Ahora que se sabe la identidad de Alice Huang, también conocida como Huang Le, el Gobierno isleño aplicará la normativa para los casos en los que "pueda existir riesgo de perjuicio para los intereses nacionales, la seguridad pública o el interés público" Leer
El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
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Señala que la compra se formalizó sin un encargo previo de la Comunidad ni una memoria que justificase la necesidad del inmueble, elaborada esta última casi tres meses después.
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El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
El choque institucional al que estamos asistiendo entre el Tribunal Constitucional y la Sala II del Tribunal Supremo con motivo de la declaración de constitucionalidad de la ley de Amnistía y su aplicación al delito de malversación de caudales públicos viene de lejos, y es frecuente en los países que contemplan la existencia de un Tribunal Constitucional con la potestad de anular las sentencias judiciales, si observan que se ha vulnerado alguno de los derechos que constituyen la columna vertebral de un sistema democrático, en el que se salvaguarde el derecho a un juicio justo y con todas las garantías, encomendado a jueces independientes, imparciales, responsables y sometidos al imperio de la ley. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo no puede ser una excepción. Confrontaciones de esta naturaleza las hemos visto en varios países en los que conviven ambas instituciones. Ni el Tribunal Supremo puede envolverse en el manto de ser la cúspide del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional puede ir más allá de ser el intérprete supremo de la Constitución, ni convertirse en el censor de todas las actividades del resto de los poderes del Estado. El Tribunal Constitucional español se constituyó y comenzó a funcionar el 12 de julio de 1980. De sus doce integrantes, diez eran catedráticos de un alto prestigio nacional e internacional y dos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial de indudable prestigio profesional. Desde sus comienzos tuvo que sentar las bases de lo que debería constituir el debido proceso, a la luz de la interpretación del artículo 24 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva con especial hincapié en el derecho a la presunción de inocencia, sin perjuicio de otras garantías. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 establece claramente que la sentencia debe construirse sobre las pruebas practicadas en el juicio oral sin acudir a los atestados policiales. En estos momentos los informes de la UCO y la UDEF se han convertido en una especie de Evangelios. También se les recuerda que no pueden valerse de pruebas ilegítimamente obtenidas y algo tan elemental como que la duda favorece al acusado. El primer impacto sobre la mala práctica judicial en el proceso penal se produce con la sentencia del Tribunal Constitucional 31/1981, (Sala Primera), de 28 de julio, ponente Gloria Begué Cantón, que señaló que para destruir la presunción de inocencia era necesario contar con una mínima actividad probatoria, obtenida y practicada en el juicio oral con todas las garantías procesales constitucionales y legales. Denuncia que la única prueba que ha servido para condenar al demandante de amparo es su confesión ante la policía, realizada sin la garantía constitucional que supone la asistencia de Letrado. Se le ha colocado en una situación discriminatoria de práctica indefensión, vulnerándose el derecho a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia reconocidos en el art. 24 de la Constitución. En la sentencia ya se vislumbraba la resistencia tradicional de los órganos jurisdiccionales, plasmada en el voto particular de Ángel Escudero del Corral, que había sido magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se aferra al valor probatorio de las diligencias practicadas durante la fase de investigación. Son innumerables las sentencias en este sentido. La tendencia a nombrar catedráticos y expertos ajenos a las funciones jurisdiccionales se ha ido perdiendo y ha sido sustituida por la colonización del Tribunal Constitucional por el mecanismo de los tres quintos, salvo en el caso de los designados por el Gobierno en un reparto de cuotas entre el Partido Popular y el PSOE, que inexorablemente provoca su politización ante la opinión pública. Que quede claro que esta objeción no supone demérito alguno para los designados, ya que siempre he considerado que lo importante es el contenido y los razonamientos de las sentencias. En estos momentos el choque de trenes entre ambos Tribunales adquiere su máxima gravedad al abordar la aplicación de la Ley de Amnistía a los independentistas catalanes en lo relativo al delito de malversación. Ante la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla se recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional confirma la amnistía. El Constitucional reprocha al Supremo que su resolución representa: " una interpretación extensiva que (desconoce) el debido nexo de coherencia con la norma que las contempla" . El criterio de esta Sala asume una interpretación que "… conduce a una drástica contradicción (…) manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta". Añade que la interpretación del Supremo es contraria "… a las reglas de la lógica y del sentido común», además de incluir "… razonamientos que (presentan) de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido". La contestación del Supremo se acomoda a los reproches: “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia. Según la redacción de Marchena, t ales manifestaciones tratan de “enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto". Tras destacar que asume en su integridad la decisión del TC, el Supremo resalta que “la fundamentación jurídica de la mayoría que ha inspirado el otorgamiento de amparo incluye consideraciones que son manifiestamente prescindibles para otorgar sentido a la resolución estimatoria. Atribuir a la interpretación de esta Sala una "drástica contradicción", una "reducción teleológica" , una "interpretación extensiva", una "interpretación impredecible de los preceptos aplicables", un distanciamiento del "sentido común", de "la lógica", de la finalidad de la ley y, en fin, la ausencia de un elemental "nexo de coherencia", representa enriquecer su decisión con consideraciones absolutamente innecesarias para el respaldo de lo resuelto”. El tono y los comentarios de la prensa alineada con la derecha extrema auguran un futuro choque todavía más trascendente con motivo de la suspensión, por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, del derecho de sufragio de los descendientes de españoles que optaron a la nacionalidad según la ley de Memoria Democrática y que voluntariamente se inscribieron en el Censo de Residentes ausentes (CERA). Están abonando el terreno para denunciar un fraude electoral si el Tribunal Constitucional restaura el sufragio suspendido. Queda poco tiempo para comprobarlo. _____________ José Antonio Martín Pallín es abogado, y ha sido el fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.
El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
El club presidido por Florentino Pérez incluye esta previsión en el informe económico entregado a los socios para su asamblea de noviembre, avanza Vozpópuli. El alcalde asegura que no ha llegado ninguna reclamación y trabaja en ofrecer otro proyecto El Ayuntamiento asegura que no pagará “ni un céntimo de euro” al Real Madrid por los parking ilegales del Bernabéu Qué hacer con los parkings inacabados del Bernabéu por el concurso ilegal: otro proyecto o indemnizar al Real Madrid El Real Madrid tiene intención de reclamar al Ayuntamiento una indemnización de unos 20 millones de euros por lo gastado en las obras para construir los aparcamientos que el Gobierno de Almeida le adjudicó en el entorno del Santiago Bernabéu y que la justicia declaró ilegales por “falta de interés público” en la operación. La decisión viene incluida en el informe económico que el club presidido por Florentino Pérez ha entregado a los socios con motivo de la asamblea general de la entidad, que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre, según avanza Vozpópuli . Hace unos meses el Real Madrid ya filtró que había asumido un gasto en las obras inconclusas de 22,5 millones de euros, aunque el contrato de concesión municipal indicaba que “la suspensión de las obras no dará derecho al contratista al abono de daños y perjuicios”. El alcalde ha negado que de momento haya llegado reclamación alguna. “No nos consta ninguna”, ha advertido Almeida en declaraciones a los medios este lunes. “Lo que sí le puedo garantizar a los vecinos es que estamos estudiando que se pueda finalizar ese parking para que también haya un aparcamiento para residentes”, ha apuntado sobre una opción que lleva explorando varios meses. La estrategia que está siguiendo Almeida es la de la negociación con los vecinos que denunciaron los aparcamientos para intentar salvar uno de ellos, el de la Castellana. Lo lleva intentando desde hace meses, al no recurrir al Supremo la sentencia del TSJM por las escasas posibilidades de éxito. El Real Madrid decidió seguir apelando hasta que la justicia tumbó la concesión, que le iba a asegurar un negocio de cientos de millones de euros durante las próximas décadas. La sentencia llegó después de la denuncia de la Asociación de Vecinos perjudicados por el Bernabéu contra el área de Urbanismo y Movilidad, que hizo un concurso para el Real Madrid, después de que el club blanco reclamara ambos aparcamientos en verano del año 2021 y consiguiera su adjudicación –al ser la única empresa en presentarse– en verano de 2023 . La Justicia lo anuló un año después por falta de “interés público” , entre otras razones, sentencia ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego por el Supremo . La reclamación del Real Madrid llegará mientras el club blanco espera la recalificación de sus terrenos en Valdebebas para acometer una importante operación inmobiliaria por la que sus parcelas junto a la Ciudad Deportiva pasarán a valer 185 millones de euros más. Este trámite, sin embargo, está pendiente de un hilo por un error de bulto municipal al presentar el informe económico que respalda lo que la oposición califica de “pelotazo”. Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. Si tú también quieres y puedes hacerlo, hazte socia, hazte socio y contribuye a sostener nuestro trabajo diario y a publicar exclusivas que cambien las cosas. Si ya tienes una suscripción, puedes hacer una aportación extra a la sección local de Madrid para apoyar las informaciones de proximidad, sobre lo que importa en el día a día de los habitantes de esta ciudad: para hacerlo, entra en el apartado de 'tu cuota' en tu perfil privado . Tu ayuda al periodismo local es importante.
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