El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
El ultraderechista Vox , tercer partido en expectativa de voto para el 29N, cifró el crecimiento de votantes en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA, el de los electores en el exterior) desde las generales de 2023 en 375.027 . La formación extraparlamentaria Iustitia Europa –cuya única actividad conocida es pleitear contra el Gobierno– dio un incremento todavía mayor: 408.262 nuevos electores . Esas dos cifras fueron las que aceptó acríticamente el Tribunal Supremo para apreciar un "incremento extraordinario" en el censo "que no se había producido con anterioridad a la vigencia de la Ley 20/2022", la de Memoria Democrática para suspender el voto a todos aquellos nacionalizados con esa norma que no hubiera demostrado documentalmente ser hijos o nietos de exiliados. La Oficina del Censo Electoral , el organismo al que el Supremo ordenó analizar a quiénes en concreto correspondía prohibir cautelarmente el voto, ha rebajado en casi 300.000 nombres esas cifras dejado en 113.326 el número de españoles residentes en el extranjero afectados por la medida cautelar decretada el 10 de septiembre. Si se proyecta sobre esa cifra los datos de participación del CERA en 2023, el "peligro fundado, real y serio" de pucherazo que aprecia el Alto Tribunal se quedaría en menos de 10.000 votos emitidos. Al recurrir la suspensión del voto de los descendientes del exilio, el abogado del Estado ya reflejó en su escrito que el tribunal había caído en un error al dar por ciertas esas cifras. "Este incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA de españoles residentes en el extranjero y la circunstancia de que tal número está en constante aumento, con cifras de la extraordinaria dimensión expuestas", relataban los magistrados, "son circunstancias que ha de valorar esta Sala, ya que pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados". Sin embargo, el servicio jurídico estatal le recordó que esos datos no se correspondían con los nacionalizados por la ley de nietos que estarían afectados. El letrado aportó un certificado de la Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores en el que se afirmaba que los afectados serían, en realidad, 168.896 . En escritos posteriores, la representación de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística (el INE, en el que se encuadra la Oficina del Censo Electoral), redujo todavía más los votantes supendidos hasta los 163.020 . Finalmente, y a toda prisa, con los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia, José Manuel Albares y Félix Bolaños, apercibidos de multas o la apertura de un proceso penal contra ambos, el Gobierno presentó el pasado 28 de octubre dos listas de supuestos afectados en el Alto Tribunal. En la de Exteriores, elaborada tras un enorme esfuerzo de los consulados que aún hoy conservan sus expedientes en papel, aparecían 163.355 personas . Desde Presidencia y Justicia aportaron los datos obtenidos del Registro Civil Digital, un listado con 76.600 identidades. Fuentes del Gobierno advirtieron del escaso rigor de ambas cifras, con repeticiones y personas residentes en España cuya participación no tendría por qué verse afectada. En sus primeros análisis, la Oficina del Censo Electoral ya advirtió sobre la mala calidad de los listados de datos proporcionados con tanta premura. En numerosas ocasiones, las identidades aparecían incompletos, duplicadas o presentaban errores de difícil solución. El resultado es que la cifra inicial de 408.262 votantes manejada por el Supremo al inicio ha quedado reducida a poco más de 113.000 "una vez finalizado el proceso de comprobación exhaustiva ejecutado sobre la información del Ministerio de Asuntos Exteriores", como relata la Oficina del Censo en su último informe, en el que explica que "el número definitivo de electores a los que resulta aplicable la suspensión del ejercicio de sufragio en las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026 queda establecido en 113.326 ". El organismo dependiente del INE lo elabora después de realizar las últimas comprobaciones que le han servido para eliminar del listado de votantes suspensos a otros 190 que ya aparecían inscritos en el CERA antes de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática. Fuentes del Ejecutivo así como diplomáticos implicados en el proceso explican que la mayoría de estas personas no optaron a la nacionalidad española con la intención de votar, sino como una medida de reparación o por tener la posibilidad de instalarse en Europa. Esas 113.326 personas representan el 0,2% de los 38,5 millones de personas que componen el censo electoral del 29N . Si se proyecta sobre ellos el porcentaje de participación que los electores del CERA tuvieron en las últimas generales, el dato se queda en el 0,04% de los 24,6 millones de personas que efectuaron su voto en los anteriores comicios a Cortes . Así pues, el incremento real del censo, que demostraría el presunto fraude electoral que, de la mano de Vox y desoyendo al Ministerio Fiscal y a la Junta Electoral Central parece apreciar el Supremo, afectaría a unos 9.800 sufragios a repartir entre 52 circunscripciones y todas las candidaturas . Ese es el verdadero alcance del "peligro fundado, real y serio" de alterar "el resultado deseado por los españoles en unos futuros comicios", que aprecia la más alta instancia de lo Contencioso-Administrativo en España.
España elige algo más que su próximo Gobierno este 29 de noviembre. O algo menos, así se ve desde ambos lados del espectro político. Izquierda y derecha alertan del riesgo de supervivencia del sistema tal y como lo conocemos si ganan los otros. El PSOE avisa de un retroceso de derechos y libertades, de recortes en prestaciones sociales y de una ?involución democrática? si el PP y Vox llegan al poder. Desde la derecha, el peligro se vislumbra en los ?delirios autoritarios? de Pedro Sánchez, en la degradación de las instituciones y de la separación de poderes y en los casos de corrupción que afectan al PSOE. A las urnas se llega tras 8 años de Gobierno del PSOE, asediado por los casos de corrupción de las dos manos derechas de Pedro Sánchez (Ábalos ?sentenciado a 24 años de cárcel? y Santos Cerdán ?pendiente de juicio?), los escándalos éticos de su entorno personal y la politización de las instituciones y organismos del Estado. Del lado contrario, los buenos datos macro de una economía impulsada por los fondos europeos y el aumento de las pensiones o del salario mínimo. Sánchez, que llegó al poder en una moción de censura aupada por los escándalos de corrupción del PP en la trama Gürtel, ha vivido esta legislatura en máxima precariedad parlamentaria y en manos de Junts, con quien negoció la amnistía para los responsables del ?procés? a cambio de la investidura. Esta minoría en el Congreso le ha llevado a no presentar ni unos solos Presupuestos Generales del Estado, a un abuso de los decretos y a ver cómo leyes importantes decaían en el Parlamento. Precisamente, fue la caída de dos de esos decretos, los de la vivienda, lo que generó la ?ventana de oportunidad? para que Pedro Sánchez adelantase las elecciones. Las movilizaciones sociales, al rebufo del desahucio de Maricarmen, en favor del derecho a la vivienda, constituyen un clima social más favorable al discurso socialista que trata de canalizar en apoyos el malestar de una sociedad que ve cómo los trabajadores pierden constantemente poder adquisitivo y cómo se deterioran los servicios públicos. Ese marco de derechos sociales, servicios públicos, viabilidad de las pensiones, poder adquisitivo y crisis de la vivienda, englobado en un panorama de contestación social en Europa, inestabilidad geopolítica mundial y un anunciado frenazo de la economía global, convivirá en campaña con la inmigración y sus implicaciones en la seguridad y en los servicios públicos. La crisis tras la entrada irregular y masiva en Ceuta de decenas de miles de personas, y las tensiones con Marruecos, marcan en España un debate que atañe a todas las sociedades occidentales. Ya en precampaña, el segundo accidente de los trenes españoles de alta velocidad en menos de un año, con decenas de muertos en Urda, sacude la agenda generando un necesario debate sobre el estado de las infraestructuras nacionales, las responsabilidades políticas y la eficacia de empresas y organismos públicos. Con este panorama, cerca de 39 millones de españoles están llamados a las urnas. Unas elecciones presentadas como un plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez y su forma de entender y ejercer el poder, mientras las crisis que sufren el Estado del bienestar y el sistema democrático occidental presagian oscuros nubarrones. Partido Popular y Vox, que ya nadie duda, gobernarán juntos, parten ?según las encuestas? de unos 200 escaños con un amplio margen sobre los 176 que marcan la mayoría absoluta. En el PSOE se confía en la remontada, fiándolo todo al aura y el ?Manual de Resistencia? de Pedro Sánchez, a una movilización masiva de la izquierda en las calles y a una amalgama de partidos que quiera frenar a la ultraderecha. El domingo 29, usted decide.
El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
La violencia policial denunciada durante la huelga general ha vuelto a evidenciar las graves consecuencias que sigue generando una ley aprobada por la derecha en 2015 que no ha sido derogada en estos ocho años de gobiernos del PSOE a pesar de las promesas. La entrada “La Ley Mordaza será una herramienta muy peligrosa en un gobierno con poco apego a la democracia” se publicó primero en lamarea.com .
El Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y el Principado han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el asesinato machista y animan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a la concentración de repulsa convocada a las cinco de la tarde ante el consistorio gijonés.Todos los partidos, a excepción de Vox, han acordado suspender la pegada de carteles en lo que iba a ser el inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre y posponerla hasta mañana Crimen machista en Asturias: los restos humanos hallados en un piso de Gijón son de una mujer desaparecida en mayo Covadonga Patricia, de 30 años, ha sido asesinada a puñaladas este jueves en Gijón. La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 40 años, quien al parecer mantuvo una relación sentimental con la víctima como presunto autor del crimen. Un portavoz de la Delegación del Gobierno ha confirmado a elDiario.es Asturias que se están recabando datos sobre las circunstancias del asesinato que ya se investiga como un caso de violencia machista. El Ayuntamiento de Gijón, la Delegación del Gobierno y el Principado han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el asesinato machista y animan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a la concentración de repulsa convocada a las cinco de la tarde ante el consistorio gijonés. Todos los partidos, a excepción de Vox, han acordado suspender la pegada de carteles en lo que iba a ser el inicio de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre y posponerla hasta mañana. El hallazgo del cadáver El crimen ocurrió en torno a las tres de la tarde de hoy, jueves, en la calle Francisco Eiriz, en el barrio gijonés de Jove, adonde se han trasladado agentes de la Policía Nacional. Policía Científica ha iniciado la recogida de muestras en unas instalaciones abandonadas de las antiguas escuelas, muy cerca del campo de fútbol del C.D. Puerto de Gijón, en la parroquia de Jove, donde fue hallado el cadáver de la mujer. El hombre detenido permanece custodiado en los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, según ha corroborado un portavoz policial. La víctima número 44 La Delegación del Gobierno está a la espera de la confirmación oficial por parte del Ministerio del Interior de que se trata de un crimen machista, como apuntan las primeras investigaciones policiales. En caso de que se ratifique, la cifra de feminicidios perpetrados por parejas o exparejas por violencia de género en España en 2026 asciende a 44. Quien sí se ha pronunciado ha sido el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha transmitido sus condolencias a la familia de la víctima a través de su perfil oficial en la red social X. En su mensaje, que reproducimos a continuación, ha calificado el crimen como un caso de violencia machista. “La lucha contra el machismo debe ser implacable” En este post, el presidente asturiano asegura textualmente que “este asesinato nos recuerda que la lucha contra el machismo debe ser implacable y constante. No descansaremos hasta conseguirlo”, concluye. Adrián Barbón tenía previsto participar esta misma tarde en un acto de campaña en Langreo junto a la exdelegada del Gobierno y cabeza de lista al Congreso por Asturias por el PSOE, Adriana Lastra y, tras ser informados del asesinato han acordado su cancelación. Declaración institucional El Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado y la Delegación del Gobierno han suscrito una declaración institucional conjunta donde condenan el crimen machista y convocan a la ciudadanía a sumarse mañana, viernes, a una concentración de rechazo al asesinato, que tendrá lugar a las 17:00 horas ante el consistorio gijonés. A continuación, reproducimos íntegramente la declaración institucional suscrita por los máximos representantes de los tres organismos. “Ante el asesinato machista perpetrado en Gijón/Xixón contra Covadonga Patricia, de 30 años de edad, queremos manifestar nuestra más enérgica condena y rechazo, así como nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima, poniendo a su disposición los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y de acogida que requiera”. “Nadie puede ser indiferente” “En este sentido, desde el momento que se ha tenido noticia sobre el caso, las tres administraciones hemos trabajado de forma coordinada la respuesta institucional. La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos ante la que nadie puede ser indiferente. Desde la Delegación del Gobierno de España en el Principado de Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón/Xixón reiteramos nuestra más absoluta condena y profunda consternación, al tiempo que queremos transmitir a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia”, añaden. “Se recuerda que el teléfono 016 de atención a mujeres víctimas de violencia de género, está disponible todos los días del año las 24 horas del día, así como por vía WhatsApp en el 600 000 016 o escribir al correo [email protected]”, concluye la declaración institucional conjunta. El asesinato de Susana Sierra Gijón registró el año pasado otro asesinato machista. La víctima, Susana Sierra , había desaparecido en mayo de 2025 y sus restos fueron hallados, en avanzado estado de descomposición, en un contenedor de basura en un piso de la céntrica calle Contracay, a escasos metros de la Plaza Mayor, un mes después. El único detenido por su asesinato, Jesús “El Vasco” , será juzgado este mes de noviembre. La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha reservado las fechas del 23 al 27 de este mes para la celebración de la vista oral del juicio que se desarrollará con un jurado popular. El acusado, que se encuentra en prisión provisional desde su arresto, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel. Recursos contra la violencia machista El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email [email protected], el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. Las mujeres disponen de varios recursos para solicitar ayuda. En el 016 se puede pedir asesoramiento tanto para los casos de violencia contra la mujer como en materia jurídica de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad. El 112, 091 y 062 Por otro lado, ante cualquier situación de emergencia se puede llamar al número de teléfono 112 o bien a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.
Las autoridades francesas han confirmado que no hay peligro y las italianas han pedido a los centros educativos que no interrumpan las clases, en el segundo día de amenazas falsas contra miles de colegios en toda Italia Continúa la oleada de falsas amenazas por bomba en aviones en Europa Este jueves, numerosos colegios de Italia han recibido una nueva oleada de correos electrónicos anónimos con amenazas de bomba falsas que obligaron a evacuar los centros en algunos casos, por segundo día consecutivo. Las amenazas han vuelto a producirse en cientos de escuelas de todo el país, en regiones del norte y del sur, así como en la capital, Roma. Según un primer balance oficial, 1.803 centros han recibido a lo largo de la mañana amenazas de bomba a través de correos electrónicos anónimos. El día anterior los centros afectados ascendieron a unos 6.000. A diferencia del miércoles, el Gobierno de Italia ha pedido no evacuar las escuelas y seguir con las clases con normalidad. Los Ministerios de Interior y Educación han ordenado a los directores de las escuelas no interrumpir la actividad escolar, según explican a EFE fuentes gubernamentales, a no ser que existan “específicos y fundados motivos de alarma”, que en cualquier caso deberán ser valorados por los delegados del Gobierno en cada región. El Gobierno de Giorgia Meloni trata de evitar así escenas de caos en el país, ante eventuales evacuaciones de miles de alumnos de los colegios públicos, como en el día de ayer. La sede del Gobierno, el Palacio Chigi de Roma, también ha recibido una amenaza de bomba similar con una exigencia de dimisión de Meloni, pero no ha activado su protocolo de seguridad al considerarla del todo infundada, de acuerdo con fuentes del Ejecutivo citadas por EFE. Mientras, en Francia, tres centros han recibido amenazas de bomba este jueves, que se revelaron falsas, según el Ministerio de Educación. Medios locales citados por EFE han detallado que las escuelas afectadas están en Marsella (sureste), Laon (norte) y el Jura, en el este del país. Además, una alerta de bomba en la estación de Calais-Fréthun ha afectado a la circulación de trenes durante unas dos horas en la mañana del jueves, incluidos los trenes entre Londres y París, según la emisora británica Sky News. El prefecto de la región ha informado de que el tráfico se ha reanudado después de verificar que no había peligros. Las autoridades galas no han revelado si lo sucedido en Calais-Fréthun tiene relación con las amenazas de bomba que se están repitiendo en varios países europeos en los últimos días y que han afectado a varios medios de transporte, como aviones y trenes, y a medios de comunicación en Irlanda y Reino Unido.
Ocho furgonetas de la Policía cortaron el paso de los manifestantes hacia Plaza de España, donde se había anunciado que terminaba el recorrido, una maniobra que acabó dejando el dispositivo policial rodeado por la protesta. Las primeras cargas se iniciaron sin que hubiera ninguna acción violenta previa. El Ministerio de Interior ha ordenado una investigación sobre los "incidentes" Las duras cargas policiales marcan las movilizaciones por la huelga general entre críticas y denuncias sindicales “Vamos a dejar aquí la manifestación porque ya no podemos avanzar”, gritaba la portavoz del Sindicato de Inquilinas, micrófono en mano, poco antes de las 19.30 horas de este miércoles 11 de noviembre. Con sus palabras ponía fin a una multitudinaria marcha por la huelga general que había reunido a cientos de miles de personas en las calles de Madrid, con participantes todavía en Atocha en el momento de la lectura del manifiesto. Este alegato final no se desarrolló en el final previsto para la marcha, que debía llegar a plaza de España, sino que tuvo lugar todavía en la Gran Vía, debido a que el operativo desplegado por la Policía Nacional impedía el avance de los manifestantes hacia un lugar más amplio. Ocho furgones y una hilera de agentes impedía el paso por “ordenes” del mando del operativo, explicaban a las personas que intentaban avanzar, y les conminaban a que lo hicieran por las calles aledañas. Ante el bloqueo para impedir el paso de la protesta, lo que sucedió a continuación fue que parte de los manifestantes accedieron a la plaza rodeando por el lugar que les habían indicado y el dispositivo policial quedó entonces situado entre medias. En ese momento, los agentes se enfundaron los cascos, cogieron sus escudos y empuñaron los rifles, preparándonse para cargar contra los manifestantes, que mantuvieron en todo momento una actitud pacífica, aunque con gritos de protesta ante la incomprensión por negar el paso. Manifestantes a ambos lados del cordón policial que cortó el acceso a Plaza de España, en dirección a Callao (arriba) como en Plaza de España (abajo) A las 19.52, según pudo comprobar este periódico in situ, la Policía Nacional decidió despejar la salida del dispositivo policial hacia Plaza de España y Princesa. Primero avisó a las primeras filas de que la carretera “se va a desalojar”. Luego los agentes empezaron a avanzar reclamando a los asistentes que se movieran, mientras en la acera de los impares de Gran Vía se producía la primera carga, sin que hubiera habido ningún conato de violencia previa. “¡Quiero que todo quede despejado! ¡Usad la goma!”, exhortaba uno de los mandos del operativo a los agentes, pidiéndoles que golpearan con sus porras a los manifestantes. “Si se mueven no se va a pegar a nadie”, decían algunos de los agentes que contenían en ese momento el uso de la fuerza. Aunque el operativo policial tenía despejada la salida hacia la calle Princesa, los mandos decidieron mantener el bloqueo de la Gran Vía impidiendo el avance de la marcha. Miles de manifestantes se agolpaban en esta calle ante la imposibilidad de avanzar, preguntándose qué pasaba. El gentío era enorme y la Gran Vía se había convertido en una gran ratonera por el tapón policial. En toda la marcha fueron entre 120.000 y 750.000 según cifras de Delegación del Gobierno y del Sindicato de Inquilinas, respectivamente. Situación del operativo policial sobre las 20.30 horas, con las primeras cargas ya ejecutadas hacia Plaza de España y antes de las segundas hacia Callao Pasadas las 20.30 horas, cuando el bloqueo duraba ya más de una hora, algunos manifestantes pensaron que podían avanzar pero la Policía Nacional decidió cargar para despejar la Gran Vía en dirección a Callao. Según múltiples testigos y vídeos publicados en redes lo hicieron utilizando sus defensas y empleando los rifles, gases y hasta gas pimienta en la cara de algunos manifestantes y de personas que se encontraban en la zona. La protesta se dispersó pero las cargas cogieron por sorpresa a la mayoría de personas que en ese momento todavía intentan avanzar hacia Plaza España desde Atocha, que ni siquiera habían llegado a escuchar el manifiesto final de la marcha. Las persecuciones policiales se extiendieron después a muchas calles aledañas -llegarón hasta la lejana San Bernardino- e incluso se llegaba a cortar el servicio de Metro en la estación de Noviciado. “Cuando huíamos a la carrera hacia arriba sin poder ver ni respirar por los gases, nos topamos con otros manifestantes que huían Gran Vía abajo en iguales condiciones de otra carga policial, nos encapsularon entre dos líneas de antidisturbios con solo una callejuela como vía de escape, por lo que se produjo un tapón”, relata un testigo de los hechos a este periódico. “Como aún así seguían lanzando gases, las escenas de pánico no acabaron en una avalancha trágica de puro milagro. Nos metieron en una ratonera para darnos porrazos y gasearnos impunemente”, denuncia. Lola Díaz, que el domingo cumplirá 70 años, cuenta en el vídeo sobre estas líneas cómo vio el lanzamiento de gases lacrimógenos. “Menos mal que la gente mantuvo la calma, si no podría haber sido una tragedia (...) no pensaba que en plena democracia una manifestación pacífica podía tener este final”, dice advirtiendo de que “vamos a seguir en las calles”. Pedro, otro de los asistentes, cuenta también cómo vio llegar las pelotas de goma y los gases, mientras estaba rodeado de gente mayor y niños pequeños. “Una vergüenza”, resume al compartir el vídeo que grabó desde su posición (ver más abajo) y que permite hacerse una idea de lo que vivieron la mayoría de manifestantes. “Había gente normal, no éramos punkis insultando a la policía”, resume Marina, psicóloga de 34 años a la que le cayó un bote de gas en los pies. “Yo pensaba que me moría ahogada”, dice al rememorar el momento en el que intentaba correr y no podía por el hacinamiento de personas en un lugar atestado de gente. “Menos mal que había una bocacalle y se ha liberado el aire”, declara a este periódico después de los hechos, mientras siente “injusticia por esta violencia gratuita y de la nada”. Otros vídeos grabados y difundidos por manifestantes y periodistas presentes en Gran Vía dejan ver cómo se produjo el desalojo de la zona. El Sindicato de Estudiantes muestra una grabación en la que un policía dispara a bocajarro contra manifestantes que se estaban marchando. Incluso un vídeo enseña cómo una persona sin hogar es agredida en la cara con spray pimienta por un agente. Fuentes de Delegación del Gobierno explican su versión de lo que sucedió: según les transmitió el operativo, la cabecera de la marcha llegó “a Plaza de España” y ahí fue donde el Sindicato de Inquilinas dio por desconvocada la protesta. Posteriormente, al detectar personas con el rostro cubierto entre los manifestantes se procedió a cortar el paso y a embolsarlos. No se han notificado que iniciaran agresiones contra los agentes. Sin embargo y como pudo comprobra este periódico, la protesta nunca llegó a Plaza de España, ya que se quedó a pocos metros, a la altura de Gran Vía 76. El Sindicato de Inquilinas confirma en declaraciones a este periódico que la decisión de cortar la manifestación fue de la Policía Nacional: “La intención era completar el recorrido previsto y llegar hasta Plaza de España. Sin embargo, al alcanzar este punto nos encontramos con un dispositivo policial extraordinariamente numeroso, con una fuerte presencia de antidisturbios y material potencialmente lesivo desplegado frente a la cabecera”, explica un portavoz. “Ante una situación de tensión creciente y con el objetivo de proteger a las miles de personas que participaban en la manifestación, nos vimos forzadas a desconvocar la manifestación. Pese al discurso tras la llegada de la cabecera a Gran Via, sobre las 19:20, la policía no puede disolver una manifestación de mas de 750.000 personas”, añade. Los organizadores de la marcha denuncian que “miles de personas, entre ellas personas mayores, adolescentes y familias, estaban ejerciendo pacíficamente su derecho fundamental de manifestación en una jornada de huelga general. La respuesta policial fue cargar y gasear con todo su material antidisturbios contra ellas, haciendo uso de una fuerza que consideramos completamente desproporcionada”, critican señalando los numerosos vídeos que documentan lo sucedido y muestran la actuación policial. “No se puede criminalizar ni poner en peligro a quienes ejercen sus derechos fundamentales”. Marlaska prohíbe volver a usar gases Debido a la forma en la que se produjeron las cargas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones específicas sobre las distintas incidencias ocurridas este miércoles 11 de noviembre en todo el país durante la jornada de huelga general. Asegura Interior que estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes. También ha dado orden Marlaska de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones . Según datos del ministerio del interior, en las protestas por la huelga general que tuvieron lugar en Madrid se produjeron 20 detenidos hasta las 23.00 horas. Varios de ellos lo fueron en un piquete informativo de Mercamadrid desarrollado a primera hora y otros también en el piquete que recorrió la Gran Vía desde las 12.00, pasando por sus establecimientos comerciales. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se mostró perplejo ante estas cargas y presentará una demanda penal por el uso de gas pimienta contra unos manifestantes que calificó de “pacíficos”. Por otro lado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado las agresiones por parte de miembros de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional a periodistas que cubrían la manifestación desarrollada en Madrid con motivo de la huelga general del 11 de noviembre. En un comunicado, la asociación ha expresado su “solidaridad con los compañeros que, pese a encontrarse debidamente acreditados como periodistas, sufrieron los empujones y las cargas de los policías, impidiéndoles llevar a cabo su trabajo”. “Al igual que repudiamos los hostigamientos a periodistas por parte de grupos de manifestantes, rechazamos que miembros de los cuerpos policiales, al tratar de mantener el orden público, actúen de manera indiscriminada, sin respetar a quienes están realizando su labor de informar”, ha subrayado. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. 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Vivimos tiempos sombríos que recuerdan demasiado a los pasados. Por la fuerza de los hechos y en contra de nuestros deseos o ilusiones, venimos dándonos cuenta de que nada de lo adquirido en el pasado reciente está garantizado para siempre . Una oleada reaccionaria barre el continente europeo de este a oeste. Los partidos de extrema derecha que niegan los valores y principios de la democracia crecen por todas partes. En algunos países han llegado a los gobiernos desde donde torpedean las instituciones europeas comunes y gobiernan autoritariamente hasta donde esas instituciones se lo permiten, a veces en connivencia con los seculares enemigos externos de la Unión Europea. Especialmente peligroso es el auge de la extrema derecha en Alemania , donde la comprensión , incluso la exaltación del pasado nazi, se exhibe públicamente con orgullo entre amplios sectores de la población. El negacionismo del Holocausto y otros horrores del pasado, la negación descarnada de los crímenes de dictaduras de larga duración, como la franquista, la defensa de políticas discriminatorias, xenófobas o racistas, todo ello es ya una realidad en muchos países europeos. Distopías reaccionarias propaladas por empresas tecnológicas poderosas, nacidas en Silicon Valley, señaladas por muchos como tecnofascistas, difunden doctrinas de este tenor y ejercen ya un control sobre las mentes que deja en pañales los más negros pronósticos de George Orwell. Probablemente, la Europa y el mundo de hoy decepcionarían en muchos aspectos al europeísta Semprún . Hace ya bastantes años, el escritor más conocido por sus relatos sobre los campos de exterminio nazis, Primo Levi vivió sus últimos años, sumergido en un hondo pesimismo. Veía cómo no solo se negaban los horrores del pasado que él había padecido, sino que en su entorno se extendía el desinterés público, la voluntad de no saber. Su temor más que fundado al retorno del pasado le obsesionaba y amargó sus últimos días. Se suicidó en 1987. El objetivo central de la ofensiva antidemocrática es la Unión Europea, a pesar de todos los problemas, reducto de instituciones democráticas y defensora de un orden internacional basado en el cumplimiento de los acuerdos adoptados en 1945, después de la victoria sobre el fascismo. Bien es cierto que estas instituciones –la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en primer lugar– para cumplir su misión en un mundo significativamente más complejo que el de entonces, necesitarían profundas reformas, una puesta al día radical, pero no la marginación y el desprecio a los que están siendo sometidas hoy por países como EEUU o Israel. La UE, como última instancia democrática consolidada, sufre al mismo tiempo los ataques directos, tanto de los EEUU, de su presidente Donald Trump, como los de la Rusia de Vladímir Putin, si bien hoy muchos prefieren enfrentarse al matonismo arrogante del primero e ignorar al más sutil y menos perceptible del segundo. Sin embargo, el presidente ruso no es sino un heredero fiel de la política de Lenin, quien, como recuerda Semprún en la segunda parte de Vivir es resistir , puso todo su empeño en hacer imposible, en 1920, la unidad democrática de Europa. Hoy, el neoleninista Putin, antiguo agente secreto soviético en Alemania, ha dado la orden de invadir un país soberano europeo como Ucrania, después de haberse anexionado por la fuerza una parte muy significativa de su territorio, la península de Crimea, con la complicidad silenciosa del mundo, y amenaza a países próximos a su frontera y se propone desestabilizar desde fuera y desde dentro las instituciones de la UE. Con su “declaración de guerra a Occidente”, con su política de recuperación de los valores genuinos rusos a salvo de la contaminación de Occidente –tierra de parásitos, pedófilos y fascistas, en su jerga– Putin ejerce sobre su país una tiranía sin resistencia, afianzado en sus inmensos recursos energéticos y su no menos inmenso arsenal nuclear, un territorio convertido desde hace años en “el IV Reich”, en palabras del escritor Emmanuel Carrère en Koljós . El peligro presente y futuro para Europa no puede ser más evidente . De nuevo Orwell se quedó corto. Se hace necesario que la UE renueve y fortalezca sus instituciones sobre la base de los principios democráticos que le son constitutivos y se esfuerce por impulsar instituciones como la ONU según esos mismos principios, con reformas de sus estatutos, adecuados a los tiempos presentes, con órganos de poder abiertos a todos los continentes, sin los vetos y trabas actuales que con harta frecuencia reducen a la organización a la irrelevancia. ¿Tiene algo que decir sobre todo ello el libro Vivir es resistir , de Jorge Semprún, publicado en 2014 en español, y que ahora reedita Tusquets? Creo sin duda que sí: es una doble invitación a reflexionar sobre la libertad y la democracia y a resistir a las amenazas a las mismas con la guía de los autores estudiados por Semprún: Edmund Husserl, Marc Bloch y George Orwell. Sobre ellos dictó el autor en año 2002, en París, tres conferencias editadas póstumamente con el título Le métier d’homme. Husserl, Bloch, Orwell. Morales de résistance y ahora incluidas en Vivir es resistir . Los tres estuvieron con mucha frecuencia en la retina de Semprún: un filósofo alemán, un historiador francés y un escritor inglés, a su manera tres resistentes frente a los peligros y amenazas de su tiempo, el antisemitismo, el nazismo, el totalitarismo. El oficio de hombre . El punto de partida de la reflexión sempruniana es la crisis de los años 30 del siglo pasado a la que se enfrentaron los tres personajes objeto de estudio. El valor de los tres reside en haber resistido a la barbarie totalitaria en diferentes momentos históricos de aquella difícil cuarta década. El totalitarismo se desarrolló bajo dos formas aparentemente contradictorias, el nazismo alemán y el comunismo soviético en su apogeo estalinista. La intelectualidad europea del momento reconoció pronto el peligro del primero, pero, con la mejor voluntad en ocasiones y víctima de las promesas de un futuro de igualdad y prosperidad, una gran mayoría se negó a ver el peligro del segundo y combatió a quienes osaron denunciarlo. El ominoso pacto germano-soviético de 1939 despertaría algunas conciencias y modificaría en consecuencia algunas conductas. Edmund Husserl, el filósofo alemán de origen judío –una condición que se volvió peligrosa en estos críticos años 30–, creador de la corriente filosófica de la fenomenología, representa, según escribe Semprún, la defensa “de una racionalidad crítica, el espíritu crítico de la razón que a su juicio constituye el fundamento de la figura espiritual de Europa, el fundamento de la realidad europea” . En esos años 30, jubilado de sus tareas universitarias ordinarias, Husserl continuó como profesor emérito hasta que, en 1933, el año de la llegada al poder de Hitler, le fue prohibida toda actividad docente en virtud de la aplicación de las leyes raciales nazis. Su obra fue postergada con el apoyo, incluso, de quienes habían sido discípulos destacados como Martin Heidegger. A partir de entonces, en la última década de su vida, desarrolla su reflexión sobre lo que llama “la crisis espiritual de Europa” fuera de Alemania. En el año 1935 pronuncia una conferencia en Viena (que repetirá en Praga dos años después), “La filosofía en la crisis de la humanidad europea” (publicada en el volumen póstumo Invitación a la fenomenología , edición española, Barcelona, 1992). Afirma el filósofo que, para superar la crisis, para vencer “el hastío”, el mayor peligro al que se enfrenta esa Europa concebida como “figura espiritual”, en definitiva, para el renacer de Europa, es necesario recuperar “el espíritu de la filosofía mediante el heroísmo de la razón”. Asimismo proclama la necesidad de “una supranacionalidad europea”, el único modo, a su juicio, de hacer frente a la barbarie totalitaria que se está apoderando de todo el continente europeo. Semprún tuvo conocimiento de las conferencias de Husserl durante su internamiento en Buchenwald a través de un prisionero austríaco. Desde entonces, el pensamiento del filósofo ha sido uno de los fundamentos más firmes de su europeísmo militante , tardíamente adoptado, una vez que dejó atrás la militancia comunista, esencialmente antieuropea. El “heroísmo de la razón”, necesario para salir de la crisis europea, lo encarnaría, unos pocos años después, a juicio de Semprún, Marc Bloch . El historiador medievalista, francés y judío, como se reconocía a sí mismo, que había acabado su participación en la Primera Guerra Mundial con el grado de capitán y numerosas condecoraciones, entre ellas la Legión de Honor, llegada la guerra contra Alemania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se presentó voluntario en el ejército francés para defender a la patria atacada. Un año después, derrotada e invadida Francia por los ejércitos alemanes, el desmovilizado Bloch vuelve a su Lyon natal donde, a los pocos meses, realizaría su ajuste de cuentas particular con los responsables políticos y militares de su país en un libro memorable, La extraña derrota , escrito en dos meses pero publicado años después, en la posguerra [el pasado 23 de junio Bloch fue recibido en el Panteón de Hombres Ilustres de Francia en reconocimiento a “su obra, su enseñanza, su coraje físico, a su inmensa lucidez”]. Por su pluma, extremadamente crítica, pasan el bochornoso papel del ejército francés, sus incompetentes mandos y la igualmente condenable incapacidad de los dirigentes políticos y de muchas organizaciones de la sociedad civil, todos más preocupados por ponerse a salvo que por defender con acierto profesional a la patria en peligro. Consecuente con sus críticas, Bloch pasó a la clandestinidad y se unió a la resistencia contra las fuerzas nazis invasoras. Capturado y salvajemente torturado, fue fusilado el 16 de junio de 1944. En su apresurado libro, en la tercera parte en especial, “Examen de conciencia de un francés”, dejó plasmadas algunas de sus convicciones, entre ellas la necesidad, la obligación, de seguir la lucha sin desmayo contra los enemigos, en nombre de los valores de la civilización, y a costa de cuantos sacrificios fueran necesarios. Ahí radica su convicción en la victoria final sobre la barbarie: “¿Surgirá en algún lugar, un movimiento autónomo que se irá extendiendo por doquier como una mancha de aceite? ¿O nos levantaremos al unísono en un arrebato total? Un viejo historiador como yo no deja de mascullar mentalmente estas imágenes. Su pobre conciencia no le permite decantarse por una de estas posibilidades. Lo digo con total franqueza: espero, en cualquier caso, que aún tengamos sangre por derramar, aunque deba tratarse de la de los seres queridos (no hablo de la mía, a la que no atribuyo tanto valor). Pues no hay salvación sin sacrificio, ni libertad nacional plena, si no se ha trabajado por conquistarla”. Una conclusión trascendental, no lejana de la afirmación repetida por Semprún: no es la vida, sino la libertad, el valor supremo de una vida propiamente humana . El tercer modelo de un “heroísmo de la razón” que ofrece Semprún es el del escritor británico George Orwell (pseudónimo de Eric Arthur Blair). Para ello repasa su evolución política desde los grupúsculos de la extrema izquierda británica, un laborismo de acentuado contenido social que será su base para dirigirse a España y participar en la Guerra Civil dentro de las milicias del POUM en los frentes de Aragón. Quedó escarmentado para siempre a la vista de la liquidación de las fuerzas de la izquierda revolucionaria española –CNT y POUM principalmente– a manos de los partidos comunistas, PCE y PSUC, guiados por la Unión Soviética y su red de servicios policiales. Desde entonces, su rechazo al comunismo de matriz estalinista no haría sino aumentar . De vuelta a Inglaterra, sigue colaborando con grupos izquierdistas, atraído por sus propuestas de una democracia social en favor de la clase obrera. Cuando se conoce el pacto germano-soviético, piedra de toque para las fuerzas comunistas europeas, y pese a la consiguiente invasión de Polonia por ambos firmantes del pacto que da curso de hecho a la Segunda Guerra Mundial, los partidos de la izquierda de inspiración comunista quedan paralizados. Orwell, con una clarividencia premonitoria, rompe con sus anteriores compromisos políticos y considera que ha llegado el momento de apoyar la guerra contra el nazismo que se abate sobre Europa. En contra de los partidos comunistas, defensores de la URSS que ordenó declarar la guerra contra Alemania como “guerra imperialista”, Orwell, con su “patriotismo democrático”, según lo denomina Semprún, defiende la obligación de resistir y luchar contra el fascismo antes que claudicar . En El león y el unicornio , escrito en 1941, mientras Alemania ocupa los cielos y lanza sus bombas incendiarias sobre Londres, Orwell critica tanto a las élites conservadoras británicas, medrosas a semejanza de las francesas denostadas por Bloch, como a los intelectuales izquierdistas incapaces de ver el peligro que tienen enfrente. Para conjurarlo, propone aliarse con todo tipo de países contrarios a las fuerzas totalitarias, desde los Estados Unidos de América hasta algunas colonias del Imperio británico que podrían unirse también a la lucha contra el fascismo presente tanto en Europa como en Asia y, a la par, ganarse el derecho a una posterior independencia. Sin ningún entusiasmo por la URSS, aliada de las democracias desde 1941, las grandes críticas al comunismo soviético saldrán de su pluma en sus bien conocidas obras en la posguerra. Tanto si hablan antes del desastre bélico (pero conscientes de su inminencia, como Husserl) o dentro del mismo, como Bloch y Orwell, los tres personajes participan de un espíritu similar, la “resistencia a la barbarie totalitaria” , como lo llama Semprún. Los tres comparten la misma pasión, la “razón democrática”. Y la convicción de que Europa no perecerá si no pierde la fe en sí misma y la voluntad de enfrentarse unida al peligro. La crisis de nuestro tiempo. Concluye Semprún su estudio con la constatación cierta de que la Europa de después de la crisis de los años 30 y 40 superó a costa de grandes sacrificios, progresivamente, sus efectos devastadores. Concretamente, la idea husserliana de una “supranacionalidad europea”, o las ideas de una Europa federal y de la recuperación de una Alemania federal y democrática anticipadas por Jacques Maritain –el pensador católico al que recurre Semprún en sus conferencias por sus escritos durante la guerra– se fueron haciendo realidad efectiva a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Por eso, concluye Semprún, “… mientras que la esperanza de mantener la democracia era bastante tenue en aquellos años, hoy en día la realidad es otra… vemos cómo, con dificultades, con esfuerzos, en ocasiones con pequeños retrocesos, asciende hacia su apogeo la idea de una Europa unida…”. Palabras pronunciadas por Semprún, recordémoslo, en 2002. Hoy como ayer, pese a los progresos de todo orden alcanzados por nuestras sociedades, seguimos habitando en un mundo radicalmente injusto . Las desigualdades económicas y sociales se agrandan año a año, se extienden las guerras de agresión al margen de la legalidad nacional e internacional, se suceden y prolongan sin vías de solución las guerras internas, se cometen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, genocidios inclusive, sin que ninguna autoridad sea capaz de ponerles freno, las llamadas limpiezas étnicas de poblaciones indefensas se propagan ante nuestros ojos atónitos e impotentes y, por si esto no fuera suficiente, una catástrofe climática de proporciones desconocidas está afectando a nuestras vidas, pese a lo cual los gobiernos y las instituciones internacionales son incapaces de llegar a acuerdos que la atajen eficazmente. ¿Cómo no dejarse arrastrar por el pesimismo ante semejante panorama? “Esta sociedad es intolerable para una buena parte, por no decir la mayoría de los ciudadanos del mundo”, dice Semprún. Nuestra obligación debería ser “ intentar hacer soportable una sociedad que es insoportable para una parte de nuestros conciudadanos ”. Una tarea sin fin se extiende ante nosotros. Por descontado, no es fácil encontrar soluciones. Empero, se echa de menos la voluntad común para abordarlas con decisión. Contra la parálisis inoperante, Semprún ha propuesto adoptar una fórmula dialéctica tomada del escritor norteamericano Francis Scott Fitzgerald en su obra La grieta : “Habría que comprender que las cosas no tienen remedio y sin embargo estar decidido a cambiarlas. Esta es para mí la definición absoluta de mi punto de vista actual”. Su personal “ moral de resistencia ”, podríamos concluir. *Felipe Nieto es autor de ‘La aventura comunista de Jorge Semprún: Exilio, clandestinidad y ruptura’ (Tusquets, 2014).
La Comandancia de la Guardia Civil de Soria celebró ayer una jornada de formación especializada en la prevención de riesgos eléctricos . En la sesión, impartida por profesionales de i-DE (la distribuidora de Iberdrola), participaron más de 30 guardias civiles con el objetivo de reforzar su seguridad durante las actuaciones policiales. Según informan desde la Subdelegación del Gobierno, esta iniciativa permite a los agentes ampliar sus conocimientos sobre los peligros asociados a las instalaciones de este tipo. De este modo, los efectivos adquieren herramientas para identificar situaciones de peligro en intervenciones relacionadas con emergencias, accidentes, incidencias en infraestructuras o investigaciones de posibles robos. La apertura del encuentro contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre , y del teniente coronel jefe de la Comandancia soriana, Sergio Peñarroya . Junto a ellos intervinieron el responsable del negocio de Red i-DE de la distribuidora Iberdrola en Soria y Burgos, Roberto Rodríguez , y el responsable de la Oficina de Inteligencia y Enlace de la compañía energética, Laureano Arias . La actividad estuvo organizada de forma conjunta por la Comandancia, la Subdelegación del Gobierno, el área de Seguridad y Resiliencia de Iberdrola e i-DE. Las ponencias corrieron a cargo del jefe del Sector Soria-Aranda, José Manuel Calvo , y del técnico de Prevención de la distribuidora, Roberto Martín . Como complemento a las sesiones en el aula, los asistentes realizaron una visita práctica al centro de transformación 'Guardia Civil-Soria' donde pudieron conocer sobre el terreno las características técnicas de este tipo de equipamientos y los riesgos concretos asociados a ellos.
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