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La construcción encadena nueve meses de caídas en plena crisis de la vivienda: la producción se desploma un 10% en septiembre (se abre en una pestaña nueva)

El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) bajó un 9,8% interanual en septiembre, el mismo descenso que en agosto, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el descenso de septiembre, la producción del sector de la construcción encadena nueve meses consecutivos de retrocesos interanuales. La disminución de la producción en el sector en el noveno mes del año fue consecuencia, sobre todo, de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió un 34,7% interanual. Las caídas se producen en plena crisis de la vivienda. Por su parte, la producción en el sector de ingeniería civil cayó un 8,6% interanual, mientras que las actividades de construcción especializada disminuyeron su producción un... Ver Más

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El Tribunal de Cuentas ve indicios de que el ático del Gobierno de Ayuso supuso un gasto de 6,3 millones sin “justificación legal” (se abre en una pestaña nueva)

El órgano fiscalizador rechaza la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda nombrar un delegado instructor para indagar en la operación La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que no investigue el ático del Gobierno de Ayuso: “Se ajusta a la legalidad” El Tribunal de Cuentas investigará la adquisición por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que los hechos denunciados por PSOE, Más Madrid y varios particulares “pueden constituir una salida de fondos públicos (...) carente por completo de justificación legal”. Así consta en un auto dictado por la consejera María del Rosario García Álvarez, en el que el órgano desestima la petición de archivo planteada por la Comunidad de Madrid y acuerda proponer el nombramiento de un delegado instructor para indagar en la operación. La resolución indica que los denunciantes han aportado “elementos indiciarios suficientes” para poder considerar que la compra del ático pudo ocasionar “un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid”. En sus alegaciones, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso defendió que todos los fondos desembolsados tienen un “destino conocido, documentado y lícito” y que la operación constituyó una mera permuta dado que el ático ingresó en el patrimonio público. También subrayó que esa operación no suponía “un deterioro económico” para las arcas públicas. La resolución del Tribunal de Cuentas , sin embargo, subraya que en la documentación aportada por los denunciantes “se puede advertir la aparente falta de declaración de necesidad previa” que pudiera justificar esta “salida de fondos”. Destaca, en este sentido, que esa declaración fue realizada el 2 de julio de 2026, con posterioridad a compra y cuando ésta ya constaba formalizada en la escritura pública de 14 de abril de 2026, casi tres meses antes. También apunta que el tipo de inmueble —un ático con 200 metros cuadrados de terraza— “parece objetivamente inadecuado para las actividades administrativas y de gobierno de la Comunidad que puedan amparar la inversión”. La vivienda, con 486 metros cuadrados, está situada justo enfrente del piso que la presidenta madrileña recibió como donación en vida de su padre y en la que ahora vive su madre. La resolución recuerda que Planifica, de acuerdo a sus estatutos, solo puede comprar inmuebles si se vinculan a la “actividad administrativa” de las consejerías u organismos autónomos de la Comunidad de Madrid. Y dice que, en este caso, hay “dudas” sobre si el ático pudo ser adquirido para otras finalidades, lo que impide la utilización de los fondos de la citada empresa pública. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional justificó la operación por la necesidad de “contar con un inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional”. Se basó, para ello, en la memoria que realizó la Comunidad de Madrid para justificar el arrendamiento a Planifica Madrid y que contradice todas las versiones dadas por la presidenta madrileña y su equipo desde que estalló la polémica. En un primer momento, el Gobierno regional aseguró que el uso del inmueble iba a ser de oficinas y para celebrar “reuniones” mientras se realizaban unas obras hasta entonces desconocidas en el edificio donde tiene su despacho: la sede de la Presidencia del edificio de Correos situado en la Puerta del Sol de Madrid. Después, pasó de reivindicar la compra a poner el ático en venta , si bien hasta el momento sigue sin comprador tras quedar desiertas las dos subastas convocadas para deshacerse de él. El auto también afirma que los denunciantes aportan ciertos indicios de que la compra podría haber causado un daño real y efectivo en los fondos públicos por haberse abonado un eventual sobreprecio respecto del valor de mercado. Se basa, para ello, en la diferencia entre el precio de compra —6.300.000 euros— y una primera tasación de 6.242.884,19 euros. En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid y de Planifica alegó que había una segunda tasación de Gesvalt que fijó el valor en 6.320.341,26 euros porque incorporó como superficie interior útil habitable unos 105 metros cuadrados de terraza en la que existe un cerramiento. Sin embargo, respecto a ese cerramiento, el auto dice que las denuncias también han aportado indicios de que puede no ser acorde a la legalidad urbanística, lo que puede rebajar al valor real del inmueble. La Fiscalía respalda la apertura de la investigación y rechaza el archivo de las actuaciones. En dos pronunciamientos remitidos al Tribunal de Cuentas, el fiscal solicitó y reiteró el nombramiento de un delegado instructor al apreciar que las alegaciones del Gobierno regional “no desvirtúan, por el momento, las irregularidades denunciadas”. De este modo, el Ministerio Público concluye que concurren indicios suficientes de un presunto alcance contable susceptible de haber provocado un daño o perjuicio real y efectivo en los caudales públicos de la Comunidad de Madrid y descartó solicitar el archivo. “La Comunidad de Madrid quería enterrar esto sin que nadie mirara los papeles. Han puesto a los servicios jurídicos de todos los madrileños a defender que no se investigue una compra de 6,3 millones. El Tribunal de Cuentas les ha dicho que no”, afirma el abogado Francisco Javier Flores, quien presentó la primera denuncia ante el órgano fiscalizador. Este letrado afirma que “Ayuso no puede seguir diciendo que aquí no hay nada” y advierte de que “si se ha perdido un solo euro, lo pagarán de su bolsillo quienes decidieron esta compra, no los madrileños”. “Llegaremos hasta el final”, señala.

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Jordi Martí, arquitecto: “En España hay muchos propietarios que van a ser pobres porque nunca llega el momento de hacer una rehabilitación en el edificio” (se abre en una pestaña nueva)

Jordi Martí, arquitecto técnico y divulgador , ha querido alertar sobre los peligros económicos de demorar las obras en los edificios. “En España hay muchos propietarios que van a ser pobres porque nunca, y remarco, nunca llega el momento de hacer una gran rehabilitación en el edificio” . Son las comunidades que no se ponen de acuerdo. Para Martí, esto es un problema de mantenimiento de la vivienda y, por tanto, de patrimonio de los propietarios. Hay muchos edificios que llevan más de 50 años de antigüedad que, si no se hace algo, van a ser un lastre para las familias. Por eso es importante que los propietarios participen en el funcionamiento de la comunidad . “Cuando hablaba de invertir, no me refería a invertir dinero, sino tiempo y ganas” . Así podemos prever las necesidades del edificio. Lo que queremos evitar es que haya derramas y además que los gastos de luz y gas suban. Al final, la vivienda puede perder valor. Uno quiere ser propietario para tener un futuro mejor. Pero si van saliendo derramas enormes y además aumentan los gastos de luz y gas, se puede torcer mucho, según advierte Martí. Al final puedes perder valor de la vivienda . En Xataka Amancio Ortega ha construido un segundo imperio basado en el ladrillo. Lo más gracioso es que Pontegadea odia hacer obras Las ayudas para rehabilitar tienen condiciones y plazos El programa de rehabilitación residencial en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se dotó con 3.420 millones de euros de los fondos NextGenerationEU . En él se incluyen actuaciones de mejora de fachadas y cubiertas; cambio de ventanas; cambios de climatización, además de actuaciones de conservación y accesibilidad. En cuanto a las condiciones de los edificios para acceder a las ayudas de rehabilitación , el Real Decreto 853/2021 exige una reducción mínima de un 30 % en el indicador de consumo de energía primaria no renovable. Los máximos de subvención son el 40 %, el 65 % o el 80 % del coste subvencionable (con límite por vivienda) según el ahorro conseguido. Además de las anteriores, también se contemplaba otra ayuda adicional para los casos de vulnerabilidad económica (hasta el 100 % del coste imputable al propietario afectado) bajo ciertos requisitos. El programa no es una oportunidad abierta debido a los plazos establecidos . En el artículo 38 se establece que las obras debían estar acabadas antes del 30 de junio de 2026. Las convocatorias eran gestionadas por las comunidades autónomas. A través de las oficinas de rehabilitación se podía obtener información y contactar con técnicos. También se habilitó un simulador del ministerio para calcular las ayudas (que no sustituye al cumplimiento de los requisitos). En Xataka Si en tu edificio hay ancianos se puede instalar un ascensor sin el ok de la junta. La clave: la Ley de Propiedad Horizontal La fiscalidad tiene un desarrollo particular . Por un lado, las ayudas de este programa no están incluidas en la base imponible del IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas). Por otro lado, el importe no subvencionado puede beneficiarse de la deducción por rehabilitación energética (60 %) siempre que se cumplan ciertas condiciones. El máximo de la base es de 5.000 € anuales y 15.000 euros acumulados. Está sujeto a la acreditación de la mejora (certificados energéticos). Aunque ya estaba presente en nuestra guía de Genbeta de la Renta , los plazos han cambiado. La normativa recogida por la Agencia Tributaria ha ampliado los plazos para poder aplicar esta deducción a obras de edificios residenciales hasta el 31 de diciembre de 2027 (con certificado posterior antes del 1 de enero de 2028). Imágenes | TikTok con edición - La noticia Jordi Martí, arquitecto: “En España hay muchos propietarios que van a ser pobres porque nunca llega el momento de hacer una rehabilitación en el edificio” fue publicada originalmente en Genbeta por Redacción de Genbeta .

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La construcción encadena nueve meses de caídas en plena crisis de la vivienda: la producción se desploma un 10% en septiembre (se abre en una pestaña nueva)

El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) bajó un 9,8% interanual en septiembre, el mismo descenso que en agosto, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el descenso de septiembre, la producción del sector de la construcción encadena nueve meses consecutivos de retrocesos interanuales. La disminución de la producción en el sector en el noveno mes del año fue consecuencia, sobre todo, de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió un 34,7% interanual. Las caídas se producen en plena crisis de la vivienda. Por su parte, la producción en el sector de ingeniería civil cayó un 8,6% interanual, mientras que las actividades de construcción especializada disminuyeron su producción un... Ver Más

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La extrema derecha europea quiere "liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias" en la vivienda (se abre en una pestaña nueva)

En los últimos meses se han producido movilizaciones contra la carestía de la vivienda en varios países europeos: España, Portugal, Italia... Para el 20 de noviembre se esperan manifestaciones sobre este tema en toda Europa . Aunque la izquierda lleva mucho tiempo abordando este asunto y lo ha aprovechado en algunas elecciones, sobre todo en las locales, la extrema derecha también pretende sacar partido de la crisis que atraviesa el continente . Siguiendo el ejemplo de sus homólogos en Europa, Marine Le Pen ha decidido convertirlo en uno de los pilares de su campaña. ¿Qué propone la extrema derecha ante la crisis de la vivienda? ¿Cuál es su balance tras su paso por el poder? Entrevista con Sarah Coupechoux , responsable de la misión Europa en la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, que ha publicado recientemente un informe sobre el tema titulado “La extrema derecha en Europa: en peligro las personas alojadas en infraviviendas”. “Mediapart”: ¿Cuáles son las características de la crisis de la vivienda en Europa que está provocando movilizaciones en países tan diferentes como Alemania, España o Italia? Sarah Coupechoux: El punto en común de esta crisis es que, en toda Europa, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, ya sea para compra o para alquiler. Los precios se han disparado tanto que las familias ya no pueden permitirse una vivienda. Esta crisis afecta ahora a todas las franjas de la población, tanto a los jóvenes —que tienen cada vez más dificultades para independizarse de sus padres— como a las personas mayores, como se ha visto en España con el desahucio de Maricarmen Abascal , quien, a sus 87 años, ya no podía pagar el alquiler. Pero, efectivamente, si tomamos como ejemplo los Países Bajos, Alemania o España, tienen historias muy diferentes en lo que respecta a la vivienda. En Alemania, el mercado está compuesto mayoritariamente por inquilinos, con un importante parque de viviendas sociales que, históricamente, ha ido pasando progresivamente al sector privado. Se trata de un mercado que sufrió con retraso la crisis de la vivienda y cuyos inquilinos se beneficiaron durante mucho tiempo de una fuerte protección. Si tomamos el ejemplo de España, nos encontramos ante un mercado dominado por los propietarios, un legado del franquismo. Tras la crisis de 2008, los fondos de inversión apostaron fuerte por este mercado, los precios se dispararon y también los tipos de interés de las hipotecas. La generación joven ya no puede acceder a la propiedad, y ello en un mercado en el que el parque de alquiler está muy poco desarrollado y donde el parque de viviendas sociales es inexistente. Se ve que no hay válvula de escape. ¿Qué salidas políticas puede tener esta crisis? Hemos visto que la izquierda ganó las elecciones con este tema en Berlín, pero usted demuestra que la extrema derecha también está desempeñando su papel con cierta eficacia. En Francia, Marine Le Pen ha situado la vivienda en el centro de su campaña. Marine Le Pen se inspira claramente en sus compañeros de la extrema derecha europea, ya que en Hungría, en los Países Bajos o en Irlanda, esos partidos han llevado a cabo campañas estableciendo vínculos simplistas entre la crisis de la vivienda y la inmigración. Ella se suma a esa corriente, que es una corriente europea. Estos discursos pueden ser muy eficaces porque tienen un gran eco entre la población, que vive como un descenso social la imposibilidad de acceder a la propiedad. Pienso, en particular, en todas aquellas personas de zonas rurales que suelen comprar una casa cuando se casan. Y ahora, incluso alejándose de los centros urbanos, eso es imposible. Las personas que llevan años esperando una vivienda social —2,9 millones de hogares en Francia— pueden tener la impresión de que hay quienes se les adelantan, de que se favorece a los extranjeros y estos ocupan su lugar. Habla usted del welfare chauvinism (chovinismo social) como el rasgo común de la extrema derecha europea en materia de política de vivienda. ¿En qué consiste? Es la idea de un Estado del bienestar, de un Estado protector que solo beneficiaría a los nacionales. La extrema derecha puede defender el desarrollo del parque de viviendas sociales, pero siempre y cuando se rija por la prioridad nacional. Eso es lo que defendió Marine Le Pen en su discurso sobre la vivienda al referirse a un sistema de vivienda social que, según ella, hoy en día “beneficia prioritariamente a una inmigración incesante y anárquica”. En los Países Bajos, la incisiva campaña de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (extrema derecha), que ganó las elecciones legislativas de 2023 , se centró en el hecho de que las viviendas sociales se asignaban en su mayoría a los extranjeros, y en particular a los solicitantes de asilo. Lo cual es totalmente falso [solo el 7 % de las viviendas municipales disponibles se asignan a refugiadas y refugiados —ndr]. La falta de viviendas es consecuencia de las políticas públicas aplicadas desde hace años, pero es más sencillo presentar a los extranjeros como los responsables de esta escasez. Otra característica de las políticas de vivienda de la extrema derecha es que, tras una retórica “protectora”, rechazan cualquier regulación del mercado. Sí, totalmente. Detrás de esas fórmulas que invocan un Estado protector, en realidad, lo que estos partidos persiguen sobre todo es liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias —cuando existen— que protegen a los hogares más vulnerables. Están a favor de un mercado completamente libre. Votan en contra del control de los alquileres, en contra de la regulación de los alquileres de corta duración como los de Airbnb, en contra de la tributación de las segundas residencias, etc. Estos partidos abogan por menos normas y menos restricciones en la construcción, lo que puede dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad. Pero esto también es válido en lo que respecta a las obligaciones de renovación energética y a la lucha contra las pérdidas térmicas de los edificios, a lo que la extrema derecha siempre se opone. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, donde las llamadas políticas de “simplificación” de Giorgia Meloni han llevado a declarar “habitables” espacios mucho más reducidos, tanto en superficie como en altura de los techos. El argumento de estos partidos es fomentar la construcción mediante la desregulación, pero su balance en este aspecto es más que mediocre. En Italia, donde Giorgia Meloni había prometido un “choque de la oferta”, estamos muy lejos de ello. Las recientes manifestaciones de los jóvenes allí han demostrado que, en realidad, el Gobierno había contribuido al desarrollo de una oferta privada para estudiantes a precios inasequibles. La extrema derecha europea también se dirige a un electorado profundamente apegado a la propiedad. El deseo de ser propietario está muy arraigado a escala europea, y lo mismo ocurre en Francia. Ser propietario de una vivienda es una garantía de éxito social y al mismo tiempo de seguridad para el futuro, para la jubilación, para legársela a los hijos, etc. El lema “todos propietarios” tiene sus límites, ya que pedir un préstamo a tipos de interés muy elevados y encontrarse en dificultades para devolverlo o mantener la vivienda no es necesariamente deseable. Esta no puede ser la única solución en materia de vivienda. Como mencionaba al principio, es necesario contar con válvulas de escape: es decir, un mercado de alquiler accesible, un parque de viviendas sociales, alojamientos de emergencia… Y es que estos partidos tienden a mantener un discurso muy estigmatizador hacia quienes no logran ser propietarios, contra los okupas que vulneran el derecho de propiedad y los inquilinos morosos. No obstante, hay que recordar que la extrema derecha, en nombre de la defensa de la propiedad, siempre aboga por flexibilizar los impuestos de sucesiones, lo que, evidentemente, beneficia a los hogares más acomodados. Al mismo tiempo, allí donde ha estado en el poder, el número de personas sin hogar se ha disparado. Sí, el ejemplo finlandés es interesante en este sentido. Finlandia ha sido durante mucho tiempo un país modelo en las políticas de lucha contra la falta de vivienda. En los últimos treinta años han reducido drásticamente el número de personas sin hogar gracias a un modelo denominado “la vivienda primero”, que consiste en ofrecer primero una vivienda a las personas y, después, proporcionarles acompañamiento social. Pero cuando la extrema derecha llegó al Gobierno dentro de una coalición, se produjeron recortes importantes en la construcción de viviendas sociales, en las ayudas a la vivienda y en los presupuestos destinados a los colectivos vulnerables, y el número de los sin techo volvió a aumentar. Las personas mayores con pocos recursos, los jóvenes en situación de precariedad y las personas con problemas de salud o de adicción se han visto gravemente afectadas por esta política. Traducción de Miguel López

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Hace 3 días

La consejera de Vivienda destaca importancia del futuro plan urbanístico de Bailén para orientar su crecimiento (se abre en una pestaña nueva)

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha cursado una visita institucional al Ayuntamiento de Bailén, donde se ha reunido con su alcalde, Luis Mariano Camacho Núñez, para conocer las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en materia de vivienda y urbanismo en la ciudad, entre las que destaca la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU). En este sentido, Rocío Díaz se ha reunido con el equipo que está trabajando en el PGOM, destacado la importancia de que los ayuntamientos cuenten con instrumentos de planificación adaptados a su realidad. Y ha señalado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ofrece un marco normativo más ágil y sencillo para la elaboración de los nuevos planes urbanísticos. La consejera ha refrendado que, como en el caso de Bailén, “la Consejería va de la mano con los ayuntamientos para que adapten sus planteamientos a la Lista. Se trata de una ley que ha venido a facilitar y ayudar a los ayuntamientos y a poner suelo a disposición para poder construir vivienda principalmente”. Díaz se ha referido a que el próximo Presupuesto de Andalucía para el 2027, ahora en tramitación parlamentaria, contará por primera vez con una partida de 5 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos que lo soliciten a poder tramitar su planteamiento urbanístico. Se trata de poner “todas las herramientas que están en nuestras manos para poder ayudar, para poner suelo disponible”. Durante la reunión, ha valorado positivamente que el Ayuntamiento de Bailén ya ha sacado a licitación la redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU) y del Catálogo Urbanístico de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal, un paso más en el proceso de actualización del planeamiento urbanístico de la ciudad. Por otro lado, Rocío Díaz ha incidido en la importancia de construir nueva vivienda porque “quien se va a asentar en un municipio necesita tener un hogar, un lugar donde vivir, desarrollar su vida y desarrollar su proyecto personal y familiar”. Además, se ha referido a las ayudas destinadas por la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén para rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad, y al impulso de la vivienda protegida “que es muy necesaria en nuestros municipios”. La visita institucional a Bailén se ha completado con un recorrido por las obras de rehabilitación del edificio residencial situado en el número 35 de la calle Juan Salcedo Guillén, que cuenta con 14 viviendas y dos locales comerciales. La actuación tiene un presupuesto de 372.703,50 euros, parte de los mismos financiada mediante una subvención del programa Eco Vivienda, NextGenerationEu, gestionado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Gobierno de Andalucía. Los trabajos incluyen la mejora del aislamiento térmico de las fachadas, patios, medianerías y cubierta del edificio, así como la instalación de 44 paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo de la comunidad. La intervención contempla también importantes mejoras de accesibilidad, con la instalación de un ascensor y la construcción de rampas de acceso al portal, además de otras actuaciones de conservación y seguridad. El objetivo es mejorar la eficiencia energética del inmueble y facilitar la accesibilidad de sus residentes.

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