El republicano se expresó con un tono cálido y amable después de meses insultando al demócrata y deslegitimando su victoria electoral
La recuperación financiera de la operadora española coincide con un momento en el que las telecomunicaciones se han convertido en un asunto de seguridad nacional y autonomía estratégica. Sus resultados refuerzan los argumentos que llevaron al Estado a invertir en la compañía, mientras Europa busca empresas capaces de sostener su independencia tecnológica. Telefónica vuelve a los beneficios y gana 464 millones hasta septiembre Durante décadas, las grandes compañías de telecomunicaciones fueron valoradas fundamentalmente por su capacidad para captar clientes, desplegar redes y generar dividendos. Hoy, sin embargo, su importancia trasciende los balances empresariales. En un mundo marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, las redes de comunicaciones se han convertido en infraestructuras estratégicas de las que dependen la actividad económica, la seguridad nacional y buena parte del funcionamiento de los Estados. Controlar las redes no equivale a controlar la información que circula por ellas, pero sí significa disponer de una capacidad decisiva para garantizar su funcionamiento y resiliencia. En ese contexto, la posición de Telefónica adquiere una dimensión que va mucho más allá de su cotización bursátil. Los resultados de los nueve primeros meses de 2026 ofrecen una fotografía de esa capacidad. Telefónica ha alcanzado unos ingresos de 24.825 millones de euros, procedentes de sus operaciones continuadas, es decir, de los negocios que mantiene tras excluir las actividades de Hispanoamérica clasificadas como discontinuadas. Se trata de un 2,8% más que un año antes, mientras que su EBITDA ajustado ha aumentado un 4,6%, hasta los 8.846 millones de euros, el mayor crecimiento de la última década. El beneficio neto de las operaciones continuadas ha crecido un 21,6%, hasta los 1.333 millones, aunque el beneficio neto total del grupo, incluyendo las operaciones discontinuadas, se sitúa en 464 millones. La mejora resulta especialmente significativa en la generación de recursos: el flujo de caja libre de las operaciones continuadas ha aumentado un 10,7%, hasta los 1.963 millones de euros. Son cifras que reflejan una recuperación operativa y financiera en una industria donde la capacidad de invertir condiciona la competitividad futura. La compañía encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento simultáneo de sus principales indicadores y ha revisado al alza sus previsiones para 2026. Espera ahora un crecimiento del EBITDA ajustado ligeramente superior al 2,5% y un flujo de caja libre próximo a los 3.100 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reducido su deuda financiera neta en 1.600 millones desde enero, hasta los 25.186 millones, un 10,8% menos que un año antes. El endeudamiento equivale a 2,63 veces el EBITDA, frente a las 2,78 veces de finales de 2025. La relevancia geoestratégica de estos resultados reside, sobre todo, en la capacidad financiera que Telefónica está recuperando para seguir desplegando y modernizando unas infraestructuras de las que dependerá una parte creciente de la economía europea. Una empresa privada con importancia estratégica España dispone de pocas empresas con una implantación internacional comparable en sectores tecnológicos estratégicos . Telefónica es una de ellas. Su presencia en España, Alemania, Reino Unido a través de VMO2 –participada al 50%– y Brasil le proporciona una escala difícil de reproducir y una posición relevante en mercados que concentran buena parte de su actividad. En España, los ingresos han aumentado un 2,5% entre enero y septiembre, hasta los 9.828 millones de euros, su mayor crecimiento porcentual en más de quince años. El EBITDA ajustado ha crecido un 2,3%, hasta los 3.501 millones, mientras que la tasa de abandono de clientes se ha reducido hasta el mínimo histórico del 0,7%. Brasil también impulsa los resultados: en el tercer trimestre, los ingresos han crecido un 15,4% y el EBITDA ajustado un 18%, con una base récord de 120,3 millones de accesos. Pero las cifras que explican muy bien su dimensión estratégica están en las infraestructuras . Telefónica cuenta con 302,1 millones de accesos y una red de banda ancha ultrarrápida que alcanza 164,1 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 77,6 millones corresponden a fibra hasta el hogar. Su cobertura 5G llega al 96% en España y al 99% en Alemania. El crecimiento de las conexiones vinculadas al internet de las cosas resulta especialmente significativo: en España, las líneas IoT han alcanzado los 26 millones, un 111,1% más que un año antes. Detrás de esa cifra aparece una transformación que suele recibir menos atención que la inteligencia artificial: la digitalización de procesos industriales, sistemas logísticos y dispositivos conectados. La dimensión estratégica de Telefónica explica también el interés del Estado español por su accionariado. Cuando el Gobierno decidió regresar al capital de la operadora en 2024, casi tres décadas después de completar su privatización, la operación fue interpretada principalmente como una respuesta a la entrada de la saudí STC. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desembolsó aproximadamente 2.285 millones de euros para adquirir el 10% de la compañía. La decisión puso de manifiesto hasta qué punto las telecomunicaciones habían dejado de considerarse un sector económico convencional. La participación pública no convierte a Telefónica en una empresa estatal ni garantiza que sus decisiones respondan a las prioridades del Gobierno. Pero sí revela una transformación del pensamiento económico europeo: después de décadas en las que predominó la liberalización de mercados, los Estados vuelven a preocuparse por quién controla las empresas que gestionan infraestructuras consideradas esenciales. El dilema europeo: competencia o escala El problema es que Telefónica opera en una Europa que todavía no ha resuelto cómo combinar competencia, inversión y autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China disponen de grandes mercados nacionales, la Unión Europea continúa organizada en mercados de telecomunicaciones fundamentalmente nacionales, con diferencias regulatorias que dificultan la expansión transfronteriza. La Comisión Europea reconoció este problema al presentar, en enero de 2026, su propuesta de Ley de Redes Digitales ( Digital Networks Act ), destinada a facilitar las operaciones paneuropeas, estimular la inversión y reforzar la seguridad de las redes. El diagnóstico es relevante: Europa no puede construir una economía digital competitiva si las empresas encargadas de sostener sus infraestructuras encuentran obstáculos para alcanzar la escala necesaria. Sin embargo, el debate plantea una contradicción que Bruselas todavía debe resolver. Favorecer la concentración empresarial podría proporcionar a los operadores mayores recursos para invertir, pero también reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Tampoco está demostrado que empresas más grandes inviertan necesariamente más. La autonomía estratégica europea no puede confundirse con la protección incondicional de sus grandes compañías. Necesita operadores financieramente sólidos, pero también mercados competitivos, capacidad de innovación y mecanismos que garanticen que las infraestructuras críticas respondan a los intereses de seguridad europeos. La influencia española en Bruselas Para España, la cuestión tiene una dimensión adicional. Telefónica es uno de los pocos grandes grupos empresariales españoles capaces de participar directamente en la definición del futuro tecnológico europeo. Su posición en Alemania y Reino Unido, junto con su fortaleza en el mercado español, le proporciona una perspectiva internacional que trasciende los intereses de un único Estado. Brasil añade otra dimensión: la posibilidad de mantener una presencia empresarial relevante en América Latina en un momento en el que la competencia geoeconómica también se libra mediante inversiones e infraestructuras. Los resultados de 2026 refuerzan los argumentos industriales que llevaron al Estado a invertir en Telefónica, aunque no eliminan las dificultades que afronta la compañía. Su deuda continúa siendo elevada, Alemania registra caídas de ingresos y rentabilidad y la reestructuración del grupo ha implicado desinversiones y costes importantes. La evolución bursátil también introduce un elemento de cautela en la valoración financiera de la participación de la SEPI, adquirida a un precio medio de 4,0295 euros por acción. Sin embargo, una inversión de estas características debe examinarse desde una perspectiva que combine su rentabilidad financiera con su horizonte temporal y su importancia estratégica. Los buenos resultados operativos no constituyen una validación definitiva de la decisión pública, pero sí fortalecen la posición de una compañía cuya relevancia para España trasciende su valoración en bolsa. La soberanía tecnológica, por otra parte, no significa independencia absoluta. Telefónica necesita proveedores tecnológicos, financiación y acceso a mercados internacionales. Su fortaleza tampoco elimina la dependencia europea de las grandes plataformas estadounidenses ni de determinados componentes y equipos extranjeros. El objetivo no puede ser que Europa produzca absolutamente todo, sino que conserve suficiente capacidad de decisión para evitar que sus dependencias se conviertan en vulnerabilidades. Durante años, la política industrial europea se concentró en establecer las reglas del mercado. Ahora empieza a comprender que también importa quién dispone de las empresas, el capital y las infraestructuras necesarias para competir. La recuperación financiera de Telefónica refuerza la lógica estratégica de la apuesta del Estado español, aunque su resultado definitivo deberá juzgarse a largo plazo. En una Europa que busca recuperar autonomía tecnológica, Telefónica no es únicamente una empresa que debe mejorar su rentabilidad. Es también uno de los activos con los que España puede contribuir a definir el lugar de Europa en el nuevo orden tecnológico internacional.
8 noticias
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ( CSIF ) reclama al Ministerio de Hacienda que autorice el nuevo Convenio Colectivo de la empresa pública, acordado con la Dirección el pasado mes de abril tras años de negociación, antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Según han informado en nota de prensa, el sindicato considera imprescindible desbloquear este acuerdo para poner fin al "deterioro de las condiciones laborales y salariales a los cerca de los 500 trabajadores de los nueve paradores de la región": Albacete, Alarcón (Cuenca), Almagro (Ciudad Real), Cuenca, Manzanares (Ciudad Real), Molina de Aragón (Guadalajara), Oropesa (Toledo), Sigüenza (Guadalajara) y Toledo. "El problema reside en que los convenios de las empresas públicas requieren la autorización del Ministerio de Hacienda para su entrada en vigor". En el caso de Paradores, CSIF denuncia que "han pasado siete meses desde la firma del nuevo convenio y que Hacienda mantiene bloqueada su puesta en funcionamiento". "La situación de los empleados de Paradores es cada vez más complicada. La pérdida de poder adquisitivo, agravada por las continuas subidas del IPC, ha situado a buena parte de la plantilla en una situación económica difícil", señalan. Las reivindicaciones de CSIF En este sentido, CSIF firmaba el 16 de abril el nuevo convenio, fruto de años de negociación, que contempla una subida salarial del 16% hasta 2028 y que ningún empleado de Paradores que trabaje a jornada completa tenga un salario base inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -1.221 euros- en sus nóminas, al margen de los complementos que pueda percibir, además de mejoras en las condiciones laborales de la plantilla. La Central Sindical considera que no existen motivos para prolongar más esta situación y exige a Hacienda que dé luz verde al acuerdo cuanto antes. Resulta injustificable que esta situación se mantenga mientras Paradores continúa registrando resultados económicos positivos. La empresa cerró 2025 con un beneficio neto de 23 millones de euros, una cifra que debe tener también un reflejo directo en las condiciones laborales y retributivas de sus trabajadores. El acuerdo también contempla una cobertura del 100% del salario en la primera baja médica hasta un máximo de 65 días y del 90% en la segunda baja; medidas de flexibilidad horaria, uniformidad y pluses de distancia. Más allá del nuevo convenio, CSIF mantiene otras reivindicaciones fundamentales para garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas en Paradores. Entre ellas, destaca la implantación de la jornada continua para todos los trabajadores y trabajadoras, sin excepciones, así como una reducción real de la temporalidad por debajo del 8%, en línea con los objetivos establecidos en el ámbito europeo. Asimismo, en nota de prensa CSIF alerta también "del creciente abandono de profesionales que optan por incorporarse a empresas privadas ante la falta de expectativas de mejora en Paradores. Esta fuga de talento supone un problema para el futuro de la empresa pública y para la calidad del servicio que presta". Para el sindicato, "la solución pasa necesariamente por mejorar las condiciones salariales, garantizar la estabilidad en el empleo y ofrecer unas condiciones laborales que permitan atraer y retener a profesionales cualificados".
El 30 de octubre de 2026, la ONU no renovó el mandato a la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), por lo que la organización y los medios sobre el terreno deberán ser completamente desmantelados antes de fin de año . Los vetos cruzados de Estados Unidos y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, impidieron, primero, que la misión se transformara en apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos y, después, que continuara como hasta ahora con la reclamación del referéndum. El multilateralismo internacional cede una vez más ante el nuevo orden mundial de alianzas de las grandes potencias. Es cierto que el mandato del referéndum de autodeterminación era cada vez más irreal, por el simple transcurso del tiempo unido a la consiguiente reducción del censo de votantes de la antigua colonia española. Cinco décadas no pasan en balde y la realidad social saharaui se ha ido transformando con la llegada masiva de población originaria del norte. Marruecos, que ocupó el territorio inmediatamente después de la salida precipitada de las tropas españolas en 1976, expulsó a fuego a los residentes saharauis a la frontera argelina (campos de refugiados de Tinduf) y construyó un sistema de muros de protección en el desierto de 2700 kilómetros, domina en la actualidad las principales ciudades y recursos con una superioridad militar aplastante en la zona. La resistencia saharaui frente a la ocupación marroquí se organizó en el exilio en torno al Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Sanguía el Hamra y Río de Oro), que venía actuando desde 1973 contra la administración colonial como rama militar de un movimiento nacionalista por la independencia, con el apoyo de los nuevos países surgidos de la descolonización, significativamente Argelia y Libia. Tras el abandono forzado del ejército español y la firma del claudicante Tratado de Madrid, siguiendo los modelos de movimientos de liberación nacional de la época, se constituye la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), apoyada por la mayoría de los países de la Unión Africana, aunque con un reconocimiento internacional siempre limitado. El conflicto durante estos cincuenta años ha pasado por diversas fases. En los primeros años se empleó la táctica de lucha armada hasta entrados los años ochenta en que, al tiempo que se debilitaba el apoyo externo, se estabilizaba la zona con los muros y defensas marroquíes. Comienza una nueva etapa esperanzadora con el alto el fuego de 1991, auspiciado por Naciones Unidas; en este tiempo, y en el marco del despliegue de la MINURSO, se suceden diversos planes fallidos de resolución y pronunciamientos de la jurisdicción internacional , coincidentes en negar título alguno a la soberanía marroquí y en demandar la conformidad de la población residente. En 2007, Marruecos presenta un plan de autonomía para legalizar su dominio de facto , inicia la construcción de infraestructuras estratégicas y despliega una acción diplomática global de obtención de apoyos, mientras que mantiene el control policial sistemático de los activistas, la presión sobre España como referente saharaui y la represión de los disturbios y protestas ocasionales, que encarnan un sentimiento nacionalista nunca extinguido. En noviembre de 2020, fuerzas marroquíes penetran en Mauritania por el puesto fronterizo de Guerguerat para desbloquear el paso tomado por activistas civiles saharauis, lo que supone la reactivación formal del conflicto , aunque ya degradado por la situación de pandemia y el desgaste de décadas de resistencia. Se suceden los incidentes armados en los años siguientes hasta la actualidad, marcados por una gran asimetría de medios: ataques convencionales de cohetes de artillería anticuados frente a drones israelíes de última generación. Precisamente en una operación de inteligencia, ejecutada con estos artefactos aéreos, Rabat ha eliminado a Mohammed Abdelaziz, hijo del histórico líder saharaui y considerado el delfín del régimen de Tifariti. Afianzado el dominio del territorio, combinando tanto la inversión como la represión, Marruecos ha esperado pacientemente a madurar el flanco diplomático hasta obtener una coyuntura internacional favorable a sus propósitos expansionistas. En 2022 Estados Unidos, bajo la administración Trump, ratifica los planes de su aliado histórico, movimiento al que se aproximan sucesivamente el núcleo de la Unión Europa con Alemania, Francia y, en un viraje inesperado, España. El Ministerio de Asuntos Exteriores pasa así de defender el principio de autodeterminación en 2020 a suscribir en una declaración conjunta de 2025 como la solución más factible "una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí", posición que ya estaba anticipada en la carta del 7 de abril de 2022 del presidente Sánchez al rey de Marruecos, en la que se calificaba el plan marroquí como "la base más seria, realista y creíble" para resolver el diferendo. El gobierno español no ha explicitado el giro imprimido a su política respecto al Sahara Occidental, que vulnera el compromiso moral adquirido con el pueblo saharaui, pero es evidente que está directamente conectado con la superación de la crisis provocada en mayo de 2021 con la entrada descontrolada en Ceuta de miles de migrantes, que mostró la vulnerabilidad de la frontera sin el control de flujos del país vecino. La relación bilateral se congeló en todos sus rubros durante un año hasta la reactivación mediante una carta del presidente Sánchez al rey Mohamed VI en la que se consuma el cambio drástico en la posición española tradicional sobre la cuestión saharaui. Sin embargo, la repetición del fenómeno, multiplicado por diez, en agosto de este año, naturalmente ha añadido perplejidad sobre los pactos alcanzados y los pretendidos beneficios de la cooperación en materia migratoria y de seguridad de la concesión española. La cancelación de la MINURSO , aunque su misión fuera disfuncional desde hacía años, tiene importantes implicaciones para las partes y la estabilidad general de la zona . Respecto a la evolución del conflicto armado, la tentación de una escalada militar al desaparecer la vigilancia que ejercía la observación internacional, unida a un mayor aislamiento político del conflicto, reduce la presión internacional por una solución acordada. En cuanto a la población saharaui, con la pérdida de presencia institucional y supervisión de la situación sobre el terreno, es mayor la indefensión de la resistencia interna de la zona ocupada y se dibuja un incierto futuro para los campos de refugiados. En términos geoestratégicos, la seguridad y estabilidad regional queda controlada por Rabat como actor principal , que avanza en la obtención de una primera pieza del puzle del llamado Gran Marruecos.
MURCIA. La recuperación del patrimonio histórico en Murcia avanza a dos velocidades muy marcadas. Mientras unos proyectos logran desbloquear su financiación y enfilan las obras, otros monumentos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) continúan acumulando denuncias por abandono, deterioro y falta de mantenimiento institucional. El último avance destacado se centra en el histórico Casino de Torreagüera , cuyas obras de rehabilitación acaban de salir a concurso por un presupuesto máximo de 748.748 euros (IVA incluido). Esta intervención permitirá rescatar un inmueble levantado entre 1953 y 1955, adaptándolo a nuevos usos culturales y vecinales sin perder su valor arquitectónico original ni su significado como punto de encuentro social de la pedanía. Sin embargo, esta cara amable de la gestión urbanística contrasta de pleno con la situación que arrastran otros enclaves de un valor incalculable para el municipio. El ejemplo más evidente se encuentra en pleno corazón de la ciudad: el Puente Viejo o de los Peligros, el viaducto más antiguo que se conserva en Murcia, que fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 2020 a instancias de colectivos conservacionistas. Lejos de recibir el cuidado que exige su protección, el monumento presenta hoy una estampa preocupante. Desde la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) denuncian la proliferación de maleza de gran tamaño entre los sillares, importantes grietas en la piedra, humedades, cableados sin control y desperfectos acumulados en sus farolas decimonónicas. Una degradación visible que se prolonga en el tiempo, con tramos de las paredes sujetos con mallas metálicas desde los desprendimientos ocurridos hace ya más de una década, en 2015, y sin un plan integral de restauración sobre la mesa. A esta larga lista de asignaturas pendientes se suma también el estado del gran albercón medieval de Monteagudo , una pieza clave de la ingeniería hidráulica del siglo XII integrada en pleno Sitio Histórico. Las advertencias de las asociaciones sobre el abandono de esta cisterna andalusí han vuelto a poner el foco sobre la necesidad de inspecciones y medidas urgentes de consolidación. Así, mientras los vecinos de Torreagüera celebran la reactivación de su espacio social, el debate sobre la protección real de los monumentos murcianos sigue abierto, evidenciando que la conservación del legado histórico del municipio depende todavía de una profunda revisión de prioridades.
La recuperación financiera de la operadora española coincide con un momento en el que las telecomunicaciones se han convertido en un asunto de seguridad nacional y autonomía estratégica. Sus resultados refuerzan los argumentos que llevaron al Estado a invertir en la compañía, mientras Europa busca empresas capaces de sostener su independencia tecnológica. Telefónica vuelve a los beneficios y gana 464 millones hasta septiembre Durante décadas, las grandes compañías de telecomunicaciones fueron valoradas fundamentalmente por su capacidad para captar clientes, desplegar redes y generar dividendos. Hoy, sin embargo, su importancia trasciende los balances empresariales. En un mundo marcado por la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, las redes de comunicaciones se han convertido en infraestructuras estratégicas de las que dependen la actividad económica, la seguridad nacional y buena parte del funcionamiento de los Estados. Controlar las redes no equivale a controlar la información que circula por ellas, pero sí significa disponer de una capacidad decisiva para garantizar su funcionamiento y resiliencia. En ese contexto, la posición de Telefónica adquiere una dimensión que va mucho más allá de su cotización bursátil. Los resultados de los nueve primeros meses de 2026 ofrecen una fotografía de esa capacidad. Telefónica ha alcanzado unos ingresos de 24.825 millones de euros, procedentes de sus operaciones continuadas, es decir, de los negocios que mantiene tras excluir las actividades de Hispanoamérica clasificadas como discontinuadas. Se trata de un 2,8% más que un año antes, mientras que su EBITDA ajustado ha aumentado un 4,6%, hasta los 8.846 millones de euros, el mayor crecimiento de la última década. El beneficio neto de las operaciones continuadas ha crecido un 21,6%, hasta los 1.333 millones, aunque el beneficio neto total del grupo, incluyendo las operaciones discontinuadas, se sitúa en 464 millones. La mejora resulta especialmente significativa en la generación de recursos: el flujo de caja libre de las operaciones continuadas ha aumentado un 10,7%, hasta los 1.963 millones de euros. Son cifras que reflejan una recuperación operativa y financiera en una industria donde la capacidad de invertir condiciona la competitividad futura. La compañía encadena cuatro trimestres consecutivos de crecimiento simultáneo de sus principales indicadores y ha revisado al alza sus previsiones para 2026. Espera ahora un crecimiento del EBITDA ajustado ligeramente superior al 2,5% y un flujo de caja libre próximo a los 3.100 millones de euros. Al mismo tiempo, ha reducido su deuda financiera neta en 1.600 millones desde enero, hasta los 25.186 millones, un 10,8% menos que un año antes. El endeudamiento equivale a 2,63 veces el EBITDA, frente a las 2,78 veces de finales de 2025. La relevancia geoestratégica de estos resultados reside, sobre todo, en la capacidad financiera que Telefónica está recuperando para seguir desplegando y modernizando unas infraestructuras de las que dependerá una parte creciente de la economía europea. Una empresa privada con importancia estratégica España dispone de pocas empresas con una implantación internacional comparable en sectores tecnológicos estratégicos . Telefónica es una de ellas. Su presencia en España, Alemania, Reino Unido a través de VMO2 –participada al 50%– y Brasil le proporciona una escala difícil de reproducir y una posición relevante en mercados que concentran buena parte de su actividad. En España, los ingresos han aumentado un 2,5% entre enero y septiembre, hasta los 9.828 millones de euros, su mayor crecimiento porcentual en más de quince años. El EBITDA ajustado ha crecido un 2,3%, hasta los 3.501 millones, mientras que la tasa de abandono de clientes se ha reducido hasta el mínimo histórico del 0,7%. Brasil también impulsa los resultados: en el tercer trimestre, los ingresos han crecido un 15,4% y el EBITDA ajustado un 18%, con una base récord de 120,3 millones de accesos. Pero las cifras que explican muy bien su dimensión estratégica están en las infraestructuras . Telefónica cuenta con 302,1 millones de accesos y una red de banda ancha ultrarrápida que alcanza 164,1 millones de unidades inmobiliarias, de las cuales 77,6 millones corresponden a fibra hasta el hogar. Su cobertura 5G llega al 96% en España y al 99% en Alemania. El crecimiento de las conexiones vinculadas al internet de las cosas resulta especialmente significativo: en España, las líneas IoT han alcanzado los 26 millones, un 111,1% más que un año antes. Detrás de esa cifra aparece una transformación que suele recibir menos atención que la inteligencia artificial: la digitalización de procesos industriales, sistemas logísticos y dispositivos conectados. La dimensión estratégica de Telefónica explica también el interés del Estado español por su accionariado. Cuando el Gobierno decidió regresar al capital de la operadora en 2024, casi tres décadas después de completar su privatización, la operación fue interpretada principalmente como una respuesta a la entrada de la saudí STC. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desembolsó aproximadamente 2.285 millones de euros para adquirir el 10% de la compañía. La decisión puso de manifiesto hasta qué punto las telecomunicaciones habían dejado de considerarse un sector económico convencional. La participación pública no convierte a Telefónica en una empresa estatal ni garantiza que sus decisiones respondan a las prioridades del Gobierno. Pero sí revela una transformación del pensamiento económico europeo: después de décadas en las que predominó la liberalización de mercados, los Estados vuelven a preocuparse por quién controla las empresas que gestionan infraestructuras consideradas esenciales. El dilema europeo: competencia o escala El problema es que Telefónica opera en una Europa que todavía no ha resuelto cómo combinar competencia, inversión y autonomía estratégica. Mientras Estados Unidos y China disponen de grandes mercados nacionales, la Unión Europea continúa organizada en mercados de telecomunicaciones fundamentalmente nacionales, con diferencias regulatorias que dificultan la expansión transfronteriza. La Comisión Europea reconoció este problema al presentar, en enero de 2026, su propuesta de Ley de Redes Digitales ( Digital Networks Act ), destinada a facilitar las operaciones paneuropeas, estimular la inversión y reforzar la seguridad de las redes. El diagnóstico es relevante: Europa no puede construir una economía digital competitiva si las empresas encargadas de sostener sus infraestructuras encuentran obstáculos para alcanzar la escala necesaria. Sin embargo, el debate plantea una contradicción que Bruselas todavía debe resolver. Favorecer la concentración empresarial podría proporcionar a los operadores mayores recursos para invertir, pero también reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Tampoco está demostrado que empresas más grandes inviertan necesariamente más. La autonomía estratégica europea no puede confundirse con la protección incondicional de sus grandes compañías. Necesita operadores financieramente sólidos, pero también mercados competitivos, capacidad de innovación y mecanismos que garanticen que las infraestructuras críticas respondan a los intereses de seguridad europeos. La influencia española en Bruselas Para España, la cuestión tiene una dimensión adicional. Telefónica es uno de los pocos grandes grupos empresariales españoles capaces de participar directamente en la definición del futuro tecnológico europeo. Su posición en Alemania y Reino Unido, junto con su fortaleza en el mercado español, le proporciona una perspectiva internacional que trasciende los intereses de un único Estado. Brasil añade otra dimensión: la posibilidad de mantener una presencia empresarial relevante en América Latina en un momento en el que la competencia geoeconómica también se libra mediante inversiones e infraestructuras. Los resultados de 2026 refuerzan los argumentos industriales que llevaron al Estado a invertir en Telefónica, aunque no eliminan las dificultades que afronta la compañía. Su deuda continúa siendo elevada, Alemania registra caídas de ingresos y rentabilidad y la reestructuración del grupo ha implicado desinversiones y costes importantes. La evolución bursátil también introduce un elemento de cautela en la valoración financiera de la participación de la SEPI, adquirida a un precio medio de 4,0295 euros por acción. Sin embargo, una inversión de estas características debe examinarse desde una perspectiva que combine su rentabilidad financiera con su horizonte temporal y su importancia estratégica. Los buenos resultados operativos no constituyen una validación definitiva de la decisión pública, pero sí fortalecen la posición de una compañía cuya relevancia para España trasciende su valoración en bolsa. La soberanía tecnológica, por otra parte, no significa independencia absoluta. Telefónica necesita proveedores tecnológicos, financiación y acceso a mercados internacionales. Su fortaleza tampoco elimina la dependencia europea de las grandes plataformas estadounidenses ni de determinados componentes y equipos extranjeros. El objetivo no puede ser que Europa produzca absolutamente todo, sino que conserve suficiente capacidad de decisión para evitar que sus dependencias se conviertan en vulnerabilidades. Durante años, la política industrial europea se concentró en establecer las reglas del mercado. Ahora empieza a comprender que también importa quién dispone de las empresas, el capital y las infraestructuras necesarias para competir. La recuperación financiera de Telefónica refuerza la lógica estratégica de la apuesta del Estado español, aunque su resultado definitivo deberá juzgarse a largo plazo. En una Europa que busca recuperar autonomía tecnológica, Telefónica no es únicamente una empresa que debe mejorar su rentabilidad. Es también uno de los activos con los que España puede contribuir a definir el lugar de Europa en el nuevo orden tecnológico internacional.
El republicano se expresó con un tono cálido y amable después de meses insultando al demócrata y deslegitimando su victoria electoral
La sección sindical de TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar) en el Centro Penitenciario de Soria ha reclamado a la Dirección una ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para adaptar los efectivos a las necesidades actuales del centro, especialmente ante la apertura de nuevos módulos y el consiguiente aumento de las necesidades de personal. En un comunicado dirigido a la plantilla en el que agradece "el trabajo y la profesionalidad" de los funcionarios, el sindicato advierte de que con los trabajadores actuales resulta "cada vez más complicado organizar los servicios, cubrir las necesidades diarias y garantizar cuestiones tan básicas como el disfrute de los días de vacaciones" sin que ello suponga una mayor sobrecarga para el resto de compañeros. TAMPM considera que la apertura de nuevas instalaciones debe ir acompañada de un incremento de los recursos humanos y sostiene que no se pueden asumir más tareas y responsabilidades manteniendo los mismos efectivos. Por ello, insiste en la necesidad de ampliar la RPT y adecuarla a la realidad del centro penitenciario. Además de la petición de más personal, la organización sindical ha solicitado por escrito a la Dirección que se revise la situación del puesto de educador del módulo 9, conocido como Polivalente . El sindicato argumenta que ese puesto figura en la Relación de Puestos de Trabajo como correspondiente a funcionarios. TAMPM precisa que esta reclamación no tiene "absolutamente nada de personal" contra la trabajadora que desempeña actualmente esa función, de cuya profesionalidad, implicación y trabajo expresa su agradecimiento. La organización sostiene que su reivindicación se dirige a la Administración y a la necesidad de respetar la configuración de los puestos recogidos en la RPT. El sindicato defiende que las cuestiones organizativas y la asignación de puestos deben resolverse por los cauces correspondientes, "con claridad y transparencia" , y sin perjudicar personalmente a quienes desarrollan actualmente su trabajo. En su comunicado, TAMPM resume sus demandas en tres aspectos: más efectivos, una Relación de Puestos de Trabajo ajustada a las necesidades reales del centro y una organización laboral adecuada que no limite la promoción profesional de ningún trabajador mediante la cobertura de plazas al margen de lo establecido. La sección sindical asegura que seguirá trasladando estas reivindicaciones donde corresponda.
Tal y como publicó este periódico hace veintiocho años, el 6 de noviembre de 1998, la visita de la Reina Doña Sofía a Ubeda y Jaén supuso un espaldarazo para ambas ciudades y para las dos instituciones educativas objeto de su viaje: La Universidad y la SAFA. La Reina conoció por unas horas dos realidades educativas distintas unidas por un sello común: el servicio a la sociedad jiennense. En Jaén inauguró la biblioteca central de la Universidad, un acto en el que estuvo arropada por numerosos estudiantes y representantes de todas las instituciones estatales, autonómicas, provinciales y locales. Asimismo, una gran representación de la propia institución universitaria la acompañó en su recorrido por el campus, que duró menos de una hora. Después de abandonar la capital jiennense, se dirigió a Córdoba para realizar una visita privada a la Mezquita. La visita de Doña Sofía causó una gran expectación en la ciudad, sobre todo en el entorno universitario. La primera visita oficial que realizó a la provincia de Jaén fue en enero de 1981; en aquella ocasión la acompañaba el Rey Don Juan Carlos. A lo largo de su recorrido, la Reina visitó la hemeroteca de la biblioteca, una sala de la primera planta en donde se le mostraron unos grabados de Goya y tuvo la oportunidad de conversar con los alumnos que la ocupaban en ese momento y el edificio Zabaleta, en donde fue invitada a un aperitivo: El rector de la Universidad de Jaén, Luis Parras Guijosa, explicó que la visita de la Reina es “un hecho importante” porqué la presencia de la Familia Real en un centro universitario “es un galardón”. Asimismo, dijo que esto “es lo menos que se merece la sociedad de Jaén que luchó desde hace mucho tiempo por tener una Universidad independiente”. Antes de visitar Jaén, Su Majestad la Reina Doña Sofía estuvo en Ubeda para inaugurar el pabellón deportivo en el centro ubetense de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Desde primeras horas de la mañana, miles de ubetenses se congregaron en los alrededores de la SAFA para presenciar la visita oficial de la Reina. Doña Sofía fue recibida por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, el presidente del Patronato de las Escuelas Profesionales Safa, Javier Benjumea, el rector de la institución, Joaquín Morales, y el alcalde de Úbeda, Juan Pizarro, entre otras personalidades. Durante su visita, la Reina compartió unos momentos con los escolares de Primaria con los que conversó durante unos momentos. Posteriormente inauguró el nuevo pabellón deportivo deL centro, que se ha construido gracias al impulso del padre Ibáñez. La Reina también visitó la cripta en la que se encuentra enterrado el fundador de la SAFA, el padre Villoslada. El alcalde de Úbeda, Juan Pizarro, pidió a Doña Sofía que apoyara la designación de las ciudades de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad. Ambas ciudades están aunando esfuerzos para conseguir este importante objetivo que reclama su extraordinario patrimonio monumental e histórico. La presencia de la Reina y la petición del alcalde ubetense refuerza este objetivo en el que trabajan muchas personas. La Universidad de Jaén dio una cálida acogida a la Reina Doña Sofía durante la visita que realizó al campus de “Las Lagunillas” para inaugurar la biblioteca central. Un gran número de alumnos recibieron a la Reina entre aplausos y vítores y esperaron pacientemente en el campus hasta que Doña Sofía abandonó la Universidad definitivamente. El acto se desarrolló con gran sencillez, pero respetando las estrictas normas protocolarias y en medio de fuertes medidas de seguridad. La llegada de la Reina a la Universidad estaba prevista para las 13:00 horas, sin embargo, se produjo unos diez minutos después del horario previsto. Doña Sofía llegó a Jaén en helicóptero procedente de Úbeda, en donde había inaugurado momentos antes el pabellón de deportes de las, Escuelas Profesionales Sagrada Familia. El helicóptero aterrizó en la Institución Ferial y desde aquí, la Reina fue trasladada en coche hasta el edificio C-1 de la Universidad. A su llegada la esperaban dos estudiantes que le entregaron un ramo de flores.
Tras un juicio muy mediático que ha durado cuatro semanas, un magistrado de Londres ha ordenado el ingreso en privisión preventiva del intérprete y humorista El actor Russell Brand es acusado de dos delitos sexuales más por un tribunal inglés Un magistrado de Londres ordenó este jueves el ingreso en prisión preventiva del actor y humorista británico Russell Brand tras ser declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera, al cierre de un juicio muy mediático que ha durado cuatro semanas. Un jurado popular compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres declaró hoy culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en el recinto Hammersmith Apolo de la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras tres mujeres entre 2004 y 2009. En cambio, fue eximido de otros de los delitos sexuales que se le imputaban. Tras el veredicto, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark (sur de Londres), explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traducirá inevitablemente en “una pena de prisión significativa” antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel.La sentencia se conocerá el próximo lunes. El humorista Russell Brand Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violar oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004; de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un “masaje forzado” en 2009. Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar “arrastrar” a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001. Escuchó el veredicto sin mostrar emoción Brand permaneció erguido en el banquillo de los acusados mientras se leían los veredictos y no mostró ninguna emoción, salvo cuando se le declaró culpable de violación, momento en el que el actor cerró los ojos. También cuando el juez decretó su ingreso preventivo en prisión hasta conocer la sentencia, cuando hizo una señal al equipo de su defensa y pronunció las palabras: “Estoy bien, estoy bien, estoy bien”, antes de que lo sacaran del banquillo. El abogado de Brand, Ian Winter, solicitó que se le concediera al actor la libertad bajo fianza hasta el lunes como un “acto de humanidad” y para que pudiera dejar sus asuntos en orden y “despedirse de sus tres hijos pequeños”, antes de insistir en que Brand no representaba un riesgo de fuga. Poco antes de conocer el veredicto del jurado, Brand miró a su esposa, Laura Gallacher, que siempre ha defendido la inocencia del actor, y le dijo: “Laura, te amo”, para después besar el colgante que llevaba al cuello. La mujer abandonó el tribunal tras conocerse el fallo judicial sin dar declaraciones. Posible apertura de nuevos casos contra Brand En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó este jueves que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen “en curso”. En audiencias preliminares se reveló que una de estas denuncias proviene de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16. El historial de acusaciones sexuales contra Brand se remonta a septiembre de 2023, cuando varios medios publicaron una investigación conjunta sobre sus comportamientos. En abril de 2025 fue imputado por los delitos cometidos contra las cuatro primeras denunciantes, de los cuales se declaró inocente, y en diciembre de ese año fue acusado de otros nuevos delitos. Defendió su inocencia de los cargos restantes en una vista el pasado mes de febrero y el 12 de octubre se inició el juicio actual, que se ha prolongado durante cuatro semanas. Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas derivados de 'Gran Hermano', así como galas de premios como los Brit Awards o los MTV Video Music Awards. En el ámbito personal, ganó mayor notoriedad tras casarse con la cantante Katy Perry en 2010, para divorciarse un año más tarde.
