Catorce años después de la última huelga general, los sindicatos volvieron a las calles en una protesta política contra la oposición. La del miércoles fue una convocatoria «atípica», que se produjo a las puertas de las elecciones generales, después de ocho años de silencio, en los que UGT y CC.OO. no han alzado la voz ni por la devaluación de los salarios, la meteórica subida del precio de la vivienda o el empobrecimiento de los hogares. Pero un día antes de que comenzara la campaña electoral y bajo la bandera de los salarios y la vivienda, los trabajadores de este país fueron llamados a paralizar la actividad económica en todo el país y a salir a las calles. ¿Éxito o... Ver Más
Las fuertes subidas podrían hacer que la cantidad de personas que dedican más del 30% del sueldo al alquiler aumenten de los 2,3 millones a los 3,3 una vez finalicen las prórrogas extraordinarias, según Oxfam Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC. El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda. Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga. Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam. La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas. Un ahorro de 4.300 euros al año La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar. En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros. Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia. En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.
Aprobada la escritura de constitución de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo. Arrancará con la construcción de 200 viviendas en Lavadores La entrada Vigo constituye su Empresa Municipal de Vivienda con los primeros hogares asequibles en el horizonte se publicó primero en Metropolitano .
El Cercle d'Economia de Mallorca ha presentado este viernes el estudio La calidad de vida en Islas Baleares: una visión multidimensional, que parte de la premisa de que la medición del progreso del bienestar no puede basarse únicamente en el PIB y muestra los desequilibrios en el archipiélago. Unas islas a las que "han llegado de media 20.000 personas al año", equivalente a la población de sa Pobla, como señalaba José María Vicens, expresidente del think tank, uno de los autores. En la comunidad balear, la vivienda vale hoy un 18 % más que en 2007, mientras que la renta de sus hogares ha subido un 6 %, se destaca entre las conclusiones.
Arranca una campaña que, aunque nació tras una derrota sobre la vivienda, en las tertulias se ha querido ligar también a la lección americana sobre la victoria demócrata. A la izquierda solo le va bien cuando habla del coste de la vida y guarda en un cajón todo aquello que la derecha lleva años llamando woke . La moraleja para las izquierdas españolas parece escribirse sola y, sin embargo, los números no dan. ¿Qué votos tiene que movilizar el progresismo para que haya una posibilidad de ganarle a la derecha en las próximas elecciones generales? Dos semanas antes de las midterms en Estados Unidos, en un antiguo cine de Portland, una estudiante trans se levantó en un mitin de Alexandria Ocasio-Cortez para preguntarle si las personas como ella se habían convertido para el Partido Demócrata en un tema perdedor, en algo que no merecía ya la pena defender. AOC le respondió con la honestidad que le caracteriza, reconociendo que los políticos se asustan con facilidad . Tenía razón y aun así se quedó corta, porque el problema que planteaba la pregunta excede el coraje de quien la responde y el dolor, legítimo, de quien la pregunta. Esa estudiante, aunque quizás no sabía expresarlo con los argumentos que un estratega usaría, señalaba cómo en los últimos tiempos se ha dibujado un carril para la vida material y otro para las identidades, y cómo, en tiempos difíciles, se cierra el segundo para que circule mejor el primero. En este artículo me gustaría defender no solo que esa separación es falsa, sino que agitarla es lo que nos separa de movilizar el voto progresista que falta para evitar que Abascal sea vicepresidente del Gobierno. Los demócratas llaman a su programa una agenda de la mesa de la cocina y puede que esta metáfora nos resulte más útil de lo que pueda parecer. No sé en América, pero la mesa de la cocina en España es un asunto sobre todo de mujeres , es el lugar de confidencias, de liar croquetas y tomar cafés, donde se hacen las cuentas con el dinero que queda para el final de mes después de pagar el alquiler, donde se decide si se paga el dentista o el comedor escolar, donde alguien, casi siempre una mujer, sostiene, sin cobrar un euro por ello, la reproducción de la vida de los demás, es decir, la que hace la compra, la sopa, la colada y cambia el pañal de la abuela. ¿Cómo se puede defender que el coste de la vida sea una cuestión políticamente ajena a la agenda política de las mujeres? Cuando Silvia Federici escribía en los setenta contra el trabajo doméstico gratuito estaba hablando ya del coste de la vida antes de que existiera el eslogan. Y más importante aún, y quizás mucho menos obvio, cuando Judith Butler respondía a Nancy Fraser que la regulación de la sexualidad no era una cuestión meramente cultural, lo que hacía era recordar algo que ya sabía Engels: la familia es una unidad económica, y quien decide qué cuerpos forman familia decide también cómo se reparte la riqueza. Y lo que se reparte peor se protege peor. Supongamos en cualquier caso que la vivienda es la razón principal por la que votamos el 29 de noviembre. El lunes, en La Revuelta , Broncano le preguntó a Abascal cómo construiría más casas , y el líder de Vox contestó que eliminando la sobrerregulación, por ejemplo la perspectiva de género que existe en la construcción. Al día siguiente medio país se puso a explicar qué es el urbanismo con perspectiva de género con ejemplos como calles mejor iluminadas, aceras anchas para carritos o recorridos seguros de vuelta a casa. Si bien todo eso tiene un inmenso valor, creo que lo que Abascal señalaba iba en una dirección mucho más importante. La perspectiva de género que de verdad le estorba es la que permite que una política de vivienda reconozca a las mujeres como el sujeto vulnerable que son en el mercado de la vivienda, es decir, aquella política que da prioridad en los baremos de vivienda pública y en las ayudas al alquiler a las madres que crían solas y a las víctimas de violencia machista. Más del 80% de los hogares monoparentales los encabeza una mujer, la mayoría vive de alquiler, y más de un tercio de los hogares sostenidos por mujeres cae bajo el umbral de la pobreza después de pagar la vivienda. Ese criterio no encarece un solo ladrillo, pero decide quién entra primero por la puerta de las casas que el Estado paga, reconociendo de manera indirecta que el coste de la vida, y por tanto de la vivienda, es mayor para las mujeres. En el mismo plató y como parte de ese mismo marco antigénero que una buena parte de la izquierda parece haber comprado , Abascal acusó al Gobierno de promover el enfrentamiento de sexos y dijo que, aunque hay hombres que agreden a las mujeres, muchos otros hombres las quieren, el conocido #NotAllMen. En mi opinión, hay que escuchar con atención este argumento, no porque haya que darle pábulo a los líderes de la extrema derecha, sino porque sus votantes, que son muchos y que son también nuestro pueblo, se reconocen en esa incomodidad. Es legítimo pensar que el feminismo puede mejorar en cómo interpelar a los hombres para su causa; sin embargo, cuesta imaginar cómo esta cuestión puede traducirse en un silencio estratégico del feminismo en esta campaña, un silencio que puede ser leído también por nuestras votantes como el abandono del feminismo. Contra este falso dilema, resulta imprescindible rescatar lo que las feministas que lideraron en España las Huelgas del 8M defendían . El feminismo del 99%, el que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser condensaron en su manifiesto de 2019, entiende la violencia como un efecto de la manera en que se organiza la reproducción de la vida, y por eso nunca necesitó a los hombres como enemigo. Al enemigo se le busca mirando hacia arriba. Lo que se decide en la mesa de la cocina, quién depende económicamente de quién, quién no puede pagar un alquiler en solitario, quién no tiene adonde ir, es lo que hace que en esa misma mesa tengas más posibilidades de sufrir violencia. Nada de esto obliga a elegir carril . Patriarcado y capitalismo se retroalimentan, y esa es quizá la tesis más sólida que el feminismo de clase ha puesto sobre la mesa, aquella en la que la división sexual del trabajo asigna a unos cuerpos el trabajo que no se paga, lo que no se paga se aprende a despreciar, y lo que vale menos se puede dañar con más impunidad. Por eso la violencia persiste donde el trabajo de las mujeres vale poco, y por eso una chica trans a la que echan de casa a los diecisiete puede recorrer en pocos años el camino que va del sofá de una amiga a la calle, y de la calle a una violencia que casi nadie denuncia porque casi nadie pregunta. El reconocimiento no necesita justificarse por lo que cuesta un alquiler. Quien quiera bajar el alquiler sin tocar el reconocimiento descubrirá, sin embargo, que el precio de algunas vidas se fija en otro sitio. El giro hacia el coste de la vida no debe traducirse como un repliegue a lo individual o un abandono de la cuestión de género. Leído desde los cuerpos de las mujeres, el coste de la vida significa justamente una vuelta a lo estructural. La lección estadounidense, además, se ha leído deprisa. Las mujeres votaron a los demócratas por diecinueve puntos, mientras los hombres se repartieron casi a partes iguales; las solteras lo hicieron por treinta y siete y las menores de treinta por cincuenta y siete. Es cierto que fueron los hombres quienes más se movieron respecto a 2024, y esa es la parte que el relato del coste de la vida antiwoke prefiere contar. Pero el desplazamiento masculino solo gana elecciones cuando se suma a una mayoría femenina que ya estaba ahí, y esa mayoría no llegó por el precio de la gasolina. Llevaba votando desde 2022 contra quienes le quitaron el derecho a decidir sobre su cuerpo. En España la brecha es todavía más nítida. Desde la irrupción de Vox, las mujeres se han situado más a la izquierda que nunca en la serie del CIS , y entre los menores de veinticinco años la mitad de las chicas se define feminista frente a uno de cada diez chicos. Un estudio reciente de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas muestra que el voto contra una amenaza, el que se emite por miedo a lo que viene, predomina entre mujeres y jóvenes y beneficia sobre todo a la izquierda. Pero hay un dato que la izquierda debería recordar, y es que ese voto no está garantizado. Las mujeres no son un granero cautivo, y nadie se moviliza para defender una causa que su propio partido esconde en campaña porque le da apuro. Movilizar votos es movilizar mujeres. Movilizar mujeres exige darles razones, y las razones están en la misma mesa de la cocina: la escuela pública infantil de cero a tres, los permisos de cuidados remunerados y más largos, el aborto en la sanidad pública que no obliga a pagar una clínica privada , la pensión que no deja a la mayoría de las jubiladas por debajo de mil euros, el alquiler social que no pregunta si hay un hombre en casa. La derecha lo entiende perfectamente, por eso convierte cada una de estas demandas en supuesta ideología de género que combatir, y por eso el anuncio más eficaz de Trump en 2024 ( Kamala is for they/them, President Trump is for you ) enfrentaba a una minoría trans con el votante corriente para presentar la identidad de unas pocas como una amenaza para el bolsillo de todos. La derecha nunca separó lo material de lo identitario, solo exige que lo haga la izquierda precisamente porque es ahí donde perdemos. Salgamos de su marco y salgamos a ganar, movilizando también a las mujeres , que ya llevaron en dos ocasiones a la Moncloa un gobierno progresista. La izquierda que entre en esta campaña con el feminismo en el bolsillo de atrás, por si acaso, por no espantar, estará haciendo exactamente lo que le pedía su adversario, entrar en campaña con una mano atada a la espalda. _______________________ Ángela Rodríguez 'Pam' es filósofa feminista y ex secretaria de Estado de Igualdad.
Catorce años después de la última huelga general, los sindicatos volvieron a las calles en una protesta política contra la oposición. La del miércoles fue una convocatoria «atípica», que se produjo a las puertas de las elecciones generales, después de ocho años de silencio, en los que UGT y CC.OO. no han alzado la voz ni por la devaluación de los salarios, la meteórica subida del precio de la vivienda o el empobrecimiento de los hogares. Pero un día antes de que comenzara la campaña electoral y bajo la bandera de los salarios y la vivienda, los trabajadores de este país fueron llamados a paralizar la actividad económica en todo el país y a salir a las calles. ¿Éxito o... Ver Más
Las fuertes subidas podrían hacer que la cantidad de personas que dedican más del 30% del sueldo al alquiler aumenten de los 2,3 millones a los 3,3 una vez finalicen las prórrogas extraordinarias, según Oxfam Las medidas del nuevo decreto de vivienda: prórroga extraordinaria, veto a fondos buitre y alquiler de temporada A día de hoy, un 27,7% de las personas que viven de alquiler dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Son 2,3 millones de inquilinos e inquilinas que dedican más de lo recomendado por los organismos internacionales para el gasto en vivienda. Pero cuando finalice la prórroga extraordinaria aprobada este jueves en la Diputación Permanente, a finales de 2028, un millón de personas se pueden ver abocadas a afrontar un sobreesfuerzo por el precio que les ponga el casero en el nuevo contrato, según un estudio estimatorio de Oxfam Intermon. La ONG señala que el segundo decreto que ha sido rechazado protegería a estas personas, ya que prevé prórrogas indefinidas en las que solo se puede subir el precio lo que marque el IPC. El estudio no calcula las particularidades de precio territoriales, como por ejemplo el hecho de que las subidas del alquiler han sido menores en Catalunya, donde los precios están topados y que es además la Comunidad donde más contratos vencerán, hasta 440.000 contratos que alojan a 1,1 millones de personas. De todos modos, los topes a los alquileres, algunos ya prorrogados, vencen en 2027, por lo que existen muchas variables a conocer antes de 2029 para prever si se aprobarán de nuevo, como por ejemplo, si el nuevo Gobierno mantendrá o derogará la Ley de Vivienda. Entre 2020 y 2022, vencieron muchos contratos de tres años, que era lo que duraban antes de la nueva ley de 2017 vigente desde 2019. Además, se sucedieron prórrogas extraordinarias durante la pandemia. También entre 2025 y 2028 empiezan a vencer los contratos de cinco años firmados entre 2021 y 2023, por lo que hay una gran cantidad de gente expuesta a grandes subidas de alquiler en la futura renovación. Esto lleva a que 3,2 millones de contratos que alojan a 5 millones de personas en España estén protegidas por la prórroga extraordinaria, pero también a que se dé un aluvión de situaciones de desprotección desde el día después de la prórroga. Si a día de hoy los contratos pueden afrontar subidas de hasta un 31% si vencen en comparación con la firma el año 2022, esta subida alcanzaría el 48% en 2029, según las estimaciones de Oxfam. La organización elabora una estimación contando con que los ingresos de los hogares crecen de media un 3% anual y aplica esa subida en paralelo a la del alquiler para determinar cuántas personas pueden verse abocadas a un sobreesfuerzo. En la proyección no se incluyen mudanzas ni renegociaciones por debajo de precio de mercado, así como tampoco posibles subidas de salarios superiores a las proyectadas. Un ahorro de 4.300 euros al año La aprobación de la prórroga extraordinaria incluida en el decreto de vivienda que sí que ha sido aprobada este jueves supondrá un ahorro mediano de 4.341 euros al año por hogar, o sea, 358 euros al mes. La prórroga afecta a 1,9 millones de contratos y 5 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en el conjunto de la prórroga, el ahorro mediano asciende a 9.152 euros por hogar, 762 euros al mes por hogar, mientras que en la Comunidad Valenciana oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. En Andalucía, el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga y en las Islas Baleares asciende a 10.090 euros por hogar. En Canarias llegaría hasta los 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife, en Galicia, hasta 3.455 euros en Lugo; en Aragón, hasta 4.110 euros en Zaragoza; en Murcia, a 2.945 euros; y en Asturias, a 3.997 euros. Por su parte, en Castilla-La Mancha el ahorro mediano por hogar alcanzaría los 6.220 euros en Guadalajara y en Castilla y León, sería de 6.257 euros en Segovia. En Cantabria, el ahorro ascendería a 3.836 euros por hogar, en Extremadura, hasta 3.464 euros en Cáceres, mientras que en La Rioja la aprobación de la prórroga de alquileres supondría un ahorro mediano por hogar de 3.218 euros, según estas fuentes de Consumo.
En plena batalla de cifras sobre lo ocurrido en las calles, comercios y empresas surge una posible lectura positiva. Sin caer en pelear por decimales en los porcentajes de incidencia de la huelga y en los recuentos de las manifestaciones, hay que pensar que España —y sus sindicatos mayoritarios— se han despertado de la modorra tras años dando la espalda a la realidad de las familias, que pierden poder adquisitivo a pasos agigantados. Vivir hoy en este país es un auténtico calvario para demasiados hogares, en los que el sueño de tener vivienda propia se disipó totalmente, y sólo con máximos esfuerzos se pagan unos alquileres que apenas dejan migajas para afrontar unos meses que cada día se hacen más largos. Lo que se dijo ayer sobre que nada será ya distinto desde este 11N debe entenderse como una promesa de que, por fin, se saldrá de ese silencio apoltronado y de esa inoperancia de los que tienen como misión principal defender a los trabajadores. Es cierto que ayer el fracaso de la convocatoria fue evidente, quizá porque esas mismas familias no están para perder un día de salario. Pero quedó patente que existe una terrible crisis. Y que precisa respuestas cuanto antes. Es el mismo guion de la anterior catástrofe económica que asoló España hace casi dos décadas y de la que quizá nunca llegó a recuperarse del todo. Leer más
La capital jiennense fue escenario de una multitudinaria movilización con motivo de la huelga general del 11N. Miles de personas salieron a la calle para participar en una manifestación que, pese a la lluvia, recorrió algunas de las principales arterias de la ciudad para reclamar mejoras en las condiciones laborales y denunciar las dificultades económicas y sociales que afronta buena parte de la ciudadanía. Según las estimaciones de la Policía Nacional, alrededor de 2.000 personas participaron en la manifestación. La protesta, convocada por distintas organizaciones sindicales y colectivos sociales, arrancó a las cinco y media de la tarde desde la plaza Jaén por la Paz. Desde allí, los manifestantes avanzaron por el Paseo de la Estación y otras vías del centro urbano hasta alcanzar la explanada situada junto a El Corte Inglés, donde concluyó la movilización. La lluvia no impidió que los participantes mantuvieran sus reivindicaciones durante todo el recorrido, en una jornada marcada por las pancartas, las consignas y las llamadas a defender los derechos de los trabajadores. Bajo el lema “Por una vivienda digna, salarios justos y servicios públicos de calidad”, la convocatoria puso el foco en algunos de los principales problemas que afectan a la sociedad. Entre ellos, la dificultad para acceder a una vivienda asequible, el encarecimiento del coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la precariedad laboral. Los sindicatos y colectivos participantes reclamaron medidas que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias y garantizar que el crecimiento económico tenga también un reflejo en los hogares. La defensa de los servicios públicos fue otro de los ejes centrales de la protesta. Los manifestantes reclamaron una mayor inversión en sanidad, educación y dependencia, así como mejores condiciones para los profesionales de estos sectores. También exigieron medidas para combatir la temporalidad y la precariedad y avanzar hacia un reparto más equilibrado de la riqueza. Silvia de la Torre, secretaria general de CC OO Jaén, puso en valor “unos salarios que no pueden hacer frente a la subida de precios de la inflación desbocada que tenemos”. “Los trabajadores estamos padeciendo el deterioro de los servicios públicos, que es planificado y consciente. Tiene unos destinatarios muy claros y concisos, que es el Gobierno de la Junta de Andalucía, que es el que tiene las competencia en esta materia. No pueden seguir desmantelando los servicios públicos, que son una conquista de la gente trabajadora de nuestro país”, recalcó.
Un día después de la huelga general y a pocas horas de comenzar oficialmente la campaña electoral del 29N, el Gobierno lleva los decretos de vivienda a la Diputación Permanente. Este jueves se vota la convalidación de los dos paquetes de medidas aprobados por el Consejo de Ministros a inicios de octubre, que incluyen la prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que venzan antes de 2029, hasta el 31 de diciembre de 2028. Está previsto que solo el primer decreto salga adelante, el segundo no cuenta con los votos necesarios. Se trata de una política que permitiría prorrogar 1.895.676 contratos. El INE señala que los hogares que viven de alquiler a precio de mercado tienen una media de 2,59 miembros. Por lo que, si todos esos contratos se prorrogaran, casi casi cinco millones de personas podrían beneficiarse de la medida . Además de ofrecer estabilidad y certidumbre, la prórroga supondría un ahorro mediano de 4.341 euros por hogar para las familias inquilinas , una cifra que aliviaría la presión que el gasto en vivienda ejerce sobre sus economías. El número de contratos afectados y el ahorro estimado se han calculado mediante una microsimulación a partir del Panel de Hogares del IRPF (Instituto de Estudios Fiscales y Agencia Tributaria), que recoge una muestra de los alquileres declarados por arrendadores que son personas físicas en territorio fiscal común, con datos hasta 2023. Para la prórroga, en los contratos que vencen entre 2026 y 2028 (calculados según el año de firma del contrato) se compara, durante sus dos años, la renta prorrogada, con las actualizaciones y los topes legales, con la de un contrato nuevo, cuyo precio aumenta al ritmo de los precios de oferta de Idealista en su provincia. En las zonas tensionadas no se contempla ese incremento, porque la renta de un contrato nuevo no puede superar la anterior. Se supone que todos los inquilinos piden la prórroga. El número de personas beneficiadas, unos 4,9 millones, se estima con el tamaño medio de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado en cada comunidad (Encuesta de Condiciones de Vida 2025, INE). Por comunidades autónomas, los datos desglosados de las estimaciones son: - Madrid : ahorro mediano de 9.152 euros por hogar - Cataluña : al tratarse mayoritariamente de territorios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, no se ha realizado una estimación del impacto económico. - Comunitat Valenciana : el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 3.890 euros en Castellón y 8.436 euros en Valencia. - Andalucía : el ahorro mediano por hogar en el conjunto de la prórroga oscila entre 2.044 euros en Córdoba y 10.625 euros en Málaga. - Islas Baleares : ahorro mediano de 10.090 euros por hogar. - Canarias : el ahorro mediano por hogar oscila entre 4.128 euros en Las Palmas y 7.596 euros en Santa Cruz de Tenerife. - Galicia : el ahorro mediano por hogar oscila entre 1.760 euros en A Coruña y 3.455 euros en Lugo. - Aragón : el ahorro mediano por hogar oscila entre 1.811 euros en Huesca y 4.110 euros en Zaragoza. - Región de Murcia : ahorro mediano de 2.945 euros por hogar. - Principado de Asturias : ahorro mediano de 3.997 euros por hogar. - Castilla-La Mancha : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.987 euros en Albacete y 6.220 euros en Guadalajara. - Castilla y León : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.551 euros en Palencia y 6.257 euros en Segovia. - Cantabria : ahorro mediano de 3.836 euros por hogar. - Extremadura : el ahorro mediano por hogar oscila entre 2.479 euros en Badajoz y 3.464 euros en Cáceres. - La Rioja : ahorro mediano de 3.218 euros por hogar.
En los últimos meses se han producido movilizaciones contra la carestía de la vivienda en varios países europeos: España, Portugal, Italia... Para el 20 de noviembre se esperan manifestaciones sobre este tema en toda Europa . Aunque la izquierda lleva mucho tiempo abordando este asunto y lo ha aprovechado en algunas elecciones, sobre todo en las locales, la extrema derecha también pretende sacar partido de la crisis que atraviesa el continente . Siguiendo el ejemplo de sus homólogos en Europa, Marine Le Pen ha decidido convertirlo en uno de los pilares de su campaña. ¿Qué propone la extrema derecha ante la crisis de la vivienda? ¿Cuál es su balance tras su paso por el poder? Entrevista con Sarah Coupechoux , responsable de la misión Europa en la Fundación para la Vivienda de los Desfavorecidos, que ha publicado recientemente un informe sobre el tema titulado “La extrema derecha en Europa: en peligro las personas alojadas en infraviviendas”. “Mediapart”: ¿Cuáles son las características de la crisis de la vivienda en Europa que está provocando movilizaciones en países tan diferentes como Alemania, España o Italia? Sarah Coupechoux: El punto en común de esta crisis es que, en toda Europa, el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más difícil, ya sea para compra o para alquiler. Los precios se han disparado tanto que las familias ya no pueden permitirse una vivienda. Esta crisis afecta ahora a todas las franjas de la población, tanto a los jóvenes —que tienen cada vez más dificultades para independizarse de sus padres— como a las personas mayores, como se ha visto en España con el desahucio de Maricarmen Abascal , quien, a sus 87 años, ya no podía pagar el alquiler. Pero, efectivamente, si tomamos como ejemplo los Países Bajos, Alemania o España, tienen historias muy diferentes en lo que respecta a la vivienda. En Alemania, el mercado está compuesto mayoritariamente por inquilinos, con un importante parque de viviendas sociales que, históricamente, ha ido pasando progresivamente al sector privado. Se trata de un mercado que sufrió con retraso la crisis de la vivienda y cuyos inquilinos se beneficiaron durante mucho tiempo de una fuerte protección. Si tomamos el ejemplo de España, nos encontramos ante un mercado dominado por los propietarios, un legado del franquismo. Tras la crisis de 2008, los fondos de inversión apostaron fuerte por este mercado, los precios se dispararon y también los tipos de interés de las hipotecas. La generación joven ya no puede acceder a la propiedad, y ello en un mercado en el que el parque de alquiler está muy poco desarrollado y donde el parque de viviendas sociales es inexistente. Se ve que no hay válvula de escape. ¿Qué salidas políticas puede tener esta crisis? Hemos visto que la izquierda ganó las elecciones con este tema en Berlín, pero usted demuestra que la extrema derecha también está desempeñando su papel con cierta eficacia. En Francia, Marine Le Pen ha situado la vivienda en el centro de su campaña. Marine Le Pen se inspira claramente en sus compañeros de la extrema derecha europea, ya que en Hungría, en los Países Bajos o en Irlanda, esos partidos han llevado a cabo campañas estableciendo vínculos simplistas entre la crisis de la vivienda y la inmigración. Ella se suma a esa corriente, que es una corriente europea. Estos discursos pueden ser muy eficaces porque tienen un gran eco entre la población, que vive como un descenso social la imposibilidad de acceder a la propiedad. Pienso, en particular, en todas aquellas personas de zonas rurales que suelen comprar una casa cuando se casan. Y ahora, incluso alejándose de los centros urbanos, eso es imposible. Las personas que llevan años esperando una vivienda social —2,9 millones de hogares en Francia— pueden tener la impresión de que hay quienes se les adelantan, de que se favorece a los extranjeros y estos ocupan su lugar. Habla usted del welfare chauvinism (chovinismo social) como el rasgo común de la extrema derecha europea en materia de política de vivienda. ¿En qué consiste? Es la idea de un Estado del bienestar, de un Estado protector que solo beneficiaría a los nacionales. La extrema derecha puede defender el desarrollo del parque de viviendas sociales, pero siempre y cuando se rija por la prioridad nacional. Eso es lo que defendió Marine Le Pen en su discurso sobre la vivienda al referirse a un sistema de vivienda social que, según ella, hoy en día “beneficia prioritariamente a una inmigración incesante y anárquica”. En los Países Bajos, la incisiva campaña de Geert Wilders, del Partido por la Libertad (extrema derecha), que ganó las elecciones legislativas de 2023 , se centró en el hecho de que las viviendas sociales se asignaban en su mayoría a los extranjeros, y en particular a los solicitantes de asilo. Lo cual es totalmente falso [solo el 7 % de las viviendas municipales disponibles se asignan a refugiadas y refugiados —ndr]. La falta de viviendas es consecuencia de las políticas públicas aplicadas desde hace años, pero es más sencillo presentar a los extranjeros como los responsables de esta escasez. Otra característica de las políticas de vivienda de la extrema derecha es que, tras una retórica “protectora”, rechazan cualquier regulación del mercado. Sí, totalmente. Detrás de esas fórmulas que invocan un Estado protector, en realidad, lo que estos partidos persiguen sobre todo es liberalizar el mercado y eliminar todas las salvaguardias —cuando existen— que protegen a los hogares más vulnerables. Están a favor de un mercado completamente libre. Votan en contra del control de los alquileres, en contra de la regulación de los alquileres de corta duración como los de Airbnb, en contra de la tributación de las segundas residencias, etc. Estos partidos abogan por menos normas y menos restricciones en la construcción, lo que puede dar lugar a un deterioro de las condiciones de habitabilidad. Pero esto también es válido en lo que respecta a las obligaciones de renovación energética y a la lucha contra las pérdidas térmicas de los edificios, a lo que la extrema derecha siempre se opone. Lo hemos visto, por ejemplo, en Italia, donde las llamadas políticas de “simplificación” de Giorgia Meloni han llevado a declarar “habitables” espacios mucho más reducidos, tanto en superficie como en altura de los techos. El argumento de estos partidos es fomentar la construcción mediante la desregulación, pero su balance en este aspecto es más que mediocre. En Italia, donde Giorgia Meloni había prometido un “choque de la oferta”, estamos muy lejos de ello. Las recientes manifestaciones de los jóvenes allí han demostrado que, en realidad, el Gobierno había contribuido al desarrollo de una oferta privada para estudiantes a precios inasequibles. La extrema derecha europea también se dirige a un electorado profundamente apegado a la propiedad. El deseo de ser propietario está muy arraigado a escala europea, y lo mismo ocurre en Francia. Ser propietario de una vivienda es una garantía de éxito social y al mismo tiempo de seguridad para el futuro, para la jubilación, para legársela a los hijos, etc. El lema “todos propietarios” tiene sus límites, ya que pedir un préstamo a tipos de interés muy elevados y encontrarse en dificultades para devolverlo o mantener la vivienda no es necesariamente deseable. Esta no puede ser la única solución en materia de vivienda. Como mencionaba al principio, es necesario contar con válvulas de escape: es decir, un mercado de alquiler accesible, un parque de viviendas sociales, alojamientos de emergencia… Y es que estos partidos tienden a mantener un discurso muy estigmatizador hacia quienes no logran ser propietarios, contra los okupas que vulneran el derecho de propiedad y los inquilinos morosos. No obstante, hay que recordar que la extrema derecha, en nombre de la defensa de la propiedad, siempre aboga por flexibilizar los impuestos de sucesiones, lo que, evidentemente, beneficia a los hogares más acomodados. Al mismo tiempo, allí donde ha estado en el poder, el número de personas sin hogar se ha disparado. Sí, el ejemplo finlandés es interesante en este sentido. Finlandia ha sido durante mucho tiempo un país modelo en las políticas de lucha contra la falta de vivienda. En los últimos treinta años han reducido drásticamente el número de personas sin hogar gracias a un modelo denominado “la vivienda primero”, que consiste en ofrecer primero una vivienda a las personas y, después, proporcionarles acompañamiento social. Pero cuando la extrema derecha llegó al Gobierno dentro de una coalición, se produjeron recortes importantes en la construcción de viviendas sociales, en las ayudas a la vivienda y en los presupuestos destinados a los colectivos vulnerables, y el número de los sin techo volvió a aumentar. Las personas mayores con pocos recursos, los jóvenes en situación de precariedad y las personas con problemas de salud o de adicción se han visto gravemente afectadas por esta política. Traducción de Miguel López
Los últimos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, este viernes a las 00.00 horas, no están siendo tranquilos en los partidos políticos. Las formaciones apuran las horas previas para trasladar sus argumentos a la opinión pública y reivindicar su gestión. Este lunes ha sido el PSOE el que ha comparecido ante los medios de comunicación de la provincia, con su presidente y candidato al Congreso de los Diputados, Luis Rey, y el alcalde de Soria y senador en la legislatura que acaba de terminar, Javier Antón. Ambos han destacado los que consideran los dos grandes méritos del Gobierno saliente: la descentralización de proyectos y servicios estatales, con Soria como uno de los territorios más beneficiados, y una intensa actividad legislativa que, a su juicio, ha permitido mejorar las condiciones de vida de trabajadores, pensionistas, empresas y familias. Un balance que han acompañado de cifras sobre empleo, pensiones, ayudas e inversiones. Sin embargo, Soria Noticias les ha planteado una pregunta: ¿por qué, pese a los buenos indicadores económicos que destaca el PSOE, avalados, eso sí, por los organismos internacionales, tantas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes? Luis Rey ha reconocido que los avances en la reducción de la desigualdad son todavía insuficientes. "Se ha reducido un poquito la desigualdad a lo largo de esta legislatura", ha señalado, antes de admitir que "hay todavía muchísimas familias en España, también en Soria, que tienen dificultades para llegar a fin de mes o para acometer determinadas inversiones o proyectos vitales". El dirigente socialista ha defendido que la valoración de la situación actual debe hacerse también comparándola con lo que habría ocurrido sin las medidas de protección social de los últimos años . Ha puesto como ejemplos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las becas, el desarrollo de la dependencia y la implantación del ingreso mínimo vital. Rey ha recordado que las pensiones no contributivas han aumentado un 15% adicional y que el resto de las prestaciones han subido prácticamente un 50% desde 2018. También ha destacado que el salario mínimo ha experimentado un incremento superior al 66% y que la inversión estatal en becas se ha duplicado respecto a la etapa de Mariano Rajoy, hasta situarse en torno a los 2.100 millones de euros. La hipótesis retrospectiva del PSOE En su argumentación, ha contrapuesto estas medidas con las políticas aplicadas por el Partido Popular durante su etapa de Gobierno, planteando una hipótesis retrospectiva. "Imaginémonos que las pensiones se hubieran revalorizado al 0,25%, como aprobó el Partido Popular" , ha planteado. A su juicio, las consecuencias habrían sido especialmente perjudiciales en una provincia envejecida como Soria, donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de numerosos municipios. El candidato socialista ha trasladado ese balance a los datos provinciales. Según las cifras aportadas, Soria cuenta con 43.706 afiliados a la Seguridad Social, 4.113 más que en junio de 2018 . Además, 3.651 personas reciben el ingreso mínimo vital, con 1.018 hogares protegidos por esta prestación, mientras que 3.803 sorianos cuentan con cobertura frente a la pobreza energética mediante el bono social eléctrico. En materia de pensiones, Rey ha cifrado en 16.185 los jubilados de la provincia y ha destacado que la pensión media ha aumentado en 526 euros mensuales desde 2018. También ha mencionado a los 5.069 beneficiarios de pensiones de viudedad y las 682 pensiones de orfandad, además de las prestaciones por incapacidad permanente. Sin embargo, el propio dirigente socialista ha situado la vivienda como uno de los principales frenos para que esas mejoras se traduzcan en una mayor capacidad económica de los hogares. "Hay que seguir avanzando, especialmente en materia de vivienda", ha reconocido. En este ámbito ha reclamado que las comunidades autónomas apliquen herramientas como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de las subidas desproporcionadas de los alquileres que contempla la ley nacional. Javier Antón ha coincidido con Rey en que "las dificultades de las familias no pueden quedar justificadas por el contexto internacional", pero ha recordado que las dos últimas legislaturas han estado marcadas por la pandemia y por distintos conflictos bélicos que han afectado a la economía mundial y a los precios de la energía. También ha reivindicado la respuesta del Ejecutivo mediante instrumentos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha en la pandemia. "No quiero que sirva de excusa que una persona tenga dificultades para encontrar una vivienda. Por mucho que le contemos el COVID, lo que necesita es una vivienda", ha afirmado. El senador ha defendido que España ha conseguido mantener el crecimiento y la creación de empleo sin desproteger a la ciudadanía, aunque ha insistido en que la continuidad de esas políticas depende de que se mantenga un Gobierno progresista. La descentralización, el gran argumento Más allá del balance social, Luis Rey ha reivindicado la llegada a Soria de proyectos estatales que, en su opinión, representan un cambio en la relación entre la Administración central y los territorios. Ha citado el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el centro Numantia del Ministerio de Defensa, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y el Centro Nacional de Fotografía. El presidente provincial del PSOE ha estimado que estas iniciativas supondrán alrededor de 250 empleos públicos y de calidad, además de actividad económica indirecta. "No hay ninguna provincia de España que haya tenido tantos ejemplos de descentralización de servicios desde Madrid al territorio y, en este caso, a Soria", ha defendido. A estos proyectos ha sumado los fondos europeos del Plan de Recuperación, que, según las cifras aportadas, han supuesto una inyección de 600 millones de euros y han movilizado más de un centenar de proyectos transformadores en la provincia. También ha recordado los 97 millones de euros destinados a ayudas para fertilizantes de unos 2.400 agricultores sorianos y los más de 45 millones de euros de apoyo estatal que, según ha señalado, están sobre la mesa para una empresa que prevé instalarse en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). Javier Antón, por su parte, ha repasado actuaciones en la capital y en otros puntos de la provincia que, a su juicio, han salido adelante gracias a la reivindicación de los representantes socialistas ante el Gobierno central. Entre ellas ha mencionado la depuradora de Soria , cuya inversión ha cifrado en 80 millones de euros, de los que los ciudadanos asumirían 20 millones a lo largo de 40 años; la relicitación de las obras de la presa del río Mayor , adjudicadas por cerca de 12 millones; la nueva comisaría de Policía Nacional y la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de San Esteban de Gormaz. El balance incorpora también la atención a la dependencia, con 5.096 personas beneficiarias en la provincia, y las becas. Según Rey, 565 estudiantes sorianos han recibido 1,12 millones de euros en ayudas no universitarias y otros 456 alumnos han contado con becas de apoyo educativo. A ello ha añadido una aportación estatal superior a los tres millones de euros para impulsar la Formación Profesional. Con estos argumentos, ambos dirigentes han defendido que su partido ofrece una garantía de continuidad para los proyectos y las políticas desarrolladas durante la legislatura. Rey ha resumido su planteamiento con una afirmación dirigida a reivindicar la relación del Gobierno socialista con la provincia: "Cuando gobierna el socialismo en España, a Soria le va mejor porque nos escuchan, porque tiene sensibilidad".
José Ramón Blázquez advierte de que el suelo sin urbanizar, la falta de infraestructuras y los costes impiden responder a la creación de hogares y reclama precios que hagan viable la vivienda protegida
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