva)
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo , ha prometido este viernes a los jóvenes que si el PP llega a Moncloa impulsará rebajas fiscales en el primer suelo, incentivos si quieren montar un negocio como autónomo, ayudas fiscales por hijo y guarderías gratis de 0 a 3 años cofinanciadas entre el Estado y las comunidades autónomas. «No os voy a fallar, votad con ganas al PP», ha proclamado Feijóo en un acto en el madrileño barrio de Tetuán con jóvenes del PP, en el que también han participado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones y candidato al Congreso en la lista... Ver Más
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Hace 2 h
El Gobierno de España crea 19 nuevas plazas de jueces y 5 de fiscales en la Región de Murcia (se abre en una pestaña nueva)
MURCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. En la Región de Murcia, el Gobierno crea 19 plazas de jueces (+10,1% respecto a la plantilla actual) y 5 de fiscales (+6,33%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 40 plazas judiciales en esta comunidad (+23,8%), según informan fuentes de la Delegación del Gobierno. Las 700 plazas creadas hoy se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces. Un aumento sin precedentes, gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos (en los que se han creado 930 plazas judiciales en total). Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia. Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros. La planta judicial de la Regió aumenta un 10% De las 19 nuevas plazas judiciales para la Región de Murcia, 17 son para Tribunales de Instancia de Murcia, Cartagena, San Javier, Lorca, Cieza o Molina de Segura . Las dos restantes serán de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo). Porcentualmente, la Región de Murcia es la más beneficiada en el reparto de plazas judiciales. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104). La jurisdicción penal se refuerza con 96 uevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial. Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197. Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19. La plantilla del Ministerio Fiscal sube un 6,3% en Murcia La creación de 5 nuevas plazas de fiscales para la Región de Murcia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,3%, pasando de 79 a 84 miembros. En toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales (+6,6%) que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.
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- La RegiónEl Gobierno anuncia 700 nuevas plazas de jueces y fiscales: cuándo se convocarán las oposiciones
- Galicia PressEl Gobierno crea 19 nuevas plazas de jueces y nueve de fiscales en Galicia
- Diario VascoEl Gobierno crea 15 nuevas plazas de jueces y 7 de fiscales en el País Vasco
- La Opinión de MurciaEl Consejo de Ministros aprueba 19 nuevas plazas de jueces y 5 de fiscales en la Región de Murcia
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El Gobierno calcula un ahorro para las familias murcianas de 3.000 euros por la prórroga de los alquileres (se abre en una pestaña nueva)
MURCIA. La prórroga de los alquileres convalidada ayer por la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados en un Real Decreto-ley con medidas de vivienda permitirá un ahorro mediano de 2.945 euros por hogar en la Región de Murcia , según los cálculos de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Así, un total de 46.819 contratos de alquiler podrán beneficiarse en la Comunidad de la prórroga extraordinaria de dos años impulsada por el Gobierno de España para aquellos arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. El Instituto Nacional de Estadística señala que, de media, en cada hogar en alquiler hay 2,59 personas por hogar en alquiler a precio de mercado. Con este número de contratos prorrogables, son 117.500 personas las que podrían beneficiarse de esta medida en la Región de Murcia y casi cinco millones de personas en toda España que van a poder prorrogar sus contratos en las mismas condiciones. Los contratos y el ahorro se calculan con una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, que sube como los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no hay salto, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. Las personas, unos 4,9 millones, se estiman con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Esta prórroga de los contratos de alquiler, además de ofrecer estabilidad y certidumbre, va a suponer un importante ahorro para las familias que viven de alquiler. En el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano por hogar asciende a 4.341 euros en toda España.
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Hace 3 h
El Gobierno aprueba 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para reforzar la Justicia en 2027 (se abre en una pestaña nueva)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para 2027, de las que 500 corresponden a la carrera judicial y otras 200 al Ministerio Fiscal. La medida supone un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla de fiscales, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estas plazas se suman a las 700 aprobadas el pasado mes de julio para 2026, por lo que el Gobierno habrá creado 1.400 plazas en dos años: 1.000 de jueces y 400 de fiscales. El Ejecutivo destaca que esta ampliación supera las 930 plazas creadas durante los quince años anteriores y la vincula a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. De las 500 nuevas plazas judiciales, 104 se destinarán a la jurisdicción social, 96 a la penal y 142 a la civil, estas últimas repartidas entre los Tribunales de Instancia y las Audiencias Provinciales. También se contemplan 87 plazas para órganos mixtos y otras 30 de adscripción territorial, que podrán redistribuirse según las necesidades de trabajo. El refuerzo incluye 18 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer, cuya dotación ha pasado de 121 a 197 en dos años, lo que representa un incremento del 62,8%. Asimismo, se crearán seis plazas en las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuatro en la Audiencia Nacional y 19 en los Tribunales Superiores de Justicia. Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña recibirán 94 nuevas plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunidad Valenciana, con 53. El Ministerio explica que la distribución responde a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población. En cuanto a las 200 nuevas plazas de fiscales, Cataluña será la comunidad más beneficiada, con 47 incorporaciones, seguida de Andalucía, con 31, y Madrid, con 26. El resto se distribuirá entre las demás comunidades autónomas y los órganos centrales del Ministerio Fiscal. El Gobierno enmarca esta ampliación en su plan de transformación de la Administración de Justicia, que combina medidas organizativas, procesales y digitales para mejorar el funcionamiento del servicio público. Noticia en ampliación...
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Hace 10 h
El plan fiscal del PP: de las bonificaciones autonómicas a las bajadas de impuestos a nivel nacional (se abre en una pestaña nueva)
Los impuestos son la punta de lanza con la que el PP ha cuestionado las políticas económicas del actual Gobierno. Calificativos como “infierno fiscal”, “voracidad recaudatoria” o “asfixia fiscal” han aparecido habitualmente en los discursos de los líderes de la formación popular para criticar la carga impositiva que se aplica en España. La derecha tiende a preferir una menor carga fiscal y un ejemplo claro es la política que ha mantenido Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, con bonificaciones en los impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, algo que también han promovido comunidades como Andalucía o Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares, con bonificaciones de hasta el 99% para familiares directos. Una política que ha sido tachada en muchas ocasiones como un ejemplo de competencia desleal entre comunidades, también conocida como "dumping fiscal". Como baza electoral, los impuestos son el caballo de batalla del PP, pero una fiscalidad baja tiene un coste recaudatorio y para los servicios públicos que puede contrarrestar su atractivo de cara a las urnas, pese al ejemplo madrileño. Un estudio de las universidades de Viena y Zúrich sostiene que un 65% de los españoles apoya las bajadas fiscales, pero cuando se informa a los encuestados sobre las consecuencias (como un menor gasto en servicios públicos), el porcentaje cae unos 10 puntos. Así, el 55% de los españoles rechaza las bajadas de impuestos si suponen menos gasto público o un incremento de la deuda . Por ejemplo, este tipo de políticas pierden pie si se considera que Madrid es uno de los territorios que menos invierte en sanidad por ciudadano (1.779 euros) o que menos paga a sus docentes con respecto al coste de la vida en esta comunidad autónoma. Pese a ello, Madrid sigue cultivando una política de bajadas de impuestos que la presidenta de la Comunidad suele presentar en oposición a las decisiones del Gobierno central. “Tenemos el IRPF más bajo de España y hemos eliminado todos los impuestos propios, la mayoría inventos artificiales, para seguir rascándole el bolsillo a todo el mundo”, señalaba Ayuso en septiembre. Unas políticas que, sin embargo, tienen efectos serios en la recaudación y en los servicios públicos: un informe del think tank World Inequality Lab (WIL) cuantifica en 500 millones de euros lo que la comunidad madrileña habría dejado de ingresar de no estar en vigor el impuesto estatal a las grandes fortunas que estableció el Gobierno en 2022. Las medidas de las distintas comunidades no permiten anticipar lo que está en juego a nivel nacional, ya que muchas competencias están cedidas, pero dan una pista de la posición del PP en materia fiscal. José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que no todas las autonomías gobernadas por el PP mantienen posiciones como la de Madrid porque ello conlleva renunciar a una parte sustancial de sus ingresos, pero señala la s contradicciones en las que incurren aquellas que defienden una baja fiscalidad y protestan por infrafinanciación . “El modelo de corresponsabilidad buscaba que las comunidades soportasen el peso de sus decisiones para que, cuando deciden tener una carga fiscal baja, esa merma en la recaudación no sea compensada por el Estado”, señala. Si observamos las propuestas a nivel nacional que el Partido Popular ha lanzado en su plan económico, la formación contempla también bajadas impositivas en gravámenes como el IRPF o el IVA, así como en la cotización de los autónomos . En el documento figuran medidas como duplicar el mínimo por descendientes en el IRPF (es decir, lo que Hacienda considera que el contribuyente necesita para cubrir las necesidades básicas de sus hijos y que no tributa) y actualizar la tarifa estatal del IRPF para adecuarla a la inflación. Sobre el mínimo exento, el experto señala que tendría un impacto económico significativo, ya que se doblaría la cantidad actual (5.550 euros), aunque hasta el momento los populares no han hecho pública ninguna memoria que cuantifique el coste que tendría para las arcas públicas. En cuanto a adecuar el IRPF a la inflación, el PP lo ha propuesto para evitar lo que en la jerga económica se denomina progresividad en frío. Este fenómeno es como se define el efecto recaudatorio resultante de no indexar las principales desgravaciones que operan en la base del IRPF a la evolución de los precios. Así, si los salarios suben, cambian a un tramo superior de cotización, pero si se tiene en cuenta el aumento de los precios, puede darse el caso de que pierdan poder adquisitivo y aumente la recaudación en detrimento del trabajador . Sobre esto, Mollinedo explica que es una medida que no se ha tomado nunca porque “tiene un coste recaudatorio muy alto”, señala. “Ningún gobierno lo ha actualizado con la inflación porque hacerlo tiene unos costes brutales. El coste supondría tener que aumentar impuestos por otra vía porque si no sería difícil pagar los servicios públicos sin incurrir en un déficit desbocado”, concluye. Otra de las propuestas del PP que van en la misma línea de rebaja impositiva son aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos –pescado, carne, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas– y reducir del 21% al 10% el IVA a la energía. También plantea la eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros. El debate sobre la fiscalidad ha ganado terreno en la precampaña; sin embargo, el dilema principal al que se enfrentarán los partidarios de recortar impuestos es explicar cómo hacerlo sin comprometer la viabilidad de los servicios públicos y manteniendo intactas prestaciones como las pensiones.
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Hoy, hace 18 h
La empresa del conseller de Hacienda valenciano ingresa 146.000 euros al año alquilando inmuebles (se abre en una pestaña nueva)
La sociedad de José Antonio Rovira que administra su mujer, histórica del PP de Alicante y asesora en la Diputación, ganó 60.800 euros en 2024 y está varios años sin repartir dividendos, por lo que dispone de un capital líquido de ejercicios anteriores de 235.000 euros que no hace falta declarar en su renta como miembro del Gobierno La inmobiliaria del polémico conseller de Educación de Mazón mejora sus beneficios y anota un patrimonio de 2,3 millones El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, es lo que se llamaría en el actual debate sobre la vivienda un rentista. Tiene tres viviendas en propiedad al cien por cien, otra al 50%, dos garajes y un local comercial. Además, es propietario al 100 % de la empresa Rojo Inver SL, una sociedad de alquiler de inmuebles por cuenta propia que tiene un patrimonio que alcanza los 2,4 millones de euros. En las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil la pasada semana, las de 2024, la empresa del político ingresó 146.040 euros por esos alquileres: 1.000 euros menos que en 2023. Estos números le permitieron ganar a la compañía 60.800 euros, después de computar los gastos de gestión de esos inmuebles y pagar impuestos. La empresa, que está administrada por su esposa, Consuelo Maluenda Quiles, gana todos los años unas cantidades similares y hace prácticamente un lustro que no reparte dividendos entre sus socios, ni tampoco destina esos beneficios a reservas. Eso le permite disponer de 235.000 euros de líquido en la empresa, según las propias cuentas de la compañía, cantidad que tampoco tiene por qué incluir en su declaración como conseller de Hacienda ante Transparencia. En su última renta presentada ante la Generalitat, el político alicantino declaró haber ganado en 2022 poco más de 78.000 euros, de los que 523 euros fueron rendimientos de capital inmobiliario. José Antonio Rovira fue en la primera parte de la legislatura de Carlos Mazón conseller de Educación, muy criticado por los sindicatos por su reforma educativa y su impacto negativo en la enseñanza del valenciano. Tras la llegada de Pérez Llorca en diciembre de 2025, Rovira se convirtió en conseller de Hacienda y en el ariete de la reforma fiscal de PP y Vox. El actual conseller ha aplicado y defendido rebajas fiscales, entre ellas la exención del impuesto sobre el Patrimonio a las rentas superiores a los dos millones de euros —sin contar la primera vivienda ni las empresas—, cuando con el anterior gobierno de izquierdas el límite se situaba en los 500.000 euros. La compañía del conseller se está beneficiando de los buenos tiempos que corren y de la alta demanda de alquiler de vivienda. Además, no tiene gastos de personal y se gasta en explotar el negocio poco más de 37.000 euros. Las deudas también son bajas en comparación con los activos, de casi 2,5 millones de euros, ya que suponen 75.000 euros, 50.000 de los cuales son con entidades de crédito. La administradora de la sociedad, Consuelo Maluenda, también está vinculada al mundo de la política y del Partido Popular. Es asesora en el gabinete del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y ha sido trabajadora del partido durante años. Cobra un sueldo público de más de 65.000 euros al año. Rovira gana 83.000 euros al año.
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Hoy, hace 20 h
Vox plantea imponer un límite de alumnos "de otras culturas" por aula en su programa electoral (se abre en una pestaña nueva)
La formación incorpora la ‘"remigración" como eje de su discurso migratorio y extiende la "prioridad nacional" a más servicios públicos, mientras mantiene propuestas como la recentralización educativa y las rebajas fiscales PP y Vox acusan a los sindicatos y a sus líderes de “mafia, basura, jetas y apesebrados del Gobierno”: “Si no escuchan a la calle, no llegarán a gobernar” Vox ha publicado este jueves su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un documento estructurado en 13 bloques que recoge las principales propuestas con las que la formación de Santiago Abascal aspira a llegar al Gobierno. El texto mantiene buena parte de las líneas políticas que el partido ya defendía en anteriores convocatorias, pero también añade nuevos puntos y amplía algunas de sus medidas, especialmente en materia migratoria y de acceso a los servicios públicos. Entre las propuestas que incorpora en el apartado educativo, Vox plantea establecer un número máximo por aula de alumnos procedentes de “otras culturas” o que tengan un dominio insuficiente del español. El programa no concreta cuántos estudiantes podrían coincidir en una misma clase ni cómo se determinaría qué alumnos pertenecen a esas “otras culturas”. La medida añade también la creación de aulas específicas de nivelación para quienes se incorporen tarde al sistema educativo español, donde tendrán que llegar al nivel que el partido considere necesario antes de integrarse en su grupo ordinario. La formación justifica esta separación con el argumento de que así se evitará ralentizar el aprendizaje del resto de alumnos. Por otra parte, Vox propone prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos y en los lugares donde se presten servicios públicos, acabar con los menús halal en los comedores escolares y eliminar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Además, plantea conceder prioridad a los españoles en la elección de centro y en el acceso a plazas de guardería, becas de comedor y ayudas al transporte escolar. La formación incorpora así al ámbito educativo una de las ideas principales del documento, la llamada “prioridad nacional”. Contra la “ideología de género” El partido sitúa la “remigración” entre los ejes centrales de su propuesta. El término aparece vinculado a un plan para facilitar el retorno a sus países de origen de extranjeros que, según el programa, no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no alcanzan a los españoles. El texto mantiene las medidas que ya defendía en 2023 contra la inmigración irregular y la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, pero amplía el planteamiento al incluir también a personas que residen legalmente en España y que, a juicio del partido, dependen de las ayudas públicas o no contribuyen al país. En el caso de la devolución de competencias al Estado, la implantación de un currículo educativo común, una única prueba de acceso a la universidad en todo el territorio y la garantía de la enseñanza en español. También mantiene su apuesta por las rebajas fiscales, la energía nuclear y la derogación de las leyes que el partido considera vinculadas a la “ideología de género”. En educación, vuelve a plantear la derogación de la LOMLOE y la eliminación de los contenidos que califica de “ideológicos”, junto con medidas para reforzar la autoridad del profesorado y limitar el uso de móviles en las aulas.
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Ayer
Hasta 4.341 euros de ahorro por hogar con la prórroga de alquileres que se aprueba este jueves (se abre en una pestaña nueva)
Un día después de la huelga general y a pocas horas de comenzar oficialmente la campaña electoral del 29N, el Gobierno lleva los decretos de vivienda a la Diputación Permanente. Este jueves se vota la convalidación de los dos paquetes de medidas aprobados por el Consejo de Ministros a inicios de octubre, que incluyen la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029, hasta el 31 de diciembre de 2028. Está previsto que solo el primer decreto salga adelante, el segundo no cuenta con los votos necesarios. Se trata de una política que permitiría prorrogar 1.895.676 contratos. El INE señala que los hogares que viven de alquiler a precio de mercado tienen una media de 2,59 miembros. Por lo que, si todos esos contratos se prorrogaran, casi casi cinco millones de personas podrían beneficiarse de la medida . Además de ofrecer estabilidad y certidumbre, la prórroga supondría un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar para las familias inquilinas , una cifra que aliviaría la presión que el gasto en vivienda ejerce sobre sus economías. El número de contratos afectados y el ahorro estimado se han calculado mediante una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores que son personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según el año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, cuyo precio aumenta al ritmo de los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no se contempla ese incremento, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. El número de personas beneficiadas, unos 4,9 millones, se estima con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Por comunidades autónomas, los datos desglosados de las estimaciones son: - Madrid : ahorro mediano de 9.152 euros por hogar - Cataluña : al tratarse mayoritariamente de territorios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, no se ha realizado una estimación del impacto económico. - Comunitat Valenciana : el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. - Andalucía : el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga. - Islas Baleares : ahorro mediano de 10.090 euros por hogar. - Canarias : el ahorro mediano por hogar oscila entre 4.128 euros en Las Palmas y 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife. - Galicia : el ahorro mediano por hogar oscila entre 1.760 euros en A Coruña y 3.455 euros en Lugo. - Aragón : el ahorro mediano por hogar oscila entre 1.811 euros en Huesca y 4.110 euros en Zaragoza. - Región de Murcia : ahorro mediano de 2.945 euros por hogar. - Principado de Asturias : ahorro mediano de 3.997 euros por hogar. - Castilla-La Mancha : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.987 euros en Albacete y 6.220 euros en Guadalajara. - Castilla y León : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.551 euros en Palencia y 6.257 euros en Segovia. - Cantabria : ahorro mediano de 3.836 euros por hogar. - Extremadura : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.479 euros en Badajoz y 3.464 euros en Cáceres. - La Rioja : ahorro mediano de 3.218 euros por hogar.
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Hace 2 días
Convocada la plaza de director de Servicios Agropecuarios de la Diputación (se abre en una pestaña nueva)
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este miércoles las bases de la convocatoria de la Diputación Provincial de Soria para la provisión de una plaza de director de los Servicios Agropecuarios . Este puesto pertenece a la plantilla de funcionarios de carrera, dentro de la escala de Administración Especial, grupo A y subgrupo A1 , contando con un nivel 25 de complemento de destino. La vacante se enmarca en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2025, aprobada por la Junta de Gobierno el 6 de octubre de aquel año. El procedimiento de selección elegido por la administración provincial es el de oposición en turno libre , habida cuenta de las necesidades de personal para contribuir a una correcta prestación de los servicios de su competencia. Asimismo, como consecuencia de este proceso selectivo se constituirá una bolsa de empleo destinada a cubrir las vacantes temporales que por diversas circunstancias pudieran producirse en el Servicio de Agricultura , así como subsidiariamente en otros puestos de funciones y formación equivalentes. Para ser admitidos en las pruebas, los aspirantes deben poseer la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa. En el plano académico, se exige estar en posesión del título de Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior en áreas relacionadas con la agronomía, ciencias ambientales, biología, forestal y veterinaria , o bien titulaciones equivalentes, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Los candidatos cuentan con un plazo de 15 días hábiles para presentar sus instancias, el cual comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado . Los interesados pueden registrar su documentación de manera presencial en el Registro General de la institución, en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , o mediante la sede electrónica de la Diputación . Junto al modelo oficial de solicitud, que se encuentra disponible en el portal web de empleo provincial , resulta indispensable adjuntar el justificante de la titulación exigida y el comprobante de haber abonado los derechos de examen. Esta tasa se ha fijado en 32,91 euros y debe tramitarse a través de la plataforma telemática de tasas , si bien existen exenciones y bonificaciones por discapacidad, desempleo o familia numerosa que pueden consultarse en el apartado de ordenanzas fiscales de la corporación . Estructura de las pruebas y periodo de prácticas El desarrollo de la oposición consta de una primera fase compuesta por tres ejercicios eliminatorios que suman un máximo de 100 puntos, donde el orden de actuación de los aspirantes se iniciará por la letra B . La primera prueba consistirá en responder por escrito, en un tiempo máximo de 120 minutos, a un cuestionario de hasta 100 preguntas con respuestas alternativas sobre todo el temario, el cual se compone de 19 temas de materias comunes y 74 de materias específicas. Esta fase se calificará de cero a 30 puntos, siendo necesario alcanzar al menos 15 para superarla. Quienes pasen el primer corte afrontarán un segundo examen de carácter teórico-práctico durante un máximo de tres horas, consistente en la redacción de una memoria, crítica, comentario o informe relacionado con las funciones del puesto. Posteriormente, el tercer ejercicio obligará a desarrollar por escrito durante cuatro horas cuatro temas elegidos por sorteo entre los distintos bloques de la parte específica, que abarca gestión administrativa, sector agropecuario, ingeniería agraria y políticas públicas. Tanto en la segunda como en la tercera prueba los opositores deberán realizar una lectura pública ante el tribunal, que podrá formular preguntas durante diez minutos. Una vez superados los tres exámenes, el candidato con mayor puntuación será nombrado funcionario en prácticas durante un periodo de tres meses , fase que será calificada como apto o no apto. Quedarán eximidos de este trámite, pasando directamente a ser nombrados funcionarios de carrera, aquellos aspirantes que acrediten documentalmente haber desempeñado puestos de igual contenido y funciones en cualquier administración pública. Respecto a la bolsa de empleo resultante , que derogará las listas anteriores, quedará integrada por todos los candidatos que hayan superado al menos los dos primeros ejercicios, ordenados según sus calificaciones. Cuando surja una necesidad temporal y se produzca el llamamiento por teléfono o correo electrónico, los integrantes dispondrán de dos días para contestar a la oferta, toda vez que el rechazo sin causa justificada supondrá una suspensión en la lista durante el plazo de un año.
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Hace 3 días
Albares acusa al PP de boicotear el acuerdo de Gibraltar en el Parlamento Europeo (se abre en una pestaña nueva)
"Quieren votar en contra de ese tratado y eso supone un ataque y un sabotaje directo al bienestar de los 300.000 gaditanos del Campo de Gibraltar", ha señalado el ministro de Exteriores La UE y el Reino Unido firman el acuerdo definitivo que tumba la verja de Gibraltar El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado este martes al Partido Popular de tratar de “sabotear” el acuerdo de Gibraltar en el Parlamento Europeo, donde todavía tendría que ser ratificado en el pleno del 14 de diciembre, aunque fuentes parlamentarias apuntan que se podría retrasar hasta que se conforme un nuevo Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. “Ya han oído a los eurodiputados del Partido Popular. Lo quieren sabotear como han intentado hacerlo desde el principio. Quieren votar en contra de ese tratado en el Parlamento Europeo y eso supone un ataque y un sabotaje directo al bienestar de los 300.000 gaditanos del Campo de Gibraltar”, ha asegurado Albares, que se encuentra de visita en Bruselas donde se reunirá con varios comisarios europeos. El ministro de Asuntos Exteriores ha explicado que “los comités técnicos que estaban previstos en el acuerdo han empezado a reunirse” y que ya se ha traducido en “un incremento de las mercancías y mayor actividad en el puerto de Algeciras”. Albares ha reiterado que, pese a la postura del PP español, “las perspectivas son buenas. El Gobierno está hablando con todos los grupos políticos presentes en el Parlamento Europeo, muy especialmente con los eurodiputados españoles, para que apoyen este acuerdo histórico después de 300 años”. El PP español en el Parlamento Europeo ya anunció su negativa a votar a favor del acuerdo porque en su opinión “se desaprovechó una oportunidad para avanzar en la posición española sobre el Peñón, se cedió capacidad de control en su aplicación y permitió consolidar sus privilegios y desequilibrios fiscales y regulatorios”. Fuentes del Parlamento Europeo señalan que primero se tendrá que votar en el Comité Inta, de comercio internacional, a finales de noviembre, pero que se retrasará y no irá al pleno del 14 de diciembre a la espera de que haya un posible cambio de Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, ya que se trata de un acuerdo que afecta directamente a un país miembro. A pesar del voto en contra del PP español será difícil que la iniciativa del acuerdo UE-Gibraltar no salga adelante. Entre otras cosas porque los países ya votaron a favor del acuerdo en el Consejo Europeo y “nadie piensa que si Alemania vota a favor, los europarlamentarios alemanes del PP europeo voten en contra”, según explica una fuente diplomática. En otro orden de asuntos, Albares solicitará una mayor implicación de la Unión Europea ante la llegada de migrantes a Canarias, especialmente a la isla de El Hierro. “Voy a hablar con los comisarios europeos encargados de la política de cooperación, de la política africana y del Mediterráneo para tratar la situación en estos momentos de llegada de migración a la isla de El Hierro”, ha comentado. Respecto a las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, Albares ha insistido en que una mayoría de países de la Unión Europea apoya el levantamiento de las penalizaciones. El ministro ha añadido que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, está negociando con los Estados miembros que preferían mantener las sanciones.
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Hace 3 días
29N. Pollán (Vox) sobre inmigración y despoblación: ?No se puede solucionar un problema con una ilegalidad? (se abre en una pestaña nueva)
La precampaña electoral continúa implacable hasta el comienzo de la campaña esta próxima medianoche del jueves al viernes. Hoy, la visita a la capital soriana para apoyar a sus candidatos el 29N le ha correspondido a Carlos Pollán, vicepresidente de Vox en las Cortes de Castilla y León y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha estado acompañado de los candidatos locales al Senado. Pollán ha definido Soria como ?el epicentro de la corrupción socialista en Castilla y León?, en alusiones al caso de la Fuentona, que continúa en secreto de sumario. El líder de Vox también ha señalado que el Ayuntamiento sabía que se iba a producir el registro y que Javier Antón avisó a su predecesor. Un Carlos Martínez que, considera, ?no puede sorprenderse? por el caso después de 20 años de mandato. Sin ?novedades? o información privilegiada por parte de Vox, Pollán indicaba que los siete detenidos y la larga lista de delitos ?nos hacen pensar que algo hay? y el partido se muestra expectante a que se resuelva el caso. Vox señala que ?la corrupción mata?, vinculando así este caso a los accidentes ferroviarios mientras el Gobierno estaba más pendiente de ?los bonus? o de ?colocar a señoritas de compañía? que las obras de mejora en la infraestructura. En este marco, el líder regional de los de Abascal ha denunciado que Soria sigue sin tren por las ?promesas vacías del felizmente dimitido Óscar Puente?. Pollán presenta a Vox como ?la única alternativa fiable para sacar a Sánchez de la Moncloa? y asegura que su partido ?trabaja fuerte? para tratar de lograr representación por la provincia de Soria, aunque esta solo reparta 2 diputados. Sobre el Centro de Acogida y Protección Internacional, Pollán ha indicado que este proyecto se construye en contra de los intereses de los vecinos de Soria y de la seguridad de la ciudad. ?Se gastan un dinero en algo que no aporta nada a los ciudadanos?, explica y propone poner la ?prioridad nacional? y rebajas fiscales con ese dinero para quienes quieren instalarse y mantenerse en Soria. El líder de Vox ha propuesto convertir el centro en vivienda para jóvenes, algo que considera ?una buena opción?. Preguntado por las dificultades para reconvertir el proyecto teniendo en cuenta que ha sido financiado por fondos europeos, señala que ?legalmente se pueden hacer muchas cosas?. Pollán lamenta que durante el gobierno de Pedro Sánchez hayan entrado cinco millones de personas en España y solo se hayan construido 400.000 viviendas. Preguntado por la reacción de la inmigración con la despoblación y la realidad de una provincia como Soria que se quedaría en 40.000 habitantes a final de siglo si no contase con inmigración, Pollán ha indicado que ?no se puede solucionar un problema permitiendo una ilegalidad?. Así, recuerda la postura de su partido de devolver a los inmigrantes que entren a España de manera irregular, repatriar a aquellos que sean condenados e iniciar un proceso de remigración para aquellos que viven de las ayudas públicas.
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27 de octubre
'Smart City Expo': la tecnología urbana aborda los retos ante la emergencia climática global y la crisis de la vivienda (se abre en una pestaña nueva)
La cumbre internacional de ciudades y soluciones urbanas inteigentes reúne en Barcelona a más de mil municipios y 700 expertos para evaluar el impacto real que las soluciones tecnológicas tienen en la calidad de vida urbana Las ciudades concentran los mayores desafíos de la sociedad contemporánea. Durante más de dos décadas la digitalización de los entornos urbanos avanzó sobre la promesa de transformar nuestras urbes. Y hoy, esta tecnología abandona el terreno de la promesa para ofrecer resultados palpables en las calles: desde la gestión eficiente de la energía hasta la optimización del transporte público, las nuevas herramientas ayudan a resolver problemas cotidianos. Las posibilidades de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las ciudades protagonizarán, un año más, Smart City Expo World Congress . Organizado por Fira de Barcelona, del 3 al 5 de noviembrecelebrará en el recinto de Gran Via su decimoquinta edición, bajo el lema Soluciones urbanas, impacto real . Una cita que convocará a más de 1.000 ciudades, 1.100 expositores y 27.000 asistentes con el propósito de compartir prácticas de éxito aplicables a escala global. “Durante años hemos hablado de la ciudad inteligente como una promesa. Hoy sabemos que tras casi un cuarto de siglo apostando por las ciudades inteligentes, la tecnología existe y ya ha tenido un impacto. Las soluciones que mostramos están cambiando la vida de las personas a mejor. Smart City Expo quiere ser el lugar donde ciudades, empresas y expertos compartan las experiencias que dan buenos resultados, para que puedan replicarse allí donde hace falta”, señala Ugo Valenti, director del congreso. Instantes de Smart City 2025. Tecnología al servicio de la ciudadanía El avance de las tecnologías habilitadoras, la inteligencia artificial y la red de sensores transforman los gobiernos locales. Los algoritmos de predicción facilitan el mantenimiento de las infraestructuras, mientras los modelos digitales tridimensionales permiten a las administraciones simular el impacto ambiental de nuevas obras antes de su ejecución. Sin embargo, la innovación tecnológica carece de sentido si no atiende a las necesidades de la ciudadanía. La digitalización urbana busca ahora un equilibrio entre la eficiencia operativa, la equidad social y la preservación del medio ambiente. Esta perspectiva transversal integra la movilidad sostenible, la transición energética y la protección del entorno marino para garantizar un crecimiento económico respetuoso con el planeta. Entre todos los retos urgentes de las urbes actuales, la dificultad de acceso a un hogar adecuado ocupa un lugar prioritario. El encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y el crecimiento demográfico presionan a los gobiernos locales en todo el mundo. Smart City Expo no es ajeno a esta situación y, por ello, acoge un nuevo congreso centrado en el reto de promover vivienda urbana asequible ( HOWS Barcelona ). En ella más de cien especialistas debatirán sobre la regulación del suelo, la promoción de vivienda pública, la edificación industrializada y la rehabilitación energética del parque residencial existente. Figuras como la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, o la investigadora de la universidad de East London, Anna Minton, analizarán modelos capaces de frenar la especulación e impulsar la inclusión social. Junto a la tecnología, el encuentro tendrá una dimensión política, porque las ciudades son motores de cambio. Alcaldes y responsables municipales de urbes como París, Atlanta, Atenas, Milán, Budapest, Freetown y Barcelona están articulando una agenda común para hacer frente a la crisis habitacional. La exalcaldesa parisina Anne Hidalgo, que ha abanderado el compromiso con la sostenibilidad climática, será una de las invitadas al encuentro, mientras que una mesa redonda de alcaldes analizará estrategias de suelo y cooperación pública. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha preparado una agenda de actividades, bajo el nombre de Cities Programme , enfocada al intercambio de estrategias y conocimiento entre líderes municipales. Este intercambio directo de experiencias permitirá a los municipios adaptar medidas probadas en otros países, desde la reserva de suelo para alquiler protegido hasta incentivos fiscales para la edificación sostenible. Ciudades y adaptación climática El reto de adaptación al cambio climático centrará el nuevo espacio Terra50. Esta cúpula inmersiva proyectará 50 iniciativas urbanas con resultados demostrados en 32 países. Entre estas propuestas figuran cápsulas de desalinización marina que aprovechan la presión del agua profunda para ahorrar energía, pasarelas peatonales fabricadas con palas recicladas de aerogeneradores y modelos de separación de residuos sin vertidos. Además, el encuentro impulsará el emprendimiento tecnológico mediante un espacio dedicado a empresas emergentes, donde inversores, centros de investigación y administraciones evaluarán innovaciones de alto potencial transformador. El futuro de los entornos urbanos exige una visión a largo plazo basada en la inteligencia estratégica y la diversidad. Especialistas en prospectiva tecnológica como Nikolas Badminton, líder del think tank Futurist.com y ponente principal del congreso, profundizarán en el uso ético de los algoritmos en la toma de decisiones públicas. Por su parte, expertas como Ayumi Moore Aoki, fundadora de Women in Tech Global, defenderán la inclusión del talento femenino y la eliminación de brechas de género en la innovación urbana. En un momento de grandes transformaciones, las ciudades demuestran que la convergencia entre tecnología, planificación urbana y sensibilidad social representa el único camino para construir comunidades más justas, prósperas y habitables.
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No se pudieron leer los feeds de Melilla Hoy, Granada Digital, Gasteiz Hoy, La Marina Plaza, El Bierzo Digital, OKDiario. El resto de medios se actualiza con normalidad.
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