El caso será examinado este martes en la reunión del Comité Nacional de Orden y Seguridad Pública, convocada por el ministro del Interior Matteo Piantedosi
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
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La asociación de empresarios del transporte de viajeros por carretera Galibus denuncia que la Xunta "asfixia" al sector "pagando el servicio con costes de 2024".
El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
El pasado 17 de octubre entró en vigor en España el nuevo prefijo 400, una numeración que las empresas deben utilizar para realizar llamadas comerciales que ayudará a los usuarios a identificarlas. Sin embargo, solo hemos tardado tres días en toparnos con el primer intento de estafa. ¿Por qué? Bueno, como contó un vecino de Puente Genil (Córdoba), recibió una llamada de un supuesto trabajador de Iberdrola que consiguió hacerse con sus datos bancarios . Según explica Cordópolis , el afectado presentó una denuncia ante la Policía Local después de recibir una llamada desde un número que comenzaba por 400. Los agentes señalan que se trata de un intento de vishing , una técnica de fraude telefónico en la que los delincuentes suplantan la identidad de empresas conocidas para ganarse la confianza de sus víctimas y obtener datos confidenciales o, en el peor de los casos, dinero. El prefijo 400 identifica una llamada comercial, pero no garantiza que sea segura Lo curioso es que el Gobierno había reservado esta numeración precisamente para que los ciudadanos pudieran reconocer más fácilmente las llamadas comerciales. Se trata de números de nueve cifras que empiezan por 400 y que solo permiten realizar llamadas, no recibirlas. Es decir, no puedes devolver una llamada a estos números. ¿Significa esto que todas las llamadas con el 400 son fiables? La propia Policía Local de Puente Genil advierte de que no. Los estafadores pueden aprovechar la confianza que genera una numeración aparentemente oficial para engañarte, e incluso existen técnicas que permiten falsificar el identificador que aparece en la pantalla de tu móvil. Por eso, si recibes una llamada inesperada en la que te solicitan información bancaria, contraseñas o códigos de verificación, lo mejor es no facilitar nada y contactar directamente con la empresa a través de sus canales oficiales. Y si ya has compartido tus datos bancarios, la Policía recomienda avisar inmediatamente a tu banco para evitar posibles operaciones fraudulentas. Foto | Canva En Genbeta | Jordi Cruz, sobre la actitud de los trabajadores: “Hay un cambio generacional. Hemos pasado de ser espartanos y meterle catorce horas a hacer ocho y entenderlo de una forma distinta” - La noticia Denuncian un intento de estafa telefónica con el recién estrenado prefijo 400 de llamadas comerciales fue publicada originalmente en Genbeta por Redacción de Genbeta .
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El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.
Al menos 47 detenidos, imágenes de agentes golpeando a manifestantes en la cabeza con sus porras y un uso indiscriminado de gases lacrimógenos . Es el balance de una jornada de huelga que, en su conjunto, se desarrolló pacíficamente. Estos episodios se suman a las cargas de las últimas semanas contra estudiantes de la Universidad Complutense, los profesores en la Comunidad de Madrid y algunos manifestantes en A Coruña. Los distintos escenarios tienen un denominador común: el uso de la fuerza contra personas que ejercen su derecho a manifestarse . La sucesión de intervenciones plantea una pregunta: ¿ha aumentado la violencia policial durante el periodo preelectoral? La respuesta no es sencilla. No existe un informe oficial público sobre agentes investigados o sancionados y rara vez se conocen las conclusiones de las investigaciones. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la violencia policial no es nueva, aunque advierten de un aumento del uso de determinadas armas y de la dureza de las actuaciones policiales. Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, recuerda que la organización lleva “muchísimos años” alertando del uso de porras contra manifestantes pacíficos y periodistas, así como de pelotas de goma en situaciones que no cumplen los estándares internacionales. En las últimas movilizaciones, señala, se han visto disparos contra personas que se alejaban de la línea policial, incluso de espaldas. “Tienen que ser disparos precisos , pero solo contra personas que estén ejerciendo violencia”, defiende. La novedad de estas semanas es que se han desplegado diferentes reivindicaciones sociales, lo que ha puesto el foco en este tipo de actuaciones. Hay algo que sí consideran novedoso en este otoño de luchas sociales: la extensión del uso de herramientas represivas como el gas pimienta . Uno de los primeros episodios que recuerda Canales se produjo durante las manifestaciones en defensa de Palestina, en septiembre de 2025, y este año se han repetido episodios similares en Cataluña por parte de los Mossos d’Esquadra. “Yo veo la brutalidad de siempre , pero lo que sí me parece una novedad es el uso indiscriminado e injustificado de gas pimienta contra los manifestantes”, denuncia Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica. Anaïs Franquesa, presidenta de Irídia, considera que las últimas actuaciones reflejan un cambio en el uso de esta herramienta. Franquesa considera que las imágenes de las últimas cargas muestran un empleo del gas pimienta “de una forma totalmente antirreglamentaria y desproporcionada ”. También aprecia “mucha dureza” en las movilizaciones y advierte de que una intervención contundente puede generar “mucho más desorden del que pretende evitar”. Durante la huelga, varios agentes rociaron gas pimienta directamente en los ojos de personas que participaban en piquetes, cortes de carretera y manifestaciones pacíficas. Uno de los episodios más polémicos fue el uso de este producto contra una persona sin hogar en la Gran Vía de Madrid, sin provocación aparente. “Eso puede causar lesiones oculares graves”, denuncia Franquesa y recuerda que las directrices de Naciones Unidas y de la OSCE establecen que no debe utilizarse para disolver manifestaciones pacíficas ni contra la resistencia pasiva. Esta interpretación también encuentra respaldo en la jurisprudencia europea. En una sentencia del 17 de marzo de 2026, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Turquía por vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras el uso de gas pimienta contra una manifestante que no había mostrado ningún comportamiento violento y que incluso intentaba alejarse de la multitud. El agente la roció en la cara a menos de un metro de distancia, incluso después de que le diera la espalda. El tribunal concluyó que el uso de la fuerza no había sido estrictamente necesario y consideró insuficientes las sanciones impuestas al policía, al no garantizar un efecto disuasorio frente a futuras vulneraciones. Canales aclara que Amnistía Internacional no pide prohibirlo por completo, sino limitarlo a casos concretos: “En caso de usarse, solo se tiene que utilizar contra personas que están implicadas de manera directa en hechos violentos . Y únicamente para que cesen esos actos violentos”. Este jueves, Interior anunció que prohibirá esta herramienta, una decisión rechazada por los sindicatos policiales. Franquesa alerta de que los operativos pusieron en peligro a familias, niños y personas mayores . Destaca el embolsamiento de manifestantes en la Gran Vía de Madrid, que no podían acceder a la plaza de España y después sufrieron una carga policial. Canales considera especialmente preocupante el uso de armas antidisturbios contra personas que “no están representando una amenaza para la integridad, no hablemos ya para la vida de los policías”. Sobre la extensión del uso del gas pimienta, Canales apunta a la falta de órganos independientes que asesoren o evalúen qué armas deben utilizar las policías. Dejar estas decisiones en manos de los propios cuerpos, sostiene, dificulta que el uso de estas armas se ajuste a los estándares internacionales. Franquesa añade que la Policía Nacional no tiene un protocolo público sobre el uso del gas pimienta. Sin transparencia sobre sus condiciones de empleo, advierte, resulta más difícil fiscalizar las actuaciones. Para las organizaciones consultadas, el problema no se limita a las cargas o al armamento, también importa quién investiga los abusos y quién asume sus consecuencias. Franquesa rechaza que las decisiones dependan solo de los agentes desplegados: la planificación, la intensidad de las intervenciones y las instrucciones también corresponden a mandos y responsables políticos. La abogada considera que el Ministerio del Interior y las administraciones con competencias policiales son responsables del diseño de los dispositivos y de la investigación de posibles abusos. “Si cada vez que pasa algo, el Ministerio actuara inmediatamente, cortándolo de raíz, esto no pasaría”, afirma. La falta de respuesta, añade, transmite un mensaje de “impunidad total”. Amnistía Internacional denuncia que algunas causas se archivan porque no se identifica a los agentes o porque se considera que actuaron conforme a los protocolos. Canales cuestiona también la severidad de algunas condenas y los indultos concedidos a agentes condenados. La organización reclama reformar la ley mordaza , crear mecanismos independientes de supervisión policial y revisar los protocolos y la formación de los agentes. “El problema ha sido que no se han adoptado ese tipo de medidas”, lamenta Canales. Ante la falta de respuestas institucionales, Franquesa reivindica la presión de las organizaciones y de la ciudadanía . “Cuando la ciudadanía se organiza para dar respuesta a estos abusos, eso funciona y acaba influyendo a la institución”, sostiene. Recuerda la querella presentada tras el uso de gas pimienta en la estación de Sants el año anterior y destaca también la labor de los medios al documentar estos episodios. La cuestión no es solo si la policía utiliza más fuerza que antes, sino por qué se repiten determinadas prácticas, por qué cuesta conocer los criterios que las justifican y quién responde cuando una protesta pacífica acaba entre porrazos y gases. Como recuerda Franquesa, “los derechos se consiguen defendiéndolos” .
¿Para qué sirve una huelga general? Conviene hacerse esta pregunta antes de juzgar a quienes la convocan. Una huelga es mucho más que dejar de trabajar durante una jornada. Es una herramienta democrática, un derecho constitucional y, sobre todo, una expresión de la fuerza colectiva de quienes saben que individualmente tienen menos capacidad para cambiar las cosas. Porque cuando las personas trabajadoras se organizan, lo que parecía imposible puede convertirse en un derecho. La historia de nuestro país no se entiende sin el movimiento obrero y sin los sindicatos de clase. La jornada de ocho horas, las vacaciones pagadas, la negociación colectiva, la protección frente al despido o la seguridad en el trabajo no fueron regalos de ningún poder económico. Fueron conquistas sociales, fruto de décadas de organización, movilización y sacrificios. Desde la histórica huelga de La Canadiense de 1919 hasta las grandes huelgas generales de nuestra democracia, la clase trabajadora ha demostrado que el progreso social también se escribe desde las fábricas, los talleres, las oficinas y las calles. El presidente Pedro Sánchez lo tiene bien presente y así lo ha publicado. Los derechos que ahora consideramos normales fueron durante mucho tiempo inimaginables. Y ha lanzado una advertencia que deberíamos tener presente: "Lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante". Una reflexión especialmente oportuna cuando algunos parecen olvidar cuánto debemos a quienes lucharon en el pasado no tan lejano. Porque los derechos no suelen caer del cielo. Se conquistan, se defienden y se amplían. Y ahí reside precisamente la importancia histórica de organizaciones como la Unión General de trabajadores y trabajadoras y las Comisiones Obreras, dos sindicatos de clase que han contribuido decisivamente a construir nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar. El próximo 11 de noviembre, UGT y CCOO, junto a otras organizaciones sindicales y sociales, han convocado una huelga general con una reivindicación tan sencilla como poderosa: salarios dignos para poder acceder a una vivienda digna. No es una huelga contra nadie. Es una huelga a favor de millones de personas que trabajan, cumplen con sus obligaciones y, sin embargo, no pueden desarrollar un proyecto de vida con tranquilidad. Jóvenes que no consiguen emanciparse, familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y trabajadores que descubren que tener una nómina ya no garantiza llegar a fin de mes. Los sindicatos denuncian una contradicción cada vez más evidente: mientras la economía crece y aumentan los beneficios empresariales, demasiados salarios siguen sin permitir una vida digna. Reclaman desbloquear la negociación colectiva, mejorar las retribuciones, reducir la jornada laboral, combatir la precariedad y desarrollar políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y amplíen el parque de vivienda asequible. Y tienen razón al situar la vivienda en el centro de las reivindicaciones laborales. Porque ¿de qué sirve mejorar un salario si cada subida termina absorbida por el alquiler? ¿De qué sirve tener empleo si no permite construir un hogar? La vivienda no puede seguir tratándose exclusivamente como una mercancía cuando nuestra Constitución, en su artículo 47, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esta movilización interpela a todas las administraciones públicas y también a quienes concentran buena parte de la riqueza que genera nuestro país. Porque defender mejores salarios, vivienda accesible y servicios públicos de calidad significa defender la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la fortaleza del Estado del bienestar. Por eso resulta tan reveladora la reacción de Alberto Núñez Feijóo , que ha pedido a los sindicatos reconsiderar la convocatoria. Lo verdaderamente extraño habría sido escucharle defenderla. No sorprenden las declaraciones de quien, en plena precampaña electoral, promete un Gobierno que pedirá sacrificios a la ciudadanía. ¿Sacrificios? ¿Otra vez? ¿Y a quién le tocará hacerlos? Porque conocemos demasiado bien ese modelo económico. El que considera que los grandes patrimonios necesitan incentivos mientras las familias trabajadoras deben apretarse el cinturón. El que convierte los recortes en responsabilidad y las reivindicaciones sociales en molestias. El que pide paciencia a quienes menos tienen y ofrece comprensión a quienes más acumulan. Nos suena demasiado. Nos suena a los años de austeridad, a las políticas de Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro. ¿Se acuerdan? Aquellos años en los que los sacrificios parecían tener siempre los mismos destinatarios. Frente a ese modelo existe otro: el que entiende que la prosperidad económica debe traducirse en bienestar compartido. El que ha impulsado la reforma laboral, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Avances importantes que no eliminan los problemas pendientes ni hacen innecesaria la movilización sindical. Al contrario, demuestran que el diálogo social, la acción política y la organización colectiva pueden transformar la realidad. Una democracia madura no teme a sus sindicatos. Los escucha, respeta su independencia y reconoce que el conflicto social también puede ser un motor de progreso. UGT ha elegido para esta convocatoria un lema que resume perfectamente el problema: "Que la vivienda no se coma tu salario". Y CCOO recuerda que la riqueza generada debe llegar también a quienes la hacen posible. El 11 de noviembre no debería interpretarse como una batalla entre partidos, sino como una llamada colectiva a defender algo elemental: que trabajar permita vivir dignamente. Porque una sociedad verdaderamente próspera no es aquella en la que unos pocos acumulan cada vez más, sino aquella en la que nadie tiene que elegir entre pagar el alquiler, llenar la nevera o construir su futuro. Las generaciones anteriores lucharon para conquistar el derecho a descansar. La nuestra no debería tener que luchar para conseguir el derecho a vivir bajo un techo.
Brand, en prisión preventiva desde el jueves cuando fue condenado por cuatro delitos sexuales, tendrá que cumplir varios años de condena penal a la que podrían sumarse nuevos posibles casos que ya investiga la justicia británica El actor Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales El actor y comediante británico Russell Brand , de 51 años, ha sido condenado este lunes por un tribunal de Londres a 10 años y 6 meses de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009. La definición de la condena llega después de que el juez Joel Bennathan ordenase el jueves su ingreso en prisión preventiva tras ser declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera, al cierre de un juicio muy mediático que ha durado cuatro semanas. El magistrado, que ha calificado hoy al actor de “depredador sexual”, destacó la “determinación y el coraje” de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand. En prisión tendrá que cumplir como mínimo siete años de privación de libertad antes de acceder a la prisión condicional. El magistrado reconoció en su descargo las labores que Brand había llevado a cabo en los últimos años para ayudar a personas que tienen distintos tipos de adicciones y también las dificultades familiares que afronta por ser padre de tres hijos. Un jurado popular compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres declaró culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en el recinto Hammersmith Apolo de la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras tres mujeres entre 2004 y 2009. En cambio, fue eximido de otros de los delitos sexuales que se le imputaban al no ser considerados probados. El juez Joel Bennathan explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traduciría inevitablemente en “una pena de prisión significativa” antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel, lo que se ha confirmado este lunes. Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violar oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004; de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un “masaje forzado” en 2009. Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar “arrastrar” a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001. Posible apertura de nuevos casos contra Brand En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó el jueves que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen “en curso”. En audiencias preliminares se reveló que una de estas denuncias proviene de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16. El historial de acusaciones sexuales contra Brand se remonta a septiembre de 2023, cuando varios medios publicaron una investigación conjunta sobre sus comportamientos. En abril de 2025 fue imputado por los delitos cometidos contra las cuatro primeras denunciantes, de los cuales se declaró inocente, y en diciembre de ese año fue acusado de otros nuevos delitos. Defendió su inocencia de los cargos restantes en una vista el pasado mes de febrero y el 12 de octubre se inició el juicio actual, que se ha prolongado durante cuatro semanas. Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas derivados de 'Gran Hermano', así como galas de premios como los Brit Awards o los MTV Video Music Awards. En el ámbito personal, ganó mayor notoriedad tras casarse con la cantante Katy Perry en 2010, para divorciarse un año más tarde.
El caso será examinado este martes en la reunión del Comité Nacional de Orden y Seguridad Pública, convocada por el ministro del Interior Matteo Piantedosi
“Su periodismo da voz a quienes más difícil lo tienen para ser escuchados y recuerda que ningún niño o niña debe quedar desprotegido por su origen o situación administrativa”, destaca la institución Gabriela Sánchez, sobre las palizas de militares a personas migrantes en Ceuta: “Después de todo lo publicado, siguen denunciando casos” Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es, ha sido galardonada este miércoles con el premio 'Nacho de la Mata', concedido anualmente por el Consejo General de la Abogacía Española. El galardón reconoce la defensa de los derechos de la infancia –la categoría lleva el nombre del destacado abogado de Fundación Raíces que dedicó gran parte de su vida a la defensa jurídica de los menores migrantes que llegan solos a España– en el marco de los Premios de Derechos Humanos 'Carlos Carnicer', que este año se celebran bajo el lema “No hay derechos de primera. Ni personas de segunda”, con foco en la igualdad y a la lucha contra la discriminación. La Abogacía Española destaca en un comunicado cómo, a través de “investigaciones rigurosas y una cobertura continuada de las crisis migratorias, especialmente en Ceuta”, Gabriela Sánchez ha contribuido “a denunciar expulsiones sin garantías, deficiencias en los sistemas de acogida y vulneraciones de los derechos de los menores”. “Su periodismo da voz a quienes más difícil lo tienen para ser escuchados y recuerda que ningún niño o niña debe quedar desprotegido por su origen o situación administrativa”, añade. La jefa de la sección especializada en migraciones y derechos humanos de elDiario.es está detrás de algunas de las informaciones más relevantes sobre la situación de las personas migrantes en Ceuta tras la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos el pasado julio. Fue la primera periodista española en publicar en una investigación decenas de testimonios de migrantes que denunciaban palizas por parte de militares españoles en Ceuta, con fotos y partes médicos. Luego, publicó vídeos verificados que confirmaban parte de los abusos, así como los audios en los que varios soldados presumen de sus palizas a migrantes en la ciudad autónoma. Durante más de un mes, ha informado sobre la situación de los menores migrantes que aún viven en la calle en la ciudad y los desalojos de los asentamientos. La periodista de elDiario.es, que se encuentra actualmente de nuevo en Ceuta para continuar con su cobertura informativa, lleva años siguiendo la política migratoria española y sus consecuencias, siempre con una perspectiva de derechos humanos. Ha trabajado en coberturas sobre movimientos migratorios y personas refugiadas desde Marruecos, México, Honduras, Camerún, el Mediterráneo Central y la frontera sur española, entre otros lugares. Asimismo, ha estado en varias ocasiones en Ucrania como enviada especial para contar de cerca las historias y el día a día de las víctimas de la invasión rusa. En los XXVIII Premios de Derechos Humanos 'Carlos Carnicer', también han sido reconocidos la decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, el Grupo Social ONCE y el jefe del Área de Comunicación y Prensa de la Fundación Princesa de Asturias, Rubén Vigil. Valriberas ha recibido el galardón en la categoría de Persona por su compromiso con el derecho de defensa en Ceuta. Su labor al frente del Colegio de la Abogacía y su defensa del Turno de Oficio han sido “fundamentales para garantizar la asistencia jurídica a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, en un territorio donde el acceso a la justicia plantea desafíos especialmente complejos”, explica la Abogacía. El Grupo Social ONCE ha ganado en la categoría de Institución y Vigil en la de Comunicación. La institución recalca que “los cuatro galardonados han desarrollado su labor en ámbitos muy diferentes, pero sus trayectorias comparten una misma preocupación: que las circunstancias de una persona, ya sea su origen, una discapacidad o su situación personal, no se conviertan en un obstáculo para ejercer sus derechos”. El jurado, además, ha otorgado una mención especial al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en reconocimiento a su labor de prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. Según la institución, a través del seguimiento de los discursos de odio y de iniciativas de sensibilización, el Observatorio contribuye a visibilizar estas situaciones y a promover una sociedad más respetuosa con la diversidad. A lo largo de sus 28 ediciones, los Premios de Derechos Humanos 'Carlos Carnicer' han reconocido públicamente el trabajo de personas y organizaciones que, muchas veces lejos de los focos, dedican su trayectoria a defender los derechos fundamentales. Desde la abogacía hasta el periodismo pasando por las organizaciones sociales y otras iniciativas ciudadanas, estos galardones “ponen en valor distintas formas de compromiso con la dignidad humana”. Con ellos, Abogacía Española busca también “acercar estas historias a la sociedad, reconocer el impacto de quienes las protagonizan y recordar la importancia de seguir prestando atención a las situaciones en las que los derechos fundamentales se ven amenazados”. Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reunirá a los premiados y a representantes del mundo jurídico y de la sociedad civil.
Estoy seguro de que León Felipe se sumaría al ejército de calaveras que llena nuestras calles, tan propias de los clásicos. Para empezar, porque el cuento que esconde ya no es uno de los que envenenan. La anterior 'nota al pie' - El exorcismo del arte A efectos prácticos, todo se mueve entre las “vueltas y revueltas” de la fortuna ( Quijote , obviamente) y los “¡cuentos, cuentos, cuentos!” de León Felipe en Llamadme publicano . Que se sepa o no, que se admita o no, es otra cuestión. Y el poeta de Tábara, hijo inequívoco del personaje de Cervantes —desde su faceta de “revolucionario” ( La Insignia ) hasta su condición de “vencido” ( Versos y oraciones del caminante )—, atacó los cuentos con los que mecen nuestras cunas y entierran nuestros huesos y propuso un camino “sin espejos,/ sin anillos,/ sin redes” y, especialmente, “sin miedo”, el inventor del engaño. No era un autor “doméstico”, de los que ejercen de “cronista del rey y el arzobispo”; escribía para liberar, sabiendo que la Historia “es una serpiente que se muerde la fábula” y que esa fábula suele ser el relato de los grandes. Lo bueno de ciertos cuentos es que se agostan a base de repetirlos, lo cual obliga a cambiarlos o vestirlos de otra forma; lo malo, que no hay ni uno que no regrese por los huecos de la ignorancia y su titiritero habitual, del que hablaré después. Es como lo que comenta El diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara en la fantástica escena del baratillo de los apellidos: que “al fin de los años mil, vuelven los nombres por donde solían ir”, a lo que Cleofás responde, cargado de sorna: “Cada día hay cosas nuevas en la Corte”. ¿Quién nos iba a decir a los que llevamos más de medio siglo dando tumbos que un enorme porcentaje de la población mundial volvería a pedir deportaciones masivas, pongo por caso? Hasta los avisados, los que no dejamos nunca de leer a León Felipe, creímos que el dislate no llegaría a esos extremos, porque el “narrador de cuentos” no podría colar tan pronto —en términos históricos— la misma estafa. Sin duda, deberíamos haber prestado más atención a unas palabras de Bertolt Brecht en el I Congreso Internacional de Escritores para la defensa de la cultura (1935), las referidas a “las raíces del mal” que se estaba extendiendo. Frente a los que pensaban que era un simple desbordamiento de la barbarie instintiva del género humano, empeorado quizá por un problema de carácter educativo, ejerció de abogado de nuestra especie y dijo: “el salvajismo no viene del salvajismo, sino de los negocios” del Capital, el que mueve las cuerdas de la marioneta y escribe la narración del espectáculo. Pero, si se han podido desmontar otros cuentos peligrosos, también se puede desmontar ese; con la condición de que no nos crucemos de brazos, en espera de que el tiempo lo arregle todo y anule el sistema económico del mismo modo en que anuló la reescritura de las fiestas paganas por parte del cristianismo. Piensen en una celebración como Halloween, por ejemplo. Nadie en su sano juicio diría que sea particularmente dañina, salvo que se exceda con el maquillaje y sufra una reacción alérgica. Sin embargo, su nombre es una contracción de All Saint’s Eve , la víspera del Día de Todos los Santos y, al igual que el Día de los Fieles Difuntos o de los Muertos, ha estado inserta durante cientos de años en el paquete ideológico de una religión, es decir, uno de los mayores cuentos que se puedan imaginar; y seguiría cumpliendo una función en tal sentido si la evolución del mundo no la hubiera devuelto a su origen, que por el lado de nuestra cultura son las Lemuralia de Roma, de las que tenemos bastantes datos gracias a los Fastos de Ovidio. De hecho, la única diferencia ostensible —creencias aparte— es la fecha del juego de espectros, que ahora se celebra en noviembre por decisión de un Papa del siglo VIII. Estoy seguro de que León Felipe se sumaría al ejército de calaveras que llena nuestras calles, tan propias de los clásicos; y no solo por la oportunidad de llevar su capa por ahí sin que algún correligionario lo intente detener (una historia para otro momento). Como mucho, lamentaría que el cambio de aquel Papa dejara sin sentido un refrán interesante: Mense maio malae nubunt , “las malas se casan en mayo”, derivado de la superstición de que casarse en el mes original de las Lemuralia era una forma segura de ganarse un divorcio. A fin de cuentas, nuestro grandísimo poeta sabía perfectamente que no todos los cuentos están en la categoría de los que se denuncian en Llamadme publicano y, aunque algunos nos estén buscando la ruina con ellos, ¿quién no merece divertirse un poco?
Varios teatros han desplazado las funciones de día o incluso cancelado su programación del 11 de noviembre, incluidos el Auditorio Nacional y el Teatro Real. "Son hechos muy graves que el público debe conocer", aseguran Paul Mescal, Susan Sarandon o Tilda Swinton apoyan a Sally Rooney tras su veto en Reino Unido por su apoyo a Palestina Los sindicatos CGT y CNT han denunciado que varios espectáculos de Madrid están vulnerando el derecho a huelga a sus trabajadores, tras haber cancelado o desplazado a fechas diferentes las funciones programadas para el 11 de noviembre. Tanto en El Rey León que se representa en el teatro Lope de Vega como El alma al aire que acoge el Coliseum, las funciones previstas para el miércoles 11 se han trasladado al lunes 9. Ambas están producidas por Stage Entertainment. En la página web de los dos musicales publicaron un aviso, que posteriormente borraron, en el que informaban: “Debido a la huelga general, la función del 11 de noviembre ha sido cancelada. Sentimos mucho las molestias”. En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, indicaban igualmente que quien tuviera entradas para ese día, podría cambiarlas sin coste adicional por otra función disponible. Este periódico ha intentado contactar con la productora, pero todavía no ha obtenido respuesta. Captura del calendario de noviembre de 'El rey león' con el que se accede a la venta de entradas También se han desplazado los conciertos programados para el 11 en el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música, este último dependiente del Ministerio de Cultura. El Teatro Real ha enviado un comunicado a los medios de comunicación informando de la reprogramación. En él alegan que se ha acordado “por razones de seguridad y para prevenir posibles incidencias en la movilidad del transporte público o eventuales cortes de circulación que podrían dificultar la entrada y salida del público, los artistas, los trabajadores y el resto de profesionales relacionados con el Teatro Real, derivadas de la convocatoria de huelga general para esa jornada”. Añaden que con esta medida quieren “garantizar y compaginar el derecho a la huelga de la plantilla con el compromiso con el público”. Lo mismo ha ocurrido en el musical Six en el teatro Gran Vía, que gestiona el grupo Smedia y otros del mismo grupo, como Victoria en el Fígaro. En el caso de del Alcázar, han cancelado la función, pero sin reprogramarla. En los teatros Luchana se ha cancelado toda la programación, dando día libre al personal. Los sindicatos denuncian que se han producido igualmente irregularidades en el musical Los Miserables , regentado por ATG Entertainment, que ha cambiado la función del día 11 al 8. La misma productora ha cancelado Querido Evan Hansen en el Rialto, Wicked en el Nuevo Teatro Alcalá y La función que sale mal en el Amaya. Para los sindicatos, estos son hechos “muy graves que el público asistente a esos espectáculos debe conocer”. Además, indican que en las próximas semanas harán piquetes informativos en diferentes teatros madrileños y hacen un llamamiento al público que hubiera adquirido entradas para el día de la huelga general, para que rechacen el cambio de fecha y soliciten la devolución de los importes abonados.
