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Discos de la semana: Alcalá Norte, para seguir coreando estribillos (se abre en una pestaña nueva)

Esta es la selección que han hecho los críticos de ABC de los últimos discos que se han publicado. Algún día habrá que hacer un estudio de por qué en «big 2026», como dicen los Z, muchos grupos 'mainstream' han decidido que las intros vuelven a estar de moda. En el caso del nuevo disco de los Leon, como en muchos otros, 57 segundos innecesarios que, en fin, no te dejan traumatizado y pasan rápido y se olvidan de golpe al escuchar la voz en gracia de Caleb en el décimo trabajo de la familia Followill. Con esta banda siempre da la sensación de que están a punto de explotar sin terminar de hacerlo, hits puntuales aparte, y, por primera vez en 20 años, parece que aquí no lo buscan. Desde el 'My Whole World' que abre hasta el 'Get You Down' que lo cierra (aunque un poco bajonera para acabar, en la tónica del disco), inspira una paz y tranquilidad que solo puede darte un disco hecho sin ansia ni ambiciones exageradas. Y, supongo, ahí es donde encuentra la belleza que hace que funcione. Canciones pausadas, bonitas, de guitarras melosas, voces casi susurradas, melodías redondas, bajos respetados (y protagonistas, como en 'Koysar') que, pese a lo monótono de la propuesta en tanto que son TODAS tirando a lentas, no cae en la repetición ni te arruina el día abrazado a la tristeza. Tampoco es que hayan sido nunca los más movidos del lugar, vaya, pero en su décimo 'hijo' suenan a que disfrutan de su ritmo pausado y logran una agradable escucha a la que volver. 'Cold Blue Down', 'Feel The Love' y 'Blue Jeans And Diamonds' (esta última con alguna reminiscencia de 'Use Somebody' en el estribillo) tienen muchas papeletas para quedarse en sus repertorio. Digno de escuchar. Alcalá Norte no ha inventado nada. Eso no es un problema, porque salvo Miles, Mozart, La Niña de los Peines, Pierre Schaeffer y algún que otro iluminado más, pocos lo han hecho. Lo que sí han conseguido los de la calle Elfo es hacer suyo un sonido ya viejuno al que imprimen tanta frescura y personalidad que parecen haberlo creado ellos. Los destinados a renovar el post-punk patrio –eso decían hace tres años con el inesperado éxito de su debut, grabado como «disco póstumo» porque «la formación ya había naufragado», según confesó la banda a ABC – han llevado su música al siguiente nivel. Los 11 nuevos temas siguen sonando a The Cure, Héroes del Silencio y Décima Víctima, eso no se puede negar, pero cada vez más a Alcalá Norte, con una dosis extra de desparpajo y originalidad. En 'En Valmy', de hecho, tienen el cuajo de comenzar el álbum con un órgano que parece sacado de 'Qué no daría yo', la increíble canción (cero ironía) que José Luis Perales compuso para Rocío Jurado en 1990. Y encaja, pero cuando gritan enseguida uno de sus estribillos arrebatadores («joder, me siento indiferente, ¡cómo me suda la frente! / Corriendo a través de las puertas de la muerte»), sabes al instante que lo han vuelto a hacer. Alguien les podría afear que no incluyan otro himno inmediato como 'La vida cañón', el que elogió Rosalía en público y convirtió a Alcalá Norte en el grupo del que todo el mundo hablaba. Para mí, sin embargo, eso es una bendición, no una condena. No hay una canción que destaque sobre las otras. 'Dejémoslo como estaba' es un elepé equilibrado en el que podrías cambiar el orden de los temas –sacando los títulos aleatoriamente de un saco con los ojos cerrados– y el conjunto sería igual de bueno. Pero lo más importante es que sus seguidores podrán seguir coreando sus estribillos. Ya lo comprobamos cuando tocaron por primera vez 'El hombre planeta', su primer sencillo, en un concierto gratuito en Madrid Río solo dos semanas después de presentarlo. Y lo confirmamos ahora con cortes como 'El endemoniado' («No creo en Dios, solo en el Sol, como las hojas. / Y sobre la Luna, tengo mis dudas»), 'Los llamados pitagóricos' o esos 'Campos de golf' con los que Álvaro Rivas, su vocalista, denuncia a su manera la maldita crisis de la vivienda que padecemos los del populacho: «Crecеn los campos de golf a mi alrededor, crecen los campos de golf en mi tierra». Si exceptuamos el pequeño capricho de versionar a Icare, una banda francesa de heavy metal, e incluir un tema propio en inglés, 'Oscar The Tiny One', que te sacan un poco del trance, Alcalá Norte logra cerrar el álbum por todo lo alto con 'La venta nueva', una especie de versión pop menos distorsionada y más oscura que, perdonen el atrevimiento, me recuerda un poco a 'Flexible Flyer' de Hüsker Dü. Y eso es un piropo. Ya me imagino a los 15.000 espectadores del Movistar Arena, que los madrileños asaltarán por primera vez el 20 de marzo, cantando «¡perros ladrando en la Venta Nueva / a la entrada de Madriiiiiiid» como si fuera «Take Me Ouuuuuut, Tonight». Palabras mayores. El futuro ha llegado, las máquinas dominan el mundo y las IA generativas campan a sus anchas entre los escombros de una civilización, la nuestra, a punto de desaparecer. Pues bien, ahí, en ese —no tan distante— futuro, bien podría servir la música de Twisted Teens como último baluarte para la supervivencia de la especie. Son un descubrimiento raro, inusual y fresco como el mejor sushi de lonja japonesa. Prueba evidente de ello son los, no 1, ni 2, ni 3, sino 3 discos que llevan publicados solo en lo que va de año. Y ¡ojo!, porque todavía les queda diciembre. Aquí hay consenso en que lo importante no es la cantidad, sino la calidad, pero es que esa certificación también se la lleva con creces este salmón flambeado. Se me ha ido de madre la metáfora del sushi y es de recibo recordar que esta banda no tiene nada que ver con Tokio, sino con el delta de los Estados Unidos, más concretamente con Nueva Orleans. Canciones como trenes bala (¡y dale!), de una frescura radical, guitarras abrasivas y una alucinante voz rasposa y seudoafónica, como la que se le queda a uno tras tres días en el festival de Matsuri 祭. Rock garagero, folk-punk y country alternativo para arropar al corazón maltrecho por el desamor de Caspian Hollywell, frontman del dúo. Suerte que a su lado se mantiene firme y fiel RJ 'Razor Ramone' Santos —la otra mitad—, parapetado siempre con su lap steel para vigilar sus espaldas. En 'The Holy Cross Tigers' volvemos a encontrar viejos trucos como los breaks de batería 'glitcheados' o los entremeses instrumentales que ya nos sorprendieron en sus dos entregas anteriores. Y, si bien es cierto que, si yo fuera tú, empezaría mejor por su disco anterior, 'Florida Water Blues' (el de julio), esta nueva katana sigue perfectamente afilada. Hay que tener ganas de escuchar black metal, pero es cierto que, pocas géneros entran igual si es lo que te pide el cuerpo. Dentro de los estilos extremos, este es de los más abrasivos y difíciles de escuchar para un profano, pero el grupo de Olympia, Washington, ha conseguido plantarle cara a los noruegos y mirarles de tú a tú, por más que los escandinavos prendan fuego a iglesias protestantes. En su octavo trabajo, Wolves In The Throne Room se vuelven más atmosféricos que en entregas anteriores, creando un ambiente gélido y mortal en el que perderse. Las voces ininteligibles y las guitarras, agudas y con ayudan, por supuesto. Aún así, aquí se pueden encontrar algunos elementos de doom metal, de death metal y de dungeon synth, para que luego digan que suenan todos igual.

Desde BarcelonaLa VanguardiaGeneral

Agitar el malestar ante el 29-N (se abre en una pestaña nueva)

Huelga general impulsada por el Sindicato de Inquilinas para movilizar a la opinión pública sobre el grave problema de la vivienda, a la que los sindicatos de clase se han sumado, y han convocado, por temor a quedar huérfanos de iniciativa ante una reivindicación material, real. Desigual en su ejecución, España no se paró (tampoco en 2012), pero fueron masivas las manifestaciones de la tarde, con amplia presencia de jóvenes. Son ellos quienes han dado forma a un malestar latente al que el Gobierno no ha sabido dar respuesta a tiempo, ni tampoco las autonomías, muchas gobernadas por PP y Vox, con competencias en la materia. Seguir leyendo...

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El Gobierno de Aragón dice que ha acordado cómo alojar a los empleados chinos de Stellantis, pero lo detallará tras el 29N (se abre en una pestaña nueva)

El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.

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Hace 1 h

Hace 2 h

El PP sitúa la vivienda, la seguridad, las infraestructuras y el empleo como prioridades para Cádiz (se abre en una pestaña nueva)

El Partido Popular ha presentado las principales líneas de actuación de su programa electoral para la provincia de Cádiz , situando la vivienda, la seguridad, las infraestructuras, el empleo, la fiscalidad y el apoyo a los sectores productivos como los grandes ejes de su propuesta política.Durante la comparecencia ante los medios , el presidente provincial, Bruno García, y el número dos de la candidatura al Congreso, Miguel Sastre, han defendido la necesidad de desarrollar una campaña centrada en las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, alejándose de la confrontación política y poniendo el foco en las soluciones y las oportunidades para la provincia . «El Partido Popular vamos a marcar distancias con la línea de actuación y las propuestas del PSOE, que usan el miedo, los muros, la división y la falta de responsabilidad ante los grandes problemas de España Nosotros vamos a reconstruir todo lo desandado por el gobierno del PSOE y vamos a traer el cambio necesario «, ha afirmado Bruno García. En este sentido, ha asegurado que «el PP vamos a ofrecer una alternativa basada en la gestión, la recuperación de la confianza y la generación de oportunidades para todos los gaditanos» y ha reivindicado» un proyecto político centrado en los problemas reales de la provincia de Cádiz y en la recuperación de su capacidad para generar empleo, atraer inversiones y ofrecer oportunidades a sus ciudadanos».Miguel Sastre ha explicado que el programa electoral se articula en torno a tres ideas fundamentales: «coherencia, ajuste a la realidad y viabilidad» y ha añadido que se trata de una propuesta que recoge el trabajo desarrollado durante la legislatura, las iniciativas impulsadas en el Congreso y el Senado y las demandas trasladadas por asociaciones y colectivos de la sociedad civil.Igualmente, ha apuntado a cuatro grandes bloques en torno a los que se estructura el programa del PP: reparar el Estado y reforzar su presencia; regenerar la democracia; reunir a la nación a través de la superación de divisiones y la mejora de las conexiones; y recuperar la ambición y la autoestima para generar nuevas oportunidades.En relación a medidas concretas incluidas en el programa uno de los principales asuntos será el acceso a la vivienda con una apuesta por impulsar una mayor construcción de viviendas y desarrollar una normativa que tenga en cuenta tanto a propietarios como a inquilinos. La seguridad será otro de los pilares fundamentales del programa. El PP considera prioritario reforzar los medios y la posición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como intensificar la lucha contra el narcotráfico, una problemática especialmente relevante en la provincia de Cádiz y la Declaración de la Zona de Especial Singularidad. Además, ha trasladado el compromiso de dotar a la Justicia de recursos suficientes para afrontar estos delitos y facilitar que determinados procedimientos puedan ser juzgados desde la Audiencia Nacional, ha explicado Sastre . En materia de infraestructuras, reclaman conexiones ferroviarias seguras y eficaces, así como una mejora de las carreteras que permita acabar con el aislamiento de la provincia y garantizar unas comunicaciones adecuadas con otros territorios.Otro de los bloques es el referente al empleo y el desarrollo económico con medidas de apoyo a los autónomos, entre ellas el compromiso de eliminar el IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros, además de impulsar la actividad industrial y respaldar sectores estratégicos para Cádiz como la agricultura y la pesca.Finalmente, el PP ha defendido la necesidad de impulsar un sector energético sólido, en el que las energías renovables contribuyan a cubrir las necesidades energéticas y faciliten el desarrollo económico y residencial.

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Hace 3 h

Adelante Andalucía propone en Cádiz una tasa turística que se destine a la creación de vivienda pública (se abre en una pestaña nueva)

Adelante Andalucía ha iniciado su campaña electoral en El Puerto de Santa María para presentar su Ley de Turismo . Acompañado por la candidata al Congreso de los Diputados por Cádiz, María Sánchez , el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha valorado el modelo turístico actual.«El turismo es muy importante en Andalucía. Hablamos de más del 12% del PIB, hablamos de un impacto económico de 36.000 millones de euros, pero yo hago una pregunta: ¿Dónde van los beneficios del turismo? El turismo es un sector estratégico construido por los trabajadores y trabajadoras del turismo, por andaluces y andaluzas, y ese beneficio no se queda entre los trabajadores y trabajadoras», ha explicado García.La formación andalucista de izquierdas ha presentado su Ley de Turismo, que obliga a repartir los beneficios de esta actividad entre los trabajadores y trabajadoras. Una de las principales medidas consiste en obligar a las cadenas hoteleras que paguen impuestos en Andalucía y que, además, repartan sus beneficios entre los trabajadores y trabajadoras del turismo. «Nos dice el señor Moreno Bonilla, la derecha, que nosotros estamos en contra del turismo. No, lo que queremos es que los andaluces y andaluzas de clase trabajadora se queden con el beneficio del turismo para ver si alguna vez son los andaluces y andaluzas los que pueden hacer turismo, y no son los que trabajan para el turismo», ha explicado García.Por su parte, Sánchez ha hablado de otra de las principales medidas de esta ley, que reclama una tasa turística cuyos beneficios vayan íntegramente a la creación de vivienda pública . «Nos encontramos con que el PP y Vox están en contra de esta tasa porque ellos defienden los intereses de una minoría y hablan en defensa de los dueños de los hoteles y de los dueños de las aerolíneas. No miran por el derecho de la mayoría que es el derecho a la vivienda de los andaluces y de las andaluzas», ha concluido Sánchez.

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Hace 5 h

eldiario.esGeneral

La huelga sí que fue contra el (los) Gobierno(s) (se abre en una pestaña nueva)

Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.

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Hace 9 h

Los expertos apuntan al precio y la oferta como diques en el acceso a la vivienda (se abre en una pestaña nueva)

Sevilla celebró este jueves el primero de los encuentros enmarcados en el proyecto Impulso Andalucía 2027 , con una mesa de expertos en la que se realizó una radiografía de los problemas que lastran el actual mercado de la vivienda y se lanzaron propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes a un hogar y evitar la fuga del talento. Un encuentro en el que participaron representantes de las administraciones, de la universidad y del sector privado y que tendrá una segunda cita para fijar las prioridades. Se trata del punto de partida de esta iniciativa de Vocento, impulsada con la consultora Oliver Wyman, que pretende ser un laboratorio de ideas que se incluirán en un Libro Blanco que verá la luz a final del primer trimestre de 2027.Fue Leticia Rubira, representante de Oliver Wyman , quien abrió el debate al poner sobre la mesa varias conclusiones del proyecto CREA, realizado entre finales de 2024 y principios de 2025. Entre ellas, el hecho de que «Andalucía tiene un potencial único, pero hace falta saber cómo se puede materializar». Eso sí, desde la perspectiva del problema de la vivienda como «un límite al crecimiento y no tanto como un aspecto social». A partir de ahí, un coloquio moderado por el jefe de sección de Sevilla de ABC, Jesús Díaz, permitió que cada uno de los expertos hiciera su radiografía sobre la situación actual del mercado. El primero fue José María López, secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía que se centró en la falta de oferta. «Ese déficit es uno de los elementos que dispara el precio, además de la exclusividad: todo el mundo quiere vivir en el Centro, pero el sitio que hay es finito», advirtió. En ese mismo argumento de la falta de oferta coincidió Manuel Morillo, el gerente de Emvisesa . «Tenemos unos 30.000 demandantes de vivienda en Sevilla y la mitad son jóvenes. De ellos, quitando la duplicidad de parejas se puede decir que reales son unos 15.000, pero el principal portal inmobiliario sólo tiene unos 1.400 pisos en alquiler y 4.000 para la venta. Por tanto, hay una necesidad de más de 7.000 inmuebles y con la oferta actual no se cubre un tercio de la demanda». También en clave local, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez , ahondó en «la inacción» para prever un problema que «se ha convertido en el primero para los ciudadanos». Descartó el suelo como un problema, porque «tenemos el que queramos», pero se detuvo en los costes de producción. «Calculamos que en 2027 daremos licencia para unas 4.000 viviendas en Sevilla, aunque no está claro que haya mano de obra para todas». Y concluyó apostando por «la cultura del esfuerzo» entre los jóvenes y las ayudas de las administraciones a las viviendas protegidas.Desde el punto de vista del sector privado, el director general de Caralca y presidente de Sevilla City One, Rafael Miranda , aseguró que «es un problema estructural que no se arregla con una varita mágica». Así, consideró que hay «muchos debates banales» frente «al problema grave de que los jóvenes y adultos no pueden acceder a una vivienda». También se centró en la calidad de las VPO, que «en muchos casos es mayor que la que tenían las de renta libre en los 2000». Por ello, reflexionó que «habría que preguntarse si en este momento de emergencia nacional se puede bajar el listón». Quien sí entró en lo económico fue Rafael Peral, responsable de Instituciones de Caja Rural . «Notamos que la capacidad de pago de las familias está cada vez más lejos de la letra de la hipoteca» y, por ello, «puede que no exista demanda por incapacidad económica, pero sí necesidad de vivienda».Peral pidió también distinguir el problema social de la vivienda, que debe atenderse con pisos públicos, frente al resto de familias que necesitan de un inmueble. «Hay que trabajar en aumentar esa oferta para que el precio vaya a donde tiene que ir», aseveró. Precisamente, la perspectiva social fue la que aportó Esteban de Manuel, doctor en Arquitectura y profesor del Máster en Ciudad y Arquitectura de la Universidad de Sevilla. «Hace falta un pacto en el que se implique la ciudadanía, los políticos y los promotores». Entre otras cosas, porque «tres de cada cuatro demandantes necesitan que la vivienda sea asequible» y «la mayoría opta por el alquiler porque tiene la barrera de la financiación». Luego está el hecho de que «las que se venden necesitan de una rehabilitación. Hay varios ejemplos en Torreblanca, San Jerónimo o la Macarena», advirtió en su primera intervención.Las alternativasCon el diagnóstico dibujado, los expertos plantearon algunas propuestas de mejora centradas en un aumento de los presupuestos públicos para dotar de ayudas al acceso a la vivienda. Morillo, gerente de Emvisesa, apostó por una ayuda directa de las administraciones a la compra del 15% y un IVA del 1%. López Cerezo, en nombre de la Consejería de Vivienda, replicó que ese tributo reducido debía ser sólo para protegidas y apeló a la construcción de todas las VPO que se pueda, «porque tienen precio limitado, van dirigida a personas con recursos limitados, fija población y debe ser hogar habitual y permanente». El gerente de Urbanismo, por su parte, también coincidió en «las ayudas y medidas fiscales a las viviendas protegidas» , además de pedir que esa calificación como VPO «debe ser para siempre».Miranda abrió las opciones al asegurar que «se necesita una conjunción de estrategias a corto y largo plazo», pero que «si tuviera que elegir una sola medida sería dotar de presupuesto a las administraciones para dar ayudas al mercado. Eso sí, con límites». No ocultó que existe también un problema con los constructores, que «están al límite» por «la falta de mano de obra». Por su parte, el catedrático De Manuel puso como ejemplo «un modelo de éxito» como el de Viena, donde «un tercio de vivienda es libre, un tercio es municipal y un tercio es cooperativa». No obstante, reclamó «un pacto por el suelo», ya que «si el precio de los materiales ha subido, más lo han hecho los terrenos». Sea como fuere, en lo que si insistió Peral (Caja Rural), es en que «la política de vivienda no puede solucionar los problemas sociales». Planteamientos que quedaron para la reflexión antes de esa próxima sesión de febrero que debe afinar el resultado de un debate que marcará la hoja de ruta de este impulso con el que Vocento quiere apostar socialmente por el futuro de Andalucía.

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Hoy, hace 18 h

eldiario.esGeneral

El juez aplica el decreto de vivienda y suspende el desahucio instado por un fondo a una madre con seis hijos (se abre en una pestaña nueva)

El magistrado constata que la normativa “reconoce importantes derechos” a la familia vulnerable de Badalona y frena la petición de Divarian La Justicia europea suspende el desahucio de Kalita, la vecina de Badalona con seis niños a la que un fondo buitre quiere echar Un juez ha aplicado el último decreto de vivienda del Gobierno y ha paralizado el desahucio instado por el fondo Divarian a Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona . El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. elDiario.es desveló el caso de Fernández en junio , cuando, a última hora, la comitiva judicial paralizó su desahucio porque suponía dejar en la calle a los menores de edad, uno de ellos de apenas un año y que necesita estar conectado a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre. El abogado de oficio de Fernández, Ton Mansilla, logró días después que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suspendiera el lanzamiento unas semanas. Las medidas cautelares en el TEDH son inhabituales, y el tribunal solo las contempla cuando existe un serio peligro para la vida o la salud de los demandantes. El nuevo desahucio estaba programado para el 20 de noviembre, pero Mansilla pidió de nuevo la suspensión al juzgado de Badalona en base al decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en octubre y que, tras su veto parlamentario inicial por los votos de PP, Vox y Junts, este jueves ha convalidado la diputación permanente del Congreso. El inmueble que ocupa Fernández desde hace casi una década pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito. Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras divorciarse de su marido hace un año. El desahucio, ahora suspendido, es la consecuencia del proceso penal en el que, tras una denuncia del fondo, Fernández fue condenada por ocupar la vivienda. Divarian instó a la ejecución de la sentencia para recuperar el piso. Cuando la fecha del lanzamiento ya estaba fijada, a última hora el decreto ha dado un poco más de tiempo a la familia, que sigue sin recibir una vivienda social de emergencia por parte del Ayuntamiento de Badalona. El juez ha frenado el lanzamiento por tres razones: la condición de gran propietario de Divarian, la existencia de otro procedimiento de desahucio por la vía civil y la “situación de vulnerabilidad” y “carencia de alternativa habitacional” de la familia de Fernández. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de la mujer y sus hijos. “Resulta evidente la más que posible aplicación del real decreto [de vivienda] y en especial de las posibilidades de suspensión del lanzamiento”, resuelve el juez. El magistrado remarca que ejecutar ya la sentencia por la que Fernández fue condenada por ocupar el piso “dejaría sin efecto las garantías de carácter material y procesal” que la ley ofrece a la mujer. “No resulta de recibo y atentaría contra el principio de proporcionalidad”, apostilla el togado. El abogado de Fernández, Ton Mansilla, celebra que el juez haya aplicado el nuevo decreto en materia de vivienda, del que remarca su “utilidad” para frenar desahucios de personas vulnerables. El letrado también critica que Divarian instara al desahucio de la familia por la vía penal después de encontrarse con la suspensión del lanzamiento por la vía civil ordenada por el TEDH. Ahora la pelota pasa a la mesa de la jueza de lo civil que ordenó el desahucio en primer lugar pese a contar con un informe de los servicios sociales que advertía del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

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Ayer

Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada (se abre en una pestaña nueva)

La Diputación Permanente refrenda las prórrogas extraordinarias, el escudo antidesahucios y la regulación del alquiler de habitaciones y temporada El decreto de vivienda pone coto al Plan Vive de Ayuso: prohíbe que los gastos extra suban los alquileres asequibles Un día después de la multitudinaria huelga general por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por los grandes sindicatos españoles, la Diputación Permanente del Congreso, que opera mientras la cámara está disuelta por la convocatoria de elecciones, ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para atajar la crisis de vivienda tras las movilizaciones y a poco más de dos semanas para las elecciones generales. La negativa del PNV tumba el segundo decreto, que prevé prórrogas indefinidas de los contratos del alquiler. Estas son las medidas, vigentes desde el 7 de octubre, que quedan refrendadas por el legislativo con la votación de la Diputación Permanente: Veto a la compra especulativa El decreto prohíbe hasta 2030 la compra por parte de empresas de inmuebles por debajo del 70% de precio de mercado, con las excepciones de todos aquellos que lo dediquen al alquiler asequible o para personas vulnerables o en exclusión social. El nuevo artículo incluye la excepción a empresas que cumplan códigos de buenas prácticas, que en todo caso no podrán desahuciar a personas vulnerables en inmuebles de este tipo. El objetivo es que no se cierren compras de viviendas ocupadas o degradadas para obtener un lucro rápido y especulativo. Escudo antidesahucios La protección contra los desahucios añade una obligación de las administraciones de cubrir las costas procesales. Los desahucios a personas vulnerables quedan suspendidos hasta 2030 si las administraciones no ofrecen alternativa residencial. Pero además, crea una forma de rescate estructural con la incorporación de una figura: la enervación extraordinaria. Esta consiste en que, en caso de que las administraciones no puedan ofrecer una alternativa de vivienda a las personas vulnerables en riesgo de desahucio, deberán cubrir el impago de la deuda del inquilino al propietario con tal de que, también, se suspenda el desahucio, siempre y cuando estos dueños sean particulares y no grandes tenedores. No prevalecerá la protección del desahucio a partir de 2030 cuando el propietario sea vulnerable o tenga solo dos viviendas o menos. Prórroga extraordinaria El decreto contempla que todos los contratos que venzan antes de diciembre de 2028 puedan solicitar una prórroga extraordinaria de su alquiler por dos años firmados año a año y sin subidas de precio más allá de la limitada por la congelación, a un máximo del 2%. Además, quedan amparados por este derecho aquellos que fueron solicitados durante la vigencia del anterior decreto, que decayó un mes después de su aprobación porque lo rechazó el Congreso. La prórroga queda sujeta a excepciones cuando el propietario demuestre necesitar el piso como vivienda suya o de un familiar de primer grado. Alquiler de habitaciones El alquiler de habitaciones entra en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que incluye “el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda” dentro del arrendamiento de vivienda habitual. Esto implicará que se deban aplicar los mismos tiempos y protecciones de contrato que el alquiler de vivienda, esto es, de cinco años en caso de que el propietario sea particular y siete una empresa. En mercados declarados tensionados, la suma de las rentas de las habitaciones no pueden superar el precio total de la vivienda marcado en el índice. Se fija un máximo de 30 días para el alquiler de viviendas turísticas. Se prevé que los alquileres de habitación de entidades del tercer sector puedan tener un tiempo de contrato vinculado al proyecto sin tener que cumplir con el tiempo de la LAU. Vivienda temporal El alquiler temporal tiene que justificarse con pruebas que acrediten la temporalidad del inquilino. El contrato tendrá un mínimo de un mes y un máximo de doce. En caso de que no se demuestre esta temporalidad o de renovaciones de contrato que superen el tiempo límite de un año, el contrato se considerará de vivienda habitual con contrato de cinco años, siete si el propietario es una empresa. Ayuda de compra a la vivienda El nuevo decreto fija el presupuesto destinado al nuevo proyecto Tu Casa, que será de 10.000 millones. A un máximo de 50.000 euros de ayuda, limita los préstamos a un máximo de 200.000 ayudas. El comprador podrá pagar este préstamo cuando acabe de pagar la hipoteca, un máximo de 30 años después de recibir la ayuda, y lo hará a un 0% de interés. El objetivo es facilitar la compra de vivienda a personas y familias sin ahorros. Deducciones de IRPF a caseros e inquilinos Los inquilinos con una base imponible de su sueldo de hasta 33.000 euros, podrán deducirse hasta una mensualidad del alquiler en la declaración de la renta. En el caso de los propietarios, se bonifican hasta un 100% en quienes rebajen el precio del alquiler por debajo de un 5% del precio de mercado. Congelación de alquileres En su subida anual, los propietarios no podrán subir el alquiler si lo tienen a un precio superior al índice de mercado. Si el precio está por debajo de este índice, la subida máxima durante los próximos dos años será del 2%. Impulso a vivienda pública y asequible Entre las medidas para impulsar el parque de vivienda pública y asequible, el decreto blinda las que se financien con presupuestos estatales, que tendrán que ser protegidas para siempre, o sea, no pasarán al mercado privado pasados unos años como sucede ahora. El texto establece además que tan solo podrá ser catalogada como vivienda de alquiler asequible aquella en que el inquilino no destine más del 30% de sus ingresos y prohíbe que se imputen gastos extra como trastero, IBI, garaje o gastos de comunidad para superar este esfuerzo, tal y como se está haciendo en el Plan Vive de Madrid. Nuevo impuesto a pisos turísticos La vivienda turística pasará a pagar un IVA del 10%, el mismo que se aplica a las actividades de hostelería. Obras de reparación El nuevo decreto incluye un apartado que protege a los inquilinos ante las obras de preparación de una vivienda. Concretamente, si los daños o desperfectos de un piso son necesarias o afectan a la seguridad o a la salubridad del inquilino, el arrendador podrá pedir la reparación por escrito adjuntando un presupuesto y si, en quince días, el propietario no ha dado respuesta, el inquilino podrá adelantar el dinero de la reparación y descontar su importe en rentas futuras. BOE 7 de octubre

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Ayer

Educación y vivienda digna: La protesta del 11N en Jaén une la crisis escolar con el problema del alquiler (se abre en una pestaña nueva)

VÍDEO No ha importado la lluvia. La ciudadanía se ha reivindicado por una educación digna y de calidad. El sindicato Ustea, junto a CGT y CNT se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Educación para exigir el cumplimiento de este derecho. Alejandro Gallego Padilla, delegado sindical de Ustea Jaén, ha explicado que el sindicato convocó huelga en Andalucía hace una semana, para unirse a la general del 11N, para protestar por la “situación en la que nos encontramos ante los recortes, la falta de profesorado y de personal interino”. “Seguimos manifestando a la Consejería la falta del profesorado y de PTIS y nos dicen que no hay recursos. Seguimos con problemas de transporte, comedores escolares, la privatización...”, ha dicho Gallego Padilla. La convocatoria también ha consistido en la pronunciación de un manifiesto para reivindicar que “los derechos que hoy se disfrutan no son regalados, sino conquistados”. “Muchos de ellos, porque hubo personas que lucharon”, ha reflejado el escrito. “No estamos aquí por un mal comienzo de curso o reivindicar una mejora salarial, sino porque llevamos mucho tiempo viendo cómo se acumulan los problemas en nuestros centros y cómo se normalizan las carencias”, ha continuado. Asimismo, también han manifestado su apoyo a la huelga general que, entre otras cosas, se ha convocado para reivindicar una vivienda digna. ¿Y que tienen que ver ambas cosas? Mucho porque, ¿qué posibilidad de estudiar en igualdad puede tener constantemente una alumna que cambia de domicilio porque su familia no puede afrontar el alquiler? ¿Cómo puede afrontar su proyecto de vida una persona joven que estudia, se prepara, trabaja y aún así no puede independizarse?”, ha seguido el manifiesto.

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Hace 2 días

Vivienda, despoblación y emergencias quedan bajo el paraguas orgánico de Presidencia (se abre en una pestaña nueva)

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica este miércoles, 11 de noviembre, la Orden PRE/1210/2026 , de 6 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de la Presidencia . El texto, firmado por el consejero del ramo, Luis Miguel González Gago , entra en vigor el mismo día de su publicación oficial y deroga la anterior regulación vigente desde mayo de 2022. Esta disposición adapta el funcionamiento interno del departamento a los decretos de reestructuración aprobados en junio de 2026. De este modo, delimita las funciones de los órganos y unidades administrativas propios de la Consejería, así como de aquellos que dependen funcionalmente del presidente de la Junta de Castilla y León y de la Vicepresidencia Segunda , que ostenta María Isabel Blanco Llamas, pero que están adscritos orgánicamente a Presidencia. Hasta que se produzca la adaptación de la relación de puestos de trabajo a esta nueva configuración, el personal continuará desempeñando sus funciones en las unidades administrativas afectadas, bajo la dependencia funcional de los centros directivos que tienen atribuidas las competencias. En el primer bloque, bajo la dependencia funcional directa del presidente de la Junta y orgánica de la Consejería de la Presidencia, la orden configura tres áreas principales: Gabinete del Presidente: estructurado en el Servicio de Organización y Secretaría y el Servicio de Relaciones Externas. Dirección de Comunicación: integrada por el Servicio de Asuntos Generales y el Servicio de Identidad Institucional. Dirección General de Análisis y Planificación: que cuenta con el Servicio de Análisis y Asistencia para el seguimiento del programa de gobierno y la elaboración de análisis predictivos. Por su parte, bajo la dependencia funcional de la Vicepresidencia Segunda y adscritos orgánicamente a la Consejería de la Presidencia, se definen cinco centros directivos que agrupan competencias en protección ciudadana, ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, vivienda e igualdad: Dirección General de Programas: dividida en el Servicio de Gestión y Documentación y el Servicio de Coordinación y Programación. Dirección General de Vivienda y Urbanismo: cuenta con seis servicios: Inspección y Régimen Jurídico de Vivienda; Administración del Parque Público de Viviendas; Financiación y Ayudas a la Vivienda; Arquitectura y Vivienda Pública; Rehabilitación y Regeneración Urbana; y Urbanismo. Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio: estructurado en el Servicio de Reto Demográfico, el Servicio de Ordenación del Territorio y el Centro de Información Territorial. Agencia de Protección Civil y Emergencias: incluye el Servicio de Protección Civil, el Servicio 1-1-2, el Servicio de Seguridad y Espectáculos Públicos y el Servicio de Formación de Protección Civil (del que depende la Escuela Regional de Policía Local). Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades: organizada en el Servicio de Promoción de la Igualdad, el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género (que cuenta con la Sección de Centros y Servicios) y el Servicio de Integración. Secretaría General y de los Servicios Jurídicos Dependiendo tanto orgánica como funcionalmente de la Consejería de la Presidencia se sitúan la Secretaría General y la Dirección de los Servicios Jurídicos . La Secretaría General asume la gestión interna y técnica a través de ocho servicios: Personal y Régimen Interior; Asuntos Económicos; Evaluación, Normativa y Procedimiento; Estudios y Documentación (con la Unidad de Estadística adscrita); Secretariado de la Junta; Informática; Boletín Oficial de Castilla y León; y Gestión y Apoyo. Además, se adscriben a este órgano la Unidad de Archivo Central y la Inspección General de Servicios. En cuanto a la Dirección de los Servicios Jurídicos , la orden adecua su configuración al reglamento aprobado en diciembre de 2025. Cuenta con el Servicio de Gestión y Documentación Jurídica y coordina las asesorías jurídicas en las nueve delegaciones territoriales ?incluida la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria ?, así como en los tres organismos autónomos (Servicio Público de Empleo, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales) y en las 10 consejerías del Ejecutivo autonómico: Consejería de la Presidencia. Consejería de Economía y Hacienda. Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Consejería de Medio Ambiente y Energía. Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Consejería de Educación. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Viceconsejería de Administraciones Públicas El quinto capítulo de la orden desarrolla la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano , de la que dependen cuatro direcciones centrales: Dirección de Administración Local: formada por el Servicio de Financiación y Cooperación Económica Local y el Servicio de Régimen Jurídico Local. Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior: integra nueve servicios (Relaciones con las Cortes; Colaboración y Cooperación; Procesos Electorales, que incluye la Unidad de Memoria Democrática con rango de sección; Ordenación, Gestión y Autorizaciones de las actividades de juego y apuestas; Registros y Material de las Actividades de Juego y Apuestas; Inspección, Control y Sanciones de las Actividades de Juego y Apuestas; Instituciones Propias; Acción Exterior; y Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior), además de la Delegación Permanente ante la UE. Dirección General de la Función Pública: engloba la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (con tres servicios propios y un área económica), una Unidad de Gestión y Apoyo y ocho servicios: Planificación de los Recursos Humanos; Relaciones Laborales; Régimen Jurídico; Provisión; Evaluación y Carrera Profesional; Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales; Registro y de Gestión de Personal; y Sistema Integrado de Gestión de Personal. Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios: cuenta con ocho servicios (Acceso a la Información Pública; Transparencia y Reutilización de la Información; Protección de Datos; Atención al Ciudadano; Calidad, Innovación y Participación Ciudadana; Planificación y Evaluación de Políticas Públicas; Fundaciones y Asociaciones; y Colegios Profesionales) y tiene adscrita la Unidad del 012 , encargada entre otras funciones del seguimiento de los contenidos de la sede electrónica de la Administración autonómica .

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Hace 5 días

Piden 21 años de cárcel para un acusado de incendiar una vivienda en Jódar con su expareja y un menor dentro (se abre en una pestaña nueva)

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes a un hombre de 45 años acusado de incendiar una casa con su expareja y el hijo menor de ésta dentro. La Fiscalía de Jaén ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que solicita penas que suman 21 años de prisión para este hombre acusado también de amenazar a su expareja y de provocar la muerte por asfixia del perro de la familia, en unos hechos ocurridos en la localidad de Jódar. Según el escrito del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos se desencadenaron la madrugada del 14 de septiembre de 2024, apenas unas horas después de que la mujer le comunicara su decisión de finalizar la relación sentimental de once meses que mantenían. El procesado, que cuenta con múltiples antecedentes penales —entre ellos una condena por lesiones en el ámbito de la violencia doméstica—, acudió en estado ebrio al domicilio familiar. Ante la negativa de la mujer a dejarle entrar debido a su estado y por encontrarse dentro el hijo de esta, de 15 años, el acusado presuntamente manipuló los suministros de agua y luz con unos hierros extraídos de su vehículo.

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No se pudieron leer los feeds de Melilla Hoy, Granada Digital, Gasteiz Hoy, La Marina Plaza, El Bierzo Digital, OKDiario. El resto de medios se actualiza con normalidad.

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