“La Ley Mordaza será una herramienta muy peligrosa en un gobierno con poco apego a la democracia”

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Ignacio Fernández cuenta que no olvidará el 20 de octubre de 2021. Por aquel entonces, este arquitecto que ahora tiene 46 años era concejal por una agrupación de electores en el Ayuntamiento de Oviedo, donde se manifestó. Sin razón alguna, acabó sancionado por estar en una protesta no avisada a la Delegación del Gobierno. Él consiguió alargar el proceso hasta que prescribió, pero alerta de la situación: «Vamos a tener un gran problema si al final entran la derecha y la ultraderecha en el Gobierno con herramientas que han mantenido este tiempo ciertos partidos de izquierdas», vaticina.

¿Qué ocurrirá si VOX ocupa el Ministerio de Interior?, se pregunta directamente Olmo González, secretario de la sección de Prensa y Comunicación de CNT Madrid. «Será una herramienta muy peligrosa en un gobierno con poco apego a la democracia», opina el sindicalista, que insiste en que «hay que seguir dando la batalla en la calle» antes de que se normalice la cultura de la impunidad institucional.

Las cargas y la violencia policial denunciadas durante la jornada de huelga general, que han obligado al ministro Fernando Grande-Marlaska a prohibir el uso de spray lacrimógeno durante las protestas, han vuelto a poner de manifiesto las graves consecuencias que sigue generando una ley aprobada por la derecha en 2015 que no ha sido derogada en estos ocho años de gobiernos del PSOE en coalición a pesar de las promesas.

¿Por qué, entonces, un gobierno de izquierdas puede que se vaya, como vaticinan las encuestas en este momento, sin derogarla? En el fondo de la cuestión, Eric Sanz de Bremond, especialista en Derecho penal integrado en Red Jurídica, sitúa el «control social que este tipo de norma da al gobernante». Sara López es miembro de la comisión Legal Sol, compuesta por un grupo de abogados que nació a la sombra del 15-M y que ya ha llevado unos 17.000 procedimientos sancionadores a causa de la Ley Mordaza. Ella ha estado presente en las negociaciones que junto a colectivos sociales se han llevado a cabo en el Parlamento: «Desde el principio, el mayor obstáculo ha sido el Ministerio del Interior, y no han tenido ningún problema en expresarlo. Nos dicen que Marlaska siempre responde que su ministerio no se presenta a las elecciones». Tras solicitarlo, el ministro declinó conceder una entrevista a La Marea para la elaboración de este dossier.

La abogada de Legal Sol afirma que «el PSOE nunca ha tenido mucho interés en reformar la ley», e incide en que los socialistas siempre han argumentado que se necesitarían herramientas frente al auge de la extrema derecha: «Lo siento, pero la extrema derecha no puede ser un argumento para seguir recortando libertades. Ni siquiera hablamos ya de la derogación total, sino de sacar las vulneraciones de derechos humanos de una ley», enfatiza. 

No es lo que opina David Serrada, portavoz socialista de Interior, quien aseguró antes de la convocatoria de elecciones que su partido tenía «mucho interés» en «cambiar» la ley. En su respuesta, señaló a los demás socios de investidura como los culpables de que las pretendidas modificaciones no hayan llegado a buen término.

Sara López también se muestra muy crítica con Izquierda Unida y Enrique Santiago, responsable de Interior y portavoz parlamentario, y quien se ha estado encargando de las negociaciones en Sumar. El partido lamenta, en respuesta a La Marea, que «desde distintos ámbitos políticos no se haya querido abordar de forma responsable la derogación de todos los puntos más comprometidos». Aun así, consideraba positivos «los complicados avances logrados en la redacción de textos alternativos». 

Estos textos alternativos nunca llegaron a materializarse en una posible reforma del reglamento. Y a pesar de que a principios de verano algunos grupos creían que la modificación era factible, no ya la convocatoria de elecciones y disolución del Parlamento, sino los mismos hechos acaecidos en Ceuta a partir del pasado julio dinamitaron la situación. Se perdió de ese modo otra forma de mostrar un frente de izquierdas con cierta iniciativa.

Nunca más se supo del acuerdo

El último movimiento en la política de partidos con respecto a la Ley Mordaza se produjo en octubre de 2024. De manera sorpresiva, EH Bildu y las fuerzas que hasta ahora han compuesto el Ejecutivo suscribieron un acuerdo mediante el cual se reformarían los artículos referidos a las faltas de respeto a la autoridad, la infracción de desobediencia, el uso de las balas y pelotas de goma como material antidisturbios y las devoluciones en la frontera. En ningún momento se supo más sobre dicho pacto.

A ojos de ERC, la ley no se ha derogado porque el PSOE no ha querido. En la formación soberanista creen que el problema siempre ha sido de voluntad política. «El Gobierno liderado por Sánchez no solo no ha derogado la Ley Mordaza, sino que ha sido el Ejecutivo, con mucha diferencia, que más ha aplicado la norma, incluso para reprimir movilizaciones que teóricamente podría compartir», denuncia por su parte Néstor Rego, diputado del BNG.

«Este momento requiere discreción», aseguraban desde EH Bildu a principios de verano, cuando aún se vislumbraba una posibilidad ahora mismo muerta. El PNV, por su parte, recordaba que era el Gobierno quien tenía la responsabilidad de negociar con partidos de sensibilidad muy distinta para ofrecer un texto con el que «todos pudieran estar cómodos». Y Junts, cuyo rechazo a los dos decretos de vivienda ha conducido al escenario electoral anticipado, también consideraba que no se ha derogado porque «Sánchez no ha querido y sus socios no han hecho nada ante esta promesa incumplida». En Podemos aludían así a este compromiso no satisfecho por parte del presidente: «Este es un ejemplo de cómo los socialistas, cuando tienen las manos libres, incumplen reiteradamente sus promesas».

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