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'Fergie' Chambers niega haber financiado organizaciones terroristas palestinas y denuncia una persecución política de EEUU (se abre en una pestaña nueva)

La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.

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'Fergie' Chambers niega haber financiado organizaciones terroristas palestinas y denuncia una persecución política de EEUU (se abre en una pestaña nueva)

La defensa del activista propalestino señala en la vista de extradición ante la Audiencia Nacional que hay defectos formales en la reclamación de EEUU El activista propalestino norteamericano James 'Fergie' Cox Chambers se ha desvinculado este viernes durante la vista de extradición que se ha celebrado ante la Audiencia Nacional de cualquier acción de protesta violenta y ha señalado que todos los fondos que destinó a la causa palestina iban destinados a asociaciones de estudiantes palestinos, a organizaciones sanitarias, y a organizaciones de presos palestinos. En el interrogatorio al que le ha sometido su propia defensa ha recalcado que desde la fundación que creó siempre se llevó un proceso riguroso de verificación para que esos fondos, se habla de un total de 7,2 millones de euros, no fueran a entidades prohibidas o sancionadas por EEUU. En esta vista, en la que el activista ha vuelto a incidir en que se niega a ser extraditado a los EEUU, la defensa ha acusado a las autoridades norteamericanas de mala fe procesal y ha presentado una pericial económica para sostener la legalidad de las diez transferencias que realizó de fondos propios a sus cuentas de Túnez cuando se mudó a vivir a ese país y que son cuestionadas como financiación para organizaciones vinculadas a Hamás. Sobre los hechos por los que es reclamado -se habla de que participó en protestas y las alentó desde una posición de coordinador-, el propio Chambers ha explicado que participó en una serie de protestas ante la mercantil israelí Elbit Sistems, dedicada a la fabricación de armamento. Su acción se resume en, por un lado, atarse a la puerta de esa empresa con un candado de bici para bloquear el acceso; y por otro lado, a manifestarse junto a un millar de personas para cortar el acceso a otra de las sedes de esa compañía. En este sentido, ha enfatizado que la organización que impulsaba esas protestas, Palestine Action, no tenía ningún tipo de sanción ni era prohibida por EEUU. Además, ha recalcado que si pagó las fianzas de personas que participaron en esas protestas propalestinas fue porque en su país se imponen fianzas elevadas en contra manifestantes como método de represión. “Llevo tiempo haciéndolo”, ha explicado para añadir que también pagó fianzas de manifestantes detenidos en protestas tras la muerte de George Floyd. Por su parte, su letrado ha enfatizado que los hechos no tienen encaje en delitos relacionados con el terrorismo -“el Ministerio Público no puede crear un grupo terrorista que ni EEUU ve”- y, por tanto, las protestas y la conspiración para la protesta no llega a los mínimos de pena exigidos para que se dé luz ver de a la extradición. “Claro cariz político” Al hilo, ha añadido su defensa que se han dado varias irregularidades en el proceso de extradición, como que no exista contra Chambers una acusación formal ante un Gran Jurado en el que se concreten los cargos, o que se realizara una entrada y registro en su domicilio sin avisar a su abogado, o que se enviara su móvil a EEUU. Y ha incidido en que existe en este caso concreto “un claro cariz político”. Por su parte, el fiscal del caso, Juan Hernández Villalba, se ha ratificado en su informe en el que indica que se cumplen los requisitos para la extradición. Y, ante los magistrados, ha explicado que si bien la defensa ha combatido los hechos uno a uno, los ha fragmentado y reinterpretado aisladamente. “Pero lo importante es la valoración conjunta”, ha explicado, para añadir que la reclamación americana no tiene base en una ideología política sino en unos hechos que presuntamente generaron daños materiales en una empresa concreta y que los hechos analizados revelan “una estructura estable destinada a acciones ilícitas” que va acompañada de movimientos de fondos destinados al apoyo de asociaciones terroristas. Cabe recordar que en su informe previo, el fiscal indicaba que los hechos que se le imputan en el país norteamericano casan con los delitos del Código Penal español de financiación del terrorismo, daños y desórdenes públicos terroristas e integración en grupo terrorista. El Ministerio Público señalaba que se cumplen los requisitos para que Chambers sea extraditado: existe la doble incriminación (que los hechos sean delito en ambos países), las penas que acarrean esos delitos superan el año de prisión, los hechos no han prescrito, y el delito por el que se solicita la extradición “no es de carácter político ni militar”. En el relato de hechos que recoge el informe, haciéndose eco de los motivos por lo que EEUU le reclama, se indicaba que, una vez que salió de su país, Chambers realizó una decena de transferencias entre marzo de 2024 y abril de 2025 desde Bank of America al Banque Internationale Arabe de Tuni (Túnez). Recalca que el activista, que dispone de una fortuna familiar, “tenía intención de usar tales fondos para promover (...) acciones violentas que beneficiaran al grupo terrorista Hamás. Además, aclara que sus declaraciones públicas se demuestra que era consciente del riesgo de emplear su dinero para dar apoyo material a Hamás aunque fuera a través de supuestas organizaciones benéficas. En el turno de última palabra, Chambers ha indicado que no comprende por qué ha cumplido prisión provisional en España por esta reclamación, y ha señalado que se perdió el funeral de su abuela, que su hijo pregunta por él, que su mujer da a luz en marzo... y que todo esto ha ocurrido sólo “por levantar la voz teniendo más dinero que el que tenían otras personas que también protestaban contra esta ignominia” -en referencia al genocidio perpetrado por Israel en Palestina-. Tras esto, el tribunal ha dado por concluida la vista y el activista se ha dirigido sensiblemente emocionado a su familia, que ha asistido al acto público. Tras la resolución por auto del tribunal, y en caso de que dé la razón al fiscal y acuerde la extradición, la defensa de Chambers aún podría presentar un recurso de súplica -si alega violación de derechos fundamentales- o un incidente de nulidad ante la Audiencia Nacional. Una vez que se agote esa vía podría recurrir en amparo al Constitucional (aunque ese proceso no sería suspensivo de su entrega). En paralelo, se dilucida si se le concede el asilo que ha solicitado, lo que paralizaría esa extradición. Y siempre puede ocurrir que quien tiene la última palabra, el Gobierno, decida que no se le entrega a EEUU.

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Feijóo añade Vivienda a Igualdad en los ministerios que eliminará si gobierna y asegura que hay carteras que vetará para Vox (se abre en una pestaña nueva)

El líder del PP insiste en sus mentiras sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado, pone en duda su promesa de bajar impuestos, plantea un recorte de 12.000 millones en bajas laborales, asegura que el abogado del PP apartado tras supuestamente reunirse con Koldo "no llevaba los asuntos penales" del partido y defiende la compra del ático para "oficinas" de Ayuso: "Me parece normal, siete millones no es nada" Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' El candidato del PP en las elecciones del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que, si gobierna, eliminará el Ministerio de Vivienda. Es el segundo departamento que señala expresamente que quiere cerrar, después de decir que lo hará con el de Igualdad . Feijóo lo ha explicado durante una entrevista con el 'podcaster' Jordi Wild en la que ha dicho que hay comunidades del PSOE que no tienen Consejería de Igualdad, como Asturias. Algo que es falso: la vicepresidenta de la Junta, Gimena Llamedo, es también ministra de Igualdad. Una mentira que, como las demás, han pasado por alto los “verificadores” del entrevistador. Feijóo ha participado en la entrevista durante cerca de hora y media en la que se ha abordado de inicio la alianza que tendrán que suscribir PP y Vox para gobernar tras el 29N, según apuntan casi todas las encuestas. Feijóo ha justificado su posible pacto con el partido ultra en que “tiene muchos más votos y mucha más expectativa electoral que toda la izquierda junta, excluido el PSOE”. Una afirmación que es solo media verdad si se tienen en cuenta los datos de las elecciones generales de 2023. Entonces, Vox sacó 3,057 millones de votos. Sumar, 3,044. Sumados los demás partidos de izquierdas de ámbito autonómico, el partido de Abascal queda muy atrás. Feijóo no ha revelado qué ministerios plantea entregar a Vox llegado el caso, pero sí ha dicho que algunos están vetados para los de Abascal. “Hay ministerios de Estado que entiendo que deben de tener una preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento, no tenga ninguna duda”, ha afirmado, aunque sin especificar cuáles. Preguntado si hay ministerios “intocables” para Vox, ha respondido: “Claro que lo tengo”. Pero además de los llamados “ministerios de Estado” (que suelen incluir Exteriores, Interior, Defensa o Justicia), Feijóo ha vetado a Vox para Hacienda. “O tienes experiencia en hacer Presupuestos Generales del Estado, o tienes equipos”, ha afirmado, para negar que se pueda “llegar al Ministerio de Hacienda a aprender”. Con todo, Feijóo ha dado por hecho que pactará con Abascal lo que sea necesario para alcanzar la Moncloa, tras el fallido intento de 2023. Dudas sobre la bajada de impuestos El candidato del PP ha puesto también en duda su propia promesa de una bajada generalizada de impuestos. “Yo he dicho que tenemos que bajar los impuestos”, ha afirmado, a lo que el entrevistador ha replicado: “¿Tenéis o los vais?”. Feijóo ha contestado: “Mi planteamiento es clarísimo, bajar los impuestos. Pero también digo, yo necesito explicar a los españoles cómo es el estado de las cuentas en mi país”. “Tengo muchas dudas. No me creo los datos”, ha afirmado. Feijóo pone así en duda a los organismos del Estado que controlan la ejecución presupuestaria y que analizan la marcha de la economía para certificar los niveles de ingresos, gastos, deuda y déficit, como pueden ser la Airef, el Banco de España o el INE. El líder del PP ya ha puesto en el pasado en duda a estas instituciones públicas. “Creo que hay una ocultación de gasto”, ha insistido. “Creo que hay una serie de compromisos plurianuales que desconocemos”, ha afirmado. “Viene hoy en los medios de comunicación que el Gobierno lleva adjudicado en los últimos consejos de ministros unos 18.000 o 19.000 millones en gasto de Defensa”, ha añadido. Feijóo no ha querido asumir cuál será su gasto en Defensa, después de que España haya alcanzado ya el 2% del PIB , tal y como se comprometió Pedro Sánchez con la OTAN. EE UU exige que España llegue al 5%, una cifra que Feijóo no ha descartado, pero a la que tampoco se ha comprometido. Pensiones: “No tenemos previsto ampliar la edad de jubilación” El candidato del PP ha reiterado su promesa de revalorizar las pensiones conforme al IPC, algo a lo que obliga una ley que el PP rechazó en el Congreso. “El objetivo es buscar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que todavía no las cobran”, ha afirmado Feijóo, quien no ha expuesto qué modelo quiere implantar para lograr dicho objetivo. Feijóo ha puesto en duda la sostenibilidad del actual sistema al afirmar que “aproximadamente estamos hablando de unos 50.000 millones, más o menos, que se transfieren de impuestos a pensiones”. Y ha dado pistas de cuáles son sus planes, de forma inconcreta: “Pretendo decirle a un señor con 67 años que, si quiere trabajar, le facilito el cobro parcial [de la pensión], compatible con el sueldo”. Sobre la actual edad de jubilación, Feijóo ha afirmado que 67 años le parece “una edad razonable”. “No tenemos previsto ampliar obligatoriamente la edad de jubilación después de los 67”, ha añadido. Preguntado por la falta de concreción, el líder del PP ha dicho que intenta “ser honesto en las contestaciones”, y ha zanjado: “No vamos a ampliar la edad de jubilación. Y punto”. Recorte de 12.000 millones en bajas laborales Feijóo ha insistido además en sus críticas al supuesto alto “absentismo laboral” que hay en España. El líder del PP ha reiterado el dato de que “cada día, un millón de personas no acuden a su puesto de trabajo”. Una información que no es oficial, sino extraída de un informe de la empresa de trabajo temporal Randstad, y que aglutina todo tipo de ausencias: bajas médicas, permisos por nacimiento o cuidado de menores, asistencia a juicios o funerales, enfermedades, operaciones, y un largo etcétera. El candidato del PP lo ha metido todo en el mismo saco, y ha afirmado que el coste son “20.000 millones de euros”, sin aportar la fuente de su afirmación . Como durante toda la entrevista, los supuestos “verificadores” contratados por Jordi Wild han permanecido en silencio. “Yo no digo que todo sea fraude”, ha dicho Feijóo. “Lo que sí digo es que la sociedad española no está enferma si es trabajador por cuenta propia y sí [cuando] es trabajador por cuenta ajena”, ha añadido, dando a entender que los empleados se cogen bajas falsas porque los autónomos faltan menos al trabajo. El líder del PP ha afirmado que el absentismo en los autónomos es del 4%. Los “verificadores” han intervenido por primera y única vez para bajarlo al 1%. Nadie ha explicado que los autónomos están englobados dentro de la CEOE, la patronal de los empresarios. Feijóo ha insistido en que muchas de las bajas médicas son falsas, y ha puesto en duda a los trabajadores de los servicios sanitarios públicos. “Hay absentismos del 12%, del 13, del 14%”, ha dicho. “Todo el mundo conoce al médico si trabajas en un servicio de salud, ¿no?”, ha insinuado. “Ahí tenemos 10.000, 12.000 millones para las pensiones”, ha concluido. Es decir, que Feijóo plantea un recorte de hasta 12.000 millones en compensaciones de bajas laborales que, ha afirmado, se destinarán a pagar jubilaciones. Feijóo también ha planteado un recorte en el ingreso mínimo vital. Una vez más, ha dado datos falsos sin aportar la fuente. “La información que nos han trasladado es que hay medio millón de inmigrantes cobrándolo sin haber trabajado una sola hora en el último año”, ha afirmado. Los datos oficiales de la Seguridad Social indican que más del 80% de los perceptores son españoles, y dos de cada tres han trabajado en el último año. La entrevista no ha abordado con mucho ahínco el asunto de la inmigración, pero Feijóo ha tenido tiempo de decir otra falsedad que los “verificadores” de Jordi Wild han pasado por alto. El líder del PP ha planteado la opción de levantar centros de deportación de personas migrantes en terceros países, algo que ha fallado en el pasado y que no se ha logrado poner en marcha en ningún país. Pero Feijóo ha afirmado que Italia sí lo está haciendo. “Yo creo que en Italia ha funcionado”, ha dicho. “Por lo menos ha funcionado parcialmente”, ha añadido. Pero la realidad es que los centros de deportación de Italia a Albania han sido bloqueados por los tribunales. Marcial Dorado: “Prefiero esta foto a la colección” de Sánchez Jordi Wild ha preguntado a Feijóo por su larga amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, y por las muchas fotografías de los viajes y encuentros de ambos. El líder del PP ha insistido en el argumento que ya dio en 2023, cuando justificó su desconocimiento en que entonces “no había internet ni Google” . “Conocí a esta persona en un contexto político y no había nada de narcotráfico. Se había dedicado y había tenido contrabando de tabaco. Que yo sepa, se le imputan asuntos de narcotráfico tres años después de que dejara de tener relación”, ha contestado por la famosa imagen de ambos en el yate, fechada en 1995. Según su relato, dejó de tener relación con él años después, cuando se enteró de que “tenía todavía un juicio pendiente por contrabando”. Pero la realidad es que esa amistad tuvo lugar cuando Dorado ya aparecía de forma habitual en informaciones periodísticas y estaba implicado en procesos judiciales por actividades relacionadas directamente con el narcotráfico. Antes de que Feijóo se subiese a su yate, Dorado había sido uno de los detenidos en la Operación Nécora, que dirigió a partir de junio de 1990 el juez Baltasar Garzón y fue la primera gran redada contra el narcotráfico en Galicia. Salió absuelto, pero su cara aparecía habitualmente en los telediarios. Dorado también apareció en los periódicos a raíz de la Operación Peseta Connection, una investigación internacional en la que participaron las policías de Francia y Suiza que perseguía a una red de blanqueo de capitales en Europa. Una vez más, los verificadores han pasado por alto sus afirmaciones. Feijóo incluso ha puesto en duda que Dorado y él fueran amigos. “¿Amigos? Ahí lógicamente alguien habrá hecho esa foto, ¿no? No estábamos solos, ¿no?”, ha cuestionado. “Es curioso que en esas fotos no salga nadie más. ¿A ti qué te... no te sorprende?”, ha deslizado, sin explicar a qué se refiere exactamente. El líder del PP ha pasado al ataque y ha reprochado las fotografías de Pedro Sánchez con, por ejemplo, el condenado Víctor de Aldama. “Cada uno es responsable de sus fotos, yo prefiero tener esta”, ha zanjado. El abogado del PP y Koldo Feijóo ha respondido también sobre la supuesta reunión mantenida entre el jefe de los abogados del PP, Alberto Durán, y el también condenado Koldo García, quien afirma que el representante del partido le ofreció un millón de euros por testificar contra Pedro Sánchez. Feijóo no ha negado la reunión. “Es evidente que [entre] los abogados hay contactos, lo normal”, ha dicho, para sostener que “Cuca [Gamarra] es la que lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales” y que ella “tenía conocimiento de que el abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes”, como por ejemplo “los de Koldo o Aldama”. Pero Feijóo ha rebajado mucho el papel de Alberto Durán dentro del PP , pese a que fue durante años jefe de los servicios jurídicos y director del área de cumplimiento normativo. “Es un abogado del partido que, con carácter general, no llevaba los asuntos que afectaban a temas penales en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha afirmado, pese a que Durán ha sido el representante del PP en el propio 'caso mascarillas' o en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. En el pasado llegó a estar procesado por participar en la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. “No hay ofrecimiento de dinero de mi partido a nadie”, ha dicho Feijóo. “No tiene autorización nadie para ofrecer un euro del PP”, ha añadido. También ha criticado que se dé veracidad a Koldo, pese a que él mismo lo hizo en el pasado. De hecho, llegó a utilizar en público contra el Gobierno las declaraciones del exasesor de José Luis Ábalos en OkDiario. La web de Eduardo Inda fue quien pagó la defensa de Koldo . El ático de Ayuso, lo “normal” Feijóo también ha entrado en el tema del ático adquirido por la Comunidad de Madrid para, supuestamente, alojar temporalmente las oficinas de la Presidencia que ocupa Isabel Díaz Ayuso. El líder del PP ha reiterado que fue informado previamente de manera informal, pero ha rebajado mucho la importancia de la adquisición y del gasto. “Si tuviésemos tiempo de contar en qué hemos metido siete millones de euros en España”, ha ironizado. “Si eso no es nada”, ha afirmado sobre el estipendio. “¿Sabes cuánto cuesta el alquiler de los lectores de los DNIs digitales para estas elecciones?”, ha cuestionado, sin desvelar que es su partido quien ha pedido que se pongan dichos lectores. “¿Cuánto?”, ha preguntado Jordi Wild. “Que te lo digan los supervisores”, ha zanjado Feijóo.

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Mecánicos de Renfe y controladores de Adif coinciden: "El mantenimiento lo hacen subcontratas que tienen una formación nefasta" (se abre en una pestaña nueva)

Dos accidentes ferroviarios en nueve meses han dilapidado la confianza de los españoles en el servicio de alta velocidad. Una rotura de un carril y la caída del sistema LZB de seguridad han sido el origen de ellos. Pero el origen sólo ha sido un síntoma: ¿estamos invirtiendo lo suficiente? Y, sobre todo, ¿se está invirtiendo bien? Los millones . Concretamente, 4.700 millones de euros. Ese es el dinero que invirtió Adif en 2025 en las vías españolas. Es la cifra más alta de su historia. Pero si uno rasca un poco verá que la cifra esconde algunos problemas evidentes: apenas 437 millones de euros se dedicaron a mantener la alta velocidad. El grueso de las inversiones se lo llevó la construcción de nuevas vías. La cifra es todavía más llamativa si tenemos en cuenta que, según datos de Geotren , en 2005 se invirtieron en mantenimiento 116.329 euros/km. El año pasado el gasto fue de 110.000 euros/km. La cifra es ya de por sí inferior pero si actualizamos los datos de 2005 a 2026, son más alarmantes. Hace 2o años se invertía en España el equivalente actual a 183.920 euros/km, casi 70.000 euros más. En Xataka Adif invirtió 4.700 millones de euros en 2025 pero sólo 437 millones se dedicaron a mantener la alta velocidad La liberalización . "En los años 90 circulaban seis trenes al día entre Madrid y Sevilla (...) hoy circulan 289 trenes". Las palabras son de Óscar Puente el pasado verano cuando todavía era Ministro de Transportes. El entonces máximo responsable de transportes aseguraba en X que antes un problema apenas tenía consecuencias en el tráfico pero que "hoy cuando hay una incidencia tienes 25 trenes en ambos sentidos en un radio de una hora". A principios de 2026, antes del accidente de Adamuz (Córdoba) supimos que el tráfico ferroviario se estaba disparando en España. En las siete rutas principales, que conectan Madrid con Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Galicia y Asturias el aumento de pasajeros había alcanzado picos de hasta el 66% en los últimos tres años... sólo con Renfe . En 2021 viajaron 12 millones de personas en la alta velocidad española. En 2025, la cifra alcanzó 44,5 millones de personas . Todos los corredores liberalizados, salvo el Madrid-Barcelona, crecieron en número de pasajeros. En Xataka Maquinistas y controladores coinciden: "El LZB es seguro pero está obsoleto, los fallos de transmisión son habituales" El estrés . Este aumento del tráfico tiene, evidentemente, una consecuencia en el estrés al que se enfrentan las vías. Tras el accidente de Adamuz (Córdoba), expertos del Consejo General de Ingenieros Industriales explicaron a Xataka que la rotura de una vía se puede deber a la imperfección en su instalación o un problema con el materia y que el número de ciclos al que es sometido el raíl incide directamente sobre su vida útil. También desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) confirmaron que las pequeñas imperfecciones provocaban vibraciones en los trenes y que, evidentemente, a mayor paso de trenes más imperfecciones y más consecuencias tiene sobre el confort de los pasajeros. Ese aumento del estrés en las vías es lo que ha alegado Talgo para defenderse por las grietas que han sufrido sus trenes AVRIL. Y con el aumento de los trenes también aumenta la presión sobre los sistemas de seguridad. Cuando el sistema LZB cayó en Urda (Toledo) , seis trenes quedaron completamente detenidos sobre las vías. Eso implicó que el CRC de Atocha desde el que se controla el tráfico ferroviario en esa vía trabajara al límite . Y es que el número de trabajadores en el control es el mismo antes y después de la liberalización. En Xataka Óscar Puente, ministro de Transportes: "El sistema LZB se ha caído 170 veces este año, está dentro de la normalidad europea" Y la falta de personal . España es el segundo país del mundo con más vías de alta velocidad. Ha crecido el número de kilómetros. Ha crecido el tráfico ferroviario. Ha crecido el número de pasajeros. Pero no ha crecido el número de trabajadores. Raquel Ayllón, controladora ferroviaria, señalaba a Xataka que en el CRC de Atocha no podían ni ir al baño por la falta de personal. Pero también ponía el foco en la infraestructura. "Los trabajos de mantenimiento. Antes eran exclusivos de Adif. Ahora se ha exteriorizado. Subcontratas que tienen una formación nefasta, no saben decirte prácticamente ni dónde están", explicaba. Y ponía como ejemplo el fallecimiento de un trabajador de una empresa subcontratada por Adif que fue arrollado por un tren de mercancías el pasado mes de abril. "No tienen una buena noción del protocolo", recalcaba Ayllón. Raquel Ayllón, controladora ferroviaria y portavoz de SCF: "El CRC de Atocha tiene una cantidad de trabajo inhumana, no se podía ni ir al baño" También en los talleres . Esa falta de personal también se evidencia en los talleres. Mario Fuentes, mecánico de Renfe en el taller de Salamanca, asegura a El Español que desde la liberalización de las líneas se ha extendido la privatización en el mantenimiento de los trenes. Desde que entré en 2021 se estaba externalizando, pero últimamente va a pasos agigantados. A principios de año, en Renfe Mantenimiento teníamos en dotación a nivel nacional unas 83 u 84 locomotoras de mercancías de la serie 3000. Ahora, quitando unas cinco o siete que mantendrá Renfe, el resto han pasado a la empresa privada tras sacar una concesión. Con los vagones de mercancías ha pasado igual: el taller de remolcado de Miranda de Ebro, donde yo empecé, cerró hace unos meses porque ya no había trabajo. Las bases pequeñas como Salamanca nos hemos quedado prácticamente sin ese mantenimiento diario porque se ha privatizado la gestión. En Xataka Burgos ante la paradoja ferroviaria española: Renfe es un servicio público pero rechaza poner más trenes por su baja rentabilidad Renfe contra Ouigo e Iryo . En esta externalización en el mantenimiento de los trenes también hay que tener en cuenta el aumento de la carga de trabajo. Renfe hace tiempo que protesta por su obligación de prestar sus instalaciones para que Ouigo e Iryo hagan sus labores de mantenimiento. La compañía asegura que sólo tienen permitido hacer intervenciones de mantenimiento ligero pero que, en su lugar, están haciendo labores de mantenimiento pesado . La CNMC ha obligado a Renfe a que preste sus instalaciones porque considera que no hacerlo daña la competitividad entre los operadores pues Ouigo e Iryo deberían mandar sus trenes a Francia e Italia , respectivamente. Foto | eldelinux En Xataka | España necesita recuperar la confianza en sus trenes y cerrar dos años el AVE Madrid-Barcelona se postula como el primer paso - La noticia Mecánicos de Renfe y controladores de Adif coinciden: "El mantenimiento lo hacen subcontratas que tienen una formación nefasta" fue publicada originalmente en Xataka por Alberto de la Torre .

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Una red de estafas bancarias telefónicas defrauda más de 140.000 euros y salpica a Ciudad Real: hay dos detenidos (se abre en una pestaña nueva)

Una organización criminal dedicada a estafas bancarias telefónicas ha sido desarticulada por la Guardia Civil en una operación con dos detenidos y nueve investigados por defraudar más de 140.000 euros en distintos puntos de España, también en la provincia de Ciudad Real. Los agentes del puesto de Torrox-Algarrobo (Málaga) han esclarecido nueve delitos y los … La entrada Una red de estafas bancarias telefónicas defrauda más de 140.000 euros y salpica a Ciudad Real: hay dos detenidos se publicó primero en infoCLM .

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Detenido en Jaén por formar parte de una red de estafas a clientes de bancos (se abre en una pestaña nueva)

VÍDEO Agentes de la Policía Nacional han detenido a 43 personas en España que, presuntamente, habían estafado a más de 130 víctimas simulando ser el departamento antifraude de sus entidades bancarias, ocasionando un perjuicio superior a 1.140.000 euros. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales y, además, hay otras 13 personas a las que se ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados. La investigación se inició hace un año cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una aplicación de mensajería privada donde, a través de diferentes canales, grupos criminales se organizaban para realizar estafas con identidades ficticias, cada uno desempeñando un rol concreto, permaneciendo en el anonimato para dificultar ser identificados. La persona que creaba el grupo solía ser el que iba a liderar la campaña de fraude e iba añadiendo a gente de su confianza para cubrir todas las funciones que se requerían. El modus operandi de estos individuos comenzaba con el envío masivo de SMS a clientes de entidades bancarias, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco, tras un previo estudio del perfil de las víctimas que, por lo general, eran personas mayores de 65 años. En estos alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web al que debían contactar para solventar la incidencia. El mensaje aparentemente parecía ser remitido por los bancos mediante la sustitución de los datos de cabecera del remitente. De esta forma accedían al hilo de los emitidos anteriormente por la entidad bancaria en cuestión, lo que provocaba que la víctima no dudara de la legitimidad de la información recibida. Los métodos más habituales que utilizaban era transferir el dinero a otras posiciones, bien directamente o a través de ingresos en cajeros, haciéndoles creer que son operaciones necesarias para asegurar sus fondos. Entre las técnicas más novedosas empleadas por el grupo investigado se encuentra el relay attack. El ataque de relay NFC funciona aprovechando la tecnología NFC para interceptar y reenviar la comunicación entre una tarjeta bancaria y un lector de pago. Este ataque sigue un proceso muy definido, contactan por teléfono haciéndose pasar por el banco o un servicio oficial y le convencen a la víctima para instalar una aplicación falsa, a veces piden eliminar la aplicación real, la cual compromete el móvil y lo convierte en un puente NFC. El cliente acerca su tarjeta al móvil pensando que es una validación legítima, y se envían los datos en tiempo real a los atacantes, quienes utilizan esos datos en otro cajero u otro dispositivo como si tuvieran físicamente la tarjeta, produciéndose el fraude. En algunas ocasiones, solicitaban las claves de acceso o que compartieran pantalla del terminal, de forma que así accedían al control de la aplicación y sus productos. Estas cuentas bancarias a las que transferían el dinero se abrían a nombre de mulas, jóvenes que captaban a través de redes sociales y personas sin hogar, estando en todo momento controladas por los autores o al menos por un captador de mulas para supervisar que el dinero termina en manos de los estafadores. Incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasión más 45.000 euros a una sola víctima, consiguiendo esclarecer 134 hechos con un total defraudado de más de 1.140.000 euros. Cuando la víctima se percataba de que estaban siendo estafados, los presuntos autores les llegaban a intimidar y amenazar con mensajes que contenían datos personales de cada víctima y sus domicilios, consiguiendo atemorizarles y en muchas ocasiones consiguiendo que no denunciaran. El grupo criminal tenía una estructura muy profesional con diferentes roles y altos conocimientos de informática, estructurándose en: - Conseguidor de bases de datos: proporcionaban las bases de datos bancarios de cientos de miles de clientes obtenidas fraudulentamente. - Sender: personas que tienen conocimientos de informática que realizaban un tratamiento de las bases de datos originales que obtenían ilícitamente cruzando sus datos y seleccionando los perfiles de víctimas considerados vulnerables para integrarlo las llamadas de clientes. - Spoofer: se hacía pasar por un empleado del banco para realizar las llamadas directamente a las víctimas de la estafa y convencerlas para que realizaran la transferencia. - Muleros de primer nivel: contrataban y manejaban cuentas bancarias abiertas a nombre de diferentes personas, mulas. - Muleros de segundo nivel: eran los encargados de reintegrar los fondos a través de cajeros automáticos o transferencias a diferentes cuentas. - Exchange: realizaban los cambios de dinero por criptomonedas. Las campañas de ataques estaban perfectamente coordinadas y podían durar unas horas, un día o meses, cerrándose dicho chat una vez habían realizado varias estafas o consideran agotada la posibilidad de lucro con los datos que manejan de las víctimas. La persona que dirigía la actividad solía ser un spoofer que hablaba directamente con las víctimas, el cual se proveía de las personas que cubrían sus necesidades técnicas en la configuración de equipos y cuentas, o participaban en desviar y camuflar el dinero estafado. La operación se realizó en tres fases, terminando la última explotación el pasado mes de octubre donde se realizaron tres registros —dos en Madrid y uno en Cádiz— consiguiendo la detención de 43 personas, 13 investigados no detenidos, y un total de 95 imputados, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales. Han sido esclarecidos 134 hechos, con un fraude de más de 1.140.000 euros estafados, y se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería privada consiguiendo recopilar 300 identidades de las cuales se han identificado plenamente a 100 personas. La investigación continúa abierta y no se descarta que se detengan a más miembros del entramado.

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Hoy, hace 19 h

infoLibreGeneral

Las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de control sobre la violencia policial (se abre en una pestaña nueva)

Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .

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Ayer

Desarticulan en Ciudad Real una red que cobraba hasta 4.500 euros a inmigrantes por conseguirles papeles de forma fraudulenta: hay 10 detenidos (se abre en una pestaña nueva)

La Policía Nacional ha destapado una red criminal que actuaba en diversas localidades de la provincia de Ciudad Real, logrando la detención de 10 personas, entre las que se encuentran los dos cabecillas de la organización. Este grupo estaba especializado en el favorecimiento de la inmigración ilegal regularizando extranjeros fuera de los cauces legales establecidos … La entrada Desarticulan en Ciudad Real una red que cobraba hasta 4.500 euros a inmigrantes por conseguirles papeles de forma fraudulenta: hay 10 detenidos se publicó primero en infoCLM .

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Hace 2 días

Las duras cargas policiales marcan una jornada de huelga general que los sindicatos valoran como un "éxito" (se abre en una pestaña nueva)

España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.

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Hace 3 días

29N. Pollán (Vox) sobre inmigración y despoblación: ?No se puede solucionar un problema con una ilegalidad? (se abre en una pestaña nueva)

La precampaña electoral continúa implacable hasta el comienzo de la campaña esta próxima medianoche del jueves al viernes. Hoy, la visita a la capital soriana para apoyar a sus candidatos el 29N le ha correspondido a Carlos Pollán, vicepresidente de Vox en las Cortes de Castilla y León y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha estado acompañado de los candidatos locales al Senado. Pollán ha definido Soria como ?el epicentro de la corrupción socialista en Castilla y León?, en alusiones al caso de la Fuentona, que continúa en secreto de sumario. El líder de Vox también ha señalado que el Ayuntamiento sabía que se iba a producir el registro y que Javier Antón avisó a su predecesor. Un Carlos Martínez que, considera, ?no puede sorprenderse? por el caso después de 20 años de mandato. Sin ?novedades? o información privilegiada por parte de Vox, Pollán indicaba que los siete detenidos y la larga lista de delitos ?nos hacen pensar que algo hay? y el partido se muestra expectante a que se resuelva el caso. Vox señala que ?la corrupción mata?, vinculando así este caso a los accidentes ferroviarios mientras el Gobierno estaba más pendiente de ?los bonus? o de ?colocar a señoritas de compañía? que las obras de mejora en la infraestructura. En este marco, el líder regional de los de Abascal ha denunciado que Soria sigue sin tren por las ?promesas vacías del felizmente dimitido Óscar Puente?. Pollán presenta a Vox como ?la única alternativa fiable para sacar a Sánchez de la Moncloa? y asegura que su partido ?trabaja fuerte? para tratar de lograr representación por la provincia de Soria, aunque esta solo reparta 2 diputados. Sobre el Centro de Acogida y Protección Internacional, Pollán ha indicado que este proyecto se construye en contra de los intereses de los vecinos de Soria y de la seguridad de la ciudad. ?Se gastan un dinero en algo que no aporta nada a los ciudadanos?, explica y propone poner la ?prioridad nacional? y rebajas fiscales con ese dinero para quienes quieren instalarse y mantenerse en Soria. El líder de Vox ha propuesto convertir el centro en vivienda para jóvenes, algo que considera ?una buena opción?. Preguntado por las dificultades para reconvertir el proyecto teniendo en cuenta que ha sido financiado por fondos europeos, señala que ?legalmente se pueden hacer muchas cosas?. Pollán lamenta que durante el gobierno de Pedro Sánchez hayan entrado cinco millones de personas en España y solo se hayan construido 400.000 viviendas. Preguntado por la reacción de la inmigración con la despoblación y la realidad de una provincia como Soria que se quedaría en 40.000 habitantes a final de siglo si no contase con inmigración, Pollán ha indicado que ?no se puede solucionar un problema permitiendo una ilegalidad?. Así, recuerda la postura de su partido de devolver a los inmigrantes que entren a España de manera irregular, repatriar a aquellos que sean condenados e iniciar un proceso de remigración para aquellos que viven de las ayudas públicas.

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Hace 6 días

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El chófer del Peugeot devuelve la alegría a una derecha necesitada de un cambio de guion (se abre en una pestaña nueva)

La dimisión de Óscar Puente había dejado a la derecha mediática sin el blanco de sus columnas, pero el desconsuelo duró poco. El jueves, la UCO volvió a registrar la casa de José Luis Ábalos, visitó la sede de Adif en busca de información y detuvo a seis personas en una nueva pieza del caso Koldo . Entre ellas estaba Cristian Corvillo, el militante socialista al que todos llaman ya el chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, aunque Moncloa y el PSOE lo nieguen. Que el sumario sea secreto y que nadie haya explicado todavía dónde está el dinero no ha impedido que en cuestión de horas el chófer fuese presentado como el centro de una trama de corrupción de la que todo son suposiciones. Tampoco ha llamado la atención de nadie que todo esto ocurra a 24 días de las elecciones. Ignacio Varela lo resolvió en El Confidencial con una distinción que tranquiliza a cualquiera. Una cosa, escribió, “es que los jueces se abstengan de tomar decisiones drásticas sobre las causas en curso por consideración a las elecciones y otra que las investigaciones se paralicen”. Con qué naturalidad hemos aprendido a convivir con el lawfare . El chófer, en todo caso, ha resultado ser un hallazgo literario. Ignacio Camacho recordó en Abc que “faltaba el chófer”, el último del grupo de 2017 que quedaba por caer, y comparó a aquella cuadrilla con “la banda de Dillinger, un ‘gang’ que en vez de bancos decidió asaltar el Estado”. Su conclusión es que, después de tanto análisis sofisticado, “una simple mirada al origen revela que sólo se trataba de una banda de mangantes”. Carlos Herrera lo convirtió en Herrera en COPE en una escena de western: “Ábalos, Koldo, Cerdán, delante Sánchez y conduciendo Corvillo”, y los bautizó como “los cinco jinetes del apocalipsis”. Para que no quedara margen a la duda, añadió que la frase con la que Sánchez se desvincula de sus antiguos compañeros, la que según él “utiliza siempre”, acabará diciéndola también “de su mujer”. Al lema del PSOE de estos días, “no todos los políticos somos iguales”, le respondió con un “pues claro que no lo son, se pusieron a robar desde el minuto uno”. El editorial de El Español , el digital de Pedro J. Ramírez, invocó las fotos de 2017 para sostener que Corvillo sí fue chófer —como si conducir un coche le hiciera culpable de algo— y planteó un dilema que ya es marca de la casa. Si Sánchez no sabía nada, no supo ver la corrupción “cuando viajaba a su lado”, y si la vio, “la conclusión es todavía peor”. Siempre es culpable. Federico Jiménez Losantos prefirió en El Mundo el registro de siempre. Habló de las “rabizas de los que hasta ayer eran los mandamases de España” y de “los diputeros”, y dio por buena, sin aportar prueba alguna —eso es marca de la casa—, la versión de que Puente dimitió porque alguien entregó a Sánchez “un dossier con las andanzas prostibularias” del entonces alcalde de Valladolid. Lo remató contraponiendo el dinero que, según él, no hubo para la seguridad de los trenes con el que “para putas, coca, coimas y sobornos, sobraba”. El paso siguiente era previsible. Como la pieza afecta a Adif, el accidente de Urda podía incorporarse a la causa sin necesidad de pruebas. Camacho convirtió la falta de Presupuestos en un factor muy importante y escribió que con dos accidentes por medio “es imposible no pensar en relaciones de causa y efecto”. Herrera se hizo la misma pregunta casi con las mismas palabras: “¿Cómo no relacionar una cosa con la otra?”. Y en Horizonte , en Cuatro, la mesa de Iker Jiménez vinculó sin pruebas la siniestralidad ferroviaria con la corrupción, que es precisamente el relato de Vox. Sin informes técnicos que lo sostengan, claro, porque para la barra de bar eso no hace falta, aunque se transmita en directo por televisión. Rafa Latorre prefirió en El Mundo otra explicación. Puente defendió en el Congreso que había ejecutado todo lo que permitían unos Presupuestos prorrogados, y el columnista vio en ello la reivindicación de quienes llevaban años sintiéndose “fachas” por hablar de las cuentas públicas. “Quien no tenga ahora una sensación de fraude es que es un contribuyente bien poco exigente”, concluye. Para unos, el deterioro de la red se explica por las mordidas; para otros, por la falta de Presupuestos. Solo coinciden en el culpable. Teodoro León Gross puso su granito de arena en Abc desmontando los “tres fetiches” con los que, según él, el PSOE intenta recomponerse: la dignidad, la defensa de lo público y el “no todos somos iguales”. Sobre lo público aportó una observación brillante , la de que los socialistas reivindican lo público “tras el fallo de un servicio público, en una red pública, con trenes públicos”. Y sobre los socialistas, una precisión: “No son estúpidos, sino unos sinvergüenzas sin pudor”. Varela, por su parte, encontró la imagen que buscaba en un hipódromo. Sánchez sería el caballo cojo del Derby de Epsom, perseguido por una maldición que hace que a quien entra mal en campaña todo le salga mal. Entre las fatalidades de esa campaña gafada contó que, “en pleno baile de autoestima, chocaron dos trenes”, una manera de pasar de la catástrofe a la estrategia electoral en una sola frase. Hubo, sin embargo, una noticia del jueves que no despertó el mismo entusiasmo. En un audio difundido por la Cadena SER, Koldo García sostiene desde la cárcel que el abogado del PP le ofreció un millón de euros a cambio de declarar contra Sánchez. El editorial de El Español le dedicó unas líneas, pero solo para lamentar que los medios afines al Gobierno hayan dado por hecho que el dinero era del PP. Admitió de paso que pagar a un entrevistado “es una práctica reprobable que, por desgracia, empieza a ser cada vez más frecuente en algunos medios”, sin precisar cuáles. En Horizonte el asunto se trató con un reparto de papeles peculiar. El principal señalado, Eduardo Inda , director de Okdiario , ejerció a la vez de juez y parte: calificó la acusación de “montaje” del PSOE y anunció querellas. La única pregunta sobre lo que había pasado se la hizo Jiménez para que tirase a gol: fue sobre el supuesto contrato que firmó con Koldo para una serie, un libro y una película, que Inda confirmó y defendió como una compra de derechos normal. Ketty Garat ( Abc ) salió en su auxilio. Negó la existencia de cualquier “cloaca del PP”, aunque reconoció que hay un preso y dos abogados imputados. Jorge Calabrés ( El Español ) sugirió, sin más soporte que su propio conocimiento previo, que Koldo y Ábalos actúan al servicio del PSOE a cambio de un trato favorable en el Constitucional. Ahí es nada: las pruebas que Inda exigía a Koldo no se exigieron a ninguna de esas afirmaciones. Vicente Vallés ( Antena 3 Noticias 2 ) lo volvió a hacer. Su informativo del jueves dedicó en torno al 34% del tiempo a la nueva pieza del caso Koldo . Con la insistencia de un martillo pilón: Corvillo fue nombrado nueve veces, una de ellas en un corte del propio Sánchez en 2017; la palabra “chófer” sonó seis veces, y una de las piezas deslizó, sin atribuirla, la idea de que “de aquel coche de 2017 todos han sido detenidos menos él. Solo queda el número uno”. Y la pareja de Ábalos, Andrea de la Torre, apareció hasta cinco veces. A Vallés se le da bien construir discursos, pero se le ven las intenciones. Sobre Milei y Sánchez llegó a decir, sin despeinarse, que “han intercambiado insultos” en el pasado, aunque las palabras gruesas solo hayan venido del lado de la motosierra.

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