La Junta concreta su intención de veto obligando a los creadores a firmar que “no harán ninguna actuación que implique adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo a opciones políticas”
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido , ha pedido moderación y prudencia tras los incidentes registrados este viernes en la plaza de Zocodover de Toledo, donde la Policía Nacional ha intervenido ante un grupo de manifestantes que intentaba boicotear el encuentro con los medios de comunicación del presidente de Vox, Santiago Abascal. Sabrido ha asegurado que se ha enterado de lo ocurrido en el mismo momento en que ha sido preguntado por los periodistas y que ha solicitado explicaciones al subdelegado del Gobierno. No obstante, ha evitado valorar directamente la actuación policial y ha insistido en que los agentes deben actuar «con moderación y con criterios adecuados». «Espero que no se conviertan las actuaciones policiales en... Ver Más
Huelga general impulsada por el Sindicato de Inquilinas para movilizar a la opinión pública sobre el grave problema de la vivienda, a la que los sindicatos de clase se han sumado, y han convocado, por temor a quedar huérfanos de iniciativa ante una reivindicación material, real. Desigual en su ejecución, España no se paró (tampoco en 2012), pero fueron masivas las manifestaciones de la tarde, con amplia presencia de jóvenes. Son ellos quienes han dado forma a un malestar latente al que el Gobierno no ha sabido dar respuesta a tiempo, ni tampoco las autonomías, muchas gobernadas por PP y Vox, con competencias en la materia. Seguir leyendo...
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Feijóo avanza en 'The Wild Project' un Gobierno sin Ministerio de Igualdad "como tal", defiende que Vox "ha ido hacia la realidad" en las autonomías y evita concretar qué carteras quedarían fuera de una negociación con Abascal
El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente del reglamento que garantizará el poder adquisitivo de las jubilaciones, a la espera de conocerse la cifra definitiva el próximo día 27 de noviembre Por qué el sistema público de pensiones ni “está quebrado” ni “va a petar” como dicen PP y Vox El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para actualizar las pensiones desde el 1 de enero de 2027, en el primer día de la campaña electoral oficial de cara a los comicios del 29 de noviembre, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la tramitación urgente del real decreto que garantizará su poder adquisitivo. La ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado la aprobación de ese acuerdo que permitirá que el real decreto de mantenimiento de las pensiones sea tramitado de forma urgente (lo que reduce los plazos de cara a los trámites de participación pública y los informes preceptivos), antes de conocerse la cifra oficial con la que se actualizarán. Esta se sabrá el próximo día 27, cuando el INE publique el dato adelantado de la inflación de noviembre, lo que permitirá hacer la media con los 11 meses anteriores, tal y como establece la ley. “Para este gobierno es una prioridad que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y sigan evolucionando con el coste de la vida las pensiones”, ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esta subida, ha subrayado la portavoz, será de “una horquilla entre el 3 y el 4%”. Una vez conocida la cifra oficial, el Gobierno tendrá que aprobar un Real Decreto-Ley que autorice el incremento del gasto para la Seguridad Social con la cifra que arroje esa media del IPC de los últimos 12 meses. El Gobierno ha deslizado que podría hacerlo en funciones y llevarlo a la Diputación Permanente antes de que se constituyan las Cortes Generales que deriven de las elecciones del 29 de noviembre, algo que sucederá el próximo 23 de diciembre. Las pensiones se han convertido en uno de los principales temas de campaña, después de que tanto Vox como el PP hayan asegurado en la precampaña que el sistema era un “zombi” (según José María Figaredo, de Vox) o que iba a “petar” (de acuerdo con la portavoz popular Ester Muñoz). Así, Saiz ha aprovechado para sacar pecho de las reformas en materia de pensiones que ha aprobado el Gobierno desde el aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa en 2018. Desde entonces, ha dicho la titular de Seguridad Social, las pensiones se han revalorizado un 28,1%, frente al 2% de incremento que habrían experimentado en caso de haber seguido en vigor la ley de pensiones del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La pensión media ha avanzado un 44,5% en el mismo periodo, entre otras razones por las pensiones más cuantiosas de los nuevos jubilados del sistema, que se incorporan con salarios más elevados y carreras profesionales más largas. “Esta es la importancia de garantizar por ley el poder adquisitivo en lugar de dejar que los pensionistas sufran el impacto del incremento del coste de la vida”, ha dicho la portavoz. Saiz ha defendido la sostenibilidad del sistema pese a los augurios de los partidos de la derecha, gracias a la subida de los ingresos por cotizaciones, al dinamismo del empleo y a los flujos migratorios. Una sostenibilidad, ha dicho, avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constató que el gasto medio neto en pensiones hasta 2050 no superará el umbral del 13,3% del producto interior bruto (PIB), lo que habría activado una subida adicional de las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
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Pilar Sánchez Acera y Javier Rodríguez Palacios centran sus intervenciones en la vivienda, los procedimientos judiciales y la gestión municipal Lee la noticia completa: El PSOE arranca la campaña electoral en Alcalá con duras críticas a Ayuso, Piquet y el Gobierno municipal de PP y Vox .
VALÈNCIA. Todavía con cierta resaca tras la pegada de carteles electorales durante la medianoche, este viernes se ha celebrado el primer debate electoral de los candidatos al Congreso por Valencia de los cuatro principales partidos. El evento, organizado por la Cadena Ser y El País ha congregado a María José Catalá (PP), Pilar Bernabé (PSOE), Àgueda Micó (Compromís-FV), e Ignacio Gil Lázaro (Vox). Desde el auditorio Alfonso Roig de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y ante 200 espectadores, Micó y Gil Lázaro, situados en cada uno de los extremos del escenario, han sido los principales protagonistas del primer asalto entre candidatos, mientras las candidatas de los dos partidos con mayor representación han preferido mantenerse a la expectativa, guardando tiempo para los minutos finales de cada bloque y girando la cabeza a uno y otro lado para escuchar el choque de argumentos entre los líderes de Compromís y Vox. No obstante, mientras Gil Lázaro ha evitado el diálogo con Catalá y se ha centrado en repartir reproches entre PSOE y Compromís, Àgueda Micó ha hecho valer hasta en tres ocasiones su perfil de candidata "al 100%" frente a Bernabé y Catalá, que también serán aspirantes a la alcaldía de València en los comicios del próximo mayo. De esta manera, Catalá ha tenido a Gil Lázaro como un escudero útil, mientras una Bernabé más nerviosa que el resto de participantes se ha quedado en solitario en muchas ocasiones frente a los reproches del bloque de la derecha y las peticiones de mayor "valentía" desde la coalición valencianista. Tras un primer turno de intervención marcado por referencias a los problemas en infraestructuras ferroviarias, la "máquina del fango", las promesas de "un cambio a mejor" y el cruce de culpas sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, el debate ha pasado a adoptar un carácter más valenciano. Catalá ha preferido esperar y reservar tiempo en la primera fase, comenzando al principio con un tono más vacilante y flojo que ha evolucionado a lo largo del debate hasta convertirse en más firme y solvente. Por su parte, la representante de Compromís ha empezado a ganar fuerza prácticamente desde su segunda intervención. El candidato de Vox ha tratado de frenar a Micó, refiriéndose a la coalición valencianista como "los pagafantas de Sánchez" y ha vaticinado que, "probablemente van a serlo" en un futuro. Un dardo ante el que Micó ha sabido retrucar: "Una persona que ha estado más de 40 años en el Congreso sin trabajar por los intereses de los valencianos no puede ser ejemplo de nada", ha espetado a Gil Lázaro. La candidata ha cogido fuerza para entrar en la crítica hacia el bipartidismo, lanzando una cuestión tanto a Bernabé como a Catalá: "¿Por qué no votaron a favor de prohibir que los fondos buitre puedan comprar vivienda?". Una cuestión a la que la candidata socialista ha replicado con una defensa a ultranza de las medidas que ha venido lanzando el Gobierno a lo largo de la presente legislatura. Gil Lázaro ha optado por no ser un mero espectador, por lo que, ante el 'pasapalabra' de Catalá, ha respondido él con la intención de vincular a Compromís con Pedro Sánchez : "Hablan de las dificultades de los españoles para vivir, pero han estado integrados en Sumar y ha sido parte del Gobierno de España. Es corresponsable". El candidato voxista ha evitado la interpelación directa a su homóloga del PP y así concentrar sus intervenciones en la crítica hacia el bloque de la izquierda. En este sentido, a Bernabé le ha afeado que hable de infraestructuras "mientras el Gobierno de Sánchez sigue sin hacer las obras hidráulicas imprescindibles". Foto: RADIO VALENCIA Desempolvar el argumento de la Dana ha dado más munición a Micó, que ha apuntado que la Comunitat Valenciana ha tenido "la catástrofe natural y política más grande que haya podido tener toda la ciudadanía europea". "Mientras Carlos Mazón estaba haciéndose gintonics en el Ventorro, nuestra gente estaba muriéndose", ha asegurado la candidata de Compromís, que ha apuntado directamente hacia Catalá: "Tiene mucho que decir, comparte grupo parlamentario con Mazón y ha votado en contra de que se le retiren los privilegios". La también alcaldesa de València ha regateado la cuestión sobre el expresident de la Generalitat y ha defendido que el programa del PP cuenta con un Plan Valencia "con 12.000 millones de euros", mientras Compromís "lleva dos años respaldando un Gobierno que no ha hecho las inversiones necesarias". "Tampoco las inversiones ferroviarias", ha proseguido Catalá, que en varias intervenciones se ha referido a la "falta de inversiones" en las líneas de Cercanías de Valencia. Finalizada esta primera ronda de confrontación, se ha pasado a un segundo bloque que, sobre el papel, debía ir en torno a propuestas programáticas y posibles pactos de gobierno, aunque los candidatos han optado más por lo primero que por lo segundo, abordando temas como la reforma del sistema de financiación o la propia catástrofe de la Dana. Gil Lázaro ha esbozado los puntos principales de su propuesta, incluida la financiación autonómica, que nunca ha sido argumento de campaña de Vox, y ha vuelto a arremeter contra los dos partidos progresistas. "Sigo pasmado cuando escucho a la señora Micó hablar del llamado Gobierno progresista y sus logros. Ha sido un gobierno regresivo para las clases medias y trabajadoras", ha apuntado. También ha repartido hacia Bernabé, criticando la ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica durante el actual Ejecutivo y a la que ha acusado de permitir la "ocupación" de la plaza del Ayuntamiento de València por la reciente acampañada por la vivienda. Micó ha iniciado la intervención de este bloque prometiendo un apoyo a un gobierno progresista, pero "valiente". "Tenemos obligar al PSOE a que sea valiente" en materias como pensiones, el nuevo modelo de financiación autonómica o "terminar con la deuda histórica". "Me comprometo a representar a los valencianos y las valencianas al 100% en el Congreso", en una clara alusión a las figuras de Bernabé y Catalá. De hecho, ha interpelado a ambas candidatas: "¿Van a ser lo mismo que yo o van a dejar su escaño?" para centrarse en la Alcaldía de València. Bernabé ha evitado entrar en este área y pasar a abordar la gestión tras la Dana de 2024, que, probablemente, supone su mejor baza para esta campaña electoral. Catalá, por su parte, ha optado por llevar el debate a escala nacional: "Ellos han elegido el referente de la corrupción permanentemente", ha pronunciado en alusión al Partidos Socialista. Pilar Bernabé y María José Catalá. Foto: EFE/BIEL ALIÑO "La gente que coge un AVE siente congoja", ha criticado Catalá, que ha asegurado que su "máxima prioridad" será la Alcaldía de València, aunque su objetivo es ser "útil" allá donde el partido le proponga. Y, para replicar a Compromís, ha sacado el pacto de apoyo al Gobierno de España, para criticar que ninguno de los tres principales puntos se han cumplido durante este mandato. "Lo que no va a hacer el PP es pactar la financiación autonómica con Junqueras", ha sentenciado. Micó ha entrado en la confrontación y ha reprochado a la candidata popular: "El PP lo que hace es votar con Puigdemont" en alusión a la prórroga de los contratos de alquiler, la moratoria de deshaucios, la jornada de 37,5 horas, o los gravámenes a las grandes empresas energéticas. Y, tras apuntar hacia el PP, ha ido a por Vox: "Desde el 1982 han pasado muchas cosas. Hay una cosa que no ha cambiado y es que Gil Lázaro ha estado desde ese momento cobrando un sueldo público del Congreso sin lograr nada para los valencianos". "Lleva más años que los leones que hay en la puerta", ha llegado a pronunciar. Un argumento "grueso y grosero" para Gil Lázaro, que se ha mostrado "absolutamente orgulloso" de haber dado su "vida al servicio público". "A usted le queda mucho recorrido parlamentario para poderme llegar a los tobillos", ha añadido. Bernabé ha cambiado de tercio y ha regresado a la Dana: "Hemos dado la cara, hemos atendido a las familias. Ante ese dolor y ese miedo la única respuesta ha sido atenderlas". Y Catalá, de nuevo, se ha ido a la escala nacional, para defender el "mando único en emergencias" y señalar que los populares prometen "una gestión clara" tras "tres años sin presupuestos" y "un sistema público que está en los huesos". Pero Bernabé, algo más cómoda al abordarse su tema estrella, ha replicado a la candidata popular que "está tan preocupada por reconstruir Valencia que, por eso, toda la reconstrucción se la está pagando el Gobierno de España". Los candidatos piden el voto En el minuto de oro, Gil Lázaro ha confrontado dos modelos: "El cambio o Sánchez y el caos". En este sentido, ha defendido un Gobierno "eficaz y decente" y ha asegurado que Vox "representa ese cambio profundo que hace falta". Pese a que ha asegurado que se gobernará "para todos, sin excluir a nadie" ha defendido la "prioridad" de "recuperar la seguridad y el bienestar para todos los españoles". María José Catalá e Ignacio Gil Lázaro. Foto: EFE/BIEL ALIÑO Micó ha insistido en la crítica hacia las otras dos candidatas: "Quiero representar a todos los valencianos a tiempo completo en el Congreso". Ha defendido que la coalición ofrece "un voto" que "hará que no gobierne la extrema derecha" y garantizará "políticas valientes" en "vivienda, servicios sociales, educación o bienestar. Bernabé no ha logrado centrar el tiro en este minuto final y, tras reclamar "más memoria y menos nostalgia", ha mezclado la petición de un mayor diálogo entre los partidos con defensas sobre la subida de pensiones o salarios o el miedo ante un posible gobierno de populares y voxistas . En el turno que cerraba el debate, Catalá ha recogido la apelación a la memoria de Bernabé para apelar "a la memoria inmediata" y recordar diversas medidas del Gobierno, subrayando de cada una que "no es avanzar, sino retroceder". Finalmente, ha pedido el voto "para la persona a la que dejarías a tus hijos", "a Alberto Núñez Feijóo".
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Feijóo avanza en 'The Wild Project' un Gobierno sin Ministerio de Igualdad "como tal", defiende que Vox "ha ido hacia la realidad" en las autonomías y evita concretar qué carteras quedarían fuera de una negociación con Abascal
Progreso o retroceso. Derechos o derechas. El Partido Socialista (PSOE) de la provincia de Jaén plantea una campaña electoral de blanco o negro y su secretario general, Juan Latorre, pide la “máxima movilización” para las generales del 29 de noviembre a jóvenes, pensionistas y mujeres en un acto que ha sentado a la mesa a periodistas y candidatos a Congreso y Senado en la Taberna El Azulejo. “Hay más de 150.000 pensionistas en Jaén que saben que sus pensiones corren riesgo con un Gobierno del Partido Popular y Vox. Solo el PSOE puede garantizar la revalorización de las pensiones en este país”, sentencia Latorre Ruiz. El líder de los socialistas jiennenses también reclama la movilización de las mujeres: “No se puede consentir un Gobierno de PP y Vox con un vicepresidente y ministros retrógrados, machistas y negacionistas. No podemos dar ni un solo paso atrás en políticas de igualdad”. El tercer sector al que aludió fue el de los jóvenes, a los que recordó que “solo el PSOE garantiza la subida de becas, el incremento del salario mínimo y medidas efectivas en materia de vivienda”. “Lo único que hacen PP y Vox es poner palos en las ruedas de todas las políticas que tienen que ver con los jóvenes”, recalcó el secretario general. Asimismo, Latorre Ruiz manifestó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado durante los últimos ocho años que tiene una agenda social “prioritaria” y que “da la cara especialmente en los momentos difíciles”. Además —continúa el socialista—, “pone a la provincia de Jaén en la primera línea de las grandes decisiones políticas”. “A la provincia de Jaén ha llegado una inversión millonaria que no se había conocido en toda la historia de la democracia”, subraya Latorre, que añade: “Todo esto no se puede parar”. El líder del PSOE de Jaén indicó que esta será una campaña “ilusionante” con la que la formación del puño y la rosa llegará a los 97 municipios de la provincia para defender la continuidad de un Gobierno progresista: “O hay un Gobierno de Sánchez o hay un Gobierno de Feijóo y Abascal. O derechos e igualdad, o un Gobierno de derechas y retrocesos. O seguimos hacia adelante o miramos hacia atrás”. Por su parte, la candidata número 1 al Congreso, Isabel Uceda, señaló que, en estas semanas, el PSOE “hablará de cosas importantes para la gente”, como las pensiones, la vivienda o el campo. Recordó que los agricultores “necesitan un Gobierno que les ayude frente a situaciones complicadas”, como ha ocurrido en estos últimos años. “Quieren recortar las pensiones y todas las medidas que supongan ampliación de derechos y de avances para las personas”, subrayó. “Frente a los avances conseguidos por este Gobierno, enfrente tenemos el bloque del negacionismo y de la motosierra, el bloque que quiere recortar las pensiones. El 29 de noviembre nos jugamos los avances que propone el PSOE o los retrocesos que proponen PP y Vox”, añadió la candidata socialista. A preguntas de los periodistas sobre qué puede aportar como diputada nacional, Uceda Cantero se refirió a su experiencia municipal: “He sido alcaldesa de Lopera durante 16 años, por lo que aportaré experiencia desde el municipalismo, algo de lo que también necesitan impregnarse las altas esferas”. Para la número 1, la forma de hacer política “debe ser más cercana”, además de “escuchar a la gente y aportar soluciones en el cara a cara”.
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Solo unas semanas después de decir que no apoyaría un Gobierno de Feijóo con Abascal de vicepresidente y de afirmar que un Gobierno de PP-Vox sería un "riesgo" para las Islas, Cristina Valido cambia de postura y señala que su partido apoyará a cualquiera que se comprometa con la llamada Agenda Canaria Coalición Canaria, que respaldó la investidura fallida de Feijóo, anuncia que no apoyará un gobierno del PP con Vox Tres semanas ha tardado Coalición Canaria (CC) en cambiar su discurso. Si a finales de octubre, su cabeza de lista, Cristina Valido, afirmó que el partido no apoyaría un gobierno del PP con Vox , ahora dice lo contrario. Cabe recordar que CC, aunque públicamente critica al partido de Abascal, a quien incluso ha llamado “auténtico fascista”, no le hace ascos al partido de ultraderecha si se trata de alcanzar el poder. Así, ha alcanzado acuerdos con Vox hasta en tres ayuntamientos de Canarias. El partido presidido por Fernando Clavijo confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario de CC en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, como ya hizo en 2023. En una entrevista con EFE, Cristina Valido cambia el discurso mantenido en las semanas previas para reconocer ahora que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidura, incluído al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada Agenda Canaria. “Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias”, afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus “líneas rojas” son los asuntos pendientes con el archipiélago. Atrás quedan las palabras de la propia Valido cuando afirmó el pasdao 10 de octubre que temía un Gobierno de PP con Vox (y eso que CC es aliado de ambos en las Islas) porque sería “ un riesgo” para Canarias . Apenas un mes después, la propia Valido ofrece el apoyo de CC a ambos. En estas elecciones, CC espera ampliar su base electoral gracias a su alianza con Primero Canarias, el partido fundado por relevantes alcaldes de Gran Canaria que abandonaron Nueva Canarias y crearon una nueva formación. La última encuesta del CIS, sin embargo, les da 0 escaños a ambos . En unos comicios en los que el nacionalismo canario participa dividido en hasta tres candidaturas (NC concurre en alianza con Podemos, Sumar e IU bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario, mientras que Drago lo hace en solitario), Valido expresa su confianza en que la suma con Primero Canarias permita a Coalición reforzar su representación en el Congreso, donde llegó a tener cuatro escaños durante tres legislaturas (entre 1993 y 2004). Desde entonces ha ido perdiendo paulatinamente apoyos. Para ello, se dirige a “todos los canarios”, incluidos aquellos que hasta ahora han votado a partidos de derechas o de izquierdas y, especialmente, a los ciudadanos desencantados con la confrontación entre los grandes partidos estatales, a cuyos diputados en Canarias Cristina Valido ve “sometidos” a directrices marcadas desde Madrid. Negociar con quien necesite los votos de CC En su balance de la legislatura, la diputada tinerfeña reivindica la capacidad de negociación de CC y defiende los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque está convencida de que habría perjudicado a las islas no haberlos suscrito. “No me arrepiento, porque creo que no haber llegado al acuerdo que llegamos hubiera perjudicado a los canarios”, señala Valido, quien cita entre los avances conseguidos la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida de los menores inmigrantes, la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para destinar capital a la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. Como principal decepción, señala el hecho de que no se haya presentado ningún proyecto de presupuestos generales del Estado, lo que entiende que ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas. Vivienda, turismo e inmigración Entre las propuestas que CC plantea está limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en esta comunidad, desde la constatación de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en las islas. Para la candidata, la solución al problema de la vivienda pasa también por incrementar la oferta de inmuebles, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para movilizar las viviendas vacías hacia el alquiler residencial. En materia turística, señala que Canarias no necesita seguir incrementando sus visitantes, de ahí la necesidad de establecer una capacidad de carga específica para cada isla, especialmente en el sur de Tenerife y Gran Canaria, lugares que ya han alcanzado su límite de crecimiento, en su opinión. La candidata del partido que más tiempo ha presidido el Gobierno de Canarias admite que los beneficios del turismo no llegan por igual a toda la población y alude a las dificultades económicas que persisten en las islas, donde se registran algunas de las tasas de pobreza más altas de España, pese a la mejora de los indicadores. Sobre el alquiler vacacional, valor la regulación impulsada por el Gobierno de Canarias y destacado que, desde su entrada en vigor, se han reducido en 5.000 las viviendas destinadas a esta actividad. Respecto a inmigración, demanda una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea para anticipar las llegadas y evitar el colapso de los servicios públicos en Canarias. También hace hincapié en la necesidad de incrementar la vigilancia marítima y reforzar los efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en Canarias para evitar que las embarcaciones lleguen a la costa sin ser detectadas. En cuanto a El Hierro, principal punto de llegada de los cayucos a Canarias, defiende instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga del hospital de la isla, así como establecer compensaciones económicas para los negocios afectados por la actividad migratoria. En el ámbito económico, reivindica una aplicación efectiva del Régimen Económico y Fiscal (REF) en las leyes estatales y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades de Canarias.
La formación de Abacal inicia en León una campaña que el vicepresidente de la Junta vaticina que será "sucia y con violencia", como la que "curiosamente solo sufre Vox en muchos actos"
El candidato republicano pone a Junts en el centro de su diana y les responsabiliza de "no posicionarse" ante el avance de la derecha: "Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas" Los partidos catalanes inician la campaña con el PSC en cabeza y Rufián y Colau peleando por el mismo espacio Gabriel Rufián ha decidido arrancar la campaña electoral desde Tarragona, donde ha subido al escenario a ritmo de rumba. La elección musical no ha sido casualidad y ha cobrado sentido cuando el candidato republicano ha citado a Los Chunguitos. La elección musical no ha sido baladí y ha tomado sentido en el momento en que ha recordado que los hermanos Salazar actuaron en un mitin electoral de Jordi Pujol en 1999. “Ese día, desde Nou Barris, Pujol dijo en castellano que Catalunya era diversa y que así tenía que ser. Y no pasó nada porque hablara de la migración en castellano. Yo quiero que vuelva esa derecha, la del seny y la que no presume de estar en el medio”, ha insistido Rufián, que ha dedidado buena parte de sus discursos a atacar a Junts. Durante este primer mitin de la campaña electoral, los republicanos han sacado a relucir diversas veces las declaraciones de Míriam Nogueras, que presume de estar “en el medio”, mientras el resto de partidos “han sido arrastrados por los extremos”. Ante estas afirmaciones, Rufián ha espetado a los juntaires que “estar en medio es ser colaboracionista de Abascal. La vida es tomar partido”. En este momento, Rufián ha adoptado su tono irónico para cantar la alineación de un posible gobierno conformado por el PP y Vox. “Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias. Para el resto de carteras ha situado a Herman Tersch de ministro de Consumo, a Isabel Díaz Ayuso en la de vivienda; en Defensa, a Ana Vázquez, ”la del spray “. ”Sabemos lo que harán, irán a por las pensiones, a por la educación y en contra nuestra“, ha expresado Rufián, que en seguida ha vuelto a cargar tintas contra Junts con una frase que ya había pronunciado antes: ”Malditos sean los patriotas que olvidan a sus compatriotas“. En esta línea, y siguiendo la estela de otras intervenciones durante la precampaña, ha sacado la bandera catalanista -que no independentista- para justificar por qué comparece a unas elecciones españolas de la mano de un partido no secesionista como es Podemos. ERC envió militantes a todos los frentes a combatir al fascismo. ¿Por qué no ahora?“, se ha preguntado el republicano, después de recordar cuando Companys animó a los madrileños ante el avance de las tropas nacionales. También ha echado mano del president Macià para reivindicar esa Catalunya diversa e insistir en que “no hay una sola manera de ser catalán”. Po eso, dice, ERC apela a quienes tengan sus prioridades en los ideales de “justicia, democracia y libertad”. “Si esos son vuestros principios, sois bienvenidos. Y ojalá algún día vengan también los Comuns”. De hecho, tan a un lado ha dejado el discurso independentista, que ha vuelto a resucitar la idea del “mientras tanto”. Así, en lo que Catalunya consigue la independencia, asegura que su papel será “obligar al PSOE a que ponga más pasta” porque “por mucho que le pongas a un tren una estación de Rodalies y un maquinista indepe , no llegará antes. Hay que poner pasta donde toca porque queremos competir con China mientras se olvidan de la clase trabajadora”. La cuestión de clase ha estado muy presente en el discurso de Rufián, que no puede obviar que no sólo compite con el electorado independentista que interpela Junts, sino que seguramente su principal rival está en los Comuns. Por eso han hecho suya la bandera de la lucha contra la especulación inmobiliaria y la idea de subir los impuestos a las grandes fortunas. “Vamos a freir a impuestos a quien quiera hacerse rico con la vivienda. Y os puedo asegurar que el concepto es nuestro”, ha apuntado Rufián, en referencia a unas declaraciones de Ada Colau, que se dirigió en estos términos a Cayetana Álvarez de Toledo. Si bien ha evitado enfrentarse abiertamente al Frente Amplio, Rufián sí ha insistido en la idea de que los ministros de Sumar no han sabido “presionar” al PSOE como lo hicieron los de Podemos, aunque ha querido reconocer que ninguno de ellos, “ni siquiera ERC, ha sido capaz de convencer al PSOE para que frenara la especulación y mejorara las condiciones de vida”. Rufián ha optado en este inicio de campaña por un tono beligerante que ha ido acorde con el lema escogido: Defensa't (Defiéndete); una propuesta que busca eludir al conflicto, a las consecuencias de un ascenso de la derecha y la ultraderecha. Ha apelado al voto con una metáfora muy ilustrativa: “Vienen momentos complicados. Y os lo plantearé con una pregunta: ¿Dejaríais las llaves de vuestras casas a Jordi Hereu para que las defendiera?”, ha cuestionado, en referencia al candidato por Barcelona del PSOE. “¿Y a mí?”. La ovación del público, encandilado por el tono épico de la última parte del discurso de Rufián, ha bastado como respuesta. Catalanismo y bandera de clase ERC, que antaño centraba sus discursos en la cuestión nacional ha rebajado mucho el tono. Prueba de ello ha sido un Junqueras algo incómodo cuando, al acabar su intervención, los asistentes han empezado a corear “independència”. El presidente de la formación ha seguido a sus acólitos de manera tímida, igual que lo ha hecho Rufián desde el público. En cambio, la secretaria general, Elisenda Alamany, no ha movido los labios. Ella ha hecho gala de un discurso muy enfocado en las condiciones materiales y ha hablado de “generaciones que no conocen otra cosa que las crisis”. Ha puesto el foco en la vivienda y en los “beneficios de las grandes empresas”. Con la vista puesta en disputar votantes al Frente Amplio, ha disparado contra las élites y ha afeado que las decisiones las tomen “los que pisan moqueta, los que tienen apellidos compuestos y no han trabajado en su puñetera vida. Tenemos que defendernos de esa gentuza”, ha dicho Alamany que, de hecho, empezó su carrera en las listas de los Comuns. Junqueras, por su parte, ha puesto el apunte global, mirando a las recientes victorias de la izquierda en Estados Unidos, Israel, Brasil, Polonia o Serbia. “Es que se parece a nosotros está ganando a la amenaza internacional reaccionaria”, ha afirmado, sumándose al carro de las formaciones de izquierdas que se quieren reflejar en figuras como las de Lula o Abdul El-Sayed. “El PSOE arrastra los pies y los Comuns no sirven porque son de una dejadez infinita. Nuestra apuesta no es de sopa de letras ni de repartición de sillas. Nuestra mayoría amplia es con la gente y es a ellos a quienes pedimos colaboración”, ha dicho Junqueras, intentando espantar al fantasma del fracaso en la negociación de una candidatura unitaria que tanto ha perjudicado a las formaciones de izquierdas en las encuestas.
El Partido Popular y Vox tienen muy poco que negociar en materia de medios si el 29N suman mayoría absoluta. Han votado juntos en el Congreso, dos veces, en contra de la habilitación que necesita la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para aplicar en España el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), y el PP se convirtió, en la legislatura que acaba de concluir, en el principal obstáculo para la ley que desarrollaba el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), las dos normas con las que la Unión Europea quiere proteger el pluralismo informativo y vigilar a las grandes plataformas. Y eso que los eurodiputados de Alberto Núñez Feijóo votaron a favor de ambas en Bruselas. El EMFA salió adelante en el Parlamento Europeo en marzo de 2024 por 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones. El Partido Popular Europeo, la familia política del PP, lo respaldó sin fisuras. Vox, en cambio, votó en contra, como la mayoría del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el que entonces se integraba su partido. La DSA había seguido un camino parecido en julio de 2022, cuando se aprobó con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado popular Pablo Arias, que coordinó la posición de su grupo en ese expediente, llegó a celebrarla como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. En Madrid, en cambio, el PP ha votado lo contrario en las dos ocasiones en que ha podido hacerlo . El 22 de enero de 2025, PP, Vox y Junts tumbaron el Real Decreto Ley 9/2024, un decreto ómnibus que, junto a la revalorización de las pensiones, daba a la CNMC los poderes que exige la DSA. El 14 de abril de 2026, los mismos tres grupos rechazaron, por 174 votos frente a 163, una proposición de ley socialista dedicada solo a esa habilitación. El PP sostuvo que dar esas competencias a la CNMC equivalía a crear un instrumento de censura política. El EMFA se aplica en toda la Unión desde el 8 de agosto de 2025 y obliga, sin necesidad de ley nacional, a que cada medio publique quién es su propietario y cuánto dinero público recibe por publicidad institucional. Otras de sus exigencias sí necesitan desarrollo legal, como el registro estatal de propietarios de medios o los poderes y recursos de la CNMC para supervisarlo, y el proyecto de ley que debía regularlos nunca salió del Congreso . En septiembre, el vicepresidente de la CNMC, Ángel García Castillejo , propuso negociar un real decreto ley para sortear el bloqueo. Sin citar al PP, calificó de “ejercicio antipatriótico” la actitud de quienes apoyaron la norma en Europa y ahora se oponen a ella en España. El reglamento cuya aplicación bloquea la derecha no se limita a los medios públicos. Obliga a todos los medios a hacer público quién es su propietario y exige que la publicidad institucional se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios paga y cuánto. Esa obligación alcanza de lleno a una herramienta que los gobiernos autonómicos del PP —y de Vox— llevan años manejando con discrecionalidad, como han documentado las investigaciones de infoLibre sobre la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que premia a los medios afines, incluidas webs propensas a los bulos, y deja fuera a los críticos. La contradicción es aún más visible en la televisión pública. Cuando el PP promovió en el Senado una comisión de investigación sobre RTVE, la corporación respondió el 30 de marzo invocando por primera vez el artículo 4.2 del EMFA , que prohíbe a los Estados y a sus autoridades interferir en las decisiones editoriales de los medios. RTVE sostuvo que la iniciativa se asemejaba “a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación” y podía “generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”. Lo cierto es que el artículo 5 del reglamento establece una barrera para cualquier Gobierno de PP y Vox que quisiera relevar a la dirección de RTVE, porque exige que el nombramiento y la destitución de los directivos de los medios públicos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios” y que sus mandatos no coincidan con las legislaturas. La misma obligación alcanza a las televisiones autonómicas, aunque ningún gobierno autonómico se ha dado todavía por aludido. Los programas electorales con los que PP y Vox concurren el 29N confirman que la televisión pública es uno de los primeros asuntos de los que se ocupará un gobierno compartido. El PP se ha comprometido a iniciar “en los primeros cien días” la reforma de RTVE y de la agencia Efe “para recuperar su independencia”. Vox propone “limpiar RTVE de comisarios políticos” y someterla a una “reforma integral”. Ninguno de los dos documentos menciona el EMFA, la DSA, la publicidad institucional ni la desinformación, y por supuesto ni siquiera hacen referencia a que cualquiera de los relevos que promete en RTVE tendría que ajustarse a las condiciones que fija el artículo 5 del reglamento europeo. El programa del PP incluye además promesas que coinciden con lo que el EMFA ya exige. Garantiza “la libertad de prensa, el pluralismo informativo y la independencia de los medios de comunicación frente a cualquier injerencia del poder político” y promete reforzar “la protección de los periodistas, de sus fuentes y del secreto profesional”, la materia del artículo 4 del reglamento pendiente de desarrollo. También anuncia un marco común de gobernanza para reguladores como la CNMC, cuyos máximos responsables serían profesionales independientes que no hayan ejercido recientemente cargos políticos, la condición que el PP puso en abril para negar al organismo los poderes de la DSA. Vox completa su oferta en este capítulo con una sola medida: garantizar la libertad de expresión “frente a la deriva censora del Gobierno de Sánchez”. Donde PP y Vox sí discrepan, y estarán obligados a negociar, es en la protección de los menores en internet. El proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales , que finalmente ha decaído con el adelanto electoral, puso de manifiesto esa discrepancia. Vox siempre ha considerado la protección de los menores una “coartada” para imponer un relato único. Cuando Pedro Sánchez anunció en Dubái, el 3 de febrero, que España prohibiría las redes sociales a los menores de 16 años y obligaría a las plataformas a verificar la edad con sistemas eficaces, Abascal le acusó de “anunciar la censura en las redes sociales”. Los programas mantienen esa distancia. El del PP establece que ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y que hasta los 16 necesitará autorización de sus padres, la fórmula del proyecto original del Gobierno y no la prohibición hasta los 16 que anunció Sánchez. Añade que “los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios” y que las plataformas que incumplan serán sancionadas en proporción a su facturación. El de Vox, en cambio, se limita a prometer que protegerá a los menores de “los riesgos presentes en los entornos digitales”, como la adicción al juego o la pornografía, sin edad mínima ni sistema de verificación. La inteligencia artificial aparece en los dos documentos solo como herramienta económica, con un cheque de formación para cada trabajador en el caso del PP y como “motor de desarrollo de la economía nacional” en el de Vox. No como una amenazapara los medios o para la democracia.
La Consejería de Cultura ha remitido a los solicitantes el documento que deben firmar si quieren acceder a las ayudas La compañía de 'Federico' denuncia a la Consejería de Cultura de Castilla y León por la cancelación de la obra por “motivos ideológicos” La cruzada ideológica de Vox con las iniciativas culturales en Castilla y León ha dado una vuelta de tuerca. En la convocatoria de ayudas para cortometrajes de 2026 que convoca la Consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico, se ha incluido una cláusula relativa al “adoctrinamiento ideológico” que se complementa ahora con un requerimiento 'antiideológico' que reciben los solicitantes de la subvención. En concreto, se les obliga a firmar una declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que se comprometen a “no realizar actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. El plazo para firmarla es de cinco días hábiles desde el día siguiente a su recepción. La Orden de 7 de octubre de 2026 de la Consejería de Cultura , Turismo y Deporte contempla en su apartado 10 que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Este punto no queda en una mera declaración de intenciones, porque obligan a los solicitantes a firmar un compromiso, un detalle que no aparece en la orden. El compromiso dice literalmente que “en caso de resultar beneficiario de la subvención, de desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, sin llevar a cabo ninguna actuación que implique adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”. Requerimiento que se hace a los solicitantes de subvenciones para cortometrajes. Lo llamativo es que la Consejería no establece criterios para determinar qué es ideologizar y qué no o qué es neutral o no lo es en un cortometraje. Tampoco se precisa quiénes van a ejercer de 'censores' a la hora de decidir qué cortometrajes pasan el corte. La remisión de ese requerimiento ya ha provocado cierto temor en el sector, por entender que con dinero público se puede condicionar la libertad creativa y de expresión. La orden sobre los cortometrajes es igual que la que afecta a los largometrajes . La sombra de Vox es alargada, y hace unas semanas retiró de la programación una obra sobre Lorca de la compañía Proyecto 43-2. Ante la sospecha de motivos ideológicos, los integrantes de la compañía presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid , que no se ha pronunciado por el momento. Díaz Pico, que considera que la cultura en Castilla y León es “sectaria”, ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y ha trabajado como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026. Los últimos cuatro años estuvo Gonzalo Santonja al frente de Cultura, tras ser colocado por Vox en 2022. Santonja consiguió mantenerse en el cargo tras la marcha y expulsión de los consejeros de Vox en 2024.
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"Si sigue Pedro Sánchez al frente del gobierno, no va a haber soberanía que defender ni patria que nos alimente, nos envuelva, nos abrigue y que nos proteja", ha afirmado, y ha asegurado que su partido percibe un creciente descontento entre los ciudadanos y ha situado el 29 d ...
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