El Gobierno da luz verde a la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales (se abre en una pestaña nueva)
Los nuevos puestos derivarán en una macroconvocatoria de oposiciones que el Ejecutivo prevé anunciar en las próximas semanas
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Page hablará en Bruselas sobre la gestión de emergencias tras el accidente de Urda (se abre en una pestaña nueva)
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, viajará la próxima semana a Bruselas para intervenir en la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones, donde abordará la gestión de emergencias tras el accidente ferroviario de Urda. El jefe del Ejecutivo autonómico encabezará la delegación regional que participará en distintas reuniones y encuentros relacionados con las políticas europeas. Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, durante la inauguración del I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos, que se celebra en Toledo y reúne a representantes institucionales, expertos y responsables de estas oficinas de distintas comunidades autónomas. En la inauguración, Caballero ha estado acompañado por la directora general de Asuntos... Ver Más
La campaña del 29-N ya está en marcha (se abre en una pestaña nueva)
Ayer a medianoche se abrió oficialmente la campaña de las elecciones generales del 29-N, que se prolongará durante dos semanas. La mayoría de las encuestas (no así el CIS de ayer) dan como probable una victoria del PP y un fuerte avance de Vox, que otorgaría a la suma de las derechas la mayoría en el Congreso, poniendo fin a ocho años y medio de Gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Seguir leyendo...
El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Merz prevé cerrar la próxima semana el reparto de la cúpula del BCE, con De Cos como favorito para la presidencia (se abre en una pestaña nueva)
El principal escollo pendiente sería el acuerdo entre democristianos y socialdemócratas en el Gobierno de coalición sobre el candidato alemán a economista jefe. Más información: Francia se inclina por apoyar a Hernández De Cos como presidente del BCE y renuncia al puesto de economista jefe
El Gobierno da el "primer paso" para subir las pensiones de 2027 en Consejo extraordinario y a dos semanas de las elecciones (se abre en una pestaña nueva)
El Ejecutivo acuerda tramitar por la vía de urgencia el decreto que recogerá el incremento, una vez se conozca el dato de inflación de noviembre. Elma Saiz sitúa la subida entre el 3 y el 4%.
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El Gobierno regional acerca la investigación a los centros educativos con motivo de la Semana de la Ciencia (se abre en una pestaña nueva)
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha (INNOCAM), organiza actividades de divulgación científica en 11 colegios públicos de la región con motivo de la Semana de la Ciencia, que se celebra entre los días 13 y 19 de noviembre. El consejero de Educación, Cultura y […]
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Más de 400 estudiantes de 14 institutos participan en los 22 talleres de la Semana de la Ciencia de la UCLM, con la que colabora el Gobierno regional (se abre en una pestaña nueva)
Más de 400 estudiantes de 14 institutos de Castilla-La Mancha han participado en los 22 talleres organizados con motivo de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), celebrada del 9 al 13 de noviembre en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo. La iniciativa ha contado con […]
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El Gobierno de Castilla-La Mancha desarrollará la próxima semana en Bruselas una agenda marcada por la gestión de emergencias y la PAC (se abre en una pestaña nueva)
Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero desde el este I Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos que se está desarrollando en la mañana de hoy […]
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El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)
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Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
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El Gobierno desmiente una reunión de Sánchez con el exchófer del PSOE detenido en el caso koldo (se abre en una pestaña nueva)
El Gobierno mantiene que Pedro Sánchez no se reunió “nunca” con Cristian Corvillo, el que fuera chófer del PSOE durante la campaña de primarias y que fue detenido la semana pasada en el marco de una pieza secreta del caso Koldo. “Nada que ver con esas personas”, ha zanjado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria este viernes del Consejo de Ministros.
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El Gobierno mantiene que Pedro Sánchez no se reunió “nunca” con Cristian Corvillo, el que fuera chófer del PSOE durante la campaña de primarias y que fue detenido la semana pasada en el marco de una pieza secreta del caso Koldo. “Nada que ver con esas personas”, ha zanjado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria este viernes del Consejo de Ministros.
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El Gobierno mantiene que Pedro Sánchez no se reunió “nunca” con Cristian Corvillo, el que fuera chófer del PSOE durante la campaña de primarias y que fue detenido la semana pasada en el marco de una pieza secreta del caso Koldo. “Nada que ver con esas personas”, ha zanjado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria este viernes del Consejo de Ministros.
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- La Opinión de MálagaEl Gobierno desmiente una reunión de Sánchez con el exchófer del PSOE detenido en el caso koldo
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- El Correo GallegoEl Gobierno desmiente una reunión de Sánchez con el exchófer del PSOE detenido en el caso koldo
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Hace 2 h
El Gobierno cesa al presidente de Renfe y consuma el relevo en Adif tras el accidente de Urda (se abre en una pestaña nueva)
El Gobierno ha cesado al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, después del accidente de Urda (Toledo) en el que fallecieron 69 personas a finales de octubre. El Consejo de Ministros ha aprobado su cese este viernes, y ha nombrado a Inmaculada Gutiérrez Carrizo como nueva dirigente del operador ferroviario. A su vez, el Ministerio de Transportes -ahora en manos del vicepresidente Carlos Cuerpo tras la dimisión de Óscar Puente- ha nombrado a Joaquim Hortalà i Vallvé como nuevo presidente de Adif, después de la dimisión, tras la tragedia, del anterior titular, Luis Pedro Marco. De esta manera, se consuma un nuevo movimiento tras el segundo siniestro del año en la alta velocidad española, que suma 115 fallecidos en nueve meses. El Gobierno agradece a Fernández Heredia "su labor estos años", y nombra como su remplazo a Gutierrez, hasta ahora directora general de Renfe Proyectos Internacional, "donde ha asumido responsabilidades de gestión y dirección vinculadas al desarrollo de negocio internacional y de proyectos ferroviarios en distintos mercados". En el caso de Adif, el Consejo de Ministros encumbra a Hortalà, que fue secretario general de Renfe Operadora hasta julio de 2026, "y, a lo largo de casi una década en la autoridad de competencia, participó en la supervisión de los mercados regulados, entre ellos el ferroviario", según el comunicado del Ministerio de Economía. En el caso del administrador de las infraestructuras, Marco presentó su dimisión a Cuerpo el pasado 4 de noviembre, el mimo día en que este asumió la cartera de Transportes que dejó Puente una semana después de la tragedia. Cuerpo la calificó de decisión "acertada" y señaló la necesidad de recuperar la confianza en el sistema ferroviario. Los nuevos presidentes de Renfe y Adif Para ese proceso, el vicepresidente confía ahora en Joaquim Hortalà i Vallvé como responsable de las infraestructuras. Abogado del Estado desde 2004 y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Hortalà cuenta con una amplia trayectoria en la Administración pública y en organismos reguladores. Entre 2013 y 2021 desempeñó distintas responsabilidades en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde llegó a ser secretario de su Consejo. Posteriormente, ejerció como director jurídico en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, en mayo de 2024, se incorporó a Renfe como secretario general y del Consejo de Administración, además de asumir la responsabilidad de su Asesoría Jurídica. Su nombramiento al frente de Adif supone la llegada de un perfil eminentemente jurídico y regulatorio a la gestión de las infraestructuras ferroviarias. El Gobierno destaca su trayectoria, que "combina la experiencia en el operador público con una visión del sistema ferroviario desde el regulador, la Administración y la gestión de entidades públicas". En el caso de Inmaculada Gutiérrez Carrizo, el Ministerio la señala como formada "en la defensa de la competencia, un ámbito clave ahora que Renfe compite con otros operadores en el mercado de viajeros". licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos...
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El Gobierno prevé lanzar en próximas semanas una "macroconvocatoria" para 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales (se abre en una pestaña nueva)
El Gobierno ha anunciado que "en las próximas semanas" pondrá en marcha una "macroconvocatoria" para ocupar 500 nuevas plazas para jueces y 200 de fiscales cuya creación ha culminado este viernes.
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Hace 3 h
El Gobierno de Castilla-La Mancha desarrollará la próxima semana en Bruselas una agenda marcada por la gestión de emergencias y la PAC (se abre en una pestaña nueva)
Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde el Encuentro Nacional de Oficinas de Proyectos Europeos que se está desarrollando en Toledo
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Hace 6 h
Coalición Canaria vuelve a cambiar sus "líneas rojas" y ahora dice que sí apoyaría un Gobierno de PP con Vox (se abre en una pestaña nueva)
Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
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