Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
La candidata número uno del PP al Congreso por la provincia presenta 249 medidas del programa de Feijóo y destaca compromisos en vivienda, infraestructuras, fiscalidad y financiación municipal
El consejero de Fomento, Octavio López, afirma que el pacto está cerrado desde hace "algunas semanas" y que ya se sabe cuántos trabajadores vendrán y cuándo Una alcaldesa recurre el plan autonómico para la gigafactoría de Stellantis porque le obliga a asumir 800.000 euros del acceso El Gobierno de Aragón tiene cerrada “desde hace semanas” la solución para alojar a los trabajadores chinos que levantan la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas, pero no la hará pública hasta después de las elecciones. Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que ha admitido además que el anuncio “no sería negativo” para el Ejecutivo en términos electorales. Mientras tanto, pequeños municipios de la Ribera Alta del Ebro como Grisén ven cómo las empresas proveedoras alquilan viviendas a precios de hasta 3.000 euros al mes sin que la Administración autonómica les haya trasladado ninguna información. “Vamos a intentar contar el final de esta cuestión una vez que pase la campaña electoral. No querría yo hacerlo en plena campaña electoral”, ha señalado López en una rueda de prensa convocada para cargar contra el recurso que el Ayuntamiento de Pedrola ha presentado en los tribunales contra el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría. Preguntado sobre la falta de información que denuncian los alcaldes de la zona, el consejero ha asegurado que “se ha llegado a un acuerdo muy positivo para la empresa y para Aragón”, que ese acuerdo “ya tiene algunas semanas” y que se ha cerrado cuando ya tienen “bastante claro cuántos van a venir” y “cuándo” van a hacerlo. Sin embargo, no ha concretado ni el número de trabajadores ni el calendario de llegadas, ni tampoco dónde se ubicarán. López ha situado el anuncio “en torno al mes de diciembre, como muy tarde en los primeros quince días de enero”, y lo hará, según ha dicho, junto a la empresa y “el ayuntamiento o los ayuntamientos afectados por la solución habitacional”. A la pregunta de si los consistorios de la zona conocen el acuerdo, ha respondido: “Quien tiene que saber el acuerdo lo sabe”. El consejero ha defendido que será “una solución bastante razonable, que va a tener consecuencias incluso a futuro beneficiosas para el conjunto de Aragón”, y ha pedido tranquilidad a “los aragoneses” y a “los alcaldes de la comarca”. También ha reconocido abiertamente el componente electoral del calendario: “En términos estrictamente electorales, ese acuerdo no sería negativo para el Gobierno. Sería más bien positivo para los intereses del Gobierno”. Figueruelas, la opción más probable Todo apunta a que la solución se concentrará en Figueruelas, el municipio en el que se ubica el 98,8% del suelo del PIGA y cuyo ayuntamiento es el que debe otorgar las licencias. Ni el Ayuntamiento de Pedrola –que comparte terrenos con la planta de Stellantis– ni el de Grisén han sido informados del acuerdo, según ha podido saber este periódico, lo que los dejaría fuera de una solución que, sin embargo, no resuelve la presión que ya soportan. Esa hipótesis encaja con lo que anunció el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el pasado 27 de julio, al dar luz verde definitiva al PIGA. El jefe del Ejecutivo explicó entonces que los trabajadores chinos se alojarían en un complejo de viviendas temporales dentro del recinto de la gigafactoría, con licencia del Ayuntamiento de Figueruelas y con el apoyo técnico del Gobierno autonómico. En ese momento había 172 trabajadores chinos en la obra, todos ellos empleados de CATL, y la previsión era que la media rondara el millar, con un pico de 1.700. En agosto trascendió que ese complejo modular incluiría servicios como cantina y consultorio médico para no saturar los recursos públicos de la Ribera Alta, aunque la licencia municipal seguía pendiente. Lo que nunca se aclaró es si esa solución alcanzaría también a los trabajadores de las contratas y empresas proveedoras de CATL. Y la referencia de López a unas consecuencias “a futuro” tampoco termina de cuadrar con un complejo concebido como temporal. Grisén: siete viviendas alquiladas en unos días Mientras el acuerdo espera al calendario electoral, los trabajadores ya están llegando. En Grisén, una localidad con algo más de 600 habitantes empadronados, su alcalde, Marcos Lahoz, estima que podrían haberse instalado entre 60 y 80 ciudadanos chinos vinculados con la gigafactoría, más de un 10% de la población censada. En apenas unos días se han arrendado siete viviendas y se han empadronado una docena de nuevos residentes. Algunas casas se están alquilando por entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, unos precios inéditos en un municipio con una oferta de alquiler muy limitada y que amenazan con encarecer el acceso a la vivienda para los vecinos de la comarca. Distintas empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento para sus plantillas mediante el alquiler o la compra de viviendas y otros establecimientos, como el Hotel Casa Beltrán, además de iniciativas para habilitar nuevos hostales. La presión se extiende a los servicios. Grisén depende del centro de salud de Alagón, que cuenta actualmente con solo diez de los dieciséis facultativos de su plantilla. Lahoz se ha reunido con el presidente de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, y con la directora de los servicios sociales comarcales para analizar el impacto de la llegada de nuevos residentes. Las 104 viviendas prefabricadas que nunca llegaron Los alcaldes de la zona recuerdan que el propio López y el responsable provincial de Urbanismo, Carmelo Bosque, les plantearon el año pasado, en una reunión informativa, distintas alternativas para atender la demanda residencial vinculada a la gigafactoría, entre ellas la construcción de 104 viviendas prefabricadas y acuerdos con los ayuntamientos para ceder suelo destinado a nuevos alojamientos. Desde entonces, no han recibido información sobre su ubicación, sus plazos ni sus condiciones. El consejero tampoco ha aclarado este viernes si aquella propuesta sigue viva o si ha sido sustituida por el acuerdo que ahora mantiene en reserva. La gigafactoría, impulsada por Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta de Stellantis y CATL, supone una inversión de 4.100 millones de euros y prevé emplear a unas 4.000 personas cuando entre en funcionamiento. Las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027, lo que sitúa la obra en su momento de mayor actividad justo cuando el Gobierno ha decidido aplazar la explicación de dónde vivirán quienes la construyen.
Adelante Andalucía ha iniciado su campaña electoral en El Puerto de Santa María para presentar su Ley de Turismo . Acompañado por la candidata al Congreso de los Diputados por Cádiz, María Sánchez , el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha valorado el modelo turístico actual.«El turismo es muy importante en Andalucía. Hablamos de más del 12% del PIB, hablamos de un impacto económico de 36.000 millones de euros, pero yo hago una pregunta: ¿Dónde van los beneficios del turismo? El turismo es un sector estratégico construido por los trabajadores y trabajadoras del turismo, por andaluces y andaluzas, y ese beneficio no se queda entre los trabajadores y trabajadoras», ha explicado García.La formación andalucista de izquierdas ha presentado su Ley de Turismo, que obliga a repartir los beneficios de esta actividad entre los trabajadores y trabajadoras. Una de las principales medidas consiste en obligar a las cadenas hoteleras que paguen impuestos en Andalucía y que, además, repartan sus beneficios entre los trabajadores y trabajadoras del turismo. «Nos dice el señor Moreno Bonilla, la derecha, que nosotros estamos en contra del turismo. No, lo que queremos es que los andaluces y andaluzas de clase trabajadora se queden con el beneficio del turismo para ver si alguna vez son los andaluces y andaluzas los que pueden hacer turismo, y no son los que trabajan para el turismo», ha explicado García.Por su parte, Sánchez ha hablado de otra de las principales medidas de esta ley, que reclama una tasa turística cuyos beneficios vayan íntegramente a la creación de vivienda pública . «Nos encontramos con que el PP y Vox están en contra de esta tasa porque ellos defienden los intereses de una minoría y hablan en defensa de los dueños de los hoteles y de los dueños de las aerolíneas. No miran por el derecho de la mayoría que es el derecho a la vivienda de los andaluces y de las andaluzas», ha concluido Sánchez.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de garantía habitacional y función social de la vivienda en Andalucía ha superado este viernes un paso clave al publicarse su admisión a trámite en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). La decisión, adoptada por la Mesa de la Cámara el pasado 4 de noviembre, desbloquea una propuesta registrada el 20 de abril de 2026 y abre ahora la fase decisiva de recogida de apoyos: será necesario reunir 40.000 firmas ciudadanas para que el texto pueda continuar su recorrido parlamentario y ser debatido en el Pleno. La medida nace impulsada por una amplia alianza de entidades sindicales, vecinales y de consumidores integrada por UGT Andalucía, CCOO Andalucía, FACUA Andalucía, Red Vecinal Andaluza, Plataforma de Barrios Vulnerables y 15M Stop Desahucios, como respuesta colectiva a la emergencia habitacional que atraviesa la comunidad autónoma. El texto legislativo parte de un diagnóstico compartido por las organizaciones promotoras: el encarecimiento de los alquileres y de la compraventa, la insuficiencia del parque público, la proliferación de viviendas de uso turístico y la expulsión de los vecinos de sus barrios están deteriorando gravemente las condiciones de vida y bloqueando la emancipación juvenil. Para revertir esta situación y situar la función social de la vivienda por encima de los intereses especulativos, la ILP plantea una batería de medidas centradas en garantizar una asequibilidad real. En concreto, el texto propone limitar el porcentaje de ingresos que las familias deben destinar al pago de su hogar, evitando así que el alquiler o la hipoteca absorban los salarios y comprometan la cobertura de otras necesidades básicas. Junto a este tope al esfuerzo económico, la iniciativa apuesta por ampliar y reforzar el parque público de vivienda protegida y en alquiler social en toda Andalucía, al tiempo que establece mecanismos legales para combatir la especulación inmobiliaria y frenar la expansión descontrolada de los pisos turísticos en los barrios. Asimismo, la propuesta endurece las garantías y medidas de amparo frente a los desahucios para proteger de manera efectiva a las familias en situación de vulnerabilidad. Se necesitan 40.000 firmas La publicación oficial de la admisión a trámite llega apenas dos días después de la jornada de huelga general del 11 de noviembre, en la que el acceso a una vivienda digna y el freno al encarecimiento residencial ocuparon un lugar central en las reivindicaciones sociales. Con el trámite parlamentario activado, la continuidad de la ley depende ahora directamente de la participación ciudadana. Las entidades promotoras hacen un llamamiento conjunto a la ciudadanía, al tejido asociativo y a las organizaciones sociales de toda Andalucía para sumarse a la campaña de recogida de firmas. Superar el umbral de los 40.000 avales es el requisito indispensable para trasladar estas demandas de forma vinculante al debate institucional y convertir la iniciativa en una herramienta legal efectiva.
VALÈNCIA. Todavía con cierta resaca tras la pegada de carteles electorales durante la medianoche, este viernes se ha celebrado el primer debate electoral de los candidatos al Congreso por Valencia de los cuatro principales partidos. El evento, organizado por la Cadena Ser y El País ha congregado a María José Catalá (PP), Pilar Bernabé (PSOE), Àgueda Micó (Compromís-FV), e Ignacio Gil Lázaro (Vox). Desde el auditorio Alfonso Roig de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València y ante 200 espectadores, Micó y Gil Lázaro, situados en cada uno de los extremos del escenario, han sido los principales protagonistas del primer asalto entre candidatos, mientras las candidatas de los dos partidos con mayor representación han preferido mantenerse a la expectativa, guardando tiempo para los minutos finales de cada bloque y girando la cabeza a uno y otro lado para escuchar el choque de argumentos entre los líderes de Compromís y Vox. No obstante, mientras Gil Lázaro ha evitado el diálogo con Catalá y se ha centrado en repartir reproches entre PSOE y Compromís, Àgueda Micó ha hecho valer hasta en tres ocasiones su perfil de candidata "al 100%" frente a Bernabé y Catalá, que también serán aspirantes a la alcaldía de València en los comicios del próximo mayo. De esta manera, Catalá ha tenido a Gil Lázaro como un escudero útil, mientras una Bernabé más nerviosa que el resto de participantes se ha quedado en solitario en muchas ocasiones frente a los reproches del bloque de la derecha y las peticiones de mayor "valentía" desde la coalición valencianista. Tras un primer turno de intervención marcado por referencias a los problemas en infraestructuras ferroviarias, la "máquina del fango", las promesas de "un cambio a mejor" y el cruce de culpas sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, el debate ha pasado a adoptar un carácter más valenciano. Catalá ha preferido esperar y reservar tiempo en la primera fase, comenzando al principio con un tono más vacilante y flojo que ha evolucionado a lo largo del debate hasta convertirse en más firme y solvente. Por su parte, la representante de Compromís ha empezado a ganar fuerza prácticamente desde su segunda intervención. El candidato de Vox ha tratado de frenar a Micó, refiriéndose a la coalición valencianista como "los pagafantas de Sánchez" y ha vaticinado que, "probablemente van a serlo" en un futuro. Un dardo ante el que Micó ha sabido retrucar: "Una persona que ha estado más de 40 años en el Congreso sin trabajar por los intereses de los valencianos no puede ser ejemplo de nada", ha espetado a Gil Lázaro. La candidata ha cogido fuerza para entrar en la crítica hacia el bipartidismo, lanzando una cuestión tanto a Bernabé como a Catalá: "¿Por qué no votaron a favor de prohibir que los fondos buitre puedan comprar vivienda?". Una cuestión a la que la candidata socialista ha replicado con una defensa a ultranza de las medidas que ha venido lanzando el Gobierno a lo largo de la presente legislatura. Gil Lázaro ha optado por no ser un mero espectador, por lo que, ante el 'pasapalabra' de Catalá, ha respondido él con la intención de vincular a Compromís con Pedro Sánchez : "Hablan de las dificultades de los españoles para vivir, pero han estado integrados en Sumar y ha sido parte del Gobierno de España. Es corresponsable". El candidato voxista ha evitado la interpelación directa a su homóloga del PP y así concentrar sus intervenciones en la crítica hacia el bloque de la izquierda. En este sentido, a Bernabé le ha afeado que hable de infraestructuras "mientras el Gobierno de Sánchez sigue sin hacer las obras hidráulicas imprescindibles". Foto: RADIO VALENCIA Desempolvar el argumento de la Dana ha dado más munición a Micó, que ha apuntado que la Comunitat Valenciana ha tenido "la catástrofe natural y política más grande que haya podido tener toda la ciudadanía europea". "Mientras Carlos Mazón estaba haciéndose gintonics en el Ventorro, nuestra gente estaba muriéndose", ha asegurado la candidata de Compromís, que ha apuntado directamente hacia Catalá: "Tiene mucho que decir, comparte grupo parlamentario con Mazón y ha votado en contra de que se le retiren los privilegios". La también alcaldesa de València ha regateado la cuestión sobre el expresident de la Generalitat y ha defendido que el programa del PP cuenta con un Plan Valencia "con 12.000 millones de euros", mientras Compromís "lleva dos años respaldando un Gobierno que no ha hecho las inversiones necesarias". "Tampoco las inversiones ferroviarias", ha proseguido Catalá, que en varias intervenciones se ha referido a la "falta de inversiones" en las líneas de Cercanías de Valencia. Finalizada esta primera ronda de confrontación, se ha pasado a un segundo bloque que, sobre el papel, debía ir en torno a propuestas programáticas y posibles pactos de gobierno, aunque los candidatos han optado más por lo primero que por lo segundo, abordando temas como la reforma del sistema de financiación o la propia catástrofe de la Dana. Gil Lázaro ha esbozado los puntos principales de su propuesta, incluida la financiación autonómica, que nunca ha sido argumento de campaña de Vox, y ha vuelto a arremeter contra los dos partidos progresistas. "Sigo pasmado cuando escucho a la señora Micó hablar del llamado Gobierno progresista y sus logros. Ha sido un gobierno regresivo para las clases medias y trabajadoras", ha apuntado. También ha repartido hacia Bernabé, criticando la ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica durante el actual Ejecutivo y a la que ha acusado de permitir la "ocupación" de la plaza del Ayuntamiento de València por la reciente acampañada por la vivienda. Micó ha iniciado la intervención de este bloque prometiendo un apoyo a un gobierno progresista, pero "valiente". "Tenemos obligar al PSOE a que sea valiente" en materias como pensiones, el nuevo modelo de financiación autonómica o "terminar con la deuda histórica". "Me comprometo a representar a los valencianos y las valencianas al 100% en el Congreso", en una clara alusión a las figuras de Bernabé y Catalá. De hecho, ha interpelado a ambas candidatas: "¿Van a ser lo mismo que yo o van a dejar su escaño?" para centrarse en la Alcaldía de València. Bernabé ha evitado entrar en este área y pasar a abordar la gestión tras la Dana de 2024, que, probablemente, supone su mejor baza para esta campaña electoral. Catalá, por su parte, ha optado por llevar el debate a escala nacional: "Ellos han elegido el referente de la corrupción permanentemente", ha pronunciado en alusión al Partidos Socialista. Pilar Bernabé y María José Catalá. Foto: EFE/BIEL ALIÑO "La gente que coge un AVE siente congoja", ha criticado Catalá, que ha asegurado que su "máxima prioridad" será la Alcaldía de València, aunque su objetivo es ser "útil" allá donde el partido le proponga. Y, para replicar a Compromís, ha sacado el pacto de apoyo al Gobierno de España, para criticar que ninguno de los tres principales puntos se han cumplido durante este mandato. "Lo que no va a hacer el PP es pactar la financiación autonómica con Junqueras", ha sentenciado. Micó ha entrado en la confrontación y ha reprochado a la candidata popular: "El PP lo que hace es votar con Puigdemont" en alusión a la prórroga de los contratos de alquiler, la moratoria de deshaucios, la jornada de 37,5 horas, o los gravámenes a las grandes empresas energéticas. Y, tras apuntar hacia el PP, ha ido a por Vox: "Desde el 1982 han pasado muchas cosas. Hay una cosa que no ha cambiado y es que Gil Lázaro ha estado desde ese momento cobrando un sueldo público del Congreso sin lograr nada para los valencianos". "Lleva más años que los leones que hay en la puerta", ha llegado a pronunciar. Un argumento "grueso y grosero" para Gil Lázaro, que se ha mostrado "absolutamente orgulloso" de haber dado su "vida al servicio público". "A usted le queda mucho recorrido parlamentario para poderme llegar a los tobillos", ha añadido. Bernabé ha cambiado de tercio y ha regresado a la Dana: "Hemos dado la cara, hemos atendido a las familias. Ante ese dolor y ese miedo la única respuesta ha sido atenderlas". Y Catalá, de nuevo, se ha ido a la escala nacional, para defender el "mando único en emergencias" y señalar que los populares prometen "una gestión clara" tras "tres años sin presupuestos" y "un sistema público que está en los huesos". Pero Bernabé, algo más cómoda al abordarse su tema estrella, ha replicado a la candidata popular que "está tan preocupada por reconstruir Valencia que, por eso, toda la reconstrucción se la está pagando el Gobierno de España". Los candidatos piden el voto En el minuto de oro, Gil Lázaro ha confrontado dos modelos: "El cambio o Sánchez y el caos". En este sentido, ha defendido un Gobierno "eficaz y decente" y ha asegurado que Vox "representa ese cambio profundo que hace falta". Pese a que ha asegurado que se gobernará "para todos, sin excluir a nadie" ha defendido la "prioridad" de "recuperar la seguridad y el bienestar para todos los españoles". María José Catalá e Ignacio Gil Lázaro. Foto: EFE/BIEL ALIÑO Micó ha insistido en la crítica hacia las otras dos candidatas: "Quiero representar a todos los valencianos a tiempo completo en el Congreso". Ha defendido que la coalición ofrece "un voto" que "hará que no gobierne la extrema derecha" y garantizará "políticas valientes" en "vivienda, servicios sociales, educación o bienestar. Bernabé no ha logrado centrar el tiro en este minuto final y, tras reclamar "más memoria y menos nostalgia", ha mezclado la petición de un mayor diálogo entre los partidos con defensas sobre la subida de pensiones o salarios o el miedo ante un posible gobierno de populares y voxistas . En el turno que cerraba el debate, Catalá ha recogido la apelación a la memoria de Bernabé para apelar "a la memoria inmediata" y recordar diversas medidas del Gobierno, subrayando de cada una que "no es avanzar, sino retroceder". Finalmente, ha pedido el voto "para la persona a la que dejarías a tus hijos", "a Alberto Núñez Feijóo".
Que el PSOE haya querido apropiarse de la huelga y la derecha lo permita con su desprecio a los huelguistas y a la crisis de vivienda no significa que los movimientos sociales no fueran contra ellos: ninguno ha sido más incómodo que el Sindicato de Inquilinas Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista' La resaca de la huelga puede ser larga y las movilizaciones por la vivienda seguirán, aunque la campaña electoral que arranca hoy pondrá el foco en las propuestas, improperios, carisma (o falta de él) y resbalones de los candidatos y candidata. Frente Amplio se ha acordado de la vivienda en la campaña y su lema es “un voto como una casa”. Pero me inquieta la acusación que se hace desde la derecha de que la protesta haya sido favorable al Gobierno y contra la oposición para hacer campaña, porque es totalmente falso y me parece que ha calado un poco más allá de las derechas. Quien haya seguido la evolución y el discurso del Sindicato de Inquilinas sabe que no han titubeado en acusar al PSOE de ser “cómplices del rentismo” , en palabras de su portavoz, Alicia del Río, en la entrevista que hicimos hace unos días. Han señalado una y otra vez las conexiones con el sector inmobiliario, reflejadas en el hecho de que los dos últimos presidentes Asval, asociación de caseros patrocinada por Blackstone, provengan del PSOE. Que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera apropiarse de la huelga y muestre su apoyo o su comprensión es otra cosa muy diferente. Y eso sí que es cierto. Les conviene por motivos electorales. Y está claro que le beneficia una izquierda movilizada, por crítica que sea, y que va a intentar instrumentalizar el movimiento a su favor. Sobre todo ante una derecha que da la espalda a esas peticiones y una desintegración a base de riñas internas y falta de liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido la oportunidad de agitar nuevos liderazgos con este descontento. Pero la instrumentalización es algo que permite y fomenta la oposición de derechas, y los gobiernos autonómicos de derechas, al dar la espalda a los inquilinos, al proponer una nada absoluta en vivienda y al despreciar a los sindicatos huelguistas y llamarlos “basura” (eso dijo Ayuso) y reducir al cero más absoluto sus propuestas en vivienda. Frente a un Gobierno central que les ha fallado pero acaba legislando a trancas y barrancas escuchándoles y de manera limitada o una oposición (que gobierna en las Comunidades, no lo olvidemos) que les insulta y ningunea, es lógico que las calles se inclinen por alzar la voz con más énfasis contra los segundos. Y a la propia derecha, en su desprecio por los movimientos sociales, le ha venido bien (no sé si electoralmente) hacerse al relato de que la huelga era contra ellos. En cuanto al movimiento por la vivienda , este ha sido el más incómodo para el Gobierno en los últimos años, seguramente junto a los agricultores, hasta el punto de que durante el desahucio de Maricarmen, pusieron el foco en el Ministerio de Vivienda aunque las competencias para ofrecerle alternativas a la anciana o bien para comprar su vivienda eran de la Comunidad y del Ayuntamiento. La propia Maricarmen pidió al Gobierno del PSOE, ante la falta de respuestas de Ayuso y Almeida, que comprara su vivienda. ¿Qué hicieron Ayuso y Almeida? ¿Qué hacen ellos ante las amenazas de desahucio de fondos y empresa a miles de ciudadanos en Madrid, algunos de ellos en viviendas que no hace tanto fueron públicas? Nada. ¿Qué ofrecen? Falsa vivienda asequible que llega a superar los precios del mercado con gastos nunca antes imputables en vivienda de suelo público (IBI, comunidad, trasteros y garajes sobrefacturados), como sucede con el Plan Vive. Manifestación que bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general de 24 horas" recorre este miércoles las calles de Madrid, con motivo de la huelga general. EFE/ Kiko Huesca Cuando se dice que esta protesta es contra la oposición, se olvida que el PP es quien más competencias tiene en España a través de sus gobiernos autonómicos. Y se olvida que las propuestas del PP y Vox para la vivienda no tienen ni una sola medida que proteja a los inquilinos. El PP promete construcción, una medida que por sí sola no hará bajar los precios y que además el Gobierno del PSOE ya defiende y está intentando agilizar, mediante una Ley de Suelo cercana a los intereses populares que estaba en el primer decreto de vivienda y que el PP rechazó frontalmente. La construcción topa con otros problemas como la retención de suelos por parte de promotores privados que no quieren que bajen los precios y los dejan inactivos (algo que habría que penalizar) o la falta de mano de obra. No hay una sola medida en los decretos de vivienda aprobados hasta ahora que sea inasumible para un partido de centro-derecha o liberal, sí que hay medidas incómodas para caseros y fondos. De hecho, en ellos ni siquiera sale la palabra expropiar, ni pisos turísticos ilegales, ni suelo muerto, ni vivienda vacía, ni paquetes de fondos buitres, que por cierto es una palabra que suena muy dura pero en la que el propietario cobra un justiprecio. Pero el PP nunca se sentó a negociar estos decretos para nada radicales. En cuanto a Vox, su propuesta pasa por la remigración , una alternativa fascista y racista, propia del Núcleo Nacional, además de imposible y distópica, que obviamente no comparten la mayoría de inquilinos. El Sindicato de Inquilinas está formado sobre todo por jóvenes (y no tan jóvenes) trabajadores que viven de alquiler. Muchos de ellos comparten piso, muchos ven como sus precios se disparan al vencer sus contratos, o les echan de sus casas para poner pisos turísticos (le pasó a la propia Alicia del Río), algunos son víctimas de desahucios y muchos otros ponen el cuerpo para frenar desahucios de vecinos y vecinas. Nadie, tampoco el PP, ni Vox, ni la derecha han hecho tanto como el Sindicato de Inquilinas por evidenciar la situación crítica de la vivienda en España y señalar al Gobierno, tanto al español como a los autonómicos, como “cómplice” por permitir con sus leyes prácticas y precios que parecen delitos contra los derechos humanos. Desde elDiario.es, hemos señalado la excesiva tardanza de los decretos , que han llegado cuando la situación se ha desbordado después de posponer una y otra vez su negociación en el Congreso, y tres años después de una Ley de Vivienda que en 2023 era aún más coja. También que estos decretos serán insuficientes y solo son un balón de oxígeno por ahora para los inquilinos con contratos firmados. Hemos contado desahucios y amenazas de desahucio con el amparo de las leyes y las administraciones, ejecutados por la Policía Nacional del Gobierno, la misma que ha aporreado indiscriminadamente a estudiantes, profesores e inquilinos pacíficos en las últimas protestas. Hemos contado también que el presupuesto asignado a vivienda es solo de un 0,48% del PIB aunque la recaudación es del 3,5%. Ha habido un incremento en el último Plan Estatal de Vivienda, pero es irrisorio si lo comparamos con el tamaño del problema. Hemos señalado que la vivienda pública (de nuevo, más competencia de comunidades que del estado) ha sido totalmente insuficiente, como tardía y lenta la creación y puesta en marcha de Casa 47, la empresa estatal que debe reactivarla. Pero también hemos visto cómo en comunidades que han aplicado los topes al alquiler como Navarra o Catalunya los precios del alquiler se han estabilizado más, las subidas al finalizar al contrato no son tan desproporcionadas e incluso la compraventa ha subido menos ante una menor fuga de inquilinos a la compra. Lo dice alguien que vivía en un piso de dos habitaciones y unos 60 metros cuadrados del céntrico barrio de Sants en Barcelona pagando 850 euros al mes y que en Madrid no ha encontrado nada que se le parezca. Si algo ha sido el Sindicato de Inquilinas y la vivienda como problema durante la legislatura es un problema para el Gobierno, quienes más han señalado la falta o la insuficiencia de políticas públicas del PSOE. “Gobernar de manera tibia en vivienda da alas al fascismo”, decía Alicia del Río, mientras que Javier Gil, sociólogo del CSIC cercano al Sindicato hace tiempo que venía advirtiendo de que “la vivienda puede costar el Gobierno al PSOE”. Seguramente no será así, porque han pasado tantas cosas que pueden costar caro al PSOE que será difícil escoger una si cae, pero desde luego no será porque las calles han sido tibias con él. El dato 5 millones Son los inquilinos que quedan protegidos por la prórroga del alquiler refrendada en la Diputación Permanente. Pero también son los que, después, cuando acaben las prórrogas extraordinarias y si no pasa algo más extraordinario aún como que se aprueben contratos indefinidos, verán cómo vencen sus contratos y pueden verse abocados a subidas del alquiler desproporcionadas a partir de 2029. Poder público Este jueves se ha refrendado en la Diputación Permanente el decreto de vivienda que contempla prórrogas extraordinarias de alquiler, regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aumenta la protección contra los desahucios y otras cosas más que puedes leer aquí . Poder privado No todos los fondos, pero siempre los fondos. Contaba estos días Paula Solanas desde Vilanova i la Geltrú que Cerberus , a través de Promontoria Coliseum, pretende echar a tres familias con ocho menores de sus casas. Para contárselo a los menores, una de las madres les explicaba que era como un Monopoly pero que ellas están dentro. También en Catalunya, Sandra Vicente contaba que Jani y Loli se enfrentaban a un desahucio porque la propiedad, la familia Majo Hostench, no aceptaba su renta antigua pagada verbalmente con generaciones anteriores. La muerte del cabeza de familia en 2024 produjo un cambio de chip porque los herederos decidieron hacer dinero con las varias viviendas de la saga. De nuevo en Catalunya, y ya es la última, Oriol Solé nos contaba una buena noticia : que el decreto de vivienda servirá para frenar el desahucio de Kalita Fernández, una madre con seis hijos de Badalona. El magistrado constata que la nueva normativa “reconoce importantes derechos” a esta familia vulnerable. ¿Los propietarios? Divarian. No todos los fondos, pero siempre los fondos.
Sánchez confirma a su pareja como activo electoral del PSOE y Begoña Gómez participa en el mitin de arranque de acampaña mientras Feijóo y Abascal prometen cambiar España El CIS preelectoral se aleja del resto de encuestas y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta Cuenta atrás para la cita con las urnas del 29N. La campaña electoral que desembocará en las elecciones generales arranca oficialmente en la medianoche de este jueves con los principales partidos volcados en la hora decisiva, la que marcará el futuro de la gobernabilidad del país para los próximos años. En juego esta vez hay algo más que la permanencia de un Gobierno o la alternancia en la Moncloa, y lo que se planteará durante los próximos 15 días es una batalla política sin cuartel entre dos modelos enfrentados y antagónicos: el del bloque de las izquierdas que ha mantenido los últimos ocho años a Pedro Sánchez en la jefatura del Ejecutivo al frente de una coalición progresista, o una alianza de la derecha y la extrema derecha que no ocultan que aspiran a cambiarlo todo, incluidos consensos básicos hasta la fecha como el sistema público de pensiones, las bajas laborales o incluso la actividad sindical. Y las encuestas, que en su práctica totalidad todavía trasladan una mayoría suficiente de PP y Vox, sí empiezan a dibujar una partida más ajustada de lo vaticinado hasta ahora por la demoscopia. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero abrieron formalmente la campaña este jueves con grandes actos en plazas muy escogidas, con mensajes muy concisos y hasta con puestas en escena que son en sí mismas toda una declaración de intenciones. Fue el caso del Partido Socialista en Sevilla, donde 4.000 personas llenaron el auditorio de Fibes para lo que supuso en la práctica el verdadero reinicio de la campaña del PSOE tras el accidente de Urda. Cualquier contención o recogimiento posterior a la tragedia ferroviaria quedó definitivamente aparcado este jueves, cuando el mitin de arranque de campaña se convirtió en un acto festivo al que volvieron la música, los bailes, la 'kiss cam ' y Begoña Gómez. Y esta vez, no como mera asistente. Por sorpresa, la pareja del presidente del Gobierno tomó por primera vez la palabra en un mitin electoral del partido bajo el eslogan 'la fuerza de las mujeres'. “Gracias por haberme dado el aliento para continuar”, arrancó su intervención entre cánticos de “no estás sola” por parte de los militantes. Aunque no hizo ninguna referencia ni expresa ni velada a su situación procesal ni al juez Peinado (convertido ya en símbolo de la ofensiva judicial al Gobierno), Begoña Gómez sí quiso mandar un mensaje claro sobre el papel de las mujeres y su independencia respecto a las carreras de sus parejas. “Demasiado tiempo hemos sido señoras de. Y yo creo que ese tiempo ha terminado. Porque nosotras somos las autoras de nuestra propia vida. Yo soy Begoña Gómez”, clamó. “Lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y defender mi trabajo. Estamos un poco cansadas de los que están todo el día juzgándonos, que intentan decirnos cómo tenemos que ser o actuar. Y no lo vamos a permitir. Nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese”, añadió la mujer a la que el juez Peinado, en una polémica instrucción judicial, mandó a juicio por una supuesta incompatibilidad y un choque de intereses entre su actividad profesional en la Complutense y el cargo de su marido, el presidente del Gobierno. Señalada ya por Ferraz como activo electoral de la campaña de los socialistas, Gómez intervino antes que Pedro Sánchez, que hizo a su militancia y a su electorado una llamada a la “épica” y a la “movilización histórica” para remontar las encuestas. Y también apuntó con dureza contra las derechas. “A los sindicatos no hay que llamarles basura ni tampoco mafia, como hacen PP y Vox. ¡Qué vergüenza! A los sindicatos hay que darles las gracias por la reforma laboral, por la subida del salario mínimo interprofesional, por la revalorización de las pensiones, por la ley Riders, por la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres”, dijo tras los ataques por la huelga general. La idea que intentan los socialistas que arraigue entre la ciudadanía progresista es que la partida electoral está muy lejos de estar ni finiquitada, ni perdida. Y que, por tanto, las opciones de revalidar un gobierno de izquierdas en las urnas permanecen intactas a pesar de lo que indican la mayoría de las encuestas. Tanto en Ferraz como en Moncloa, de hecho, manejan 'trackings' a los que otorgan máxima fiabilidad que ya abren de par en par la hipótesis no solo de que el PSOE gane las elecciones, sino de que la suma de PP y Vox no alcance los 176 escaños de la mayoría absoluta, algo que sí recogen, en cambio, la inmensa mayoría de sondeos publicados. El mensaje de Sánchez y su equipo es que lo que pase el 29N se decidirá ahora, en las dos semanas de campaña, y no antes. Y por eso se volcarán en que se repita algo parecido al 23J de 2023 con la convicción de que la remontada no es una utopía. Tras la movilización de la huelga general, que en el PSOE consideran un éxito, y el debate sobre el decreto de vivienda en el Congreso este jueves al que las derechas se opusieron a pesar del clamor social por la crisis habitacional, la cuenta atrás para las elecciones llevará a Pedro Sánchez a reunirse el lunes con el recién reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los referentes internacionales de la izquierda que también fue capaz de voltear las encuestas y ganarle la partida a la ultraderecha de los Bolsonaro. Feijóo: “España va a cambiar” El PP inicia su campaña en Catalunya, donde pelea cada voto con Vox, después de que la espantada de Aliança Catalana haya aumentado las opciones del partido ultra. La estrategia de Alberto Núñez Feijóo es clara, y en su equipo la ratifican: un mensaje muy duro para llegar al votante de derechas catalán. Por eso Feijóo eligió a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, como cabeza de cartel por la provincia de Barcelona para las elecciones del 29 de noviembre. Albiol se hizo famoso en tras primer triunfo electoral municipal por el lema “Limpiando Badalona” y una campaña expresa y xenófoba contra personas migrantes. Una década después, Albiol sigue exprimiendo el odio al extranjero, pero ahora ha añadido el miedo al “okupa” al menú que ofrece a los electores. El alcalde de Badalona suele grabarse hostigando a los habitantes de supuestos pisos ocupados, e incluso ha intentado ser el autor de desalojos a personas acusadas de no pagar la renta (lo que la derecha llama “inquiokupas”). Luego sube esos vídeos a redes sociales, donde gana adeptos. Feijóo lo ha llamado a primera fila y, si gobierna, ya le ha encargado redactar una “ley antiocupas” que sustituirá a la actual ley de vivienda, que el candidato del PP ha prometido derogar. El candidato es consciente de que su primer gran fiasco, su investidura fallida de 2023, se produjo por apenas cuatro diputados, y dos de ellos los perdió en Catalunya por un puñado de votos. Así lo recordó el propio Feijóo cuando, el pasado mes de octubre, reveló que Albiol sería el candidato. “Por eso Xavi ha dado este paso al frente, porque tenemos que ir con todo”, afirmó entonces. Este jueves ha insistido en la idea en el arranque de la campaña , precisamente en Badalona junto a Albiol. “Estáis esperando seguridad en las calles”, aseguró. “Aquí no hay nadie que no cumpla la ley, y mucho menos la gente que viene de forma irregular a un país a incumplir la ley y por supuesto, a respetar a las mujeres y a las personas LGTBI”, concluyó. Fue sus únicas referencias a las mujeres y al colectivo LGTBI. Abascal: “Sánchez debería sentarse en el banquillo” El plácido camino de un Vox en auge en las encuestas se ha visto truncado justo en el arranque de la campaña, a la que llega envuelto en la polémica por la cancelación por sorpresa de su entrevista en Jordi Wild. Abascal ha utilizado el pretexto de que en La Revuelta con David Broncano se cortó su entrevista —como hacen con todas y como dijo el propio presentador a Abascal en el programa— para ausentarse del diálogo con el creador de contenido, responsable de uno de los podcast más escuchados de España. El líder de Vox argumenta que quiere tener la integridad de la grabación, pero precisamente una de las primeras condiciones de Wild para los partidos era ya la emisión completa sin cortes. Uno de los primeros candidatos en decir que sí a Jordi Wild será el único que al final no vaya. Abascal volverá a apostar en la campaña por la prioridad nacional —que el PP ya asume en su programa electoral—, la “desregulación” y la “remigración”, ejes de su proyecto político difundidos también por los demás dirigentes del partido en numerosos actos por todos el país, así como por los candidatos provinciales. Los sondeos pronostican que podría romper el techo electoral de 52 escaños que logró en 2019 y que se encamina a sumar la mayoría absoluta con el PP. Abascal cargó este jueves contra Pedro Sánchez y de paso lanzó ataques machistas a su esposa, Begoña Gómez, en un mitin en el Palacio de Congresos de Huesca celebrado en la víspera del arranque oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Sánchez, dijo, “tenía que estar sentado en un banquillo asumiendo responsabilidades y no tan chulito en las tribunas, encima paseando a la señora”. El líder de la extrema derecha arremetió también contra la huelga general del miércoles, que calificó de “sonoro fracaso” y cuyo seguimiento atribuyó a la violencia de los piquetes: “Los únicos sitios donde la huelga general tuvo un mínimo seguimiento fue donde se ejerció la violencia”. Frente Amplio: “Si llegamos al 10%, se les acaba la fiesta” Por su parte, el Frente Amplio afronta el inicio de su campaña con un objetivo declarado: crecer hasta el 10% de los votos para poder convertirse en la llave de un nuevo Gobierno progresista. “Estamos en torno al 8% de los votos, eso son unos 13 escaños: si llegamos al 10% tenemos 22, y con un 11% tenemos 27, y entonces se les acaba la fiesta a quienes creen que este país es suyo”, planteó este jueves en el mitin de inicio de campaña el número uno de la alianza por Madrid, Emilio Delgado. La coalición lleva varias semanas promoviendo este discurso , aunque por ahora sin demasiado éxito, puesto que ninguna encuesta les sitúa con una estimación de voto de dobles dígitos. Habida cuenta de ello, uno de los principales retos del Frente Amplio es combatir la resignación y el desánimo del electorado progresista. “Las encuestas, mayoritariamente, auguran un gobierno de derecha y de extrema derecha, no hay que huir de la realidad”, planteó este jueves la candidata, Ada Colau, que sin embargo insistió durante su intervención en el acto de lanzamiento de la campaña en que “la última palabra la tiene la gente”. “Y por muchas encuestas que digan que va a gobernar la extrema derecha en este país, la gente muchas veces ya ha hecho historia y ha demostrado que cosas que parecían imposibles han sido posibles”, aseguró Colau, que aseguró que la izquierda está en disposición de “dar la vuelta” a los sondeos. Para ello, el Frente Amplio tiene intención de centrar su campaña en 16 provincias en las que, asegura, puede disputar el último escaño, en muchas de ellas a la derecha: A Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza. El reto de la alianza, además, es evitar quedar engullida por el llamamiento del PSOE al voto útil. Y, aunque el Frente Amplio no tiene intención de hacer una campaña al ataque contra los socialistas, este jueves Colau sí endureció el tono y afeó al presidente Pedro Sánchez sus “declaraciones triunfalistas” sobre el rumbo de la economía habida cuenta de los niveles de desigualdad “inaceptables” por el incremento del precio de la vivienda. “Quiero pedirle a Sánchez, para revalidar el Gobierno, más humildad con la gente trabajadora y más valentía frente a los rentistas y especuladores”, planteó. En la misma línea, pero con mucha mayor dureza en sus críticas contra el PSOE, arranca su campaña Podemos, que tiene por delante el reto de mantener la representación en el Congreso. Para ello, los morados apuestan por escenificar que son la única izquierda verdadera que se presenta a las elecciones. Este jueves, su candidata, Irene Montero, cargó contra el llamamiento al “voto útil” de los socialistas, y sostuvo que, “para conseguir cosas útiles para frenar a la extrema derecha hace falta votar a la izquierda, hace falta votar a Podemos”. “Para saber cuál es la izquierda no basta mirar los programas electorales. Uno en política es lo que consigue, es lo que hace. Si tú llevas un programa electoral muy bonito, pero después no te atreves para no pagar el coste político, entonces no estás consiguiendo las cosas”, planteó Montero a este respecto. Y, de manera más expresa, sostuvo que “el PP y el PSOE no son lo mismo, pero cuando hay que democratizar la justicia, votan igual a favor de que el Consejo General del Poder Judicial siga controlado por los mismos de siempre. Si hay que defender la paz, el PP y el PSOE no son lo mismo, pero votan igual para que sigamos en la OTAN y para que gastemos el dinero de las escuelas y los hospitales en armas. Si se trata de bajar el precio de los alimentos, el PSOE y el PP no son lo mismo, pero votan igual en contra de los supermercados públicos y a favor de los 1.700 millones de beneficios de Juan Roig”.
Un grupo de grandes empresas de distintos sectores y ámbitos de actividad con presencia en España se ha unido para impulsar diez acuerdos con los que reforzar la competitividad del país durante la próxima década. La iniciativa, presentada este jueves 12 de noviembre, pretende abrir un espacio de reflexión compartida sobre las capacidades que España debe fortalecer para aprovechar las oportunidades económicas y sociales de los próximos años. El documento, denominado '10 acuerdos para reforzar la competitividad de España', identifica diez ámbitos estratégicos: instituciones ágiles, talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, integración y atracción de talento, productividad, inversión, capacidades estratégicas, visión intergeneracional y cooperación. Las empresas participantes consideran que la aceleración tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transición energética y el nuevo escenario geopolítico están transformando las condiciones en las que compiten las economías. Ante estos desafíos, defienden la necesidad de sumar capacidades y adoptar una perspectiva a largo plazo para fortalecer la posición de España. Entre las prioridades recogidas en el documento figura el impulso del talento y la educación, mediante una mayor conexión entre la formación profesional, la universidad y el aprendizaje permanente. El objetivo es adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada y marcada por la inteligencia artificial. La propuesta también pone el foco en la productividad y el crecimiento empresarial, con la intención de favorecer que más compañías puedan crecer, innovar, internacionalizarse e incorporar nuevas tecnologías. A ello se suman las inversiones en energía, inteligencia artificial, datos, computación, ciberseguridad, telecomunicaciones e infraestructuras y servicios críticos, considerados elementos relevantes para la autonomía estratégica del país. En el ámbito social, los acuerdos incluyen cuestiones como el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la salud y los cuidados, así como la integración y atracción de talento. También plantean incorporar una perspectiva intergeneracional a las decisiones que condicionarán el futuro de España. El décimo acuerdo sitúa la cooperación como una ventaja competitiva. Las empresas firmantes, procedentes de sectores diferentes y algunas de ellas competidoras en sus respectivos mercados, consideran que identificar intereses comunes puede contribuir a generar un debate más amplio sobre los factores que determinarán la capacidad del país para competir. La iniciativa no pretende establecer soluciones cerradas para cada uno de los desafíos, sino crear un espacio de encuentro que permita incorporar diferentes perspectivas y alcanzar acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello, se ha habilitado la página web 'competitividad2035.com', desde la que nuevas empresas, organizaciones y particulares podrán sumarse al proyecto. El documento propone acompañar estos objetivos de una metodología de trabajo basada en diagnósticos, metas medibles, indicadores, responsables, recursos, calendarios y evaluaciones. Sus impulsores esperan que esta iniciativa sirva como punto de partida para ampliar la colaboración entre organizaciones y contribuir a generar prosperidad en España durante los próximos años.
El formato mapa da para mucho. Tenemos algunos tan útiles como el mapa de cobertura de los operadores o el mapa de los mosquitos en España y otros de lo más curioso, como el mapa de fotografías antiguas para viajar al pasado . Hoy te traemos un híbrido entre entretenimiento, curiosidad y utilidad: un mapa de aeropuertos, aerolíneas y rutas que te va a ayudar a organizar tus próximas vacaciones o simplemente a descubrir nuevas ideas de destinos disponibles desde tu ciudad. Qué puedes hacer con ‘Flight Atlas’ ‘Flight Atlas’ es la demostración perfecta de hasta dónde puede llegar el amor por la aviación. En este mapa mundi interactivo podemos ver una imagen global de cómo se ven todas las rutas aéreas o filtrar en base a nuestros propios intereses. En Xataka Móvil Los notarios de España tienen un mapa gratis que es mucho más útil que Idealista: te chiva si la vivienda que vas a comprar está a buen precio Así, podemos activar la vista por aerolíneas, aeropuertos o rutas y filtrar por número de escalas para saber hasta dónde podríamos llegar desde nuestro origen. Esta es una gran idea para aquellos a los que Skyscanner o Google Flights a veces se nos quedan cortos y necesitamos una mayor inspiración. Hecho con Claude ‘Flight Atlas’ está hecho con Opus 5.5 de Claude y es otro de los numerosos proyectos de ‘vibe coding’ que están inundando internet. La IA ha logrado, entre otras muchísimas cosas, hacer que la programación sea mucho más accesible y que prácticamente cualquiera de nosotros, sin nociones ni experiencia previa, pudiésemos desarrollar nuestra propia app o página web. ‘Flight Atlas’ no deja de ser un mapa curioso para aquellos que amamos la geografía y el mundo de la aviación comercial. Pero, más allá de eso, es la demostración de todas las puertas que ha abierto ya la IA . Y las que están por abrir. En Xataka Móvil | Si el punto azul de Google Maps cambia de tamaño, te está dejando una pista sobre lo que ocurre en tu móvil En Xataka Móvil | Así es cómo se vería Google Maps para el Imperio Romano, incluyendo un planificador de rutas en latín - La noticia Este espectacular mapa de aeropuertos y aerolíneas es una fuente inagotable de ideas para tus próximas vacaciones fue publicada originalmente en Xataka Móvil por Noelia Hontoria .
España ha vuelto a experimentar, años después, lo que es una huelga general. La convocatoria de este 11 de noviembre , lanzada por el Sindicato de Inquilinas y secundada por las centrales sindicales, logró un consenso entre las organizaciones que no se había dado en los últimos 14 años. Desde primera hora se sucedieron los piquetes informativos y las informaciones sobre grandes empresas cerradas o funcionando a medio gas por la huelga, como ocurrió en el astillero de Navantia en Ferrol. Algo similar sucedió en Canal Sur, que se fue a negro durante varias horas. En Madrid, cientos de personas cortaron la Gran Vía al mediodía pidiendo una vivienda digna y la subida de los salarios. Ya por la tarde, las manifestaciones fueron masivas a pesar de que la climatología fue muy adversa en la mayor parte de las ciudades, tanto que obligó a desconvocar algunas en Andalucía. Desde primera hora de la mañana, los sindicatos aseguraron que la huelga estaba siendo muy secundada. Las centrales sindicales hablaron de "éxito", de un “ seguimiento muy mayoritario en buena parte del país” y también señalaron que el paro había superado sus expectativas. En su análisis explicaron que el seguimiento ha sido desigual, porque ha variado tanto entre sectores como en las distintas regiones. Los sindicatos señalaron que el paro supera el 80% en Cataluña o Andalucía, pero apenas se sitúa en el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en Galicia,la huelga fue ampliamente secundada la industria y los servicios urbanos durante la noche. Además, los sindicatos también reflejaron la disparidad entre sectores con mayor incidencia en las industrias electrointensivas, industriales, automoción, petroquímicas y cárnicas, entre otros. En el ámbito de los servicios, el seguimiento oscila entre el 25,4 % del sector financiero y el 68,7% en el comercio o el 63,8% en la hostelería, turismo y juego, pasando por el 50,9% de los servicios técnicos. Estas cifras fueron rechazadas por la CEOE , representante de la patronal, que hablaba de “bajo seguimiento” y normalidad. Los empresarios cifraban en un 10% los que siguieron el paro en Madrid, un 5% en Castilla-La Mancha y un 2,6% en Valencia. Todos coincidían en el cumplimiento de los servicios mínimos. En una de las cifras que habitualmente más se tienen en cuenta para analizar una huelga de este tipo, la del consumo eléctrico, los datos de Red Eléctrica de España señalaban que a las 18.00 h el consumo era un 4,87% inferior de lo que está previsto para un día ordinario, llegando a una caída máxima del 15,5% entre las 10 y las 11 de la mañana. Las calles españolas se vieron repletas de gente a partir de media tarde, y eso que la climatología era muy desfavorable, con fuertes lluvias y viento como consecuencia de la borrasca Charles . Manifestaciones como las de Cádiz o Huelva, tuvieron que ser desconvocadas por el temporal, mientras que en Sevilla los sindicatos mayoritarios pidieron no salir a la calle, pero otras organizaciones, incluido el Sindicato de Inquilinas, decidieron mantener la manifestación. Esa misma organización fue la que encabezó la marcha por Madrid, la más multitudinaria de todas las que se celebraron. En la pancarta que presidía la cabecera se podía leer “11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos ", mientras que en un segundo plano se situaron CCOO y UGT bajo el lema "11N! Huelga general. Salarios, vivienda, precios". Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, explicó una vez más los motivos que les habían llevado a la huelga general: “Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y por supuesto también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país". “ Tenemos muy claro quiénes son los responsables y los culpables (...). Tenemos claro lo que hay que hacer y también vamos a dejárselo claro a los próximos que estén en el gobierno”, añadió poco antes de empezar la marcha que transcurría entre Atocha y la Plaza de España. La Delegación del Gobierno cuantificó en 120.000 los asistentes a la marcha. Entre los cánticos que se escucharon en la capital destacó el "Maricarmen somos todas" , y también consignas contra los 'fondos buitres' o los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. La manifestación fue también muy seguida en Barcelona, donde al igual que en Madrid tuvo a las organizaciones de inquilinas, en este caso el Sindicat de Llogateres, como cabeza de la manifestación, con las centrales sindicales en un segundo plano. La Guardia Urbana de la ciudad cifró en 55.000 personas los asistentes. En la pancarta que marcaba el inicio se podía leer el lema "¡Vivir! No sobrevivir, contra el rentismo, la patronal y sus gobiernos", y durante la manifestación se escucharon gritos como "sindicato, fuerza sindicato", "tenemos las llaves de todos vuestros pisos" o "la lucha sigue, cueste lo que cueste". Al final de la manifestación se registraron algunos disturbios y cargas policiales. Camil Ros, secretario general de la UGT en Cataluña, dio su valoración sobre el día de huelga: "La gente ha hablado, ha parado, y ha dicho que basta y que ahora es necesario hacer nuevas políticas; que ahora quieren llegar a final de mes y que se regule la vivienda". No fue la única marcha que se vio en la capital catalana. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y Solidaritat Obrera (SO) convocaron otra marcha al margen de la manifestación central de Barcelona, porque no estaban de acuerdo con la estrategia de CCOO, UGT y el Sindicat de Llogateres en esta huelga general. “ Esta huelga general no es ningún favor al PSOE . Es una huelga contra el rentismo, la patronal y todos los gobiernos, lo que incluye al PSOE y a sus socios”, aseguró la portavoz del SHSC, Gisela Bermúdez, al inicio de esta marcha en la plaza Verdaguer. Además, llamó a “expropiar de forma masiva todos los pisos de grandes tenedores”. Todo fue más complicado en Andalucía, donde la borrasca supuso un problema grave para las movilizaciones. UGT y CCOO desconvocaron las marchas de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba por cuestiones de seguridad. Sin embargo, otras organizaciones, como el propio Sindicato de Inquilinas, prefirieron salir a la calle igualmente tras una pancarta en la que se podía leer “ la vivienda nos cuesta la vida ” y otros carteles con frases como “trianeras levantaos, pedid casa y dignidad”, “trabajo para vivir, no para pagar tu Airbnb” o “ser casero no es profesión”. También tuvo problemas la marcha de Granada, que se vio paralizada por la Policía Nacional debido a la aparición de una maleta sospechosa en la céntrica plaza del Carmen, que fue acordonada. En ciudades como A Coruña, Valencia o Bilbao, las manifestaciones se realizaron bajo la lluvia pero con normalidad. Algunas de esas protestas, como la que tuvo lugar en Mercamadrid, donde 1.000 manifestantes se concentraron en la puerta, terminaron con duras cargas policiales. En el caso del principal mercado de abastos de la capital, 13 personas tuvieron que ser atendidas por el lanzamiento de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad. La policía actuó con dureza en algunos de los piquetes informativos, lo que ha suscitado las críticas tanto de los sindicatos como de algunas fuerzas políticas. “ La Policía ha estado haciendo de piquete empresarial (...). Es una vergüenza”, explicaba Pepe Álvarez, de la UGT, en su primera valoración del día de la huelga. “Vamos a demandar, no hay una sociedad democrática que no tenga policía democrática”, añadió Unai Sordo, de CCOO, que habló de “macarreo” en el comportamiento de los policías que estuvieron tanto en Mercamadrid como en las cocheras de la EMT. El dirigente sindical, además, añadió que pedirán responsabilidades penales. En el momento de estas declaraciones aún no se habían producido las cargas policiales en la Gran Vía de Madrid que se dieron a mediodía. Además de las cargas en Mercamadrid , también se han dado situaciones similares en las cocheras de la EMT en Carabanchel y Fuencarral, en la entrada de Mercamálaga y en la instalación municipal de autobuses en Valladolid, así como otros incidentes en Granada, Mercabarna en Barcelona y en Zamudio. A las críticas sindicales se sumaron las de miembros destacados de la izquierda política. Antonio Maíllo, líder de IU, señaló al Gobierno como responsable: “ Vemos cómo hay un ministro, Marlaska, que sigue sin controlar a sus cuerpos de seguridad del Estado . Y desde luego nosotros, si renovamos el Gobierno de progreso en este país, nos vamos a encargar de que haya un ministro del Interior que sí lo controle”. También Irene Montero, candidata de Podemos en las elecciones del 29N, siguió esa línea. “Lo que es intolerable es que desde el Gobierno se mande a la policía a pegar palos contra esos piquetes que de forma pacífica están informando de los motivos”, explicó. En algunos momentos, se han visto incluso afectados directamente por las cargas. Es el caso del diputado de Por Andalucía —Ernesto Alba— que ha sido diagnosticado con “contusiones y hematomas en el brazo izquierdo” y el dirigente de IU, Daniel Carmona, al que le fracturaron “un dedo de la mano izquierda”. A media tarde se habían registrado 50 detenidos por piquetes y altercados. La huelga de este 11 de noviembre viene marcada por una gran beligerancia desde los partidos de derecha y extrema derecha. El Partido Popular rechazó desde el primer momento la convocatoria, llegando incluso su líder, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los sindicatos que desconvocaran los paros. Más allá fue Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que tachó de “basura sindical” a las organizaciones que respaldan la huelga . Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, dijo que la mandataria “no tiene respeto” por los avances de la lucha trabajadora porque los suyos “quieren proteger los intereses de los poderosos”. Del Río recordó además que su organización, el germen de la huelga, no recibe subvenciones y es completamente independiente. Por su parte, Unai Sordo, de CCOO, respondió diciendo que “hay que respetar las palabras de Ayuso porque sobre mafia es una autoridad. Hablando de mafias, esta mujer desde luego sabe de lo que habla en primera persona". Ada Colau, candidata del Frente Amplio para las elecciones, señaló que Ayuso “insulta” a los sindicatos porque está “nerviosa” y que lo hace para “desviar la atención y que no recordemos que ella le pone la alfombra roja a los fondos buitre en Madrid al mismo tiempo que se compra un ático de superlujo con dinero público”. La refriega se extendió también a las redes sociales. El PP, que ha arrancado una agresiva campaña en Twitter en el periodo preelectoral, publicó una imagen generada por Inteligencia Artificial (sin rotulado) en la que se ve a unos sindicalistas riendo y comiendo una mariscada bajo la frase “se acerca un momento crítico de la huelga…el aperitivo”. La cuenta de la Unión General de Trabajadores respondió a ese mensaje de manera directa: “Tranquilos, que hoy el menú es otro: vivienda digna, salarios justos y precios asequibles . De eso sí que queremos que todo el mundo pueda repetir”. El PSOE también se sumó a la crítica al principal partido de la oposición en un mensaje en la red social: "Feijóo dice que la huelga es un “disparate”. Ayuso habla de “basura sindical”. Y ahora esto. Este país y sus trabajadores se os quedan grandes. El 29N frenaremos esto. Vais a estar cuatro años más comiendo oposición". También en Vox hubo críticas subidas de tono, como las de su secretario general Ignacio Garriga: “En un día como hoy haré referencia al circo general, un circo general porque no estamos ante una huelga general. Un circo general convocado por el Gobierno de España que ha utilizado a sus milicias, esos sindicatos de CCOO y UGT que son los altavoces del Gobierno de España”.
La precampaña electoral continúa implacable hasta el comienzo de la campaña esta próxima medianoche del jueves al viernes. Hoy, la visita a la capital soriana para apoyar a sus candidatos el 29N le ha correspondido a Carlos Pollán, vicepresidente de Vox en las Cortes de Castilla y León y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha estado acompañado de los candidatos locales al Senado. Pollán ha definido Soria como ?el epicentro de la corrupción socialista en Castilla y León?, en alusiones al caso de la Fuentona, que continúa en secreto de sumario. El líder de Vox también ha señalado que el Ayuntamiento sabía que se iba a producir el registro y que Javier Antón avisó a su predecesor. Un Carlos Martínez que, considera, ?no puede sorprenderse? por el caso después de 20 años de mandato. Sin ?novedades? o información privilegiada por parte de Vox, Pollán indicaba que los siete detenidos y la larga lista de delitos ?nos hacen pensar que algo hay? y el partido se muestra expectante a que se resuelva el caso. Vox señala que ?la corrupción mata?, vinculando así este caso a los accidentes ferroviarios mientras el Gobierno estaba más pendiente de ?los bonus? o de ?colocar a señoritas de compañía? que las obras de mejora en la infraestructura. En este marco, el líder regional de los de Abascal ha denunciado que Soria sigue sin tren por las ?promesas vacías del felizmente dimitido Óscar Puente?. Pollán presenta a Vox como ?la única alternativa fiable para sacar a Sánchez de la Moncloa? y asegura que su partido ?trabaja fuerte? para tratar de lograr representación por la provincia de Soria, aunque esta solo reparta 2 diputados. Sobre el Centro de Acogida y Protección Internacional, Pollán ha indicado que este proyecto se construye en contra de los intereses de los vecinos de Soria y de la seguridad de la ciudad. ?Se gastan un dinero en algo que no aporta nada a los ciudadanos?, explica y propone poner la ?prioridad nacional? y rebajas fiscales con ese dinero para quienes quieren instalarse y mantenerse en Soria. El líder de Vox ha propuesto convertir el centro en vivienda para jóvenes, algo que considera ?una buena opción?. Preguntado por las dificultades para reconvertir el proyecto teniendo en cuenta que ha sido financiado por fondos europeos, señala que ?legalmente se pueden hacer muchas cosas?. Pollán lamenta que durante el gobierno de Pedro Sánchez hayan entrado cinco millones de personas en España y solo se hayan construido 400.000 viviendas. Preguntado por la reacción de la inmigración con la despoblación y la realidad de una provincia como Soria que se quedaría en 40.000 habitantes a final de siglo si no contase con inmigración, Pollán ha indicado que ?no se puede solucionar un problema permitiendo una ilegalidad?. Así, recuerda la postura de su partido de devolver a los inmigrantes que entren a España de manera irregular, repatriar a aquellos que sean condenados e iniciar un proceso de remigración para aquellos que viven de las ayudas públicas.
Andrea Rizzi (Roma, 1975) es licenciado en derecho por la universidad de La Sapienza, de su ciudad natal. Compagina labores de docente y de escritura con su corresponsalía de asuntos globales para el diario El País , donde es miembro de su comité editorial. Su último libro, el ensayo La era de la revancha , de 2025, es una apuesta por la fortaleza de la democracia en un tiempo en el que se ve amenazada, tanto externa como internamente. “La sociedad francesa adolece de un claro problema de integración social desde hace tiempo. Un problema que afecta especialmente a los inmigrantes. Este elemento aflora en estas protestas que han empezado como estudiantiles. Se exigen mejoras en el sistema educativo, que es un motor de integración. La protesta se ha ampliado y se han sumado a ella otras reivindicaciones. Y, al final, es una protesta en contra de un sistema que no integra adecuadamente. Una buena parte de los protagonistas de las manifestaciones de estos últimos días son también jóvenes chavales de realidades periféricas de las ciudades. Este fracaso de la integración alimenta un resentimiento que en la historia reciente de Francia ha ido estallando de forma periódica, a veces con disturbios, episodios violentos y saqueos. España tiene una realidad diferente, a mi juicio, más positiva en este sentido. Sin duda en parte también porque una fracción consistente de la inmigración que ha recibido procede de América Latina; por lo tanto, de una realidad lingüística, cultural y religiosa muy próxima y más fácilmente integrable que otras. No obstante, hay que esperar. La historia de la inmigración francesa es más larga, así que España tendrá que ser juzgada en la misma medida dentro de un tiempo. Creo que el Gobierno francés en los últimos años no ha sido muy capaz de entablar un diálogo social constructivo. En España esto se ha hecho mejor y esa es una lección que Francia debería tener en cuenta para el futuro”. “Esta deriva de las protestas en Francia no es del todo sorprendente. Si tenemos en cuenta la trayectoria de la historia reciente del país, vemos muchos movimientos de protesta, a veces masivos, y en algunos casos episodios de disturbios, de violencia, de saqueos. Por lo tanto, el patrón no es del todo sorpresivo. Lo que sí creo que es sorpresivo es la magnitud y la intensidad de lo que ha ocurrido. Las propias fuerzas de seguridad de Francia se han visto sorprendidas y desbordadas por el tamaño, la envergadura, la extensión de la protesta y, desgraciadamente, de los actos vandálicos. Hay que separar la multitud que protesta de forma cívica, pacífica, de la minoría que ha recurrido a la violencia. Esta última es inaceptable, intolerable y debe ser estigmatizada con toda la fuerza”. “Hay varios grupos de personas que han tomado la calle en estas semanas en Francia. Naturalmente, han sido protestas masivas. Mucha gente diversa ha salido a la calle, pero creo que hay cuatro grupos fundamentales. El primero, desde luego, el de los estudiantes, sobre todo de institutos, que son quienes prendieron la mecha reivindicando mejores servicios educativos a lo largo y ancho del país. Después podemos distinguir un segundo grupo en clases urbanas que experimentan una grave dificultad para llevar adelante una vida digna debido a las constricciones relacionadas con el coste de la vida. No hablamos de una insatisfacción proyectada en el futuro, de falta de oportunidades, de descontento con respecto a las posibilidades de desarrollo, sino de un descontento muy de presente vinculado con el coste de la vida , sobre todo en zonas urbanas. Luego, un tercer grupo es el grupo chalecos amarillos , esa protesta que hace ocho años aproximadamente sacudió el país y que nació en la Francia rural y periférica. Entonces se manifestaron contra el impuesto sobre hidrocarburos, que afectaba a su capacidad de movimiento. Una parte de la sociedad no urbana mostrando un descontento con características propias. Y luego, inevitablemente hay una cuarta categoría, que es la de las personas violentas, un lote aparte que debe ser distinguido, aislado y estigmatizado. Ha habido demasiada violencia y hay un riesgo grande de que la acción de estos pocos proyecte una sombra sobre la manifestación de un malestar más que legítimo”. “La subida de la temperatura de la calle en distintos países europeos casi de forma contextual a mi juicio no es una casualidad, aunque en cada país hay razones específicas que espolean la protesta. En el caso francés, vinculadas especialmente a la cuestión educativa. En otros, como en España o en Portugal, al acceso a la vivienda. Cada historia tiene sus detonantes. No obstante, existe un común denominador que es la insatisfacción de consistentes capas de las sociedades europeas con un modelo, un sistema que les ha dejado en una posición marginal, de incertidumbre”. “Es el modelo que se ha desarrollado después de la caída del Muro de Berlín, en una fase en la que el capitalismo no ha tenido alternativa, no ha habido una fuerza de contención que limite sus excesos de forma suficiente o que impulse el desarrollo de proyectos de cohesión social. En las décadas previas se daban una socialdemocracia fuerte y fuerzas conservadoras que aceptaban ciertos compromisos porque tenían miedo al avance del comunismo. El comunismo había sido terrorífico allá donde había alcanzado el poder en el este de Europa, pero contribuyó en el oeste de Europa a un contrato social bastante virtuoso. Después de la caída del Muro de Berlín, esta dinámica se rompe. El capitalismo empieza a ganar una confianza excesiva, a ser demasiado abusivo, ávido . Y se van acumulando el estallido de la crisis financiera de 2008, el desplazamiento de empleos manufactureros o un mercado inmobiliario enloquecido. Una situación que, si bien no es dramática –en el sentido de que no estamos hablando de paro generalizado o de una situación de pobreza extrema para capas amplísimas de la sociedad–, sí deja una capa muy consistente de personas que, sin estar en la pobreza, tienen dificultades para desplegar una vida digna, segura, para construir un proyecto, para tener confianza en el futuro. Y estas personas no lo están aceptando. Y lo que está pasando en todos estos países europeos ahora es la manifestación callejera de ese descontento, que se ha visto espoleado en los últimos meses por el salto del coste de la vida, vinculado a la llamarada inflacionista provocada por la guerra de Trump y Netanyahu en Irán. Un enésimo episodio que pone las cosas difíciles. Por lo tanto, cada país tiene su historia. El detonante puede ser distinto, pero el caldo de cultivo es común”. “ El nivel de presión de Estados Unidos sobre las democracias de los continentes americano y europeo es muy elevado y condiciona su devenir. En América podemos observar distintos mecanismos de interferencia en la vida política. Algunos asombrosos, como el secuestro de Nicolás Maduro, un dictador despreciable pero que fue capturado en una operación ilegal según el derecho internacional. Podemos recordar el rescate ofrecido a Milei y solo a él en víspera de elecciones en Argentina. Y otros tipos de interferencias con el uso de redes sociales o declaraciones políticas que no cumplen con los mínimos requisitos de neutralidad diplomática. En Europa la historia es parecida, aunque se despliega de distinta manera. El documento sobre estrategia de seguridad nacional que Estados Unidos publicó a finales de 2025 define a la Unión Europea como un adversario y promete, entre comillas, cultivar la resistencia al proceso de integración europeo. Esto significa un intento de apoyar las fuerzas nacionalistas afines al trumpismo , que representan un obstáculo en el proyecto comunitario. También hay un cambio profundo con respecto a Ucrania. Trump ha cortado toda la ayuda que Biden proporcionaba al país. No solo eso, está favoreciendo los intereses de Putin y obstaculizando la defensa de Ucrania, por ejemplo, cortando el acceso a los sistemas satelitales de la empresa de Musk. Esto revierte en una presión política muy fuerte para la Europa que defiende a Ucrania”. “La idea de que haya una convergencia entre Estados Unidos, Rusia e Israel para poner en dificultades a Europa debe ser analizada con mucha cautela. Indudablemente estos tres países tienen un interés clarísimo en que la Unión Europea no avance en un camino de integración que le ofrezca nuevas fortalezas y capacidades. China tiene ese mismo interés. Por lo tanto, actúan de forma consciente hacia este interés. Ahora, considerar que haya una cooperación activa en estos movimientos creo que es un paso que no se puede dar sin tener elementos de comprobación fáctica muy sólidos. Lo que constato es una coincidencia estratégica en la voluntad de que Europa no se convierta en un actor más fuerte , unido y capaz de contrarrestar ciertas cosas. En el caso de Estados Unidos, el despliegue de tecnologías. En el caso de Rusia, una entidad europea capaz de hacer frente a los anhelos imperialistas de Putin. En el caso de Israel, poner presión a los designios de su Gobierno. Y en el caso de China, evitar que Europa pueda contrarrestar la invasión de productos industriales competitivos gracias a subsidios y maniobras turbias de apoyo. Todos coinciden en ese interés, pero ello no significa que haya una cooperación activa para conseguir ese objetivo”. “Creo que las intenciones de China a medio y largo plazo tienen mucho que ver con avanzar en la senda por la cual está estrangulando centros industriales alternativos y convertirse en un actor aún más indispensable e intocable de lo que ya es. Tenemos múltiples ejemplos de fortalezas que hacen que sea muy difícil contrarrestar las voluntades de China. Por ejemplo, su control sobre materias primas estratégicas. Lo vemos en su capacidad de imponerse como un actor fundamental en tecnologías clave en transición energética verde, los coches eléctricos, etcétera. Al mismo tiempo, China está intentando aprovecharse de los errores trágicos de Estados Unidos que, entre otras cosas, se ha empantanado en una guerra absurda, además de ilegítima en Irán. Desea un Estados Unidos cada vez más debilitado por sus errores, incluidas las fricciones con sus aliados, lo que siempre ha sido un elemento fundamental de proyección de la hegemonía de Estados Unidos. China quiere fortalecer su posición económica manufacturera para en algún momento intentar dar el paso de la reunificación de Taiwán –que ha establecido de forma explícita como un objetivo irrenunciable– y para seguir reforzando su proyección global sobre la base del poderío económico, tecnológico y comercial”. “Los efectos de la guerra de Irán sobre los países árabes han sido notables y de aspecto múltiple. En primer lugar, hay que destacar el malestar con una ofensiva bélica que ha generado un oleaje extraordinario , cuestionando esa estabilidad que es fundamental para Arabia Saudí y los países del Golfo. Su agenda es avanzar en la transición de unas economías monocultivo y basadas en los hidrocarburos a unas economías de servicios basadas en muchas cosas, atraer eventos deportivos, conferencias, turismo, transportes... Necesitan estabilidad y esta guerra dificulta ese camino de transición. Ha golpeado su capacidad de exportar. En el plano geopolítico está esta aventura bélica de Estados Unidos e Irán, e Israel les motiva aún más a desarrollar una política multivectorial. Arabia Saudí, país fundamental en la zona, tiene un alineamiento muy estrecho con Estados Unidos desde hace décadas. Entre otras cosas, compra muchísimo armamento a Estados Unidos e implícitamente ha contado con el apoyo defensivo de Washington. Creo que esta realidad está precipitando algunas consideraciones sobre la fiabilidad de Estados Unidos y una voluntad, por lo tanto, de avanzar hacia un multialineamiento. Hemos visto a Arabia Saudí cooperar estrechamente con Rusia y China”. “En este contexto internacional la Unión Europea se halla en un momento de seria dificultad. Sobre todo, porque sufre claras dependencias que complican su camino para defender su modelo y sus valores. Durante muchas décadas este continente ha contado con Estados Unidos como paraguas defensivo y, por lo tanto, los países europeos no han construido una capacidad defensiva disuasoria propia a la altura de las necesidades que impone una Rusia revisionista e imperialista. Además tenemos una dependencia tecnológica más allá del ámbito de defensa, tanto de Estados Unidos como de China. Y en el caso de China una dependencia con las materias primas estratégicas para el siglo XXI. Estas dependencias nos sitúan en un lugar bastante complicado. Mientras, tanto Estados Unidos como China y Rusia, por distintos caminos, no desean que avancemos en la senda de la integración. Dicho eso, evidentemente Europa está intentando poner remedio a estas debilidades y está haciendo cosas notables. Por ejemplo, la manera en la que hemos cerrado filas para sostener la defensa de una Ucrania atacada ilegalmente por Rusia cuando Estados Unidos dio la espantada. Se hizo bien la respuesta a la pandemia con la emisión de deuda común, una reacción solidaria, cuidadosa con la cohesión social y expansiva”. “Pero todo esto no es suficiente. Hay que hacer mucho más. A mi juicio, es fundamental que consigamos completar el Mercado común. La eliminación de barreras que siguen presentes, por ejemplo, en el sector de la energía o de las finanzas, nos va a permitir avanzar en construir fortalezas. La culminación del mercado común en materia de capitales es fundamental para que podamos disponer de las inversiones necesarias para espolear nuestra competitividad, nuestra capacidad económica. Y, por ese camino, llegar a ser actores independientes en este mundo de depredadores desatados . Necesitamos dotarnos de capacidades, de herramientas para poder responder a amenazas o chantajes. Y tenemos posibilidades para conseguirlo si actuamos de forma unida y decidida. De momento, sin embargo, a mi juicio, vamos muy lentos y las negociaciones para el próximo presupuesto de la Unión Europea son decepcionantes. Lo que está sobre la mesa es insuficiente para la dimensión de las amenazas que tenemos enfrente. Hace falta un mayor salto de ambición para afrontar juntos, con inversiones y con decisión, todos esos riesgos”. “Si las elecciones del 29 de noviembre en España arrojan como resultado la conformación de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, creo que esto implicaría algunos cambios sustanciales en política exterior con respecto a lo que han sido las decisiones del Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. Por ejemplo, en lo que concierne a la posición sobre Gaza, sobre Irán y en general acerca de la relación con Estados Unidos. Creo que un gobierno del Partido Popular y de Vox sería mucho más tímido y tibio a la hora de condenar acciones ilegales espantosas como esas. También habría cambios en la política europea que emana de Madrid. El Gobierno progresista ha sido un motor fuerte de integración, de impulso para una expansión del proyecto comunitario. Creo que esto no sería así con un gobierno del PP y Vox. Vox es una fuerza contraria al avance del proyecto de integración europea, que a mi juicio es la única manera para defender la libertad, la prosperidad y la autonomía de los europeos en este mundo. Vox condicionaría bastante al Partido Popular a la hora de sentarse a la mesa en Bruselas. Creo que el Partido Popular intentaría con toda probabilidad tener una mejor relación con Washington. No sé si incluso haciendo algunas concesiones en cuanto a política de gasto en defensa, pero sin duda cambiando profundamente el posicionamiento que había marcado Pedro Sánchez en algunos asuntos fundamentales como Gaza o como Irán y otros”.
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