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El dinero que alquilamos

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El dinero que alquilamos

El euro digital no se construye para mejorar el pago de un café, sino para que exista una alternativa pública en caso de que la privada falle, se encarezca o se retire.

Cuando alguien paga un café en Madrid con la tarjeta, la operación recorre en milisegundos una infraestructura que no es europea. El Banco Central Europeo (BCE) cuantifica este fenómeno: casi dos tercios de los pagos con tarjeta de la zona del euro los procesan empresas no europeas, y trece de los veintiún países de la zona euro carecen de un esquema nacional propio para las compras cotidianas, físicas o en línea. Hemos construido un mercado único, con una moneda única, sobre cañerías alquiladas. Esto, durante dos décadas desde la creación del euro, parecía un detalle técnico, pero ya no; y de este cambio de conciencia nace el euro digital.

El reglamento del euro digital se está negociando todavía entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y el debate dista de estar cerrado. El calendario del BCE depende de que el texto salga adelante en los próximos meses. Dicho de otro modo, el diseño se está decidiendo ahora, y quien no participe en la discusión se limitará a heredar el resultado.

Conviene empezar por lo que el euro digital es, porque el ruido ha sido considerable. No es una criptomoneda, ni una apuesta tecnológica, ni un experimento monetario. Es la adaptación del efectivo, los billetes y monedas de toda la vida, a una economía que ya paga con el móvil. Sería dinero público en formato digital, un derecho directo frente al Eurosistema, y no la promesa de pago de una empresa privada. En todo caso, será además complementario al efectivo, que seguirá existiendo.

Para quien ya paga con tarjeta o con Bizum, el euro digital cambiará poco. El euro digital no se construye para mejorar el pago de un café, sino para que exista una alternativa pública en caso de que la privada falle, se encarezca o se retire. En marzo de 2022, Visa y Mastercard suspendieron sus operaciones en Rusia de un día para otro y las tarjetas emitidas allí dejaron de funcionar fuera del país. En abril de 2025, un apagón dejó sin servicio los terminales de media península. Por tanto, la utilidad de una infraestructura de pagos de respaldo público no es testimonial y se materializará, sobre todo, en la posibilidad de pagar sin conexión a internet.

La objeción que más ha circulado es la del control y esta merece una respuesta seria. Lo primero que hay que señalar es que la arquitectura prevista separa deliberadamente la liquidación de los datos, puesto que la plataforma del Eurosistema está diseñada para no poder identificar a las partes de una transacción. Los intermediarios seguirán aplicando las obligaciones de blanqueo que ya aplican hoy, pero el banco central no verá en qué gastas.

A su vez, los límites de tenencia, que tantas suspicacias despiertan, existen precisamente para lo contrario de lo que se les atribuye; esto es, para impedir que el banco central desintermedie a la banca comercial. Tampoco hay mecanismo inflacionista alguno. Convertir un depósito en euros digitales no expande los agregados monetarios, sino que simplemente cambia su composición.

En cualquier caso, la resistencia política que ha despertado el proyecto revela un problema real, y no es de ingeniería sino de explicación. Un diseño técnicamente impecable que la ciudadanía percibe como una amenaza es, a efectos prácticos, un diseño fallido.

Y sin embargo, el debate minorista, siendo necesario, no es donde se está decidiendo la partida. Se juega en el otro euro digital, el mayorista.

El mercado de stablecoins (tokens digitales referenciados a una divisa) supera los 300.000 millones de dólares, y en torno al 99 % de ese volumen está denominado en dólares. Además, la GENIUS Act estadounidense de 2025 dio certeza jurídica a su emisión privada y convirtió un fenómeno de nicho en algo parecido a un instrumento de política económica, cada dólar digital emitido es simultáneamente un comprador de deuda del Tesoro americano y un exportador de los efectos de red de la divisa. El dólar sigue concentrando alrededor del 57 % de las reservas mundiales y metaboliza los flujos de ahorro global; la novedad es que esa hegemonía viaja ya sobre raíles programables.

Si los mercados financieros tokenizados terminan liquidando en dólares digitales, Europa no habrá perdido comodidad en los pagos. Habrá perdido la posibilidad de que el euro funcione como activo de reserva, que es otra manera de decir que habrá renunciado a un pilar de su autonomía estratégica. Por eso, el Eurosistema trabaja en una respuesta basada en la liquidación mayorista sobre tecnología de registro distribuido, separando la plataforma del activo de liquidación para que el dinero de banco central pueda operar en entornos tokenizados. Pero ese frente avanza con menos urgencia política y con menos atención pública que su hermano minorista.

Conviene además no exagerar lo que la infraestructura puede lograr por sí sola. Un activo de reserva no se decreta. Exige mercados de deuda profundos y líquidos, una oferta suficiente de activo seguro común y una unión de ahorro e inversión que hoy sigue siendo más aspiración que realidad. Por ello, el euro digital es condición necesaria para mantener el estatus, pero está lejos de ser suficiente. Presentarlo como la pieza que desplazará al dólar es la mejor forma de que decepcione.

En todo caso, la iniciativa privada será complementaria. La interconexión de Bizum con esquemas equivalentes de otros países europeos, prevista para el próximo año, resuelve una parte del problema y demuestra que el sector financiero europeo puede construir alternativas propias. Pero ninguna solución privada podría ofrecer lo que ofrece el dinero público; el acceso universal garantizado por ley, funcionamiento sin conexión, gratuidad en los servicios básicos y una privacidad que no dependa del modelo de negocio de quien la concede.

De cualquier forma, el fondo del asunto no es técnico sino político. Se trata de decidir si la infraestructura por la que circula el dinero de los europeos debe ser un bien público, sujeto a control democrático, o si puede seguir siendo un servicio arrendado a terceros no europeos cuya continuidad depende de decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras.

La elección, en última instancia, es entre tener y alquilar.

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