El Gobierno da luz verde a la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales (se abre en una pestaña nueva)
Los nuevos puestos derivarán en una macroconvocatoria de oposiciones que el Ejecutivo prevé anunciar en las próximas semanas
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El Gobierno defiende la “norma no escrita” de que los jueces evitan interferir en las elecciones (se abre en una pestaña nueva)
“Confío en que todos los órganos judiciales, la fiscalía y la UCO actúen con imparcialidad y profesionalidad”, advierte el ministro Félix Bolaños ante la sucesión de investigaciones que salpican al Gobierno y el PSOE en plena campaña electoral
El presidente en la sombra: qué supone el ascenso del ultraderechista Stephen Miller a jefe de Gabinete de Trump (se abre en una pestaña nueva)
La promoción de Stephen Miller tras la derrota trumpista en las legislativas muestra la intención de Trump de confrontar con el Congreso en lo que puede desencadenar un grave conflicto institucional “Patriotas al mando”: Stephen Miller, el ideólogo ultra que se ha convertido en el hombre fuerte de Trump En junio de 2025 se produjo en Los Angeles el enfrentamiento entre manifestantes en defensa de los inmigrantes contra 4000 efectivos militares y 700 infantes de Marina enviados por el presidente Donald Trump en contra de la opinión del gobernador de California. Según la Ley Posse Comitatus, el ejército de EEUU no puede participar en tareas de mantenimiento del orden público civil, salvo que el Congreso lo haya autorizado. En octubre del mismo año, Trump confirmó que esas intervenciones en diversas ciudades eran “prácticas” para futuras acciones de guerra dentro de Estados Unidos sin aclarar quiénes serían los insurgentes. Stephen Miller, subjefe de Gabinete y asesor de seguridad nacional, fue la persona que ordenó esas acciones. Ahora, tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, Trump ascendió a Miller a jefe de Gabinete, la posición más poderosa en la Casa Blanca después del presidente. Steve Bannon, ideólogo del movimiento MAGA ( Make America Great Again ), ha descrito a Miller como el “primer ministro” de Trump. El nombramiento muestra que el presidente piensa librar una batalla con todas las medidas posibles, especialmente al margen de la legalidad, contra la nueva Cámara de Representantes y el Senado controlados por los demócratas. La revista The Nation tituló el 9 de noviembre: “Stephen Miller es ahora el verdadero presidente”. Para Miller, el Partido Demócrata es una "organización extremista de izquierdas" y asegura que toda política legal para integrar a la inmigración generará la "somalización de Estados Unidos" El gran supervisor Miller hizo sus primeras apariciones en 2017, cuando era uno de los redactores de los discursos de Trump. En los nueve años siguientes extendió su influencia sobre el presidente hasta el punto de que la exportavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que Miller “supervisa todas las políticas en las que interviene la Administración”. Para Maggie Haberman y Jonathan Swan, autores del libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump , la presencia e influencia de Miller en la Administración es casi omnipresente. Funcionario irascible e hiperactivo, con hasta ahora una plantilla de 20 personas a su servicio, Miller considera que los jueces federales que se resisten a las órdenes ejecutivas de Trump incurren en “insurrección jurídica”. Desde que se inició la segunda presidencia ha preparado para el presidente 292 órdenes ejecutivas, cifra sin precedentes en otras administraciones y que auguran cómo piensan dejar de lado al Congreso en los próximos dos años de mandato. Para Miller, el Partido Demócrata es una “organización extremista de izquierdas” y asegura que toda política legal para integrar a la inmigración generará la “ somalización de Estados Unidos”. Respecto al orden internacional, el nuevo jefe de Gabinete opina que está acabado: el mundo se mueve “por la fuerza, que se rige por el poder”. En el terreno educativo, aunque no era parte de sus competencias, ha influido para cortar los fondos para el Departamento de Educación y redirigirlos hacia gobiernos estatales que estén alineados con el MAGA. Ha eliminado fondos federales para estudios sobre teoría crítica, racismo, diversidad, igualdad e inclusión por considerarlos “antiamericanos”. En relación con la migración propuso eliminar la financiación para hijos de inmigrantes indocumentados, yendo en contra de una decisión del Tribunal Supremo de 1982. Stephen Miller, llega a un mitin de Donald Trump, en el aeropuerto de Lancaster el 3 de noviembre de 2024 en Lititz, Pensilvania. Contra la migración y el derecho internacional A sus 41 años, este ultraderechista ha sido arquitecto de una política radical contra la inmigración militarizando la frontera con México, impulsando el veto de entrada a ciudadanos musulmanes y ordenando las escandalosas separaciones de padres inmigrantes de sus hijos, así como las deportaciones ilegales (actualmente alrededor de 3000 al día, 643.000 desde enero de 2025). De esas deportaciones, 25.000 han sido a terceros países sin ninguna asistencia legal. No dudó, por otra parte, en calificar de “terroristas” a dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados en Minneapolis mientras se manifestaban contra las detenciones y deportaciones por parte del grupo paramilitar ICE (Immigration and Customs Enforcement). Según el New York Times, Miller ha estado , así mismo, implicado en la persecución judicial de opositores políticos de Trump y en la represión a las manifestaciones estudiantiles contra el apoyo de la Administración Trump a Israel durante el genocidio en Gaza. En política exterior impulsó con Pete Hegseth, secretario de Defensa, y amigo de ideología ultranacionalista, los mortales bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe y costas del Océano Pacífico en los días previos al secuestro de Maduro y a los que acusaba de narcotraficantes. Miller ha relanzado la Doctrina Monroe para el control de América Latina. La visión de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio es que Estados Unidos se divida el control del mundo con China y Rusia en zonas de influencia Estas últimas acciones violan el Derecho Internacional y la ley en Estados Unidos. La Casa Blanca carece de la autorización prevista para llevar a cabo estos ataques militares debido a que el tráfico de drogas no constituye legalmente un conflicto armado ni un ataque militar directo contra Estados Unidos. Así mismo, esos ataques han provocado ejecuciones extrajudiciales y asesinatos sin debido proceso ni son respuestas a una amenaza inminente. A todo esto se suma que el tráfico de drogas compete a las fuerzas del orden civiles y no a la intervención militar. Matar intencionadamente a sospechosos sin el debido proceso o sin que exista una amenaza inminente viola las normas penales nacionales y constitucionales. Control e injerencia en América Latina Miller ha relanzado la Doctrina Monroe para el control de América Latina. La visión de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio es que Estados Unidos se divida el control del mundo con China y Rusia en zonas de influencia. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (NSS de sus siglas en inglés) presta especial atención a que EEUU controle territorios, recursos naturales estratégicos, pasos navales y combata el crimen organizado y las migraciones con gobiernos afines especialmente en el “Hemisferio Occidental”. Este es, desde el Polo Norte y Groenlandia hasta Patagonia, su particular zona de influencia, según ha confirmado el propio Miller . En este contexto, para América Latina se ha establecido el Escudo de las Américas con varios ejércitos bajo liderazgo del Pentágono. EEUU envía efectivos (actualmente a Ecuador, Colombia y Venezuela) y lleva a cabo intervenciones de fuerzas especiales estadounidenses, como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero pasado, en el que Miller estuvo implicado. No es descartable que Miller planifique una intervención para cambiar el régimen en Cuba. Una coherente trayectoria Hijo de una familia judía pudiente de California, desde su adolescencia y luego en su época de estudiante en la Universidad de Duke, fue un provocador con ideas de ultraderecha desde la columna que escribía para el periódico de ese centro académico. También entonces se vinculó con David Horowitz, un exizquierdista de los años 60 que evolucionó hacia la ultraderecha. Más tarde fue ayudante en el Congreso de la representante del Tea Party (movimiento de base de ultraderecha que se formó durante la Administración Obama, precursor del MAGA) Michele Bachmann y de Jeff Sessions, senador racista por Alabama. Reclutado por Trump para su primera campaña electoral y gobierno (2017-2021), Miller fue el redactor del discurso catastrofista del nuevo presidente al asumir su cargo sobre la “carnicería” que aparentemente sufría Estados Unidos por haber abierto la puerta a la migración durante décadas y la necesidad de “hacer América grande otra vez”. El nombramiento muestra que el presidente piensa librar una batalla con todas las medidas posibles, especialmente al margen de la legalidad, contra la nueva Cámara de Representantes y el Senado controlados por los demócratas La periodista Jean Guerrero, autora del libro Hatemonger . Stephen Miller, Donald Trump, and the White Nationalist Agenda , explicó en 2020 en Democracy Now! el nefasto papel de dueños de grandes fortunas que financian campañas, individuos y centros de estudios racistas. Se trata de “eugenistas que creen en la superioridad genética de los blancos, que defienden el control demográfico de las personas no blancas” y que promocionan las políticas que sigue Miller sobre la migración. Este último no cree en la diferencia entre inmigración legal e ilegal y no es cierto que centre su persecución en supuestos delincuentes y los cárteles de la droga, sostiene Guerrero. “Miller se ha centrado principalmente en las familias —de África, de América Latina— y, en su mayoría, en personas que no han infringido ninguna ley: solicitantes de asilo, refugiados, y restringir el acceso a la tarjeta de residencia. (…) Para él, se trata de rediseñar los flujos étnicos hacia este país para mantener fuera a las familias de piel morena y negra”, a quienes considera “algún tipo de amenaza existencial para Estados Unidos”, sostiene la periodista. Lo que puede venir Poco después del gran fracaso republicano del 4 de noviembre, Trump dio a entender vagamente que podría trabajar junto con los demócratas en cuestión migratoria. Sin embargo, el nombramiento de Miller indica que, por el contrario, seguirá adelante con su política cruel y violatoria de los derechos humanos. Todavía más, al ascender a Miller, Trump ha decidido poner a prueba hasta qué límites puede extender el poder del presidente por encima de los correspondientes al ejecutivo y al judicial tanto en dimensiones domésticas, por ejemplo, la migración, enjuiciar a opositores o demandar a medios periodísticos críticos, como internacionalmente, quizá atacando Irán o incrementando la injerencia militar y política en América Latina y Groenlandia. De hecho, una corriente académica propone que en Estados Unidos el Ejecutivo tenga mucho más poder que el Congreso y el sistema judicial. Estas y otras medidas crearían un enfrentamiento a partir de enero con los nuevos congresistas y senadores demócratas cuando ocupen sus escaños que podría llevar a una crisis constitucional y desestabilización del sistema democrático. Precisamente lo que Miller, Bannon y los tecnobarones de Silicon Valley que les financian, como Elon Musk, quieren que logre la Administración Trump.
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El Gobierno defiende la “norma no escrita” de que los jueces evitan interferir en las elecciones (se abre en una pestaña nueva)
“Confío en que todos los órganos judiciales, la fiscalía y la UCO actúen con imparcialidad y profesionalidad”, advierte el ministro Félix Bolaños ante la sucesión de investigaciones que salpican al Gobierno y el PSOE en plena campaña electoral
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Hace 2 h
El Gobierno de España crea 19 nuevas plazas de jueces y 5 de fiscales en la Región de Murcia (se abre en una pestaña nueva)
MURCIA. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la creación de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales para 2027, lo que supone una ampliación del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la del Ministerio Fiscal. En la Región de Murcia, el Gobierno crea 19 plazas de jueces (+10,1% respecto a la plantilla actual) y 5 de fiscales (+6,33%) para 2027. En dos años (2025 y 2026) se han creado 40 plazas judiciales en esta comunidad (+23,8%), según informan fuentes de la Delegación del Gobierno. Las 700 plazas creadas hoy se suman a las otras 700 que el Gobierno creó el pasado mes de julio para 2026. En total, 400 de fiscales y 1000 de jueces. Un aumento sin precedentes, gracias a Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha permitido crear en tan solo dos años más plazas que en los últimos 15 años juntos (en los que se han creado 930 plazas judiciales en total). Su distribución se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las aportaciones del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los Tribunales Superiores de Justicia. Esta nueva ampliación de plantilla se enmarca en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros. La planta judicial de la Regió aumenta un 10% De las 19 nuevas plazas judiciales para la Región de Murcia, 17 son para Tribunales de Instancia de Murcia, Cartagena, San Javier, Lorca, Cieza o Molina de Segura . Las dos restantes serán de adscripción territorial (destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo). Porcentualmente, la Región de Murcia es la más beneficiada en el reparto de plazas judiciales. De las 500 nuevas plazas de jueces creadas para toda España, la mayoría son para reforzar la jurisdicción civil (81 plazas en los Tribunales de Instancia y 61 en las Audiencias Provinciales) y la social (104). La jurisdicción penal se refuerza con 96 uevas plazas y los órganos mixtos (Audiencias Provinciales y Tribunales de Instancia de las provincias y localidades más pequeñas) con 87. Otras 30 plazas son de adscripción territorial. Además, 18 nuevas plazas estarán destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer, lo que supone un incremento del 62,8% en dos años, pasando de 121 plazas a 197. Las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia también se refuerzan con 6 plazas más, la Audiencia Nacional con 4 y los Tribunales Superiores de Justicia con 19. La plantilla del Ministerio Fiscal sube un 6,3% en Murcia La creación de 5 nuevas plazas de fiscales para la Región de Murcia supondrá un crecimiento de la plantilla del Ministerio Fiscal en esta comunidad del 6,3%, pasando de 79 a 84 miembros. En toda España, el Gobierno crea 200 nuevas plazas de fiscales (+6,6%) que se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales.
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- La RegiónEl Gobierno anuncia 700 nuevas plazas de jueces y fiscales: cuándo se convocarán las oposiciones
- Galicia PressEl Gobierno crea 19 nuevas plazas de jueces y nueve de fiscales en Galicia
- Diario VascoEl Gobierno crea 15 nuevas plazas de jueces y 7 de fiscales en el País Vasco
- La Opinión de MurciaEl Consejo de Ministros aprueba 19 nuevas plazas de jueces y 5 de fiscales en la Región de Murcia
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Hace 3 h
El Gobierno aprueba 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para reforzar la Justicia en 2027 (se abre en una pestaña nueva)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales para 2027, de las que 500 corresponden a la carrera judicial y otras 200 al Ministerio Fiscal. La medida supone un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla de fiscales, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estas plazas se suman a las 700 aprobadas el pasado mes de julio para 2026, por lo que el Gobierno habrá creado 1.400 plazas en dos años: 1.000 de jueces y 400 de fiscales. El Ejecutivo destaca que esta ampliación supera las 930 plazas creadas durante los quince años anteriores y la vincula a la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. De las 500 nuevas plazas judiciales, 104 se destinarán a la jurisdicción social, 96 a la penal y 142 a la civil, estas últimas repartidas entre los Tribunales de Instancia y las Audiencias Provinciales. También se contemplan 87 plazas para órganos mixtos y otras 30 de adscripción territorial, que podrán redistribuirse según las necesidades de trabajo. El refuerzo incluye 18 plazas para las secciones de Violencia sobre la Mujer, cuya dotación ha pasado de 121 a 197 en dos años, lo que representa un incremento del 62,8%. Asimismo, se crearán seis plazas en las secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuatro en la Audiencia Nacional y 19 en los Tribunales Superiores de Justicia. Por comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña recibirán 94 nuevas plazas judiciales cada una, seguidas de Madrid, con 74, y la Comunidad Valenciana, con 53. El Ministerio explica que la distribución responde a criterios como la carga de trabajo, la litigiosidad y la población. En cuanto a las 200 nuevas plazas de fiscales, Cataluña será la comunidad más beneficiada, con 47 incorporaciones, seguida de Andalucía, con 31, y Madrid, con 26. El resto se distribuirá entre las demás comunidades autónomas y los órganos centrales del Ministerio Fiscal. El Gobierno enmarca esta ampliación en su plan de transformación de la Administración de Justicia, que combina medidas organizativas, procesales y digitales para mejorar el funcionamiento del servicio público. Noticia en ampliación...
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- Galicia PressEl Gobierno prevé lanzar en próximas semanas una "macroconvocatoria" para 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales
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Hace 10 h
A Feijóo le escribe una IA. Y se nota (se abre en una pestaña nueva)
Me hizo gracia el artículo que le escribió una IA a Feijóo y que publicó el martes pasado El Mundo . Y lo que me hizo más gracia fue que no hiciera caso a la IA en el título, algo que seguro le sugirió. El artículo se titula “La reconstrucción nacional”. Nacional con “c”. Pero estoy seguro de que la IA le propuso nazional . Con “zeta”. ¿Por qué sostengo que lo escribió una IA? En primer lugar porque no hay errores geográficos: sabe que está en España y se refiere a los españoles, no como cuando llamó andaluces a los extremeños. También se nota el auxilio digital en que las dos cifras que da son correctas: Sánchez lleva ocho años gobernando y la Constitución se aprobó en 1978. Las enumeraciones también demuestran que hay dopaje tecnológico. Todas son un trío: “recauda más, regula más, interviene más” ; “rigor en las decisiones, experiencia en la gestión y compromiso con los resultados”; “estudio, planificación y rendición de cuentas”. Este es un rasgo característico en una IA entrenada por escritores. Pero hay más pruebas. Por ejemplo, las frases cortas al final de los párrafos para rematar: “fuimos el mejor ejemplo. Fuimos esperanza.” o “No ha sido así. Y todo se ha deteriorado”. Huelen a silicio que echan para atrás. Hay más señales y son las torpezas propias de una IA. A saber: escribir “presión extraordinaria” y justo después escribir “extraordinariamente positivo”; un “además” que no viene a cuento: “Además, en estos tiempos ha fallado el Gobierno, no la nación”; también se ve la trampa en esta frase en la que se cuela la palabra “carreteras” porque debían ser tres los lugares a los que volver y a la máquina no se le ocurrió otra forma de malgastar cien litros de agua para refrigerarse que generar este engendro: “un Estado que volverá a las carreteras, a los trenes y a las fronteras”. Otra prueba es el cierre: “la España que podemos empezar a alcanzar”. Eso no es ni cierre ni nada. Ese “podemos” sobra porque no denota convicción. Debería ser “vamos a”. Se ve que no solo es IA sino que además es gratuita. Pero lo que demuestra que Claude , Gemini o ChatGPT están detrás de este mediocre artículo son cuestiones en las que un ser humano con Google no se habría equivocado. A menos que le pidieran que mintiera. Vamos allá. No se puede pedir concordia insultando. Feijóo invoca la Transición y a Suárez en un texto que no solo no le reconoce nada al adversario sino que califica su obra de "funesta". El consenso se demuestra, no se escribe. El PP bloqueó el órgano de gobierno de los jueces cinco años. La España real no es la del artículo. Hay 22,6 millones de personas trabajando, un récord histórico. Y la presión fiscal sigue por debajo de la media del euro. Hay problemas serios, es cierto, pero el país no sufre decadencia. En cambio, según dicen todas las encuestas, el PP sí. Y no hay decadencia porque España cerró octubre con 22.624.165 afiliados a la Seguridad Social, récord de la serie histórica. El país en "declive" que pinta Feijóo no se corresponde con estos datos. Y un hombre de Estado como Feijóo no toleraría que alguno de sus escritores dijera eso negro sobre blanco . Igual que no toleraría decir que la presión fiscal es la más alta de la historia: la presión fiscal española sigue 2,5 puntos por debajo de la media de la eurozona según la Comisión Europea. Tampoco diría que el gobierno de Sánchez es “incapaz de defender las fronteras de España” cuando las llegadas irregulares a España cayeron un 32,5% en el primer semestre de 2026 . Y un 67,2% en Canarias, según datos de Interior. Pero el título del artículo es la prueba irrefutable de que lo ha escrito una IA gratuita y, además, perezosa: “La reconstrucción nacional”. ¿Reconstruir? ¿El qué, Alberto? ¿Y cómo? Son 910 palabras sin una sola medida. Sin una sola cifra. Sin un solo plazo. Promete "rigor" sin aportar ni un dato. Esto no lo haría ni el escritor más inútil del mundo. Salvo que no hubiera medidas, no cifras, ni plazos, ni ná . Nota: Este artículo, salvo los chistes y esta nota, lo ha escrito una amiga de nombre Claude, por lo que descargo la responsabilidad de todo lo que en él se afirma en ella. _________________ Alfredo Díaz es guionista y cómico de ‘La Comedia Nacional’ en ‘La Séptima’.
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Choque entre el Constitucional y el Supremo (se abre en una pestaña nueva)
El choque institucional al que estamos asistiendo entre el Tribunal Constitucional y la Sala II del Tribunal Supremo con motivo de la declaración de constitucionalidad de la ley de Amnistía y su aplicación al delito de malversación de caudales públicos viene de lejos, y es frecuente en los países que contemplan la existencia de un Tribunal Constitucional con la potestad de anular las sentencias judiciales, si observan que se ha vulnerado alguno de los derechos que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático, en el que se salvaguarde el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, encomendado a jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos al imperio de la ley. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo no puede ser una excepción. Confrontaciones de esta naturaleza las hemos visto en varios países en los que conviven ambas instituciones. Ni el Tribunal Supremo puede envolverse en el manto de ser la cúspide del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional puede ir más allá de ser el intérprete supremo de la Constitución, ni convertirse en el censor de todas las actividades del resto de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional español se constituyó y comenzó a funcionar el 12 de julio de 1980. De sus doce integrantes, diez eran catedráticos de un alto prestigio nacional e internacional y dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de indudable prestigio profesional. Desde sus comienzos tuvo que sentar las bases de lo que debería constituir el debido proceso, a la luz de la interpretación del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con especial hincapié en el derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de otras garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece claramente que la sentencia debe construirse sobre las pruebas practicadas en el juicio oral sin acudir a los atestados policiales. En estos momentos los informes de la UCO y la UDEF se han convertido en una especie de Evangelios. También se les recuerda que no pueden valerse de pruebas ilegítimamente obtenidas y algo tan elemental como que la duda favorece al acusado. El primer impacto sobre la mala práctica judicial en el proceso penal se produce con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, (Sala Primera), de 28 de julio, ponente Gloria Begué Cantón, que señaló que para destruir la presunción de inocencia era necesario contar con una mínima actividad probatoria, obtenida y practicada en el juicio oral con todas las garantías procesales constitucionales y legales. Denuncia que la única prueba que ha servido para condenar al demandante de amparo es su confesión ante la policía, realizada sin la garantía constitucional que supone la asistencia de Letrado. Se le ha colocado en una situación discriminatoria de práctica indefensión, vulnerándose el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En la sentencia ya se vislumbraba la resistencia tradicional de los órganos jurisdiccionales, plasmada en el voto particular de Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se aferra al valor probatorio de las diligencias practicadas durante la fase de investigación. Son innumerables las sentencias en este sentido. La tendencia a nombrar catedráticos y expertos ajenos a las funciones jurisdiccionales se ha ido perdiendo y ha sido sustituida por la colonización del Tribunal Constitucional por el mecanismo de los tres quintos, salvo en el caso de los designados por el Gobierno en un reparto de cuotas entre el Partido Popular y el PSOE, que inexorablemente provoca su politización ante la opinión pública. Que quede claro que esta objeción no supone demérito alguno para los designados, ya que siempre he considerado que lo importante es el contenido y los razonamientos de las sentencias. En estos momentos el choque de trenes entre ambos Tribunales adquiere su máxima gravedad al abordar la aplicación de la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes en lo relativo al delito de malversación. Ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla se recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional confirma la amnistía. El Constitucional reprocha al Supremo que su resolución representa: " una interpretación extensiva que (desconoce) el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla" . El criterio de esta Sala asume una interpretación que "… conduce a una drástica contradicción (…) manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta". Añade que la interpretación del Supremo es contraria "… a las reglas de la lógica y del sentido común», además de incluir "… razonamientos que (presentan) de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido". La contestación del Supremo se acomoda a los reproches: “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia. Según la redacción de Marchena, t ales manifestaciones tratan de “enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto". Tras destacar que asume en su integridad la decisión del TC, el Supremo resalta que “la fundamentación jurídica de la mayoría que ha inspirado el otorgamiento de amparo incluye consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria. Atribuir a la interpretación de esta Sala una "drástica contradicción", una "reducción teleológica" , una "interpretación extensiva", una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables", un distanciamiento del "sentido común", de "la lógica", de la finalidad de la ley y, en fin, la ausencia de un elemental "nexo de coherencia", representa enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”. El tono y los comentarios de la prensa alineada con la derecha extrema auguran un futuro choque todavía más trascendente con motivo de la suspensión, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del derecho de sufragio de los descendientes de españoles que optaron a la nacionalidad según la ley de Memoria Democrática y que voluntariamente se inscribieron en el Censo de Residentes ausentes (CERA). Están abonando el terreno para denunciar un fraude electoral si el Tribunal Constitucional restaura el sufragio suspendido. Queda poco tiempo para comprobarlo. _____________ José Antonio Martín Pallín es abogado, y ha sido el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.
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Hoy, hace 18 h
El presidente en la sombra: qué supone el ascenso del ultraderechista Stephen Miller a jefe de Gabinete de Trump (se abre en una pestaña nueva)
La promoción de Stephen Miller tras la derrota trumpista en las legislativas muestra la intención de Trump de confrontar con el Congreso en lo que puede desencadenar un grave conflicto institucional “Patriotas al mando”: Stephen Miller, el ideólogo ultra que se ha convertido en el hombre fuerte de Trump En junio de 2025 se produjo en Los Angeles el enfrentamiento entre manifestantes en defensa de los inmigrantes contra 4000 efectivos militares y 700 infantes de Marina enviados por el presidente Donald Trump en contra de la opinión del gobernador de California. Según la Ley Posse Comitatus, el ejército de EEUU no puede participar en tareas de mantenimiento del orden público civil, salvo que el Congreso lo haya autorizado. En octubre del mismo año, Trump confirmó que esas intervenciones en diversas ciudades eran “prácticas” para futuras acciones de guerra dentro de Estados Unidos sin aclarar quiénes serían los insurgentes. Stephen Miller, subjefe de Gabinete y asesor de seguridad nacional, fue la persona que ordenó esas acciones. Ahora, tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, Trump ascendió a Miller a jefe de Gabinete, la posición más poderosa en la Casa Blanca después del presidente. Steve Bannon, ideólogo del movimiento MAGA ( Make America Great Again ), ha descrito a Miller como el “primer ministro” de Trump. El nombramiento muestra que el presidente piensa librar una batalla con todas las medidas posibles, especialmente al margen de la legalidad, contra la nueva Cámara de Representantes y el Senado controlados por los demócratas. La revista The Nation tituló el 9 de noviembre: “Stephen Miller es ahora el verdadero presidente”. Para Miller, el Partido Demócrata es una "organización extremista de izquierdas" y asegura que toda política legal para integrar a la inmigración generará la "somalización de Estados Unidos" El gran supervisor Miller hizo sus primeras apariciones en 2017, cuando era uno de los redactores de los discursos de Trump. En los nueve años siguientes extendió su influencia sobre el presidente hasta el punto de que la exportavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que Miller “supervisa todas las políticas en las que interviene la Administración”. Para Maggie Haberman y Jonathan Swan, autores del libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump , la presencia e influencia de Miller en la Administración es casi omnipresente. Funcionario irascible e hiperactivo, con hasta ahora una plantilla de 20 personas a su servicio, Miller considera que los jueces federales que se resisten a las órdenes ejecutivas de Trump incurren en “insurrección jurídica”. Desde que se inició la segunda presidencia ha preparado para el presidente 292 órdenes ejecutivas, cifra sin precedentes en otras administraciones y que auguran cómo piensan dejar de lado al Congreso en los próximos dos años de mandato. Para Miller, el Partido Demócrata es una “organización extremista de izquierdas” y asegura que toda política legal para integrar a la inmigración generará la “ somalización de Estados Unidos”. Respecto al orden internacional, el nuevo jefe de Gabinete opina que está acabado: el mundo se mueve “por la fuerza, que se rige por el poder”. En el terreno educativo, aunque no era parte de sus competencias, ha influido para cortar los fondos para el Departamento de Educación y redirigirlos hacia gobiernos estatales que estén alineados con el MAGA. Ha eliminado fondos federales para estudios sobre teoría crítica, racismo, diversidad, igualdad e inclusión por considerarlos “antiamericanos”. En relación con la migración propuso eliminar la financiación para hijos de inmigrantes indocumentados, yendo en contra de una decisión del Tribunal Supremo de 1982. Stephen Miller, llega a un mitin de Donald Trump, en el aeropuerto de Lancaster el 3 de noviembre de 2024 en Lititz, Pensilvania. Contra la migración y el derecho internacional A sus 41 años, este ultraderechista ha sido arquitecto de una política radical contra la inmigración militarizando la frontera con México, impulsando el veto de entrada a ciudadanos musulmanes y ordenando las escandalosas separaciones de padres inmigrantes de sus hijos, así como las deportaciones ilegales (actualmente alrededor de 3000 al día, 643.000 desde enero de 2025). De esas deportaciones, 25.000 han sido a terceros países sin ninguna asistencia legal. No dudó, por otra parte, en calificar de “terroristas” a dos ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados en Minneapolis mientras se manifestaban contra las detenciones y deportaciones por parte del grupo paramilitar ICE (Immigration and Customs Enforcement). Según el New York Times, Miller ha estado , así mismo, implicado en la persecución judicial de opositores políticos de Trump y en la represión a las manifestaciones estudiantiles contra el apoyo de la Administración Trump a Israel durante el genocidio en Gaza. En política exterior impulsó con Pete Hegseth, secretario de Defensa, y amigo de ideología ultranacionalista, los mortales bombardeos contra embarcaciones en el Mar Caribe y costas del Océano Pacífico en los días previos al secuestro de Maduro y a los que acusaba de narcotraficantes. Miller ha relanzado la Doctrina Monroe para el control de América Latina. La visión de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio es que Estados Unidos se divida el control del mundo con China y Rusia en zonas de influencia Estas últimas acciones violan el Derecho Internacional y la ley en Estados Unidos. La Casa Blanca carece de la autorización prevista para llevar a cabo estos ataques militares debido a que el tráfico de drogas no constituye legalmente un conflicto armado ni un ataque militar directo contra Estados Unidos. Así mismo, esos ataques han provocado ejecuciones extrajudiciales y asesinatos sin debido proceso ni son respuestas a una amenaza inminente. A todo esto se suma que el tráfico de drogas compete a las fuerzas del orden civiles y no a la intervención militar. Matar intencionadamente a sospechosos sin el debido proceso o sin que exista una amenaza inminente viola las normas penales nacionales y constitucionales. Control e injerencia en América Latina Miller ha relanzado la Doctrina Monroe para el control de América Latina. La visión de Trump, del vicepresidente J.D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio es que Estados Unidos se divida el control del mundo con China y Rusia en zonas de influencia. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (NSS de sus siglas en inglés) presta especial atención a que EEUU controle territorios, recursos naturales estratégicos, pasos navales y combata el crimen organizado y las migraciones con gobiernos afines especialmente en el “Hemisferio Occidental”. Este es, desde el Polo Norte y Groenlandia hasta Patagonia, su particular zona de influencia, según ha confirmado el propio Miller . En este contexto, para América Latina se ha establecido el Escudo de las Américas con varios ejércitos bajo liderazgo del Pentágono. EEUU envía efectivos (actualmente a Ecuador, Colombia y Venezuela) y lleva a cabo intervenciones de fuerzas especiales estadounidenses, como el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero pasado, en el que Miller estuvo implicado. No es descartable que Miller planifique una intervención para cambiar el régimen en Cuba. Una coherente trayectoria Hijo de una familia judía pudiente de California, desde su adolescencia y luego en su época de estudiante en la Universidad de Duke, fue un provocador con ideas de ultraderecha desde la columna que escribía para el periódico de ese centro académico. También entonces se vinculó con David Horowitz, un exizquierdista de los años 60 que evolucionó hacia la ultraderecha. Más tarde fue ayudante en el Congreso de la representante del Tea Party (movimiento de base de ultraderecha que se formó durante la Administración Obama, precursor del MAGA) Michele Bachmann y de Jeff Sessions, senador racista por Alabama. Reclutado por Trump para su primera campaña electoral y gobierno (2017-2021), Miller fue el redactor del discurso catastrofista del nuevo presidente al asumir su cargo sobre la “carnicería” que aparentemente sufría Estados Unidos por haber abierto la puerta a la migración durante décadas y la necesidad de “hacer América grande otra vez”. El nombramiento muestra que el presidente piensa librar una batalla con todas las medidas posibles, especialmente al margen de la legalidad, contra la nueva Cámara de Representantes y el Senado controlados por los demócratas La periodista Jean Guerrero, autora del libro Hatemonger . Stephen Miller, Donald Trump, and the White Nationalist Agenda , explicó en 2020 en Democracy Now! el nefasto papel de dueños de grandes fortunas que financian campañas, individuos y centros de estudios racistas. Se trata de “eugenistas que creen en la superioridad genética de los blancos, que defienden el control demográfico de las personas no blancas” y que promocionan las políticas que sigue Miller sobre la migración. Este último no cree en la diferencia entre inmigración legal e ilegal y no es cierto que centre su persecución en supuestos delincuentes y los cárteles de la droga, sostiene Guerrero. “Miller se ha centrado principalmente en las familias —de África, de América Latina— y, en su mayoría, en personas que no han infringido ninguna ley: solicitantes de asilo, refugiados, y restringir el acceso a la tarjeta de residencia. (…) Para él, se trata de rediseñar los flujos étnicos hacia este país para mantener fuera a las familias de piel morena y negra”, a quienes considera “algún tipo de amenaza existencial para Estados Unidos”, sostiene la periodista. Lo que puede venir Poco después del gran fracaso republicano del 4 de noviembre, Trump dio a entender vagamente que podría trabajar junto con los demócratas en cuestión migratoria. Sin embargo, el nombramiento de Miller indica que, por el contrario, seguirá adelante con su política cruel y violatoria de los derechos humanos. Todavía más, al ascender a Miller, Trump ha decidido poner a prueba hasta qué límites puede extender el poder del presidente por encima de los correspondientes al ejecutivo y al judicial tanto en dimensiones domésticas, por ejemplo, la migración, enjuiciar a opositores o demandar a medios periodísticos críticos, como internacionalmente, quizá atacando Irán o incrementando la injerencia militar y política en América Latina y Groenlandia. De hecho, una corriente académica propone que en Estados Unidos el Ejecutivo tenga mucho más poder que el Congreso y el sistema judicial. Estas y otras medidas crearían un enfrentamiento a partir de enero con los nuevos congresistas y senadores demócratas cuando ocupen sus escaños que podría llevar a una crisis constitucional y desestabilización del sistema democrático. Precisamente lo que Miller, Bannon y los tecnobarones de Silicon Valley que les financian, como Elon Musk, quieren que logre la Administración Trump.
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Hoy, hace 20 h
Irene Montero carga contra la idea del "voto útil": "Para frenar a la extrema derecha, hace falta votar a Podemos" (se abre en una pestaña nueva)
La candidata denuncia "la brutalidad policial" que se vivió en las calles el jueves, durante la jornada de huelga general, y pide la dimisión de Marlaska El CIS preelectoral se aleja del resto de encuestas y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta Irene Montero, candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, ha abierto este jueves la campaña de su partido cargando contra la idea de “voto útil para frenar a la extrema derecha”. Frente a esa idea sobre la que considera que va a pilotar el camino hacia las urnas, ella ha planteado “pensar cosas útiles”, antes de zanjar: “Y para conseguir cosas útiles para frenar a la extrema derecha hace falta votar a la izquierda, hace falta votar a Podemos”. “Bajar el precio de los alquileres, por ejemplo, frenaría bastante a la extrema derecha”, ha dicho Montero, que ha reconocido que la campaña será “difícil” para Podemos. Además, como recetas para frenar a la extrema derecha, Montero ha defendido “regular los alquileres”, así como “prohibir la especulación inmobiliaria y acabar con los pisos turísticos que están expulsando a millones de personas de sus ciudades, de sus barrios de toda la vida”. También ha insistido en “tener pediatras en los centros de salud, invertir en sanidad, tener a profes bien pagadas, a menos niños y niñas en cada aula” o “democratizar la justicia” y “hacer que los jueces y las juezas tengan que declarar sus bienes, sus intereses y sus actividades”. “Que lo hagan también los presentadores y las presentadoras de televisión”, ha añadido, ante varias decenas de personas que han asistido al mitin de arranque de la campaña. La candidata de Podemos ha cargado, finalmente, contra esa idea de que el PSOE sea el “voto útil”. “El PP y el PSOE no son lo mismo, pero cuando hay que democratizar la justicia, votan igual a favor de que el Consejo General del Poder Judicial siga controlado por los mismos de siempre. Si hay que defender la paz, el PP y el PSOE no son lo mismo, pero votan igual para que sigamos en la OTAN y para que gastemos el dinero de las escuelas y los hospitales en armas. Si se trata de bajar el precio de los alimentos, el PSOE y el PP no son lo mismo, pero votan igual en contra de los supermercados públicos y a favor de los 1.700 millones de beneficios de Juan Roig”, ha añadido. “¡Marlaska dimisión” “Hay que votar izquierda, compañeras. Y para saber cuál es la izquierda, no basta mirar los programas electorales. Uno en política es lo que consigue, es lo que hace. Si tú llevas un programa electoral muy bonito, pero después no te atreves para no pagar el coste político, entonces no estás consiguiendo las cosas”, ha añadido. Previamente, Montero había iniciado su intervención cargando contra “la brutalidad policial” que se vivió en las calles el miércoles, durante la jornada de huelga general, y que a su juicio “fue insoportable”. “Que caiga un porrón de gente por la brutalidad policial”, ha insistido la candidata de Podemos, que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los simpatizantes han empezado entonces a corear “¡Marlaska dimisión!”.
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Ayer
La Fiscalía investigará los presuntos abusos sexuales a menores en TikTok y la AEPD pide explicaciones a la red (se abre en una pestaña nueva)
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato , ha encargado a la fiscal de Sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente , que investigue los posibles delitos de elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y de corrupción de menores en TikTok. Así lo ha informado la Fiscalía General del Estado, que sitúa el origen de las pesquisas en la denuncia presentada por Maldita.es ante su Unidad de Criminalidad Informática. Los denunciantes comparecieron el 11 de noviembre ante la fiscal Tejada para ratificar la denuncia y entregar el material probatorio, que será objeto “de inmediato análisis y valoración ”, según el Ministerio Público. La denuncia describe la venta y difusión de este material en la red social, la recomendación de contenidos similares y la emisión en directo de imágenes de menores a cambio de dinero. Las investigaciones de Maldita.es han detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que suman más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este material, más de 7.000 de ellos en español. También han localizado 780 cuentas que usan la plataforma para captar compradores, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en las que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés. En paralelo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado actuaciones tras recibir una comunicación formal del Ministerio de Juventud e Infancia . El Gobierno había pedido a la Agencia que paralizara de forma excepcional los servicios de TikTok en España, pero el organismo ha aclarado que no tiene competencias para decretar el cierre de la plataforma. Lo que sí hará es pedir a Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su verificación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos, y requerir a TikTok información concreta sobre lo que está haciendo para retirar esos contenidos. Una vez analizada esa información, ordenará el bloqueo del acceso a esos enlaces , una medida que define como “concreta, proporcionada y adecuada”. La Agencia recuerda que investigar los hechos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a los jueces, que son también “la sede natural” para acordar la retirada de contenidos penalmente ilícitos o restringir el acceso a un servicio. Además, como TikTok tiene su establecimiento principal europeo en Irlanda, la autoridad que la supervisa es la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC), y la AEPD solo puede intervenir en supuestos “tasados y excepcionales” , como el procedimiento de urgencia. Por eso trasladará la información a la autoridad irlandesa, a las demás autoridades europeas y a la Comisión Europea, competente en el Reglamento de Servicios Digitales. TikTok ha eliminado parte de los vídeos denunciados y ha restringido dos de los términos de búsqueda que la investigación identificó como vía de acceso al material. Sin embargo, Maldita.es denunció el martes que el resto de términos siguen funcionando como antes, pese a haber sido reportados , y que en tres horas de búsqueda localizó otras 100 publicaciones de abuso sexual infantil, que también entregará a la Fiscalía. Según la fundación, no necesitó “ninguna herramienta secreta”: el buscador y el algoritmo de la plataforma la llevaron directamente a ese contenido. Una de las últimas entregas de la investigación de Maldita.es se centra en el ‘Team 94’, una comunidad de más de 2.000 usuarios que busca y ofrece material de abuso de bebés y niños muy pequeños . Toma su nombre de Matthew Estes, condenado en Estados Unidos en 2025 a 60 años de prisión por violar a un bebé de 16 meses, grabarlo y distribuirlo. Maldita.es localizó 39 vídeos e imágenes de menores que probablemente son víctimas de abusos, con más de un millón de visualizaciones, y más de 2.000 comentarios potencialmente pederastas, la mayoría en español. Al contactar con miembros del grupo, varios aseguraron tener material grabado con menores de su familia; uno, que se presentó como padre, se ofreció a abusar de su hijo en directo por videollamada. El 7 de octubre, el medio detectó además un directo en TikTok en el que se emitió una de las violaciones de Estes . Seis días después, la cuenta seguía activa.
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Hace 6 días
El chófer del Peugeot devuelve la alegría a una derecha necesitada de un cambio de guion (se abre en una pestaña nueva)
La dimisión de Óscar Puente había dejado a la derecha mediática sin el blanco de sus columnas, pero el desconsuelo duró poco. El jueves, la UCO volvió a registrar la casa de José Luis Ábalos, visitó la sede de Adif en busca de información y detuvo a seis personas en una nueva pieza del caso Koldo . Entre ellas estaba Cristian Corvillo, el militante socialista al que todos llaman ya el chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, aunque Moncloa y el PSOE lo nieguen. Que el sumario sea secreto y que nadie haya explicado todavía dónde está el dinero no ha impedido que en cuestión de horas el chófer fuese presentado como el centro de una trama de corrupción de la que todo son suposiciones. Tampoco ha llamado la atención de nadie que todo esto ocurra a 24 días de las elecciones. Ignacio Varela lo resolvió en El Confidencial con una distinción que tranquiliza a cualquiera. Una cosa, escribió, “es que los jueces se abstengan de tomar decisiones drásticas sobre las causas en curso por consideración a las elecciones y otra que las investigaciones se paralicen”. Con qué naturalidad hemos aprendido a convivir con el lawfare . El chófer, en todo caso, ha resultado ser un hallazgo literario. Ignacio Camacho recordó en Abc que “faltaba el chófer”, el último del grupo de 2017 que quedaba por caer, y comparó a aquella cuadrilla con “la banda de Dillinger, un ‘gang’ que en vez de bancos decidió asaltar el Estado”. Su conclusión es que, después de tanto análisis sofisticado, “una simple mirada al origen revela que sólo se trataba de una banda de mangantes”. Carlos Herrera lo convirtió en Herrera en COPE en una escena de western: “Ábalos, Koldo, Cerdán, delante Sánchez y conduciendo Corvillo”, y los bautizó como “los cinco jinetes del apocalipsis”. Para que no quedara margen a la duda, añadió que la frase con la que Sánchez se desvincula de sus antiguos compañeros, la que según él “utiliza siempre”, acabará diciéndola también “de su mujer”. Al lema del PSOE de estos días, “no todos los políticos somos iguales”, le respondió con un “pues claro que no lo son, se pusieron a robar desde el minuto uno”. El editorial de El Español , el digital de Pedro J. Ramírez, invocó las fotos de 2017 para sostener que Corvillo sí fue chófer —como si conducir un coche le hiciera culpable de algo— y planteó un dilema que ya es marca de la casa. Si Sánchez no sabía nada, no supo ver la corrupción “cuando viajaba a su lado”, y si la vio, “la conclusión es todavía peor”. Siempre es culpable. Federico Jiménez Losantos prefirió en El Mundo el registro de siempre. Habló de las “rabizas de los que hasta ayer eran los mandamases de España” y de “los diputeros”, y dio por buena, sin aportar prueba alguna —eso es marca de la casa—, la versión de que Puente dimitió porque alguien entregó a Sánchez “un dossier con las andanzas prostibularias” del entonces alcalde de Valladolid. Lo remató contraponiendo el dinero que, según él, no hubo para la seguridad de los trenes con el que “para putas, coca, coimas y sobornos, sobraba”. El paso siguiente era previsible. Como la pieza afecta a Adif, el accidente de Urda podía incorporarse a la causa sin necesidad de pruebas. Camacho convirtió la falta de Presupuestos en un factor muy importante y escribió que con dos accidentes por medio “es imposible no pensar en relaciones de causa y efecto”. Herrera se hizo la misma pregunta casi con las mismas palabras: “¿Cómo no relacionar una cosa con la otra?”. Y en Horizonte , en Cuatro, la mesa de Iker Jiménez vinculó sin pruebas la siniestralidad ferroviaria con la corrupción, que es precisamente el relato de Vox. Sin informes técnicos que lo sostengan, claro, porque para la barra de bar eso no hace falta, aunque se transmita en directo por televisión. Rafa Latorre prefirió en El Mundo otra explicación. Puente defendió en el Congreso que había ejecutado todo lo que permitían unos Presupuestos prorrogados, y el columnista vio en ello la reivindicación de quienes llevaban años sintiéndose “fachas” por hablar de las cuentas públicas. “Quien no tenga ahora una sensación de fraude es que es un contribuyente bien poco exigente”, concluye. Para unos, el deterioro de la red se explica por las mordidas; para otros, por la falta de Presupuestos. Solo coinciden en el culpable. Teodoro León Gross puso su granito de arena en Abc desmontando los “tres fetiches” con los que, según él, el PSOE intenta recomponerse: la dignidad, la defensa de lo público y el “no todos somos iguales”. Sobre lo público aportó una observación brillante , la de que los socialistas reivindican lo público “tras el fallo de un servicio público, en una red pública, con trenes públicos”. Y sobre los socialistas, una precisión: “No son estúpidos, sino unos sinvergüenzas sin pudor”. Varela, por su parte, encontró la imagen que buscaba en un hipódromo. Sánchez sería el caballo cojo del Derby de Epsom, perseguido por una maldición que hace que a quien entra mal en campaña todo le salga mal. Entre las fatalidades de esa campaña gafada contó que, “en pleno baile de autoestima, chocaron dos trenes”, una manera de pasar de la catástrofe a la estrategia electoral en una sola frase. Hubo, sin embargo, una noticia del jueves que no despertó el mismo entusiasmo. En un audio difundido por la Cadena SER, Koldo García sostiene desde la cárcel que el abogado del PP le ofreció un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez. El editorial de El Español le dedicó unas líneas, pero solo para lamentar que los medios afines al Gobierno hayan dado por hecho que el dinero era del PP. Admitió de paso que pagar a un entrevistado “es una práctica reprobable que, por desgracia, empieza a ser cada vez más frecuente en algunos medios”, sin precisar cuáles. En Horizonte el asunto se trató con un reparto de papeles peculiar. El principal señalado, Eduardo Inda , director de Okdiario , ejerció a la vez de juez y parte: calificó la acusación de “montaje” del PSOE y anunció querellas. La única pregunta sobre lo que había pasado se la hizo Jiménez para que tirase a gol: fue sobre el supuesto contrato que firmó con Koldo para una serie, un libro y una película, que Inda confirmó y defendió como una compra de derechos normal. Ketty Garat ( Abc ) salió en su auxilio. Negó la existencia de cualquier “cloaca del PP”, aunque reconoció que hay un preso y dos abogados imputados. Jorge Calabrés ( El Español ) sugirió, sin más soporte que su propio conocimiento previo, que Koldo y Ábalos actúan al servicio del PSOE a cambio de un trato favorable en el Constitucional. Ahí es nada: las pruebas que Inda exigía a Koldo no se exigieron a ninguna de esas afirmaciones. Vicente Vallés ( Antena 3 Noticias 2 ) lo volvió a hacer. Su informativo del jueves dedicó en torno al 34% del tiempo a la nueva pieza del caso Koldo . Con la insistencia de un martillo pilón: Corvillo fue nombrado nueve veces, una de ellas en un corte del propio Sánchez en 2017; la palabra “chófer” sonó seis veces, y una de las piezas deslizó, sin atribuirla, la idea de que “de aquel coche de 2017 todos han sido detenidos menos él. Solo queda el número uno”. Y la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre, apareció hasta cinco veces. A Vallés se le da bien construir discursos, pero se le ven las intenciones. Sobre Milei y Sánchez llegó a decir, sin despeinarse, que “han intercambiado insultos” en el pasado, aunque las palabras gruesas solo hayan venido del lado de la motosierra.
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4 de noviembre
Qué pueden hacer los demócratas tras lograr el control del Congreso en EEUU y cómo afecta a Trump (se abre en una pestaña nueva)
Entre las prioridades de la nueva mayoría demócrata está escudriñar los negocios familiares de la familia del presidente, controlar el gasto en las guerras, revisar los papeles ocultos de Jeffrey Epstein e incluso abrir un nuevo impeachment contra el mandatario EEUU empieza a enterrar el trumpismo con una rotunda victoria demócrata en el Congreso Los demócratas se han hecho con la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes de EEUU, lo que supone un rechazo masivo a los republicanos y a la agenda política de Donald Trump. Con esta mayoría demócrata en ambas cámaras, los dos próximos años de presidencia de Trump serán muy diferentes de los dos anteriores. ¿Qué pueden hacer los demócratas en la Cámara de Representantes? La oleada de victorias en distritos republicanos de todo el país que ha llevado a los demócratas a superar cómodamente el umbral de 218 escaños que marca la mayoría. El líder demócrata en la cámara, Hakeem Jeffries, está a punto de convertirse en líder de la mayoría y los republicanos perderán la capacidad de aprobar leyes en la Cámara en solitario. La mayoría demócrata puede convocar comisiones de investigación al Gobierno, exigir documentos y testimonios y someter a los altos cargos a un escrutinio parlamentario constante. También podrían verse presionados por sus bases para abrir el proceso de un tercer impeachment : el proceso para destituir a Trump. Sin embargo, este mecanismo requiere el voto de dos tercios del Senado. ¿Qué pueden hacer los demócratas con la mayoría en el Senado? El Senado confirma a los miembros del gabinete, a los embajadores y a los jueces federales, incluidos los candidatos al Tribunal Supremo. Una mayoría demócrata puede bloquear o retrasar muchos de los nombramientos de Trump y obligar a la Casa Blanca a negociar leyes. ¿Qué investigarán los demócratas? Estas son algunas de las investigaciones más relevantes a las que podrían dar impulso los demócratas: Los negocios familiares : Robert García, el demócrata más activo en la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes, tiene como primera prioridad esclarecer la corrupción de la familia Trump, mientras que el diputado Jamie Raskin ha solicitado información sobre las operaciones comerciales del yerno de Trump, Jared Kushner , y de su hijo, Donald Trump Jr . Los correos del caso Epstein : Gracias al esfuerzo de los diputados Ro Khanna y Thomas Massie, el Departamento de Justicia se vio obligado a hacer públicos el año pasado millones de archivos relacionados con Jeffrey Epstein . Pero el Departamento de Justicia incumplió desde el principio el plazo legal para divulgarlos. Posteriormente, solo hizo públicas unas 3,5 millones de páginas de los seis millones que tenía en su poder y se escudó en que el resto eran duplicados. Además, en los dos partidos ha habido preocupación porque muchos pasajes estaban muy censurados y porque otros, en cambio y supuestamente por error, mostraban los nombres de las víctimas. El Departamento de Justicia se enfrenta ahora a una demanda presentada por la periodista Katie Phang por muchas de estas cuestiones. Ya antes del vuelco electoral, el Congreso venía actuando en este tema con cierta coordinación entre partidos. En la comisión de supervisión, presidida por el republicano James Comer, los miembros de ambos bandos han actuado habitualmente (aunque no siempre) de forma concertada para citar a testigos y declararlos en desacato cuando no cooperaban. Cabe esperar que esto siga así con la nueva mayoría demócrata. El Pentágono y la guerra : Jason Crow, un congresista de Colorado que forma parte de las comisiones de Fuerzas Armadas e Inteligencia y copreside el grupo parlamentario de la Cámara de Representantes contra la corrupción, afirma que empezará por el Pentágono, a partir de las informaciones sobre desvío de fondos de defensa desviados a empresas vinculadas a la familia Trump. Impeachment : Jeffries afirma que, en esta ocasión, los demócratas no han descartado nada en lo que respecta al impeachment , mientras que el actual líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, anuncia que se tratará de impulsar “desde el primer día”. ¿Qué hicieron los demócratas la última vez? En 2018, a mitad del primer mandato de Trump, los demócratas lograron la mayoría en la Cámara de Representantes de forma arrolladora. Las comisiones de la Cámara pusieron rápidamente en marcha decenas de investigaciones sobre sus negocios, su gestión de las investigaciones sobre Rusia y posibles conflictos de intereses. Poco más de un año después de las elecciones de medio mandato de 2018, tras meses de llamamientos de la izquierda a favor de la destitución del mandatario, la Cámara votó, en su mayoría siguiendo las líneas del partido, a favor del cese de Trump. Los demócratas habían acusado a Trump de urdir un plan para amañar las siguientes elecciones presidenciales presionando a Ucrania para que inventara noticias negativas sobre Joe Biden y, a continuación, obstaculizando la supervisión del Congreso. Posteriormente, Trump fue absuelto en el Senado , controlado por los republicanos, de las dos causas de destitución. En 2021, Trump fue sometido a un segundo proceso de destitución — y de nuevo absuelto — por incitar el asalto del 6 de enero al Capitolio.
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