El balance de la huelga general: De éxito para los sindicatos a fracaso para la patronal (se abre en una pestaña nueva)
CC.OO. y UGT piden que la demanda de vivienda, salarios y precios ocupe la agenda política
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Conciencia de clase para tiempos desclasados (se abre en una pestaña nueva)
En el Paseo del Prado de Madrid, frente al museo, hay una torre de ladrillo de dieciséis plantas que Franco inauguró en 1955. Era la Casa Sindical, sede del Sindicato Vertical. Aquel invento reunía a patronos y obreros en la misma organización , como el zorro y las gallinas. Hoy alberga los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales; y en julio de 2025, el Consejo de Ministros lo declaró Bien de Interés Cultural. Setenta años después, cabría preguntarse: ¿se comieron las gallinas al zorro? ¿Y si el zorro se transformó en sabandija? No cabe duda de que el movimiento obrero puso en jaque al régimen en sus últimos años. El Ministerio de la Gobernación registró 37.990 huelgas desde mediados de 1975 hasta finales de 1976. No podríamos, por tanto, entender el final de la dictadura sin esta premisa. Historiadores como Carme Molinero, Pere Ysàs ( Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975 , 2004) y Xavier Domènech ( Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979) , 2022) han arrojado luz sobre la relevancia de la movilización obrera para el antifranquismo . En numerosas ocasiones, la dictadura, incapaz de gestionar el conflicto mediante cauces de negociación legítimos, se vio contra las cuerdas y convirtió cualquier paro laboral en una crisis de orden público. Las grandes huelgas de la minería asturiana, de las factorías de SEAT en Barcelona, de la construcción en Granada o de los astilleros de Bazán y la Naval fueron lecciones fundamentales que se tradujeron en enfrentamientos abiertos con las fuerzas policiales. Con el fin de la dictadura y el comienzo de la construcción de la democracia se empezaron a dar cambios paulatinos. En abril de 1977 se legalizaron los sindicatos de clase y se desmontó la burocracia del Sindicato Vertica l. Esta victoria dio paso, paradójicamente, a una compleja operación de reconducción de la “radicalidad” obrera, pues mientras los sindicatos conquistaban la homologación constitucional experimentaban un paulatino e innegable proceso de desmovilización de sus bases y una pérdida de afiliación directa. Lo deseable para las élites políticas era acabar con la práctica asamblearia y combativa de los centros de trabajo y traducirlo en un “sindicalismo de gestión y servicios”. Ejemplo de ello fueron los Pactos de la Moncloa de 1977 y el posterior Estatuto de los Trabajadores de 1980, que consagraba la legalización sindical y la negociación colectiva a cambio de asumir topes salariales, la contención del conflicto y la desmovilización de los centros laborales. El pensador André Gorz ( Adiós al proletariado , 1980 y Metamorfosis del trabajo , 1988) vaticinaba en los años 80 el declive y la transformación del papel tradicional que hasta estos momentos había cumplido el proletariado industrial. La llegada del siglo XXI parece haber completado su profecía . El capitalismo tardío no ha destruido el trabajo asalariado; pero sí lo ha desfigurado, atomizado e invisibilizado. A lo largo de las últimas tres décadas, la clase trabajadora ha sufrido una profunda mutación en su composición y, sobre todo, en su autopercepción. En los medios de comunicación y en el discurso político dominante , el concepto de “clase obrera” se sustituyó por la más amplia categoría de “clase media”. La subcontratación en cadena, los “falsos autónomos”, el teletrabajo y la deslocalización hicieron el resto. Desclasada, aislada y perseguida es difícil hacer frente a unas injusticias estructurales que nos venden como fracasos individuales. Según Funcas , desde el año 2000, la afiliación sindical ha caído gradualmente del 15% al 12-13% de los asalariados, y el 66% de los asalariados no se ha afiliado nunca. Entre los asalariados de 25 a 44 años, el 18% de los empleados a tiempo completo está afiliado a un sindicato, frente al 26% del grupo de 45 a 64 años. La precariedad, además de empobrecer, desafilia. Las recientes reformas legislativas, la subida del SMI o los mecanismos de protección desplegados tras la pandemia han demostrado que la intervención pública puede mitigar los aspectos más lesivos del mercado. Sin embargo, el balance de estos cincuenta años evidencia que las inercias precarizadoras permanecen intactas en su núcleo. La tasa de desempleo juvenil en España sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea, el 48% de las personas asalariadas son precarias (un porcentaje que sube al 54% en el caso de las mujeres) y seguimos sometidas a jornadas laborales extenuantes y ritmos de trabajo insostenibles (que colectivos como las Kellys llevan denunciando años). Continúa existiendo un desfase salarial que afecta especialmente a jóvenes y que nos aboca a una salud mental deteriorada ante la incertidumbre y la precariedad. Mientras exista la explotación del trabajo ajeno, la lucha de clases seguirá siendo, a pesar de los cantos de sirena, el motor insustituible de la historia. Conciencia de clase, organización y movilización. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Bertolt Brecht, Preguntas de un obrero que lee (1935). Babiano, José y Tébar, Javier (2016): “El sindicalismo de clase de la transición a la democracia. Una perspectiva histórica de los cambios en el movimiento sindical en España”, Gaceta Sindical , 163-181. Saz, Ismael (2010): “La lucha por la libertad en España desde una perspectiva comparada (1962-1977)”, Novísima. II Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, 71-80. Vega García, Rubén y González Pérez, Héctor (2022): “¡A la huelga! Conflictos laborales y marcos políticos en España. Del Tardofranquismo a la Democracia”, Sociología del Trabajo , 100, 69-87.
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Hoy, hace 19 h
Las organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de control sobre la violencia policial (se abre en una pestaña nueva)
Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .
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Hoy, hace 23 h
El balance de la huelga general: De éxito para los sindicatos a fracaso para la patronal (se abre en una pestaña nueva)
CC.OO. y UGT piden que la demanda de vivienda, salarios y precios ocupe la agenda política
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Ayer
El grito de la huelga se queda sin eco en León (se abre en una pestaña nueva)
El 11-N pasó de largo por León en una jornada de persianas arriba, sin eco en la calle y el comercio. Sin embargo el balance de la huelga deja dos lecturas opuestas: La patronal (Fele y CEL) la tilda de «fracaso» tras cifrar el seguimiento en un 1,4%, mientras los sindicatos defienden el éxito del paro en grandes factorías, el sector cárnico y el farma
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Ayer
Siga la huelga general en Jaén al minuto: La lluvia no frena la manifestación (se abre en una pestaña nueva)
La huelga general del 11N ha comenzado en Jaén. Los sindicatos han desplegado piquetes informativos desde esta madrugada en distintos centros de trabajo de la provincia para reivindicar mejores salarios, condiciones de trabajo dignas, más seguridad laboral y acceso a una vivienda asequible. Desde UGT han indicado que la participación en Jaén es entorno del 60% y la de los autobuses Alsa, del 35%. El sindicato CC OO de Jaén indica que ha comenzado con un amplio seguimiento social y laboral en los turnos de noche y en las primeras horas de la madrugada. Desde el comienzo del turno de noche, equipos y piquetes informativos conjuntos de CC OO y UGT han recorrido los principales núcleos industriales y servicios esenciales de la provincia para garantizar el derecho a la huelga y comprobar el cumplimiento de los servicios mínimos fijados. En los polígonos industriales de Jaén capital (Los Olivares), Linares, Andújar y Úbeda, la actividad productiva ha quedado prácticamente paralizada en el primer turno de trabajo, destacando el paro masivo en los servicios de recogida de basura de FSC y Resurja. La secretaria general de CC OO de Jaén, Silvia de la Torre, ha valorado de forma muy positiva el arranque de esta jornada reivindicativa: “La provincia de Jaén ha comenzado el 11N enviando un mensaje rotundo y claro: la ciudadanía no soporta más la pérdida de poder adquisitivo ni la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Es el momento de frenar la especulación y defender con firmeza la sanidad y los servicios públicos de nuestra tierra”. Durante la madrugada y la mañana se continuará la labor informativa en las puertas de empresas, grandes centros comerciales y administraciones públicas. Por otro lado, Pilar Gil, secretaria general UGT JAÉN, hace un balance positivo del seguimiento de la huelga de este 11N. Los datos de participación de los sectores que conforman las federaciones provinciales son: servicios públicos, administración general del Estado y sanidad, un 40%; correos y administración de justicia, un 30%; administración autonómica y local, un 40%, y dependencia, un 50%. La Federación de Industria, Construcción y Agro, un 30% en alimentación y el 40% en metal. En todos los sectores restantes, en torno, al 40%. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, un 100% en el mercado de mayoristas, el 35% en transportes, y comercio y hostelería el 30%. “Desde UGT Jaén se destaca la participación de las personas trabajadoras en esta jornada de huelga convocada para reivindicar mejoras en las condiciones laborales y de vida”, ha dicho. Asimismo, ha puesto en valor que la jornada continuará esta tarde con la manifestación convocada en Jaén, a las 17:30 horas, con salida de la Plaza Jaén por la Paz. Para terminar, hace un llamamiento a la ciudadanía y la clase trabajadora para que participe en esta movilización.
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Ayer
La huelga por la vivienda y los salarios arranca con un 60 por ciento de seguimiento en Castilla-La Mancha, según los sindicatos (se abre en una pestaña nueva)
Las industrias cárnicas y la logística registran los paros más destacados en el balance sindical, en una jornada en la que la patronal rebaja la participación por debajo del 5 por ciento en el sector privado y la Junta en torno al 3 por ciento en educación y sanidad.
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Hace 2 días
La Junta cifra el seguimiento de la huelga en el 7,3% en la Delegación Territorial (se abre en una pestaña nueva)
El seguimiento de la huelga general del 11 de noviembre en Soria ha alcanzado el 7,3% entre el personal de la Administración autonómica en los servicios territoriales, el 5,7% en el sector docente no universitario y el 3,9% en las instituciones sanitarias, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León. El seguimiento está condicionado, eso sí, por los servicios mínimos decretados por la Junta para garantizar las prestaciones esenciales y la Junta incluye los efectivos con obligación de trabajar en su estimación. Sin los servicios mínimos, el porcentaje subiría. En sanidad , la cobertura obligatoria se ha situado en torno a un tercio de la plantilla habitual, aunque las unidades y tratamientos críticos mantienen el 100% de su actividad. En educación, se ha garantizado la apertura de los centros públicos con la presencia de equipos directivos y personal subalterno. Se han establecido también coberturas específicas para varios centros educativos y residencias formativas de la provincia. En la Delegación Territorial, el balance recoge 59 trabajadores en huelga de una plantilla de 808 efectivos. De ellos, 31 han sido funcionarios o estatutarios y 28 personal laboral. El porcentaje provincial, del 7,30%, se sitúa por encima de la media autonómica de este ámbito, que ha sido del 6,29%. En los centros educativos no universitarios, la Junta contabiliza 89 participantes en el paro sobre un total de 1.557 trabajadores, lo que representa un seguimiento del 5,71%. La cifra corresponde a 89 funcionarios o estatutarios, mientras que no se registra ningún trabajador no docente en huelga. Por su parte, en las instituciones sanitarias sorianas han secundado la convocatoria 33 trabajadores de una plantilla de 846, un 3,90% . De ellos, 28 son funcionarios o estatutarios y cinco personal laboral. Cabe recordar que el Sindicato Médico CESM no secunda el paro ya que no fueron arropados por UGT y CCOO en sus pasadas huelgas contra el Estatuto Médico. El seguimiento en Castilla y León En el conjunto de Castilla y León, la Junta contabiliza 2.749 trabajadores en huelga de un total de 64.750 efectivos, lo que supone un seguimiento global del 4,25%. Por ámbitos, la Administración general de la Junta registra 802 participantes de una plantilla de 18.013 trabajadores, un 4,45%. En las instituciones sanitarias, el balance recoge 797 empleados en huelga de 20.769, un 3,84%. El sector docente no universitario suma 1.150 trabajadores en huelga de un total de 25.968, lo que representa un 4,42%. Por provincias , Burgos presenta el mayor seguimiento en las delegaciones territoriales, con un 9%, mientras que Zamora registra el menor, con un 3,23%. Soria alcanza el 7,30%, por encima de la media autonómica de este apartado. En el ámbito educativo, Burgos encabeza también el seguimiento, con un 8,15%, seguida de Segovia, con un 8,13%. Soria registra un 5,71%. En las instituciones sanitarias, Segovia presenta el porcentaje más elevado, con un 5,56%, frente al 3,90% de Soria.
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Hace 2 días
La huelga del 11N transcurre sin incidentes en Ávila, salvo unas pintadas en la sede socialista (se abre en una pestaña nueva)
La excepción ha sido la aparición de pintadas en la sede del PSOE, un hecho que la Subdelegación identifica como la única incidencia destacable en su primer balance. Durante las primeras horas de la jornada también se ha constatado la presencia de piquetes ...
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No se pudieron leer los feeds de Melilla Hoy, Granada Digital, Gasteiz Hoy, La Marina Plaza, El Bierzo Digital. El resto de medios se actualiza con normalidad.
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