Varios manifestantes, muy enfadados por la crisis de acceso a la vivienda, explican que no secundaron el paro laboral por el castigo económico, pese a que querrían haber participado
Google presenta una nueva función que permite añadir las llaves digitales de casa a la aplicación Wallet (la cartera digital) a través de Google Home. Esta novedad ya está disponible a través de la vista previa pública de Google Home y llegará al resto de los usuarios durante las próximas semanas. La función permite abrir las cerraduras inteligentes de tu vivienda con un 'smartphone' con sistema operativo Android, sin necesidad de portar las llaves físicas ni recordar las claves numéricas. Es decir, el usuario guardará el acceso digital a su hogar en la billetera digital de su teléfono móvil, junto a sus tarjetas bancarias, entradas y billetes. Esto es posible gracias a la tecnología NFC (comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos) y UWB (comunicación de banda ultraancha) bajo el estándar abierto Aliro, desarrollado conjuntamente por Google y la Connectivity Standards Alliance. «Abrir la puerta de tu casa debería ser tan sencillo como tocar con el móvil para pagar o, incluso, hacerlo sin necesidad de usar las manos mientras te acercas», señala Google en un comunicado . La tecnología NFC está presente en el uso diario del móvil, por ejemplo, a la hora de pagar en comercios. La herramienta aprovecha este tipo de comunicación inalámbrica para realizar la misma acción: solo es necesario acercar la parte trasera del dispositivo Android a la cerradura inteligente para abrir la puerta al momento. Esta modalidad está configurada por defecto para operar sin necesidad de encender ni desbloquear la pantalla del móvil, aunque el usuario puede ajustar las opciones de seguridad que vea convenientes en cualquier momento para exigir su huella dactilar o el reconocimiento facial. Por otro lado, para los teléfonos que cuenten con chips de banda ultraancha, como la serie Google Pixel 10 Pro y superiores, así como algunos modelos de Samsung Galaxy, la plataforma suma la función de «desbloqueo por aproximación». Con este modo activo, la puerta se abre de forma automática al acercarse caminando a la entrada, sin necesidad de tocar la cerradura con el dispositivo. Esta nueva función permite simplificar el control del hogar, ya que, en vez de requerir una clave independiente para cada acceso, una única llave digital almacenada en Google Wallet permite abrir todas las cerraduras inteligentes compatibles asociadas a esa misma vivienda dentro de Google Home. Por supuesto, cualquier miembro del hogar registrado en la aplicación puede descargar su propia llave en su dispositivo Android personal, que se mantendrá sincronizada en todos los móviles donde haya iniciado sesión desde la misma cuenta. Entre los requisitos para poder utilizar esta funcionalidad, es necesario tener un dispositivo con Android 9 o superior, un centro de control de hogar de Google compatible con Matter (como Nest Hub de segunda generación, Nest Hub Max, Nest Wifi Pro o Google TV Streamer) y una cerradura inteligente certificada. Algunos modelos compatibles son las cerraduras Aqara u400, Schlage Sense Pro y el teclado Nuki Keypad 2 NFC, aunque Google confirmó que añadirá soporte de forma progresiva a nuevos fabricantes a lo largo de los próximos meses.
La asociación plantea 22 medidas para ampliar las opciones de compra y alquiler, facilitar el acceso a la primera vivienda y conseguir que los proyectos lleguen a construirse
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Si pudieras pedirle una sola cosa al próximo Gobierno, ¿qué le pedirías? Ante las elecciones del 29 de noviembre, 20minutos quiere dar voz a sus lectores y conocer sus prioridades: desde el acceso a la vivienda y la sanidad hasta la migración, el empleo o el coste de la vida. Cuéntanos qué te preocupa, cómo te afecta y qué debería hacer el Gobierno que salga de las urnas para mejorar tu día a día.
El experto en divulgación jurídica y derechos compartió una publicación en la que realiza una reflexión sobre el acceso a la vivienda de los jóvenes y el escaso aumento de los salarios con respecto a otros bienes.
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El Partido Popular ha presentado las principales líneas de actuación de su programa electoral para la provincia de Cádiz , situando la vivienda, la seguridad, las infraestructuras, el empleo, la fiscalidad y el apoyo a los sectores productivos como los grandes ejes de su propuesta política.Durante la comparecencia ante los medios , el presidente provincial, Bruno García, y el número dos de la candidatura al Congreso, Miguel Sastre, han defendido la necesidad de desarrollar una campaña centrada en las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, alejándose de la confrontación política y poniendo el foco en las soluciones y las oportunidades para la provincia . «El Partido Popular vamos a marcar distancias con la línea de actuación y las propuestas del PSOE, que usan el miedo, los muros, la división y la falta de responsabilidad ante los grandes problemas de España Nosotros vamos a reconstruir todo lo desandado por el gobierno del PSOE y vamos a traer el cambio necesario «, ha afirmado Bruno García. En este sentido, ha asegurado que «el PP vamos a ofrecer una alternativa basada en la gestión, la recuperación de la confianza y la generación de oportunidades para todos los gaditanos» y ha reivindicado» un proyecto político centrado en los problemas reales de la provincia de Cádiz y en la recuperación de su capacidad para generar empleo, atraer inversiones y ofrecer oportunidades a sus ciudadanos».Miguel Sastre ha explicado que el programa electoral se articula en torno a tres ideas fundamentales: «coherencia, ajuste a la realidad y viabilidad» y ha añadido que se trata de una propuesta que recoge el trabajo desarrollado durante la legislatura, las iniciativas impulsadas en el Congreso y el Senado y las demandas trasladadas por asociaciones y colectivos de la sociedad civil.Igualmente, ha apuntado a cuatro grandes bloques en torno a los que se estructura el programa del PP: reparar el Estado y reforzar su presencia; regenerar la democracia; reunir a la nación a través de la superación de divisiones y la mejora de las conexiones; y recuperar la ambición y la autoestima para generar nuevas oportunidades.En relación a medidas concretas incluidas en el programa uno de los principales asuntos será el acceso a la vivienda con una apuesta por impulsar una mayor construcción de viviendas y desarrollar una normativa que tenga en cuenta tanto a propietarios como a inquilinos. La seguridad será otro de los pilares fundamentales del programa. El PP considera prioritario reforzar los medios y la posición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como intensificar la lucha contra el narcotráfico, una problemática especialmente relevante en la provincia de Cádiz y la Declaración de la Zona de Especial Singularidad. Además, ha trasladado el compromiso de dotar a la Justicia de recursos suficientes para afrontar estos delitos y facilitar que determinados procedimientos puedan ser juzgados desde la Audiencia Nacional, ha explicado Sastre . En materia de infraestructuras, reclaman conexiones ferroviarias seguras y eficaces, así como una mejora de las carreteras que permita acabar con el aislamiento de la provincia y garantizar unas comunicaciones adecuadas con otros territorios.Otro de los bloques es el referente al empleo y el desarrollo económico con medidas de apoyo a los autónomos, entre ellas el compromiso de eliminar el IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros, además de impulsar la actividad industrial y respaldar sectores estratégicos para Cádiz como la agricultura y la pesca.Finalmente, el PP ha defendido la necesidad de impulsar un sector energético sólido, en el que las energías renovables contribuyan a cubrir las necesidades energéticas y faciliten el desarrollo económico y residencial.
La escritura de constitución de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo (EMVigo) ha sido aprobada este viernes, de manera que este nuevo organismo municipal se pone en marcha, con la vista puesta en aportar soluciones a uno de los principales problemas de la ciudad, el acceso a la vivienda a precio asequible.
La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Ibiza, Milena Herrera, ha situado el acceso a la vivienda entre las principales prioridades de su campaña electoral de cara al 29 de noviembre. Durante un acto celebrado este viernes en Sant Jordi de ses Salines, la socialista ha defendido la necesidad de limitar los precios del alquiler y ha pedido una mayor movilización electoral para impulsar estas medidas.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Sevilla celebró este jueves el primero de los encuentros enmarcados en el proyecto Impulso Andalucía 2027 , con una mesa de expertos en la que se realizó una radiografía de los problemas que lastran el actual mercado de la vivienda y se lanzaron propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar y evitar la fuga del talento. Un encuentro en el que participaron representantes de las administraciones, de la universidad y del sector privado y que tendrá una segunda cita para fijar las prioridades. Se trata del punto de partida de esta iniciativa de Vocento, impulsada con la consultora Oliver Wyman, que pretende ser un laboratorio de ideas que se incluirán en un Libro Blanco que verá la luz a final del primer trimestre de 2027.Fue Leticia Rubira, representante de Oliver Wyman , quien abrió el debate al poner sobre la mesa varias conclusiones del proyecto CREA, realizado entre finales de 2024 y principios de 2025. Entre ellas, el hecho de que «Andalucía tiene un potencial único, pero hace falta saber cómo se puede materializar». Eso sí, desde la perspectiva del problema de la vivienda como «un límite al crecimiento y no tanto como un aspecto social». A partir de ahí, un coloquio moderado por el jefe de sección de Sevilla de ABC, Jesús Díaz, permitió que cada uno de los expertos hiciera su radiografía sobre la situación actual del mercado. El primero fue José María López, secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía que se centró en la falta de oferta. «Ese déficit es uno de los elementos que dispara el precio, además de la exclusividad: todo el mundo quiere vivir en el Centro, pero el sitio que hay es finito», advirtió. En ese mismo argumento de la falta de oferta coincidió Manuel Morillo, el gerente de Emvisesa . «Tenemos unos 30.000 demandantes de vivienda en Sevilla y la mitad son jóvenes. De ellos, quitando la duplicidad de parejas se puede decir que reales son unos 15.000, pero el principal portal inmobiliario sólo tiene unos 1.400 pisos en alquiler y 4.000 para la venta. Por tanto, hay una necesidad de más de 7.000 inmuebles y con la oferta actual no se cubre un tercio de la demanda». También en clave local, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez , ahondó en «la inacción» para prever un problema que «se ha convertido en el primero para los ciudadanos». Descartó el suelo como un problema, porque «tenemos el que queramos», pero se detuvo en los costes de producción. «Calculamos que en 2027 daremos licencia para unas 4.000 viviendas en Sevilla, aunque no está claro que haya mano de obra para todas». Y concluyó apostando por «la cultura del esfuerzo» entre los jóvenes y las ayudas de las administraciones a las viviendas protegidas.Desde el punto de vista del sector privado, el director general de Caralca y presidente de Sevilla City One, Rafael Miranda , aseguró que «es un problema estructural que no se arregla con una varita mágica». Así, consideró que hay «muchos debates banales» frente «al problema grave de que los jóvenes y adultos no pueden acceder a una vivienda». También se centró en la calidad de las VPO, que «en muchos casos es mayor que la que tenían las de renta libre en los 2000». Por ello, reflexionó que «habría que preguntarse si en este momento de emergencia nacional se puede bajar el listón». Quien sí entró en lo económico fue Rafael Peral, responsable de Instituciones de Caja Rural . «Notamos que la capacidad de pago de las familias está cada vez más lejos de la letra de la hipoteca» y, por ello, «puede que no exista demanda por incapacidad económica, pero sí necesidad de vivienda».Peral pidió también distinguir el problema social de la vivienda, que debe atenderse con pisos públicos, frente al resto de familias que necesitan de un inmueble. «Hay que trabajar en aumentar esa oferta para que el precio vaya a donde tiene que ir», aseveró. Precisamente, la perspectiva social fue la que aportó Esteban de Manuel, doctor en Arquitectura y profesor del Máster en Ciudad y Arquitectura de la Universidad de Sevilla. «Hace falta un pacto en el que se implique la ciudadanía, los políticos y los promotores». Entre otras cosas, porque «tres de cada cuatro demandantes necesitan que la vivienda sea asequible» y «la mayoría opta por el alquiler porque tiene la barrera de la financiación». Luego está el hecho de que «las que se venden necesitan de una rehabilitación. Hay varios ejemplos en Torreblanca, San Jerónimo o la Macarena», advirtió en su primera intervención.Las alternativasCon el diagnóstico dibujado, los expertos plantearon algunas propuestas de mejora centradas en un aumento de los presupuestos públicos para dotar de ayudas al acceso a la vivienda. Morillo, gerente de Emvisesa, apostó por una ayuda directa de las administraciones a la compra del 15% y un IVA del 1%. López Cerezo, en nombre de la Consejería de Vivienda, replicó que ese tributo reducido debía ser sólo para protegidas y apeló a la construcción de todas las VPO que se pueda, «porque tienen precio limitado, van dirigida a personas con recursos limitados, fija población y debe ser hogar habitual y permanente». El gerente de Urbanismo, por su parte, también coincidió en «las ayudas y medidas fiscales a las viviendas protegidas» , además de pedir que esa calificación como VPO «debe ser para siempre».Miranda abrió las opciones al asegurar que «se necesita una conjunción de estrategias a corto y largo plazo», pero que «si tuviera que elegir una sola medida sería dotar de presupuesto a las administraciones para dar ayudas al mercado. Eso sí, con límites». No ocultó que existe también un problema con los constructores, que «están al límite» por «la falta de mano de obra». Por su parte, el catedrático De Manuel puso como ejemplo «un modelo de éxito» como el de Viena, donde «un tercio de vivienda es libre, un tercio es municipal y un tercio es cooperativa». No obstante, reclamó «un pacto por el suelo», ya que «si el precio de los materiales ha subido, más lo han hecho los terrenos». Sea como fuere, en lo que si insistió Peral (Caja Rural), es en que «la política de vivienda no puede solucionar los problemas sociales». Planteamientos que quedaron para la reflexión antes de esa próxima sesión de febrero que debe afinar el resultado de un debate que marcará la hoja de ruta de este impulso con el que Vocento quiere apostar socialmente por el futuro de Andalucía.
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Santiago López Legarda cuestiona cuatro décadas de liberalización inmobiliaria y reclama medidas públicas para garantizar viviendas asequibles y frenar las desigualdades sociales. Una de las preocupaciones principales de la sociedad española, y en consecuencia uno de los asuntos más destacados de la actual campaña electoral, es el acceso a la vivienda. La Constitución es rotunda […] The post LA VIVIENDA Y EL MERCADO LIBRE | Por Santiago López Legarda first appeared on Alcalá Hoy .
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica este miércoles, 11 de noviembre, la Orden PRE/1210/2026 , de 6 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de la Presidencia . El texto, firmado por el consejero del ramo, Luis Miguel González Gago , entra en vigor el mismo día de su publicación oficial y deroga la anterior regulación vigente desde mayo de 2022. Esta disposición adapta el funcionamiento interno del departamento a los decretos de reestructuración aprobados en junio de 2026. De este modo, delimita las funciones de los órganos y unidades administrativas propios de la Consejería, así como de aquellos que dependen funcionalmente del presidente de la Junta de Castilla y León y de la Vicepresidencia Segunda , que ostenta María Isabel Blanco Llamas, pero que están adscritos orgánicamente a Presidencia. Hasta que se produzca la adaptación de la relación de puestos de trabajo a esta nueva configuración, el personal continuará desempeñando sus funciones en las unidades administrativas afectadas, bajo la dependencia funcional de los centros directivos que tienen atribuidas las competencias. En el primer bloque, bajo la dependencia funcional directa del presidente de la Junta y orgánica de la Consejería de la Presidencia, la orden configura tres áreas principales: Gabinete del Presidente: estructurado en el Servicio de Organización y Secretaría y el Servicio de Relaciones Externas. Dirección de Comunicación: integrada por el Servicio de Asuntos Generales y el Servicio de Identidad Institucional. Dirección General de Análisis y Planificación: que cuenta con el Servicio de Análisis y Asistencia para el seguimiento del programa de gobierno y la elaboración de análisis predictivos. Por su parte, bajo la dependencia funcional de la Vicepresidencia Segunda y adscritos orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, se definen cinco centros directivos que agrupan competencias en protección ciudadana, ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, vivienda e igualdad: Dirección General de Programas: dividida en el Servicio de Gestión y Documentación y el Servicio de Coordinación y Programación. Dirección General de Vivienda y Urbanismo: cuenta con seis servicios: Inspección y Régimen Jurídico de Vivienda; Administración del Parque Público de Viviendas; Financiación y Ayudas a la Vivienda; Arquitectura y Vivienda Pública; Rehabilitación y Regeneración Urbana; y Urbanismo. Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio: estructurado en el Servicio de Reto Demográfico, el Servicio de Ordenación del Territorio y el Centro de Información Territorial. Agencia de Protección Civil y Emergencias: incluye el Servicio de Protección Civil, el Servicio 1-1-2, el Servicio de Seguridad y Espectáculos Públicos y el Servicio de Formación de Protección Civil (del que depende la Escuela Regional de Policía Local). Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades: organizada en el Servicio de Promoción de la Igualdad, el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género (que cuenta con la Sección de Centros y Servicios) y el Servicio de Integración. Secretaría General y de los Servicios Jurídicos Dependiendo tanto orgánica como funcionalmente de la Consejería de la Presidencia se sitúan la Secretaría General y la Dirección de los Servicios Jurídicos . La Secretaría General asume la gestión interna y técnica a través de ocho servicios: Personal y Régimen Interior; Asuntos Económicos; Evaluación, Normativa y Procedimiento; Estudios y Documentación (con la Unidad de Estadística adscrita); Secretariado de la Junta; Informática; Boletín Oficial de Castilla y León; y Gestión y Apoyo. Además, se adscriben a este órgano la Unidad de Archivo Central y la Inspección General de Servicios. En cuanto a la Dirección de los Servicios Jurídicos , la orden adecua su configuración al reglamento aprobado en diciembre de 2025. Cuenta con el Servicio de Gestión y Documentación Jurídica y coordina las asesorías jurídicas en las nueve delegaciones territoriales ?incluida la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ?, así como en los tres organismos autónomos (Servicio Público de Empleo, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales) y en las 10 consejerías del Ejecutivo autonómico: Consejería de la Presidencia. Consejería de Economía y Hacienda. Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Consejería de Medio Ambiente y Energía. Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Consejería de Educación. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Viceconsejería de Administraciones Públicas El quinto capítulo de la orden desarrolla la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano , de la que dependen cuatro direcciones centrales: Dirección de Administración Local: formada por el Servicio de Financiación y Cooperación Económica Local y el Servicio de Régimen Jurídico Local. Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior: integra nueve servicios (Relaciones con las Cortes; Colaboración y Cooperación; Procesos Electorales, que incluye la Unidad de Memoria Democrática con rango de sección; Ordenación, Gestión y Autorizaciones de las actividades de juego y apuestas; Registros y Material de las Actividades de Juego y Apuestas; Inspección, Control y Sanciones de las Actividades de Juego y Apuestas; Instituciones Propias; Acción Exterior; y Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior), además de la Delegación Permanente ante la UE. Dirección General de la Función Pública: engloba la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (con tres servicios propios y un área económica), una Unidad de Gestión y Apoyo y ocho servicios: Planificación de los Recursos Humanos; Relaciones Laborales; Régimen Jurídico; Provisión; Evaluación y Carrera Profesional; Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales; Registro y de Gestión de Personal; y Sistema Integrado de Gestión de Personal. Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios: cuenta con ocho servicios (Acceso a la Información Pública; Transparencia y Reutilización de la Información; Protección de Datos; Atención al Ciudadano; Calidad, Innovación y Participación Ciudadana; Planificación y Evaluación de Políticas Públicas; Fundaciones y Asociaciones; y Colegios Profesionales) y tiene adscrita la Unidad del 012 , encargada entre otras funciones del seguimiento de los contenidos de la sede electrónica de la Administración autonómica .
En los últimos meses se han producido movilizaciones contra la carestía de la vivienda en varios países europeos: España, Portugal, Italia... Para el 20 de noviembre se esperan manifestaciones sobre este tema en toda Europa . Aunque la izquierda lleva mucho tiempo abordando este asunto y lo ha aprovechado en algunas elecciones, sobre todo en las locales, la extrema derecha también pretende sacar partido de la crisis que atraviesa el continente . Siguiendo el ejemplo de sus homólogos en Europa, Marine Le Pen ha decidido convertirlo en uno de los pilares de su campaña. ¿Qué propone la extrema derecha ante la crisis de la vivienda? ¿Cuál es su balance tras su paso por el poder? Entrevista con Sarah Coupechoux , responsable de la misión Europa en la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, que ha publicado recientemente un informe sobre el tema titulado “La extrema derecha en Europa: en peligro las personas alojadas en infraviviendas”. “Mediapart”: ¿Cuáles son las características de la crisis de la vivienda en Europa que está provocando movilizaciones en países tan diferentes como Alemania, España o Italia? Sarah Coupechoux: El punto en común de esta crisis es que, en toda Europa, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, ya sea para compra o para alquiler. Los precios se han disparado tanto que las familias ya no pueden permitirse una vivienda. Esta crisis afecta ahora a todas las franjas de la población, tanto a los jóvenes —que tienen cada vez más dificultades para independizarse de sus padres— como a las personas mayores, como se ha visto en España con el desahucio de Maricarmen Abascal , quien, a sus 87 años, ya no podía pagar el alquiler. Pero, efectivamente, si tomamos como ejemplo los Países Bajos, Alemania o España, tienen historias muy diferentes en lo que respecta a la vivienda. En Alemania, el mercado está compuesto mayoritariamente por inquilinos, con un importante parque de viviendas sociales que, históricamente, ha ido pasando progresivamente al sector privado. Se trata de un mercado que sufrió con retraso la crisis de la vivienda y cuyos inquilinos se beneficiaron durante mucho tiempo de una fuerte protección. Si tomamos el ejemplo de España, nos encontramos ante un mercado dominado por los propietarios, un legado del franquismo. Tras la crisis de 2008, los fondos de inversión apostaron fuerte por este mercado, los precios se dispararon y también los tipos de interés de las hipotecas. La generación joven ya no puede acceder a la propiedad, y ello en un mercado en el que el parque de alquiler está muy poco desarrollado y donde el parque de viviendas sociales es inexistente. Se ve que no hay válvula de escape. ¿Qué salidas políticas puede tener esta crisis? Hemos visto que la izquierda ganó las elecciones con este tema en Berlín, pero usted demuestra que la extrema derecha también está desempeñando su papel con cierta eficacia. En Francia, Marine Le Pen ha situado la vivienda en el centro de su campaña. Marine Le Pen se inspira claramente en sus compañeros de la extrema derecha europea, ya que en Hungría, en los Países Bajos o en Irlanda, esos partidos han llevado a cabo campañas estableciendo vínculos simplistas entre la crisis de la vivienda y la inmigración. Ella se suma a esa corriente, que es una corriente europea. Estos discursos pueden ser muy eficaces porque tienen un gran eco entre la población, que vive como un descenso social la imposibilidad de acceder a la propiedad. Pienso, en particular, en todas aquellas personas de zonas rurales que suelen comprar una casa cuando se casan. Y ahora, incluso alejándose de los centros urbanos, eso es imposible. Las personas que llevan años esperando una vivienda social —2,9 millones de hogares en Francia— pueden tener la impresión de que hay quienes se les adelantan, de que se favorece a los extranjeros y estos ocupan su lugar. Habla usted del welfare chauvinism (chovinismo social) como el rasgo común de la extrema derecha europea en materia de política de vivienda. ¿En qué consiste? Es la idea de un Estado del bienestar, de un Estado protector que solo beneficiaría a los nacionales. La extrema derecha puede defender el desarrollo del parque de viviendas sociales, pero siempre y cuando se rija por la prioridad nacional. Eso es lo que defendió Marine Le Pen en su discurso sobre la vivienda al referirse a un sistema de vivienda social que, según ella, hoy en día “beneficia prioritariamente a una inmigración incesante y anárquica”. En los Países Bajos, la incisiva campaña de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (extrema derecha), que ganó las elecciones legislativas de 2023 , se centró en el hecho de que las viviendas sociales se asignaban en su mayoría a los extranjeros, y en particular a los solicitantes de asilo. Lo cual es totalmente falso [solo el 7 % de las viviendas municipales disponibles se asignan a refugiadas y refugiados —ndr]. La falta de viviendas es consecuencia de las políticas públicas aplicadas desde hace años, pero es más sencillo presentar a los extranjeros como los responsables de esta escasez. Otra característica de las políticas de vivienda de la extrema derecha es que, tras una retórica “protectora”, rechazan cualquier regulación del mercado. Sí, totalmente. Detrás de esas fórmulas que invocan un Estado protector, en realidad, lo que estos partidos persiguen sobre todo es liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias —cuando existen— que protegen a los hogares más vulnerables. Están a favor de un mercado completamente libre. Votan en contra del control de los alquileres, en contra de la regulación de los alquileres de corta duración como los de Airbnb, en contra de la tributación de las segundas residencias, etc. Estos partidos abogan por menos normas y menos restricciones en la construcción, lo que puede dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad. Pero esto también es válido en lo que respecta a las obligaciones de renovación energética y a la lucha contra las pérdidas térmicas de los edificios, a lo que la extrema derecha siempre se opone. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, donde las llamadas políticas de “simplificación” de Giorgia Meloni han llevado a declarar “habitables” espacios mucho más reducidos, tanto en superficie como en altura de los techos. El argumento de estos partidos es fomentar la construcción mediante la desregulación, pero su balance en este aspecto es más que mediocre. En Italia, donde Giorgia Meloni había prometido un “choque de la oferta”, estamos muy lejos de ello. Las recientes manifestaciones de los jóvenes allí han demostrado que, en realidad, el Gobierno había contribuido al desarrollo de una oferta privada para estudiantes a precios inasequibles. La extrema derecha europea también se dirige a un electorado profundamente apegado a la propiedad. El deseo de ser propietario está muy arraigado a escala europea, y lo mismo ocurre en Francia. Ser propietario de una vivienda es una garantía de éxito social y al mismo tiempo de seguridad para el futuro, para la jubilación, para legársela a los hijos, etc. El lema “todos propietarios” tiene sus límites, ya que pedir un préstamo a tipos de interés muy elevados y encontrarse en dificultades para devolverlo o mantener la vivienda no es necesariamente deseable. Esta no puede ser la única solución en materia de vivienda. Como mencionaba al principio, es necesario contar con válvulas de escape: es decir, un mercado de alquiler accesible, un parque de viviendas sociales, alojamientos de emergencia… Y es que estos partidos tienden a mantener un discurso muy estigmatizador hacia quienes no logran ser propietarios, contra los okupas que vulneran el derecho de propiedad y los inquilinos morosos. No obstante, hay que recordar que la extrema derecha, en nombre de la defensa de la propiedad, siempre aboga por flexibilizar los impuestos de sucesiones, lo que, evidentemente, beneficia a los hogares más acomodados. Al mismo tiempo, allí donde ha estado en el poder, el número de personas sin hogar se ha disparado. Sí, el ejemplo finlandés es interesante en este sentido. Finlandia ha sido durante mucho tiempo un país modelo en las políticas de lucha contra la falta de vivienda. En los últimos treinta años han reducido drásticamente el número de personas sin hogar gracias a un modelo denominado “la vivienda primero”, que consiste en ofrecer primero una vivienda a las personas y, después, proporcionarles acompañamiento social. Pero cuando la extrema derecha llegó al Gobierno dentro de una coalición, se produjeron recortes importantes en la construcción de viviendas sociales, en las ayudas a la vivienda y en los presupuestos destinados a los colectivos vulnerables, y el número de los sin techo volvió a aumentar. Las personas mayores con pocos recursos, los jóvenes en situación de precariedad y las personas con problemas de salud o de adicción se han visto gravemente afectadas por esta política. Traducción de Miguel López
Catorce años después de la última huelga general de carácter estrictamente laboral, Soria volverá mañana, miércoles 11 de noviembre, a una jornada de paro convocada a escala nacional por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) a la que se han sumado otros sindicatos y asociaciones. La crisis de la vivienda, convertida en uno de los principales problemas sociales, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios constituyen los dos grandes argumentos de una movilización que, según los convocantes, pretende poner sobre la mesa las dificultades crecientes para mantener unas condiciones de vida dignas. La convocatoria afecta potencialmente a 43.673 personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia, es el colectivo de trabajadores al que se dirige el llamamiento al paro, que llega acompañado de un respaldo social amplio en el conjunto del país. Alrededor de 20.000 organizaciones de toda España se han adherido a la huelga, según los datos difundidos por sus promotores, en una suma de apoyos que incorpora al movimiento por la vivienda, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, estudiantes y representantes del mundo de la cultura. Una alianza que refleja el intento de convertir el problema del acceso a una vivienda en una reivindicación transversal, vinculada también a los salarios, la precariedad y el reparto de la riqueza. En Soria , sin embargo, el ambiente previo se presenta más tranquilo . Los llamamientos al paro han partido de CCOO y UGT, los dos sindicatos convocantes, pero también de CGT y del Sindicato de Vivienda de Soria. A ellos se suma el ámbito de la enseñanza a través de STECyL-i, la Confederación Intersindical y los STEs, que han respaldado la jornada con el argumento de que la precariedad habitacional también repercute en la educación y en las condiciones de vida de las familias. Sin unidad sindical La confluencia de organizaciones no significa, no obstante, que todos los colectivos compartan exactamente la misma estrategia. El Sindicato de Vivienda de Soria y CGT conforman un bloque crítico que sitúa la lucha contra la especulación inmobiliaria en el centro de sus reivindicaciones. Por ese motivo, no participarán en la cabecera de la manifestación junto a los sindicatos de clase. Una separación que evidencia los distintos enfoques que conviven en una jornada que tiene en la vivienda su principal elemento de conexión. Tampoco habrá unidad sindical. CSIF ha anunciado que no secundará la huelga al considerar que responde a motivaciones políticas. USO tampoco se suma y cuestiona la oportunidad de la convocatoria, en un contexto marcado por las elecciones del próximo 29 de noviembre, con las cámaras disueltas y un Gobierno saliente. A su juicio, estas circunstancias generan incertidumbre sobre quién debe asumir las reclamaciones planteadas por los convocantes. La última huelga general de carácter estrictamente laboral se remonta a 2012, un año en el que se celebraron dos convocatorias contra las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. La primera tuvo lugar el 29 de marzo y, según la valoración de la patronal, tuvo una incidencia limitada en los centros de trabajo, donde predominó la normalidad durante buena parte de la jornada. La patronal cifró entonces el seguimiento en Soria en el ocho por ciento. La segunda llegó en noviembre y volvió a enfrentar las estimaciones de empresarios y sindicatos: mientras la patronal habló de una participación ligeramente inferior a la de marzo, las organizaciones sindicales elevaron el seguimiento hasta cerca del 70%. Desde entonces ha habido otras movilizaciones de ámbito general, aunque con motivaciones y formatos distintos. En 2018, el 8 de marzo, el movimiento feminista, amparado por CCOO y UGT, convocó una jornada de paro con interrupciones de dos horas por turno para reivindicar los derechos de las mujeres. Más recientemente, en 2024 y 2025, se sucedieron convocatorias de huelga y movilización vinculadas a la situación en Palestina . La del 11 de noviembre recupera, por tanto, el formato de una huelga general con reivindicaciones laborales y socioeconómicas, con la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo como principales argumentos. Voluntaria y sin obligación de aviso Más allá de las organizaciones que respaldan o rechazan el paro, la jornada afectará a cada trabajador en función de su decisión individual. El derecho a la huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, pero su ejercicio es voluntario y convive con el derecho al trabajo de quienes opten por acudir con normalidad a sus puestos. Los sindicatos han anunciado la presencia de piquetes informativos en Soria, cuya función es explicar los motivos de la convocatoria e intentar convencer a los trabajadores para que se sumen. Sin embargo , no pueden coaccionar, amenazar ni impedir físicamente el acceso al centro de trabajo . Nadie puede obligar a secundar la huelga, del mismo modo que nadie puede impedir trabajar a quien decida no hacerlo. Tampoco existe obligación de comunicar previamente a la empresa la intención de participar en el paro. Los trabajadores no tienen que avisar con antelación ni justificar su decisión, y la empresa no puede exigirles que revelen sus intenciones, elaborar listas de adhesión o presionarles para que acudan a su puesto. Eso sí, secundar la huelga tiene consecuencias económicas. Durante el paro, el contrato de trabajo queda suspendido y no se percibe el salario correspondiente al tiempo no trabajado, con los descuentos proporcionales que procedan en los conceptos salariales afectados. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la huelga? El paro comenzará a las 00.00 horas del martes 11 de noviembre y finalizará a las 24.00 horas de esa misma jornada . La convocatoria también contempla a los trabajadores que comiencen o terminen sus turnos durante la noche, así como el cese anticipado de determinadas actividades productivas. Sin embargo, la cobertura de la convocatoria tiene en cuenta las particularidades de los horarios laborales, especialmente en aquellos sectores que funcionan mediante turnos nocturnos. Así, los trabajadores que tengan previsto incorporarse a su puesto antes de la medianoche del día 11 también podrán secundar la huelga desde el inicio de su jornada si esta corresponde al primer turno afectado. Esto significa que un empleado que comience a trabajar a las 22.00 o a las 23.00 horas del día 10 estará amparado por el derecho de huelga desde ese momento y durante el resto de su jornada, aunque su incorporación se produzca todavía en la víspera del paro. La misma consideración se aplica a quienes comiencen su turno durante la noche del 11 de noviembre y terminen durante la madrugada del día 12. En estos casos, la protección del derecho de huelga se mantiene durante la jornada correspondiente, siempre que el trabajador no esté incluido en los servicios mínimos establecidos. El cese de actividad también afecta a determinados trabajos del día anterior. Según las condiciones de la convocatoria, el 10 de noviembre deberán cesar en sus puestos los trabajadores y funcionarios cuyas tareas estén relacionadas con la elaboración de productos, bienes o servicios y con la distribución de efectos que vayan a tener lugar el día de la huelga. Es el caso, por ejemplo, de una panadería industrial que elaborase con normalidad durante la tarde o la noche del día 10 el pan destinado a su distribución y consumo el 11 de noviembre. Sanidad y educación, entre los servicios esenciales La jornada no supondrá la paralización de todos los servicios públicos . La Junta de Castilla y León ha establecido unos servicios mínimos para garantizar las prestaciones consideradas esenciales, regulados mediante el Acuerdo 154/2026, de 5 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. En sanidad, la cobertura global no podrá superar aproximadamente un tercio de los efectivos habituales, aunque las actividades urgentes y críticas mantendrán el cien por cien de su operatividad. Entre ellas figuran las unidades de cuidados intensivos, los paritorios, la diálisis, los tratamientos oncológicos, el Hospital de Día, la Farmacia Hospitalaria y los quirófanos cuya actividad no pueda aplazarse . En Atención Primaria se mantendrá la actividad ordinaria de una mañana laborable, con las atenciones urgentes cubiertas por los facultativos y el personal de enfermería de guardia previstos para cada demarcación provincial. También habrá garantías de funcionamiento en los centros educativos públicos. Los equipos directivos, directores o jefes de estudios y el personal subalterno por turno deberán asegurar el acceso a colegios e institutos. En la provincia de Soria, el dispositivo contempla además coberturas específicas en el CEE Santa Isabel, las residencias formativas de Arcos de Jalón, San Esteban de Gormaz, Ágreda y la capital, así como en los Centros Rurales de Innovación Educativa de Navaleno, Almazán y Berlanga de Duero. El decreto incluye igualmente servicios esenciales en la Administración autonómica, el t ransporte asistencial, los centros residenciales y la vigilancia de las carreteras. La manifestación, a las 19.00 horas Con independencia del seguimiento que pueda registrar el paro durante la jornada laboral, la convocatoria tendrá su expresión en la calle por la tarde. En Soria capital, la manifestación está prevista para las 19.00 horas, con salida desde la plaza Mayor. Será el momento de comprobar hasta dónde llega en la provincia una movilización que aspira a reunir reivindicaciones laborales y sociales bajo un mismo paraguas. La vivienda, los salarios y las dificultades para sostener unas condiciones de vida dignas serán los argumentos centrales de una jornada que devuelve a Soria, catorce años después, al escenario de una huelga laboral general.
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha cursado una visita institucional al Ayuntamiento de Bailén, donde se ha reunido con su alcalde, Luis Mariano Camacho Núñez, para conocer las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en materia de vivienda y urbanismo en la ciudad, entre las que destaca la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU). En este sentido, Rocío Díaz se ha reunido con el equipo que está trabajando en el PGOM, destacado la importancia de que los ayuntamientos cuenten con instrumentos de planificación adaptados a su realidad. Y ha señalado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ofrece un marco normativo más ágil y sencillo para la elaboración de los nuevos planes urbanísticos. La consejera ha refrendado que, como en el caso de Bailén, “la Consejería va de la mano con los ayuntamientos para que adapten sus planteamientos a la Lista. Se trata de una ley que ha venido a facilitar y ayudar a los ayuntamientos y a poner suelo a disposición para poder construir vivienda principalmente”. Díaz se ha referido a que el próximo Presupuesto de Andalucía para el 2027, ahora en tramitación parlamentaria, contará por primera vez con una partida de 5 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos que lo soliciten a poder tramitar su planteamiento urbanístico. Se trata de poner “todas las herramientas que están en nuestras manos para poder ayudar, para poner suelo disponible”. Durante la reunión, ha valorado positivamente que el Ayuntamiento de Bailén ya ha sacado a licitación la redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU) y del Catálogo Urbanístico de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal, un paso más en el proceso de actualización del planeamiento urbanístico de la ciudad. Por otro lado, Rocío Díaz ha incidido en la importancia de construir nueva vivienda porque “quien se va a asentar en un municipio necesita tener un hogar, un lugar donde vivir, desarrollar su vida y desarrollar su proyecto personal y familiar”. Además, se ha referido a las ayudas destinadas por la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén para rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad, y al impulso de la vivienda protegida “que es muy necesaria en nuestros municipios”. La visita institucional a Bailén se ha completado con un recorrido por las obras de rehabilitación del edificio residencial situado en el número 35 de la calle Juan Salcedo Guillén, que cuenta con 14 viviendas y dos locales comerciales. La actuación tiene un presupuesto de 372.703,50 euros, parte de los mismos financiada mediante una subvención del programa Eco Vivienda, NextGenerationEu, gestionado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Gobierno de Andalucía. Los trabajos incluyen la mejora del aislamiento térmico de las fachadas, patios, medianerías y cubierta del edificio, así como la instalación de 44 paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo de la comunidad. La intervención contempla también importantes mejoras de accesibilidad, con la instalación de un ascensor y la construcción de rampas de acceso al portal, además de otras actuaciones de conservación y seguridad. El objetivo es mejorar la eficiencia energética del inmueble y facilitar la accesibilidad de sus residentes.
El Sindicato de Vivienda de Soria y la Confederación General del Trabajo (CGT) se han desmarcado hoy de la unidad sindical y, aunque participarán en la manifestación convocada para la jornada de huelga general, el 11 de noviembre en Soria, no lo harán integrados en un bloque unitario con los sindicatos de clase. Ambas organizaciones han anunciado su presencia en un bloque crítico que marchará tras la cola de la manifestación de las centrales sindicales laborales. El portavoz del Sindicato de Vivienda, Pablo Martínez Lablanca , ha explicado que su participación responde a la necesidad de incorporar a la movilización reivindicaciones que consideran fundamentales. "Lo principal de la huelga, la chispa y el detonante, son el problema de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la defensa de los servicios públicos", ha señalado. La CGT, por su parte, ha confirmado su respaldo al colectivo de vivienda y a los movimientos sociales. Daniel Hernández Marín , portavoz del sindicato, acompañado por Gema Martínez Romero , ha explicado que su organización ha apoyado al Sindicato de Vivienda "desde el primer momento" y considera que su lugar en esta convocatoria está junto a estos movimientos. La participación del bloque crítico estará precedida por un calendario de actividades para calentar la movilización. La primera tendrá lugar hoy con una marcha nocturna que partirá a las 21.30 horas del Alto de la Dehesa y concluirá en la plaza Mayor. El Sindicato de Vivienda cuenta actualmente con alrededor de 40 integrantes, según su portavoz, y centra sus reivindicaciones en tres problemas que, a su juicio, dificultan el acceso a un hogar en Soria. El primero es la existencia de numerosas viviendas vacías ; el segundo, unos precios del alquiler que consideran "desproporcionados" respecto a la capacidad económica de las familias; y el tercero, el incremento de los pisos turísticos frente a la disponibilidad de inmuebles destinados a residencia habitual. Además de la movilización, el colectivo ha puesto en marcha una comisión para recibir y estudiar situaciones relacionadas con los problemas de vivienda. Cuenta, ha asegurado el portavoz, con personas con formación jurídica y ha comenzado a atender los primeros "tres o cuatro casos". Martínez Lablanca precisa que su objetivo no es convertirse en un sindicato asistencialista, sino "poner voz a todas esas situaciones derivadas de los problemas de la vivienda en una tierra en la que aparentemente nunca pasa nada".
La cumbre internacional de ciudades y soluciones urbanas inteigentes reúne en Barcelona a más de mil municipios y 700 expertos para evaluar el impacto real que las soluciones tecnológicas tienen en la calidad de vida urbana Las ciudades concentran los mayores desafíos de la sociedad contemporánea. Durante más de dos décadas la digitalización de los entornos urbanos avanzó sobre la promesa de transformar nuestras urbes. Y hoy, esta tecnología abandona el terreno de la promesa para ofrecer resultados palpables en las calles: desde la gestión eficiente de la energía hasta la optimización del transporte público, las nuevas herramientas ayudan a resolver problemas cotidianos. Las posibilidades de la tecnología para mejorar la calidad de vida de las ciudades protagonizarán, un año más, Smart City Expo World Congress . Organizado por Fira de Barcelona, del 3 al 5 de noviembrecelebrará en el recinto de Gran Via su decimoquinta edición, bajo el lema Soluciones urbanas, impacto real . Una cita que convocará a más de 1.000 ciudades, 1.100 expositores y 27.000 asistentes con el propósito de compartir prácticas de éxito aplicables a escala global. “Durante años hemos hablado de la ciudad inteligente como una promesa. Hoy sabemos que tras casi un cuarto de siglo apostando por las ciudades inteligentes, la tecnología existe y ya ha tenido un impacto. Las soluciones que mostramos están cambiando la vida de las personas a mejor. Smart City Expo quiere ser el lugar donde ciudades, empresas y expertos compartan las experiencias que dan buenos resultados, para que puedan replicarse allí donde hace falta”, señala Ugo Valenti, director del congreso. Instantes de Smart City 2025. Tecnología al servicio de la ciudadanía El avance de las tecnologías habilitadoras, la inteligencia artificial y la red de sensores transforman los gobiernos locales. Los algoritmos de predicción facilitan el mantenimiento de las infraestructuras, mientras los modelos digitales tridimensionales permiten a las administraciones simular el impacto ambiental de nuevas obras antes de su ejecución. Sin embargo, la innovación tecnológica carece de sentido si no atiende a las necesidades de la ciudadanía. La digitalización urbana busca ahora un equilibrio entre la eficiencia operativa, la equidad social y la preservación del medio ambiente. Esta perspectiva transversal integra la movilidad sostenible, la transición energética y la protección del entorno marino para garantizar un crecimiento económico respetuoso con el planeta. Entre todos los retos urgentes de las urbes actuales, la dificultad de acceso a un hogar adecuado ocupa un lugar prioritario. El encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y el crecimiento demográfico presionan a los gobiernos locales en todo el mundo. Smart City Expo no es ajeno a esta situación y, por ello, acoge un nuevo congreso centrado en el reto de promover vivienda urbana asequible ( HOWS Barcelona ). En ella más de cien especialistas debatirán sobre la regulación del suelo, la promoción de vivienda pública, la edificación industrializada y la rehabilitación energética del parque residencial existente. Figuras como la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, o la investigadora de la universidad de East London, Anna Minton, analizarán modelos capaces de frenar la especulación e impulsar la inclusión social. Junto a la tecnología, el encuentro tendrá una dimensión política, porque las ciudades son motores de cambio. Alcaldes y responsables municipales de urbes como París, Atlanta, Atenas, Milán, Budapest, Freetown y Barcelona están articulando una agenda común para hacer frente a la crisis habitacional. La exalcaldesa parisina Anne Hidalgo, que ha abanderado el compromiso con la sostenibilidad climática, será una de las invitadas al encuentro, mientras que una mesa redonda de alcaldes analizará estrategias de suelo y cooperación pública. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha preparado una agenda de actividades, bajo el nombre de Cities Programme , enfocada al intercambio de estrategias y conocimiento entre líderes municipales. Este intercambio directo de experiencias permitirá a los municipios adaptar medidas probadas en otros países, desde la reserva de suelo para alquiler protegido hasta incentivos fiscales para la edificación sostenible. Ciudades y adaptación climática El reto de adaptación al cambio climático centrará el nuevo espacio Terra50. Esta cúpula inmersiva proyectará 50 iniciativas urbanas con resultados demostrados en 32 países. Entre estas propuestas figuran cápsulas de desalinización marina que aprovechan la presión del agua profunda para ahorrar energía, pasarelas peatonales fabricadas con palas recicladas de aerogeneradores y modelos de separación de residuos sin vertidos. Además, el encuentro impulsará el emprendimiento tecnológico mediante un espacio dedicado a empresas emergentes, donde inversores, centros de investigación y administraciones evaluarán innovaciones de alto potencial transformador. El futuro de los entornos urbanos exige una visión a largo plazo basada en la inteligencia estratégica y la diversidad. Especialistas en prospectiva tecnológica como Nikolas Badminton, líder del think tank Futurist.com y ponente principal del congreso, profundizarán en el uso ético de los algoritmos en la toma de decisiones públicas. Por su parte, expertas como Ayumi Moore Aoki, fundadora de Women in Tech Global, defenderán la inclusión del talento femenino y la eliminación de brechas de género en la innovación urbana. En un momento de grandes transformaciones, las ciudades demuestran que la convergencia entre tecnología, planificación urbana y sensibilidad social representa el único camino para construir comunidades más justas, prósperas y habitables.
