Agentes de la UCO de la Guardia Civil acuden al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para pedir información
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España , por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos de los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores. En el trabajo, elaborado a lo largo de 35 días, la fundación localizó más de 200 perfiles que publicaban abiertamente este tipo de contenido y unas 1.000 publicaciones «de niños con adultos en la ducha, en la cama; (...) con restos de semen en la cara; (...) con los ojos vendados (o) esposados...». En total, sumaban 48 millones de visualizaciones. A pesar de que la fundación denunció una muestra del contenido a la red social, y esta solo tomó medidas para eliminar el 10% de total. En un comunicado, la AEPD expresa «su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas», pero reconoce que «debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye». A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país «velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma». La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita «corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales», que son los encargados de «acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio». La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores. «Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional», destacan desde la AEPD. «La agencia lo que ha intentado es evitar el fregado de la mejor forma posible», explica en conversación con ABC Samuel Parra, abogado especializado en asuntos tecnológicos. El jurista recuerda que en 2021 el garante italiano de protección de datos ya paralizó temporalmente las operaciones de la red social el país transalpino después de que una niña de 10 años se suicidase debido a uno de los retos virales que circulan por la 'app'. Y que la AEPD hizo lo mismo con la empresa de criptomonedas WorldCoin en 2024 por escanear el iris de sus usuarios. «Técnicamente, la AEPD tenía la facultad para haberlo hecho también con TikTok, el problema es que si hubiera dado ese paso, lo más probable es que la red social hubiera acudido a los tribunales y seguramente habría ganado argumentando falta de proporcionalidad y que con la medida se estaba atacando la libertad de expresión y de información de los españoles», dice el jurista. En su lugar, la agencia ha anunciado que trasladará toda la información recopilada sobre el caso a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas en esta materia. Asimismo, pondrá la situación en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y, por tanto, la que tiene capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma. «Es la Comisión Europea la que debe tomar una decisión sobre este asunto, porque se trata de la que tiene capacidad para ello», explica a este periódico el abogado Javier Prenafeta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de una investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores localizados en el interior de TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha firmado este mismo miércoles un decreto con el que deja la investigación en manos de la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Se da este paso después de que la propia Maldita denunciase los hechos y de que el Ministerio de Infancia y Juventud solicitasen el inicio de dicha investigación, cosa que hizo la propia Rego el pasado martes. En la denuncia, la fundación hacía constar que había «tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder en la misma o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico». Los representantes de Maldita comparecieron este mismo miércoles ante la fiscal a cargo del caso «para ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio oportuno, que será objeto de inmediato análisis y valoración».
Los agentes reconocen que no pueden determinar la antigüedad de la pisada atribuida al fundador de Mango con la que la Fiscalía incrimina a su hijo porque llovió y el sendero no se acordonó La élite empresarial catalana empieza a desfilar ante la jueza como testigo de las turbulencias familiares de los Andic Dos agentes de la unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra que investigaron la muerte de Isak Andic han admitido ante la jueza que no pueden concluir que el fallecimiento del fundador de Mango al caer por un barranco fuera un homicidio. Los agentes han declarado este viernes como testigos ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga a Jonathan Andic, hijo del empresario, en relación con la muerte de su padre durante una excursión que ambos hicieron a solas por un sendero de Montserrat en diciembre de 2024. El informe de la unidad de Montaña de la policía catalana, en el que tras varias simulaciones zanjaba que no se podían “determinar las causas que generaron la caída ni la participación de otras personas en los hechos”, es uno de los puntales de la defensa de Jonathan Andic. Frente a las conclusiones exculpatorias tras la investigación sobre el terreno, otra unidad de investigación de los Mossos ha construido una tesis incriminatoria contra Jonathan Andic en base a un móvil económico del presunto homicidio que, por ahora, sí han avalado la jueza y la fiscal. La defensa de Andic, de hecho, acusó a la instructora de “ignorar” la “relevante” conclusión de los especialistas en Montaña de la policía catalana. Este viernes, los agentes se han ratificado en el informe que realizaron sobre el suceso, en el que concluyeron que no se podía determinar la participación de “otras personas” en la caída ni cómo se produjo, ya que el resultado de las simulaciones no fue concluyente. En concreto, según han detallado los agentes, ninguno de los diez simulacros de caída con los que trataron de averiguar de qué forma se había despeñado Isak Andic arrojó resultados concluyentes sobre si fue provocada por un tropiezo, como sostiene la defensa, o un empujón de su hijo Jonathan, como sospecha la Fiscalía. Los agentes han depuesto ante la jueza sobre otro de los indicios que, a día de hoy, sustenta la imputación de Andic, pero resultan más complicados de explicar a un jurado, tribunal ante el que se juzgará el caso si llega a juicio: la huella hallada en el lugar de la caída del fundador de Mango. La jueza cree que la huella no fue fortuita, sino provocada artificialmente por Jonathan Andic para simular que era una pisada dejada por su padre antes de despeñarse. Los agentes han restado valor a este indicio al reconocer que, días antes de que examinaran la pisada, había llovido en la zona, por lo que no pueden determinar la antigüedad de la huella. Además, el terreno estaba contaminado, pues no había sido acordonado desde el día de la caída. La ronda de testificales del caso Andic, que empezó este jueves, se alargará hasta diciembre. El lunes será el turno del notario de Isak Andic y del jefe de servicios y de personal de la familia, entre otros, que abordarán la relación y las discrepancias económicas entre padre e hijo.
30 noticias
El PSOE denuncia ante la Fiscalía General del Estado los pagos que Dos Mil Palabras, empresa editora de OkDiario, hizo a la defensa de Koldo García, quien fuera todopoderoso asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre , se dirige contra la mercantil, Eduardo Inda, el PP y el abogado Alberto Durán , que hasta hace poco representaba a la formación conservadora en las causas judiciales de mayor impacto político y mediático. Y por unos hechos que podrían ser constitutivos, sostienen los denunciantes, de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. La denuncia se apoya, fundamentalmente, en la documentación de los pagos y en los audios enviados por García desde la cárcel. Hace dos semanas, la letrada Leticia de la Hoz aportó en la Audiencia Nacional una serie de facturas y justificantes de pago relacionados con la defensa del exasesor, que ella misma ejerció en el Tribunal Supremo. Lo hizo en el marco del caso Leire , en el que se investiga una supuesta trama para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial y actuación policial" que pudiera afectar al Partido Socialista o al Ejecutivo. El objetivo era, fundamentalmente, acreditar que la formación socialista no se había hecho cargo de la defensa que ella había ejercido. Los documentos acreditan pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, a IDBO Consultants, para quien trabaja la abogada, por 242.000 euros –IVA incluido–. Según consta en las facturas aportadas por la abogada, los abonos se hicieron en concepto de "honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García" . El primero, de 181.500 euros, se hizo el 27 de noviembre de 2025, justo el mismo día en el que OkDiario empezó a publicar una extensa entrevista con el exasesor en la que cargaba contra todo el entorno del Gobierno. El segundo, de 60.500 euros, se materializó el 23 de enero de 2026, cuando García ya se encontraba en prisión a la espera de juicio. El exasesor de Ábalos sostiene que detrás de todo esto hay una operación del PP. En una serie de audios remitidos a la Cadena Ser, el exasesor aseguró que pactó con Durán, abogado de la formación conservadora, "una rebaja de pena que supondría no entrar en la cárcel", "sacar" a su familia "del proceso", "pagar" su "defensa" y "la cantidad de un millón de euros" a cambio de "declaraciones que afectaran a personas relevantes del Gobierno". "Aún mintiendo", completó. Estos pagos, dijo, se canalizarían a través de OkDiario : "Eduardo Inda –director del medio– era el pagador del PP". Siempre según su versión, el pacto debía componerse de un primer abono de 300.000 euros que se efectuaría por una entrevista sobre supuestas corruptelas del Gobierno de Pedro Sánchez que luego se aportaría a los tribunales para que sirviera como denuncia. Los 700.000 euros restantes se justificarían con los derechos de un libro. Un dinero que el digital de Inda luego recuperaría con la publicidad institucional que le inyectan distintos gobiernos del PP. La editora de la web asegura que el pago responde a la adquisición en exclusiva de sus derechos de imagen y explotación para proyectos periodísticos y audiovisuales . Y que así quedó plasmado en un contrato del que ha publicado algunos fragmentos. Un documento contra el que, sin embargo, disparan los socialistas en su denuncia. Si la causa hubiera sido la "real adquisición de derechos", apuntan, el dinero se debería haber abonado a García, no al despacho de abogados que lo representaba. Por ello, creen que dicho contrato "es un mero artificio o negocio simulado" para "encubrir" una "entrega de dádivas" e "inmunidad procesal". "El contrato mercantil invocado como explicación de los desembolsos no permite esclarecer esa realidad documental, porque la realidad es que, hasta el momento no se ha aportado un libro ni una docuserie que permitan comprobar la ejecución de esas prestaciones , ni un justificante de pago a Koldo García por tales conceptos", resalta la denuncia, en la que también se recopilan algunas cantidades que la editora de OkDiario habría percibido en los últimos años de administraciones gobernadas por el PP. El PSOE no solo quiere que se ponga el foco en Durán o Inda. También quiere que se investigue quién "encargó, superviso o conoció" las reuniones que se mantuvieron en relación con este caso o "quién fijó el alcance del encargo" al abogado. Ahora, la Fiscalía debe decidir si abre una investigación y practica las diligencias solicitadas por los socialistas . Entre otras cosas, piden que se tome declaración a los denunciados y a García, que se solicite copia auténtica del contrato aireado por OkDiario o que se acuerde un análisis, por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de las comunicaciones existentes entre los denunciados desde abril de 2025 a septiembre de 2026. Del mismo modo, solicitan que la UCO investigue "las cuentas y facturación" de Dos Mil Palabras y las empresas de su grupo, así como "las dotaciones de dinero público" recibido por la mercantil en los últimos cuatro años .
El Partido Socialista ha presentado una denuncia en Fiscalía sobre los presuntos ofrecimientos del Partido Popular y OkDiario a Koldo García. La formación pide investigar si el letrado de Génova, Alberto Durán, y el director del medio digital, Eduardo Inda, orquestaron una cloaca que ofreció al exasesor de Ábalos dinero a cambio de informaciones para derrocar al Gobierno, como ha ido desvelando en la última semana. El PSOE pide a la Fiscalía que investigue posibles delitos de obstrucción a la Justicia, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, prevaricación y malversación, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com. La denuncia va dirigida a su vez contra uno de los abogados del PP, Alberto Durán, así como a la empresa editora y los socialistas dicen que se habría hecho "con una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio podría ser el Partido Popular". "Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", abunda el PSOE. Además, hace hincapié en que, el pasado 9 de noviembre, una de las dirigentes 'populares', Cuca Gamarra, "a preguntas de los medios de comunicación, confirmó la existencia de reuniones entre Alberto Durán y Koldo García, aunque negara taxativamente el ofrecimiento de cantidad alguna al mismo, pero sin aclarar ni dónde se produjo, la naturaleza de aquella reunión y cuál fue su objeto". En su turno de última palabra en el juicio del Supremo, Koldo aseguró: "A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir". En concreto, Koldo ha acusado en varios audios al abogado del PP de haberle ofrecido un millón de euros y el pago de su defensa a cambio de contar corruptelas de Pedro Sánchez, primero en una entrevista a OkDiario, y después ante la Justicia. El que fuera asesor de Ábalos asegura que se reunió con Durán e Inda, y que estos le ofrecieron un acuerdo que se quedó en los 242.000 euros que la editora de OkDiario le pagó a su abogada Leticia de la Hoz, por los "honorarios" de la defensa en el 'caso Mascarillas'. Según el digital de Inda, este dinero se pagó por los derechos de contenido audiovisual sobre Koldo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
También enDiario de MallorcaLa Nueva EspañaInformacióny 2 másComparar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
También enFaro de VigoLa Opinión de MurciaEl Periódico Mediterráneoy 2 másComparar
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes en Madrid en un mitin de campaña con jóvenes de Nuevas Generaciones acompañado de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
También enLa Opinión de ZamoraEl Correo de AndalucíaLa Opinión de Málagay 2 másComparar
Las diligencias, coordinadas desde Madrid junto a agentes de la UCO, incluyen registros en Igualdad y Tribunal de Cuentas por un posible uso irregular de recursos comunitarios destinados a dispositivos de vigilancia de órdenes de alejamiento
También enLa Tribuna de AlbaceteLa Tribuna de CuencaLa Tribuna de Talaveray 2 másComparar
Bruselas advirtió en enero de que el séptimo desembolso de fondos europeos quedaba condicionado a la evaluación del sistema de protección de mujeres. Más información: La Fiscalía Europea abre una investigación por fraude de fondos UE en las pulseras antimaltrato de Igualdad.
También enDiario de LeónDiario de ÁvilaLa Tribuna de Guadalajaray 2 másComparar
El Ministerio Público encuadra el préstamo para el pago de un local y un aparcamiento a la pareja del exministro, Andrea de la Torre, en ese sistema de comisiones por amaños de adjudicaciones de obra pública Cristian Corvillo, el desconocido que se subió al escenario con Sánchez y acabó como mano derecha de Ábalos en Andalucía La Fiscalía Anticorrupción considera que Cristian Corvillo, persona vinculada al PSOE de Córdoba, pudo facilitar o intermediar en la entrega de dinero en efectivo que el comisionista Víctor de Aldama hacía llegar al exministro José Luis Ábalos. En el informe previo a las entradas y registros que se llevaron a cabo la semana pasada y que volvieron a afectar al domicilio de Ábalos, el Ministerio Público señala que en las conversaciones de la presunta trama investigada, “expresiones como 'fotocopias' y 'bolígrafos' tendrían un mismo significado: dinero en efectivo”. Tras el levantamiento del secreto de esta pieza separada, dedicada a analizar la figura de Corvillo, el fiscal explica que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que, tras el análisis progresivo de lo incautado en febrero de 2024 (cuando estalló el caso Koldo) se ha podido profundizar en ese papel de Corvillo para la canalización de fondos al entorno de Ábalos “en un contexto marcado por el cobro de cantidades adeudadas por empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos”. En concreto, detalla que éste investigado “habría hecho llegar fondos al entorno de Ábalos a través de una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona” y todo en un contexto en el que el exministro “había manifestado tener falta de liquidez y buscaba financiación para que su entonces pareja, Andrea de la Torre adquiriera un inmueble”. Detalla el informe del fiscal que el 19 de abril de 2024, la pareja de Ábalos adquirió dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros (un local de uso industrial ubicado en la calle Cerro del Murmullo, de Madrid, y una plaza de aparcamiento en ese mismo edificio). Explica la UCO que esa compra se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose el pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria. Frente a esta tesis, fuentes de la defensa de De la Torre señalan que sí hubo una hipoteca pero que fue cancelada gracias a un préstamo en el que intervino Corvillo. Para la Fiscalía y para la UCO, la realidad es otra. Indican que el 12 de febrero de 2024, Andrea de la Torre recibió una trasferencia de 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander en concepto 'préstamo' y que el origen del dinero estaba en una cuenta de Portugal titulada por la mercantil Esperança Colossal, sociedad administrada por un tercero que además titulaba otra sociedad española denominada Deplan-Works SL. “Del análisis de los mensajes intercambiados entre Corvillo y Aldama se colige que ambas sociedades se encontrarían bajo el control de Corvillo”, indica el fiscal del caso. El papel de Corvillo habría ganado peso como “mediador” entre la dupla Ábalos-Koldo y el comisionista Aldama en el momento en el que la relación entre ellos empezó a deteriorarse. “Corvillo habría actuado como vía de acceso al ámbito de influencia de Ábalos”, destaca. Y el fiscal añade que constan mensajes entre Aldama y Corvillo en los que hablan de las gestiones encargadas a Ábalos, que era utilizado por su capacidad de influencia dentro del Gobierno. Como ejemplo destaca una gestión del exministro ante la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, a cuenta de una solicitud de nacionalidad de un cardiólogo norteamericano. Y constan los mensajes de Ábalos intercambiados con Reyes Maroto. Por otro lado, el informe apunta que hay indicios de que Corvillo se habría hecho con una vivienda como “contraprestación en especie” por su participación en las actividades de la organización criminal investigada. La vivienda en cuestión se denominaba 'Casa de Celia Cruz' y fue adquirida gracias a transferencias desde sociedades portuguesas vinculadas a Aldama (como Atmosfera Audaz Unipessoal LDA) . El precio de la compraventa fue de 399.900 euros. La UCO ha podido documentar pagos por valor de 245.498 euros. La Fiscalía señala, además, que Corvillo utilizó a terceras personas para ocultar su participación en determinadas operaciones. De hecho, cree que pudo utilizar de pantalla a su propio hermano para actividades vinculadas a Aldama. Además, explica que este militante y empresario cordobés se habría valido de Koldo García “para influir en licitaciones convocadas por organismos dependientes de ese Ministerio de Transportes, en particular,por ADIF y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre”. En este sentido, destaca que tenía relación con empresas del sector como la UTE conformada por Construcciones Sevilla Nevada y Azvi. Esa UTE fue adjudicataria de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, del acceso a Mérida, del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara. También tuvo relación con la UTE de Aquaterra Servicios Infraestrcuturas y Servicios Técnicos Napal, que se adjudicó el contrato de servicios para la conservación y explotación de la autopista AP7 (Cartagena – Vera). A esto, suma que Corvillo también pudo influir en la adjudicación a la empresa Limpiezas Castilla de Salamanca SL (del Grupo Limcasa) del contrato para la prestación del servicio de limpieza de las dependencias del edificio de ADIF, situado en la calle Méndez Álvaro nº 1 de Madrid. Interlocución con Pedro Sánchez Si bien el informe del fiscal obvia alusiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los posibles vínculos con la trama del PSOE, los dos informes de la UCO a los que también ha accedido elDiario.es sí mencionan que se ha localizado una conversación entre Corvillo y Aldama en la que el primero refiere que mantiene una interlocución directa con el secretario general del partido. Siempre según mensajes del propio Corvillo, el 19 de abril de 2023 indicó a Aldama que al día siguiente el presidente iría a Córdoba y mantendría una reunión privada con él. “Me ha llamado Óscar López”, indicó. Al día siguiente, este militante explicaba a Aldama cómo se había desarrollado la reunión que se habría extendido por 35 minutos. La valoró como “muy positiva al señalar que había ido 'de lujo lujo'”. Y precisó que el motivo del encuentro había sido hablar del 'jefe', término utilizado para referirse a Ábalos por la trama investigada.
Los investigadores recaban documentación en el Ministerio de Igualdad de unos contratos que suman 102,6 millones y cuyo funcionamiento fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato , ha encargado a la fiscal de Sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente , que investigue los posibles delitos de elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y de corrupción de menores en TikTok. Así lo ha informado la Fiscalía General del Estado, que sitúa el origen de las pesquisas en la denuncia presentada por Maldita.es ante su Unidad de Criminalidad Informática. Los denunciantes comparecieron el 11 de noviembre ante la fiscal Tejada para ratificar la denuncia y entregar el material probatorio, que será objeto “de inmediato análisis y valoración ”, según el Ministerio Público. La denuncia describe la venta y difusión de este material en la red social, la recomendación de contenidos similares y la emisión en directo de imágenes de menores a cambio de dinero. Las investigaciones de Maldita.es han detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que suman más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este material, más de 7.000 de ellos en español. También han localizado 780 cuentas que usan la plataforma para captar compradores, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en las que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés. En paralelo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado actuaciones tras recibir una comunicación formal del Ministerio de Juventud e Infancia . El Gobierno había pedido a la Agencia que paralizara de forma excepcional los servicios de TikTok en España, pero el organismo ha aclarado que no tiene competencias para decretar el cierre de la plataforma. Lo que sí hará es pedir a Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su verificación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos, y requerir a TikTok información concreta sobre lo que está haciendo para retirar esos contenidos. Una vez analizada esa información, ordenará el bloqueo del acceso a esos enlaces , una medida que define como “concreta, proporcionada y adecuada”. La Agencia recuerda que investigar los hechos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Fiscalía y a los jueces, que son también “la sede natural” para acordar la retirada de contenidos penalmente ilícitos o restringir el acceso a un servicio. Además, como TikTok tiene su establecimiento principal europeo en Irlanda, la autoridad que la supervisa es la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC), y la AEPD solo puede intervenir en supuestos “tasados y excepcionales” , como el procedimiento de urgencia. Por eso trasladará la información a la autoridad irlandesa, a las demás autoridades europeas y a la Comisión Europea, competente en el Reglamento de Servicios Digitales. TikTok ha eliminado parte de los vídeos denunciados y ha restringido dos de los términos de búsqueda que la investigación identificó como vía de acceso al material. Sin embargo, Maldita.es denunció el martes que el resto de términos siguen funcionando como antes, pese a haber sido reportados , y que en tres horas de búsqueda localizó otras 100 publicaciones de abuso sexual infantil, que también entregará a la Fiscalía. Según la fundación, no necesitó “ninguna herramienta secreta”: el buscador y el algoritmo de la plataforma la llevaron directamente a ese contenido. Una de las últimas entregas de la investigación de Maldita.es se centra en el ‘Team 94’, una comunidad de más de 2.000 usuarios que busca y ofrece material de abuso de bebés y niños muy pequeños . Toma su nombre de Matthew Estes, condenado en Estados Unidos en 2025 a 60 años de prisión por violar a un bebé de 16 meses, grabarlo y distribuirlo. Maldita.es localizó 39 vídeos e imágenes de menores que probablemente son víctimas de abusos, con más de un millón de visualizaciones, y más de 2.000 comentarios potencialmente pederastas, la mayoría en español. Al contactar con miembros del grupo, varios aseguraron tener material grabado con menores de su familia; uno, que se presentó como padre, se ofreció a abusar de su hijo en directo por videollamada. El 7 de octubre, el medio detectó además un directo en TikTok en el que se emitió una de las violaciones de Estes . Seis días después, la cuenta seguía activa.
{{x.sep}} {{x.txt}} {{x.sep}} {{x.txt}} {{t.menu}} ES | EN ES | EN {{t.apoyarCorto}} {{t.apoyarLargo}} {{g.n}} [EN PENDIENTE] {{g.tema}} {{g.fechaTxt}} {{t.politicas}} [EN PENDIENTE] {{p.antes}} {{p.tramo}} {{p.despues}} {{t.editorial}} {{t.politicas}} [EN PENDIENTE] {{p.antes}} {{p.tramo}} {{p.despues}} {{x.txt}} {{t.avisoContenido}} {{t.impacto}} La denuncia de la Fundación Maldita.es lleva a la Fiscalía a abrir una investigación sobre abuso sexual infantil en TikTok Fundación Maldita.es complaint prompts the Attorney General’s Office to open an investigation into child sexual abuse on TikTok 11 noviembre 2026 11 November 2026 La Fiscalía General del Estado ha anunciado una investigación por la difusión de abuso sexual infantil y corrupción de menores en TikTok a partir de la denuncia y las pruebas presentadas por la Fundación Maldita.es. La fiscal general, Teresa Peramato, ha firmado el miércoles 11 de noviembre un decreto por el que encarga el caso a la fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada. Horas antes, el equipo de Maldita.es se había reunido con la fiscalía para ratificar la denuncia y entregar las pruebas recopiladas durante la investigación “TikTok, el hogar del pederasta” . The Attorney General’s Office has announced an investigation into the spread of child sexual abuse and the corruption of minors on TikTok, based on the complaint and evidence submitted by Fundación Maldita.es. The Attorney General, Teresa Peramato, signed a decree on Wednesday 11 November assigning the case to the Coordinating Chief Prosecutor for Cybercrime, Elvira Tejada. Hours earlier, the Maldita.es team had met with the Prosecutor’s Office to ratify the complaint and hand over the evidence gathered during the investigation “TikTok, home to predators” . La propia Fiscalía lo explica en su comunicado : “La investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es”. El material aportado por Maldita.es “será objeto de inmediato análisis y valoración”, añade. The Attorney General’s Office explains it in its statement : “The investigation originates from the complaint filed with the Cybercrime Unit of the Attorney General’s Office by Maldita.es.” The material provided by Maldita.es “will be immediately analysed and assessed”, it adds. “Es una buena noticia que se investigue porque es inadmisible lo que está pasando. Nosotros hemos declarado hoy ante Fiscalía y entregado 1 terabyte con toda la evidencia recogida durante esta investigación, incluida la inacción de TikTok ante nuestras denuncias: no se trata de poner un parche, sino de arreglar un problema sistémico. Si TikTok no es capaz de cumplir sus propias normas, al menos que tenga que cumplir la ley”, declaró Clara Jiménez Cruz, CEO de la Fundación Maldita.es. “It is good news that this is being investigated, because what is happening is unacceptable. Today we gave evidence before the Prosecutor’s Office and handed over 1 terabyte with all the evidence gathered during this investigation, including TikTok’s inaction in response to our reports: this is not about applying a patch, but about fixing a systemic problem. If TikTok is unable to comply with its own rules, at least it should have to comply with the law,” said Clara Jiménez Cruz, CEO of Fundación Maldita.es. La fiscal Tejada investigará los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores que se hayan podido cometer en TikTok. Prosecutor Tejada will investigate possible offences relating to the production and distribution of child sexual abuse content and the corruption of minors that may have been committed on TikTok. La denuncia de Maldita.es describe la publicación, difusión y venta de material de abuso sexual infantil en TikTok. También señala que la plataforma recomienda contenidos de esa misma naturaleza y que en ella se emiten en directo imágenes de menores a cambio de compensaciones económicas. The Maldita.es complaint describes the publication, distribution and sale of child sexual abuse material on TikTok. It also states that the platform recommends content of the same nature and that images of minors are livestreamed on it in exchange for financial rewards. Es lo que documentó la investigación , publicada el lunes 9 de noviembre: durante 35 días, Maldita.es localizó 1.183 vídeos de abuso sexual infantil explícito con 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que comentan y comparten ese material. De los 50 vídeos que denunció a través de los canales de TikTok, la plataforma solo retiró cinco. This is what the investigation , published on Monday 9 November, documented: over 35 days, Maldita.es found 1,183 videos of explicit child sexual abuse with 48 million views, and more than 26,000 profiles of potential predators who comment on and share that material. Of the 50 videos it reported through TikTok’s channels, the platform removed only five. La AEPD pide a Maldita.es los enlaces para ordenar su bloqueo The AEPD asks Maldita.es for the links in order to block them La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también ha reaccionado a la investigación después de que el Ministerio de Juventud e Infancia le reclamara la suspensión cautelar de la plataforma en España . En un comunicado , la AEPD “reconoce el valor del periodismo de investigación” para “sacar a la luz hechos de esta gravedad” y anuncia que ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. La primera es solicitar a la Fundación Maldita.es la relación de enlaces en los que, según su trabajo de investigación, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos de menores. The Spanish Data Protection Agency (AEPD) has also reacted to the investigation, after the Ministry of Youth and Childhood called on it to suspend the platform in Spain as an interim measure . In a statement , the AEPD “recognises the value of investigative journalism” in “bringing to light events of this seriousness” and announces that it has taken action within its remit. The first step is to ask Fundación Maldita.es for the list of links where, according to its investigative work, minors’ data is being unlawfully processed. Con esa información, la AEPD requerirá a TikTok que explique qué ha hecho para retirar los contenidos denunciados. Después ordenará el bloqueo del acceso a los enlaces y contenidos concretos que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores. Además, trasladará toda la información a la autoridad de protección de datos de Irlanda, donde TikTok tiene su sede europea, al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales, según su propia publicación. With that information, the AEPD will require TikTok to explain what it has done to remove the reported content. It will then order access to be blocked to the specific links and content that involve the unlawful processing of minors’ data. It will also pass on all the information to the data protection authority in Ireland, where TikTok has its European headquarters, to the European Data Protection Board and to the European Commission, given its powers under the Digital Services Act, according to its own statement. TikTok no cumple sus propias normas de protección a los menores. ¿Cuánto más vamos a esperar? Ayúdanos a exigirle responsabilidades. TikTok doesn’t follow its own child protection rules. How much longer are we going to wait? Help us hold it to account. {{t.cadaCuanto}} {{t.unaVez}} {{t.pagoPuntual}} {{t.cadaMes}} {{t.apoyoContinuo}} {{t.cadaAnio}} {{t.cobroAnual}} {{t.cuanto}} {{a.tag}} {{a.txt}} {{a.unidad}} {{t.otraCantidad}} {{t.otraCantidadEuros}} € {{don.error}} {{don.texto}} {{don.texto}} {{t.pagoSeguro}} {{x.sep}} {{x.txt}} {{t.leer}} {{g.tit}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{imp.nuevaPestana}} {{m.medio}} {{m.medio}} · {{m.cargo}} {{m.titular}} {{m.meta}} {{g.desc}} 1 {{imp.de}} {{g.nPag}} [EN PENDIENTE] {{t.avisoLargo}} {{imgText}}
Los vínculos de una organización criminal belga con una banda brasileña dedicada al tráfico de cocaína han sido el centro de atención de un importante juicio celebrado en Bruselas, en el que se han denunciado vínculos de contrabando entre actores europeos y los cárteles de la droga de América Latina Cómo el traficante de cocaína más buscado de Europa forjó el primer narcoestado real del mundo Un convoy de policías fuertemente armados atravesaba las somnolientas calles del centro de Bruselas en la madrugada del 7 de septiembre. Su destino estaba en las afueras nororientales de la ciudad: el complejo militarizado con aspecto de búnker del número 22 en Avenue du Bourget, antigua sede de la OTAN en el barrio de Haren. Modernista, austero y funcional, el complejo que se construyó a toda prisa en 1967 alberga hoy la sala de vistas Justitia, donde se celebran los juicios federales de Bélgica. Fue ahí donde, en 2022, fueron juzgados los autores y cómplices de los atentados terroristas de París (2015) y Bruselas (2016). La misión de los agentes armados con fusiles de asalto era patrullar los amplios pasillos del edificio para proteger a los implicados en el caso Bressers-Carvalho, el juicio más mediático de la década. A un lado de una gran mampara de cristal blindado, los jueces y la legión de abogados que durante un mes compartieron aquel espacio con el público y los periodistas. Al otro lado, los 31 acusados, flanqueados por agentes con el rostro enmascarado para protegerlos de represalias. Una escena más propia de un país asolado por la mafia. Dos de los acusados destacaron especialmente durante las largas vistas. El primero, Flor Bressers, un belga de 40 años nacido en Lommel (una localidad de 35.000 habitantes en la provincia de Limburgo). Su perfil no era habitual en los círculos del hampa. Licenciado en Criminología por la Universidad Libre de Bruselas, sus compañeros lo llamaban ‘el profesor’, ‘el académico’ y, sobre todo, ‘el cortadedos’, un apodo que contradice cualquier posible imagen de hombre íntegro y refinado. Detenido en 2022 durante una cata de vinos junto a su esposa en un ático del hotel suizo de lujo Renaissance Zurich Tower, Bressers fue acusado de secuestro, detención ilegal, extorsión con armas de fuego y dirección de organización criminal. El otro personaje clave y presunto miembro de la organización criminal es Sérgio Roberto de Carvalho, brasileño de 68 años. En una operación conjunta de Interpol, Europol, Policía Federal brasileña y Agencia Antidroga de Estados Unidos, Carvalho fue detenido el 21 de junio de 2022 en Budapest, la capital de Hungría, en un hotel de lujo con vistas al Danubio. Con base en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, la zona de la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay que se ha convertido en uno de los centros del crimen organizado del continente, se hizo conocido en su país con el apodo de “Mayor”, en referencia al cargo que ocupaba cuando era agente de la policía militar incurriendo en actividades criminales y corruptas. El nombre que le daban en Europa era más revelador: ‘el Escobar brasileño’. Con la red internacional de tráfico de cocaína entre Latinoamérica y Europa en el punto de mira, el ‘cortadedos’ y el ‘Escobar brasileño’ fueron los principales acusados en la sala del tribunal belga repleta de medidas de seguridad. Se sospecha que Bressers y Carvalho estaban al frente de una organización responsable de transportar hasta 45 toneladas de cocaína a Europa. De las empresas pantalla a las criptomonedas Según la Fiscalía, usaban empresas pantalla para mover cientos de millones de dólares de una operación multinacional y al margen de la ley. Entre esas sociedades figuraba Kriva Rochem, responsable del tratamiento de aguas en Amberes, cuyo nombre se ha usado para rebautizar el caso. Usando criptomonedas, mercados financieros y propiedades inmobiliarias, blanqueaban el dinero que financiaba la compleja logística de transportar la cocaína producida en Bolivia y Perú por las polvorientas rutas de Brasil y hasta el Atlántico, desde donde viajaba a un número indeterminado de países europeos y más allá. Bressers figuraba en la lista de fugitivos más buscados de Europol desde el año 2021. Según el aviso de la agencia, lo buscaban por secuestro y privación de libertad, extorsión con armas de fuego y participación en organización criminal. En un caso anterior de 2010 fue acusado de ordenar un ajuste de cuentas en el que la víctima perdió un dedo cortado por unas tijeras de podar, dando origen a su apodo (ese juicio terminó con la absolución en 2015 de Bressers por falta de pruebas). Imagen del puerto de Róterdam, una importante ruta utilizada para importar drogas desde Latinoamérica. En 2020, Bressers fue condenado por otra venganza: el secuestro de un neerlandés traficante de drogas al que golpearon, amenazaron de muerte y cortaron con una cuchilla de afeitar responsabilizándolo de la desaparición de un cargamento de cocaína. Bressers se convirtió entonces en fugitivo y pasó dos años desaparecido. Bressers también figuraba como sospechoso en al menos otro caso violento, esta vez en Guyana, relacionado con la muerte de un mayorista después de que se detectara cocaína en un cargamento de arroz que había importado. Se cree que su muerte fue un intento de evitar que desmantelara la red. El caso tampoco llegó a juicio. Al menos diez identidades falsas Carvalho, el socio de Bressers, tal vez es más conocido en Europa que en Brasil. Según los documentos judiciales brasileños, lideraba el grupo que adquiría docenas de toneladas de cocaína producida en Perú y Bolivia para transportarla por el centro y oeste de Brasil hasta los puertos de Paranaguá y Natal, desde donde se enviaba a Europa. Nacido en 1958 en Ibiporã (estado de Paraná, em el sur de Brasil), Carvalho creció en Mato Grosso do Sul y se involucró en actividades criminales desde que comenzó a trabajar como agente de policía en ese estado. Aunque en 1998 lo condenaron por primera vez a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, no lo expulsaron del cuerpo hasta el año 2010. En lugar de seguir dirigiendo sus operaciones desde Latinoamérica, el ‘Escobar brasileño’ se mudó a Europa, escondiéndose en Portugal, primero, y en España, después. Según la policía española, Carvalho se instaló en una mansión de dos millones de euros en Marbella bajo la identidad de Paul Wouter, un acaudalado ciudadano de Surinam. En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable. Si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante Juan Gabriel Tokatlian — Experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de RRII en la Universidad Torcuato Di Tella La Fiscalía belga sostuvo que entre 2017 y 2020 Carvalho coordinó desde su base en España, conocido centro del tráfico internacional de la cocaína, una red de crimen organizado especializada en drogas que abarcaba toda la Península. Estaban implicados los puertos de Setúbal, cerca de Lisboa, y de Leixões, en el norte de Portugal. Además del aeropuerto de Lisboa y de los puertos de Róterdam, en Países Bajos; y Amberes, en Bélgica. La policía portuguesa sospechaba que Carvalho mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital, la organización criminal más importante de Brasil. En noviembre de 2020, lo acorralaron, aunque no llegaron a detenerlo, en una serie de redadas coordinadas donde intervinieron más de 1.000 agentes de policía de Europol, Portugal, España, Bélgica, Países Bajos, Rumanía y Emiratos. La operación se saldó con 45 detenciones, la incautación de 70 coches de lujo, de 37 aeronaves, de 136 propiedades inmobiliarias y de más de 13 millones de euros en efectivo. Según se expuso ante el tribunal, se cree que Carvalho simuló su propia muerte ese mismo año con un certificado de defunción a nombre de Wouter, supuestamente muerto por complicaciones relacionadas con la covid-19. Después de eso se trasladó a Budapest, donde lo detuvieron en 2022 mientras usaba un pasaporte mexicano a nombre de Guillermo Díaz Flores. Se sospecha que Carvalho utilizó al menos diez identidades falsas antes de ser detenido en Hungría. En Bélgica lo encarcelaron en una prisión de alta seguridad tras su extradición en junio de 2023. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo” En el juicio ‘el cortadedos’ se reencontró con su presunto cómplice. Los dos han sido acusados de dirigir una organización criminal internacional. Durante la audiencia, Bressers no admitió ninguna de las acusaciones y dijo ser víctima de una cacería de brujas montada para los medios. “Tengo la firme convicción de que todo esto fue orquestado por las autoridades”, dijo. Su equipo de defensa impugnó las pruebas y solicitó que se desestimara el caso. Contactado por The Guardian, el abogado principal Hans Rieder no hizo ningún comentario. Durante el juicio, la defensa ha acusado a la prensa de “pintar una imagen absolutamente monstruosa” de su cliente. Carvalho no asistió a todas las sesiones del juicio alegando problemas de salud. Mantiene su inocencia y afirma ser víctima de una persecución de las autoridades federales brasileñas. “Llevo cinco años en la cárcel, pero nadie me hace caso”, dijo durante la vista. “Fue un homónimo quien cometió estos delitos, no yo”. The Guardian trató de hablar con Frédéric Thiebaut y Renaat Landuyt, abogados de Carvalho, pero no obtuvo respuesta. El fiscal federal belga a cargo del caso tampoco quiso hacer declaraciones. Las vistas concluyeron el 9 de octubre y se espera un veredicto para el 15 de diciembre. Bressers podría ser condenado a un máximo de hasta 20 años de cárcel, mientras que Carvalho podría pasar hasta 15 años encerrado. Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente Andy Kraag — Jefe del centro de delincuencia organizada de Europol Casos como el de Bressers y Carvalho se han multiplicado en la última década. Un período en el que Europol, las fuerzas policiales nacionales y los servicios de inteligencia de Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, países nórdicos, Europa del Este, los Balcanes, y el norte de África han detectado células de redes de narcotraficantes latinoamericanos. Según Andy Kraag, que dirige la unidad de delincuencia organizada en Europol, estas ramificaciones criminales se han arraigado en Europa a través de ‘intermediarios’, miembros de cárteles de la droga que “prestan servicios especializados relacionados con la producción de cocaína en Europa, incluida la extracción de cocaína de los diversos materiales que sirven para el transporte, o el procesamiento de la pasta de coca”. “Los delincuentes latinoamericanos están muy implicados en esto, la presencia de criminales latinoamericanos en Europa va en aumento y sus actividades cobran cada vez más relevancia”, dice. “Antes era al revés, pero ahora es una vía de doble sentido, llevábamos décadas viendo a delincuentes europeos de alto nivel estableciéndose en Latinoamérica. Y ahora vemos cada vez más a delincuentes latinoamericanos activos también en Europa, de forma permanente o semipermanente”. Vista exterior de la sede de Europol en La Haya, Países Bajos. Según fuentes de alto nivel en Europa y América Latina, estos grupos están ampliando sus operaciones y su poder en la economía real y en la digital usando criptomonedas, empresas de juego y a los sectores inmobiliario y financiero. De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlian, experto en crimen organizado latinoamericano y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, la guerra contra las drogas que se libró en Colombia volvió más resistentes y dinámicos a los cárteles, lo que explica su capacidad actual para adaptarse y expandirse a nivel internacional. “En los últimos años, el consumo de drogas en Europa ha aumentado de forma notable; si miras los informes de la ONU, se trata de un mercado importante”, dice. “Pero en la década de los 80, y sobre todo en lo que respecta a la cocaína, no era relevante”. “En ese contexto de demanda europea y con una política antidroga errática que militariza para terminar coexistiendo, nos encontramos con una serie de situaciones que terminan por fortalecer al crimen organizado”, añade Tokatlian. Como Carvalho, decenas de presuntos líderes de organizaciones criminales de América Latina: el Primeiro Comando da Capital, el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa, el Clan del Golfo o Los Lobos están encerrados en cárceles por toda Europa, aparecen en los listados de criminales más buscados de la Interpol o son activamente rastreados por las fuerzas policiales nacionales o por Europol por tráfico de cocaína a Europa y tráfico de armas y drogas sintéticas a Latinoamérica, además de vínculos con la mafia italiana ‘Ndrangheta o con organizaciones criminales de los Balcanes. “Plataformización” del crimen organizado Según Gabriel Feltran, sociólogo de la universidad Sciences Po de París, grupos como el Primeiro Comando da Capital o el Cártel de Sinaloa están formando ‘empresas conjuntas’ con organizaciones criminales europeas, como las de Albania o como la ‘Ndrangheta’. De acuerdo con Feltrán, que también es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, estas empresas conjuntas adquieren la coca directamente a los productores latinoamericanos y también se encargan de la distribución hasta el cliente final, de forma que la propiedad de la droga ya no pasa de mano en mano en una larga cadena de suministro. Es lo que Feltran denomina la ‘plataformización’ del crimen organizado. Los cárteles integran sus infraestructuras y modelos económicos igual que plataformas digitales internacionales como Amazon, Google y Meta. El objetivo es controlar toda la cadena del tráfico, desde la producción en lo más profundo de América Latina hasta la venta en las calles de Europa. La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente Gabriel Feltran — Sociólogo de la universidad Sciences Po de París Eso implica que todo se concentra en la cúspide: las comunicaciones, los pagos, las sustancias químicas (precursores) necesarias para fabricar la droga, los laboratorios y hasta la logística. Como los conductores de Uber, los transportistas y operadores locales suelen ser contratados como proveedores de servicios remunerados, en muchas ocasiones sin saber lo que llevan. Feltran afirma que, antes de la ‘plataformización’, el tráfico se basaba en rutas y en intermediarios que eran propietarios de la droga en cada eslabón de la cadena. Según él, estas “empresas conjuntas se unen ahora en la cúspide, compran directamente al productor y entregan directamente al final de la cadena, sin pasar por intermediarios”. “La propiedad de la droga ya no cambia de manos, lo concentran todo, optimizan mucho y crecen muy rápidamente”, dice. “Cuanta más gente utiliza sus servicios, más dependientes se vuelven; es un efecto de red”. Traducción de Francisco de Zárate.
